Prensa Obrera N° 525

En los diarios del 23/12, una noticia sensacionalista ganó los principales espacios: Perversi, funcionario de la Intervención del PAMI (y del ANSeS), habría descubierto con su equipo de auditores irregularidades de todo tipo, que dieron lugar a una denuncia penal. Clínicas que no existen, prestaciones que no se brindan, malos servicios, ambulancias deterioradas y afiliados que pertenecen simultáneamente a otras obras sociales. Es falso, sin embargo, que estos datos sean fruto de las investigaciones de Perversi y sus carísimas consultoras. Son datos recontraconocidos en el PAMI, elaborados por las auditorías internas del instituto. La mayoría de esos informes fueron‘cajoneados’, en su momento, por los interventores y los funcionarios políticos del PAMI, que estaban en connivencia, profesional, política y especialmente económica, con los prestadores (‘retornos’). Los contratos del PAMI fueron siempre establecidos por los propios prestadores, o sea, los pulpos de la medicina privada (sanatorios, clínicas, laboratorios, proveedores de aparatología y descartables médicos, etc.). Los funcionarios políticos del PAMI eran los representantes de esas camarillas empresarias. Se hacían adelantar las cápitas de los contratos, a veces por varios meses. Los contratos contaban con ‘acreditaciones’ extras, por ‘calidad de atención’, arbitrariamente distribuidas, de donde se cobraban los ‘retornos’. Las irregularidades más grandes, entonces, las de más peso económico, son las generadas o permitidas por las propias intervenciones del gobierno mandante de los Markovic y Perversi. No son, como se lo quiere mostrar, responsabilidad de los trabajadores. No son las Matildes, ni los Alderetes, ni los Maldonados, los que irán presos, porque entre bueyes no hay cornadas, y mucho menos Menem, o los jefes del PJ, ‘la corona’ para quienes robaban los interventores. El propio interventor Abad realizó un informe en su momento, donde estaban todos estos datos que ahora se muestran como originales. Markovic y Perversi no inventan nada. Lo que muestran son platos recalentados, que pretenden justificar los sueldazos de ellos (Perversi 19.000 dólares) y de las consultoras que ellos manejan, pagadas en varios millones de dólares, con dinero del propio PAMI. Fuera los ‘ñoquis’ Markovic y Perversi; que se los investigue por malversación de fondos públicos y mal desempeño de sus funciones. Investigación por parte de jubilados y trabajadores del manejo de todas las intervenciones del PAMI. Y allí veremos si hay que despedir trabajadores o hay que mandar en cana a toda esta "runfla".

El MRTA es un grupo surgido a mediados de los ‘80, que a poco de andar, siguiendo la teoría del ‘foco’ guevarista, comenzó a desarrollar la lucha armada en la selva peruana. La represión fujimorista lo ha debilitado enormemente: sus principales dirigentes y la mayoría de sus militantes están presos, y son varios los que consideran que la toma de la embajada podría ser su ‘última carta’. El objetivo político que persigue el MRTA con la toma de la embajada –coinciden analistas muy significativos, como el coronel retirado del ejército peruano José Balletti y Brian Jenkins, subdirector de la empresa de seguridad Kroll Associates, de Nueva York–, es forzar al gobierno a abrir una ‘negociación de paz’ que le permita ‘integrarse al proceso político’ como ‘un partido’ (The Wall Street Journal, 26/12). El ‘modelo’ del MRTA son los ‘acuerdos de paz’ de Colombia, El Salvador y, precisamente en estos días, Guatemala, que permitieron al M-19, al FMLN y a la UNRG, "dejar de ser movimientos clandestinos para convertirse en partido(s) político(s)" (ídem). Los propios voceros del MRTA en la embajada señalaron que ya hicieron el mismo ofrecimiento, sin éxito, en dos oportunidades (una a Alan García, la otra a Fujimori). Uno de los secuestrados liberados por el MRTA, el director del periódico financiero Gestión, sostiene que el jefe de los guerrilleros que tomaron la embajada "insistió en la necesidad de ‘unificar fuerzas por un gobierno nacionalista, en alianza incluso con empresarios de esa orientación’", y que "dejó de lado toda referencia a suscribir un modelo económico estatista sino que se inclinó por un ‘sistema mixto’" (Ambito Financiero, 26/12). Precisamente, este giro privatista y ‘empresarial’ es el que ya describieron, ampliamente, el FMLN, el M-19 y la UNRG.

En el salón del Sindicato de Judiciales de Morón se dieron cita alrededor de 50 trabajadores para exponer y deliberar sobre la situación del PAMI y de la salud en general. El acto, que se realizó el jueves 12, fue convocado por el Plenario Abierto de Trabajadores de la Zona Oeste y tuvo como panelistas a Sergio Villamil, médico autoconvocado del PAMI; María Inés De Angelis, abogada de ATE seccional Castelar; Luciano, jubilado de La Matanza, y Sandra Fuentes, estudiante de sicología de la UBA. Previo al inicio, los compañeros de Transporte del Oeste, parte convocante, anunciaron que se había desatado un conflicto en la línea La Perlita, donde la patronal había despedido a 40 compañeros y éstos habían respondido con una gran movilización, sitiando la plaza de Moreno. Allí mismo, los concurrentes reunieron un fondo de huelga de emergencia, firmaron uno a uno su solidaridad con el conflicto y se autoconvocaron a plenario abierto 36 horas después, en caso de que se mantuviera el conflicto y así discutir un mayor respaldo y colaboración. Con esta solidaridad, marcharon los compañeros de TDO a respaldar el conflicto. Con adhesiones de la Asamblea por los Derechos Humanos de Morón y de la Asociación de Docentes Universitarios de la Universidad Nacional de Luján, la mesa dio lugar a las intervenciones de los panelistas, "poniendo de manifiesto la importancia que tiene la salud pública, que es un problema de todos, no sólo del PAMI, y que no lo resolveremos los jubilados, si no lo hacemos con el conjunto de los trabajadores ... " (Osvaldo, jubilado, moderador del debate). Fuentes, la primera en exponer, manifestó que "las luchas desarrolladas por los trabajadores del PAMI impusieron un retroceso al gobierno", y llamó a poner en pie "un programa obrero por: abajo la reforma del Estado II, no a los despidos y plan único de los trabajadores y los usuarios". Seguidamente, Villamil señaló el acierto de la convocatoria de la mesa. Discrepó con el análisis de Fuentes, en el entendimiento de que "no existe ningún retroceso del gobierno en la ‘normalización’ y que, por el contrario, existe un fenómeno de reflujo en la movilización, producto del accionar de la burocracia de los gremios en conflicto, que se ha sentado a discutir con el gobierno la posibilidad de ‘normalizar en orden’, como es el caso de De Gennaro y la CTA". De Angelis denunció la "trampa jurídica de la ley de desregulación ... que significa la privatización del sistema ... apuntando a una concentración monopólica". También, que "al ser el derecho normas que van a la zaga de los acontecimientos de la realidad ... ninguna presentación legal suplanta a la lucha sindical, que aquello que se conquista en un conflicto es terreno de ese conflicto y no puede abordarse en una justicia regida por una ‘corte suprema menemista’...". El representante de los jubilados señaló que "esta ‘reforma’ del sistema de salud parece tener un contenido nacional, pero representa formas conocidas internacionalmente, o sea, ya usadas en otros países para privatizar los sistemas de salud ... a través de la privatización de los servicios del PAMI, que ya está muy avanzada, estamos, con nuestros aportes, dando de comer a nuestros enemigos ... La lucha porque el PAMI sea de los jubilados, está relacionada con la lucha de todos los sectores". Con varias intervenciones, el grueso de los concurrentes sacaron como conclusión la necesidad de dar pasos prácticos en la constitución de las comisiones de defensa de la salud, y formaron comisiones de recorrida de todas las seccionales locales del PAMI, para transmitir la solidaridad del plenario con los trabajadores en conflicto y para reclamar la presencia de una representación en el próximo plenario abierto, el siguiente jueves 19 a las 18 hs., en el Sindicato de Mosaístas (French 28 - Morón). También se informó de la presencia de representantes del plenario en el corte de la Av. Gral. Paz, efectuado por los trabajadores del INTI en lucha contra los despidos, y el envío de una nueva delegación a una nueva asamblea convocada para el viernes 13 para rechazar todos los telegramas. El cierre se vio coronado por una noticia de lujo traída por los integrantes de la Comisión Interna de Transporte del Oeste: la reincorporación de todos los compañeros de la línea La Perlita y el recule de la patronal en el conflicto, y el agradecimiento al plenario de parte de los choferes en conflicto por su solidaridad y respaldo.

Con la fusión de la Boeing y la McDonell Douglas —anunciada a mediados de diciembre— se ha formado el mayor pulpo de la aviación mundial. Boeing es el mayor fabricante mundial de aviones de uso civil; McDonell, además de ser el tercer fabricante mundial de aviones comerciales, es uno de los dos principales proveedores aeroespaciales (desde aviones de combate y helicópteros hasta misiles y satélites) del Pentágono norteamericano. La nueva empresa monopolizará el 75% de las ventas mundiales de la aviación civil y una parte sustancial de la militar. Aunque los obstáculos para la compatibilización de dos compañías de tal magnitud son múltiples, los observadores estiman que no impedirán la fusión, directamente impulsada por el Pentágono y la Casa Blanca (The Wall Street Journal, 18/12), los que en los últimos cuatro años, han seguido una política de ‘consolidaciones’ y fusiones en el área aeroespacial de la defensa. Como se ve, estos pulpos no son ‘simples’ monopolios privados. El Estado norteamericano es su principal comprador y su principal proveedor de créditos y garantías; sus exportaciones son promovidas directamente por el Estado, bajo la directa supervisión del Departamento de Estado y el Pentágono. Las acciones de la Boeing pegaron naturalmente un salto con el anuncio de la fusión. Los defensores del ‘mercado’ comprendieron enseguida que los superbeneficios que esperan de la Boeing se encuentran garantizados, precisamente porque en la industria armamentista no existe el ‘mercado’. Aquí, el Estado fija unilateralmente los precios y los beneficios de los participantes, virtualmente sin competencia alguna y sin reparar en sus costos y en su ‘eficiencia’. La industria del armamento es, virtualmente, la negación del ‘mercado’ ... pero es precisamente a través de ella que los ‘mercados’ obtienen fabulosos superbeneficios. La absorción de McDonell-Douglas permitirá a Boeing acceder a los generosos fondos públicos para la defensa y subsidiar así su negocio de la aviación comercial: "... la fusión fortalece la capacidad de Boeing de cruzar (esos) subsidios hacia la aviación comercial" (Financial Times, 17/12). Así, la ‘megafusión’ resulta ser, en última instancia, un ‘megasubsidio’ del Estado norteamericano a una compañía, la Boeing, empeñada en una violentísima disputa con la europea Airbus por el dominio del mercado de la fabricación de aviones aerocomerciales. En esta carrera, la Airbus se había anotado un par de ‘triunfos’: en noviembre, la transportadora norteamericana US Air le compró 400 aviones, después de rechazar una oferta de la Boeing; lo mismo acaba de hacer China, un mercado que los yanquis pretendían monopolizar. La fusión (y los subsidios consiguientes) es, también, una ‘respuesta’ del Estado norteamericano a la penetración de una empresa europea en el mercado aerocomercial estadounidense, y en su ‘coto’ chino. ‘Globalización’ nacional-yanqui Todo lo dicho hasta aquí debería alcanzar para demostrar la tontería de la tesis que han puesto en circulación ciertos ‘izquierdistas’ acerca de la ‘pérdida de importancia de los Estados’, como consecuencia de la llamada ‘globalización’ de la economía mundial. Al revés, la crisis capitalista y la agudización de la competencia entre los pulpos fuerzan a los Estados a asumir un rol todavía más activo y definitorio en la defensa de los intereses de los grupos capitalistas ‘nacionales’: el papel jugado por el Pentágono en la fusión de la Boeing y la McDonell lo confirma. La ‘movida’ del Pentágono obligará a la europea Airbus (una empresa con participación alemana, francesa, británica y española) a dar su propia ‘respuesta’, lo que significará "mayores presiones en Europa por ayudas estatales para Airbus" (Financial Times, 17/12). Puesto que la Airbus es uno de los máximos logros de la ‘integración’ europea, todo el mecanismo de esta ‘integración’ puede quedar comprometido si los Estados europeos no dan una respuesta ‘apropiada’al Pentágono. La fusión de grandes pulpos de una misma base nacional —como la Boeing y la McDonell— aparece relativamente sencilla. En Europa, sin embargo, la tendencia de los monopolios a ‘integrarse’ para competir con el gigante norteamericano choca con la diversidad de los Estados nacionales. "Los intereses nacionales se cristalizan en la voluntad de guardar los departamentos de investigaciones a nivel de las firmas madres (que componen el consorcio Airbus), la DASA en Alemania y la Aerospatiale en Francia" (Le Monde, 17/12). Si la ‘integración’ ya resulta complicada en la construcción de aviones civiles, mucho más lo es en la ‘fragmentada’ (ídem) industria aeronáutica europea de defensa. Francia, que integra Airbus, se ha negado a formar parte de los planes anglo-alemanes de construir un avión de caza ‘europeo’ y mantiene sus propios planes de fabricación militar. ¡Pero sin una ‘integración’ europea que englobe, como en Estados Unidos, a las ramas civil y militar en una empresa única, no hay futuro para los constructores europeos! Por eso, Le Monde teme que el ‘Eurofighter’ (que desarrollan en conjunto Alemania y Gran Bretaña) y el ‘Rafale’ (que desarrolla Francia) "sean los últimos aviones de combate de diseño europeo". Esto porque "la clase de fusiones internacionales necesarias para competir con los Estados Unidos, con la pérdida de control soberano que implican, se están demostrando casi imposibles de negociar" (Financial Times, 17/12). La crisis de la industria aeronáutica europea, que la fusión de la Boeing y la McDonell pone en evidencia, sirve también para confirmar, contra las ‘teorías’ en boga, que la tan mentada ‘mundialización’ del capital constituye, en realidad, la mayor gravitación mundial de determinados pulpos nacionales en detrimento de otros, y por lo tanto, de la acentuación de la guerra económica y política entre esos pulpos y su Estado; es decir, "una pesadilla ... que pone a prueba la armonía entre Estados Unidos y la Unión Europea", para decirlo en la palabras de un funcionario europeo (Financial Times, 23/12). Así se manifiesta, en toda su extensión, la agudización de las contradicciones del capitalismo que la teoría de la ‘globalización’ trata de encubrir. El pulpo Boeing-McDonell prueba el acierto de las caracterizaciones acerca de la situación mundial, del VIIIº Congreso del PO.

Doce militantes del Partido Obrero instalaron una radio abierta en Rivadavia y Brown (centro de Quilmes) con el propósito de apoyar y dar impulso a la lucha de los trabajadores del PAMI. Se colocaron 3 pizarrones con afiches y recortes de Prensa Obrera y otros medios. Jubilados, estudiantes, obreros, amas de casa, se paraban, leían con avidez y cambiaron impresiones con nuestros compañeros. Se llevó adelante esta muy buena tarea durante cuatro horas muy productivas ya que se vendieron, 31 Prensas Obreras y se obtuvieron varias direcciones.

Los choferes de Transporte La Perlita paralizaron totalmente la línea (una de las más importantes de Moreno) por el despido de 20 choferes, y cortaron los principales accesos a Moreno, incluso las vías del ferrocarril; decenas de unidades fueron utilizadas de ‘barricadas’ para cercar el Municipio. Por sus métodos, esta lucha se coloca como una de las principales que desenvolvieron los trabajadores de la zona Oeste, y replantea el problema que ya había puesto en evidencia la lucha de TDO: el que lucha gana. El argumento patronal para justificar los despidos es la merma del trabajo, dado que "El Colmenar" (Cooperativa trucha de transporte que compite por el piso de los recorridos de La Perlita) extendió sus servicios a barrios donde sólo llegaba TLP, esto con un servicio de 0,40 peso, un personal completamente precarizado, sin cargas sociales ni organización gremial. "El Colmenar" está administrado por ex concejales del PJ y se rumorea que también tienen metidos algunos billetes Laguna y Pierri. La empresa ‘trucha’ efectúa servicios como línea ‘común’, cuando su habilitación sólo es para servicios ‘charter’, es decir, que sólo puede llevar a los afiliados de la Mutual El Comenar. Esta disputa pone de manifiesto la gran crisis patronal. Más de 300 compañeros se movilizaron frente a la municipalidad para reclamar la reincorporación de todos los despedidos. Los bombos todavía tenían en su mayoría la leyenda "Mariano West Intendente"; los mismos que lo apoyaban hace dos años, hoy los hacían sonar en su contra. Finalmente, la larga jornada de movilización terminó con la noticia de que la patronal reincorporaba a todos los despedidos. Esta contundente victoria de los trabajadores plantea ahora otros problemas: primero, porque el conflicto no se ha cerrado segundo, porque es necesaria la recuperación del sindicato para los choferes.

Que un grupo como el MRTA, al que el propio gobierno calificó como "extinguido", haya logrado dar un golpe de tamaña envergadura en un objetivo tan estratégico como la embajada del Japón (segundo prestamista del Perú), en un día tan‘particular’ (allí se encontraba reunida la ‘comunidad diplomática’ de Lima y la ‘flor y nata’ del propio régimen: varios ministros, jefes policiales y hasta familiares de Fujimori), es un signo de la notable impotencia de los organismos de inteligencia del Estado, que fueron tomados por completo de sorpresa. En un país militarizado como el Perú, donde el poder efectivo –según el Financial Times (19/12)– lo ejerce un ‘triunvirato’ conformado por el propio Fujimori, Vladimiro Montesinos (jefe de los servicios de inteligencia) y el general Nicolás Hermoza (jefe del comando conjunto de las fuerzas armadas), semejante incompetencia es el síntoma de una imparable crisis política. El golpe de mano del MRTA vino a agudizar, en realidad, una crisis política que ya se había manifestado abiertamente en las denuncias del general Robles sobre las masacres perpetradas por las Fuerzas Armadas. "De acuerdo a Michael Shifter, un experto en Perú del Interamerican Dialogue (un instituto cercano al actual gobierno demócrata de los Estados Unidos), el ataque ocurrió mientras los militares parecían haber estado focalizando excesiva atención en desacreditar al general Robles" (ídem). Otra manifestación de la crisis del régimen fujimorista son las denuncias públicas que involucran a Montesinos (el segundo hombre del régimen), y a otras prominentes figuras del entorno presidencial, en el tráfico de drogas y en escándalos de corrupción. Más aún, con el golpe de mano del MRTA nos venimos a enterar que el famoso ‘milagro’ económico peruano no es tal: la recesión domina al país, la pobreza ha crecido todavía más en los últimos tiempos (el 50% de la población peruana se encuentra por debajo del ‘límite de pobreza’) y la desocupación y subocupación alcanzan al 90% de la población (Página/12, 22/12). La manifestación ‘estadística’ de esta crisis es la fenomenal caída de Fujimori en las encuestas: del 70% al 48%, en apenas un solo año. Esto explica el carácter de fachada que ofrece la unidad de la burguesía frente a la toma de la embajada. En el mismo momento de la ocupación, la mayoría de la Corte Suprema (5 sobre 7 miembros, todos ellos designados por el propio Fujimori) votaba la inconstitucionalidad de la reformal legal que le permitía una tercera reelección (Clarín, 28/12). La ocupación de la embajada puso al desnudo el enfrentamiento entre los imperialismos yanqui y japonés —el primero reclamando el retome violento de la embajada para liquidar definitivamente a Fujimori; el segundo, al revés, en favor de una‘negociación pacífica’. Es que el gobierno de Fujimori ha dado una posibilidad enorme a la penetración económica japonesa, que los monopolios norteamericanos ahora están empeñados en limitar. Los términos de la ‘negociación pacífica’serían la desocupación de la embajada a cambio de un mejoramiento de la situación carcelaria de los presos políticos y un futuro inicio de negociaciones para la ‘integración política’ del MRTA. Pero como Fujimori ha sido mortalmente herido por la decisión de la Corte, no hay que descartar que esté preparando una masacre y un cambio de bando hacia los yanquis.

La Corte Suprema terminó el año revocando fallos de los jueces de primera instancia y de las cámaras de apelaciones. Una de las resoluciones de la Corte ‘perdona’ a los pulpos automotrices el pago de 700 millones de dólares que debían al Estado en concepto de evasión del IVA. Condenados por la DGI y los jueces inferiores, los pulpos fueron salvados por la Corte menemista, sin que importara aquí el daño fiscal que el ‘perdón’ ocasionará al Estado. El otro fallo de la Corte desconoce los derechos de los jubilados, alegando que de otro modo se ocasionaría un daño fiscal. Dos pesos, dos medidas. Plata para los que ya tienen mucha, hambre para los que no tienen nada. Premio al delincuente, castigo a su víctima. Con el capital, contra la clase obrera. ¿No es esto una irrefutable demostración de que la democracia y el estado de derecho apenas enmascaran a la dictadura de la burguesía? De yapa, la perfidia Pero el fallo de la Corte Suprema contra los jubilados y los derechos previsionales es un ataque más pérfido del que han dejado traslucir los diarios. La Corte, el gobierno y los diarios han ocultado deliberadamente la esencia de lo que estaba en disputa y la naturaleza de lo que se resolvió. 1) El fallo reconoce para los jubilados que iniciaron juicio un ajuste del 13,78% de los haberes desde el 1º de abril de 1991 hasta el 31 de marzo de 1995. Desde la convertibilidad, sin embargo, el costo de vida aumentó el 63 %. Por lo tanto, la Corte solamente reconoció menos de la cuarta parte de lo que correspondía, lo cual es claramente confiscatorio. Para esto inventó un índice especial para la ocasión, el cual no tiene nada que ver con los que se aplican para todas las cuestiones financieras y previsionales, como los de precios al consumidor o del salario industrial. 2) En total, iniciaron juicio 125.000 jubilados sobre 3.500.000, lo que representa el 3% del total. O sea que la inmensa mayoría seguirá con sus haberes congelados. Estos damnificados no podrán iniciar juicios, porque para la mayoría de ellos prescribió el plazo de dos años que tenía para hacer el reclamo. Pero, además, el ajuste que podrían lograr, del 13,78%, sería inferior al costo que les insumiría la demanda judicial. El fallo de la Corte evita, pérfidamente, ordenar el reajuste por ella establecido para la totalidad de los jubilados que se encuentren en iguales condiciones. 3) El ajuste sólo llega hasta marzo de 1995, porque en esa fecha entró en vigencia la ley de ‘solidaridad’ previsional, que eliminó cualquier tipo de ajuste de los haberes previsionales por cualquier motivo. Por lo tanto, la Corte legitima una ley anticonstitucional y confiscatoria, que viola derechos adquiridos y autoriza la discrecionalidad estatal. Asegura, de este modo, el fin de cualquier reclamo judicial hacia el futuro. 4) El grueso de la deuda que la Corte reconoce por 1.800 millones, corresponde, como lo señala Clarín (31/12), al período anterior a la convertibilidad; es decir que ni siquiera estaba en litigio. El fallo aumenta esa deuda en sólo 150 millones, valiéndose de un índice trucho. 5) Toda esta deuda, incluida la que viene desde antes de 1991, será pagada en bonos, de una nueva serie, lo que significa que en el mejor de los casos será cobrada por los jubilados dentro de 10 años. De este modo, una deuda que arranca de 1988 en adelante, será efectivizada en el 2007, nada menos que 20 años después. Dado el largo período de carencia para cobrar el bono, su cotización será, al inicio, mucho más baja que la de otros bonos emitidos hace varios años y que tienen, por eso, una fecha cercana de vencimiento. 6) El fallo de la Corte es inapelable. Se podrán hacer denuncias en los foros internacionales, pero no tienen validez jurídica en el país. La Corte Suprema ha parido un engendro reaccionario, anticonstitucional, violatorio de los derechos humanos y previsionales. Por eso, Menem proclamó a los cuatro vientos su total acuerdo con el fallo. Cavallo, en este caso, no denunció la falta de independencia del poder judicial.

PO: ¿Por qué dirigieron la movilización a la Intendencia? CAF: Porque el intendente West dejó correr una empresa trucha, "El Colmenar", que pretendiéndose mutual habilitada a hacer circular 2 coches, había montado un servicio paralelo sin la autorización (piso) y cobrando una tarifa menor. Esta empresa estaba bancada por el ‘Bebé’ Ricci, ex concejal, que dejaba correr el servicio y la emisión de boletos a cambio de un 20%. El primer coche de línea llevaba socios de la mutual, y los otros levantaban pasajeros con boletos. Queremos denunciar que los compañeros de "El Colmenar" trabajan en negro, sin cobrar beneficios sociales, y los coches carecen de máquinas, cobrándose el antiguo boleto. PO: ¿Cómo continuó el conflicto? CAF: Ante los despidos, paramos la línea y llevamos los coches a la plaza de Moreno, donde quedaron estacionados con las gomas desinfladas, congregándose cerca de 300 choferes, reclamando la inmediata reincorporación de los despedidos. Ante esto, el intendente fue a La Plata a consultar, y le dijeron que debía levantar el servicio de "El Colmenar". PO: ¿Qué propuesta formularon ustedes? CAF: Nosotros planteamos que los 15 choferes de "El Colmenar" sean absorbidos por "La Perlita", y esto la patronal lo aceptó, para que los compañeros no pierdan la fuente de trabajo. PO: ¿Qué hay atrás de esto? CAF: La intención de convertirnos a todos en ‘cooperativas’, quitándonos los derechos laborales, como en la 643. Si "El Colmenar" se mantiene, las patronales van a igualar para abajo. Por eso debemos defender nuestra fuente de trabajo y no permitir ningún deterioro mayor en nuestra situación laboral.

Nueve mineros muertos y más de un centenar de heridos es el saldo de la salvaje represión desatada por el ejército y la policía bolivianos contra los trabajadores que habían ocupado las minas de oro de Amayapampa y Capacirca. La represión se extendió a la vecina población minera de Llallagua, movilizada en apoyo a las ocupaciones. La represión contra las minas ocupadas y los poblados mineros fue una operación militar de envergadura; nada del arsenal con que cuentan las fuerzas armadas bolivianas fue dejado de lado: tanquetas, helicópteros, armas largas. La saña de los represores no tuvo límites: varios de los muertos presentan impactos de bala de armas de grueso calibre efectuadas a corta distancia, lo que hace suponer que se trató de simples fusilamientos de obreros capturados y desarmados. Los ocupantes de las minas —recientemente transferidas a un consorcio norteamericano-canadiense— reclamaban un aumento salarial del 50%, la indexación de los salarios según el valor del dólar y el cese de los despidos. Los sindicatos de los mineros de Amayapampa y Capacirca reivindicaban también con el apoyo de los campesinos de la región, que la empresa imperialista pague las deudas contraídas por los grupos bolivianos que explotaron con anterioridad las minas y que jamás pagaron impuestos o regalías al Estado. Como consecuencia de este saqueo ‘nacional’, ahora continuado por el imperialismo, la explotación de las minas de oro "no ha dejado ni un solo centavo para el desarrollo del pueblo y de sus habitantes", según hizo saber el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Bolivia, Juan del Granado (La Nación, 22/12). Frente a la masacre, la Central Obrera Boliviana ‘ordenó’ el ‘retome’ de las minas (Crónica, 21/12) y convocó, por segunda vez en el lapso de seis meses, a una huelga general por tiempo indeterminado. La convocatoria de la COB, sin embargo, no pasa de ser un saludo ritual: como en la huelga general por tiempo indeterminado convocada en ocasión de la marcha campesina a La Paz (octubre de 1995), nada indica que la burocracia de la COB se haya empeñado en organizar la huelga general y en efectivizar su cumplimiento. El asesinato de los mineros de Amayapampa y Capacirca se suma a la larga lista de crímenes contra los explotados —asesinato de ‘marchistas’ campesinos a La Paz (octubre de 1995), represión de la huelga nacional docente, dictado del estado de sitio y deportación de varios centenares de militantes y dirigentes sindicales (marzo-abril de 1994), represión de los campesinos y cocaleros— que los explotados bolivianos les habrán de cobrar al proimperialista Sánchez de Losada y a sus asociados de ‘izquierda’ (el ‘Movimiento Bolivia Libre’) en el gobierno entreguista.

Menem desistió finalmente de concurrir a la inauguración de la planta de Fiat Auto en Córdoba. Aunque no hubo un comunicado ‘oficial’, según La Voz del Interior, una de las versiones indicaba "agotamiento físico" y "recomendación de los médicos". Pero el mismo diario no pudo soslayar la única verdad: "Menem no quiere exponerse a posibles abucheos y silbatinas ... El malestar que provocó la prórroga de la emergencia previsional y el aumento del sueldo a funcionarios y legisladores, hizo temer ... una eventual manifestación en su contra y del gobernador Mestre" (19/12). En realidad, la decisión de movilizarse ese día a Ferreyra ya había sido tomada por los trabajadores de Luz y Fuerza, los judiciales, la Coordinadora de Desempleados. Los trabajadores de Fiat también habían decidido una jornada de lucha que incluía la posibilidad de la toma de fábrica. El temor de que el paro se concretara a pesar de no venir Menem llevó a la patronal de Fiat a convocar a la comisión interna (que no quiere reconocer) al Ministerio de Trabajo y amenazar con despidos si se producía alguna medida de fuerza. La Mesa de Enlace (CGT, Moas y CTA) se negó a decretar el paro provincial y resolvió una ‘jornada de protesta’, que quedaba supeditada, sin embargo, a la modalidad que adoptara cada sindicato. Finalmente, se realizó una manifestación de 600 personas por el centro de la ciudad. Patrones y burócratas respiraron tranquilos cuando se informó que Menem no venía. Mestre temía que saliera finalmente el paro provincial que se había levantado cuando Pihén, el burócrata del Sep, decidió negociar por las suyas el "levantamiento" de la emergencia para los empleados públicos. La burocracia tenía el mismo temor que la patronal de Fiat de que la inauguración comenzara con una lucha. Para los trabajadores, quedó firme la impresión de que Menem, Mestre y la patronal le tienen terror al movimiento obrero. La frase de la semana fue "Menem se cagó". La presidencia de la república está en manos de alguien que no puede recorrer la Nación sin despertar la ira y el repudio, que teme a sus "representados", cuya sola presencia puede ser el factor desencadenante de un fuerte enfrentamiento entre los patrones y su gobierno, por un lado, y los trabajadores, por el otro. Es decir, que la presidencia es en realidad una impostura y Menem, por lo tanto, un impostor; todos estos motivos, suficientes para que el movimiento obrero y los trabajadores le pongamos un norte a nuestra lucha: ¡Fuera Menem!

Al igual que lo ocurrido en la línea 98 de Quilmes, la patronal ha puesto en marcha en esta empresa de 300 trabajadores la mentada ‘Cooperativa’, con el aval de los delegados, que hoy están ‘desaparecidos’ de los lugares que solían frecuentar. Las promesas de un salario piso de 950 y ganancias siderales, dieron lugar a un gran debate en el seno de los trabajadores, 40 de los cuales no aceptaron la ‘Cooperativa’, no pasaron a ser autónomos y no aceptaron un mes de ‘experiencia’ de licencia sin pago. La patronal despidió a 4 activistas que hacían propaganda en contra de la ‘Cooperativa’, y que se resistían a aceptar el nuevo régimen de trabajo que la empresa les impuso a los que quedaron como ‘obreros’. Resistían agarrar una sola extra, resistían los cambios de turnos arbitrarios y toda la política de la empresa para desmoralizarlos y para que renunciaran. La dirección de la UTA sólo realizó tibias gestiones negándose a la ‘Cooperativa’, aun cuando es perfectamente consciente de que la generalización de estas experiencias implica la desaparición de gran parte del gremio. En la delegación Oeste del gremio, sólo hubo una acción (se ocupó por un día la empresa y no salieron físicamente bien los delegados que aceptaron la ‘Cooperativización’). Esta sola acción permitió la reincorporación de los despedidos, pero luego de esa acción la empresa mantiene la ‘Cooperativa’. A raíz de la experiencia de la 98, aun los que aceptaron la ‘Cooperativa’ por consejo de los delegados son reticentes a aceptar que ésa sería una solución de fondo. La discusión de los estatutos internos de la misma, a corto plazo, se convertirá en un ‘boomerang’ contra los ‘cooperativistas’, pues ahora éstos trabajan 12, 14 y 16 horas diarias, buscando hacer diferencias en este trabajo a destajo, pero este sistema a corto plazo se quiebra y comienzan a cometerse graves errores, producto de esta auto–superexplotación. Es necesaria una gran campaña para hundir la ‘Cooperativización’ o desaparecerá el convenio de la UTA, suplantándolo por el liso y llano trabajo a destajo sin aguinaldos, vacaciones, ni obras sociales. Es necesaria la elección de delegados entre los que siguen para que puedan defenderse de la voracidad de los nuevos patrones.

Ningún demócrata puede menos que sostener totalmente el reclamo de libertad de los presos políticos que formulan los guerrilleros del MRTA que ocupan la embajada japonesa en Lima. Los presos políticos peruanos son las víctimas de un régimen terrorista. Fueron ‘condenados’ por jueces militares que actuaban encapuchados, en procesos secretos sumarísimos, sustanciados en base a ‘leyes de excepción’, a acusaciones formuladas por la inteligencia militar, con confesiones obtenidas bajo torturas y sin acceso a ninguna defensa por parte de los acusados. En esta parodia de ‘justicia’, los acusados ya están condenados antes de ser juzgados. Las condiciones a que están sometidos en las llamadas ‘cárceles-tumba’ son espantosamente inhumanas. Las celdas son cubículos de concreto de 5 metros cuadrados, en los cuales los detenidos no tienen luz artificial, no pueden leer y no tienen acceso a la radio o a la TV. Muchas de estas celdas, las destinadas a presos ‘peligrosos’, están construidas bajo tierra. Después de pasar el primer año de detención en completo aislamiento —es decir, sin ver a ninguna persona durante ese lapso—, se les permite un paseo diario de media hora, sin contacto con ningún otro preso. Las restantes horas del día permanecen encerrados en sus celdas, sin contacto ni siquiera con los carceleros (los alimentos les son entregados mediante un sistema que les impide verlos). Las únicas visitas permitidas (después de cumplido el primer año de aislamiento total) son las de los familiares: una vez por mes y sin que se autorice el menor contacto físico. No están permitidas las visitas de sus abogados. La provisión de agua diaria, para todas las necesidades, es de apenas cuatro litros. Tres días antes de la toma de la embajada, los presos del MRTA habían iniciado una huelga de hambre para protestar contra estas bárbaras condiciones de detención. Varios de sus familiares han denunciado la posibilidad de que sean ejecutados como consecuencia de la toma de la embajada. Estas son las condiciones a que están sometidos los presos políticos en un régimen que ha liquidado las libertades democráticas y que ha cometido un sinfín de masacres contra los campesinos. Poco antes de la ocupación de la embajada, el régimen de Fujimori fue sacudido por las denuncias de uno de sus propios generales —Rodolfo Robles— acerca de las masacres perpetradas por las fuerzas represivas durante la ‘guerra sucia’. La conmoción creada por estas denuncias —que venían a confirmar centenares de denuncias de organismos de defensa de los derechos humanos de Perú y del extranjero— no le impidieron a Fujimori indultar a los integrantes del llamado ‘comando Colina’, un grupo paramilitar responsable reconocido de matanzas comprobadas. Las condiciones a que están sometidos los presos políticos peruanos no están dictadas por razones de ‘seguridad’ o ‘militares’, desde el momento en que el propio gobierno ha afirmado reiteradamente que los grupos guerrilleros están ‘en vías de extinción’. Se trata de una venganza de la burguesía peruana y el imperialismo, que pretenden quebrar física, síquica y moralmente a los militantes que —cualquiera fuera su orientación política— se levantaron contra la explotación y la opresión de las masas populares de Perú. Es por este motivo que —con completa independencia de nuestras críticas a las posiciones políticas del MRTA— respaldamos su reclamo de inmediata libertad a los presos políticos peruanos.

El paro del 26 de diciembre en Córdoba fue total. No funcionó el transporte, no abrieron los comercios, no hubo actividad oficial ni privada. Desde la 0 hora de ese día, piquetes de trabajadores de la UTA y Camioneros recorrieron la ciudad para impedir la salida del transporte; durante la mañana y la tarde, los piquetes recorrieron el casco céntrico para garantizar el cierre de los comercios. Los hipermercados pudieron mantener sus puertas abiertas gracias a un brutal dispositivo policial, que no logró la presencia de clientes. La Coordinadora de Desempleados y el Partido Obrero realizaron una movilización por el centro, y finalmente, un acto en Rivera Indarte y Colón.

La Conta (Comisión Nacional del Transporte), el ente regulador del autotransporte nacional, acaba de ser disuelta, para fusionar sus funciones con las de los entes reguladores de los ferrocarriles de pasajeros y de carga. La Conta "se habría opuesto al último ajuste del 20 por ciento en los boletos del autotransporte". Este nuevo ‘superente’ estará "a cargo de Roberto Chiappa, cuyo fundamental mérito para detentar este puesto es el de ser amigo de Carlos Menem"(Página 12, 12/12). Con esta medida, el gobierno pretende salir al cruce de varias crisis a la vez. De un lado, el colapso de las empresas de auto-transporte y del transporte ferroviario de cargas; del otro, "lidiar con los adjudicatarios privados, que, en el caso ferroviario, tienen sus contratos en revisión" (ídem). Según algunas informaciones, la Conta habría sido disuelta por oponerse a una suba del boleto (ídem). Las autoridades de la Conta eran partidarias de una concentración de las líneas del autotransporte. Las empresas más castigadas por el ‘reflotamiento’ del ferrocarril, la acusaban de servir a los intereses de grandes capitales ligados a los fabricantes e importadores de grandes unidades —Macri, Transportes Plaza, etc. Las autoridades ‘cavallistas’ venían aplicando, además, un mayor‘rigor’ impositivo, y habían mandado a la quiebra a la principal compañía de seguros del autotransporte, cuyos accionistas eran los mismos empresarios del sector. Las patronales y el gobierno pretenden enfrentar la crisis empresaria mediante una acentuación de la ‘flexibilización’ laboral y mediante una ‘racionalización’ que integre (y concentre en pocas manos) el transporte ferroviario de pasajeros con el de colectivos. Esto dejará en la lona a las líneas que corren paralelas al recorrido ferroviario. La concentración empresaria reforzará, en forma espectacular, la presión ‘flexibilizadora’, con la ayuda de los recientes decretos antilaborales de Menem. Dado que la dirección de la UTA no tiene una política para enfrentar esta situación, es necesario que se convoque a un congreso de delegados con mandato, para defender los derechos obreros, elegir paritarios, reclamar un aumento de salarios y elaborar un plan de transporte contra las pretensiones de los monopolios.

"No queremos el colapso social y económico de Serbia" (La Nación, 15/12). Con estas palabras, pronunciadas al término de una reunión de la UE en Dublin (Irlanda), Carl Bildt, antiguo enviado especial de la Unión Europea a la ex Yugoslavia, dejó perfectamente en claro la posición del imperialismo mundial frente al régimen de Milosevic, jaqueado por una movilización popular callejera que ya ha cumplido más de un mes. Su significado exacto lo reiteró Lamberto Dini, canciller italiano, de visita en Belgrado en una misión que, según algunos, contó además con el apoyo norteamericano (United Press, 12/12). Después de reunirse con Milosevic y sus opositores, Dini declaró que "las demandas de la oposición son irreales ... debe repensar sus objetivos ... la reposición de los resultados electorales no es una carta que sirva de base para el diálogo entre las partes" (International Herald Tribune, 13/12). Según Dini —y no es el único—, la oposición debería ‘olvidarse’ de las elecciones pasadas y ‘concentrarse’ en las presidenciales del año próximo. El reciente reconocimiento, por parte de una misión ‘mediadora’ de la Unión Europea, encabezada por Felipe González, de la victoria de la oposición en las recientes elecciones municipales, anuladas por Milosevic, debe entenderse, entonces, como una ‘satisfacción moral’ ofrecida a los opositores para que cesen en las movilizaciones y se preparen ‘para el futuro’. Se reitera el operativo político imperialista, cuyo objetivo es vaciar las movilizaciones de masas, es decir, salvar a Milosevic. La oposición La oposición ha dado muestras de esta ‘razonabilidad’. Vesna Pesic (Alianza Cívica) y Zoran Djindjic (Partido Demócrata), dirigentes de dos de los tres partidos de la oposición, se han declarado partidarios de "hacer una pausa en las movilizaciones" y de "abrir un diálogo con el gobierno" (Le Monde, 11/12). Para ambos, "un compromiso político (con Milosevic y, claro, con el imperialismo) es indispensable" (porque) "reclamar la caída de Milosevic es inútil y peligroso" (ídem). Esta oposición se manifiesta partidaria de ‘esperar’ hasta las elecciones de 1997, que deberían ser supervisadas por los ‘organismos internacionales’, es decir, que se realicen bajo el arbitraje imperialista. La oposición es un frente heterogéneo de partidos pequeñoburgueses "sin ninguna tradición en la clase obrera" (International Herald Tribune, 12/12). Tienen en común con Milosevic sus planteos privatizadores y su apoyo a la ‘solución’imperialista de la guerra de Bosnia (los acuerdos de Dayton). Algunos de estos opositores —como el Partido Demócrata de Zoran Djindjic o el Movimiento de Renovación Serbia de Vus Draskovic— eran nacionalistas a principios de los 90, impulsaron la guerra contra los bosnios y los croatas y coquetearon con Milosevic. Sólo Vesna Pesic planteó, desde el principio, su oposición a la guerra. Junto con la oposición —aunque no disuelta en ella— se movilizan los estudiantes, que realizan marchas separadas. Una parte de la prensa presenta a los estudiantes como fieramente nacionalistas, que repudian a Milosevic por ‘abandonar’ a los serbios de Croacia y de Bosnia. Según el International Herald Tribune (11/12), una de sus dirigentes sostiene que "no somos el movimiento estudiantil; somos el movimiento estudiantil serbio", para remarcar ese carácter ‘nacional’. Es difícil, sin embargo, decir si se trata de una pintura real del movimiento estudiantil en su conjunto, esto porque durante la guerra, los estudiantes serbios eludieron masivamente el servicio militar. La crisis económica en primer plano A pesar de todas estas maniobras y del carácter de la oposición, Milosevic no está seguro en el poder. El derrumbe económico ha pegado un salto en el último mes, al punto que pocos creen que Milosevic pueda evitar un estallido hiperinflacionario en los próximos meses. Para ‘comprar’ la ‘paz social’, Milosevic ha pagado aceleradamente gran parte de los salarios, las jubilaciones, las becas estudiantiles y los beneficios sociales adeudados por más de un año. Sin reservas —agotadas por la guerra, las sanciones imperialistas y el saqueo burocrático—, el Banco Central ha recurrido a una emisión monetaria descontrolada: en consecuencia, "después de un año de relativa estabilidad, el dinar otra vez comienza a derrumbarse" (The New York Times, 16/12). En apenas un mes, el dinar ha perdido el 15% de su poder adquisitivo y se anuncia una próxima devaluación, que dispararía una "hiperinflación de varios cientos por ciento" (ídem). En un país con una desocupación superior al 50%, en el que el poder adquisitivo de los salarios y jubilaciones —cuando se cobran— apenas alcanza el 10% de los de antes de la guerra, y con la ‘lava’ de las manifestaciones populares masivas todavía caliente, un ‘golpe’ hiperinflacionario puede ser el tiro de gracia para el gobierno. La clase obrera La posibilidad de que la clase obrera se sumara a las manifestaciones y de que comenzaran huelgas contra Milosevic, fue cuidadosamente monitoreada por el imperialismo, el gobierno y la propia oposición. Es que para todos estaba claro que una movilización masiva de la clase obrera habría significado el fin de Milosevic. Recién después de tres semanas de manifestaciones, apareció el primer contingente obrero diferenciado: 10.000 trabajadores marcharon detrás de las banderas del sindicato independiente. ¿Dónde habían estado hasta entonces? Según uno de los dirigentes sindicales, los trabajadores habían participado en las manifestaciones como individuos, desorganizados. La aparición del primer contingente obrero se ha conjugado con las primeras huelgas en Belgrado, Nis y otras ciudades. La intervención de la clase obrera en la crisis política serbia no puede medirse con los patrones ‘normales’. Como consecuencia de la guerra, de las sanciones y del vaciamiento industrial, "los centros industriales muestran un estado de descomposición avanzado" (Le Monde, 11/12). Más del 50% de los obreros están desocupados; las fábricas apenas producen con una dotación mínima, por lo que los paros son difícilmente ‘visibles’; los desocupados —que siguen cobrando un salario mínimo de sus empresas, equivalente a un subsidio— han encontrado otros empleos ‘informales’; su participación en las manifestaciones, por lo tanto, no se contabiliza. La razón fundamental por la cual la clase obrera ha tenido una participación secundaria es, sin embargo, la negativa de la oposición —nacionalista y privatista— a movilizarla. Según la aguda observación de un corresponsal, "para la oposición, las movilizaciones deben molestar lo menos posible a la población a fin de no convertirse rápidamente en impopulares. Por eso ha preferido la participación de abogados y de artistas antes que la de empleados de comercio, choferes de colectivos o de taxis y funcionarios de las empresas públicas de electricidad o de teléfonos" (Le Monde, 11/12). Por su carácter de clase, la oposición ha sido la principal auxiliar de Milosevic.

El Partido Obrero realizó sendos actos en las puertas de Ciadea y de Fiat para exigir la renuncia de la directiva del Smata Córdoba y la convocatoria a nuevas elecciones, para que puedan intervenir los trabajadores de Fiat y hacer efectiva la resolución del plebiscito que aprobó la creación de la seccional Ferreyra del Smata. La negativa de Campellone y Rodríguez a aceptar este resultado llevó a los trabajadores de Fiat a poner en marcha la creación de un sindicato propio, el Sitramf (Sindicato de Trabajadores Metalmecánicos de Ferreyra). La decisión de crear este sindicato refuerza aún más la necesidad de la renuncia de Campellone, porque es evidente que su autoridad es totalmente ficticia y está montada en el desconocimiento de la opinión, pronunciamientos y resoluciones de los trabajadores; además, su negativa a reconocer éstos, ha llevado a una división de los mecánicos. La campaña del Partido Obrero va a continuar con nuevos actos en el conjunto de las fábricas (Transax, Thompson Ramco, etc.), cuando éstas vuelvan a la actividad en enero. En este momento, se están realizando entrevistas a activistas y delegados que, en forma de reportajes, vamos a difundir a través de Prensa Obrera y de un folleto especial para ser repartido dentro de las fábricas.

La desocupación sigue creciendo. Los propios informes oficiales pronostican plazos de 10 años para revertir la situación. ¿Qué vamos hacer mientras tanto? ¡Hoy tenemos que solucionar nuestros problemas, generados por la falta de trabajo! ¡Hoy no tenemos para darles de comer a nuestros hijos! Mientras nosotros tenemos que seguir esperando, los grandes empresarios, como las Petroleras, se llevan millones de pesos y pagan muchos menos impuestos que los que pagamos nosotros estando desocupados. Tenemos compañeros ancianos que no tienen ninguna pensión, compañeras que no consiguen ningún trabajo, madres solteras que no pueden dar de comer a sus hijos, compañeros de 35 ó 40 años que no podrían entrar a trabajar por la edad, o por problemas como de columna, y miles de jóvenes que, cuando alguno de ellos es tomado por la patronal, se los superexplota con la excusa de que no tiene práctica y experiencia. Contra esta situación de hambre y miseria debemos organizarnos. Debemos formar nuestro propio sindicato. Un sindicato donde nos organicemos en forma permanente y nos juntemos los desocupados, subocupados, los que hacen changas, los que están en los planes nacionales y en la 2128. Unirnos con otras localidades y otras provincias para formar nuestro propio sindicato a nivel regional y nacional. Llamamos a todos los compañeros a afiliarse al Sindicato Regional de Desocupados, para luchar por el empadronamiento de todos los desocupados por parte del Estado sin discriminación, con control del sindicato; por impuestos a los grandes empresarios para un seguro mínimo de 500 pesos a partir de los 16 años, por la eximición del pago de la luz, el gas, tasas y servicios, por el reparto de las horas de trabajo entre ocupados y desocupados sin reducir salarios, y por la solución de los problemas que se nos presentan en cada sector, producto de la desocupación. ¡Afiliate y participá!

"¡Co-rea-na-zo!". No se nos ocurre otra expresión para que el lector argentino se forme una idea adecuada de la magnitud y la profundidad de la huelga general y de las manifestaciones callejeras de masas que están desarrollando los obreros de Corea del Sur, contra una ley de flexibilidad laboral que se parece, como dos gotas de agua, a los decretos menemistas de fin de año. Poco antes de la Navidad, el gobierno hizo pasar en una sesión secreta, en la que los legisladores oficialistas fueron reunidos de apuro, y a escondidas, y que sólo duró seis minutos, una ley que acaba con la estabilidad laboral. Autoriza a las patronales a despedir masivamente, a alargar la jornada de los que queden trabajando y a contratar, incluso, personal temporario (precarizado) en caso de necesidad. Entonces comenzó el ‘Coreanazo’. Las centrales sindicales –consideradas ilegales por el gobierno– llamaron a una huelga de 24 horas para el día siguiente de la Navidad. En las grandes plantas automotrices y en los grandes astilleros –el corazón de la economía coreana– el paro fue total. Lo mismo sucedió en la red de subterráneos y en el transporte público de la capital y las grandes ciudades, y en los hospitales de todo el país. En las grandes fábricas, los obreros quemaban efigies y retratos del presidente. ¡‘Coreanazo’! Ya era un paro extraordinario, cuando los obreros comenzaron a abandonar las fábricas y a marchar encolumnados hacia el parlamento nacional (en Seúl) y hacia los centros de poder político local en las grandes ciudades. ¡‘Coreanazo’! Y el ‘coreanazo’, que había empezado el jueves 26 de diciembre como una huelga de 24 horas, siguió el viernes, el sábado, el domingo ... Las centrales sindicales convocaron a la huelga general y a continuar con las manifestaciones callejeras"por lo menos hasta el año nuevo". Y los obreros siguieron ocupando las calles y las grandes plazas. Ya han pasado cuatro días de movilizaciones y, a pesar de la represión policial, las manifestaciones callejeras son cada vez más numerosas. "Fuera las leyes del demonio", es la consigna del ‘Coreanazo’. Los obreros están decididos. "Si el gobierno usa la fuerza para quebrar las huelgas –advierte el dirigente de uno de los sindicatos–, lucharemos por derribar al gobierno" (The Washington Post, 28/12). La enorme huelga activa –declarada ilegal– de un movimiento obrero proscripto hizo temblar a la burguesía. "En un intento de calmar la situación, el mayor grupo empleador del país, dijo que sólo usaría las atribuciones que le otorga la nueva ley de despidos en caso de emergencia" (Financial Times, 28/12). Los trabajadores ‘pasaron por alto’ la ‘oferta’ y las manifestaciones siguieron. ¡‘Coreanazo’! Conforme el ¡‘Coreanazo’! se vigorizaba, la Bolsa de Seúl se pinchaba, hasta alcanzar el viernes su nivel más bajo en cuatro años. El contraste entre ‘la Bolsa’ y ‘la vida’ patentiza el temor de la burguesía ... cuando la realidad está poniendo en evidencia que la ‘emergencia’ a que se refería el capitoste capitalista está a la vuelta de la esquina. Corea –uno de los ‘tigres exportadores’ asiáticos– presentó, este año, un enorme déficit comercial, y se anuncia su duplicación para el año próximo, como consecuencia de la caída de las exportaciones. Además, cuando los diarios acusan a la huelga de haber derrumbado a la Bolsa, señalan que la caída bursátil fue apenas del 1,2% en los últimos días. En otras palabras, que la Bolsa ya se había ‘desinflado’ bastante antes que los obreros fueran a la huelga. En Corea se está pinchando otro de los ‘globos’ del publicitado ‘milagro’ capitalista. Los trabajadores tienen los alfileres en sus manos.

En medio de una crisis sin precedentes, que obligó a la burocracia cegetista a convocar a un paro de 24 horas, Menem sacó tres decretos que pulverizan los convenios colectivos de trabajo y un cuarto que avanza aún más en la desregulación y privatización de las obras sociales. El riojano puso la cara, pero la letra se la soplaron en Washington. "Compromiso cumplido", tituló Clarín (19/12). El primero de los decretazos plantea la revocación total o parcial de los actuales convenios, cuando el Ministerio de Trabajo entienda que "sus cláusulas se oponen a leyes dictadas después de la homologación", o si ya estuviera vencido, si "su vigencia no reúne ya los requisitos legales y corresponde discutir un nuevo convenio" (Clarín, 22/12). Ello significa, primero, que si el Ministerio de Trabajo decide derogar un convenio, los trabajadores pasarán a regirse, provisoriamente, por la Ley de Contrato de Trabajo, "que tiene menos beneficios para el asalariado que los convenios específicos" (Clarín, 19/12), y, segundo, que los nuevos ‘convenios’ estarán a merced de nuevas leyes antilaborales o de nuevos decretazos. Los decretos anulan la llamada ‘ultraactividad’, es decir, la prórroga de los convenios vencidos que no fueron renovados. Caro Figueroa anunció que, a partir del 15 de enero de 1997, comenzará a revisar, uno por uno, los acuerdos ‘caducos’, incluso los que fueron aprobados por el propio ministerio y que hoy están en vigencia. Los decretazos permiten acabar con los fueros sindicales y con los estatutos especiales con los que cuentan algunos gremios. Los decretos significan, además, la eliminación ‘de hecho’ de las paritarias, ya que faculta al Ministerio de Trabajo a definir el alcance y el carácter de las negociaciones, y a "superar las propuestas de las partes" (Clarín, 22/12). Por ejemplo, si un sindicato quiere discutir un acuerdo nacional y la patronal uno sólo regional, se deberá acordar sobre aquello que integra a ambos, es decir, el ámbito regional, o sea, sólo se podrá poner en consideración aquello que quiera la clase capitalista. Al referirse a las pequeñas empresas, que ya tienen convenios especiales a la medida de las patronales desde 1995, otro decreto señala que "los dueños podrán negociar convenios con las comisiones internas obviando la participación del sindicato nacional" (Clarín, 19/12), algo que el gobierno pretende extender al conjunto del movimiento obrero, para que "los empresarios puedan negociar directamente con las comisiones internas en las grandes empresas, aunque este paso debe ser autorizado por el Congreso (Clarín, ídem)". Este desplazamiento de la burocracia en las negociaciones por empresa habría sido el punto en discordia con el gobierno. Con la promulgación de los decretos, el gobierno pretende tomar la iniciativa y hacer gala de fortaleza. Sin embargo, el recurso a "los decretos de necesidad y urgencia, aunque necesarios y urgentes en este caso de la flexibilidad y la obras sociales, revelan la debilidad del presidente al no poder sacar las medidas por ley" (La Prensa, 22/12). Por eso, la gran patronal de la UIA exige que toda la reforma laboral tenga tratamiento parlamentario, es decir, salga por ley. Los decretazos todavía no son más que un papel.

PO: ¿Cuál es la situación de los desocupados en Piedra del Aguila? LA: Después del Cutralcazo, organizamos una Asamblea para formar una Comisión de Desocupados. Se votó movilización y corte de ruta con un gran éxito y características de pueblada, ante lo cual el gobierno se comprometió a realizar la represa de Pichin Picún Leufú y entregó un subsidio de 150 pesos sin contraprestación laboral. Algo importante de esta victoria fue la pelea para que también se entregue el subsidio a dos jóvenes de 16 y 17, años que tienen dos hijos pequeños, y a dos estudiantes de 17 años, para que puedan terminar la secundaria. También se tuvieron en cuenta los compañeros ancianos, los discapacitados y las madres, muchas de ellas solteras. Cuando conseguimos esto, el gobierno no quería entregar los bolsones de comida y los estaba acumulando en el edificio municipal para utilizarlos políticamente. Cuando nos enteramos, 150 compañeros obligamos al secretario de acción social a abrir la oficina donde se escondían los bultos, y luego los repartimos entre los presentes y el resto de los empadronados. Desde ese día, hemos controlado toda la asistencia: entrega de bolsones de comida, colchones, zapatillas y frazadas. Actualmente nos encontramos organizando para que el gobierno vuelva a dar el subsidio, sobre todo ahora, que vienen las fiestas de fin de año y no tenemos nada para echarle a la olla, y cuando no se ha concretado la promesa de poner en marcha la obra de Pichi Picún. En este camino, hemos recuperado nuevamente el local en el Concejo Deliberante. PO: ¿Qué opinás de la formación de un Sindicato de Desocupados y de la realización de un Encuentro Nacional? LA: Me parece muy bien. Tenemos que lograr una mejor organización. La desocupación crece y hay muchas compañeras que no consiguen trabajo, y compañeros que a pesar de una nueva obra, no los tomarían por la edad, porque tienen problemas de columna, etc. Para esto, un Sindicato nos serviría para que muchos compañeros tengamos una organización que nos sirva para unirnos, para luchar por un seguro de 500 pesos, a partir de los 16 años, como en un momento lo hemos conseguido en Piedra del Aguila. El Encuentro Nacional nos tiene que dar más fuerza para arrancarles a los gobernantes las soluciones por el hambre y miseria que pasamos junto a nuestras familias. PO: ¿Qué opinás de nuestra campaña por "Internas de la izquierda y el movimiento popular y combativo"? LA: Personalmente, pienso que la propuesta es muy importante. Tenemos que luchar todos los días contra los representantes de los patrones, con movilizaciones, con marchas, con idas y venidas por las oficinas para conseguir algo, y encima después tenemos que votarlos. Hay que terminar con esto y dar una lucha también en las elecciones, presentando candidatos de los trabajadores.

La conducción del sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba levantó el quite de colaboración y trabajo a reglamento, luego de alcanzar un acuerdo con los senadores de la UCR sobre el futuro de la empresa provincial de energía eléctrica (Epec). El acuerdo se basó en "eliminar o modificar" los artículos del proyecto de ley que dejaban abierta, a juicio de los firmantes, una ventana legal para una futura división o privatización de Epec. Siguiendo una instrucción del Banco Mundial, el proyecto original del gobierno proponía partir en dos a la empresa provincial: una dedicada a la generación, y otra a la distribución de energía, y proceder a la concesión de las centrales térmicas que aún están en manos de Epec y a la privatización del servicio al consumidor. Concesionar y privatizar El acuerdo, sin embargo, no cambia gran cosa, pues como dice La Voz del Interior (27/12), establece "puntualmente que deberá ser concesionada a Epec la prestación general del servicio y a las cooperativas las actividades de distribución", y que incluso "se podrá autorizar la instalación y operación de nuevas usinas privadas". El proyecto permite la concesión del servicio como un paquete único, sin dividir las funciones de generación y distribución. El propio Racero, secretario general de Luz y Fuerza, explicitó que "el nuevo marco regulatorio dejará en claro que Epec debe quedar en manos de la provincia y sin posibilidades de ser dividida o concesionada parcialmente" (La Voz, 21/12). Epec ya se encuentra parcialmente privatizada, vía concesión, desde que Angeloz entregó centrales eléctricas que reúnen un tercio de la capacidad de generación provincial a un mega-consorcio integrado, entre otros, por el sindicato de Villa María. Esta concesión comprometió a Epec a pagar por el fluido un 30% por encima del vigente en ese momento. La burocracia y la comisión de apoyo (Frepaso, 10 de Mayo) nombrada en una asamblea de Luz y Fuerza, a principios de diciembre, encubrieron su política favorable a la concesión privada, con la consigna de "empresa estatal e integrada", la cual, precisamente, no alude a las concesiones del patrimonio estatal. Por eso, pudieron plantear la entrega de la comercialización minorista a "las cooperativas de electricidad existentes a la fecha de publicación de la ley" (proyecto de Luz y Fuerza de Córdoba, presentado por el Frepaso, La Voz, 21/10). Pero las cooperativas eléctricas son empresas capitalistas de cuerpo entero y particularmente antiobreras. En los mismos días en que se discutía el proyecto de ley, el sindicato de Luz y Fuerza de Villa María se vio obligado a sacar una solicitada denunciando a la Federación de Cooperativas de Electricidad y Servicios de la Provincia de Córdoba, por "desconocer la plena vigencia del convenio colectivo de trabajo Nº 36/75" (La Voz, 28/11). El proyecto acordado plantea que los contratos de concesión deberán incluir el compromiso de mantener la planta de personal y la vigencia del actual convenio colectivo, un punto que no figuraba en el texto anterior. Pero este importante punto podría ser esquivado por las concesionarias, por la vía de las ‘tercerizaciones’. El proyecto de ‘reforma laboral’ de Menem, por otra parte, permite desconocer estos convenios entre partes. The Exxel Group La Unión Industrial (UIC) se pronunció, sin embargo, contra este acuerdo y en favor de la privatización lisa y llana. Lo mismo defiende el duhaldista De la Sota (PJ). The Exxel Group, el holding financiero que acaba de comprar supermercados Norte, acaba de declarar su interés "en la distribución y venta de la energía en el mercado cordobés, cuyos volúmenes lo hacen muy apetecible". Propone, por lo tanto, la división de la empresa, debido a que "no se sienten atraídos por la generación (porque) la infraestructura en esta materia está totalmente obsoleta", y advirtió que toda decisión de invertir está condicionada a cómo salga la ley, "cuyas condiciones actuales no son propicias" (La Voz, 15/12). El nudo del negocio capitalista es la distribución de energía, porque el precio mayorista del megavatio está en los 37 y 40 pesos, y el minorista (al consumidor) en 107. El proyecto de ley acordado entre la burocracia y los senadores debe aún volver a diputados, y puede incluso quedar sometido al veto de Mestre, por lo que el conflicto está muy lejos de haberse cerrado. Que se conozca el acuerdo La burocracia ha logrado ‘encauzar’ la vigorosa movilización de los trabajadores de Luz y Fuerza a este callejón de las concesiones. Para eso apeló a movilizaciones aisladas, que excluían la huelga y el ‘apagón’, la ‘bajada de palanca’ que se reclamó en las asambleas y que la burocracia desechó "por principio". Programa Es necesario que la burocracia haga conocer el proyecto que acaba de firmar y que lo someta a la opinión y al voto de todos los trabajadores. El PO plantea: a) El retiro de todos los proyectos que están en la Legislatura, la anulación de todas las concesiones existentes y el rechazo a todo tipo de concesión. Sólo esto significa mantener la estatización de la energía. b) La apertura de un tribunal obrero para investigar los chanchullos que involucran al gobierno, los privatizadores y la burocracia (y que involucran el asesinato no esclarecido de Regino Maders, denunciante de los negociados oficiales en Epec). c) Paritarias libres, con delegados electos en asamblea, por un salario básico que cubra las necesidades de la canasta familiar (1.100 pesos).

El 19 de diciembre se realizó, en Rosario, la primera marcha de los trabajadores desocupados agrupados en la Coordinadora. La movilización contó con 600 compañeros desempleados de distintos barrios: Plata, San Francisquito, Cabin 9, Comunidad Toba, Bella Vista Oeste, Villa Banana, Urquiza, Azcuénaga y Esperanza, y participaron los compañeros de la cocina centralizada. En el Concejo Deliberante se hizo entrega de las 10.000 firmas del empadronamiento, acompañando el proyecto de ordenanza que elaboró la Coordinadora, donde se instrumenta el subsidio de 500 pesos, salud gratuita, becas de 200 pesos para los chicos de desocupados para poder estudiar, empadronamiento a cargo del Estado. La marcha fue una victoria Para la realización de la marcha se debieron superar no pocos escollos; el primero fue la lucha contra los punteros del Frepaso que atienden los comedores comunitarios, que realizaron una campaña para poner a los desocupados en contra de la Coordinadora, maniobra derrotada por la militancia de los coordinadores. La segunda victoria fue contra el silencio que impusieron los medios de comunicación (salvo las FM). Pero la marcha no la pudieron desconocer. Las consignas más cantadas fueron: "Hay que luchar por el subsidio ya", "Fuera Menem", lo que revela una cohesión en torno al programa de la Coordinadora. La catástrofe social, la incapacidad de las autoridades para resolverla, la primera marcha exitosa de los desocupados, la predisposición a realizar una segunda marcha mucho mayor, le plantea a la Coordinadora un trabajo mucho más vasto: el de agrupar detrás de su programa y organización a los 180.000 trabajadores que viven en la catástrofe social.

Nos parece desacertado descalificar el paro general del último jueves 26, en razón de que su cumplimiento habría sido bastante inferior a los precedentes. Aun en estas condiciones, la última huelga general fue una manifestación combativa de las masas trabajadoras contra las patronales y el gobierno menemista, y en este carácter empalma con todo el movimiento de lucha popular que arranca con el Cutralcazo, las puebladas de Córdoba y Neuquén, la caída de Cavallo y los paros generales. El cumplimiento masivo del paro en Córdoba, Rosario, Santa Fe, Santiago del Estero, Mar del Plata y la mayor parte del Gran Buenos Aires, demuestra que la política de componendas y traiciones de las burocracias de las tres centrales que se reclaman la conducción sindical, ha fracasado en poner fin a la etapa de crisis y luchas iniciada con la caída de Cavallo. Bien mirado, el desarrollo del paro general de Navidad, en particular en Córdoba y Rosario, muestra el surgimiento de activistas y organizaciones ‘piqueteras’, es decir, una fuerte tendencia de las masas a tomar la organización de las luchas en sus propias manos. El diario financiero que dijo que el fracaso que atribuye al paro había fortalecido a Menem, está escrito por un imbécil interesado. Más inteligente fue el propio Menem, cuando le dijo a sus asesores que la sola realización del paro era un revés para el gobierno. Por una vez, el riojano tiene razón, porque el llamado al paro expresó la crisis del intento menemista de liquidar los convenios colectivos y los estatutos gremiales por medio de un acuerdo con las burocracias y con la consiguiente sanción legislativa. De este mismo procedimiento ‘conciliador’ depende la ‘solución política’ armada por Menem para liquidar el Pami. Es incuestionable que la política componedora y traidora que precedió al paro general, condicionó fuertemente sus posibilidades. Al calificarlo de ‘paro con sidra’, la propia burocracia anunció anticipadamente que no encararía su organización; en las sedes sindicales el paro fue, sí, del ciento por ciento. Pero es precisamente esta política canallesca de la burocracia lo que mejor deja al descubierto la tendencia de lucha que existe en las masas y la disposición militante de los activistas. Los críticos del paro debieran tener en cuenta este dato fundamental, de que la burocracia fracasó en derrotar al paro desde adentro, una vez que fue obligada a ir al paro contra su voluntad componedora y traidora. No hay que confundir la crítica a la burocracia con la crítica al paro. Hacerlo significa ignorar la tendencia de lucha de las masas y de los activistas, que se manifestó en el paro general. Esa confusión no permite establecer adecuadamente las perspectivas políticas de la crisis y de la lucha popular en curso. El centro de gravitación de las luchas se viene desplazando desde hace mucho tiempo hacia las organizaciones que van creando las masas, o que son recuperadas del control de la burocracia. Es interesante hacer notar la falta de mención, por parte de los críticos de la huelga, a la conducta de la pequeña burguesía en el paro general. En cierto modo, esto debería sorprender, si se tiene en cuenta la presión positiva de la pequeña burguesía en los paros generales de agosto y setiembre. En el paro navideño, las cosas ocurrieron de otro modo porque, de un lado, las fiestas de fin de año son un acontecimiento comercial fundamental para la pequeña burguesía y, del otro, los representantes políticos de la pequeña burguesía descontenta —los Alvarez y Terragno— están transando a todo trapo la salida electoral con el gobierno de Clinton. Pero es muy probable que los críticos del paro militen en las corrientes políticas complacientes con la pequeña burguesía, por un lado, e ignorantes de sus limitaciones, por el otro. El abismo que se ha abierto entre las aspiraciones de la ofensiva capitalista, de una parte, y las necesidades defensivas de los obreros, de la otra, señala una perspectiva de confrontaciones y luchas cada vez más agudas. Es a partir de esta constatación que ingresa en el orden del día la cuestión de la huelga general indefinida. Comprender esta nueva situación significa hacerla conciente entre los trabajadores y prepararla concienzudamente, mediante un trabajo de esclarecimiento, de agitación y de organización. En torno a las reivindicaciones que ya se plantean en las luchas parciales, es necesario entonces proceder a la organización de bases, como plenarios, asambleas y congresos, y a recuperar las organizaciones usurpadas por la burocracia. Como parte de este planteamiento, exigimos a las organizaciones oficiales del movimiento obrero que organicen un congreso de bases para preparar la huelga indefinida. Esta apreciación de conjunto sobre el último paro y sobre la perspectiva de una huelga indefinida, esclarece también la importancia de la cuestión electoral de 1997, porque ella se irá transformando cada vez más en el arma de los políticos patronales y de los burócratas sindicales contra la tendencia a la huelga general. Precisamente, porque está planteada más que nunca como un arma contra la clase obrera, los trabajadores tenemos la obligación de establecer nuestra propia política para las elecciones; de lo contrario, se va a levantar otra vez el escollo de la demagogia de los políticos opositores. El centro de esa política electoral debe ser la unidad, por medio de la movilización, de la izquierda y del movimiento obrero combativo, para acabar con Menem y con su política. Contribuye a la movilización para potenciar la unidad contra el gobierno y los partidos patronales opositores, la realización de elecciones de la izquierda y del movimiento obrero combativo para organizar una lista común, precisamente, sobre la base de la voz y del voto de los trabajadores, de los activistas y de los militantes. Una elección de este tipo, preparada con debates, asambleas, conferencias, daría un gran impulso a la conciencia y organización revolucionarias.

Que el trabajo es la fuente de toda riqueza es algo tan cierto como que el trabajo asalariado es la fuente de la ganancia capitalista. Que el trabajo es una necesidad constante del género humano independientemente de cualquier forma de sociedad, es tan cierto como que el capital necesita de un batallón de desocupados para obligar a la baja de salarios y, por ende, a la elevación de la tasa de ganancia. Que el trabajador se sirve de la naturaleza para elaborar el producto necesario para desarrollarse y reproducirse es tan cierto como que el capitalista se apropia de ese producto para perpetuarse como parásito social. En momentos en que el capitalismo no puede, como régimen social, dar de comer a sus esclavos, satisfacer el derecho a trabajar ... a ser explotados, ciertamente este reclamo, tomado como cosa seria en estos momentos de crisis de sobreproducción y excedentes de mercancías y capitales, se transforma en una reivindicación revolucionaria. En la Argentina actual hay 4.000.000 de desocupados, si contamos como tales a los changarines. 12 millones si contamos a sus familias. Están condenados al paro forzoso, a la miseria social y al hambre. ¿Cuáles han sido las causas de semejante catástrofe social? Hasta 1985, la tasa de desempleo no superaba el 4%; entre 1985 y 1992, osciló entre el 6 y el 10%, para elevarse entre 1993 y 1994 a un máximo del 15%. La desocupación aumentó un 60% entre 1990 y 1994, al mismo tiempo que la productividad por obrero empleado creció un 38% (Libro Blanco del Empleo en Argentina, Ministerio de Trabajo). Un aumento tan marcado de la productividad obrera corresponde, en un 17%, al aumento de las horas trabajadas por obrero ocupado. El resto obedece al aumento de los ritmos de trabajo, a la introducción de mecanismos de ‘flexibilización’, a la eliminación de los puestos de trabajo. Entre el 91 y el 95, el salario real cayó un 18%. El salario diferido e indirecto sufrió una caída similar, como producto de la privatización de la jubilación y la eliminación progresiva de aportes patronales. La liquidación de las obras sociales, salud y educación, ley de accidentes de trabajo y la eliminación de las indemnizaciones por despido, he aquí las principales causas de la desocupación: aumento de la productividad del trabajo asalariado y la rebaja del salario. Este fue el objetivo declarado del ‘Plan Cavallo’, un plan de guerra contra las masas para crear mayores beneficios para los capitalistas, y éste es el objetivo que persiguen con la destrucción de los convenios colectivos y la ‘flexibilización laboral’, bajar aún más los llamados ‘costos laborales’. Esto provocará un colosal incremento del hambre y la miseria social. Por este motivo, no se puede abordar con seriedad el reclamo de trabajo, si junto con este reclamo no se levantan como reivindicaciones medidas que afecten las ganancias capitalistas, tales como un subsidio de 500 pesos a todo desocupado, por un plan de obras públicas financiado con un impuesto progresivo a la ganancia capitalista, un salario igual a la canasta familiar, desconocimiento y no pago de la deuda externa. Esto daría lugar a una efectiva recuperación económica, reactivaría el mercado interno y nos permitiría la vuelta al trabajo. Como vemos, el problema de la desocupación no se puede encarar desde un ángulo ‘económico’ y mucho menos abstracto, sino que el problema es ‘político’: la organización de los desocupados debe ser políticamente independiente de la burguesía, y su lucha debe consistir en quebrar la voluntad de los capitalistas y su Estado. Los PCs y compañía también vuelven al mono En oportunidad de la última movilización al municipio (ver PO nº 521), y aun antes, los PCs echegaraístas y Pre-Congreso (votó al Frepaso en Capital), junto con elementos ligados al PJ e independientes ex solanistas, desempolvaron la consigna de "trabajo digno", aunque sin precisar en qué consiste, ni cómo lo conseguiremos, si se asegura por anticipado de lavarse las manos, ya que como la gente es "atrasada", "no entiende", "no da", hay que tirar reclamos "posibles"(sic). Pero "trabajo digno" para Duhalde (gente de trabajo) son los PIT (programas intensivos de trabajo), que consisten en 6 hs. de trabajo comunitarios por 150 pesos mensuales, sin aportes jubilatorios ni salario familiar; tampoco obra social, sin organización gremial y por supuesto, sin indemnización y seguro de desempleo. Para Infanzón (intendente de Berazategui), "trabajo digno" es la bolsa de comida que reparte a cambio de 4 horas laboradas, o las cooperativas de trabajo que mandó a crear con sus punteros y que un sector ultraminoritario de la coordinadora ve con buenos ojos. El duhaldismo, aprovechando la gran masa de desocupados, se ha lanzado a un impresionante negociado que sólo favorece a los grandes bancos, que reciben créditos blandos (baja tasa de interés) de los bancos centrales. Los grandes bancos, a su vez, otorgan créditos a micro-emprendimientos y cooperativas (para la compra de máquinas textiles, etc.) a una tasa de interés del orden del 50% anual, cuando la tasa internacional es del 8%. Este fenomenal negociado es impulsado por la ONU, caballito de batalla del PC. Lógicamente, luego de rompernos el lomo produciendo y auto-explotándonos para abaratar el precio de las mercancías (alimentos, textiles, etc.), tendremos que entrar a competir con el mundo "de la aduana paralela" y los precios subsidiados de los capitanes de la industria y la patria exportadora. El reclamo de reactivación industrial con participación de trabajadores y desocupados es más de lo mismo: "Subsidios para los capitalistas, para los trabajadores mierda". La consigna de "trabajo digno" precede al marxismo y es más propio del mono. Los desocupados, lejos de "no entender" y "no dar", se han organizado en la Coordinadora: 1) Por haber pasado por la experiencia del duhaldismo, la burguesía, las Pymes, las cooperativas y los microemprendimientos, y 2) porque la Coordinadora es un canal de lucha contra la explotación capitalista. Los desocupados del PO y la UJS llamamos a defender el programa de la Coordinadora y nos comprometemos a ayudar a los trabajadores a superar los obstáculos que les impone la burguesía y sus agentes. En esta perspectiva: venga a las reuniones del PO.

Sobre el filo mismo del fin de año (el 30 por la noche), los trabajadores estatales y docentes de la provincia le infligieron una derrota política de magnitud al gobernador Sapag. Su movilización sostenida impuso que se archivara el proyecto de ley impulsado por el gobierno (y apoyado por los legisladores del PJ) para hacer ‘legal’ la rebaja de salarios. Así se ha anulado todo escollo legal para volver a cobrar el 40% de zona y toda una serie de bonificaciones anuladas por decretazos del gobernador. ¿Arde Neuquén? La victoria de los trabajadores estatales se produce en días en que en Neuquén está pasando ‘de todo’. Los pobladores de Las Lajas, descontentos con el cierre de la guarnición local del ejército (lo que significa la emigración de 1.200 personas de una comunidad de 4.000 habitantes), siguiendo los pasos del Cutralcazo, cortaron las rutas de acceso al norte neuquino y bloquearon las salidas del pueblo. Los habitantes de Bajada del Agrio también se sumaron con un corte de ruta. En tanto, los vecinos de Barrancas —otra pequeña localidad del norte neuquino— tomaron el municipio. La justicia acaba de dictar la absolución del resto de los compañeros perseguidos por la represión del 2 de octubre de 1995. En la zona de Aluminé, comunidades mapuches ocuparon su zona de ‘veranada’ y fueron desalojados, a pedido de ganaderos y beneficiarios del reparto especulativo de las tierras de Pulmarí, por unidades antimotines de la policía provincial y por gendarmería, apresando a varios de ellos y destruyendo sus viviendas. En Plottier, obreros de una obra tomaron por unas horas oficinas del municipio. La victoria de los estatales La declaración de inconstitucionalidad del artículo de la ley de remuneraciones que habilitó a Sapag a bajar los salarios, así como el pase a archivo del proyecto para rebajarlos por medio de una ley, son el producto directo de la movilización, los paros y la lucha de los trabajadores estatales. Un factor clave de la victoria fue la ocupación de la Legislatura por centenares de trabajadores. Así, obligaron a una reunión de comisiones que debieron sesionar en medio de una virtual asamblea popular, donde dirigentes sindicales y activistas participaron como un diputado más en las deliberaciones. El otro factor clave fue la masividad de los paros: escuelas, hospitales, el ISSN y las demás dependencias cumplieron masivamente las medidas de lucha, haciendo realidad el cántico de que "si no aflojan ya, la provincia les vamos a parar". Esta enorme movilización explica que muchos de los legisladores y bloques (‘blancos’ del MPN, radicales) que ahora rechazaron la ley antisalarial, votaron, poco tiempo atrás, antes de que se iniciara el plan de lucha, el presupuesto provincial que convalidaba la rebaja salarial. Los ‘opositores’ fueron, pura y simplemente, doblegados por la presión de la lucha. Esto está claro si se recuerda que, hace apenas un año, eran los ‘blancos’ del MPN —entonces en el gobierno— quienes aplicaban una política contra los trabajadores, y que en la vecina Río Negro fueron los radicales los que ‘recontra-rebajaron’ los salarios de los estatales. Un gobierno fusilado La flor y nata de la ‘patria contratista’, la Cámara Contratista de la Construcción, se había expedido en favor de la rebaja salarial con el extraño argumento de que "no haya sectores privilegiados". Esto lo dice una entidad entre cuyos asociados hay varios vaciadores del Banco Provincia: 70 millones de dólares nunca devueltos, que tuvimos que pagar todos los neuquinos, garantinzando un bono de ‘capitalización’ con los ingresos de las regalías. En la pelea entre los trabajadores y los capitalistas por ver quién se queda con 65 millones de pesos en 1997 (si van a los salarios o a los subsidios para la ’patria contratista’), somos los laburantes los que ganamos el primer round. Esto abre una crisis fenomenal de todo el régimen político provincial. A un año de haber asumido con el 60% de los votos, Sapag está tan empantanado como lo estaba Sobisch después de cuatro años de mandato. Lo que se viene Está claro que la victoria obtenida no significa que el gobierno se allane a devolver los salarios robados durante todo el 96 y que vuelva a pagar la zona y los adicionales a partir del 97. Habrá que continuar una nueva etapa de lucha para hacer efectivo lo que se conquistó, por ahora, en el plano político y legal. La lucha por hacer efectiva la devolución de lo ya robado y volver a cobrar con los plus y las bonificaciones está en pie, y aún debe darse, pero la derrota infligida al gobierno ha golpeado a todo el régimen político patronal, demostrando que el Cutralcazo abrió un camino que no se ha cerrado. La representación política de los patrones está en crisis, fracturada. Ocupar la Legislatura y los municipios, ‘tomar’ localidades ya son parte de la lucha cotidiana de los trabajadores.

La nueva convención colectiva de trabajo de la Unión Obreros y Empleados Plásticos que firmaron ‘nuestros’ ultramenemistas y burocráticos dirigentes para el ramo, es de lo más calamitoso y aberrante que se haya firmado en estos últimos tiempos después del convenio Fiat-Smata, y en lo que a éste se refiere no tendría nada que envidiarle, puesto que Smata lo firmó para Fiat solamente, usándolo como un convenio modelo para las demás empresas, y ‘nuestros compañeros’ lo firmaron para toda la industria plástica en general e, inclusive, agregándole un condimento muy especial, que es la famosa ley de Pymes, e incluso yendo mucho más lejos que ésta, pues la patética ley marca en su sección I: Definición de pequeña empresa. Art. 83: A los efectos de este capítulo, pequeña empresa es aquella que reúna las dos condiciones siguientes: A) Su plantel no supere los cuarenta (40) trabajadores. B) Tenga una facturación anual inferior a la cantidad que para cada actividad o sector fije la comisión especial de seguimiento del artículo 104 de esta ley. Mientras, la nueva convención colectiva de trabajo dice en su punto inicial: Considerando. Que las partes han acordado la aplicación de la convención colectiva de trabajo a las Pequeñas y Medianas Empresas, ampliando esta condición hasta las que ocupen 300 personas en relación de dependencia y cuya facturación anual no exceda cincuenta (50) millones de pesos. Es totalmente insólito e inconcebible, pues casi no existen empresas con más de 300 trabajadores y mucho menos que facturen más de 50 millones de pesos; por lo tanto, la mayoría de los trabajadores nos encuadramos en el presente convenio plástico, que es mucho más Pyme que la propia Pyme. Sabemos muy bien lo que esta nefasta ley significa para el trabajador y sus intereses: es el desconocimiento total a todos sus derechos, y como punto fundamental de dicha cuestión, se elimina la figura gremial del delegado, pues con esta ley no existe más, desmantelando toda organización sindical de base existente. La ley de Pymes significa, entre otras cosas, la eliminación de las jornadas de 8 horas; jornadas de trabajo extenuantes y sin límites de horarios; ritmos de producción infernales impuestas por las patronales; condiciones de trabajo infrahumanas y totalmente precarizadas, con un elevadísimo riesgo para la integridad psicofísica del trabajador; el pago fraccionado del aguinaldo (SAC); disponibilidad del tiempo y forma del período vacacional por parte del empleador (fin de temporada estival), de acuerdo a las necesidades productivas de las empresas —que otorgarán vacaciones a sus trabajadores cuando éstas crean y consideren necesario a sus intereses—; la descalificación del trabajador, desconociendo su categoría de convenio e implementando la polifuncionalidad como régimen de trabajo; se elimina el pago de la indemnización por despido, señalado en las últimas páginas del convenio plástico, más precisamente en el capítulo VII Régimen para pequeñas y medianas empresas (Pymes), Art. 50, que además, en su último párrafo, expresa: el régimen que antecede será aplicable exclusivamente al personal que se incorpore a las empresas con posterioridad a la homologación del presente convenio, y con relación a la indemnización por antigüedad, hasta que el trabajador compute tres (3) años de antigüedad en la empresa. O sea que mientras el trabajador no cumpla 3 años de vida en la empresa, seguirá atado a este régimen podrido. Todo esto y mucho más es lo que encierra esta siniestra ley de Pymes, que los dirigentes plásticos, como unos adelantados a la época, implementaron a la convención colectiva. De los diez puntos agregados o algunos modificados en el nuevo convenio, sólo uno nos favorece, los nueve restantes son totalmente desfavorables a nuestros intereses, pero hay uno muy particular al cual quiero referirme y hacer una mención ‘especial’, sin crear ningún tipo de ‘suspicacia’, que es el Art. 43: Contribución empresarial para el cumplimiento de planes de capacitación cultural, previsión y otros, en el cual se expresa: Los empleadores comprendidos dentro de las previsiones del presente convenio, deberán efectuar en forma mensual una contribución a la UOyEP, por cada trabajador comprendido en las disposiciones del presente convenio. El mismo será destinado por la entidad sindical para cumplimentar los propósitos y objetivos fundamentales consignados en el Art. 4º de sus estatutos sociales. Si por cualquier causa ajena a la voluntad de las partes fuera suspendida, o en su caso suprimida la negociación paritaria, el valor del aporte se incrementará en el mismo porcentaje en que por disposiciones del poder público se incrementen los salarios básicos de los convenios vigentes al momento de dicha eventual congelación. Las partes establecen que el monto mensual de esta contribución será el equivalente a doce (12) horas de la categoría Operador Calificado del presente convenio. En el anterior convenio, dicha contribución era de diez (10) horas de Operador Calificado. Como ustedes podrán apreciar, en este punto la dirigencia del gremio plástico puso su máximo esfuerzo y todo su esmero para conseguir su objetivo, cosa que no sucedió con los demás puntos, en los cuales nuestros intereses no fueron defendidos con el mismo criterio y se vieron enormemente perjudicados. Esto no da para más; de una vez por todas digamos basta, no va más, fuera la burocracia sindical traidora y corrupta de los gremios. No podemos permitir que sigan firmando convenios podridos y sigan aceptando leyes antiobreras impuestas por decretos o sancionadas por el Parlamento a pedido de una clase social capitalista superexplotadora y voraz, que privilegia sus ganancias por sobre todas las cosas y sumerge a la clase obrera cada vez más en la pobreza y la miseria totales. Difundamos y propongamos en todos los plenarios sindicales Paritarias Libres Ya, con delegados elegidos en asambleas y mandatados por ellas para discutir aumentos salariales, derogación y retiro de todas las leyes antiobreras que se encuentren en el Parlamento. Luchemos todos juntos por un congreso de base con delegados y activistas luchadores que elaboren un plan económico y político de los trabajadores.

El VIII Congreso Nacional del PO votó un conjunto de campañas políticas a la luz de los grandes cambios políticos en curso en el país: por un Congreso de bases de los trabajadores. por la realización de internas de la izquierda y el movimiento obrero combativo, para ir con listas únicas contra los candidatos y partidos burgueses a las elecciones del 97. por la preparación de un gran Congreso Nacional de Desocupados. por la renuncia de la burocracia del Smata Córdoba y por elecciones democráticas y el reconocimiento del plebiscito de los trabajadores de Cormec. por una Asamblea Popular Educativa en el Comahue en defensa de la Universidad. por el rechazo al preacuerdo antiobrero firmado por la burocracia del gremio telefónico y por una nueva dirección sindical. por el rechazo a la ‘desregulación’ de las Obras Sociales sindicales y contra la destrucción del PAMI. por una Central Unica de los Secundarios de Capital y Gran Buenos Aires. por el retiro de los proyectos antiobreros del parlamento y por un paro nacional de 48 horas. Todas estas campañas responden al método de dar una salida obrera a la crisis capitalista y a la necesidad que tienen los trabajadores de poner fin al menemismo. Todas son urgentes. Todas estas campañas son necesarias. Y a cada momento surgen nuevos objetivos y campañas, porque está en marcha un gran giro en la situación política nacional, y porque la clase obrera y la izquierda revolucionaria deben intervenir activamente en el mismo para forjar una salida obrera y socialista. Para todo esto, son necesarias las ideas, las iniciativas políticas y la disposición a la lucha. También los medios: los locales, los volantes, los afiches, los actos, los viajes, las conferencias. Es decir, la plata. Por eso, el PO lo invita a participar activamente en su Campaña Financiera. No sólo a aportar, sino a colaborar, pidiéndole un aporte a su compañero de trabajo, de estudio, vecino, pariente o amigo. Llévese un bono de la Campaña Financiera para usted y otros para sus relaciones. Entre todos, construiremos la herramienta política de los trabajadores.

El sábado 30 de noviembre se realizó una peña de la Lista Celeste del Pescado, con la participación de 150 compañeros del gremio, duplicando la peña de fin del 95. Contó con la participación de una gran mayoría de trabajadores de las cooperativas. Se destacó la actuación solidaria de un grupo folklórico integrado por compañeros de La Campagnola (la principal fábrica del gremio) y de la comparsa "Estrella de Mar", que con más de 40 integrantes crearon un impresionante clima de festejo popular. 1996 fue un año muy duro para todos los trabajadores del pescado, pero es muy importante destacar las causas de los éxitos de la Lista Celeste. Desde el año pasado nuestra agrupación ha crecido mucho en su influencia en el gremio, por haber jugado un papel destacado en las luchas: olla popular y piquetes para garantizar el paro general del 8 de agosto y el de 36 horas; también se destacó la lucha contra las coopetruchas y el trabajo en negro. También la agrupación cuenta hoy con mayor cantidad de militantes y de compañeros que pasan por el local. En la peña fue presentado el nuevo boletín Celeste, que lanza una campaña para el próximo período: luchar por las paritarias para arrancar el convenio único, por la efectivización de contratados y changas, por un aumento salarial con un básico de 4 pesos la hora para peones y envasadoras, por 0,25 el kg para fileteros, por el derecho a enfermarse, por la plena vigencia del día femenino y por el pago de la garantía a promedio. Frente a un año difícil, la Celeste marcó el camino de la lucha en el Puerto de Mar del Plata.

En la primera semana de campaña en nuestra regional, 50 compañeros ya comprometieron su aporte, mientras que otros quince ya aportaron casi 600 pesos. En muy pocos días, logramos comprometer a más de la mitad del padrón de anteriores campañas. La evolución de la campaña está directamente relacionada, a nuestro juicio, con las casi doscientas cincuenta suscripciones concretadas por la regional: con toda esa periferia, tenemos ahora una relación sistemática que viene dada por la llegada del periódico. En otras campañas financieras, a veces tropezábamos con el inconveniente de visitar a compañeros con quienes la relación política atravesaba ‘lagunas’. Ahora, ‘Prensa Obrera’ los atiende a todos: el aporte es la continuidad natural de esa presencia semanal o quincenal. Varios de los compañeros y simpatizantes que se encargan de la distribución en ciertas zonas están participando ahora de la batalla por el aporte, colocándoles el bono a los suscriptos. De esta manera, hay un mayor caudal de compañeros y simpatizantes que participan en la campaña financiera. La suscripción y el reparto del periódico nos permiten organizar con mayor facilidad jornadas y ‘recorridas’: "Aquí tenés el último periódico del año, y el bono de campaña financiera". El periódico, junto al bono, nos permitió comprometer a siete compañeros en una ‘recorida’ por el barrio de Dock Sud. Otro tanto sucedió en una jornada realizada en Pellerano (Lanús). La ‘recorrida’ animó a los compañeros a plantear el aporte aun más allá de los planes: comerciantes, afiliados al radicalismo; simpatizantes de la izquierda que tomaron con interés nuestro planteamiento electoral, están también entre los aportes ya comprometidos. En las primeras evaluaciones del Comité regional, pensábamos obtener aportes equivalentes al 40% de los suscriptos. Los resultados de estos primeros días revelan que nos quedamos cortos; completados los aportes más importantes —política y económicamente— del padrón, vale la pena llegar a todos los suscriptos; a los activistas que leen ‘Prensa Obrera’; a los compañeros de otras corrientes; a todos. En estas primeras recorridas con el bono, hemos comprobado, en definitiva, que en su trabajo sobre los suscriptos, ‘Prensa Obrera’ ha ido más lejos de lo que nosotros podíamos suponer.

Con la impunidad del que tiene a su favor la complicidad de sus ‘opositores’, el decano menemista de la Facultad de Medicina, Luis Ferreira, declaró abiertamente que el CPI funcionará como un filtro para el ingreso a la facultad (Clarín, 17/12). Con una ‘sinceridad’ que linda con la provocación, dijo en el mismo diario: "hay que hacer una selección franca, directa y de entrada". Con el CPI, Ferreira ha dejado afuera de la facultad a casi el 90 por ciento de los aspirantes: 1.735 alumnos sobre un total de 12.400 inscriptos (La Nación, 23/12). Los estudiantes que aprobaron los exámenes todavía tendrán que superar, sin embargo, la segunda parte del curso, antes de poder entrar a la Facultad de Medicina. Según denuncian los mismos alumnos, Ferreira y su tropa prepararon los exámenes con temas nunca vistos en las clases, con el único objetivo de proceder a una ‘limpieza’ general que imponga, en los hechos, el cupo de 700 alumnos que ya había declarado como el ‘ideal’ para su facultad. La impostura llegó a un punto tal, que 25 preguntas tuvieron que ser dejadas sin calificar; porque de lo contrario sólo habría aprobado el 1 por ciento de los postulantes! Por eso, hasta un funcionario de la Facultad de Medicina declaró que a Ferreira "se le fue la mano" (Clarín, 22/12). Por el lado de los ‘opositores’, Schuberoff, el rector de la UBA, luego de amenazar con intervenir la facultad si no se permitía el ingreso a los estudiantes del CBC y de declarar que el CPI no sería reconocido, llegó a un pacto secreto con Ferreira y la ministra de Educación, Decibe, para dejar todo en manos de la justicia... menemista. Apoyo oficial El gobierno menemista, a través de la ministra de educación, Decibe, declaró que la cantidad anual de ingresantes sería regulada en base a la capacidad de plazas en hospitales y clínicas para hacer la residencia (Clarín, 14/12). El anuncio se hizo luego de la reunión de la Asociación de Facultades de Ciencias Médicas (Afacimera) (ídem). Pero esto condenaría a varias facultades de Medicina del país a desaparecer, ya que según los datos del gobierno (Clarín, 14/12), las plazas para residencias anuales alcanzan a 1.500, mientras que el número de matriculados en las 15 facultades de Medicina del país supera los 65.000 mil alumnos (La Nación, 23/12). Este proyecto serviría para cerrar la crisis en torno al ingreso a Medicina en la UBA, ya que según afirmó Decibe, "lo hemos conversado con Schuberoff y el rector apoya la propuesta" (La Nación, 23/12). El argumento oficial es que Medicina es una ‘carrera de interés público’, lo que le autorizaría a fijar los contenidos de la carrera. Como ya se puede prever, lo mismo realizará luego con las carreras de Psicología, Ingeniería, etc. Dos pilares fundamentales del régimen menemista, como la privatización de la salud y la ‘reforma educativa’, se combinan acá en una sola política. Es que la cantidad de plazas hospitalarias para hacer la residencia no dependerá de las necesidades sanitarias de la población, sino del ritmo en que se desarrolle la privatización del hospital público, la denominada ‘desregulación’ de las obras sociales y la liquidación del PAMI. El ingreso a las facultades de Medicina en cualquier parte del país estará determinado, entonces, por las necesidades del lucro de los grandes monopolios capitalistas que manejarán la salud de los trabajadores. El limitacionismo, la privatización y la destrucción de la salud y la educación, se han transformado en ‘cuestiones de Estado’. Es necesaria una acción conjunta del movimiento estudiantil-docente, junto al conjunto de la población trabajadora, para quebrar la política oficial. Abajo el CPI de Medicina. Ingreso irrestricto a la facultad. Por un sistema único de salud y educación, bajo control de los trabajadores.

Mientras se anunciaba con bombos y platillos la inauguración de la planta de FIAT en Córdoba, en la planta ubicada en Berazategui se aplicaban suspensiones rotativas y se anunciaban "vacaciones anticipadas" para todo el personal. La planta de Berazategui pasó, a partir del 1º de julio, a manos de la firma DIASA, un convenio entre Fiat, con participación mayoritaria, y Macri, para continuar la producción de diversos modelos que ya están en el mercado (Fiat Uno, Duna, 147, etc.). Pero, a escasos meses del cambio de firma, la fábrica está parcialmente paralizada. Se ha frenado la producción del Fiat Uno; se dejó de fabricar el 147. Lo único que se mantiene es la producción del Duna. Cuando se empezó a acumular stock, el pulpo Fiat-Macri suspendió al personal un día a la semana; luego, éstas se hicieron más severas y prolongadas: de siete a diez días. Todo esto culmina con el anuncio de "vacaciones" desde el 20 de diciembre hasta el próximo 4 de enero. Circula el rumor de que parte del personal va a quedar en la calle; serían despedidos 400 contratados, sin contar a aquellos de las diversas empresas contratadas por DIASA. La ‘tercerización’ está muy desarrollada en la planta: hay 9 empresas encargadas de mantenimiento, de transporte de los autos, limpieza, etc., cuyo personal está fuera del convenio de la UOM. Fiat y Macri juntos ... contra la industria nacional La ‘salida’ que los italianos estarían pergeñando es concentrarse en "la importación del Tipo y el Tempra desde Brasil y la línea Alfa Romeo desde Italia" (Clarín, 20/12). A tal fin, se están construyendo playones especiales. El debut de Fiat está produciendo el desguace de la planta, suspensiones, amenaza de despidos masivos; en lugar de ‘inversiones’, desinversión e importaciones, y en lugar de "creación de empleos", cesantías. La "defensa de la industria nacional" que pregona Macri no ha sido un obstáculo para que se sume a la tentativa de armar ... una "importadora". Los obreros quieren saber En la fábrica reina una gran incertidumbre. La UOM no atina a dar una respuesta, ni siquiera informa. La ‘reorganización’ (léase despidos) vendría acompañada de una revisión de las condiciones salariales y de trabajo, encuadrando a la planta en los términos del convenio Fiat-Smata. Esto implicaría una fuerte reducción salarial. Las tratativas que viene realizando el ‘Barba’ Gutiérrez y la seccional Quilmes son totalmente desconocidas por los obreros de la fábrica. La UOM debe informar. ¡Basta de gestiones secretas!

El pasado sábado 21 de diciembre se realizó el Congreso de la Federación Universitaria de Buenos Aires. Se impidió cualquier tipo de deliberación, de modo que no hubo siquiera un pronunciamiento contra la ‘reforma’ de la UBA. De esta manera, el radicalismo universitario ha dado un paso más en el vaciamiento y burocratización de la federación. Lo que estaba planteado Sin embargo, este Congreso presentaba una realidad diferente. Después de más de una década, Franja Morada había perdido la mayoría absoluta, un cuarto de sus votos, como consecuencia de su apoyo a la ‘reforma’ de Menem-Schuberoff y el Banco Mundial. La Unión de Juventudes por el Socialismo repartió una declaración que llamaba a todas las agrupaciones del Frepaso y de la izquierda a constituir un frente para echar a Franja de la dirección de la FUBA y a votar un plan de lucha para derogar el proyecto de ‘reforma’ e impedir que ésta entre en marcha el año próximo en la Facultad de Económicas. Esta declaración produjo, de entrada, un gran impacto político y consiguió el apoyo de algunos sectores del Frepaso y de las agrupaciones de izquierda independientes. La presión llegó incluso a la misma Franja Morada, que vio por un momento la posibilidad de perder la conducción de la federación. En nuestra declaración llamábamos a que la primera tarea de esta alianza sería entablar una movilización conjunta para quebrar el brutal limitacionismo que el menemista Ferreira estableció en Medicina, dejando al 90 por ciento de los estudiantes afuera. A la vez, planteábamos que se debía convocar a un congreso extraordinario para el inicio de las clases para votar un plan de lucha contra la ‘reforma’ de Schuberoff. Pero la mayoría del Frepaso y el MNR (PSP) se negaron a realizar un frente con la izquierda. El MNR había apoyado, junto a la Franja, la ‘reforma’ en la Facultad de Económicas, que establece el acortamiento de las carreras a 4 años y los posgrados pagos obligatorios. La Franja, por su lado, pudo conseguir el quórum con el apoyo del menemismo y terminó montando una provocación contra las fuerzas opositoras, con barras bravas que agredieron con armas de fuego a los estudiantes presentes. Aunque el radicalismo pudo mantener la dirección, perdió dos miembros en la junta ejecutiva, lo que marca un nuevo retroceso.

Una marcha de ‘la Navidad Negra’, impulsada por ATE, congregó a unos 2.000 estatales de distintas reparticiones. Entre ellos, alrededor de 300 empleados del PAMI de riguroso negro, sumaban su reclamo contra los despidos que empezaron a producirse. Veinticinco despidos, la mayoría jerárquicos, es la primera estocada de prueba de Markovic. La movilización culminó en la Plaza de Mayo ante el Ministerio de Hacienda (?), con un ‘acto’ en el que no pudieron hablar los trabajadores de las reparticiones afectadas. De Gennaro denunció los despidos estatales y llamó a "meter la mano en el bolsillo de las grandes empresas", pero no propuso ninguna huelga de conjunto, cuando ya hay 900 despidos en ANSeS, empezaron en Fabricaciones Militares, Salud y PAMI, y existen listas de centenares más en otras reparticiones (Malbrán, Inti, Pami, INTA, Cenareso). El gobierno aprovecha la dispersión de la resistencia, para ir cortando a los estatales en rebanadas. Palacios también denunció los decretos gubernamentales, y dijo que eran necesarios más paros de 48 horas y por tiempo indeterminado, si fuera necesario. Pero fue una opinión personal, no un planteo de organización. La marcha significó marcar el paso en el mismo lugar. Fue una parte del ejercicio de ‘movilizaciones’, ‘papelazos’ y ‘misas’, que sustituyen la huelga. Por eso, el grado de movilización, por ejemplo del PAMI, ha ido disminuyendo. Se requiere una acción única de los sectores afectados, para votar el paro con ocupación general de reparticiones, hasta la reincorporación de los despedidos, ningún despido más, la derogación de los decretos de reforma II del Estado y echar a los funcionarios "liquidadores", como Markovic (PAMI y ANSeS) y sus consultoras.

Cuando el congreso estaba por finalizar, y restaba abrir la lista de oradores para que los delegados hagan sus mociones, la Franja Morada montó una provocación contra el conjunto de las agrupaciones opositoras. En un primer momento sacaron banderas, de otras agrupaciones presentes. Cuando estas agrupaciones exigieron la devolución de sus banderas fueron agredidos por matones pagos de la barra brava de River Plate. Estos agredieron a los estudiantes presentes con armas de fuego y armas blancas, dejando a más de 20 estudiantes heridos, los que fueron internados en el Hospital Fernández y el Rivadavia. Como acto de repudio, las agrupaciones opositoras a la Franja tomaron el local de la FUBA para denunciar el accionar criminal llevado a cabo por el radicalismo, con la única finalidad de imponer la política de Menem-Schuberoff y el Banco Mundial.

Los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial nos hemos puesto en movimiento nuevamente. Las movilizaciones del mes de agosto ya habían logrado reducir la lista de trabajadores que serían afectados con despido, por la implementación de la llamada II Reforma, del Estado de 130 agentes a 80. La lucha de agosto y las crisis en el seno del gobierno abrieron, por primera vez, una discusión entre la representación gremial y el Consejo Directivo del INTI. La caída de Cavallo inició la cuenta regresiva para la presidente Portnoy. Las divisiones en el seno del gobierno, también a nivel de las patronales representadas en el Consejo Directivo, y el reinicio (el 10/12) de la movilización, impidieron que la burocracia que conduce UPCN (Andrés Rodríguez-J.Tangari) se impusiera como representación del INTI. Cuando la Jefatura de Gabinete intimó a las autoridades del INTI a comunicar los despidos a los compañeros afectados, la CI obtuvo la postergación de esta decisión, para continuar la negociación hasta reducir la lista de despedidos a cero. En la Asamblea del día 13 se reunieron unos 230 compañeros, a pleno sol del mediodía, junto a los gremios que vinieron a adherir (UTI y ATE PAMI San Martín, ATE de Industria, Minería, INTA, INTI, Judiciales de PBA). Fueron particularmente muy sentidos los discursos a favor de la unidad de los delegados del INTI que vinieron especialmente de Mendoza (del CITEF) y de Córdoba (del CIMM), y el relato que la CI de Transportes del Oeste hizo de un nuevo triunfo de los compañeros de la línea 501 de colectivos de Moreno. La CI del INTI (UPCN) anunció la postergación de los despidos, y también una reducción de la lista a 47 cargos (de los cuales cerca de 20 son voluntarios y cargos políticos). La Asamblea, realizada ante los medios de prensa, votó una nueva movilización, que concluyó con gran combatividad frente a la Gerencia General del Instituto. La CI hizo un especial llamado a continuar esta acción, hacia el objetivo de ¡¡ningún despido!! La Asamblea del 13/12 repudió la decisión gubernamental de postergar el pago del medio aguinaldo para los sueldos mayores a 800 pesos. ¡De allí el reclamo a las autoridades para que abonen en fecha. Fue una Navidad particular ésta del 96, porque por primera vez, las autoridades postergaron el pago del medio aguinaldo, pero arrancamos que todos los compañeros pudieran cobrarlo total o parcialmente entre el 27 y el 30 de diciembre, a pesar del decreto menemista. La movilización del lunes 23/12, convocada por ATE-CTA y el MTA contra la reforma II y los recientes decretos flexibilizadores, no concitó mayor adhesión; sí el paro general del 26 (votado unánimemente en una reducida Asamblea), a pesar de la actitud carnera de la directiva de UPCN (que públicamente militó contra la medida) ... por lo que el jueves 26/12, ¡¡al INTI no vino nadie!! Como enfrentamos los despidos En el INTI ha asumido un nuevo presidente, del riñón de Duhalde, y ante él deberemos continuar la movilización contra los despidos. La experiencia nos ha demostrado que cuando los trabajadores nos movilizamos y organizamos antes de los hechos consumados, estamos en mejores condiciones para imponer nuestros reclamos.

La concepción marxista del Estado 1- Qué es el Estado. 2- Estado burgués. Imperialismo y democracia burguesa 3- Las formas del Estado burgués. 4- Revolución proletaria y Estado Obrero. 5- La experiencia de la Revolución Rusa. 6- La izquierda democratizante y la cuestión del Estado. La concepción marxista del Estado 1- Qué es el Estado. 2- Estado burgués. Imperialismo y democracia burguesa. 3- Las formas del Estado burgués. 4- Revolución proletaria y Estado Obrero. 5- La experiencia de la Revolución Rusa. 6- La izquierda democratizante y la cuestión del Estado.