Prensa Obrera N° 521

En menos de seis meses, el gobierno derechista de Netanyahu ha convertido en un cadáver el ‘proceso de paz’ trabajosamente armado por el imperialismo norteamericano en Medio Oriente. Rompió las ‘negociaciones de paz’ con Siria, suspendió el retiro israelí de Hebrón, expandió los asentamientos sionistas en Gaza y Cisjordania, declaró, finalmente, que el destino final de la Autoridad Palestina es convertirse en una suerte de Andorra o Puerto Rico –‘estados’ con policía pero sin ejército; con bandera, fronteras y gobierno propio pero sin soberanía– ... o quizás, en algo menos. Un polvorín Esta política convirtió al Medio Oriente en un polvorín. “En el norte –advierte The Guardian Weekly (17/11)– soplan vientos de guerra”: la frontera entre Israel y Siria se halla cada vez más ‘caliente’, con maniobras y movimientos de tropas de ambos lados, amenazas de ataques con misiles a las ciudades y repentinas alertas de combates aéreos. “La posibilidad de una nueva guerra (con Siria) se discute abiertamente en los medios” (Le Monde, 18/10). Incluso, entre los estados árabes que han establecido relaciones con Israel –como Egipto y Jordania– reina una sensación, en las palabras del presidente egipcio Mubarak, de “sospecha y desconfianza” (Financial Times, 15/11). El egipcio advierte que “aunque incluso Arafat aceptara (los términos de Israel), el pueblo no los aceptará” (ídem). Pero esta política ha agudizado la crisis del propio régimen sionista, al punto que The Guardian Weekly (17/11) no duda en definir a Israel como “un país al borde de la guerra civil”. En el primer plano se destaca el enfrentamiento entre el gobierno derechista y el alto mando militar. “Las relaciones entre el gobierno y el ejército –afirma el profesor Zeev Maoz, director del Centro Jaffee, el más célebre instituto privado de estudios e investigaciones estratégicas– están marcadas por la sospecha, la desconfianza y la ausencia de respeto mutuo. La situación es muy seria” (Le Monde, 18/10). Para el jefe del Estado Mayor del Ejército, general Amnon Shahak, “el ejército se ha convertido en el ‘puching-ball’ de los políticos (oficialistas)” (The Guardian Weekly, 17/11). Un ejemplo de la situación creada es que los informes del Ejército y el servicio secreto (Shin Beth), que desaconsejaban la apertura del túnel a través de los lugares sagrados árabes de Jerusalén –que terminó provocando el levantamiento palestino de octubre–, fueron desconocidos por el gobierno. Otro ejemplo: mientras Netanyahu intenta imponer la partición de Hebrón para mantener allí los asentamientos sionistas, el ejército plantea la completa retirada de los colonos (Le Monde, 12/11). Los derechistas recelan del hecho de que “los mayores jefes del ejército, el Shin-Beth y la Mossad participaron de las negociaciones secretas que precedieron a los acuerdos palestino-israelíes de Oslo, El Cairo y Taba, sin hablar de las negociaciones con Siria” (Le Monde, 18/10). El alto mando israelí —según The Guardian Weekly (17/11)— “busca un acuerdo más que su gobierno. Shahak y su ‘staff’ saben, como sabía Rabin, que el cáncer de la ocupación se está comiendo su propia sociedad, que la caza de niños palestinos a través de las aldeas de Nablus y Gaza está desgastando la motivación de los conscriptos israelíes”. Son miles los soldados y oficiales de la reserva que se niegan a servir en los territorios ocupados e incluso se han agrupado en una organización. A mediados de octubre publicaron una solicitada que terminaba con una velada amenaza: “en base a los últimos acontecimientos ocurridos, se diluyó toda nuestra motivación para la pelea, y sin ella no sabemos cómo se podrá participar en la guerra que desgraciadamente se cierne sobre nosotros” (Brecha, 18/10). El alto mando ha manifestado sus dificultades para movilizar a la reserva y su temor a que “el ejército se llene de jóvenes religiosos, más obedientes a las órdenes de su rabino que de su comandante” (The Guardian Weekly, 17/11). Golpes, guerras Todo esto ha llevado a que se debata públicamente la posibilidad de un golpe de Estado (Le Monde, 18/10). Y a que incluso se llegue a plantear que una corta guerra con Siria –que además de “movilizar las energías internacionales para salvar el proceso de paz” (ídem), provoque la caída del gobierno– es bien vista por un sector del alto mando. Nuestros lectores recordarán que, apenas asumió el gobierno derechista, planteamos que “si como teme la prensa mundial, la política derechista provoca el relanzamiento de la intifada, entonces los días de Netanyahu estarán contados: los militares que lo llevaron al poder provocarán su caída” (Prensa Obrera nº 497, 6/6). Además del ejército, está la frontal oposición de la gran burguesía israelí, firme partidaria del ‘proceso de paz’. Las grandes patronales israelíes, que antes de las elecciones dieron el paso sin precedentes de llamar a votar contra Netanyahu, acaban de formar, junto con las grandes patronales egipcias, un ‘Consejo empresario’ común. “La decisión de las grandes corporaciones israelíes de unir sus fuerzas con sus pares de un país árabe importante marca una etapa más afirmativa en su presión por la paz” (Financial Times, 14/11). El nacimiento del ‘Consejo Empresario egipcio-israelí’ fue saludado con un “ustedes son el electorado de la paz” (ídem), por el canciller norteamericano Christopher. Desde los ‘acuerdos de Oslo’, los grandes grupos capitalistas israelíes duplicaron sus exportaciones y sextuplicaron las inversiones externas... un proceso que se quebró abruptamente con el ascenso de los derechistas. A los capitalistas israelíes, la ‘paz’ les permitirá ‘tercerizar’ o ‘subcontratar’ parte de su producción en los países árabes, donde el ‘costo laboral’ es sensiblemente inferior al israelí. Las principales empresas textiles –una de las ramas más importantes en Israel– ya han comenzado a ‘subcontratar’ en Jordania y en Egipto, y uno de sus directores ve así el futuro: “la mayor parte de las tareas trabajo-intensivas se harán fuera de Israel, y las compañías en Israel se limitarán a la hilandería y tejeduría” (Financial Times, 14/11). Todo esto, claro, si el ‘proceso de paz’ no se hunde definitivamente. A todo esto hay que sumarles las fracturas del propio oficialismo. El ministro de Infraestructura, el ultra-derechista Ariel Sharon, y los dirigentes de los partidos religiosos que integran la coalición gubernamental, denunciaron que están siendo excluidos de las negociaciones sobre Hebrón, cuyos términos dicen desconocer. Un retiro, incluso parcial y limitado, de Hebrón, podría llevar a la fractura de la coalición derechista. ¿Unidad nacional? Los colonos ultraderechistas de Hebrón ya amenazaron de muerte al primer ministro si retira las tropas de la ciudad. El reforzamiento de la guardia personal de Netanyahu y la detención de algunos de los dirigentes de los colonos, revelan que estas amenazas son tomadas en serio. No deja de ser una paradoja que el derechista que montó la campaña política que llevó al asesinato del ‘traidor’ Rabin pueda caer, él también, víctima de un atentado de la ultraderecha. El gobierno enfrenta otra grave crisis en la cuestión presupuestaria: “Con la oposición laborista garantizada, Netanyahu no tiene los votos necesarios para hacer aprobar el presupuesto” (Jerusalem Post, 22/11), lo que llevaría a la caída del gobierno y a la convocatoria de elecciones anticipadas. Decíamos en Prensa Obrera, poco después de la asunción de Netanyahu, que como consecuencia de la fractura del ‘establishment’ sionista, de la presión del imperialismo y de las contradicciones de la coalición derechista, el gobierno de Netanyahu marcharía “a una crisis política a corto plazo e, incluso, a la disolución del parlamento y a la convocatoria a nuevas elecciones” (Prensa Obrera nº 497, 6/6). Exactamente, es la posibilidad que se plantea. En estas condiciones de crisis surgen, nuevamente, las versiones de un ‘gobierno de unidad nacional’ con el laborismo (Jerusalem Post, 22/11). Pero esta ‘unidad’ tendría, como consecuencia, la fractura no solo del partido del gobierno —el Likud—, sino hasta de sus opositores. Sucede que en el laborismo, el ala encabezada por el ex ministro —y ex militar— Ehud Barak plantea que sólo una nueva coalición, no Netanyahu, podría llegar a un acuerdo con los sirios y los palestinos y, por sobre todo, derrotar a la ultraderecha y a los colonos. La crisis del régimen sionista es tal que hay quien sostiene que “los israelíes deben ser salvados de sí mismos” (The Guardian Weekly, 17/11). ¿Quién los salvará? Un alto dirigente de uno de los ‘centros académicos’ que asesoran habitualmente a la diplomacia norteamericana –Henry Siegman, del Council of Foreign Relations–, escribe que “La iniciativa del salvataje no vendrá de Washington. Esta administración no se ve rescatando a un gobierno israelí de sus propias políticas ... Una suspensión de la sentencia, si todavía es posible, vendrá de los propios ciudadanos de Israel. Sólo ellos pueden recapturar un futuro que se les ha robado en tres cortos meses” (International Herald Tribune, 17/10). En otras palabras, el imperialismo llama a voltear a Netanyahu.

Desmintiendo a quienes decían que el Iº “Encuentro de directivos, delegados y activistas por la reconstrucción de AMSAFE” se agotaba en quince días, seguimos avanzando, y el II Encuentro ha fortalecido nuestra organización. Lejos de agotarse, nuestra política va sumando compañeros activistas, que ven como única salida llevar adelante un programa propio de la base para reconstruir AMSAFE. El II Encuentro se hizo en la EEM 218 de Maciel (departamento San Gerónimo) el sábado 23. Tomando como base el boletín realizado por la mesa coordinadora del I Encuentro, trabajamos en comisiones: -CBC y proyectos institucionales. Documento base: postura de la Comisión Directiva de San Lorenzo con respecto a las jornadas de análisis realizadas en las escuelas. -Media y Técnica (polimodales). Documento base: posición de la Comisión Directiva de San Lorenzo con respecto a los módulos ministeriales. -Propuestas. Documento base: Boletín del 1er Encuentro. Se integraron compañeros a la mesa coordinadora, que tiene como objetivo inmediato largar el Boletín con los despachos de las Comisiones y con las modificaciones al primer boletín, y la realización de un Encuentro al iniciar el próximo año. Nuestra política va llegando y siendo debatida en otros departamentos y, lo que es muy importante, se van anudando acuerdos con compañeros que demostraron interés por llevar materiales y continuar trabajando para que “El Congreso Provincial de Delegados de Escuela” sea el canal de lucha y organización de la docencia santafesina.

En la última semana, los medios de comunicación de Córdoba se hicieron eco del premio otorgado al frigorífico Estancias del Sur por el volumen de su exportación. Lo que ningún medio reflejó, obviamente, son las condiciones laborales de Estancias del Sur. Esta empresa es un verdadero laboratorio de las más variadas formas de flexibilidad laboral: salarios que en un 50 ó 60% están compuestos por premio, que para obtenerlo obliga a los trabajadores a faenar 850 o 1.000 animales por turno; esto implica ritmos de producción extenuantes; jornadas de 9 horas, con temperaturas inferiores a los 9° C; hay, además, trabajadores contratados a través de una cooperativa que se dedican a las tareas de limpieza, con sueldos inferiores y contratos precarios que no contemplan premios. Al igual que el resto de los trabajadores de este frigorífico, el personal de la cooperativa está sujeto a la polivalencia. Estancias del Sur no se priva de nada: a través del Proyecto Joven, emplea trabajadores que no reciben cobertura de salud, aporte jubilatorio, ni nada que se le parezca, por 1 peso la hora; es decir, la virtual contratación en negro para acentuar la explotación de la juventud acuciada por el desempleo. Es evidente que el objetivo es promover la reducción salarial dentro del frigorífico, por medio de la introducción de modalidades precarias de contratación (contratos individuales, etc.). Esto plantea la necesidad de un reagrupamiento de los trabajadores del frigorífico en contra de todas las medidas flexibilizadoras y las contrataciones negreras. • Reducción de la jornada laboral a 6 horas, por trabajo insalubre. • Iguales derechos para todos los trabajadores del frigorífico, que permitan la unión de los mismos por mejoras en las condiciones laborales. • Incorporación al básico de los premios, salario mínimo igual a la canasta familiar.

Menem ha urdido con Duhalde y con la burocracia de la CGT una pérfida maniobra, que consiste en hacer creer que se posterga la eliminación de las indemnizaciones por despido, que se da marcha atrás en la eliminación de los convenios colectivos de trabajo por industria y que se devuelve el Pami a los jubilados. Es una burda mentira. La ‘emergencia ocupacional’ que los legisladores de Duhalde hicieron aprobar en comisión, generaliza el contrato laboral precario, que exime a las patronales de cumplir con los salarios y categorías de convenio, de pagar indemnizaciones y de aportar por jubilaciones y Pami. Por cuerda separada, la burocracia de la CGT y Caro Figueroa se están poniendo de acuerdo en el establecimiento de los convenios por empresa e individuales, a cargo de esa burocracia, sin intervención de los delegados de fábrica. En relación al Pami, sigue en marcha la provincialización, sigue en marcha la reducción de la cápita por afiliado y sigue en marcha la liquidación del Pami. Menem quiere la ‘normalización’ del Pami, sustituto del actual, donde podrá contar igualmente con mayoría oficial en la dirección y con la facultad para designar a los representantes de la CGT y de los centros de jubilados. Menem se guarda en el bolsillo, y Duhalde lo sabe, la facultad para vetar en forma parcial cualquier ley que salga, lo que le permitiría incluso desconocer sus propios compromisos, como ya ocurrió con la jubilación privada del Banco Nación y otros casos. Duhalde, los legisladores, los opositores, la CGT y la CTA se están valiendo de este engaño para desmovilizar al pueblo en vísperas de fin de año. El PARTIDO OBRERO denuncia la trampa. El PO llama a luchar por el retiro de las leyes anti-obreras del Congreso y por una dirección obrera y de los jubilados del Pami, electa por la base.

Durante tres jornadas, los docentes de cada nivel (inicial, media, técnica y primaria) se dedicaron al estudio de los CBC (contenidos básicos comunes) que el Ministerio provincial copió de los nacionales, fingiendo dar ‘participación’ en la reforma educativa. Lo que al Banco Mundial y a sus tecnócratas les llevó meses ‘fabricar’, se quiso que los docentes lo aprobaran en tres jornadas obligatorias. La respuesta fue clara y contundente: la docencia rechazó los contenidos casi en forma unánime. Se objetó no sólo el método —pretender la aprobación de un mamotreto en tiempo récord—, sino el carácter acientífico de los CBC, que plantean ideas gramaticales y matemáticas que superan la capacidad de asimilación de los alumnos. Se rechazó masivamente la destrucción del jardín como unidad pedagógica, el pretendido acople entre inicial y primaria, la destrucción de los títulos docentes y el desmantelamiento de la escuela secundaria. Más que nunca es necesaria la organización independiente de los trabajadores de la educación, para arribar a un plenario de delegados de escuela que determine un plan de lucha por todas las reivindicaciones planteadas, encabezadas por el reclamo de los 700 de básico —incorporación del presentismo—, ninguna fusión o cierre de grado, garantizar la oferta educativa de acuerdo a los niños en edad escolar y no a los ‘inscriptos’, defensa de los títulos docentes y estudiantiles.

El viernes 22 de noviembre se llevó a cabo una movilización convocada por la Coordinadora de Desocupados de Berazategui y el Movimiento de Desocupados del mismo distrito. Participaron compañeros de los barrios 1º de Mayo, Argentina, San Mauro, Güemes, El Vidrio, San José, Kennedy y otros, quienes sumaron 120 participantes. El propósito de la movilización era reclamar al Concejo Deliberante el tratamiento sobre tablas del proyecto de ordenanza votado por asambleas de la Coordinadora, cuyas reivindicaciones más importantes son 500 pesos de subsidio a todo desocupado mayor de 16 años, eximición del pago de tasas municipales, eximición del pago de luz y gas; y cese del corte de servicios, entre otras. Una delegación fue recibida por el subsecretario de gobierno municipal, Roldán, quien fue rechazando una a una las reivindicaciones señaladas, alegando falta de dinero en la comuna, o de que las empresas de gas y luz están privatizadas. Un compañero de la delegación le señaló que había millones para subsidiar a los capitalistas, hecho que fue reconocido por el funcionario, agregando que “Estos no fueron usados para crear fuentes de trabajo, pero sí para fugarlos al exterior”. Entretanto, llegaban micros con punteros y manzaneras de Mussi e Infanzón (ex intendente y ministro de salud de la provincia, y actual intendente, respectivamente), de la LIPEBO (quienes ‘curran’ con las dádivas de los planes ASOMA y VIDA, extorsionando a algunos desocupados), quienes montaron amenazas y provocaciones contra los compañeros desocupados, siendo rechazados por éstos. La conclusión es clara: hay dinero para los capitalistas y no para los desocupados; hay rechazo a los reclamos de los desocupados y amenazas de agresiones contra ellos. Esto nos indica que es imprescindible redoblar la movilización contra un régimen político y social que ha manifestado, con toda claridad, a qué intereses representa (Edesur, Metrogas y a los capitalistas de conjunto). La tarea inmediata es retomar la realización de ollas populares los lunes y los viernes, llamar a asambleas en todos los barrios para ratificar el proyecto de ordenanza y organizar una marcha más masiva aún al Concejo Deliberante para fines de diciembre, llamando a participar a los centros de estudiantes, a los cuerpos de delegados, a los sindicatos, para que se sumen a este reclamo activamente. Todo indica, a juzgar por el ánimo de lucha que existía al término de la movilización, que los desocupados estamos en condiciones de hacerlo. Por último, una reflexión: si los millones de dólares de subsidios al capital fueran a parar a los desocupados, esto daría lugar a una efectiva recuperación económica, en la medida que reactivaría el mercado interno y abriría fuentes de ocupación, del mismo modo que un aumento masivo de salarios. El reconocimiento del funcionario municipal revela lo irracional del régimen capitalista. Esto muestra con mayor fuerza la necesidad de mantener ese reclamo y organizarse para arrancarlo. ¡Adelante desocupados!

Luego del alegato del fiscal, la semana pasada, desincriminando a Panario, Christiansen y Estrada de la comisión del delito de ‘coacción agravada’, los jueces de la Cámara Penal encargada del juicio oral y público no tenían más remedio que dictar la absolución. El propio fiscal no había tenido tampoco otra opción, luego de que el principal testigo de la acusación, el ex ministro Jorge Sapag, declarara que nunca había sido coaccionado o amenazado por los manifestantes que, el 2 de octubre de 1995, habían ido a la casa de gobierno de Neuquén a reclamar el pago del seguro al desocupado. Los jueces, sin embargo, justificaron de distintas maneras la larga detención de los compañeros y la negligencia del juez de instrucción para activar las declaraciones que, a la postre, determinarían la desincriminación. El juez Roberto Fernández sostuvo que los propios testigos que desincriminaban a los acusados habían sido los responsables de “darle forma a la acusación”. Se refería a los ex ministros Sapag y Lara, y al ex fiscal Angiorama. Al magistrado no se le ocurrió que, en tal caso, es su deber someter a juicio a estos funcionarios por radicar acusaciones falsas y ejercer el terrorismo político e ideológico contra los militantes en cuestión. Los fundamentos de los tres jueces de la Cámara están destinados, no a explicar la absolución de los acusados, sino a defender a sus acusadores y a acusarlos de nuevo, esta vez por no defender el “mantenimiento del orden público”. Defender este orden, dijo uno de los jueces, es la responsabilidad de los dirigentes. Como guardián del Estado, y no como defensor de los derechos de los ciudadanos, el juez quiere convertir a los militantes en policías de sus propias bases. Las irregularidades y arbitrariedades cometidas por los funcionarios que acusaron a los compañeros y por el juez de instrucción, justifica que se los someta a juicio y que vayan presos. Es lo que reclamaron los compañeros que colmaron la última audiencia del Tribunal: “A los compañeros la libertad, a los represores la cárcel ya”.

La pérdida de horas cátedra, como fruto de la aplicación de la ‘reforma educativa’, dio lugar a la ocupación de la Escuela Técnica 6 de Quilmes, el jueves 21 de noviembre. Los docentes resistieron las presiones del inspector de la rama, quien, sin embargo, tuvo que ceder (aunque de palabra) anulando los actos de reubicación de los profesores que perdían horas. Prometió que dicha resolución iba a ser consensuada por fax por el director de la Rama Técnica. El viernes 22 de noviembre, como culminación (por ahora) de la lucha emprendida, 200 docentes y alumnos cortaron la avenida Calchaquí. Los docentes de la Técnica N° 6 reclaman que se ubique a cada uno de los que pierden horas, sin ninguna pérdida de las mismas, en cursos de 2°, 3°, 4° y 5° año, ya que la pérdida de horas obedece a la sustitución del 1er. año de la escuela media por el 8° año de la EGB. Aunque se ha conseguido un triunfo, éste está atado con alfileres, en la medida en que el compromiso es sólo verbal y siguen vigentes las resoluciones 3708, 3709 y 5686 de la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Los docentes de la Técnica están alertas ante cualquier maniobra. Se hace necesario, ahora, coordinar con otras tres escuelas y reclamar al Suteba un inmediato paro provincial hasta la anulación de las resoluciones. Adelante, docentes y estudiantes de la Técnica 6.

El sábado 23 se realizó, en San Miguel, el Congreso de la zona Norte, del cual participaron más de 90 compañeros, la mayoría de ellos trabajadores y jóvenes que no pertenecen aún al Partido Obrero. Fue una jornada de deliberación política de altísimo vuelo, de la cual emergieron resoluciones y actividades claves para nuestra militancia futura. Del encuentro fueron parte trabajadores plásticos de diversas empresas, activistas y delegados metalúrgicos, obreros gráficos de Atlántida y de diversos talleres de la regional, compañeros activistas y delegados del gremio de Camioneros de San Miguel —a cara de perro enfrentados con la burocracia de Moyano—, docentes de diversos distritos de la zona Norte, presidentes de centros de estudiantes de numerosos colegios, luchadores estudiantiles del CBC de Martínez, miembros de comisiones internas del Vidrio, trabajadores de la salud. El congreso abordó el análisis de la situación política, vinculado a las necesidades de lucha de las masas. En tres comisiones se elaboraron y produjeron las resoluciones que se desprendían de la discusión política previa; luego se votaron en reunión plenaria y finalmente se procedió a la elección de los delegados para el congreso nacional. Muchos compañeros, que participaban por primera vez de una discusión de esta naturaleza, se sorprendieron de nuestros análisis y de nuestros métodos para debatir y resolver las cosas. Pero si algunos trabajadores y jóvenes se asombraron positivamente con su experiencia con el PO, todos los compañeros del Partido Obrero y de la UJS nos maravillamos por la contundencia, claridad y precisión de los invitados que, ya desde el debate, tomaron al congreso regional en sus manos. Ningún aspecto se dejó de lado; se puso en consideración cómo avanzar en la constitución de una coordinadora de trabajadores en la zona; cómo intervenir alrededor de la lucha contra la reforma educativa; el cuadro político general, la crítica de las posiciones de la izquierda, la necesidad de unir a los trabajadores en un importante partido obrero. La iniciativa de realizar este congreso regional se demostró justa. Dejó en claro que, están planteadas las tareas que en todas las empresas y en todas las fábricas, en todos los colegios y en todas las universidades, dependían de la política de los que allí nos encontrábamos. El congreso regional mostró, a los presentes, sin presiones forzadas, el papel imprescindible del Partido Obrero en la lucha permanente por la elevación de la clase obrera a condición de clase revolucionaria.

PO: Haceme un somero balance de este juicio. Panario: La justicia y el gobierno tuvieron que darnos la libertad no porque hayan querido ‘hacer justicia’, sino porque la campaña de todos ustedes, la solidaridad obrera en todo el país, e incluso en otros países, obligó a que nos absolvieran. Es un triunfo. La libertad nos la dio la clase obrera en su conjunto. PO: ¿Cómo sigue esta lucha? Panario: Aún no termina. Sigue el compromiso para que cesen las persecuciones al resto de los compañeros perseguidos, exigiendo al juez Abelleira que también los absuelva a todos. Christiansen: Esta absolución es un triunfo del movimiento obrero, es un triunfo de todos los partidos de izquierda. También ayudó el cambio de situación política a partir de las últimas grandes luchas como los paros y movilizaciones; esta absolución se relaciona con la obtenida también por el compañero Brodsky. Por este camino tenemos que conseguir la libertad de Oscar Martínez, así como el cese de las persecuciones a Etchebaster, Barriga, Sandoval y Chiguay, y para todos los juicios a luchadores a lo largo y ancho del país. Menem se guarda en el bolsillo, y Duhalde lo sabe, la facultad para vetar en forma parcial cualquier ley que salga, lo que le permitiría incluso desconocer sus propios compromisos, como ya ocurrió con la jubilación privada del Banco Nación y otros casos. Duhalde, los legisladores, los opositores, la CGT y la CTA se están valiendo de este engaño para desmovilizar al pueblo en vísperas de fin de año. El PARTIDO OBRERO denuncia la trampa. El PO llama a luchar por el retiro de las leyes anti-obreras del Congreso y por una dirección obrera y de los jubilados del Pami, electa por la base.

El Congreso de la Conadu realizado el 15 y 16 de noviembre en Posadas marcó un salto en el proceso de burocratización del gremio. Por primera vez en la historia de esta organización, surgida al calor de un proceso huelguístico hace una década, sólo se convocó al congreso ordinario, para el tratamiento de la Memoria, el Balance y la renovación de la Mesa Ejecutiva. El Congreso se realizó en un hotel de las afueras de Posadas, con los lujos propios de una burocracia y bien lejos de las dependencias de la universidad local. Las provocaciones contra los delegados de la oposición (Frente Gremial Docente y Lista Marrón) comenzaron cuando encontraron que para ellos no había reservas en el hotel, aun cuando en algunos casos compartían delegaciones con delegados oficialistas, para quienes sí había lugar, y debieron alojarse en la ciudad de Posadas, pagando una tarifa mucho más alta. Pero continuaron con las chicanas de la mayoría de la Comisión de Poderes, que desconoció la delegación de Aduba y luego, en el propio Congreso, que revocó a dos integrantes de la delegación de Córdoba para integrar en ella a delegados oficialistas. Finalmente, el bochorno continuó con una presidencia del congreso que inventó la moción de cierre de lista de oradores sin debate, es decir, sin que hablen los anotados ni antes ni después de la votación. En estas condiciones, y a pesar haber proscripto a ocho delegados opositores y haber agregado dos oficialistas, votaron por la aprobación de la Memoria solamente el 60% de los delegados y por el balance 64%. De haberse respetado las delegaciones enviadas por las asociaciones de base de Buenos Aires y Córdoba, el resultado hubiera sido aún más bochornoso para el oficialismo, al quedar en evidencia el repudio a su política, a pesar de la deformación de la representación y del carácter indirecto del voto. El resultado en la elección de Mesa Ejecutiva fue: oficialismo 56 (54) votos; Frente Gremial Docente 19 (24) votos; lista Marrón 17 (20) votos. (Los números entre paréntesis muestran cuál hubiera sido el resultado si se reconocían las delegaciones legítimas de Buenos Aires y Córdoba). El oficialismo se alzó con seis de los ocho cargos de la Mesa Ejecutiva (dos por ser la primera mayoría, y otros tres por el reparto proporcional). El Frente Gremial Docente, la agrupación en la que militan los docentes del PO, incorporó a la Mesa Ejecutiva a Graciela Molle, como titular, y María Teresa Basilio, como suplente, a cargo de la Secretaría de Organización. Pero el dato político más importante sobre la nueva conducción es que la Corriente Gremial Universitaria, rejunte de menemistas, mestristas, midistas y centroizquierdistas del CTA, incorporó a la Mesa al menemista Aníbal Velázquez, que figuraba último en su lista. Velázquez, ex secretario general de la Conadu hasta el ‘92, es, desde entonces asesor del gobernador de Misiones, el menemista Puerta, y en su provincia inaugura casillas de peaje en su carácter de director Provincial de Vialidad. La oposición, que llegó dividida al Congreso, por la negativa del PTP (que orienta la Lista Marrón) a constituir una lista unitaria de recuperación gremial, se reunió en el Congreso para reclamar un Congreso Extraordinario y convocar a un plenario nacional para “discutir los graves problemas de los docentes de las Universidades e impulsar en Conadu un plan de lucha nacional”.

“Quiero aquí denunciar las trampas de Moyano, poner de manifiesto las mentiras que dijo ayer, al inaugurar una nueva sede del gremio en San Miguel. El le decía a ‘su gente’, contratada, porque los trabajadores ya ni van, que no iba a entregar los convenios ni las conquistas, ni dejar pasar la ‘tercerización’, defender la obra social. “Mentira. Porque desde 1995, los compañeros de Oca y Ocasa están tercerizados, trabajando en jornadas de 12 horas, sin que se les reconozcan las extras. Mentira, porque cuando la burocracia dice que lucha contra la ‘tercerización’, la deja pasar, como por ejemplo en la empresa que se llamaba Corporación de Obras de Servicios, que hoy se llama Eco Urbana, de Benito Roggio, donde Moyano y su burocracia, después de seis meses de haberse trasladado a los trabajadores a la ‘nueva’ empresa, les hicieron creer que tendrían el reconocimiento de su antigüedad, algo que no ha sido avalado por nadie. En Eco Urbana, entonces, lo que está prácticamente garantizado es el despido sin más de los compañeros. “Mentira, cuando se dice que defiende la obra social. La Obra Social de camioneros tiene contratada una prepaga, ‘Salud Total’, cuyo dueño es el propio Moyano. No sólo nos arancela, directamente nos ‘curra’ y nos explota. Entonces, hay que pagar un bono de 1 peso para la consulta, otro de dos para las prestaciones comunes y otro de cinco para las de mayor complejidad. Tenemos que ir hacia los delegados de base, en trabajos empresa por empresa, para enfrentar a la patronal y a la burocracia”. (M., de empleados del sindicato de Camioneros) “En el plenario del Mst-Ptp del fin de semana pasado se planteó que había que fundar una nueva CGT. En mi opinión esto está totalmente equivocado. Los trabajadores debemos luchar por reconquistar la CGT para la clase obrera. El Mst y otras corrientes morenistas deberían abandonar semejante planteo y cambiar de posición”. (Leandro, obrero plástico) “Soy de una ideología diferente, distinta, supuestamente, la de la mayoría de los que están acá. Soy del peronismo, pero no del peronismo del menemismo, de Cafiero, de los que saltan detrás de Béliz, etc. (...) Digo, hoy los trabajadores están mirando hacia sus dirigentes, hacia los que están luchando. No es Moyano, como dijo una compañera, que no es tan ‘luchador’ ni tan ‘honesto’, como lo pintan. (...) Tampoco el MTA (...). La mayoría de los que fueron a la marcha, en la que pasó el bochorno, son tipos rentados. Yo tomo el ejemplo de la lucha. Los que están acá son conscientes de que hay que ir hacia allí. El poder lo tienen los trabajadores, que son los que le dieron el poder a Menem, no los Roggio ni los Macri. Somos activistas, somos delegados, no somos ‘dirigentes’. Tenemos que ir a la lucha para que los trabajadores tengan de vuelta el poder”. (Compañero G., del sindicato de Camioneros) “Nosotros comenzamos nuestra tarea en el CBC siendo apenas 3 compañeros del PO. Hoy existe un importante comité de base, que ha tomado en sus manos la organización de la lucha contra la reforma Shuberoff. En el CBC Martínez, así, el movimiento fue creciendo, culminando el año con importantes sentadas, movilizaciones y repudios de los estudiantes, impulsados por la intervención de la UJS. “Ello permitió que nuestra lista le ganara al Frepaso y a Franja, a pesar de que se vinieron en la última semana de elecciones para impedirlo. Es una demostración de que nuestra política es correcta y que debemos apoyarnos en ella para la organización de todo el movimiento estudiantil regional”.

El pasado 20/11, la CGT llamó a una marcha “desde el Monumento de los Trabajadores al Monumento a la Corrupción”, en defensa de la industria nacional. Esta posición fue avalada por el SUPARA (Sindicato Unico del Personal de Aduanas de la República Argentina), que convocó a la marcha en “defensa de la dignidad de la familia aduanera”. Como quedó demostrado en el discurso de Carlos Sueiro (secretario general del SUPARA), en el cual no dijo una sola palabra en relación a la estabilidad laboral de los trabajadores aduaneros, estas consignas vacías encubrían el inminente despido de cientos de compañeros (por la Reforma del Estado II y por la fusión con la DGI). Los burócratas, junto a algunos delegados incondicionales, recorrieron las oficinas, llamando a concurrir a la ‘marcha’. La recepción que recibieron fue bastante escéptica, ya que, obviamente, la preocupación no era el éxito o no de una convocatoria de la CGT, sino los inminentes despidos. Hubo casos puntuales, donde se les exigía sumar las consignas “No a los despidos”, “No a la privatización”, “Intervención de los trabajadores en la fusión”, etc.; lo cual descolocó a los burócratas, que sólo atinaban a decir que era una marcha “con los trabajadores aduaneros y no en contra de los trabajadores aduaneros”, y que ellos no habían participado en la redacción de las consignas, pero que “lo que se quería decir era eso”... Luego huyeron. Esta situación derivó en una magra concurrencia de aduaneros al acto, los cuales se dividían entre los que iban por curiosidad y los que lo hacían por estar en ‘deuda’ con el sindicato (acomodados en lugares de ‘privilegio’, Puerto, Ezeiza, etc.). En síntesis, la ‘defensa de los trabajadores’ que planteaba el SUPARA fue: Cavallo + Parino = Aduana Paralela, con lo cual se produce un doble encubrimiento: a) No señalar la responsabilidad de Menem y de los industriales nacionales y extranjeros, y b) No decir palabra sobre los despidos y la privatización de la aduana. En este momento, se sabe que han citado a jefes para hacer las listas de quiénes formarán parte de la reducción del personal. En principio se habla de un 15% (sobre 5.000 trabajadores, unos 800). También se está preparando un proyecto de reestructuración para la fusión con la DGI. El clima que se vive entre los trabajadores es de una gran incertidumbre, bronca con el sindicato y una gran impotencia de poder hacer algo por afuera. Los trabajadores aduaneros no pueden ser los que paguen el pato de una masiva estafa y robo de millones de dólares. Por ello, el SUPARA, conjuntamente con el sindicato de la DGI, debe tomar una posición clara ¡¡YA!! No a los despidos, derogación del decreto de fusión con la DGI, contra la privatización, que se declare estado de movilización permanente en defensa de todos los puestos de trabajo y por el enjuiciamiento de los verdaderos contrabandistas.

En una acción de delincuencia y conspiración política contra los trabajadores y los jubilados, el bussismo, con el apoyo del PJ, la UCR, el Frepaso y la burocracia sindical, acaba de consumar el traspaso de las Cajas jubilatorias provincial y municipal de San Miguel al Estado nacional. Desde hace varios meses, el traspaso votado por la legislatura se encontraba trabado por una serie de fallos judiciales que se emitieron en un marco creciente de movilización popular. Durante este período, el gobierno se dedicó a caotizar la situación; por un lado, procedió a jubilar anticipadamente a más de 5.000 trabajadores, con lo cual creó un déficit deliberado, pues en la misma proporción que aumentaban masivamente los jubilados, disminuían los aportantes. El gobierno echó a correr cifras fantásticas sobre el déficit previsional y afirmó que la transferencia le permitiría devolver el aporte voluntario del 15% de los salarios impuesto a principio de año y pagar los sueldos y el aguinaldo en tiempo y forma. El gobierno nacional, por su lado, amenazó con revocar el convenio de traspaso si no se derogaba una ley que garantizaba el 82% y la movilidad, votada 30 días atrás, unánimemente, por pedido de Bussi, como una forma de destrabar los obstáculos judiciales. Y como lo exigió Menem, el bussismo, que es minoría en la legislatura, volvió a lograr quórum con el apoyo del PJ. Su presidente, Juri, quien recientemente ganó las internas haciendo gala de antibussismo (su peor enemigo), y diciendo que había que volver al peronismo histórico, no tuvo empacho en declarar que el PJ no se oponía al traspaso. Así, a la hora de rendir examen ante las exigencias del Banco Mundial y las AFJP, ya no hubo diferencias entre juristas, mirandistas, orteguistas y duhaldistas (el hombre de Duhalde, Bernardo García Hamilton, con su presencia, garantizó el quórum que permitió derogar el 82%). Todas estas idas y venidas llevaron casi tres meses, en los cuales no se les pagó un peso a los jubilados, extorsionándolos con que el dinero estaba retenido por la Nación por la demora en el traspaso. Bussi sostuvo que si el traspaso fracasaba, se aplicaría un plan sugerido por la UCR, que duplica los aportes y rebaja las jubilaciones. Bussi ha logrado este triunfo en su momento de mayor debilidad. Recientemente, tuvo que resignar a su principal ministro, Germano, para frenar las protestas de la docencia y otros sectores. Otro tanto ocurrió con el secretario de Hacienda, Arnedo. El gobierno se encontraba completamente empantanado, hasta el punto que se hablaba de la posibilidad de la renuncia de Bussi. La Gaceta señalaba el hecho inédito de que, en un año, las expectativas en el gobierno habían caído de un 80% al 20%. En este marco, sólo con la parálisis de las organizaciones sindicales, y la colaboración de la llamada ‘oposición’ es que Bussi pudo lograr su cometido. Ahora, envalentonado, ha señalado que el aguinaldo lo pagará en cheque diferido, que los salarios se pagarán como se pueda, que el aporte voluntario quedará retenido a cuenta del cobro de impuestos, y que el gran problema del déficit está en la salud pública (como antes lo era el déficit previsional), anunciando que se va a un ataque a fondo en la aplicación de los planes de privatización de la salud pública (transformación del hospital público en hospital de autogestión; privatización del Subsidio de Salud; municipalización; derogación de la Ley de Carrera Sanitaria, para aplicar la flexibilización laboral en el ámbito de la salud pública, etc.). Precisamente, en ATSA se ha comenzado a realizar un plan de paros en abierta oposición al plan del gobierno, y están circulando petitorios —en algunos casos, pidiendo la renuncia del secretario general; en otros, de algunos directivos abiertamente carneros. El Partido Obrero hace un llamado a los partidos y a la dirigencia sindical combativa a poner en pie un frente de lucha, para impulsar y extender la lucha de ATSA mediante una campaña de actos y asambleas públicas, y el reclamo a las centrales sindicales a la realización de un paro activo provincial. Sólo mediante una lucha consecuente se podrá defender la salud pública, y las demás conquistas de los trabajadores.

El Congreso Provincial del Partido Obrero de Córdoba se realiza en el marco de luchas claves de los trabajadores cordobeses; en el período en que nuevamente la escena la ocupan los trabajadores industriales, sobre todo los de las grandes automotrices (Ciadea, Fiat); en el momento en que están surgiendo nuevas direcciones: la comisión provisoria en Fiat, la comisión de representantes de Mantenimiento en Ciadea, la lucha en Luz y Fuerza, la Coordinadora de Desempleados. Es decir, el Congreso del PO se realiza en el medio de un giro político de las masas y de una de las crisis económicas y política más profundas del régimen capitalista. En la situación política cordobesa, lo que más se destaca son las situaciones pendientes de resolver entre los explotados, el gobierno y sus representados (los capitalistas). La reforma educativa, que el Cordobazo educativo obligó al gobierno a retroceder en su aplicación, pero no a renunciar a ella. El convenio Fiat en Fiat: la toma de Cormec obligó a la patronal a modificar sus pretensiones de salarios, horarios, etc.; hoy todos estos problemas, más la lucha por el reconocimiento a la organización gremial, están planteados. El traspaso de Mantenimiento a Polymont: la conciliación obligatoria ha abierto un terreno de maniobras para quebrar la resistencia obrera. La modificación del estatuto de los empleados públicos. Las privatizaciones del agua y la luz. La lucha de los desocupados por el subsidio. Por lo tanto, el Congreso del Partido Obrero deberá discutir, caracterizar y resolver las tareas que se desprenden de esta situación, para llevar las luchas a la victoria y para construir el partido revolucionario que lleve a los trabajadores al poder. Para asegurar que el debate y las resoluciones se vean enriquecidos por protagonistas directos de este proceso, muchos de los cuales no están aún en las filas del PO, el Congreso tendrá lugar con ellos, el próximo sábado 30 a las 14 horas.

La sobrevaluación del peso mexicano y del real brasileño con respecto al dólar, ha llevado a muchos comentaristas económicos, en las últimas semanas, a pronosticar el derrumbe de esas monedas. La sobrevaluación afecta negativamente a las exportaciones, infla las importaciones, crea en consecuencia un gran déficit de comercio y obliga a tomar más deuda externa para financiarlo. Otro efecto de la sobrevaluación es que, unida al descenso del consumo interno, provoca la parálisis industrial y aumenta la desocupación, ya que no hay salida ni en el mercado interno, ni en el de exportación. El desempleo y las quiebras presionan a favor de la devaluación. Aún no se han estimado las consecuencias internacionales de un derrumbe del peso mexicano y del real, pero es indudable que serán internacionales, porque los mercados financieros de México y de Brasil han sido utilizados por los especuladores internacionales para compensar los beneficios decrecientes que se obtienen en Europa o Japón, e incluso en Estados Unidos. Una devaluación provocaría la cesación de pagos en esos países y la imposibilidad de resarcir a esas inversiones que se encuentran en títulos y acciones. El ex ministro de Economía de Brasil, Delfim Netto, que es al mismo tiempo uno de los mayores representantes de la burguesía paulista, está abogando por una maxidevaluación, algo que dejaría fuera de competencia por completo a las exportaciones argentinas. La gran banca brasileña quiere evitar la devaluación apresurando las privatizaciones, que podrían inyectar un par de decenas de miles de millones de dólares. El gobierno de Cardoso pretende usar ese dinero para cancelar una parte de la deuda externa. Sin embargo, las privatizaciones encuentran una fuerte resistencia política de parte de la burguesía, que para el caso está usando varios procedimientos: la oposición parlamentaria; la entrega de las empresas estatales a grupos nacionales; la compra por parte de fondos de pensión estatales; el uso del dinero de las privatizaciones para financiar a los estados. En el caso de México, se incrementó la resistencia a la privatización del petróleo y de la petroquímica. Los capitales norteamericanos amenazan con precipitar una devaluación como represalia a esta resistencia. La amenaza de un gigantesco frente de tormenta sobre los restos del ‘plan Cavallo’, ha llevado al gobierno argentino a armar un esquema de seguridad, que apunta en realidad a concentrar el negocio bancario. Alegando el peligro que la crisis en ciernes significaría para los bancos, se ha dispuesto contratar un fondo para emergencias de 5.000 millones de dólares, aumentar las reservas que deben guardar los bancos e incluso obligar a éstos a obtener préstamos internacionales equivalentes al 2% de los depósitos. El FMI opina, sin embargo, que lo único que podría detener el derrumbe sería la venta del Banco Nación y el remate de las acciones de YPF, que aún se encuentran en manos del Estado. Las medidas dictadas no tienen ninguna posibilidad de hacer frente a una devaluación mexicano-brasileña, no ya para los bancos, sino para la propia convertibilidad. Con circulante, depósitos bancarios y colocaciones de corto plazo que se acercan a los 80.000 millones de dólares, una fuga de capitales no podría ser contrarrestada por las reservas del Banco Central ni por los fondos de reaseguro. La función de las llamadas medidas preventivas es provocar la fusión de bancos, o sea, la compra de los más pequeños por los más grandes, con subsidio del Estado a través de esos fondos para emergencias. Es lo que ocurrió con la reciente compra del Banco Caseros por el de Crédito, que fue subsidiada por el Banco Central. Los trabajadores deben reflexionar sobre esta situación, que demuestra que la política económica en su conjunto se encuentra a la deriva, y que no puede sacarnos la misma clase y el mismo régimen social que nos metieron en ella. La explosión económica depende de factores aleatorios o casuales, esto porque estructuralmente ya se encuentra instalada, y ella provocará una incuestionable conmoción política. Prepararnos para esta perspectiva significa luchar por un plan político y económico de soluciones de la clase obrera y por un congreso de delegados de base de los trabajadores, que actuará como el poder de las masas frente al Estado en descomposición.

El sábado 23 se realizó la primera sesión plenaria del PO tucumano (la siguiente se realizará el sábado 30). Hubo un importante debate sobre la intervención partidaria en el último año y en relación a la situación política nacional y provincial. Se puso de relieve la enorme importancia que ha tenido la lucha política que el PO libró en todo este período, cuyo punto más alto estuvo dado en la experiencia de la Coordinadora de Lucha de Tafí Viejo. Esta lucha se dio en confrontación con las posiciones frentepopulistas (multisectoriales, frentes sociales), orientadas a colocar a los explotados como furgón de cola de las reivindicaciones patronales y sostenidas por todo el arco de la izquierda y la burocracia sindical. Uno de los puntos más discutidos fue el balance de la campaña de suscripciones, no sólo porque ha significado casi la cuadruplicación de la colocación de la prensa, sino porque se ha transformado en una guía fundamental para el desarrollo y crecimiento partidarios. Así, en las 200 suscripciones, aparece una importante periferia de los frentes históricos del partido, pero también otra de gremios muy importantes, por lo cual se decidió incorporarlos como nuevos frentes de intervención partidaria, como es el caso de docentes, docentes universitarios, Prensa, UOCRA. De la misma manera, las 200 suscripciones pusieron de relieve la aún escasa inserción en el proletariado industrial, por lo cual se resolvió un plan en Scania, las plantas industriales de Tafí, especialmente las vinculadas a la alimentación, rama donde se encuentra el sector más numeroso y concentrado de los obreros de la provincia. Se discutió el balance del trabajo en la zona de Tafí y la necesidad de abrir una sede, para la organización de la enorme periferia que se ha acercado al partido. Se discutió la nueva etapa en la construcción de la UJS, aún insuficientemente asimilada, y la necesidad de actuar resueltamente sobre los colegios y ahora en los barrios (se votó la formación de 5 comités de base juveniles y barriales), y desenvolver en esas zonas el trabajo de legalización electoral del partido. Se decidió la realización, en el mes de enero, de un curso con alcance para todo el NOA, como vía de reclutamiento y reforzamiento de la formación política del activismo de la UJS. Se hizo un análisis de los déficits financieros, decidiéndose, a partir de la relaciones que emergen de las suscripciones, un plan para duplicar los ingresos normales en los próximos dos meses, con el fin de poder financiar estas iniciativas, y un plan de agitación que se desprendió de la discusión provincial (ver nota), y que será volcada en el próximo plenario, procurando integrar en las iniciativas que se adopten a los simpatizantes, como la vía natural para su integración militante.

Los estudiantes Autoconvocados del Centro Universitario de Merlo, organizaron una gran movilización, ganando las calles de Merlo, reclamando contra el cierre de la sede. Se dirigieron hacia el municipio, con un petitorio, que con sólo dos días de trabajo, contó con 1.100 firmas. Ni el mal tiempo, ni los aprietes de “los punteros de Othacehe”, lograron quebrar la gigantesca voluntad de lucha de los estudiantes. La movilización fue convocada, luego de una seguidilla de asambleas, que obligaron al rector a dar explicaciones sobre la situación y a comprometer su presencia junto a los estudiantes en una reunión con autoridades de la UBA. Hubo una gran campaña: Se recorrió colegios, se pegaron afiches, se convocó a trabajadores demostrando que el problema del cierre del CUM no es sólo de los estudiantes, sino de todo los merlenses y la zona oeste; una conquista histórica de los trabajadores. El gobierno de Othacehe-Duhalde, intenta embaucar a los trabajadores con su campaña “si a la escuela pública”, mientras cierran el CUM, no asignan presupuesto para los colegios primarios, destruyen los colegios secundarios con la aplicación de la ley federal de educación. La defensa del CUM, es una lucha que debe emprender todo el pueblo de Merlo y de la zona, coordinando cada acción en el sentido de tirar a la basura todas las leyes antieducativas de Menem-Duhalde y el clero.

El 30 de octubre pasado, los diarios dijeron que Alfonsín había juntado 30.000 personas en la cancha de Ferro. Dos semanas más tarde, informaban que Duhalde había ‘llevado’ 50.000 a Racing. Para algunos, estos datos eran la confirmación de que la historia es capaz de dar marcha atrás; para otros, de que las masas son políticamente insensibles a su propia experiencia. En el caso de Duhalde, algunos vieron que se había tratado de una ‘aparateada’; pero lo mismo se puede decir de Alfonsín. La crisis del PJ y de la UCR es inmensa, y por ahora seguirá agravándose. La causa de ello es que la economía, la política y, como consecuencia, los partidos capitalistas, se encuentran en quiebra. A la manifestación política que representaron los dos inmensos paros generales de agosto y setiembre se añade ahora un dato menor, pero no por ello menos significativo. El Frepaso, que agranda su ventaja en Capital Federal, le gana en intención de votos para diputados al PJ, nada menos que en el Gran Buenos Aires. Lo mismo ocurre en Rosario; hasta en Córdoba, el Frepaso le gana a la UCR. Claro que estamos todavía muy lejos de las elecciones, que muchas veces se deciden por la fuerza del dinero y de los aparatos; pero la encuesta es un síntoma de la situación política, en el sentido de que el escenario político se desplaza en su conjunto hacia la izquierda. Este avance no ha apartado, ni un mílimetro, al Frepaso de su intención de formar una lista única con la UCR, contra Duhalde y el menemismo. Propone una interna abierta para elegir los candidatos, en la que podría intervenir el partido de Béliz. El Chacho Alvarez está convencido de que el ‘establishment’ no está preparado para que el Frepaso pueda gobernar solo, por eso necesita escudarse con la UCR; también calcula con la conveniencia de contar con el aparato radical. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, como la UCR está dividida sobre esta alianza, la ventaja de contar con un aparato dividido es nula. Como se demostró en la experiencia con Bordón, el Chacho Alvarez está dispuesto a sacrificar el primer lugar en beneficio de maniobras que considere más seguras. Aunque la propuesta es alentada desde los círculos del partido de Clinton, la alianza de la UCR con el Frepaso renguea porque no ha ganado para sí la decisión de ningún sector fundamental de la burguesía, a excepción de algunos bancos cooperativos. Todo parece indicar que los principales círculos capitalistas ‘palpitan’ las elecciones a través de la interna del PJ. En ausencia de un desenlace brusco de la crisis política, las elecciones parlamentarias del 97 servirán para medir fuerzas en función de organizar una salida de conjunto. Esto y el giro en las intenciones de voto, revelan la importancia política que pueden tener. La clase obrera debe discutir la cuestión electoral. El Partido Obrero lo hará dentro de pocos días, en su VIII Congreso.

El viernes 22 se realizó, en el Club Caja Popular, el acto de lanzamiento del partido provincial Pueblo Unido, que reunió a unas 1.500 personas, principalmente de los barrios pobres de San Miguel y de varios pueblos del interior. PU está encabezado por Gumersindo Parajón, ex concejal y ex legislador provincial, que rompió con la UCR. Parajón goza de gran simpatía popular por sus denuncias, por sus características fogosas y porque renunció a la UCR denunciando el Pacto de Olivos. El diario Siglo XXI dio a conocer una encuesta que coloca a Parajón en el primer lugar entre los políticos provinciales para las elecciones del 97. Una característica del accionar de Parajón es acompañar las movilizaciones populares. Esto lo ha distinguido del resto de los dirigentes y parlamentarios de los partidos tradicionales, que aun cuando posan de opositores al bussismo o al menemismo, jamás asoman las narices en las movilizaciones. El acto de Pueblo Unido fue convocado con dos consignas: Nacimos para luchar y Contra el régimen menemista. La importante concurrencia superó a la que Alfonsín reunió en su última visita hace poco más de un mes a Tucumán, con la movilización de todo el aparato radical. Hubo varios oradores: Hugo Asaff, empresario de la construcción y ex concejal del PC en Tafí Viejo; el dirigente tabacalero Antonio Carrazana; el dirigente de la Franja Morada de la Facultad de Derecho, Rodolfo Burgos; Ibarra, de la directiva de Fotia; Pablo Rivera, dirigente de la Intersindical Docente y de la CGT Auténtica, y Carola Carrillo, empleada municipal de la capital. Estos dos anunciaron en el acto que renunciaban al PJ por las constantes traiciones a las reivindicaciones populares. Además de las renuncias, los oradores lanzaron la candidatura de Parajón a diputado nacional para el 97, y Carrazana lo anunció, incluso, como candidato a gobernador para el 99. El cierre estuvo a cargo de Parajón, quien desenvolvió, a su modo, un programa: evitar el cierre de ingenios, pero también “quitárselo a la oligarquía para dárselo a sus verdaderos dueños, los obreros y trabajadores”; llamó a “erradicar los privilegios políticos”; a combatir el latifundio, “dándoles la tierra a los obreros”; planteó “anular todas las privatizaciones” de la provincia y defendió “una educación pública, moderna y científica”. Sostuvo que Pueblo Unido iría solo a las elecciones, porque no se podía armar una alianza con los partidos que colaboraban con el gobierno. Denunció a la oposición como defensora del actual modelo económico, y advirtió que eso se va a ver más claro cuando se acerque el 99 y vaya a EE.UU., a presentarse como continuadora del modelo, pero con menos corrupción. Parajón hizo un llamado a los obreros “a luchar contra la flexibilización laboral, a ser clasista, a ser combativo”, porque con la patronal no se puede negociar, sino que se debe luchar por las reivindicaciones salariales y gremiales. Finalmente, hizo un llamado a los trabajadores peronistas, radicales, a los socialistas y a las izquierdas a sumarse a la lucha. Por lo que se puede ver, Pueblo Unido es una formación política de características distintivas dentro del panorama nacional. Es una corriente no socialista, sino democrática, pero a diferencia del centroizquierdismo nacional se vale de las consignas democráticas para impulsar los derechos del pueblo y sus reivindicaciones, y no para frenar las luchas populares alegando la necesidad de no ‘desestabilizar’ el ‘sistema’. No plantea construir una organización obrera sino policlasista, lo que supone que parte de la existencia de una identidad de fondo entre los intereses de la clase obrera, la pequeña burguesía y la burguesía mediana. No sostiene el punto de vista de la lucha de clases, que lleva al reemplazo del Estado burgués por un régimen obrero, sino que entiende a las movilizaciones populares como un factor de presión sobre las instituciones constitucionales del Estado y como un instrumento para su renovación y democratización. La emergencia de Pueblo Unido, con características hasta cierto punto multitudinarias, es una expresión del cambio de etapa política que han producido los santiagueñazos y cutralcazos y la caída de Cavallo, o sea, el derrumbe del ‘plan’ económico y la creciente desintegración del régimen menemista. El Partido Obrero señala las limitaciones programáticas, teóricas y sociales de PU, pero colaborará integralmente con él en la tarea de organizar a las masas para luchar contra el gobierno y los explotadores.

Laura (Derecho) PO: ¿Porqué se movilizan? L: Porque es muy importante que la gente se entere, tome conciencia de lo que pasa en la universidad; de los problemas que tienen los estudiantes y que en definitiva afectan a toda la comunidad . PO: Concretamente, ¿En qué les afecta la Ley de Educación Superior? L: La ‘reforma’, en la universidad no es otra cosa que entregarla y orientarla a lo que dicte el Banco Mundial y el Fondo Monetario; es decir para pagar la Deuda Externa. PO: ¿Cómo pensas que hay que seguir la lucha? L: Mirá, después de entrevistarnos con el intendente de Merlo y el rector de la UBA, tenemos que seguir luchando contra la reforma. Lo que será importante es coordinar a los CBC porque son los más desorganizados y deberían sumarse a una lucha de conjunto con las facultades. Paola (Medicina) PO: ¿Por qué se movilizan? P: Porque la reforma curricular de la UBA, que se aprobó en la facultad de Ciencias Económicas es un ataque a los títulos de los estudiantes, y a su formación. PO: ¿Qué pensás del CPI? P: Que es una forma más de limitacionismo.En mi caso, luego de aprobar el CBC debo cursar el CPI. Cosa que por otra parte no pienso hacer. Fernanda (Historia) PO: ¿Por qué se movilizan? F: Por la defensa de la educación pública y contra la Ley de Educación Superior, que ataca este derecho, nos limita el ingreso, Contra la reforma curricular que destruye las carreras de grado, obligándonos a hacer Postgrados de 300 pesos, cuando los trabajadores ganan sueldos miserables. De esta manera los hijos de los trabajadores no pueden acceder a la universidad. Además, si buscás trabajo, igual con las reformas laborales y los ‘contratos’ a los jóvenes, te pagan también un sueldo miserable. PO: ¿Qué balance hacés de la marcha y cómo pensas que debe seguirse? F: Es muy importante. Eramos 6 los que empezamos con la idea de tener que hacer algo acá. Queremos que la comunidad se entere, y que los estudiantes se organicen, algo que los encuadre, porque marchamos a la universidad pero ni el Intendente ni la FUA nos representa.

La celebración del día de la soberanía por parte de la CGT, resultó una completa farsa y abrió la posibilidad de una nueva escisión del MTA. Los burócratas no pudieron mover ni siquiera a sus aparatos y parece que mucho menos lograron controlarlos. Una gresca entre ‘camioneros’ y Uocra terminó con la renuncia de Moyano a la secretaría gremial. La farsa cegetista sirvió, otra vez más, para mostrar que la verborragia nacionalista sólo sirve para esconder las peores intrigas contra los trabajadores y para ocultar a los verdaderos entreguistas. Los dueños de los puertos privatizados por donde pasan los contenedores, son los mismos socios de la Unión Industrial y de las otras cámaras empresarias que salieron a denunciar el contrabando, para fundamentar la necesidad de la devaluación del peso como única manera de ‘corregir’ el déficit comercial del país. Solamente por sobrefacturación de exportaciones, los Macri, Techint, Pérez Companc, Bulgheroni, Bunge y Born y exportadoras de aceites y granos, estafan al fisco (que los subsidia) en el orden de los dos mil millones de dólares al año. Menem El fiasco político de la Aduana y la gresca que amenaza con romper de nuevo a la CGT, se produce cuando Menem decide alterar su táctica para meter los proyectos de ley que liquidan las indemnizaciones por despidos y los convenios de trabajo, y los decretos que impulsan la liquidación del PAMI. Por medio de negociaciones secretas que los burócratas regularmente desmienten, Menem ha convenido en modificar algunos aspectos menores de esos proyectos para beneficiar a la burocracia sindical. En el caso del proyecto referido a los convenios, autorizaría a que los acuerdos de fábrica requieran la negociación con la burocracia de los sindicatos; en el caso del PAMI, propone una ‘normalización’ que incluiría en la gestión a la burocracia de la CGT. Menem ha ‘persuadido’ al Banco Mundial, al Consejo Empresario y a otros, de que ésta es la única vía para sacar los proyectos adelante. No sabemos si se los dijo o no, pero Menem tiene siempre la posibilidad constitucional de vetar en forma parcial las leyes que sanciona el Congreso, lo que en este caso le permitiría anular las concesiones que habría hecho una vez que los proyectos pasen las cámaras. Una manifestación de esta maniobra es el dictamen que aprobó la Comisión Laboral de Diputados, que establece la vigencia de los contratos laborales precarios, para todas las edades, de hasta dos años, durante los cuales los patrones no pagarán jubilaciones ni aportes al Pami, ni se regirán por los convenios en vigencia, ni deberán pagar indemnizaciones por despidos. Este dictamen fue armado por Menem-Caro Figueroa, de un lado, y Duhalde-diputados bonaerenses, del otro. La vigencia del régimen de contratos precarios con carácter universal, significa la total liquidación de los convenios, ya que permitiría sustituir al trabajador permanente que se rige por el convenio en vigor, por otro precarizado. Los burócratas de la CGT no han protestado contra este dictamen; por el contrario, reivindican la negociación en el parlamento. Hay que decir que la CTA reivindica lo mismo. Con el parlamento todo, sin el parlamento nada. No es éste, sin embargo, el método con que actúa la burguesía, que amenaza siempre con el boicot económico contra cualquier proyecto adverso que se tramite en el Congreso. Lo mismo está ocurriendo con el Pami, donde Menem ‘persuadió’ a Perversi y a Bramer de que hay que ‘normalizar’. Como a los ‘normalizadores’ los designa el gobierno, cuyos funcionarios se aseguran de cualquier modo la mayoría, nada impedirá que prosiga el desmantelamiento de la obra social de los jubilados. ¿Se rompe o no? Las negociaciones anti-laborales en el Congreso evidencian un acuerdo político que reposaría en cuatro patas: el Banco Mundial, Menem, la burocracia de la CGT, Duhalde. Es, precisamente, el alcance político de la negociación, lo que lleva a que sea bombardeada desde distintos sectores. El imperialismo norteamericano o la gran burguesía privatizadora todavía no han decidido si su candidato para el 99 es Duhalde, o una coalición UCR-Frepaso, o de últimas Menem. Esto explica que Moyano denuncie las reuniones secretas de los cegetistas con los funcionarios de Menem, aunque no denuncia el contenido de esas reuniones, ni mucho menos que él mismo, en su gremio, ha impulsado todos los planteos privatistas de salud y jubilación del FMI y del Banco Mundial. Si Daer y compañía se ponen de acuerdo con Caro Figueroa, Moyano percibe que para él no queda ningún pedazo de la torta. Lo que está claro de todo esto es que, si el primer gran empuje de los trabajadores, en respuesta al derrumbe del ‘plan’ Cavallo, obligó a la burocracia a lanzar dos paros generales, serán necesarias arremetidas mucho más profundas todavía para que las organizaciones obreras se pongan al servicio de las masas. Para ello habrá que expulsar de su seno, al mismo tiempo, a toda la burocracia sindical.

PO: ¿Cuáles son las reivindicaciones de los trabajadores del Hospital? RG: Básicamente, nos movilizamos por tres cuestiones: el congelamiento salarial, la política de la autogestión y el sistema represivo interno que se quiere imponer en el hospital. En materia de salarios, el básico del auxiliar de enfermería está en 220 pesos, llegando a 400 con los diversos adicionales. Estos salarios están congelados desde hace cinco años. Pero en el último tiempo, la dirección del hospital está implementando una política de diferenciación salarial (siempre, desde luego, dentro de niveles miserables). Pero para un mismo cargo estamos encontrando hasta tres sueldos diferentes. PO: ¿A dónde apunta esa diferenciación? RG: Tiene que ver, justamente, con la segunda cuestión que te comentaba: el avance de la ‘autogestión’. La dirección del hospital pretende premiar a aquellos que se presten a colaborar con el siniestro sistema de arancelamiento de los servicios que se está implementando. A través de la cooperadora y de los “bonos-contribución”, no va quedando servicio en el hospital que esté sin arancelar. La actitud de ‘colaboración’ con la dirección del hospital reside en lo siguiente: si alguien necesita un análisis, pero no tiene plata para pagarlo, hay que “informarle” que “el tomógrafo está roto”. Así, podés encontrar por los pasillos del hospital a gente sin recursos desesperada por no poder atenderse. En esta línea, los jefes de área ya no son jefes; son gerentes. La dirección del hospital ha despedido a profesionales y jefes que no se prestan a estos manejos infames, poniendo en su lugar a quienes sí están dispuestos a todo para arancelar. PO: Mientras estamos realizando esta marcha, el Hospital tiene sus puertas cerradas. ¿Por qué? ¿Qué está pasando adentro? RG: Enterados que se hacía la marcha, la dirección del hospital prácticamente “encerró” a los compañeros del turno, amenazándolos con el despido si se sumaban. Es un reflejo de lo que pasa cotidianamente en el Fiorito: un régimen represivo, de vigilancia permanente al personal y a los delegados. Es la única manera de imponer la ‘autogestión’. PO: ¿Cómo se sigue a partir de ahora? RG: No somos los únicos en la zona que llevamos adelante esta lucha. En el Hospital Evita tenemos la misma situación con el tema de la ‘autogestión’. Tenemos que unir fuerzas contra este plan, que es en definitiva el del Banco Mundial, y discutir un verdadero programa en defensa de la salud pública.

“Los elefantes no existen. Algo parecido decretó el pleno del VI° Congreso del Pit-Cnt cuando decidió eliminar de la resolución sobre negociación colectiva lo referido a la productividad ... Pero al negar el problema de los aumentos ligados a la productividad ... es como negar la existencia de los mencionados animalitos ... Dichos aumentos son un hecho irreversible ... Para sobrevivir en el nuevo proceso de incremento de la competitividad, las empresas necesitan en forma vital aumentar su productividad, ya sea por la vía de introducir nueva tecnología, por la de modificar o intensificar los ritmos y procesos de trabajo, o por otros mecanismos ... Si nos guiamos por lo resuelto, (como) los aumentos de productividad se producirán de cualquier modo ... los trabajadores no podrán impulsar ninguna cláusula que garantice su contrapartida en remuneraciones”. Con esta explicación ‘zoológica’, el comentarista de la ‘izquierdista’ Brecha impugna las resoluciones contra la ‘productividad’ que votó el Congreso del Pit-Cnt. Ciertamente, poco importa la opinión del editorialista; lo que importa es que se limita a repetir, palabra por palabra, la posición de los burócratas derechistas de bancarios y de los restantes gremios que se retiraron del secretariado. Lo que nuestro ‘zoólogo’ parece no entender –aunque seguramente lo entiende, y mucho– es que el ‘pago por productividad’ es el principio patronal de retribución por excelencia, porque hace depender el salario del grado de explotación del trabajador. Un sindicato —si es tal— debe defender el principio de un salario equivalente a la canasta familiar por una jornada de ocho horas, a un ritmo de trabajo medio, lo que significa —hasta un cierto punto— independizar el salario obrero del grado de explotación. O lo que es lo mismo, poner un límite a la explotación del trabajador por el patrón. Para los derechistas del Pit-Cnt —y para sus ‘sponsors’ periodísticos—, la explotación de los trabajadores no debe tener límites ... y no en beneficio del etéreo “nuevo proceso de incremento de la productividad”, sino del muy concreto beneficio de los patrones y de sus lacayos a sueldo. Es que no sólo existen los elefantes; también existen los chanchos y los carneros.

Mientras la CGT fue a la Aduana, “en defensa de la industria nacional”, la CTA marchaba al Congreso Nacional para entregar a los diputados “el articulado correspondiente al Proyecto de Ley de Emergencia Ocupacional, Social, Previsional y Educativa”. La marcha fue un fiasco de apenas un millar de personas. Si al Congreso de la CTA, realizado hace 20 días, fueron 5.000 delegados, y a la marcha que convocó De Gennaro fueron apenas 1.000: ¿Qué pasó en el medio? De Gennaro se opuso frontalmente en el Congreso de la CTA a un paro nacional de 48 horas para que se retiren las leyes menemistas antiobreras (anulación de las indemnizaciones, de los convenios, etc.) del Parlamento. Es decir que votó por mantenerlo subordinado a las roscas parlamentarias que el menemismo, Duhalde y la ‘oposición’ radical-frepasista están pergeñando para sacar esas leyes ‘retocadas’. No sólo eso, sino que para reforzar esta tendencia, coloca a discusión... un nuevo proyecto de ley. Y pretende que el movimiento obrero y popular que lucha se lance a juntar “un millón de firmas” en apoyo al mismo. El PO no fue ni a la marcha de la CGT, ni a la de la CTA. En una declaración nacional que repartió profusamente (“Defender a los trabajadores, NO A LOS PATRONES”) denunciamos que “El CTA de De Gennaro... se encolumna detrás de la Multisectorial del Chacho Alvarez, Terragno y Alfonsín para entregar un nuevo proyecto de ley (¡uno más!) e iniciar... una campaña de firmas nacional. Las dos marchas tienen en común su oposición a la continuidad huelguística. La división burocrática no tiene nada que ver con la defensa de los intereses del movimiento obrero, sino que responde a la subordinación de las burocracias detrás de distintas variantes patronales”. Efectivamente, en la plaza hablaron junto a De Gennaro, Storani primero y el Chacho Alvarez después. Lo que provocó, primero, el retiro de casi un centenar de manifestantes del Partido Humanista, al grito de “Huelga General”. Y luego, el de otro centenar, esta vez de comunistas, con silbidos y protestas, cuando discurseaba el Chacho. Mientras tanto, otros activistas se retiraban defraudados por la subordinación de la CTA a los políticos burgueses, por el bloqueo de la dirección de la Central a las necesidades de lucha de los trabajadores. A más de un mes del ataque contra el Anses, y cuando está lanzado el desmantelamiento del Pami, y se prepara el lanzamiento de la “reforma del Estado II” con miles de despidos, De Gennaro subordina los sindicatos a las maniobras electoralistas, en lugar de impulsar un paro nacional de 48 horas y un plan de lucha.

El acto en la Aduana en favor de la patronal contrabandista de la Unión Industrial, además de inscribirse en el pacto Duhalde-CGT, sirvió a un objetivo político desmovilizador que empezó a tramarse en las vergonzantes reuniones ‘reservadas’ de Daer, Miguel y West Ocampo con Bauzá, Rodríguez y Corach. La burocracia mudó los objetivos políticos de los paros de agosto y setiembre —contra los decretazos y la flexibilidad laboral—, por la “lucha contra la corrupción” en la Aduana, una reivindicación que en manos de los Cavallieri, los Daer y los Cassia, ha causado más de una carcajada entre los trabajadores. Con todo, el verdadero objetivo de la movilización a la Aduana es la cancelación del plan de lucha, para permitir el tratamiento de los proyectos laborales. Un tema crucial de la negociación son los llamados ‘convenios articulados’, que aseguran el objetivo estratégico de la burguesía de legalizar el convenio por empresa, pero que partiría de un ‘convenio marco’ para el conjunto de la actividad. La teoría no es de ahora, la burocracia maneja desde hace varios años esta idea “europea” para justificar las violaciones del convenio en las fábricas. Tal es el caso del diario La Nación, en gráficos, donde se habilitó una jornada de 12 horas, cuando el convenio (¿marco?) indica 6 horas, o el caso de Impresora Americana, donde se firmaron, con la presencia ‘articulada’ del sindicato, horas extras al 30%, en lugar del 50, o el caso del convenio Suchard, en alimentación, una réplica del convenio Fiat-Smata. En realidad, los adicionales salariales de empresa, la adecuación de categorías y las diversas modalidades en la aplicación de los convenios colectivos, existieron desde que existen los convenios, por la diversidad natural de la producción y por las luchas fabriles. Al punto que, por ejemplo, en el convenio gráfico, hay una cláusula (art. Nº 73) que establece que “el convenio no modifica ningún beneficio mayor estipulado por prácticas vigentes en cada empresa o las que puedan establecerse en el futuro”. Es decir que el convenio colectivo es, formalmente, un piso. La idea de ‘marco’, en cambio, representaría una especie de expresión de deseos a la cual llegaría el que puede. No se sabe entonces si esos convenios marco serían un techo o un piso para los convenios por empresa, pero el proyecto establece que los convenios pueden modificar tanto para arriba como para abajo. De manera que, formal y definitivamente, el convenio marco no tendría ningún valor. En toda esta estafa, ¿qué es lo que se está negociando? La participación de la burocracia central en los convenios por empresa. La peor de las variantes: convenio por empresa pero con burócratas del sindicato. El monopolio de esta casta parasitaria acentuaría así su carácter de policía política y bombero de las luchas obreras que hoy ejerce en los sindicatos. Por eso está más vigente que nunca nuestra consigna de retiro incondicional de los proyectos laborales del parlamento.

El VI° Congreso del Pit-Cnt —realizado entre el 7 y el 10 de noviembre en Montevideo— terminó en la ruptura de la central sindical uruguaya: al término de sus deliberaciones, dos grandes sindicatos (bancarios y maestros) y otros tres más pequeños (petroleros, agua y caucho) —todos ellos, enrolados en el ala derecha de la burocracia sindical— anunciaron que abandonaban el secretariado del Pit-Cnt. El Congreso debía discutir una modificación de los estatutos de la Central impulsada por la derecha, con el objeto de reforzar el peso de las grandes organizaciones sindicales, en particular de los bancarios, en los organismos de dirección del Pit-Cnt. Mediante esta reforma, la derecha de la burocracia y del Frente Amplio pretenden asegurar la vigencia de su política de liquidar cualquier resistencia a la política fondomonetarista de ‘flexibilización’ y privatizaciones que aplican, en Uruguay, tanto el oficialismo blanqui-colorado (a nivel nacional) como la oposición frenteamplista (en la intendencia de Montevideo). De entrada, nomás, la burocracia derechista recibió un rudo golpe, cuando se votó, por amplia mayoría, retirar la cuestión de los estatutos del orden del día. Esta votación causó una verdadera sorpresa, porque la moción de reformar los estatutos en el sentido que impulsa la derecha ha logrado la mayoría en todos los Congresos del Pit-Cnt desde 1990, aunque nunca pudo ser consagrada porque no obtuvo los necesarios 2/3 de los votos. La ‘Coordinadora Sindical’ integrada alrededor de los sindicatos de gráficos y marítimos —y a la que luego se fueron sumando otros sindicatos y delegados—, jugó un importante papel en la derrota de la posición derechista. La ‘Coordinadora’ actuó como un polo combativo durante todo el Congreso. Logró imponer mociones contra la ‘flexibilidad laboral’; en particular, derrotó el planteo de la burocracia que apoyaba una ley de inversiones extranjeras, que permitía que los convenios laborales derogaran la legislación laboral vigente. A impulso de la ‘Coordinadora’ fue aprobada, también, la reivindicación de la reducción de la jornada sin afectar los salarios. El rechazo a discutir la reforma estatutaria impulsada por la derecha llevó al Congreso a una impasse. El PCU —profundamente dividido entre quienes planteaban aceptar sin más las imposiciones de los derechistas y los que defendían los actuales estatutos— ‘sacó las castañas del fuego’: hizo aprobar un antiestatutario ‘cuarto intermedio’ de seis meses y la prórroga del mandato de la actual dirección; la ‘izquierda’ de la burocracia (PVP, MPP) fue a la rastra del PC. Como hizo notar el Sindicato de Artes Gráficas, uno de los animadores de la ‘Coordinadora’, “la moción de pasar el Congreso a cuarto intermedio ... fue una maniobra que –en nombre de la ‘unidad’– en realidad anticipa la futura aceptación, por parte de sus promotores, de la reforma de los estatutos. Es evidente que el sector que impulsó esta moción va a una negociación y va a terminar acordando ... detrás de una fachada unitaria se esconde una posición que avala el proceso de regimentación de los sindicatos por una cúpula cada vez más autónoma respecto de las bases obreras y cada vez más ‘respetada’ por las patronales y los gobiernos de turno”. A la salida del Congreso, los derechistas anunciaron que abandonaban el secretariado del Pit-Cnt, para forzar a una completa capitulación del PC y de la ‘izquierda’ en la negociación sobre los estatutos que tendrá lugar durante el ‘cuarto intermedio’. Así, la burocracia derechista –minoritaria en el Congreso– logró mantener la iniciativa política, gracias a la capitulación del PCU y de la ‘izquierda’. Esta ‘izquierda’ salió completamente desmoralizada del Congreso, superada por la ‘Coordinadora’ —que lideró la lucha contra la derecha y el PCU— y enemistada con sus propias bases y simpatizantes, que constituían el núcleo mayoritario de la ‘Coordinadora’. La intervención de la ‘Coordinadora’ en el Congreso fue un paso en la dirección de poner en pie una tendencia sindical combativa. Para la vanguardia obrera y combativa del Uruguay, todo esto introduce una enorme clarificación política. La ruptura del Pit-Cnt pone fin a uno de los fetiches ‘históricos’ de la izquierda uruguaya: la ‘unidad’ como un fin en sí mismo, por encima de los programas y de la política. Con el sambenito de la ‘unidad’, el ala ‘izquierda’ del FA y del Pit-Cnt se subordinó, durante décadas, a la derecha, es decir, a los agentes más directos y concientes de la burguesía. La ficción de que el movimiento obrero y las reivindicaciones populares podrían progresar mediante la ‘unidad’ con los derechistas se ha terminado ... por la iniciativa de los propios derechistas. Los ‘izquierdistas’ del FA y del Pit-Cnt son, por voluntad propia, una novia seducida y abandonada. Hay que sacar las conclusiones: poner en pie una tendencia sindical combativa y construir un partido de los trabajadores. El Partido de los Trabajadores de Uruguay –que intervino en el Congreso a través de sus materiales y de sus delegados, impulsando la formaciónción de un bloque de sindicatos y agrupaciones que se constituyera en oposición a la burocracia, e impulsara un programa de lucha– fue un factor activo en la constituición de la ‘Coordinadora’.

Un centenar de militantes del PC, se retiró indignado, profiriendo insultos, del pequeño acto que la CTA realizó en Plaza Congreso, cuando se le dio la palabra al Chacho Alvarez. Pero, ¿a qué fue el PC a dicha marcha? Según el PC, la CTA debe apuntar “a ganar espacios de lucha concretos. Por eso el Congreso es el primer lugar elegido para esta nueva etapa de protesta, haciendo presión sobre una institución que el FMI y Menem también presionan, pero en sentido contrario. Así como durante todo este tiempo la mayor parte de esa institución resolvió favorablemente las leyes que le exigía el poder económico, en esta ocasión deberá responder ante la presión popular” (Propuesta, 21/11). Es decir que el PC no sólo considera una ‘alternativa’ a la CTA, sino al... ¡propio Congreso menemista! El PC, al igual que De Gennaro, estuvo en contra, en el Congreso de la CTA, de un paro nacional de 48 horas y un plan de lucha hasta que se retiren los proyectos menemistas antiobreros. A través de su Movimiento Político Sindical de Liberación (Mpsl), propuso “instalarse como la propuesta de izquierda en el Congreso del CTA”, participando “con empuje y perfil propio” (Propuesta, 31/10). Es decir, ser la ‘alternativa’ de la ‘alternativa’ para presionar a la ‘alternativa’. En el folleto —“Aportes al debate congresal del CTA”— que repartió profusamente en dicho Congreso, el Mpsl dice que su objetivo es “luchar por una Central Alternativa... que luche por construir un bloque social y político capaz de imponer el poder popular”. En ese ‘bloque’ no podía excluir al Frepaso y al Chacho; entonces, ¿porqué se retira cuando le da la tribuna? En realidad, el PC no da pie con bola, pues no acababa de lanzar su propuesta de construir un ‘movimiento de izquierda’, es decir, de diluir a la izquierda en un movimientismo sin fronteras claras, cuando ya lo ha sustituido por lo del ‘bloque social y político’, que finalmente terminará en nada.

La indignación y combatividad de los trabajadores del Instituto va en aumento. Los gremios, en cambio, ATE, UPCN, UTI, responsables de la centralización e impulso de las medidas, juegan el papel de bomberos. Se niegan a lanzar un plan de lucha, fuertemente reclamado por las bases, y van a la zaga de las iniciativas que toman las asambleas de distritos y delegaciones. Centenares de asambleas, cortes de calle, batucadas, recorren las sedes de todo el país. El pasado miércoles, como consecuencia de resoluciones de asambleas de edificios y enlaces telefónicos, cerca de 2.000 trabajadores se autoconvocaron en Congreso y realizaron una combativa marcha de antorchas. ATE trató de llevar la movilización al redil del CTA, que a la misma hora realizaba su patético acto en el lugar, con Fredy Storani, Melchor Posse y Chacho Alvarez en el palco. Fracasaron. Los hombres y mujeres de negro atravesaron las magras filas centroizquierdistas y ocuparon un lugar diferente, de cara al Congreso, para repudiar a Markovic, cuya interpelación por parlamentarios había sido anunciada. Luego, una impresionante columna de negro, marchó a los edificios céntricos del PAMI, cantando incansablemente ... “Markovic, hijo de puta...”, “¡¡Qué se vaya!!...”, “el PAMI es de los viejos, no se vende se defiende...”. Fue la única marcha genuina, concreta y combativa de la jornada, mientras el CTA llamaba a juntar firmas en favor de un proyecto de ley en un “acto” vacío, y la CGT marchaba en apoyo de los contrabandistas de la Unión Industrial. A tal punto, que De Gennaro se sintió obligado a ensayar algunos pasos de batucada y repartir besos entre las compañeras de PAMI, y más tarde, Daer se hizo presente en la marcha de antorchas. La noticia de la descentralización-liquidación, anunciada por Menem sobre el fin de semana, enardeció a los trabajadores. Asambleas de edificio reclamaron a viva voz un plan de lucha inmediato, conminar a los gremios a lanzarlo, organizar una marcha negra nacional a la Plaza de Mayo. En varios casos, las asambleas culminaron expulsando de los edificios a los empleados de las consultoras de Markovic y Perversi, que abandonando sus papeles, pusieron pies en polvorosa. Ciertos distritos empezaron a recorrer fábricas y empresas vecinas, reclamando la solidaridad, y son recibidos con brazos abiertos. Incluso, ante el anuncio de la inminencia de los despidos, varios sectores plantearon la ocupación de las sedes. Para el miércoles 27 se prepara una asamblea de autoconvocados, con invitación a delegados y gremios del Instituto, que va a arremeter, seguramente, contra la inoperancia de la “intersindical” de los tres gremios. La gran marcha negra, de trabajadores, jubilados, médicos de cabecera y vecinos, viene tomando cuerpo.

Es cierto que pasó ya mucho tiempo de cuando en los primeros años de la revolución, Fidel Castro caracterizó a la iglesia católica como una institución “de los ricos, de los terratenientes”, o de cuando dijo que “perdi(ó) muchos años de (su) vida en el oscurantismo, la superstición y las mentiras”, al referirse a su paso por los claustros escolares de los jesuitas. Hace más de una década, Fidel Castro se redefinió como “católico”. La visita de Fidel ahora al Papa es otro paso ‘trascendental’, que cede al clero la injerencia en la educación pública y en los medios de comunicación masivos. Del goce actual para celebrar el culto, la iglesia pasa a convertirse, de aquí en más, junto al partido comunista, en una de las burocracias con poder político en la Isla. Las ‘concesiones’ que arrancó el Vaticano de la reciente visita, se miden en que ninguna otra institución tendrá esos ‘derechos’, fuera del PC. El clero cubano fue enemigo de la revolución cubana. Ligado mayoritariamente al franquismo, el 90% terminó expulsado de la isla o emigró por iniciativa propia. Entre los primeros clérigos que desembarcarán próximamente, se cuentan varios que por estas razones tenían vedado el ingreso. Las pleitesías de Fidel con el Papa, en Roma, fueron complementarias de otras tenidas con los capitostes de los pulpos europeos. Ante el “rey del capitalismo” italiano —como define un cable de EFE a Agnelli, el mayor accionista de la Fiat— recomendó invertir en la isla, porque “en Italia —dijo— tenéis leyes sindicales menos severas que en Cuba con los empleados” (La Prensa, 19/11). De estas palabras, resulta que Fidel concibe a la quiebra del bloqueo norteamericano sobre Cuba, como un factor de reforzamiento de la explotación de la clase obrera. La regresión a favor del clericalismo no tiene nada de ‘milagrosa’, pues hace ya un buen tiempo que el régimen castrista viene elaborando una ‘teoría’ mistificadora, dirigida a justificar esta nueva política con argumentos ‘izquierdistas’. Según declaró en 1994 un alto dirigente cubano, sería necesario “derriba(r) la ideología funesta que identificaba con el ateísmo a la revolución, al desarrollo político de las personas y el carácter científico del pensamiento” (Fernando Martínez Heredia, Propuesta, 21/11). El giro del castrismo hacia el oscurantismo es copernicano, si se tiene en cuenta, como lo dice el autor citado, que “la política cubana no concedió nunca espacio social apreciable a la religión... desde 1868” (ídem). El castrismo sale nada menos que a ‘evangelizar’ al servicio del Vaticano, pues según un estudio de la Academia de Ciencias de Cuba, en 1990, “sólo un 15% de la población tenía una filiación religiosa sistemática (católica, protestante, etc.)... Cuba es un país mestizo, mulato, donde la santería reina de forma mágica y cómoda...” (Página 12, 21/11). La finalidad de este curso clerical del castrismo es provocar ‘resignación’ de las masas cubanas, ante la política de la burocracia ‘restauracionista’.

Han pasado más de diez días del fracaso de la Asamblea General del 13 de noviembre en la cancha de Atlanta, sin que el frente de oposición haya sacado aún un balance de su política. Por segunda vez en más de un mes, el Frente dejó pasar la oportunidad para obtener un rechazo al pre-acuerdo de convenio firmado entre las empresas y la burocracia de Foetra. Mientras tanto, las patronales siguen golpeando. Telefónica ha despedido a un activista por no aceptar el régimen arbitrario de traslados que la empresa quiere imponer. Frente a ello, la Mesa de Enlace del frente opositor ha convocado a una marcha para el viernes 29 hacia la jefatura de la empresa para entregar un petitorio reclamando que se revea la política de traslados compulsivos, ‘licencias domiciliarias’ (que son despidos en suspenso), presiones patronales para provocar retiros-despidos y violaciones convencionales. Lo que llama la atención es que no figura el rechazo al preacuerdo firmado por la patronal con la burocracia. ¿Se abandona la lucha contra este preacuerdo? Como planteamos la semana pasada desde este periódico: “Si toda la oposición se decide a hacer un análisis descarnado de las limitaciones que ha manifestado hasta el momento, tiene asegurada su victoria en un plazo más breve de lo que se imagina”. En la lucha decidida contra el preacuerdo antiobrero y las persecuciones patronales se sustentará el surgimiento de una nueva dirección antiburocrática de los telefónicos.

La ‘normalización’ del PAMI, anunciada por Bramer Markovic, busca perpetuar al gobierno en la conducción de la obra social de los jubilados y llevar adelante el plan del Banco Mundial. Por eso, junto al anuncio de la ‘normalización’, Bramer Markovic dijo: • que se traspasará la atención de los jubilados a las provincias; • que más de 7.000 empleados del PAMI pasarán al Fondo de Reconversión Laboral, lo que significa el despido; • que 2.000 médicos de cabecera y 1.000 empleados de ambulancias pasarán a las provincias, previa selección por los nuevos prestadores; • que se cumplirá con los compromisos con el Banco Mundial. Es evidente que quien pretende llevar adelante un plan de estas características, no está pensando precisamente en irse del PAMI, sino en fijar su posición para el próximo siglo. Y que esto es así no cabe la menor duda. La ‘normalización’ le asegura al gobierno una perfecta continuidad de la intervención. El PAMI ‘normalizado’ quedará dirigido por un Presidente y 12 directores. Al Presidente y los 6 directores los nombra el Estado, o sea el gobierno, o sea Menem. Otros dos también los nombra el gobierno a propuesta de la CGT, es decir, a propuesta de la burocracia menemista, que acepta la ‘reconversión’ de las obras sociales sindicales dirigida por el Banco Mundial. Y a los restantes cuatro también los designa el gobierno, a propuesta de las organizaciones de jubilados, o sea, de un conjunto de sellos que maneja como una oficina pública. Justamente, Bramer Markovic resolvió que el programa Bienestar, de atención alimenticia a los jubilados carenciados, y que insume 10 millones de pesos mensuales, siga siendo manejado por los centros de jubilados oficialistas como un instrumento de clientelismo y de soborno político. El PO denuncia la ‘normalización’ fraudulenta del PAMI; el propósito de prorrogar la intervención menemista por otros medios; su finalidad contraria a los intereses de los jubilados y de los trabajadores; su clara filiación pro-Banco Mundial. El PO plantea que los sindicatos del PAMI y las organizaciones de jubilados y pensionados se pronuncien contra la ‘normalización’ menemista del PAMI, que se pronuncien contra el traspaso de la atención médica a las provincias, que se pronuncien por el rechazo a los despidos y por la inmediata renuncia de Bramer Markovic. Que una comisión de las organizaciones de jubilados y de los trabajadores, elegida en Asamblea, tome a su cargo el PAMI, para que la obra social sea conducida por jubilados y trabajadores.

Un lector brasileño ha protestado, aparentemente por medio de Internet, contra la calificación del intendente electo de Porto Alegre, que pertenece al PT, como “derechista”. “Raul Anglada Pont es un importante militante de la Democracia Socialista”, dice el lector. Democracia Socialista es una corriente interna del PT, afiliada al Secretariado Unificado de la IVº Internacional. El lector agrega, para mayores datos, que Anglada Pont obtuvo su candidatura luego de una elección interna en el PT de la capital ‘gaúcha’, en la que derrotó a Fortunati, “éste sí de la derecha”. Establecida la clarificación del lector, insistimos en nuestra caracterización del flamante intendente como ‘derechista’, por una razón que dimos varias veces y a la que el lector prefiere ignorar. Anglada Pont obtiene la intendencia reivindicando a su antecesor, Tarso Genro, también del PT, el cual no solamente pertenece a la fracción derechista “Nueva Izquierda”, que lidera el diputado nacional José Genoino, sino que realizó una gestión municipal saludada por la totalidad de los grandes capitalistas del Brasil y del Estado de Rio Grande do Sul. Aunque no es lo mismo, algo similar ocurrió en Belo Horizonte, donde el candidato izquierdista del Partido Socialista, ganó la intendencia con el apoyo del ultraderechista y ultraprivatizador Patrus, intendente saliente, del PT. La ‘trotskista’ Democracia Socialista ha protagonizado innumerables episodios derechistas en su historia, bastantes más que los izquierdistas, y es una corriente francamente pro-capitalista. Lo demostrará la gestión del flamante Anglada Pont, al cual el gobernador cardosista del Estado, Britto, ya le ofreció su plena colaboración. El lector también prefiere ignorar que Luiza Erundina ganó, hace ocho años, la intendencia de Sao Paulo como candidata de la izquierda del PT, para concluir reprimiendo huelgas e ingresar, más tarde, al gobierno de Itamar Franco. En Prensa Obrera llamamos a las gentes por lo que realmente son, no por lo que algunos dicen que son.

El Ministerio de Trabajo está citando uno por uno a los trabajadores que se negaron a aceptar el traspaso a Polymont para que expliquen las razones que tienen para negarse (parece que no le alcanzaron los cuatro días de toma). Con esta maniobra están buscando quebrar la unidad de los trabajadores de Mantenimiento. El Ministerio pretende digitar una representación obrera de dos miembros (justamente, lo que reclaman Ciadea y Polymont); quieren disolver la comisión de representantes de Mantenimiento, que ya estaba participando de las audiencias antes de la toma. De este reclamo se hizo vocero el Smata, que en la última audiencia sólo hizo entrar a 12 de los 26 representantes, dejando a los otros 14 en la puerta. Y hay otra. La patronal ha descontado los días de lucha; ¿no debe considerarse este hecho como una medida de fuerza y una provocación de la patronal en el medio de la ‘conciliación’? Aquí también el Smata ha dejado hacer. El Smata está trabajando por quebrar la lucha desde el comienzo del conflicto. Campellone tenía dos discursos: en las asambleas recitaba su oposición a la tercerización y hasta se lamentaba por haberla aceptado en el pasado; frente a La Voz del Interior, en reiteradas oportunidades (jueves 14, viernes 15 y sábado 16), proclamó “que el mal menor son las indemnizaciones” y que “aceptaríamos el traspaso (a Polymont) si nos pagan las indemnizaciones”, lo contrario a lo resuelto en las asambleas. Cuando la burocracia, con el aval de la lista Blanca, aceptó la conciliación obligatoria, traicionó el mandato de las asambleas y permitió que Polymont se sentara en la mesa de negociaciones cuando nada hay que discutir con ella, porque los trabajadores rechazan la tercerización. Toda esta situación ha creado un ambiente ‘tenso’ dentro de la planta. Muchos trabajadores están discutiendo retomar la ocupación. Hay que pegar un urgente cambio de rumbo, quebrar los condicionamientos y la parálisis del Smata. Exigir la convocatoria a asamblea general, la denuncia de la conciliación, la ratificación del rechazo a la tercerización y la necesidad del paro activo del Smata contra los intentos de imponer un nuevo convenio Fiat.

La descentralización provincial de la atención de los jubilados introduce un factor de gigantesca corrupción, sobre la base del manejo de los aportes de trabajadores y jubilados a la obra social de jubilados. La nueva obra social significa, para la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que ya habría firmado, “una caja económica y una clientela política de magnitud” (Ambito, 20/11). A cambio de una importante recaudación, se obligará a dar a los jubilados un “Plan Médico Obligatorio” de 23 pesos de costo mensual por jubilado. De allí puede surgir una interesante diferencia, manipulando los contratos y dando una prestación ultraelemental. Duhalde contará con un segundo Fondo de Reparación Histórica para apuntalar su campaña. “Cada provincia podrá seguir designando delegados y negociando contratos con algún criterio político” (Ambito) favorable a sus fines electorales. El sistema de subcontrataciones de las privadas por las “redes” provinciales será una fuente de “retornos” e influencias políticas, que se manejarán con las federaciones médicas y las asociaciones de empresarios de clínicas privadas, laboratorios y farmacias. Todo a costa de los fondos aportados por jubilados y trabajadores, y del deterioro de la calidad de la atención. Algunos gobernadores, como los de Chubut y Formosa, se han pronunciado, en cambio, en contra, porque desconfían de que el gobierno nacional envíe los fondos correspondientes, ávido por tapar agujeros en las cuentas fiscales.

Los incondicionales del castrismo justifican cada paso del régimen cubano hacia el capitalismo y la conciliación con la reacción como una consecuencia obligada de la ‘caída’ de la URSS. Incluso, si esto fuera cierto, tampoco justificaría nada, por la simple razón de que el gobierno castrista apoyó activamente a la burocracia rusa que ‘derribó’ a la Unión Soviética y siguió, con respecto a Cuba, la misma orientación social y política y la misma metodología de gobierno. Pero es precisamente esto lo que explica que la política actual del gobierno cubano no hubiera empezado después, sino antes, de la ‘caída’ de la URSS. Al igual que lo que ocurría con la burocracia de Brezhnev y de Gorbachov, Fidel Castro endeudó fuertemente a Cuba con la banca internacional a partir de 1980, hasta llegar a un monto de 10.000 millones de dólares que nunca ha podido devolver; la suma representa diez veces las exportaciones cubanas y el ciento por ciento de su producto nacional. En las negociaciones para refinanciar esta deuda, que comenzaron hace más de una década, se está contemplando ahora su rescate a cambio de la entrega parcial o total de empresas estatales. La asfixia que significó el desmedido endeudamiento con los pulpos financieros internacionales, explica mucho más la crisis económica cubana que la ‘dependencia’ de los rusos o el bloqueo de los yanquis. También, el ‘acercamiento’ al Vaticano comenzó antes de la ‘caída’, en coincidencia con las visitas que hicieron al Papa Gorbachov y su mujer. La ‘aproximación’ fue preparada por un ‘ablande’ ideológico acerca de la religión, que empezó a ser caracterizada como una suerte de ‘humanismo’ y ya no como la manifestación típica de la alienación humana, o sea, de la pérdida de la condición humana del hombre. El cardenal Fiorenzo Angelini, jefe del ‘ministerio’ papal para la Salud desde hace once años, acaba de revelar a la agencia Ansa, en una entrevista exclusiva, “un coloquio que mantuvo con el líder máximo de la revolución cubana que puso las bases para un acuerdo sobre hechos concretos”. Esto ocurrió “en julio de 1989, es decir, cinco meses antes de la caída del Muro de Berlín. ‘Estuve tres veces en Cuba durante el transcurso de un año, dice el purpurado, —entre abril de 1988 y julio de 1989... Las tres veces hablé con el presidente Castro... Ahora se puede decir que los primeros encuentros, míos y de otros (como el cardenal Roger Etchegaray y Bernard Gantin), fueron útiles para preparar el camino de la visita del Santo Padre a Cuba’, dice Angelini” (Diario de Río Negro, 23/11). Es necesario recordar que no solamente el Estado ha dejado de ser constitucionalmente ateo en Cuba, sino también el partido comunista, lo que significa que ha abandonado el marxismo incluso como base doctrinaria formal. No debería llamar entonces la atención que, en un futuro, un comunista clerical pueda conducir los destinos políticos de la Isla hacia un capitalismo pleno.

Mientras los dirigentes de la CGT y del PJ presentan a Duhalde como defensor de los trabajadores y de la Nación, el hombre es un privatista y el peor negrero. No sólo se ha sumado a la destrucción de la jubilación y de la ley de accidentes de trabajo a través de su propia AFJP Orígenes y su propia ART, sino que se ha lanzado a flexibilizar a fondo al personal de la provincia. Salario familiar: mientras en todo el país se cobra 40 pesos, en la provincia se cobra 10 pesos; nos robó 360 pesos por hijo por año. Ahora, una nueva reglamentación liquidó, de un saque, importantísimas conquistas como las vacaciones, que antes eran días hábiles y ahora son días corridos (una quita del 33%). Se elimina el ‘stress’ para el personal hospitalario (que era un porcentaje de días equivalente al 40% de vacaciones). La antigüedad anual, que era del 3%, se redujo al 1%. La licencia por maternidad, que era de 135 días, se reduce a 95 días. Para no ir con ‘pequeñeces’, los salarios están congelados desde hace cuatro años, las vacantes son cubiertas mínimamente con becas y contratos en condiciones miserables. Aumentaron las diferencias de sueldos entre trabajadores de distintos hospitales (todos dentro de la misma provincia). Ni hablar de las diferencias con la Capital. A todo esto, los gremios de la provincia (Sanidad, ATE, UPCN) han fracasado miserablemente en poner freno a esta política. Hoy se impone que los trabajadores tomemos en nuestras manos el problema, fijando un programa por nuestras reivindicaciones. * Aumento de salario (equiparación con sueldos más altos). * Derogación de las leyes negreras. * Nombramiento de becarios y contratados. * Descongelamiento de vacantes. * Salario familiar igual al resto del país. Hay que impulsar Asambleas, elección de delegados y marchas, apuntando a un plenario de todos los gremios estatales hacia un Congreso de Bases, que vayan elaborando un plan de lucha conjunto, comenzando con un paro de 48 hs. El Congreso del Partido Obrero del 30 de noviembre debe ser una referencia para todos los trabajadores del PAMI, del INTI, de los hospitales, para organizar la lucha contra esta superexplotación.

Una delegación de compañeros (Hospital Posadas, jubilados y docentes) del Plenario Abierto de Trabajadores de Zona Oeste fue mandatada para llevar la solidaridad a los trabajadores del PAMI. Participamos en una asamblea el 20 de noviembre, en la que los trabajadores reclamaron más actividad, lo que tomó la forma de subir a echar a la Consultora. Esta acción directa de los compañeros es toda una lección: en el marco del conflicto contra los despidos y el vaciamiento del PAMI, no se puede permitir que sigan ‘auditando’ las consultoras. Este reclamo fue impuesto por los asambleístas, superando el planteo de la Intersindical (ATE, UPCN, UTI), que varias veces intervino centrando el eje en hacer lo que resolvieran “los dirigentes”. Fueron también los trabajadores los que tuvieron la última palabra cuando los delegados (ligados a la CGT) pidieron que se bajara cuando aún no se había retirado la consultora, para concurrir a la Aduana: —Vayan ustedes nomás, nosotros nos quedamos aquí luchando...

Cumplo en denunciar, por medio de estas líneas, a la emisora de radio FM “JAI” (96.3 Mhrz.), en la persona del señor Abel Kleiman, por haberme hecho objeto de censura y discriminación. El señor Abel Kleiman, productor del espacio radial “Jai, Nosotros y la Noche” (conducido por Marta Rosental) y de “Memoria y Realidad” (conducido por Herman Schiller), me manifestó, en estos días, que en función de la participación que tuve en el acto de las Madres de Plaza de Mayo el día 24/10/96, en donde se repudió las profanaciones nazis en el Cementerio de la Tablada, ocasión en la que me manifesté también en dicho acto con una condena a la legalización de la tortura en el Estado de Israel, quedaban interdictas mis habituales salidas al aire, tal como lo hacen los demás oyentes de la radio. Esto se debe —según su interpretación— a que una radio judía no permite la difusión de ideas Anti-judías. Al respecto quiero ratificar que, como judío argentino y como judío israelí (que también soy), siempre repudiaré estas prácticas aberrantes, se instrumenten donde se instrumenten. Por cuanto la Filosofía y nuestra larga Historia Judía nos enseñan permanentemente los valores más caros que hacen a la Vida Humana. Y creo, por el contrario, que avalar la tortura en todas sus formas, sí es practicar el antijudaísmo. Este tipo de exabruptos inquisitoriales, en nada ayudan a la salud de nuestra colectividad en la Argentina, y tampoco al incipiente camino de la Paz en el Medio Oriente.

Cablevisión tiene la mayoría de sus trabajadores tercerizados, a través de la empresa Construred. La misma no es más que un invento de la patronal, mediante el cual los trabajadores realizan un sinfín de tareas similares a sus pares contratados directamente por Cablevisión, cobrando sueldos inferiores al 50%. El Plan Plu$ La patronal de Cablevisión (Multimedio América) lanzó, a fin del año pasado, el llamado Plan Plu$. El mismo consiste en convertir a todos los trabajadores en promotores, con habilitación para vender instalaciones, bocas adicionales, filtros para el fútbol, pasajes a débito automático, etc. ¿Cómo es esto? Si el trabajador tiene un objetivo de 4 instalaciones, debe vender 5 para cobrar un plus (sólo sobre la instalación de más), no sobre las 4 de su “objetivo”. Pero aunque el trabajador venda 5 instalaciones, la empresa no le garantiza ni siquiera el plus sobre una, puesto que la misma, de conjunto, también tiene que pasar un objetivo fijado por ella misma. Las tareas de venta deben realizarse sin desatender las del trabajo normal. Un plan, tres objetivos 1) Incrementar las ganancias: tras un año del Plan Plu$, no hay duda que se incrementó el plus que la patronal se lleva de nuestro laburo diario. La misma patronal admite el aumento de abonados, que ‘casualmente’ siempre fue menor a los objetivos. 2) Apriete a los promotores: el Plan Plu$ pone a competir al sector ventas con el resto de los sectores. 3) Flexibilizar técnica: si bien los objetivos personales “no son obligatorios”, el hecho de convertir a todos en promotores de ventas es incluir dentro del trabajo tareas que no figuran en ninguna parte, ni del convenio colectivo del Sindicato de Televisión, ni del convenio colectivo del Sindicato de la Construcción. De esta forma, la patronal logró sentar un precedente que seguramente intentará usar más adelante, y que ya ha usado, porque al ver el aumento del plus patronal, vemos también otras medidas como la guita de horas extras, desconocimiento de horas al 50% y al 100% los fines de semana, y la casi inexistente asignación de categorías y pases a Cablevisión. La pregunta es: ¿tienen límite las pretensiones de Cablevisión? La respuesta es no. Así lo demuestra el envío al Congreso de las nuevas “leyes laborales”, mucho más esclavistas que las que se viven hoy en la empresa. ¿Todo mal? Que la situación mejore o empeore, va a depender de que los trabajadores se organicen, salgan delegados, que se voten listas de reclamos y, por sobre todas las cosas, tener en cuenta que el fracaso en que se encuentra el Plan Plus es una muestra de que la confianza en las propias fuerzas es el camino; no esperar nada de los sindicatos UOCRA, SAT, que se han mostrado como verdaderos agentes de la patronal, dejando pasar todo esto como si nada.

Acosado por la movilización nacional de trabajadores y jubilados, y enfrentado con los prestadores, a los que se deben 1.200 millones de pesos, Menem resolvió tomar una iniciativa política para descomprimir los múltiples frentes de batalla, avanzando, sin embargo, en el camino de la liquidación del PAMI, exigida por el FMI y el Banco Mundial. La nueva maniobra consistió en anunciar la normalización del PAMI en 90 días, un planteo que coincide formalmente con el que venían levantando sindicatos y organizaciones de jubilados. El único elemento novedoso que incorpora, en relación a la liquidación que viene armando Bramer Markovic, consiste en que ahora esa liquidación quedaría en manos de un directorio de funcionarios estatales (en mayoría), de la CGT y de jubilados “colaboracionistas”, todos designados por el gobierno. El silencio de la CGT sobre el punto es indicador de que existe la media palabra dada. Es que el futuro “directorio” manejaría los 1.200 millones de la deuda con los prestadores y proveedores, deuda que piensa “recortarse” en un 30%, mediante negociaciones. Se encargaría también de las nuevas contrataciones por valores varias veces millonarios y de la administración del crédito del Banco Mundial para la “reforma” de la obra social. Mucha plata como para hacerle “asco”. Lo que también quedará en manos de estos burócratas, alcahuetes del gobierno, es el despido de 7.000 empleados del PAMI, que sobrarán una vez realizada la descentralización. Significa que los jubilados pasarán a ser atendidos por redes de prestadores de cada provincia (se habla de un 25% de hospitales públicos y el resto privados), bajo el control de los ministerios de Salud provinciales. Estas nuevas contrataciones estarán intermediadas por entes del tipo del existente Consorcio Agrupación Sanitaria Provincia de Buenos Aires (habría firmado el primer contrato), encargados de “filtrar” las prestaciones, para asegurar los costos. Es que los 23 pesos mensuales por jubilado (cápita) que se ofrece pagar a los prestadores para cubrir todos los niveles de atención (médico de cabecera, internaciones, estudios y tratamientos complejos, traslados, etc.) es un recorte muy drástico en relación a los 30 a 40 pesos que hoy paga el sistema por menos cantidad de prestaciones (médicos de cabecera, emergencias, kinesioterapia, están a cargo directamente de PAMI). Queda claro que el factor de ajuste del proyecto menemista es la rebaja de cantidad y calidad de prestaciones. Dicho más claro, la salud de los jubilados. Sin contar con que desaparecen las prestaciones sociales, turismo, etc., que brindaba el PAMI cuando, además, daba superávit. Las auditorías serán exclusivamente financieras y no de calidad de atención. Choque con los prestadores El nuevo plan ha sido rechazado por los prestadores médicos, farmacéuticos, de laboratorios, que el lunes 25 realizarán un paro. Porque el gobierno pretende financiar las deudas del PAMI a 10 años, con quitas importantes y pagar quizás en bonos. Pero más les preocupa aún el hecho de que se anularán todos los contratos actuales, y que las recontrataciones quedarán a cargo de las redes provinciales y dependerán de la política de los gobernadores. O del municipio, en el caso de la Capital. Los patos de la boda De todas maneras, es de prever que el gobierno logrará una conciliación con los prestadores, al hacerse cargo, como dispuso Menem, de la deuda, y mediante una negociación con las federaciones médicas, y cámaras de clínicas y sanatorios y farmacéuticas en las provincias. Las grandes patronales de la medicina privada, allí nucleadas, no quedarán afuera de ningún negocio menemista. Las consignas Por el contrario, los trabajadores de PAMI quedan expuestos a los miles de despidos, y los jubilados librados a un destino incierto y a prestaciones muy inferiores a las actuales. Bien que serán presentadas como la nueva panacea por costosas campañas de televisión. La defensa integral de la obra social y de las actuales prestaciones plantea la lucha por la renuncia de Markovic; ni un solo despido; la restitución de los fondos desviados por el gobierno a otros fines; la investigación de la deuda y la administración del PAMI por jubilados y trabajadores.

Señor embajador: En vista de la penosa experiencia vivida en nuestro país por la imposición del terrorismo de Estado —en especial, durante la última dictadura militar—, y habiéndose dado en el suyo un nuevo caso de aplicación legalizada de torturas a un ciudadano palestino sospechado de atentados, nuestro “Movimiento contra el racismo, la xenofobia y la discriminación” reclama al Estado de Israel, por su intermedio, el cese inmediato de esa práctica aberrante que usted mismo, señor Embajador, justificó oportunamente. Es que, por más “liviana” (en términos modernos: “ligth”) que sea la metodología de tormentos que pretenden ustedes aplicar en Israel, vuestras autoridades sin embargo no hacen sino igualarse en ese aspecto con los Generales impunes del autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional” argentino. Por el “Movimiento contra el racismo, la xenofobia y la discriminación”: Perla Waserman, Alfredo Bauer, Horacio Ballester, Alberto De Renzis, Simón Blanco, Luis Villordo, Pedro Meyer.

A partir de la autoconvocatoria de profesores y de un proceso de movilizaciones y cortes de calles de estudiantes y docentes, el gobierno fue obligado a postergar el anunciado cese de los interinatos que se iba a concretar en diciembre. La amenaza de despidos, a partir de las compactaciones y cierres de secciones y colegios, quedó pendiente para el mes de abril próximo. La asamblea autoconvocada sesionó el sábado pasado, a pesar de que el gobierno ordenó el cierre del local escolar en donde se iba a hacer la reunión. La asamblea sesionó en la calle con más de cien profesores y delegados y resolvió continuar la lucha, aprobándose un programa de reivindicaciones que exige la inmediata titularización de interinos, el aumento de emergencia del presupuesto educativo (rebajado en 20 millones en el proyecto que se está tratando en la legislatura), ‘techo’ de 25 niños por aula, todo esto en el marco de la lucha por la derogación de la ley provincial de educación. Con este programa se concretó una movilización el martes 19, con unas 400 personas entre estudiantes y docentes. Una parte importante la constituyeron los docentes y estudiantes de las escuelas y profesorados de arte, que están amenazados por fusiones y cierres. En lenguaje fascistizante, Romero convocó a conferencia de prensa al día siguiente, para acusar a los promotores de la movilización de “extremistas” y anunciar que habrá correcciones en el presupuesto 97, asignándose al rubro personal el mismo monto que se gastará este año. A pesar de que la presión de la movilización está obligando a ‘echar lastre’ al gobierno, los anuncios no resuelven en absoluto los reclamos de los autoconvocados. En primaria se ha hecho una matriculación anticipada para cerrar masivamente secciones, colocando un piso de 35 niños por aula. Los nombramientos de maestros especiales siguen suspendidos por la emergencia económica. Recién a fin de año se sabrá el destino de los terciarios que están siendo “precalificados”, aunque es un hecho que se producirán numerosos cierres y fusiones. El martes 26 se concretará una nueva movilización. Este conflicto ha permitido que se comience a discutir el contenido “antieducativo” de la reforma entre los estudiantes, que ya se han planteado la formación de una Coordinadora estudiantil. Extender el movimiento de los autoconvocados, preparar un congreso provincial de estudiantes, docentes y padres en defensa de la escuela pública para derrotar la reforma educativa.

Mestre ha decidido realizar un censo poblacional el próximo 7 de diciembre. La Coordinadora de Desempleados de Córdoba reclama que, junto al censo, el Estado empadrone a todos los desocupados, asentando nombre, apellido y demás datos filiatorios. El reclamo del empadronamiento a cargo del Estado fue hecho hace rato por la Coordinadora, que considera que de los desocupados se debe hablar con nombre y apellido y no como una cifra. Al convertirlos en un índice o dato estadístico, los gobiernos pretenden desligarse de la responsabilidad que tienen sobre la situación de millones de personas; pero además, el empadronamiento es fundamental para permitir un reparto justo y equitativo de la “ayuda social” o cualquier otro “beneficio”. Los partidos patronales y la Iglesia se reparten la “asistencia social” (como bolsones, cajas, etc., todos ellos pagados con fondos públicos) y la utilizan para manipular a los necesitados, obligándolos a concurrir a actos, afiliarse, trabajar para punteros y votar a los mismos que votarán o ejecutarán las leyes y políticas que los convertirán en más necesitados. Los funcionarios oficiales dijeron que no disponen de los recursos para hacer el empadronamiento, pero ahora sí aparecieron para el censo con el cual Mestre pretende manipular las cifras de la coparticipación. Por ello, la Coordinadora le reclama al gobierno que empadrone a los desempleados el día del censo.

En el anterior número de Prensa Obrera salió un comunicado de prensa sobre la situación de los subsidios y las becas de comedores escolares. Este planteo salió de la Intercooperadora de inicial de toda la Capital Federal; esta iniciativa se volcó en una reunión de delegados de las cooperadoras de todos los colegios municipales. Varios delegados también tomaron iniciativas para repudiar la vieja-nueva política del ‘boss’ De la Rúa, que es implementar el ajuste no pagando los subsidios que deben (2ª cuota de mantenimiento, transporte, material didáctico), y para que cierre el ejercicio lo pasan como “ejercicio vencido”; esto significa que se evaporó, pero tampoco se convoca a la CODICO, que es donde cada distrito reparte un monto determinado para obras de gran envergadura, que los subsidios por mantenimiento no pueden cubrir. Esta situación hizo que distintos distritos mandasen petitorios, hicieran conferencias de prensa, concentraciones frente a la Secretaría de Cultura, etc. Hay un sector de padres que están en cooperadoras, que visualizan una política de abandonar la escuela pública y que la comunidad, en mayor o menor medida, se haga cargo de la misma. En el ‘92, el presupuesto para educación era de 58 millones de pesos, hoy es de 19 millones de pesos. En el ‘92, las becas de comedor eran para todos los chicos, hoy se han reducido en un 40% y la tendencia es a reducirlas aún más, cuando la tendencia tendría que ser al revés, ya que el deterioro social, la marginalidad creciente, la pérdida de trabajo, los bajos salarios, obligan a que el núcleo familiar tenga que buscar el sustento de cualquier forma. La función del Estado, en materia asistencial, tendría que aumentar, el ‘boss’ De la Rúa hace lo contrario. No hace falta que el señor Sanguinetti haga crear la ilusión de que la Ley Federal se posterga, para que algunos tomen estas declaraciones como buenas (UTE). La Ley la está aplicando el ‘boss’, por el recorte del presupuesto y el no cumplimiento de los subsidios. Los padres, los docentes y alumnos de la Capital Federal, tendríamos que reunirnos por distritos, sin importar el nivel, para lanzar medidas de conjunto para frenar el avance de la Ley. Retomar las asambleas en las plazas, colegios, etc. Los padres tienen que plantear: no a la reducción de las becas y que sean para todos los chicos, y que se haga cargo, como debe ser, la municipalidad; para esto es muy importante que se formen comisiones de padres por las becas y que se conecten con aquellos que están en situaciones similares.

La experiencia europea Según el especialista Jacques Le Goff, autor de la mencionada investigación, la política de ‘promoción del empleo’ mediante el subsidio a los capitalistas ha fracasado rotundamente en toda Europa. En Francia, desde mediados de la década del 70 los planes de ‘promoción del empleo’ se han sucedido unos a otros hasta alcanzar el medio centenar. En conjunto, permiten el pago de salarios por abajo del mínimo (para ‘aprendices’); la reducción de ‘cargas sociales’ y de impuestos para los capitalistas que contraten obreros promovidos; el ‘reentrenamiento’ de trabajadores en las empresas con un salario pagado por el Estado y hasta el pago de primas a los capitalistas que contraten obreros ‘promovidos’. Nada de esto impidió que, también en Francia, la desocupación alcanzara récords históricos. Los números del “fracaso”, como señala Le Goff, son “consternadores”: en 1994 —últimos datos disponibles—, estas ‘medidas promocionales’ crearon 70.000 puestos de trabajo netos... frente a una demanda de 3,1 millones de empleos. ¡Una ‘efectividad’ del 2%! Según diversos estudios, apenas uno de cada diez trabajadores contratados mediante mecanismos de promoción, logra acceder finalmente a un empleo relativamente estable. En Francia, lejos de resolver la desocupación, los ‘contratos promocionales’ la han agravado. En primer lugar, provocaron la ‘precarización’ del trabajo, porque los patrones contratan trabajadores ‘promovidos’ y luego los despiden para contratar a otros nuevos, embolsándose así varias veces los beneficios de la ‘promoción’. Uno de los directores de un gran grupo empresario francés describe así la política de la clase capitalista: “Algunos se benefician con cinismo de las innumerables primas gubernamentales al empleo. Contratan desocupados y embolsan la prima correspondiente; luego los despiden y contratan a otros para embolsar nuevas primas”. En segundo lugar, provocaron el reemplazo masivo de los trabajadores estables por los ‘promovidos’, incluso en los empleos más calificados. En consecuencia, los mecanismos de subsidio a los capitalistas “obstaculizaron la explotación de nuevas fuentes de empleos. En lugar de dedicarse a crear verdaderos empleos dotados de un status reconocido y una real calificación, la tendencia ha sido contratar trabajadores promovidos. Consecuencia casi mecánica: la asimilación de esas actividades a ‘changas’ sin gratificación”. La experiencia es lapidaria: los contratos de ‘promoción’ no han servido para crear empleos, sino para provocar una descalificación laboral en gran escala. Transformado en cifras, este fracaso es aterrador: en 1995 solamente, dice Le Goff, esta política de ‘empleo’ que no emplea a nadie, le costó al Estado entre 50.000 y 70.000 millones de francos, o sea, 10 mil y 15 mil millones de dólares. ¿Por qué insisten? Frente a semejante fracaso, señala Le Goff, “queda por explicar la intrigante persistencia... de una estrategia cuyos objetivos han sido muy ambiciosos y sus resultados desoladores”. La primera razón de esta ‘persistencia’ es esencialmente política: el Estado no puede reconocer públicamente su impotencia —y hasta su complicidad— frente a la desintegración social que provoca la desocupación masiva y permanente. Está obligado a simular que ‘combate el desempleo’ que provoca el régimen social que defiende. Dice Le Goff: “los ingeniosos promotores de estos dispositivos... saben a qué atenerse en cuanto a la eficacia probable de estas ‘nuevas’ medidas. Han perdido la fe, si es que alguna vez la tuvieron. El problema, para ellos, no es creer sino hacer creer (a los demás)...el anuncio periódico de una ‘nueva primavera’...de crear un movimiento, de hacer ‘cualquier cosa’ que relance la esperanza”. No cuesta reconocer en esta descripción no sólo a los Menem, a los Duhalde y a los Caro Figueroa –que fingen ‘combatir el desempleo’– sino también a los Daer, los Rodríguez, los Miguel y los demás burócratas sindicales, que convalidan esta simulación. “La verdadera razón de ser de estas medidas —continúa Le Goff— reside en lo simbólico, en lo imaginario, en la creencia”... es decir, en el engaño consciente. La segunda razón de la continuidad de una política condenada al fracaso es que la ‘promoción del empleo’ es una fuente de fenomenales subsidios que los capitalistas no piensan abandonar. Según informa Le Goff, sólo en 1994, las patronales francesas se embolsaron entre 10.000 y 14.000 millones de dólares en concepto de ‘primas’ y reducciones de ‘cargas sociales’ e impuestos. Uno solo de los ‘programas’ —el llamado ‘contrato de iniciativa de empleo’— le costará al Tesoro francés 6.000 millones de dólares... ¡antes de la creación del primer empleo! Para mostrar la dimensión y la amplitud que alcanza el subsidio a los grandes capitalistas, Le Goff cita una encuesta de la revista L’Enterprise entre las grandes empresas: aunque el 80% de los encuestados duda de su eficacia para reducir el desempleo, ¡el 60% de ellos ha aprovechado los subsidios! La rapiña del presupuesto estatal no es, sin embargo, lo único que impulsa a la burguesía a continuar la política de ‘promoción de empleo’: la ‘flexibilización’, contenida en los ‘contratos promovidos’, son un ariete para imponer la ‘flexibilización’ y la reducción salarial a todo el movimiento obrero. Frepaso-CTA o las barbas en remojo Las tentativas francesas con relación a la desocupación tienen mucho más en común, sin embargo, con la política que proponen el Frepaso y el CTA que con la del menemismo. Porque mientras éste asegura que el ‘mercado’ es capaz de resolver sin interferencias la cuestión del desempleo en masa, a partir de una completa ‘flexibilización’ de salarios y condiciones laborales, el centroizquierda sostiene que para que ello ocurra, los contratos ‘flexibilizadores’ sólo deben aplicarse cuando exista la creación de empleo adicional. El caso francés, experimentado durante un cuarto de siglo, demuestra que los subsidios y los contratos ‘flexibles’ vinculados a la creación de empleo, lo único que sí crean es un enorme déficit fiscal y beneficios fraudulentos para los capitalistas. La desocupación en masa no puede ser resuelta con medidas capitalistas. “Para los mejores expertos del empleo, afirma Le Goff, el tratamiento social del desempleo sigue siendo un enigma... sus causas, su lógica y sus mecanismos aparecen oscuros e inaccesibles”. Tenemos aquí la patética confesión de la bancarrota de la ‘ciencia’ social burguesa, que sin embargo, se jacta todos los días de su creciente sofisticación estadística. Detrás de esta bancarrota teórica se encuentra la bancarrota práctica del régimen social capitalista que esa ‘ciencia’ representa y defiende. La desocupación en masa en la casi totalidad del planeta se produce cuando la humanidad se encuentra muy lejos de satisfacer las necesidades básicas de la inmensa mayoría de la población; el crecimiento de la desocupación ha incrementado en escala gigantesca esta insatisfacción, inaugurando incluso una etapa de indigencia social creciente en las naciones capitalistas más ricas. Que haya, de un lado, una necesidad creciente de bienes y servicios, y de otro lado, un incremento constante de los brazos ociosos; esta es una contradicción que sólo se explica por la obligación que tiene el capitalismo de producir para el beneficio privado, no para satisfacer las necesidades sociales. Aquí está el ‘enigma’ de la desocupación. La incapacidad del capitalismo privado para resolver los problemas simultáneos de la desocupación y de la pobreza, exige la intervención del Estado, forzada por una motivación política. Canalizando los recursos hacia la construcción de viviendas, desarrollo de la infraestructura, desenvolvimiento de la educación y la cultura, incremento de la producción y manufactura de alimentos, reformulando las prioridades sociales en gran escala; actuando de esta manera, la intervención estatal sería capaz de resolver, a la vez, los problemas de la desocupación y de la pobreza. Pero una intervención de la envergadura requerida por la crisis chocaría de inmediato con los intereses capitalistas. Por una parte, porque el Estado debería atacar fuertemente los beneficios capitalistas para financiar su actividad social y productiva. Por otro lado, porque al actuar de esta manera entraría en una competencia ruinosa para el capitalismo particular. Las naciones más endeudadas del mundo deberían, por ejemplo, declarar la caducidad de las deudas externas, lo que produciría la ruina de una gigantesca masa de capital especulativo. Al inundar el mercado con construcción, alimentos y servicios sociales baratos, acabaría con los superbeneficios de estas ramas capitalistas altamente monopolizadas. Aunque no se puede descartar de modo alguno que bajo la presión de la crisis creciente algunos Estados capitalistas se vean obligados a transitar por el camino del intervencionismo y aun de medidas parciales de nacionalización, el Estado burgués es, por su naturaleza de clase, completamente incapaz de tomar medidas de fondo contra los monopolios capitalistas privados. Sin embargo, exigirle que tome medidas confiscatorias contra los capitalistas en beneficio de planes económicos destinados a resolver los problemas simultáneos de la pobreza, la desocupación y el bajo crecimiento económico, serviría para unir al pueblo en un planteo común, mostraría que sí existe una vía de salida y, al desenmascarar la impotencia del Estado capitalista, sería una valiosa ayuda para que se comprenda la necesidad de una revolución proletaria socialista.

La reforma educativa de Menem–Duhalde significa la destrucción, el hundimiento y la privatización de la escuela pública, tal como lo reclama el Banco Mundial. Queda en manos de los docentes, alumnos y padres defender la escuela pública y gratuita. — Por la derogación de la Ley Federal de Educación. — Por la no aplicación de la Reforma Educativa. No a la articulación. — Defensa de todas las ramas. Defensa de las escuelas medias, técnicas y especiales. — Que el Estado se haga cargo íntegramente de la construcción de tantas aulas y escuelas como sean necesarias para garantizar la obligatoriedad de la educación inicial, primaria y secundaria. — Defensa de los puestos de trabajo. Ninguna cesantía. — Libre organización de los centros de estudiantes. Defensa de los títulos. Los docentes, los alumnos y los padres sabemos qué educación queremos y, como protagonistas del proceso educativo, somos los que debemos establecer cómo debe ser y para qué. Por eso, desde los Autoconvocados de Hurlingham, queremos hacer un llamado a los docentes de todas las ramas, a los estudiantes, centros de estudiantes y demás organizaciones juveniles, a los padres, a los autoconvocados de otros distritos, a sindicatos, a agrupaciones políticas y sindicales, a personalidades del quehacer cultural y educativo, a todos los que quieran debatir, aportar sus ideas y opiniones en defensa de la educación pública, a sumarse y adherir al primer plenario educativo en Hurlingham, del próximo 30/11, en el Club Independiente, Miranda 859. Proponemos organizar reuniones, charlas, debates previos en las escuelas, que le den forma a propuestas, ponencias, iniciativas que formen parte de las deliberaciones del I Plenario Educativo en Hurlingham. Los docentes, estudiantes y padres tenemos la palabra. Comunicarse con Autoconvocados al Tel./Fax 662–0487.

La Coordinadora de Desempleados de la Provincia de Córdoba participó del Congreso Nacional del CTA; lo más importante de ese Congreso se vio en la gran cantidad de activistas y de delegados de base que convocó. Pero en honor a la verdad, tenemos que reconocer que ya estaba aparateado por parte de la dirigencia, por lo menos, en lo que se refiere a la comisión de desempleo y trabajo, en la que participó la Coordinadora; el debate fue intenso a pesar de lo limitado que era el tiempo de los oradores: tan sólo tres minutos. No obstante cada uno supo aprovechar bien el tiempo de participación dejando en claro sus fundamentos. De esa manera, la Coordinadora dejó sentado su programa político, la reivindicación de los cinco puntos de los desempleados: 1) el empadronamiento de los desempleados por parte del Estado, 2) el subsidio de desempleo de 500 pesos, 3) la eximición del pago de los impuestos, 4) la eximición de tasas de servicios, 5) la cobertura integral de salud. Estos puntos fueron aprobados por una mayoría generalizada de la comisión compuesta por una gran cantidad de comisiones, coordinadoras de desempleados de todo el país. Este planteo fue impuesto por encima de los micro-emprendimientos, la postura de las Cooperativas; a pesar de que no estábamos en un total desacuerdo, sabemos que no es la solución para el desocupado y el desempleo. A pesar de haber salido aprobado de la comisión, en la resolución final, el subsidio de 500 pesos no fue dicho y se mencionó un seguro de desempleo por 450 pesos; no es el mero hecho de poner una cifra, sino que esa cifra sea conscientemente analizada y coherente con la situación del desempleado, no nos olvidemos que el mismo Estado nos dice que un individuo debe tener un ingreso mínimo de 500 pesos para estar en un estado de subsistencia. Entonces, cómo ir a pedir 450 pesos. La Coordinadora elevó una nota documento antes de comenzar la última jornada, que se basó en un gran acto, donde el mayor tiempo lo llevaron las disertaciones de los oradores invitados. No obstante, reclamamos en forma verbal, ya que habían prometido dejarnos hablar; cuando nos dimos cuenta que iba a ser imposible, ante la cantidad de excusas que nos ponían, les solicitamos que hicieran mención. A pesar de que nos dijeron que sí, no lo hicieron, pero se comprometieron a hacerlo público. Hasta el día de hoy no nos llegó absolutamente nada. Conclusión: estuvimos presentes en un evento donde vimos cómo un compañero, Víctor De Gennaro, se impulsaba por encima de las masas. Mientras la dirigencia se aleje de las masas, seguiremos teniendo la CGT, por más que se le cambie el nombre y se llame Central de Trabajadores Argentinos.

En la sección técnica del Teatro Colón se iba en proceso de renovación de delegados. Se estaba formando una lista de oposición de centroizquierda a la delegación que 2 de los 6 responden a Genta. Pero el viernes 15/11/96 se le comunica a 9 compañeros de planta permanente, uno de los cuales tiene 33 años en el teatro, que pasan a disponibilidad y les es prohibido la entrada al teatro. También hay que recordar que unos días antes la dirección contrató el servicio de 4 policías, lo cual hacía más difícil la entrada de los compañeros. Los compañeros permanecieron en la calle Cerrito difundiendo el conflicto a los que entraban y salían. El mismo viernes se dirigen 75 compañeros al gremio a plantear el tema; allá los atiende Amor-Trovato —también en este grupo estuvo la delegación técnica que tiene el mandato cumplido. El gremio le comunica a los compañeros que el lunes 18/11 se realizará un plenario de delegados al cual son invitados y que el martes 19/11 se iba a realizar una asamblea general en el teatro. El martes 19 entran los 9 cesantes con 3 miembros del consejo directivo y se dirigen a la dirección general. El planteo del gremio era que el dilema de los compañeros sea discutido en la ‘comisión de relaciones laborales’; la respuesta del director general fue: “los cesanteados no entran más”. Después que se puso las cartas sobre la mesa, los 3 miembros de la CD bajan al 3er. subsuelo donde estábamos 400 compañeros para realizar la asamblea general. También se hicieron presentes con la dirección Aníbal Ibarra-Fatala, pero no se logró nada; cuando los 9 compañeros entraron a la asamblea, fueron recibidos con aplausos y gritos. En la asamblea hubo muchas intenciones: fuera la policía del teatro; un compañero del ballet planteó que abracemos el teatro; otro compañero de la dirección se sacó la careta, vino con un discurso democrático pero son totalitarios. Hasta que saltó la perdiz: un compañero planteó que la función de esa noche no se realice si los compañeros no son reincorporados. Esta moción se sometió a votación y fue votada por la mayoría. También se votó la moción de dos personas no gratas y su expulsión: Greco-Canela, directores que estuvieron con Renán. Los dirigentes del gremio le comunican a la asamblea que ellos se van a dirigir a la dirección a comunicarle lo que se resolvió, que esperemos que responda la dirección. Después de 40 minutos, los dirigentes resolvieron y nos comunican la respuesta de la dirección: ellos no van a dar marcha atrás y los compañeros no entran más. Siendo las 16 horas, ellos nos informan que el conflicto comenzó y hasta las 24 horas no debe trabajar nadie, que nadie se reúna con la dirección ni en grupo ni individualmente. A las 20 horas resolvemos reunirnos en asamblea para garantizar que la función no salga. Después de las 20 horas se reúne la asamblea, los dirigentes comunican que hubo un acercamiento y una propuesta de la secretaría de Cultura. Se habría elevado un borrador, el cual iba a ser leído en la asamblea para someterlo a votación, y en el caso de ser aprobado se labraría un acta a suscribir por los dirigentes y la dirección del teatro. A todo esto, el público estaba afuera esperando que se abran las puertas; llegó Crónica TV y América 2. La propuesta era la siguiente: que los trabajadores levantemos las medidas de fuerza, que la situación de los 9 compañeros se iba a resolver en la ‘comisión de relaciones laborales’, pero esta vez con los compañeros adentro. La asamblea estalló en gritos y aplausos. Un compañero pide la palabra y plantea a los dirigentes qué pasa si la comisión se expide por la negativa a los compañeros. Nos reunimos en asamblea y resolvemos tomar las medidas de fuerza hasta que reincorporen a los compañeros. Otro compañero le pregunta a los dirigentes: ¿qué pasa con los 3 precandidatos mientras se discuta su situación en la ‘comisión’? ¿quedan habilitados para formar la lista y presentarse a elección? La respuesta fue sí. Comenzamos a retirarnos, pero esta vez nos fuimos con una sensación distinta; ¡lo que vivimos hoy sería bueno que lo hagamos siempre!