Prensa Obrera N° 514

El 15 de octubre próximo ten­drá lugar el juicio oral y público contra el delegado de La Prensa, Jorge Brodsky, acusado de “vio­lación de domicilio” por la pa­tronal de dicho diario (Amalia Lacroze de Fortabat), por el sim­ple hecho de haber estado, un 24 de marzo de 1993, en donde debía estar: su lugar de trabajo y de representación gremial. Lo que la patronal pretendía era sacarse de encima la “mo­lesta” actividad de este delega­do, que venía encabezando la movilización de los trabajado­res del diario contra el cierre de la fuente de trabajo —La Pren­sa, en ese momento, estaba en concurso preventivo— y por un aumento salarial. En este proceso de persecu­ción no sólo se vio involucrado Brodsky: fueron condenados el delegado Adrián Alvarez (a un mes de prisión en suspenso) y el trabajador Ernesto Gutiérrez (a seis meses de prisión, tam­bién en suspenso), acusados de “falso testimonio”, tras haber ido a declarar como testigos en un juicio de desafuero contra aquél. Brodsky ya fue absuelto tres veces por el juez de pri­mera instancia, pero la Cá­mara resolvió dar marcha atrás cada una de las resoluciones fa­vorables del juez, conminándo­lo a éste a procesarlo. En este contexto, el juez Larrain aca­ba de resolver, tras un pedi­do en ese sentido de la em­presa, el rechazo de todos los testigos que ofreció el delegado querellado en la causa. Es necesario impedirle a esta patronal ménemo—videlista sentar un terrible prece­dente contra los trabajadores y sus derechos de organización. Debemos evitar la condena del compañero Brodsky, porque constituye un caso testigo con­tra el conjunto de los trabaja­dores. El único método posible es la movilización activa, no sólo el día del juicio —fijado para el martes 15 de octubre, a las 9 horas, en el juzgado correccional N° 10, secreta­ría 74, Lavalle 1640—, sino también con una gran campa­ña previa de denuncia y la rea­lización de un acto público, que la UTPBA ha fijado para el lunes 7 de octubre, a las 20 horas, en el Centro de Capacitación, Alsina 779.

El martes primero de Octubre, las autoridades del Nicolás Avella­neda decidieron suspender a dos es­tudiantes por jugar con agua y les prohibieron discriminadamente a dos alumnos concurrir junto a sus compañeros a un viaje de estudio de tradición histórica en el colegio a Puerto Madryn. Este hecho provocó un repudio generalizado en el colegio; al iniciarse las clases ese día, un grupo de los estudiantes suspendidos llamó al res­to a no subir a las divisiones y quedar­se en el patio haciendo una sentada. La respuesta fue rotunda, nadie entro a clases y todo el tumo se quedó en el patio. A lo largo de la mañana, la sentada transformó al colegio en un estado de asamblea permanente, en donde los estudiantes exigían una res­puesta de la rectora, que había aplicado las suspensiones arbitrariamente y reclamaban el papel del sistema represivo actual y el excesivo poder de las autoridades. Luego, al llegar la rectora, frente a la movilización crea­da, tuvo que ceder a la falta del día y las suspensiones del día anterior, pero al no dejar viajar a los alumnos se retiró siendo chiflada y abucheada. Era muy claro que los estudiantes tenían la manija del colegio. La asamblea duró hasta el hora­rio de salida y se decidió continuarla de igual manera al día siguiente. En el tumo tarde, la escuela es­tuvo cerrada, pero a pesar de esto se hizo una asamblea en la puerta y se votó un repudio a la actitud de las autoridades. Un capítulo aparte merece el pa­pel que jugó la Tupac Amaru (actual dirección del centro) que negoció la asamblea del día siguiente, que ha­bla sido convocada por los estudian­tes del turno mañana, como medida de fuerza, cambiándola por un diálogo en cada curso entre profesores y alumnos, un intercambio de parece­res para llegar a 'conclusiones'. Quedó claro el papel desmovilizador de la Tupac, que desenmascara la política genera) de las agrupaciones centroizquierdistas de conciliación con las autoridades, un claro ejemplo de esto fue cuando la presidencia del centro gritó por un megáfono (a coro con los profesores y autoridades) que los chicos entrasen a clase como siempre. Desde la Lista Naranja estamos impulsando en el Colegio la continui­dad de estas medidas, para que estos alumnos puedan concurrir al viaje, y que este movimiento desemboque en la elaboración de un nuevo regla­mento, por profesores y estudiantes, que anule todas las medidas represi­vas que amenazan día a día a los alumnos con ser expulsados y priva dos de sus estudios. Esta transfor­mación está íntimamente ligada con la transformación del actual consejo consultivo, donde los estudiantes son minoría y sólo asesoran. El plan­teo debe ser: Por un consejo resoluti­vo con mayoría estudiantil (tal cual es la realidad del colegio)

Corea del Norte -"el último dino­saurio stalinista” según lo califica la prensa europea (Le Monde, 19/9)- ha resuelto abrir sus puertas al capital extranjero. Como antes China, Vietnam o Cuba, el primer paso será la autoriza­ción de dos “zonas económicas espe­ciales de libre comercio”, es decir, ‘zonas francas' en las que el capitalis­mo y la explotación de los trabajadores serán la ley suprema. Los voceros capi­talistas ya han comenzado a expresar sus esperanzas de que las ‘zonas eco­nómicas especiales’ jueguen en Corea el mismo papel que en China. The New York Times (20/9) especula con que “las zonas económicas especiales pue­den marcar el comienzo de la trans­formación de Corea del Norte”. En un reciente ‘forum’ internacio­nal patrocinado por la ONU, que contó con la presencia de 440 inversionistas de 26 países, se anunció que las ‘zonas económicas especiales’ serán radica­das en Rajin y Sonborg, regiones agra­rias situadas en la frontera con Rusia y China. Ya fueron presentados 14 pro­yectos por 826 millones de dólares, en­tre ellos, la construcción de una planta de almacenaje de combustible por parte de Shell. Según Le Monde (19/9), en Corea rige ¡todavía! “un salario mínimo poco competitivo de 80 dólares mensuales (contra 60 de China y toda­vía menos de Vietnam)”. Las principales inversoras en las nuevas ‘zonas especiales’ coreanas son varias compañías chinas (capitalis­tas, claro), tanto del continente como de Hong Kong. Detrás de estas compañías está el propio gobierno de Pekín, que “ha presionado a los industriales de Hong Kong para que inviertan en Corea, en reciprocidad a un tra­tamiento favorable, después de que la colonia británica retome al do­minio chino en el próximo mes de julio” (The Wall Street Journal, 16/9). Uno de los grandes capitalistas envuel­to en los negocios coreanos -Peter Yu, de la Jet Air International Group, una compañía de transportes de Hong Kong- informa que en una reciente en­trevista privada, el viceprimer ministro chino para el comercio exterior “sugi­rió que Pekín asistiría a las compa­ñías chinas dispuestas a desarro­llar la infraestructura coreana”. Semejantes “sugestiones de alto ni­vel”, claro, no pueden dejarse de lado. “Cuando alguien de ese nivel dice una cosa así -concluye el capitalista hongkonés- es una clara señal para comenzar a invertir” (ídem). Mien­tras se discute si China es todavía (¡to­davía!) un “estado obrero”, China juega el principal papel en la penetra­ción del capitalismo en Corea del Norte. Aunque poco conocido, existe un amplio proceso de integración de la bu­rocracia norcoreana al ‘orden’ político y económico imperialista. En 1997, Co­rea ingresará al Banco Asiático de De­sarrollo (ADB), un organismo financie­ro que juega un papel similar al BID en América Latina y que, como éste, traba­ja en estrecha colaboración con el FMI y el Banco Mundial. Ya existe la Organi­zación para el Desarrollo de la Penínsu­la de Corea (Kedo), “que integran 13 gobiernos y que fue puesta en mar­cha después de que los Estados Unidos alcanzaran un acuerdo con Corea del Norte para aprovisionar­la con plantas nucleares ‘seguras’ de generación eléctrica, en reci­procidad a su decisión de congelar y posteriormente desarmar su an­terior programa de reactores de grafito (que podía ser usado para pro­ducir armamentos atómicos)” (Finan­cial Times, 16/9). Los países que finan­cian al Kedo son Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y... Corea del Sur. Los acuerdos establecen que “Co­rea del Sur, cuya empresa de servi­cios públicos Kepco está dirigien­do el proyecto, jugará un papel cen­tral”: junto con Japón, deberá cubrir los costos de capital de las nuevas plan­tas, mientras que los restantes países proveerán a Corea del Norte con 500.000 toneladas anuales de combus­tible, hasta que estas plantas estén ter­minadas. A todo esto hay que agregar “las inversiones de Corea del Sur en el Norte (que) han comenzado re­cientemente” (Financial Times, 21/8).

El negociado que se ha montado en torno a la pri­vatización de Yacyretá su­pera a todos los conocidos, inclusive al de IBM con el Banco Nación y la DGI. Menem es el responsable directo de todo lo ocurrido con Yaciretá desde 1989, pues colocó al frente de la represa a sus hombres de ‘confianza’. Para ‘ope­rar’ la ‘privatización’ ya votada por el Senado dejó a Carlos Bastos al frente de la Secretaría de Energía, sin importarle que hubiera pertenecido al grupo de Ca­vallo y que tiene a familia­res super interesados en la ‘privatización’. Menem pretende convertir ahora un ‘monumento al nego­ciado’, lo que calificó en su momento como ‘monu­mento a la corrupción’; porque programada en me­nos de 2.000 millones ter­minó costando más de millones. El negociado es simple: Menem y Bastos preten­den "obtener por esa pri­vatización entre 1.500 y 1.800 millones de dóla­res en tanto el futuro concesionario recaduaría no menos de 18.000 millones durante los 30 años de la duración de su contrato” (La Nación, 11/9). Otra perla es “exi­mir del pago de impues­tos al grupo privado que comercialice la electri­cidad” (Clarín, 26/8). “Además, al Estado ar­gentino le quedaría como contrapartida un enorme pasivo confor­mado por los 2.100 mi­llones de dólares adeu­dados al BID, al Eximbank y a otras entidades de crédito europeas y del Japón. A esa cifra deberían todavía aña­dirse otros 5.550 millo­nes de dólares aporta­dos por el Tesoro Nacio­nal como contrapartida de los desembolsos de los organismos interna­cionales” (La Nación, ídem). Como se ve, el ‘monu­mento a la corrupción’ tiene los nombres y apelli­dos, de que los ‘organis­mos internacionales’ que financiaron la obra, fi­jaron las condiciones de compra y de precios de los monopolios internaciona­les, y se embolsaron un enorme bocado con los inte­reses. El negociado suscitó la oposición de un sector muy variado de diputados que va desde el PJ, la UCR, los liberales de Romero Feris, Solanas y el Frepaso. Inclu­so La Prensa, de la mene­mista Amalita Fortabat, lo calificó de “mal negocio”. La razón de esta oposi­ción es que la privatización impediría bajar el precio de la tarifa eléctrica, que sería provocada por el incremen­to de la oferta, debido a que se autorizaría la exporta­ción de energía a Brasil. “Una vez terminada, Ya­cyretá -que es hidro­eléctrica- podrá apor­tar el equivalente al 40% de toda la energía dispo­nible ahora. Pero si su producción se exporta, la Argentina perderá la chance de abaratar la ta­rifa en no menos del 15%” (Clarín, 26/8). Por eso, el diario Clarín del 7 de agosto le dio a Pino Solanas toda una página para que se explayara con­tra la ‘privatización’. “¿Cómo harán para ba­jar el costo argentino y ser más competitivos si la tarifa quedará en ma­nos de los monopolios extranjeros?”, y si “el ob­jetivo es venderle al Bra­sil, que en el mercado regional es quien más paga”. Idéntico punto de vista desarrolla Amalita Fortabat en un editorial en La Prensa (30/8), dónde cuestiona las “cláusulas de problemático valor para la Argentina en cuanto a las tarifas futu­ras de la energía produ­cida”. Este arco opositor no se opone a la privatización sino al establecimiento de un precio alto a la energía que perjudicaría a la indus­tria usuaria del servicio. La suspensión de la ‘privati­zación’ por parte de Me­nem, apunta precisamente a negociar el aumento de la tarifa. La Auditoria Gene­ral de la Nación, que está en manos del radical Enrique Paixao, “recomienda concesionar el gerencia- miento pero que no se venda por anticipado la energía que produce Ya­cyretá” (Ambito, 10/9). El senador radical Mario Lo­sada, dejó abiertas más puertas todavía: “intente­mos alternativas más útiles para nuestros in­tereses”, escribió en Cla­rín (24/7), sin oponerse ex­plícitamente a la venta de la futura producción de Ya­ciretá.

Con la participación de cinco com­pañeros, comenzó a funcionar el comi­té de bases de la facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA con la intención de preparamos para asistir al Congreso Nacional de Juventudes por una UJS de masas. El comité se propone extender­se y disputar la dirección estudian­til a las agrupaciones que están férreamente comprometidas con la 'reforma‘ del Banco Mundial. Los compañeros del comité marchamos junto a la columna de la UJS en la movilización a Plaza de Mayo el 27/9, y fuimos al Encuentro universitario del último sábado. En la última reunión votamos concurrir al acto de la UTPBA del 7/ 10, para movilizamos por los com­pañeros procesados por la 'justi­cia' burguesa. El entusiasmo de los compañe­ros permitió plantear para la si­guiente semana el piqueteo de ma­teriales y la convocatoria al comité de otros compañeros para que se unan al Congreso de masas.

El sindicato automotriz de Canadá (CAW, Canadian Auto Workers) ha en­trado en huelga contra la GM: en el minuto cero del jueves 3, tres plantas de montaje y una de autorpartes -que en­globan en total a 15.000 trabajadores, de los 27.000 de la GM Canadá- fueron paralizadas por la huelga. El sindicato anunció que progresivamente se irán sumando nuevas plantas: cuando esta edición de Prensa Obrera esté en la calle, la huelga ya habrá alcanzado a la totalidad de las plantas del la GM en Canadá. Según diversos analistas, si la huelga dura hasta mediados de octubre, afectará seriamente las operaciones de la GM en Estados Unidos (cuyas plan­tas de ensamblaje utilizan autopartes fabricadas en Canadá); si la huelga se extiende hasta fines de mes, obligará al cierre de las operaciones de la empresa en toda América del Norte. Aunque en el pasado las huelgas de la CAW contra alguno de los ‘Tres Grandes’ (GM, Ford y Chrysler) han sido de corta dura­ción, la dirección sindical anunció que el fondo de huelga cuenta con recursos suficientes para mantener la huelga durante tres meses. La huelga comenzó después del re­chazo frontal de la patronal a aceptar en el nuevo convenio colectivo una clausula de ‘seguro de empleo’, similar a la aceptada por la Chrysler: por cada pues­to de trabajo perdido por operaciones de subcontratación de autopartes, Chrys­ler se comprometió a crear un puesto de trabajo en otras plantas. GM Canadá, que ya despidió a 12.500 trabajadores en los últimos tres años, anunció el cierre de dos plantas de autopartes y la reducción de otras, lo que provocará el despido de otros 5.500 obreros. ¿Acuerdo en los Estados Unidos? Mientras tanto, las negociaciones entre la GM y el sindicato automotriz en los Estados Unidos han dado “un giro sorprendente” (The Wall Street Jour­nal, 4/10). Cuando se esperaba una con­frontación abierta por la negativa pa­tronal a aceptar la mencionada clausula de ‘garantía del empleo’ similar a la establecida en los convenios colectivos de la Ford y la Chrysler, voceros de la empresa dejaron trascender que “Ge­neral Motors se está acercando a un acuerdo sobre un nuevo convenio colectivo que le permitirá desha­cerse de ciertas operaciones no competitivas y le dará la flexibili­dad necesaria para reducir su fuer­za de trabajo" (ídem). GM no acepta la ‘garantía de em­pleo’ instituida en los convenios con la Ford y la Chrysler, porque sólo le permi­tiría despedir a 12.000 obreros, muy lejos de su ‘objetivo’ de 50.000 a 70.000 cesantías mediante la subcontratación de la fabricación de autopartes. ¿Qué ha ocurrido para que la GM se avenga aho­ra a aceptar la ‘garantía’? “La GM parece dispuesta a aceptar(la) -informa The Wall Street Journal (ídem)- porque un número de condiciones especiales le otor­gan a todas las compañías la liber­tad para calcular el número de ‘em­pleos garantizados’ Una de las “claúsulas previamente desconoci­das” en los contratos con la Ford y Chrysler, establece que la ‘garantía de empleo’ regirá sólo para las ‘operacio­nes rentables’... lo que le permitiría a la GM excluir de la ‘garantía’ a 14 fábricas que considera ‘no rentables’ (The Wall Street Journal, 1/10) Otras clausulas, también ‘desconocidas’ hasta ahora, “permiten a las empre­sas evitar la garantía de empleo cuando la reducción de personal es consecuencia de mejoras en la pro­ductividad” o “cuando los trabaja­dores redundantes como conse­cuencia de las mejoras en la pro­ductividad en ciertas plantas re­chazan ser transferidos a otras” (ídem). Según el comentarista, “esto podría ser una bendición para la GM, que espera tener miles de tra­bajadores redundantes en varias de sus plantas, pero no en todas, como consecuencia de su reorgani­zación productiva” (ídem). Más allá de estas disposiciones, que son comunes a todas las compañías, la UAW anunció su disposición a aceptar una 'garantía’ del 85% o del 95% para las plantas de ensablaje y del 85% para las de autopar­tes (a diferencia del 95% para todo el personal aceptado por la Ford y la Chrysler) (Business Week, 27/9). Si se superan las divergencias sobre la ‘garantía’, se firmaría un convenio laboral similar al de las otras termina­les, en lo que se refiere a establecer una ‘estructura salarial en dos niveles que permitirá pagar salarios inferiores, por un período más prolongado que el ya vigente, a los trabajadores que recién ingresan. Como se calcula que 250.000 trabajadores (la mitad de ellos de la GM) se jubilarán en los próximos años, las patronales podrán ahorrarse cientos de millones en los salarios de sus reem­plazantes. El convenio que la burocracia está negociando con la GM constituye una traición a los trabajadores de la GM de Canadá y un marcado retroceso con res­pecto al mal convenio firmado con Ford.

Hasta el retiro del proyecto de esclavitud laboral y del decreto de privatización de la salud

El día previo al paro, junto con el secretario gremial de la UTPBA, Da­niel Terreno, nos instalamos desde las 13.30 hasta las 15 hs. en la puerta del diario La Prensa, donde distribuimos material gráfico del sindicato para la movilización que el gremio convoca para el martes 15 de octubre próxi­mo, a la sede del juzgado correccio­nal N° 10, Lavalle 1640. Ese mismo día, para mi sorpresa, apareció un fax con el siguiente texto: “Buenos Aires, 25 de septiembre de 1996. “Los trabajadores de La Prensa SA.: periodistas, correctores, diagrama­dores, fotógrafos, y demás compañeros declaramos por la presente nuestro más absoluto repudio al juicio oral y público al que será sometido el delegado Jorge Brodsky el próximo 15 de octubre. Por la libertad de expresión, por el respeto a los fueros gremiales establecidos a través del artículo 14 bis de nuestra Carta Mag­na, porque la peor opinión es el silencio. "Esperamos que el periodismo -como alguna vez lo expresó el co­lega Ferreira, despedido (reciente­mente) por el diario La Razón- no sea una rebelión inútil”. A este texto le seguían 38 firmas, juntadas en una empresa de régimen carcelario. Al día siguiente, primer día del paro de 36 horas, los compañeros, superando la ausencia de representa­ción gremial, cumplieron en forma ma­siva la medida durante una hora, con­centrándose —simbólicamente— en el bufet de la empresa. El destino de La Prensa es incierto, ya que las ventas siguen en picada. Todo indica que sus trabajadores no serán espectadores pasivos de lo que suceda de aquí en más. ¡Adelante, com­pañeros! a de marchar para exigir justicia convocando desde las comisiones vecinales de Ciudad Oculta y Barrio Transitorio, a todo el barrio de Lugano y Mataderos a los partidos políticos de la zona y organizaciones sociales. las va a tener que ver con los trabajadores telefónicos, que vienen en un proceso creciente de moviliza­ción. Y que en la concentración del 26 participaron con una columna de más de 1000 compañeros bajo la ban­dera del plenario antiburocrático del Sindicato Buenos Aires. /o:p> Con este programa se marchará al plenario de delegados convocado para el 11 y hacia la asamblea del 24, dos grandes instancias de movi­lización. Están colocadas las piezas de una batalla decisiva. Al repudio del pre-acuerdo, debe agregarse el con­tra-proyecto y el pliego propio de reivindicaciones de los trabajadores (jornada de 7 horas, aumento sala­rial, estabilidad laboral) como pro­grama de lucha.

Como docente creo que la Ley Federal de Educación es un circo y una falta de respeto, no sólo a do­centes y alumnos, sino a toda la comunidad (a toda la clase obrera). Esta Ley en la educación es comparable con la ley de flexibiliza­ción laboral, adaptada a la educa­ción (que sólo tiende a perjudicar al pueblo). La Ley Federal, apunta a: Destruir al sistema educati­vo, en lugar de mejorarlo. Atentar contra los derechos adquiridos por los docentes. Provocar desunión y rompi­miento de relaciones entre las dis­tintas ramas de la educación. Espe­cialmente entre la rama primaria y media, entre las cuales se generará una lucha feroz, por cubrir los cargos de 8° y 9o año de la EGB (equivalen­tes al 1° y 2° años de secundario). Exprimir a los docentes, agregándoles más horas de trabajo, con mayor responsabilidad y sala­rios aún más bajos (básico docente actual de 200 pesos). ‘Obligar’ a maestros y profe­sores a realizar cursos de capacita­ción, que son huecos, inútiles y que provocan pérdida de tiempo y dine­ro (que podría haber sido utilizado para mejorar la realidad educativa y no para marcar una ideología po­lítica), que desvaloriza a docentes y obreros en general. Desgraciadamente, todo esto no es porque sí ni por error, sino que tiene dos causas y finalidades fun­damentales: Acrecentar los intereses de los grandes capitalistas (que poco les interesa la educación de la gente). Lograr cada vez mayor igno­rancia en la gente, ya que un pueblo que no conoce sus derechos, no pue­de discutir ni luchar; un pueblo dé­bil, ignorante y desunido es fácil de dominar. ¿No es hora de hacer algo con­tundente?

Ya han pasado diez días de la “conci­liación obligatoria’’ dispuesta por el gobierno de Córdoba, que retrotrajo el conflicto en Cormec-Fiat, a la situación previa, o sea, la reimplantación del con­venio UOM, la reincorporación de los cesantes y el reconocimiento de los nue­ve miembros de la Comisión Provisoria electa por los trabajadores. Pero la pa­tronal no acepta la existencia de la Comi­sión Provisoria. Esto se manifiesta en la sustitución de los encuentros oficiales que corres­ponden a la ‘conciliación’, por ‘reunio­nes informales’. Quiere decir que la patronal está violando los términos de la ‘conciliación’ sin recibir por ello la san­ción que le correspondería de parte de la Secretaría de Trabajo. Otra manifestación de la ilegalidad con que está actuando la Fiat, son las citaciones a los operarios de Cormec a reuniones ‘personales’ con el jefe de per­sonal y de sección, para ‘informarles’ sobre el monto indemniza torio que tienen la posibilidad de percibir, si adhieren al convenio Fiat-Smata, pasando por enci­ma de la representación sindical de la fábrica, que es la Comisión Provisoria. La campaña ilegal de la patronal no ha sido todavía denunciada, ni política ni administrativamente. Por ahora, tie­ne un eco limitado entre los trabajado­res, esto por el recuerdo vivo de la expe­riencia reciente. En palabras de un tra­bajador de Cormec: “cuando me hicie­ron firmar el papelito aceptando la indemnización y el pase a Fiat Auto, me fui confiado a mi casa y mi señora comenzó a hacer proyectos sobre lo que podíamos hacer con el dinero. Cuando comencé a leer ‘todo’ lo que nos habían hecho fir­mar, es decir las condiciones en que íbamos a trabajar de allí en más, le dije a mi señora: ‘pará, ese dinero no existe si hay que hacer lo que dice este papel’...”. Al día siguiente, aunque todos ingresaron en absoluto silencio, bastó que uno gritara ‘nos quieren convertir en esclavos’ para que corriéramos al playón y decidiéramos la toma. Las discusiones ‘informales’ se en­cuentran empantanadas, mientras tan­to, porque la patronal reclama que se acepte, primero, el encuadramiento de la planta en el convenio Fiat-Smata, para sólo después considerar los puntos rela­tivos al pase del régimen actual al próxi­mo, las indemnizaciones correspon­dientes y las cláusulas laborales y sala­rios ya establecidos en el acuerdo Fiat- Smata. Un acuerdo de ‘principios’ so­bre el encuadramiento, significaría una victoria total de la patronal, pues logra­ría imponer los puntos básicos de la ‘fle­xibilidad'' de los salarios y de las condi­ciones de trabajo. La Comisión Provisoria plantea, en cambio, empezar por el tema del pago de las indemnizaciones, que la patronal pre­tendió pagar en cuotas en el conflicto anterior, y el traspaso de todo el personal. Pero no hay que engañarse: el conflic­to gira sobre la aceptación del Convenio Fiat-Smata; ninguna maniobra o rodeo podrá soslayar este asunto. Vistas los cosas con realismo, la política adecuada de la parte obrera debería ser, según nuestra opinión, plantear el pliego inte­gral de reivindicaciones de los trabajado­res, es decir, los términos de un convenio con Fiat, por parte de los trabajadores, incluido el pago de eventuales indemni­zaciones o el reconocimiento explícito en el texto de los derechos de antigüedad e indemnizatorios de la totalidad de los obreros, de acuerdo a la ley vigente al momento que fueron contratados (un mes por año, preaviso, vacaciones). Para resumir nuestro punto de vista digamos que hay que denunciar la con­ducta ilegal de la Fiat de no reconocer a la Comisión Provisoria, exigir las re­uniones oficiales y públicas, y presentar el pliego de reclamos (y que la patronal muestre sus cartas). Su política y la nuestra La última oferta empresaria, antes de la desocupación de la planta, consistía en una garantía salarial del 90% del salario del trabajador de CORMEC, pero que representaba una reducción mucho mayor del salario percibido porque eli­minaba la bonificación por antigüedad (un derecho adquirido por los trabajado­res) y los adicionales por categorías (que no corren en el convenio Fiat). En esa propuesta, la garantía cesaba al cabo de 24 meses y se aplicaba el salario FIAT al desnudo, un 50 % por debajo de las esca­las de CORMEC. Fuera del ‘piso’ sala­rial, planteaba la totalidad de las cláusu­las esclavistas del convenio y dejaba la “comisión de aplicación”... en manos ¡del Smata! Rechacemos el convenio Fiat y planteemos un convenio propio. Es lo que reclama toda la clase obrera luego de la última huelga general, es decir, nada de ‘flexibilización’ y sí aumento de salarios. Recordemos que el gobier­no decidió ‘suspender’ la embestida patronal contra los trabajadores de Cormec ante la inminencia del paro general (“Si Cormec hubiera per­manecido ocupada durante la huelga general -decíamos en Prensa Obrera, 3/10-, Fiat habría tenido que desistir de aplicar su ‘conve­nio’ por bastante tiempo en lugar de conformarse con la ‘concilia­ción obligatoria'"). La huelga gene­ral fue un inmenso pronunciamiento contra la “flexibilidad laboral” (el convenio Fiat), que paralizó el país por los mismos objetivos reivindicativos de los compañeros de Cormec y ha conmo­vido profundamente a la clase obrera cordobesa. Por eso planteamos, también, la ne­cesidad de formar en Córdoba un Co­mando Obrero contra el “convenio Fiat”, que una la lucha de los trabajado­res de CIADEA contra la Polymon, de los de Luz y Fuerza contra la destrucción de su convenio, de los docentes contra la 'reforma’ educativa. Que los sindicatos, las internas, el Moas, el CTA, el MTA firmen un compromiso por el rechazo al convenio Fiat, la defensa de los conve­nios y paritarias con paritarios electos por la base, un inmediato plan de lucha en toda la provincia y en el reclamo a la CGT de un plan de lucha nacional inme­diato.

El 4 de octubre la lista Rosa obtuvo más del 51% de los votos, superando los obtenidos por las dos listas ‘Matteistas’ sumadas, en una elección donde votó al­rededor del 40% del padrón de afiliados. La Rosa ha ganado así la Comisión Direc­tiva Provincial del segundo sindicato en número de afiliados de la provincia y ha ganado también los delegados al Congre­so de CTERA. En Caleta Olivia ganó también la elección de Comisión Directi­va local y la mayoría de los congresales provinciales. El mandato recibido es esencialmente el de poner en pie una organización sindi­cal independiente, capaz de defender las conquistas fundamentales de los docen­tes, dando batalla contra la ‘reforma educativa’ y la ‘flexibilidad laboral’. La lista Rosa realizó durante la campaña una caracterización de la crisis, explicó incansablemente que Santa Cruz no es un isla en relación a la crisis econó­mica, ni tampoco en relación a la aplica­ción de la ley federal. Desarrollamos la idea de que la ley está en crisis y es posible luchar por su derogación; agitamos el ejemplo de lucha de Córdoba y Buenos Aires. Uno de los puntos destacados fue el planteo de paritarias libres para reclamar la incorpora­ción del presentismo al básico. Ante la crisis, poner en pie la ADOSAC para seguir siendo maestros, fue el slogan principal de la campaña. Los docentes han votado una trayectoria de lucha y organización. Lo demuestra la votación plebiscitaria lograda en Caleta, que la Rosa dirige hace años (314 a 67 y a 47, respectivamente), la votaciones de Río Gallegos y de localidades como De­seado, Truncado, Gregores y Los Anti­guos, donde los miembros de la lista Rosa estamos reorganizando esas filiales. Se votó a la lista que organizó este año el boicot a las evaluaciones de primaria e inicial; a quienes en los últimos días de la campaña batallamos para cumplir con el paro del 26 y 27 de setiembre, logrando por primera vez que esta medida fuera masivamente seguida- a quienes denunciamos el nombramiento de personal en funciones docentes por medio de 'memos’ y con carácter de con­tratados, medida que el gobierno tuvo que anular ante la discusión que generó, redistribuyendo a los contratados fuera de las escuelas. Las listas ‘celestes' lanzaron todo tipo de acusaciones contra el FUT y el Partido Obrero, jugando al ataque al ‘partidismo'. Esta campaña de bajo ni­vel no dio ningún resultado, pero ha lleva­do a que la prensa interprete el triunfo de la Rosa como un claro triunfo de la iz­quierda. Esto es muy natural dado que varios candidatos somos dirigentes públi­cos del FUT y del PO. La elección fue convocada con una Junta electoral trucha, designada por el Secretario General; también la elabora­ción de los padrones y las tareas de prepa­ración del comido, hacían temer cual­quier tipo de maniobra. Un sector de compañeros, por ejemplo, no pudo votar por no estar incluido en el padrón, lo cual no impidió el triunfo Rosa. El resultado, inesperado para mu­chos, es un síntoma de la reacción de los docentes ante la crisis que ha comenzado a golpearnos y abre una posibilidad de reagrupamiento para el movimiento obrero de la provincia en su conjunto. Los docentes no han hecho más que ratificar el giro ya expresado en los paros, donde en la zona petrolera se realizaron pique­tes que paralizaron totalmente la activi­dad, así como también en Río Turbio. El paro del 26 y 27 tuvo alto acatamiento, mientras en varias localidades se hicie­ron movilizaciones, la más importante de ellas en Caleta, donde se concentraron casi mil compañeros y donde un vibrante discurso de la compañera que dirige la filial denunció a la burocracia cegetista en sus propias barbas, exigiéndole la con­tinuidad del plan de lucha, lo que le valió una ovación de los presentes. La combatividad demostrada en los paros, y ahora este resultado en ADOSAC, ponen a la orden del día la posibili­dad de convocar un Congreso de Bases de los trabajadores provinciales y la necesi­dad de poner en pie la ADOSAC en todas las filiales y hacer funcionar un congreso del gremio representativo de la realidad provincial. La lista celeste se presentó dividida a raíz de las denuncias de corrupción con­tra el secretario general y miembro de la directiva nacional de CTERA, Hugo Mo­yano, pero también porque la Rosa lo­gró ganar a un sector de los celestes al movimiento contra las evaluacio­nes. La celeste 1 y la ‘sin color’ 2 fueron un rejunte, en contraste con la Rosa, que ha sacado ya tres boletines de informacio­nes de circulación masiva en toda la pro­vincia. Uno de los hechos más gratifican­tes de la campaña lo contaba Ricardo Mercado, cuando nuestros candidatos llegaron a Tres Lagos, una localidad muy pequeña, perdida en la inmensidad de esta provincia, que tiene una escuelita rural y se encontraron con el boletín Rosa pegado en el pizarrón. El aplastante triunfo de la Rosa cho­ca con el intento del CTA de Santa Cruz de implantarse por medio de un acuerdo político con Kirchner. La secretaria del CTA es, precisamente, Susana Ruiz, que salió última en esta elección a pesar de contar con una Junta Electoral a medi­da, de utilizar el aparato de la ADOSAC provincial en su campaña y de contar a su favor con el voto de los funcionarios de educación que todavía mantienen su afi­liación al gremio. El sábado 12, la Rosa realizará una reunión provincial y una peña para re­caudar fondos. Ahora viene la elección de vocales al Consejo, donde ya hemos oficializado los candidatos, y en diciem­bre la elección de la filial Gallegos, que es el último baluarte de importancia que conservan los celestes. Reorganizar el gremio, armar una es­trategia para bajar el presentismo y en­frentar la aplicación de la ‘reforma’ son las tareas urgentes. ¡Manos a la obra! Elección de Comisión Directiva Provincial de Adosac 4 de octubre de1996 LOCALIDAD Lista N° 1 Lista N° 2 Lista N° 3 VOTO EN “CELESTE” “ROSA” BLANCO LAS HERAS 5 39 12 LOS ANTIGUOS 7 11 17 3 PERITO MORENO 14 17 3 1 PICO TRUNCADO 13 42 52 PUERTO DESEADO 4 7 25 1 PTO. SANTA CRUZ 44 1 10 PTO. SAN JULIAN 16 10 2 2 PIEDRA BUENA 23 13 10 EL CALAFATE 9 22 13 28 DE NOVIEMBRE 11 7 10 RIO TURBIO 10 50 40 2 CALETA OLIVIA 67 47 341 GOB. GREGORES 3 2 38 RIO GALLEGOS 132 144 219 TOTALES 358 412 792 9

El Comité de Acción Jurídica se dirige a la opinión pública y manifiesta: La persecución de la que viene siendo objeto la clase trabajado­ra, la juventud y los sectores con­secuentemente democráticos de la sociedad se ha agravado en el curso de los últimos meses. Existen ya más de 600 causas penales contra dirigentes, dele­gados y activistas sindicales, ini­ciadas por el sólo hecho de ejercer los legítimos derechos constitu­cionales de peticionar ante las autoridades, de huelga, de expre­sar las ideas en forma pública, todos ellos amparados por el artí­culo 14 bis y 16 de la Constitución Nacional. Ello ha motivado una denun­cia de este Comité ante la Organi­zación Internacional del Trabajo (OIT), encabezada por el asesi­nato del obrero Víctor Choque en la movilización de la huelga metalúrgica de Tierra del Fuego, junto a la lista de todas las perse­cuciones desatadas bajo formas penales. La OIT ha hecho lugar a la denuncia. El agravamiento de los he­chos que motivaran esta denun­cia se refleja en los siguientes ejemplos: En Jujuy, los dirigentes de ATE (Asociación de Trabajado­res del Estado) Fernando Acos­ta, Luis Bazán y el municipal Luis Santillán, se encuentran procesados por supuestos “dis­turbios” ocurridos —según reco­noce la propia acusación— en dis­tintas marchas de protesta por reivindicaciones obreras. A Ba­zán, la justicia provincial le ha denegado el correspondiente derecho de excarcelación, cuando el Código autoriza su otorga­miento. La acusación pretende sostenerse, al igual que en los otros casos, en “testimonios” de funcionarios del gobierno del cual son reconocidos opositores. En Neuquén se encuentran procesados sin el derecho a excar­celación, los dirigentes obreros Horacio Panario y Alcides Christiansen, acusados de in­fringir el artículo 149 ter (coac­ción agravada). Las pruebas indi­can que hicieron uso, junto a cen­tenares de ciudadanos, del legíti­mo derecho de movilización y pe­ticionar ante las autoridades. Lo hicieron para pedir el cumpli­miento de una ley preexistente, para que se les pagase un seguro al desocupado. Las pruebas en que se basa la acusación son afir­maciones de funcionarios del go­bierno del que los detenidos son opositores. En Santiago del Estero, en la localidad de Quimilí, doce traba­jadores fueron detenidos y proce­sados luego de una manifestación multitudinaria en la que peticio­naron la renuncia de algunos funcionarios públicos, pertene­cientes al gobierno que encabeza el gobernador Juárez. Las prue­bas del proceso se basan, exclusi­vamente, en dichos de funciona­rios del gobierno. En Capital, el delegado del gremio de periodistas (UTPBA), Jorge Luis Brodsky, se en­cuentra procesado y próximo a un juicio oral, acusado de “viola­ción de domicilio” por el grupo empresario Fortabat. El repre­sentante sindical fue sobreseí­do tres veces por el juez, consi­derando que no había delito. A pesar de ello, ahora se lo cita a juicio, siendo que el delito que se le imputa es inexistente, pues el delegado, por su fuero y derechos (art. 14 bis de la Constitución) puede entrar y salir libremen­te del establecimiento que repre­senta, en cumplimiento de su mandato. También en Capital, los dele­gados del gremio bancario Solís, Cerciari y Salmerón, han sido citados para procesamiento acu­sados por el delito de coacción agravada (artículo 149 ter). La denuncia la formula un funciona­rio, Juan Carlos Ahumada, que alega haber sido coaccionado a renunciar. Las pruebas docu­mentales obrantes en la causa demuestran que Ahumada fue notificado de una solicitud de re­nuncia, elevada por una asam­blea democrática del gremio, he­cho consentido por Ahumada con su firma, sin coacción alguna, al punto que el funcionario estaba acompañado por personal poli­cial que avala en sus declaracio­nes la inexistencia del delito im­putado. Ahumada no renunció al cargo, siguiendo en su actividad normalmente, lo que confirma el carácter persecutorio de la causa penal, lanzada en momentos de lucha sindical contra el despido de tres mil trabaja­dores. Asimismo en la ciudad de Bue­nos Aires, diversas publicaciones periodísticas —no desmentidas oficialmente—, denunciaron la existencia de un informe de espio­naje ideológico, que habría sido ordenada por el ministro del Inte­rior, contra pobladores, organiza­ciones y dirigentes de las “villas de emergencia”. En el mismo sentido, se inició causa penal por “asociación ilí­cita” contra dirigentes y afilia­dos de los grupos políticos Que­bracho y Patria Libre, basándose en informes de servicios de espionaje oficiales. El artículo 16 de la Constitución Nacional ampara como lícito a todo grupo político, por lo que considerar ilícito su accionar implica una proscrip­ción política, algo que la ley argentina prohíbe y que sólo re­gistra antecedentes en períodos de gobiernos dictatoriales. En Tierra del Fuego, el Secre­tario de Organización de la UOM Río Grande, Oscar Martínez, fue condenado en mayo de este año por su mera participación en movilizaciones por el desalojo de la fábrica Continental, y próxi­mamente será sometido a juicio por los hechos de la movilización de la huelga metalúrgica. En Neuquén, Córdoba, Co­rrientes y Río Negro existen pro­cesos similares iniciados contra dirigentes obreros y afiliados a organizaciones sindicales y coor­dinadoras de desocupados, con riesgo de privación de libertad en cualquier momento. Esta situación pone de mani­fiesto la existencia de un plan coordinado a nivel nacional para atacar el legítimo ejercicio de las libertades democráticas conteni­das en la Constitución Nacional. Es por todo ello que el Comité de Acción Jurídica RESUELVE: Constituirse en este acto en un comité de defensa legal nacio­nal a disposición de todos los per­seguidos, sin distinción de sector o corriente política o sindical, para actuar proveyendo a la lucha contra la persecución desatada. Comunicar esta decisión de acción inmediata a todos los afec­tados. Ampliar la denuncia ante la OIT por los nuevos casos no con­templados en su decisión resolu­tiva sobre el gobierno argentino. Elevar la denuncia corres­pondiente por estas violaciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (art. 74 de la C.N.). Comenzar una campaña por la derogación del artículo 149 ter y conexos del Código Pe­nal, utilizados para limitar las acciones democráticas y sindica­les basadas en el derecho consti­tucional de peticionar ante las au­toridades. Comunicar estas decisiones a todos los organismos de aboga­dos del país (Colegios Públicos, Asociaciones de Abogados y Fede­raciones) así como a las federacio­nes de abogados de América y el mundo, barras de abogados y orga­nismos de Derechos Humanos, lo­cales e internacionales, a efectos de coordinar una efectiva acción en común contra estos hechos. Dado en Buenos Aires, a los die­ciocho días del mes de setiembre de 1996. Horacio Meguira, Juan Carlos Capurro, Marcelo Parrili, Horacio González, Marcelo Bustos Fierro, León Piasek, Beatriz Slaen. El COMITE DE ACCION JURIDICA funciona en Independencia 766, primer piso, Capital Federal, todos los martes de 18 a 20 hs. TE: 300- 1015/4419 - Fax 300-4170/583

Con la presencia de casi 100 estudiantes se realizó, el pasado sábado 28, el Encuentro Universitario Nacional de la Unión de Ju­ventudes por el Socialismo. Estu­vieron presentes estudiantes de las facultades de Filosofía y Le­tras, Sociales, Psicología, Arqui­tectura, Exactas, Derecho y de los CBC de Puan, Drago y Martínez de la UBA; también participaron compañeros de la Universidad de La Plata y de Luján, y delegacio­nes de la Universidad de Córdoba y de Comahue. Se hicieron presen­tes miembros del centro de estu­diantes del colegio Nacional Bue­nos Aires, del Carlos Pellegrini y la presidenta del Nacional de San Isidro, todos colegios universita­rios dependientes de la UBA. El informe central destacó la situación de impasse en que se encuentra el gobierno, provocado por el derrumbe de su “plan" y la división que se opera en su base social, los capitalistas y la gran banca. En este marco, se viene desarrollando una creciente lu­cha de los explotados, como lo demuestra el parazo del 26 y 27. Se hizo hincapié en la labor de propa­ganda, agitación y organización que vienen realizando La UJS y el Partido Obrero, y su influencia creciente en las luchas más im­portantes de la última etapa, como lo demuestra el conflicto de Transporte del Oeste, la ocupa­ción y el triunfo de Cormec, la puesta en pie de organizaciones de masas del movimiento de des­ocupados en Neuquén, Córdoba y el gran Buenos Aires, el impla lucha de la juventud por la creación de la Coordinadora de Estudiantes Secundarios de Neu­quén y la lucha por la indepen­dencia y la unidad del movimien­to estudiantil, que viene desarro­llando la Coordinadora de la Ca­pital y el Gran Buenos Aires. Universidad Se puso de relieve, a la vez, que la nueva situación también se re­fleja en la Universidad. El boicot a la asamblea universitaria en el Comahue, la resistencia en la Uni­versidad de Lomas, la lucha en la UBA contra la reforma del Banco Mundial impulsada por Shubero­ff. Todo esto crea la posibilidad de quebrar la aplicación de la ley menemista y de la colonización de la Universidad por el gran capital. La intervención del compañero del Comahue dejó en claro esta posibi­lidad, al demostrar cómo se pudo superar a las direcciones traidoras del movimiento estudiantil, y ha­cer retroceder en toda la línea al rector Bohoslasky, en su intención de convocar a la asamblea univer­sitaria que debe reformar los esta­tutos, a través de la organización masiva desde abajo. Un aspecto importante a re­saltar fue la gran participación de los compañeros en los debates, tanto en las tres comisiones que se formaron (movimiento estu­diantil, ley de educación superior, reforma de la UBA) como en el plenario final. Se discutió funda­mentalmente el carácter limitacionista del CBC (ver nota apar­te), el papel cómplice de las cama­rillas profesorales y de los funcio­narios de la universidad, tanto radicales como centroizquierdistas, en la privatización educativa, y la superexplotación de la juven­tud estudiantil a través de las denominadas pasantías. El Encuentro Universitario fue un importante paso adelante en la lucha por reorganizar al movimiento estudiantil sobre un pro­grama independiente. Discutió una caracterización y votó un pro­pama de intervención; decidió impulsar la conformación de un Congreso de Bases del movimien­to estudiantil-docente para impul­sar la lucha por nuestras reivindi­caciones; y llamó, fundamental­mente, al conjunto de los estudian­tes a unir sus luchas a las de la clase obrera y al conjunto de los explotados, para terminar con el régimen antiobrero de Menem, e imponer nuestro gobierno, el de los trabajadores y la juventud. Por último, se decidió publicar la resolución aprobada para lle­varla a cada facultad, y redoblar entonces, la lucha por la organi­zación masiva de la juventud.

El gobierno mandó al Congreso un proyecto de ley que permite modificar los convenios colectivos de trabajo “en cual­quier sentido” (textual). Con este simple artículo desaparece por completo la legislación laboral que, precisamente, pretende establecer una suerte de protección de los trabajadores frente a la explo­ración fabril y le da a las normas laborales el carácter de un “derecho adquirido”. Pero el proyecto menemista no solamente subordina el derecho laboral a lo que pueda establecer en el futuro cual­quier convenio entre la parte obrera y la patronal, sino que también destruye los convenios colectivos porque permite que las patronales firmen acuerdos indivi­duales con los trabajadores al margen de esos convenios, con cláusulas que pueden ir en sentido contrario a las de los conve­nios y las leyes. Está claro que el único sentido que tiene que los convenios puedan ser modi­ficados en ‘cualquier sentido’, es que se lo haga, en perjuicio del trabajador, y nunca hacia arriba, en su beneficio. Por­que para dar un beneficio o una mejora no se necesita de ninguna ley. Toda la legis­lación laboral vigente establece, precisa­mente, que un convenio no puede pactar cláusulas inferiores a las vigentes, y que los acuerdos individuales no pueden ser inferiores, ni a las leyes ni convenios. Este proyecto caníbal de la protec­ción laboral, va a ser ‘complementado’, la semana que viene, con otros dos pro­yectos: uno eliminará la indemnización por despido y el otro modificará la ley de contrato de trabajo. De este modo queda­rá anulada incluso la poca legislación laboral que aún subsiste, lo que explica la inmensa alegría y algarabía que ha des­pertado en la gran patronal. Convenios El proyecto no deja piedra en el cami­no. Ya en los considerandos dice que los futuros convenios podrán “producir efectos derogatorios respecto de ciertas leyes o decretos, pero tam­bién respecto de normas convencio­nales anteriores, de acuerdos indivi­duales, e incluso de derechos adqui­ridos”. Acuciado por la voracidad capitalista y cegado por la desesperación política, Menem no repara siquiera que los dere­chos ‘adquiridos’ son jurídicamente inderogables por definición. Pero para el riojano y para Caro Figueroa, los dere­chos de un obrero equivalen a un ‘privi­legio' por lo que su derogación es, dice el proyecto, “una alternativa consisten­te con los valores democráticos”. El paso que dan con esta medida es grave en sus consecuencias históricas, porque has­ta ahora las clases explotadoras se defen­dían contra las explotadas, invocando ‘sus’ derechos contra cualquier aspira­ción mayoritaria del pueblo. Los derechos obreros, que según el proyecto, se podrán derogar, son “las normas legales referidas a las cate­gorías y funciones, tiempo de traba­jo, estructura de las remuneracio­nes, sueldo anual complementario, y suspensión y extinción del contrato de trabajo”. Es decir, que se podrá dero­gar TODO. La patronal, en consecuencia, podrá fijar el tiempo de la jornada de trabajo, con lo que desaparecen las 8 horas dia­rias. En su lugar podrá establecer jorna­das variables de acuerdo a lo que conven­ga a su beneficio privado. Por ejemplo, 12 horas o más en verano y 6 horas en invier­no. Jornadas por la mañana y otras por la tarde en la misma semana o trabajar seis u ocho meses a razón de 12 horas diarias y luego declararse en quiebra. Automáti­camente desaparecerá el pago extra de las horas suplementarias por encima de las 8 horas. También desaparecen las categorías, porque la patronal podrá fijar las tareas sobre la base del criterio de la ‘polifuncionalidad’, ignorando la calificación laboral, sin obligarse a ninguna compen­sación salarial. También el salario podrá ser modifi­cado. La estructura de las remuneracio­nes podrá contar con una parte fija y otra variable que la patronal podrá quitar en cualquier momento, según como mar­chen sus ventas o su margen de beneficio. La patronal podrá alterar, también, los requisitos para suspender y despedir a los trabajadores. Esto mismo lo volverá a establecer el proyecto que eliminará la indemnización. Las 'limitaciones’ que establece el proyecto desnudan las ilimitadas atribu­ciones que otorga a la patronal, porque aclara que “el descanso semanal no podrá ser postergado por un plazo mayor de 30 días”. Es decir, que permite que el trabajador trabaje 30 días corridos sin francos y sin los descansos dominica­les. Otra ‘limitación’ es el pago del aguinaldo, que no podrá ser efectivizado en más de tres cuotas. Todos estos abusos son admitidos por el proyecto de Menem para los tiempos llamados normales, porque si la patronal dice estar en crisis puede anular el conve­nio que ella misma impuso a cada traba­jador o cada grupo de trabajadores y esta­blecer uno nuevo con “nuevas cláusu­las” las cuales “prevalecerán sobre las de la respectiva convención co­lectiva que, en tal caso, se entenderá caducada para tal ámbito”. El convenio también caducará auto­máticamente si a su vencimiento no hay acuerdo entre las partes. En ese caso, los trabajadores se regirán por la nueva ley de contrato de trabajo, que también será modificada con nuevas cláusulas antio­breras. En consecuencia, bastará que la pa­tronal patee un convenio para que todas sus normas caduquen. Si una patronal quiere derogar los descansos dentro de la jornada de trabajo o el tiempo de refrige­rio que se hayan estipulado en los conve­nios, le basta esperar que venza ese con­venio, obstaculizar un acuerdo con el sin­dicato para lograr que caduquen todas sus cláusulas. El proyecto dice que favorece el acuer­do por empresa y hasta el acuerdo indivi­dual con el trabajador, por sobre el conve­nio por industria. Es decir que quiere la atomización del movimiento obrero, un ‘remedio universal’ para hacer caer los salarios y aumentar la explotación. Por eso, el proyecto aclara que “las conven­ciones de ámbito menor prevalecen sobre las de ámbito mayor”. Es decir, el convenio de fábrica prevalece sobre el de la actividad. Banco Mundial Todo esto fue recomendado por el Banco Mundial, que dice expresamente que el debilitamiento del poder de nego­ciación de los convenios es clave para la flexibilidad hacia abajo del ‘mercado laboral'. El proyecto autoriza a los delegados de empresas a firmar convenios, al mar­gen del sindicato. Es una invitación gene­ral a las patronales a que sigan con la corrupción de la burocracia sindical y de los delegados de fábrica en mayor medida de la que conocemos hasta ahora. El pro­yecto apunta a la creación de sindicatos amarillos, a la desaparición de la CGT y a la liquidación de la posibilidad de la huel­ga general. El proyecto de oro es la derogación de doce estatutos especiales que se aproba­ron en su momento por las características específicas de ciertas actividades, como periodistas o porteros de edificios. Votación Duhalde dijo que sus legisladores no votarán una ley que establezca las 12 horas de trabajo diarias, no objeta las demás cláusulas, ni el principio de dero­gación del derecho laboral. Esto significa que dará la orden para que se la vote. Pero el proyecto de Menem y Caro Figueroa no dice que se deberá trabajar obligatoriamente 12 horas diarias, sino que le da a las patronales todos los medios para fijar el tiempo de trabajo. O sea que entre Duhalde y Menem no hay diferen­cias. Menem y Duhalde coinciden en que la jornada de trabajo debe ser fijada por la patronal de acuerdo a sus necesidades de explotación, y que no debe ser necesaria­mente de ocho horas para proteger la salud y la vida del trabajador! La burocracia sindical casi no ha pro­testado contra este proyecto. Peor aún, dijo que dará la ‘batalla’ en el Parlamen­to, como si este Parlamento no estuviera dispuesto a votar en forma sumisa todas las leyes cuya autoría corresponde al Banco Mundial. Paritarias Cuando los menemistas, centroizquierdistas y burócratas dicen que se 'preparan’ para el debate en el Parla­mento, quiere decir que darán quórum, que los votarán o que asegurarán que estos proyectos sean votados. Lo tremendo de este ataque requiere de una acción vigorosa que no vendrá de la burocracia sindical que pactó ya en muchos convenios estas cláusulas anti­constitucionales e ilegales que Menem quiere convertir en ley. Por eso el Partido Obrero plantea a los trabajadores, a los delegados y a los activistas encarar una campaña por un inmediato paro de 48 horas para que se retiren estos proyectos del Congreso y para que se convoque a las paritarias para discutir el aumento salarial, las categorías, la derogación de los ritmos infernales de producción, el cumpli­miento de la jornada de 8 horas y todas las reivindicaciones del movimiento obrero. Esta lucha hace necesaria la convoca­toria a un Congreso de Bases. Fuera Menem y todas las políticas capitalistas.

El lunes 7 de octubre se realizó el acto convocado por la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA), con la finalidad de repudiar la persecución penal contra el delegado del diario La Prensa, Jorge Brodsky, quien el próximo martes 15 de octubre deberá enfrentar un juicio oral y público, acusado por la patro­nal de dicha empresa de haber ‘violado domicilio”, una causa que se ha conver­tido en un caso testigo que amenaza a todo el movimiento obrero. Cuatrocientas personas dieron el marco adecuado a una convocatoria que se transformó en una tribuna, desde la cual no sólo expusieron Brodsky -seña­lando el estado de sitio jurídico que sopor­tamos los trabajadores, situación que apunta a eliminar todo tipo de garantías y posibilidades de defensa, frente a la ofensiva más brutal que se recuerde, des­atada por gobierno alguno, contra las conquistas de los trabajadores- y dirigen­tes del sindicato convocante, sino tam­bién el doctor Héctor Recalde (uno de los principales abogados laboralistas del país, asesor del MTA), quien se detuvo a analizar el paralelismo existente entre la flexibilidad laboral y la persecución gre­mial, afirmando que, a diferencia de lo que pensaban algunos, “este modelo no cierra ni con represión”. Hicieron uso también de la palabra Edgardo De Petri, dirigente del CTA, y el diputado Floreal Gorini, quienes mani­festaron su más absoluta solidaridad con el compañero procesado por la justicia menemista. El último invitado en hacer uso de la palabra fue el compañero Jorge Altamira, del comité ejecutivo del Partido Obrero Entre quienes se hicieron físicamen­te presentes en el acto, se encontraban Catalina Guagnini y Cristina Muro (Fa­miliares de Detenidos y Desaparecidos), Laura Bonaparte (Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora), Jerónimo Podestá (ex obispo de Avellaneda), Beatriz Zardain (secretaria de derechos huma­nos del CTA), el secretario de West Ocampo (quien trajo verbalmente la solidaridad del consejo directivo de la CGT), los delegados generales de los bancos Credicoop, Mayo, Patricios, Pablo Ovie­do (secretario general de ATE de Gral. Rodríguez), Pedro de León (Movimiento contra el Racismo, la Xenofobia y la Dis­criminación) y otros compañeros. Entre las adhesiones, la más conmo­vedora fue la del compañero Oscar Mar­tínez, secretario de Organización de la UOM de Río Grande, condenado y ac­tualmente procesado en una causa en la que lo quieren comprometer en la muerte de Víctor Choque. A esta adhesión se sumaron las de Emilio Mignone (CELS), trabajadores de FM La Tribu, la seccio­nal Buenos Aires de la Asociación Bancaria, de la Asociación del Personal Aero­náutico, de la Asociación de Empleados de Farmacia, de la Comisión Interna gráfica de Atlántida, de las comisiones internas de las metalúrgicas Pastoriza y LACI, de Roberto Albornoz y Claudio Valle (delegados de Lix Klett-Carrier), de la Comisión Interna del INTI-UPCN, de ADUBA, de AMSAFE San Lorenzo, de los centros de estudiantes del Nacional Buenos Aires y el Mariano Moreno, de Eusebio Mansilla (vicepresidente del bloque de concejales del Frepaso de Quil­ines), del Comité de Desocupados de los Barrios Lanzone e Independencia, y de­cenas de firmas más.

En la reunión de Mesa Ejecutiva de la Conadu, realizada el martes 24 de setiembre, la Corriente Uni­versitaria, mayoría de la Mesa, de­cidió nombrar equipos paritarios locales para todas las universida­des nacionales cuyas Asociaciones de Base rechazan las paritarias por universidad. Ir a las paritarias por universi­dad divide a los docentes y destruye el gremio único. Sienta un prece­dente en la política oficial de liqui­dar los convenios nacionales y ato­mizar la negociación salarial. El Frente Gremial Docente, la agrupa­ción en la que militan los docentes del PO, ha impulsado activamente el rechazo del Decreto 1007. El me­canismo paritario impuesto por el Decreto 1007/95, es un engranaje en la implementación de la nueva Ley de Educación Superior, porque bus­ca comprometer a los trabajadores universitarios en la aplicación del arancel y en una política activa de búsqueda de recursos en el merca­do. Las asociaciones de Buenos Ai­res, Comahue, Córdoba, Luján, Centro, Sur, Patagonia, Jujuy, San Juan y Salta, se oponen al Decreto 1007 y se han negado a entregar a la Mesa Ejecutiva la nómina de pari­tarios locales. En respuesta a ‘los rebeldes’, la Mesa adoptó su reso­lución intervencionista, que desco­noce la soberanía de las Asociacio­nes de Base. En la reunión de Mesa Ejecuti­va, Silvia Mansilla y Andrea Oliva, del Frente Gremial Docente, opu­sieron a la moción de la Corriente el reclamo de integrar proporcional­mente la paritaria nacional, abste­nerse de nombrar paritarios loca­les, defender el convenio nacional único y realizar una campaña por la derogación del Decreto 1007 para negociar con el gobierno, que es el verdadero patrón, exigiendo un au­mento del presupuesto universita­rio que permita satisfacer el recla­mo de media canasta para el cargo testigo y la vigencia del nomencla­dor docente. El Frente Gremial Docente ha propuesto a todos los sectores del gremio que se oponen a la paritaria por universidad, la formación de un frente de recuperación gremial para oponer al oficialismo en las próxi­mas elecciones de Mesa Ejecutiva, que tendrán lugar el 15 y 16 de noviembre, en Misiones.

En la reunión de Mesa Ejecutiva de la Conadu, realizada el martes 24 de setiembre, la Corriente Uni­versitaria, mayoría de la Mesa, de­cidió nombrar equipos paritarios locales para todas las universida­des nacionales cuyas Asociaciones de Base rechazan las paritarias por universidad. Ir a las paritarias por universi­dad divide a los docentes y destruye el gremio único. Sienta un prece­dente en la política oficial de liqui­dar los convenios nacionales y ato­mizar la negociación salarial. El Frente Gremial Docente, la agrupa­ción en la que militan los docentes del PO. ha impulsado activamente el rechazo del Decreto 1007. El me­canismo paritario impuesto por el Decreto 1007/95, es un engranaje en la implementación de la nueva Ley de Educación Superior, porque bus­ca comprometer a los trabajadores universitarios en la aplicación del arancel y en una política activa de búsqueda de recursos en el merca­do. Las asociaciones de Buenos Ai­res, Comahue, Córdoba, Luján, Centro. Sur, Patagonia, Jujuy, San Juan y Salta, se oponen al Decreto 1007 y se han negado a entregar a la Mesa Ejecutiva la nómina de pari­tarios locales. En respuesta a ‘los rebeldes' la Mesa adoptó su reso­lución intervencionista, que desco­noce la soberanía de las Asociacio­nes de Base. En la reunión de Mesa Ejecuti­va, Silvia Mansilla y Andrea Oliva, del Frente Gremial Docente, opu­sieron a la moción de la Corriente el reclamo de integrar proporcional­mente la paritaria nacional, abste­nerse de nombrar paritarios loca­les, defender el convenio nacional único y realizar una campaña por la derogación del Decreto 1007 para negociar con el gobierno, que es el verdadero patrón, exigiendo un au­mento del presupuesto universita­rio que permita satisfacer el recla­mo de media canasta para el cargo testigo y la vigencia del nomencla­dor docente. El Frente Gremial Docente ha propuesto a todos los sectores del gremio que se oponen a la paritaria por universidad, la formación de un frente de recuperación gremial para oponer al oficialismo en las próxi­mas elecciones de Mesa Ejecutiva, que tendrán lugar el 15 y 16 de noviembre, en Misiones.

En La Plata se está llevando adelante una intensa campaña por el sobreseimiento definitivo de Jorge Brodsky. Se han pro­nunciado ya ATE, ADULP y Centros de Estudiantes. En la Facultad de Periodismo han fir­mado un pronunciamiento al respecto más de 400 estudian­tes, docentes y autoridades. El mismo texto fue firmado por delegados del Congreso del CTA y se han entrevistado numerosos gremios y organismos de Derechos Humanos que han comprometido pronunciarse. Para este trabajo fue de mucha utilidad el dossier del "Caso La Prensa” que se repartió profusamente entre dirigentes y delegados. Comunicado de Prensa El jueves 10 de octubre en la facultad de Periodismo (44 e/ 8 y 9) se realizará un Acto en defensa de los trabajadores del diario La Prensa, Jorge Brodsky, Adrián Alvarez y Gutiérrez. El compañero Brodsky afrontará el 15/10 un juicio oral y público por una injusta persecución montada por la patronal del diario en represalia por haber defendido como delegado los derechos de sus compañeros. Convocamos a todas las organizaciones populares, gremios, centros de estudiantes, partidos políticos, orga­nizaciones de derechos humanos, a sumarse a esta con­vocatoria y reclamar el sobreseimiento definitivo de Brodsky, porque entendemos que esta persecución es una mis de las que se multiplican en el país, como el encarcelamiento de Panario, Christiansen y Estrada, los militantes de Quebracho y el resto de los presos políticos. Adhieren: Partido Comunista (Comisión pro-Congreso); FJC (Comisión pro-Con- greso); MST; Juventud Socialista (MST); Partido Obrero; Unión de Juventudes por el Socialismo; MOJUVOR.

El pasado sábado 28 de se­tiembre, se realizó el Encuentro de la Juventud de la Zona Sur convocado por la Unión de Ju­ventudes por el Socialismo. Par­ticiparon en él destacados acti­vistas del movimiento secunda­rio de Avellaneda, Florencio Va­rela y Ezeiza, así como jóvenes de las barriadas de Budge, Berazategui y otras de la zona. El plena­rio, consideró, en primer lugar, la situación política en su conjunto y las consecuencias del paro del 26 y 27. Se destacó la irrupción del movimiento de la juventud y la necesidad de una salida para esta crisis de poder. El Encuentro votó una plataforma de rei­vindicaciones de la juventud tra­bajadora y estudiantil, así como el planteo de autoconvocatorias, coordinadoras y Congresos de Bases para impulsarlo. Reforma Educativa Una de las Comisiones del Encuentro abordó exhaustiva­mente la ‘reforma educativa' y el reflotamiento, por parte del gobierno de Duhalde, de 'circulares' regimentadoras del funcio­namiento de los Centros. Esas cir­culares prohíben que sean electos a Comisión Directiva los estu­diantes del primero y último año; fijan compulsivamente los días de sesión del Centro; prohíben la li­bre circulación de los delegados, imponen la presencia de 'profesores asesores' de los Centros. La resolución de esta Comisión del Encuentro de la Zona Sur plantea que “la denuncia de las circulares, de su carácter y alcances, debe ser incorpora­da a la plataforma de reivindi­caciones: fuera las circulares, libertad de organización al movimiento estudiantil, uniéndolo a todos los recla­mos para materializarlo (ha­bilitación de un aula para el Centro, cartelera, movilidad de los delegados, etc.)”. Represión En las Comisiones y en forma plenaria, el Encuentro abordó la cuestión de la represión a la ju­ventud. En este sentido se carac­terizó a la misma como resultado de un Estado policial. Se rechaza­ron las interpretaciones ‘oficiales' que presentan al ‘gatillo fá­cil' como una sucesión de ‘des­bordes’, y aún los planteos cen- troizquierdistas, que propugnan la ‘reeducación’ de los ‘repre­sentantes del orden’. Junto a las consignas generales de cárcel y perpetua, autodefensa y movili­zación frente a las detenciones, el plenario de la zona sur aprobó una campaña específica: desde hace algunos meses, Héctor Muzzio, ex-agente policial y pro­bado asesino de tres jóvenes en Dock Sud, está detenido. Su juicio aún no ha comenzado. La conde­na a prisión perpetua de Héctor Muzzio constituiría toda una vic­toria del movimiento popular con­tra el ‘gatillo fácil’, así como del programa y el método de lucha que la UJS propone para este movimiento. El Encuentro apro­bó, en consecuencia, una campa­ña regional por “prisión per­petua a Héctor Muzzio", con pintadas, pronunciamientos y actos que preparen una im­portante presencia de la ju­ventud de la zona cuando co­mience el juicio oral y público. Congreso de la UJS Finalmente, el Encuentro aprobó una serie de resoluciones para impulsar en las dos sema­nas que restan, la concurrencia al Congreso Nacional de la UJS: micros y bonos para financiar, asambleas abiertas en todos los locales de la zona para el sábado 5 de octubre, invitaciones a Cen­tros de Estudiantes, jornadas especiales dirigidas a la juven­tud barrial. El eje de este traba­jo será un llamamiento a la ju­ventud de la zona, con las princi­pales conclusiones del Encuen­tro: “la clavo de la presente situación política -destaca el llamamiento- es que los traba­jadores y la juventud explo­tada logren imponer su pro­pia salida a la presente crisis nacional".

El viernes 29/8 se cerró la presen­tación de listas para las próximas elecciones de UEPC y quedó confor­mada la lista Marrón. La lista está integrada por Tribu­na Docente, compañeros de UNIDHOS, del PRL, y esencialmente inde­pendientes, luchadores reconocidos en sus escuelas y zonas, sin más mili­tancia que las nacidas en las luchas por la defensa de las condiciones de trabajo y la escuela pública. Se com­prometió, además, una compañera del Mas (sin que bu organización se defi­niera) posibilitando, así, la creación de una lista de auténtica oposición, clasista y antiburocrática. La lista Marrón nace ante la nega­tiva de ir con una alianza con sectores burocráticos del marisanchismo y el garcetismo, y la decisión de otros sec­tores de concretar esta “lista de uni­dad” con ellos. Tribuna Docente, en el plenario del 15/6, dio un amplísimo debate (y antes del mismo, de igual manera) donde exponíamos las razones de la inviabilidad de dicha “unidad”. Presenta­mos una carta abierta a los compañe­ros de la Rosa (que saliera publicada en PO N” 500), y tras ese plenario, debatiendo con los compañeros inde­pendientes y de las escuelas, decidi­mos desde TD reservar el histórico color marrón. La sola presentación de la lista constituye un nuevo triunfo de los trabajadores, que comprendieron la necesidad de salir al frente con un reagrupamiento de auténticas bases del movimiento docente, indepen­diente de los intereses capitalistas, sin “acuerdos de cúpulas”, tal como nos expresaron cuando debatimos con cada uno de ellos. Constituye otro triunfo de los trabajadores que tras las movilizaciones que encabezamos en San Vicente (zona que provee 6 candidatos a la lista), que con padres y alumnos formamos una coordinado­ra zonal. En contraste con el triunfo de la Marrón, asistimos al rotundo fracaso de otros dirigentes de la Rosa, cuya tentativa de unidad con el marisanchismo, naufragó antes de nacer. Frente al Cordobazo Educativo, los integrantes de la Lista Marrón lleva­ron a la cabeza del movimiento las consignas que son el eje de nuestra intervención, y que lo fueron en la lista Marrón del ‘93 y del '90: Derogación de la Ley Federal y de la reforma cualitativa’, logradas me­diante la organización y la lucha que nació en coordinadoras tras el Cordo­bazo docente. Defensa irrestricta de los estatutos. Defensa de los títulos docentes, no a las ‘evaluaciones’ tramposas de nin­gún orden. Salario básico de $700. Por una comisión democrática­mente electa de docentes, comunidad académica, padres y alumnos, que tome en sus manos la salvaguarda y la organización de la educación al servi­cio de los trabajadores.

Compañero Jorge Brodsky Compañeros de la UTPBA Lamentablemente no podré estar presente en el acto del día 7. La necesidad de la preparación de la defensa del juicio que la gober­nación me sigue, queriéndome comprometer en la muerte de Víc­tor Choque, han obligado a mi retorno inmediato a Tierra del Fuego. Hubiera querido estar pre­sente y con ello darle un abrazo caluroso y mi solidaridad concreta a Jorge. Coincido en que la patronal de La Prensa y con ella todos los empresarios pretenden con esta persecución destruir la organiza­ción gremial interna para sentar un precedente contra los delegados del gremio de prensa, para asi poder aplicar a fondo la flexibilización laboral y los despidos entre las medidas que impone el plan imperialista bajo el brazo ejecutor del gobierno de Menem... Acepte Jorge y acepten los compañeros de UTPBA mi solida­ridad combativa. Desde Tierra del Fuego, rodeado de mis compañe­ros de lucha, porque la jomada del 7 y la del 15 constituyan un punto de apoyo en la cadena que los tra­bajadores requerimos en estos momentos cruciales de nuestro enfrentamiento con la patronal capitalista y sus agentes de toda calaña. Para todos un abrazo proleta­rio. echazo de todos los testigos que ofreció el delegado querellado en la causa. Es necesario impedirle a esta patronal ménemo—videlista sentar un terrible prece­dente contra los trabajadores y sus derechos de organización. Debemos evitar la condena del compañero Brodsky, porque constituye un caso testigo con­tra el conjunto de los trabaja­dores. El único método posible es la movilización activa, no sólo el día del juicio —fijado para el martes 15 de octubre, a las 9 horas, en el juzgado correccional N° 10, secreta­ría 74, Lavalle 1640—, sino también con una gran campa­ña previa de denuncia y la rea­lización de un acto público, que la UTPBA ha fijado para el lunes 7 de octubre, a las 20 horas, en el Centro de Capacitación, Alsina 779.

Decidí resuscribirme como una manera de aportar un gra­nito de arena a la meta que se fijo el partido con las suscripcio­nes. Además quiero hacerles sa­ber, que me parece muy impor­tante que los trabajadores ten­gamos nuestra propia prensa, porque nos informamos sobre lo que nos interesa a nosotros como trabajadores y contribuye a nuestra formación política. Como entre el trabajo y los quehaceres de la casa dispongo de poco tiempo para la lectura, sigo la situación política y artí­culos como las ludias que lle­van adelantes ios desocupados, TDO, el cuadro de las suscrip­ciones, y de manera muy espe­cial el correo de lectores, porque es una forma sencilla y concreta de enterarse que opinan otras personas.

El 11 de octubre, SUTEBA ha convocado a un nuevo paro y movili­zación. El pasado 12 de septiembre, los docentes bonaerenses protagoniza­ron una gigantesca huelga y movili­zación, y el 26 y 27 cumplieron tam­bién, masivamente, el paro de 36 ho­ras. A quien lo quiera escuchar, la do­cencia está dando un mensaje muy claro a favor de la profundización de la lucha para acabar con la ‘reforma educativa’ y recuperar las conquis­tas perdidas. ¿En qué anda SUTEBA? La dirección de SUTEBA sin em­bargo, ‘navega’ en otra longitud de onda. Para la jornada del 11 no había previsto un paro, que sólo salió a partir del disconformismo y cuestionamientos en los distritos. La política de SUTEBA es ‘admi­nistrar’ la movilización en función de una salida ‘consensuada’, que simplemente no existe. Un proyecto de ley presentado por el diputado Mosquera, del FREPASO, plantea la formación de un “Consejo de transformación educativa”, in­tegrado por miembros del poder ejecu­tivo provincial, la oposición parla­mentaria y los sindicatos docentes, para 'reformar’ la ‘reforma’. Acepta integralmente el conte­nido de la ley federal de educación y circunscribe al consejo a “expedirse sobre las formas, los tiempos y el momento adecuado para proce­der a la modificación de la actual estructura educativa”. El ex ‘co­munista’ del Frepaso, imagina un mecanismo de ‘cogestión’ para sal­var la ‘reforma educativa’. El trámite parlamentario es un recurso para desmovilizar a la docen­cia. El gobierno no se hace problema en fingir una voluntad ‘dialoguista’, mientras sigue adelante con la implementación de la ley. Hay que cambiar de política Es necesario un giro de 180 gra­dos. En primer lugar, debemos impul­sar una plataforma: La educación debe ser íntegramen­te financiada por el Estado nacional. Hay que dejar sin efecto los traspasos a provincias y municipios. Triplicación del presupuesto edu­cacional, en base a impuestos a los grandes capitalistas y el cese del pago de la deuda externa. Salario básico de 700 pesos. Defensa de la estabilidad, de la validez del título y demás conquistas consagradas en el Estatuto del Do­cente. Anulación de la ‘reforma educati­va’ y derogación de la ley federal. No hay una salida que pueda ser ‘compartida’ con el Banco Mun­dial, el clero o los ‘privados’. Es necesario reestructurar la educa­ción sobre bases sociales, procedi­mientos y contenidos pedagógicos al servicio de la liberación nacional y social, bajo la dirección de consejos electos por docentes, estudian­tes y trabajadores. En segundo lugar, hay que pro­fundizar las medidas de lucha, AHO­RA que el gobierno y su 'reforma’ se encuentran en crisis bajo el impacto de su propia incompetencia y de la movilización popular. Impulsemos autoconvocatorias, plenarios abiertos y Congresos de ba­ses de SUTEBA CTERA y los sindi­catos docentes.

De la Seccional Buenos Aires de la Asociación Bancaria A los compañeros de la UTPBA La Seccional Buenos Aires de la Asociación Bancaria ad­hiere a la convocatoria de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, ante la gravísima persecución gremial que sufre el Delegado del Diario La Prensa Jorge Luis Brodsky, y advierte contra procedimientos pseudojurídicos con que se agra­vian los derechos constitucionales de los trabajadores. Fraternalmente Eduardo Berrozpe (Secretario de Prensa) Raúl Fontana (Secretario General) De la Comisión Interna del Banco Patricios A los compañeros de la UTPBA Al compañero Jorge Brodsky Estimados compañeros: Por la presente les hacemos llegar nuestra solidaridad ante la incalificable persecución de la que es víctima el compañero Jorge Brodsky por parte de la patronal reaccionaria y antiobrera del dia­rio La Prensa. Su persecución, y la condena de los compañeros Alvarez y Gutiérrez, demuestran cuál es el verdadero contenido de la “liber­tad de prensa” para personajes como la Fortabat. La única liber­tad que le interesa es la de impo­ner una descarada explotación en los medios periodísticos, la liber­tad de imponer la flexibilización laboral y salarios de miseria. Como delegados gremiales, no se nos escapa el contexto de este ‘juicio’. Más de quinientos com­pañeros trabajadores, a lo largo y a lo ancho del país, están siendo sometidos a distintos procesos por el delito de defender las reivindi­caciones de los trabajadores. Lo que quiere este gobierno, las pa­tronales y la justicia cómplice es poner fuera de la ley al movimien­to obrero, en un período donde las luchas y la resistencia de los trabajadores va en continuo ascenso. Por consiguiente, nos suma­mos al reclamo planteado exigien­do el desprocesamiento del com­pañero Brodsky y de todos los tra­bajadores perseguidos. Quedamos a vuestra disposición. Comisión Gremial Inter­na del Banco Patricios - Eduardo Martínez Juan Luna Ramírez De la Comisión Gremial Interna del Banco Mayo Al compañero Jorge Brodsky A los compañeros de la UTPBA PRESENTE Una vez más los trabajadores y sectores que se reivindican de­mocráticos, debemos juntarnos para enfrentar una agresión in­concebible. Pues hay hechos que no permiten guardar silencio. Este plan económico, no ‘‘cie­rra" sin represión. Por eso defen­der a Jorge Brodsky hoy, es defen­der las libertades democráticas hoy seriamente amenazadas. Tan grave es la situación que hoy vivimos, que hemos llegado al colmo que un Ministro del Interior puede definir que poner “ollas populares” un día de paro es un “delito”... Con Jorge nos conocimos via­jando a Neuquén, para exigir la inmediata libertad del dirigente de los Desocupados Neuquinos Horacio Panario, allí por fines de febrero. Ahora ya está próximo a realizarse el juicio por esta causa por la que también están deteni­dos Alcides Christiansen y Basilio Estrada. Todos acusados de “coacción agravada”, y decre­tada sus capturas luego de una marcha que reclamaba el pago de un subsidio para los que no tienen trabajo en esa Provincia. A los bancarios también nos quieren correr con la “coacción agravada”, por eso están proce­sados tres dirigentes de la Comi­sión Gremial del ISSB. Cabe de­clarar que la “coacción agrava­da” no es excarcelable. Con el mismo criterio también se persigue a los luchadores de Tierra del Fuego como Oscar Mar­tínez (Sec. de Organización de la UOM - Río Grande) o a los inte­grantes de Quebracho reciente­mente detenidos. Por eso, esta política debemos enfrentarla con otra política: la de la más amplia unidad, pidiendo a todos los partidos que exijan liber­tad a los presos y el cese de las persecuciones. Y a todos los Gre­mios y organismos nacionales como la CGT y CTA que levanten también los reclamos... Ojalá juntemos suficientes vo­ces para que el silencio no vuelva nunca más a nuestro país. Fraternalmente Comisión Gremial Inter­na del Banco Mayo (Sec­cional Buenos Aires) Susana Zaldua - Oscar Leguizamón - Daniel Montoto - Víctor Calapeña (Delegados generales) De la Comisión Gremial interna del personal del Banco Credicoop Compañeros del Comité de Solidaridad con los Trabajadores Perseguidos de ‘La Prensa’ Presente Estimados Compañeros: Les hacemos llegar a Uds. la solidaridad del conjunto del per­sonal del Banco Credicoop ante las persecuciones de que vienen siendo víctimas los compañeros del diario La Prensa. (...) De la misma manera que la embajadora itinerante de Menem ‘fabrica’ un juicio contra el com­pañero Jorge Luis Brodsky, exis­ten en el país centenares de com­pañeros procesados con similares argumentos, sin ir mas lejos Christiansen, Panario, Martínez entre tantos otros. (...) Los saludamos fraternal­mente. Jorge Boido, José Natale, José Montiel, Juan Simón (Delegados Generales)

Florencio Varela, 30/9/96 Cuando me suscribí a Pren­sa Obrera, no sabía a ciencia cierta lo que iba a recibir. Cuan­do leí el primer número me gus­tó porque el periódico me brin­da informaciones que la prensa oficialista no me da. A raíz de la aplicación de la reforma educativa, comencé a participar en reuniones de pa­dres de la escuela técnica de Quilmes, a la que concurren mis hijos y la prensa me ha sido sumamente útil para compren­der ios alcances de esta reforma y para intervenir en la lucha contra la Ley Federal de Edu­cación. ¿Por qué me suscribiría? Porque me sirve. La prensa me ayuda a comprender los nego­ciados capitalistas con el FMI, sus análisis son profundos. Es como leer un libro de medicina para conocer el origen de los enfermedades. Lo que más interesa es el tema económico y la Ley Fede­ral de Educación. Quiero defen­der la educación de mis hijos.

En el marco de la aplicación de la Reforma Anti-educativa y con el ob­jetivo de ‘liberar’ aulas para el 8° año, el Tribunal de Clasificación (or­ganismo dependiente de la Dirección General de Escuelas y Cultura) ha­bía dispuesto el cierre de secciones de grado y fusiones en varias escuelas primarias de los distritos de San Martín y Tres de Febrero. Los docentes percibieron rápida­mente los alcances de la medida: hacina­miento en las aulas, sobrecarga de tra­bajo, cambio abrupto de maestras, es decir, deterioro pedagógico y despidos masivos. La reapuesta estuvo a la altura de las circunstancias: los docentes pro­movieron asambleas de padres y se re­dactaron petitorios que fueron entrega­das a los inspectores en una movilización conjunta. La presión ejercida tuvo su efecto: las autoridades acusaron el golpe y ordenaron postergar la medida hasta fin de año, lo que nos declara su inten­ción de imponer la 'reforma'. Por este motivo tenemos que refor­zar la unidad de la docencia en un Congreso de Bases de afiliados y no afiliados, para enfrentar con determi­nación (como en este caso) y enterrar definitivamente esta ley nefasta para la escuela pública.

Señores Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA) Presente El CELS adhiere al acto que, con motivo de la inminencia del juicio oral al que será sometido el trabajador de prensa JORGE BRODSKY, se realizará en este Auditorio. En conocimiento de la extensa lucha que llevan adelante tanto el compañero Brodsky como la UTP­BA contra la persecución gremial, esta institución espera que tenga amplia repercusión la convocato­ria al repudio hacia toda forma de cercenar la libertad de prensa e información: es ésta la única for­ma de obtener un pronunciamien­to judicial equilibrado, que siente un precedente en favor de los dere­chos gremiales y profesionales.

En PO n° 512, se publica una carta (“Ruckauf y los homosexuales”), donde la compañe­ra Serena desarrolla un planteo que queda inconcluso. Serena imagina al capita­lismo “como a un gran cua­drado donde se pone a la gente en un molde que en­caja perfectamente, y así el sistema se mantiene...”. En realidad en el capitalis­mo nada “encaja perfecta­mente”. La estructura econó­mica (relaciones sociales de producción), sobre la que se le­vanta el régimen capitalista, se caracteriza por la anarquía. Rosa Luxemburgo hacía esta descripción: “En la sociedad actual no encontramos (...) ni dominación, ni ley, ni de­mocracia, ni huella de plan y organización: sólo la anarquía. ¿Cómo es posible la sociedad capitalista?” (R. Luxemburgo, La Producción Mercantil). La anarquía y las contra­dicciones del capitalismo son las que causan la crisis, las quiebras de sectores enteros de la industria, la desocupación, las muertes por hambrunas, las guerras. Pero, por sobre todo, son estas contradicciones las que empujan ai proletaria­do a intervenir y hacen posible la revolución. Es claro, por otro lado, que dentro del ‘desencaje’ general del capitalismo, hay quienes ‘cabemos’ menos, y que con la discriminación y la represión tratan de ‘amoldarnos’. Los estudiantes que se movilizan contra la ‘reforma educati­va, los trabajadores que lu­chan contra la flexibilización laboral, los desocupados recla­mando un seguro al parado, los jubilados, los gays luchando por derechos aviles y, por sobre todo, los revolucionarios. Nos discriminan, rematan la edu­cación, tratan de liquidar los convenios, nos despiden, nos encarcelan, la policía de gatillo fácil actúa en forma impune para amedrentar a la juventud, a los gays les aplican el 2H, etc. Entonces, está bien plan­tear que “luchamos por una sociedad donde exista li­bremente la diversidad, se respete el derecho a ser di­ferente y podamos elegir la forma de vida que quera­mos”, como concluye Serena, pero hay que completar el plan­teo entendiendo que la repre­sión y la discriminación son propias de un régimen de clase, de explotadores, y que se hacen más agudas en su etapa de descomposición. Esta sociedad de Serena, donde se respete el derecho a ser diferente, es incompatible con un régimen de usureros y explotadores. Por lo tanto, lu­chamos por lo que afirma Sere­na, pero comprendiendo que esa lucha es la lucha por una sociedad sin clases, sin explota­dos y explotadores, para que “podamos elegir la forma de vida que queramos”. En síntesis, luchamos por el socialismo.

Los cables anuncian que el Papa arribará a Cuba probablemente “entre abril y junio de 1997" (Clarín, 26/9). El propio Castro aprovecharía una visita que tiene antes a Italia, en noviembre, para entrevistar al Papa. 'Prudente y pluralista después de todo, la Iglesia católica cubana -dice Le Monde, 20/9-se apresta a jugar un rol activo en un eventual proceso de transición política". EL diario francés recuerda que “a diferen­cia de otros países latinoa­mericanos, la tradición lai­ca está muy anclada en Cuba, donde no existió par­tido demócrata cristiano, ni un diario católico”. El mismo Le Monde infor­ma, sin embargo, que se ha producido un “fuerte creci­miento” de las prácticas reli­giosas, precisamente durante “el principio de este dece­nio. Según un reciente son­deo realizado por la filial de Costa Rica de Gallup, 60% de los cubanos decla­ran haber participado de una ceremonia religiosa en el curso de los tres últimos meses. ‘En los años 60, el 20% de las familias deman­daban funerales religiosos. Hoy la proporción asciende a cerca del 70%, la existente en la época anterior a la revolución’, hace notar Monseñor Carlos Manuel de Céspedes, vicario gene­ral de la Iglesia católica” (ídem). Esta prédica -dice Le Mon­de- ha sido “estimulada por las reformas económicas” y alentada directamente por el gobierno. “Las conversacio­nes con los dirigentes cuba­nos son frecuentemente coloreadas de referencias positivas sobre el rol ético de la iglesia católica. Com­pañero próximo de Fidel Castro y ‘papa’ del cine cu­bano, Alfredo Guevara su­braya: ‘La iglesia da una orientación rica en ense­ñanzas para los militantes. Sin ser religioso, yo creo que es urgente consagrar un minuto por día, un día por semana y una semana por mes a la meditación espiri­tual”' (ídem). Las cosas van tan rápido que ya se está candidateando como "'papable’ de primera categoría” al arzobispo de La Habana, Jaime Ortega, “uno de los personajes más po­pulares de la isla”. “Este hombre cordial -dice siem­pre Le Monde-, de 60 años, sería un serio candidato si el próximo cónclave deci­diera elegir un represen­tante del tercer mundo para suceder a Juan Pablo II".

De la Delegación San Lorenzo de AMSAFE Sr. Secretario General Juan Carlos Caamaño UTPBA Estimado compañero: Puestos en conocimiento de la situación jurídica del delegado de ese gremio, Jorge Brodsky, quere­mos expresar nuestra adhesión a la campaña de denuncia por la persecución ideológica de la que es víctima Brodsky y por ende ese gremio. Nos comprometemos a hacerlo público en los medios locales, y que los demás sindicatos del Cor­dón Industrial se pronuncien soli­dariamente. Fraternalmente. Graciela N. Messina (Sec. Adjunta) Miguel A. Martorell (Delegado seccional) De la Asociación de Docentes de la UBA A la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires La Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires - ADUBA - adhiere a este acto en solidaridad con el com­pañero Jorge Brodsky, y com­promete su presencia el día 15 de octubre en el Juicio Oral y Público para reclamar el cese definitivo de la persecución de la patronal del diario La Prensa contra Brodsky y, por lo tanto, su sobreseimiento definitivo. Hacemos nuestra la causa de la defensa de Brodsky porque la persecución penal de las patro­nales y el gobierno contra los representantes sindicales de los trabajadores y los activistas obreros y populares pretende destruir la libertad de organiza­ción contra los atropellos patro­nales y crear las condiciones que permitan imponer la flexibili­dad patronal, la destrucción de la legislación de protección al trabajo y la política de descargar la crisis generada por este régi­men sobre el pueblo trabajador. Con fraternales saludos al compañero Brodsky y a todos los trabajadores de la UTPBA. Graciela Molle (Secretaria de Derechos Humanos y Acción Social) Carlos Felipe Mosquera (Secretario General)

Me parece que la dirección del partido no le da la importancia que tiene a la labor ne­fasta que realizan los grupos stalinistas y todo el reformismo, entre ellos los morenistas, entre los obreros. Esto no ayu­da a abrirles los ojos a los traba­jadores. Prueba a la vista es que según estos grupos este ré­gimen capitalista tiene para mil años más, por lo menos. Aquí en América, los hechos dicen lo contrario. Colombia está en guerra no declarada, Bolivia anda por el mismo ca­mino y aquí en Argentina, poco menos después del último paro y la movilización, se demostró que la clase obrera está abrien­do los ojos. Para nosotros es positivo para las luchas que se vienen. Ojo que no hay un partido revolucionario que aproveche estas ocasiones favorables que se presentan y en Europa tam­poco lo hay. Pero ocasiones se van a presentar porque este régimen no tiene salida a sus crisis interminables. Las gi­gantes movilizaciones de los trabajadores de Alemania, Francia y toda Europa, lo mis­mo en todas partes donde hay explotación, la lucha se va a acentuar porque los capitalis­tas quieren más ganancias, para nosotros más explotación. Este gobierno lo demues­tra, quiere terminar con los pocos beneficios sociales que van quedando. A nosotros los trabajadores nos parece que estos capitalistas quieren es­clavos como los había hace 100 años atrás, pero el mundo va para adelante, no para atrás. Con saludos revolucionarios.

En Colombia, el levantamiento campesino y popular, y la guerrilla “está fuera de control” del gobierno y el ejército (La Nación, 21/9). La coordinadora guerrillera “reali­zó una ofensiva sin precedentes en todos los departamentos de la geo­grafía colombiana... La guerrilla de­mostró tener una capacidad de or­ganización y de movilización de ma­sas inédita en una sociedad rural abandonada a la suerte por el Esta­do... Es inocultable, entonces, el apoyo popular que la guerrilla tiene en esas zonas, donde es reconocida por los campesinos como autoridad legítima. Desde mucho tiempo atrás ejerce allí el monopolio de la fuerza, de la justicia y del tributo, y ahora conformó una red de juntas de ac­ción comunal y de organizaciones campesinas por medio de las cuales controla a la población en forma absoluta” (La Nación, 24/9). Según El Tiempo de Bogotá (23/9), el conflicto actual en el campo trascien­de “el conflicto entre el latifundio tradicional y el narcolatifundio frente al millón de familias sin tie­rras”, porque está afectando a la zona del “minifundio, que mantiene en el estancamiento total a (otras) familias”. Según un estudio oficial citado por El Tiempo, “la pre­sencia de estos grupos armados aumentó —su influencia sólo en estas áreas— de(l) 12 por ciento en 1985 a(l) 50 por ciento” (ídem). Esta movilización revolucionaria se desenvuelve en un cuadro de derrumbe político del régimen de la ‘narcodemocracia'. La 'clase política' se encuentra dividida “en dos bandos” (Brecha,20/9). La última expresión de esta crisis ha sido el ‘hallazgo’ de casi 4 kilogra­mos de heroína en el avión que debía trasladar a Samper a la asamblea de las Naciones Unidas (ONU). Según “ver­siones”, habría sido colocada por “agentes encubiertos de los Estados Unidos" (La Nación, 23/9) La situación insurreccional en vas­tas zonas del país, incluidos los subur­bios de Bogotá, es lo que explica enton­ces, la 'aparente' convergencia que es­tán buscando en las últimas jornadas los principales capitalistas del país y los yanquis. La Iglesia colombiana, a tra­vés del arzobispo de la capital llamó a “prepararse para afrontar una gue­rra contra el marxismo”. El corres­ponsal de La Nación informa que en “este cuadro dramático... los diez conglomerados económicos más importantes del país le ofrecieron a Samper (apoyo) ‘en todas las medi­das que adopte contra la guerri­lla’... ” (ídem, 21/9). En reemplazo de De la Calle, como vice-presidente, fue de­signado “por aclamación en el Con­greso” Carlos Lemos Simmonds, con respaldo liberal-conservador y con “agrado de Estados Unidos” (Bre­cha, 20/9). Lemos es “el enemigo his­tórico e irreconciliable de la iz­quierda ... el arquetipo del político derechista de mano dura” (La Na­ción, 20/9). Clinton declaró en la asam­blea de la ONU que “autorizará la entrega de 112 millones de dólares en equipos militares a Colombia, México y otros países de América latina...” (La Nación, 26/9), horas des­pués que el embajador en Bogotá hubie­ra condicionado cualquier ‘apoyo mili­tar’ a la ‘apertura de los mercados’. Pero Lemos Simmons también podría ser “el estadista ideal para un reem­plazo poco traumático en caso de que el mandatario se vea obligado a renunciar” (La Nación, 21/9). Frente a la insurgencia campesina y guerrillera, el gobierno movilizó a las FF. AA., con acuerdo de la ‘oposición’, -y-anunció un programa para llamar a los reservistas. La política de la Coor­dinadora Simón Bolívar, por su parte, que hasta agosto pasado había intenta­do una ‘negociación’ con el gobierno, buscaría “forzar (a Samper)... a adoptar cambios políticos y econó­micos ... (y a cambiar) la política neoliberal...” (Newsweek, 18/9). Es claro que en Colombia está en juego mucho más que la erradicación de los cultivos de coca o amapola, o el derecho a la extradición reclamada por los yankis para juzgar a los jefes ‘nar­cos’. En todo caso “durante el man­dato de Bill Clinton el consumo de droga se ha duplicado en los Esta­dos Unidos, a pesar de los 576 ex­traditados legales que su gobierno recibió del mundo entero. Hoy, los narcos, o por lo menos su inmensa mayoría, viven donde está su me­jor negocio: los Estados Unidos” (La Nación, 24/9). En Colombia, seguramente, el impe­rialismo quiere saldar cuentas con un sector de las clases dominantes nativas, en nombre de la ‘cruzada contra el narcotráfico’. No es casual que el em­bajador yanqui en Colombia reclamara también la “apertura en el campo”. Pero además, busca un control económi­co y político directo del país, el someti­miento y la confiscación de los campesi­nos y la militarización del Estado.

Del Cuerpo de Delegados del Centro de Estudiantes del Nacional Buenos Aires El Centro de Estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires adhiere a este acto por el cese de las persecuciones a Jor­ge Brodsky y a los luchadores y activistas del movimiento obrero. El CENBA reclama que no se condene al compañero Jorge Brodsky y que se revisen los juicios a los demás trabaja­dores de La Prensa condena­dos, y convoca para el día 15/10 a concentrar frente al Juzgado. Cuerpo de Delegados del Centro de Estudiantes del Nacional Buenos Aires Del Cuerpo de Delegados del Centro de Estudiantes del Mariano Moreno El CEMM (Centro de Estudian­tes del Mariano Moreno) se solidari­za con el compañero Jorge Brodsky, ex delegado del diario La Prensa, al que pretenden condenarlo con excu­sas totalmente antidemocráticas. El “caso Brodsky”, es parte de la per­secución que lleva adelante la justi­cia menemista a más de 500 trabaja­dores, con el fin de mantener este gobierno del hambre y la represión. Exigimos el cese de la persecu­ción a Brodsky y a todos los lucha­dores, y nos comprometemos a concu­rrir el 15/10, día del juicio, para acompañar esta lucha. Cuerpo de Delegados del Centro de Estudiantes del Mariano Moreno

Uno de los termómetros de la situación de las masas es su interés por conocer los planteamientos po­líticos. Hace algunos años, 'piquetear' un periódico de izquierda en las 'encuadradas' columnas sin­dicales era un acto de cierto riesgo físico, por lo menos. Hoy existe, en cambio, una relación profunda en­tre la enorme crisis de la burocracia sindical, la aparición de consignas políticas en las columnas de los gremios (como las de “fuera Me­nem” o “Menem renuncia”) y la aceptación de Prensa Obrera por parte de los trabajadores. Si bien desde hace ya unos meses la venta de periódicos en movilizaciones viene en ascenso, en las del 26 de setiembre pegó un salto. Desde la formación de las co­lumnas en fábricas y plazas del Gran Buenos Aires, hasta la llega­da a la Plaza de Mayo se colocaron 330 periódicos, que sumados a los 130 que se colocaron en la movili­zación de Córdoba, totalizaron 460 periódicos vendidos a los trabaja­dores movilizados. 70 periódicos colocó Capital, 100 la zona Sur, 60 la zona Norte, 70 la zona Oeste. No sabemos cuántos de los com­pañeros que se movilizaron en las marchas del 26 han leído la prensa del Partido Obrero. Muchos de los ‘piqueteadores' se encontraron con la sorprendente respuesta de “gracias, yo estoy suscripto”. Aunque sabemos bien los límites de nuestra influencia política, no dejamos de ver que con el periódico 512, entre piqueteos, suscripcio­nes y ventas personales, llegamos a cerca de 6.000. Esto no es un hecho menor para un periódico revolucio­nario que, en título catástrofe tenía en su tapa la consigna de “Fuera Menem”. El piqueteo sistemático del pe­riódico en marchas, concentracio­nes, barrios y puertas de fábricas, le va dando una enorme autoridad po­lítica al Partido Obrero. La mag­nitud de los problemas políticos planteados convierte en una necesi­dad conocer en detalle cómo se vie­nen desarrollando las luchas en todo el país. Las páginas del periódi­co reflejan estas luchas y los plan­teamientos políticos del periódico son seguidos con sumo interés por un sector importante del activismo. Redoblar esta tarea es funda­mental, estratégica, para dotar a la clase obrera de un programa frente a la brutal crisis política.

Según informa Brecha (4/11) “el diálogo entre el CODICEN -las autoridades educativas y los estudiantes está prácticamente roto. Las autoridades dijeron nones al diálogo nacional y a congelar la reforma, en tanto los jóvenes ini­cian nuevas ocupaciones”. Mientras el lunes 30 se hacían ma­nifestaciones frente al local donde se reunían el CODICEN y los estudian­tes, el martes 1° era ocupado el liceo Bauzá, que “fue desocupado por 30 policías (algunos sin unifor­me) que ingresaron al instituto a las 2,30 horas...”. El gobierno y el CODICEN (integrado por todas las fuerzas parlamentarias, incluido el ‘izquierdista’ Frente Amplio) “mo­dificaron su estrategia y ahora se disponen a cortar de raíz cual­quier intento de ocupación”. Pero por la tarde del miércoles 2 “en muchos liceos se multiplicaban las asambleas... (se ocuparon) los liceos 26 y 17 ... cuando ya se había asegurado que habría san­ciones... La temperatura no dejaba de subir”. Para el presidente del CODICEN, el objetivo de los estudiantes de ‘tor­cer’ una ley aprobada por el parla­mento, equivale al reclamo de un ‘golpe de Estado’. Los ‘demócra­tas’ se acuerdan de ‘defender' al parlamento cuando sirve como una trinchera contra el pueblo moviliza­do, pero ‘arrugan’ frente a los gol­pes o se transforman en la comparsa ‘democrática' del dictador de turno. “Así las cosas -opina Brecha-... el conflicto amaga con replantear­se en términos quizás más duros. El movimiento estudiantil no da muestras de agotamiento...”.

De la Asociación de Personal Aeronáutico La Asociación de Personal Aeronáutico manifies­ta su solidaridad con los Compañeros Delegados de los trabajadores del diario La Prensa, que fueran detenidos cuando intentaban ejercer un derecho inalienable de los trabajadores; asimismo manifestamos nuestro repudio a este tipo de persecuciones que nos retrotraen a épocas nefastas de nuestra historia, donde luchar por los derechos de los oprimidos representaba una amenaza constante para la militancia sindical. A la vez repudiamos la actitud de la patronal y la justicia, que de una manera cómplice instrumenta los mecanismos para coartar la libertad sindi­cal y el derecho a expresarse de los trabajadores de prensa. APA quiere estar presente en este acto y a la vez manifestar toda la solidaridad activa que sea necesaria, para que este hecho no genere precedente que afecte a toda la clase trabajadora. Fabio Basteiro Secretario General APA De la Asociación de Empleados de Farmacia El Sindicato de Empleados de Farmacia re­pudia todo tipo de persecución que se intente contra delegados y trabajadores. Entendiendo que quedarían gravemente lesionados los dere­chos constitucionalmente consagrados de orga­nizarse y peticionar. En consecuencia nos solidarizamos y adheri­mos a la participación de un plan de lucha para frenar este avance que dejaría sentado un ries­goso precedente tanto en detrimento del delgado Jorge L. Brodsky, como en acciones futuras. Horacio Mujica Alfredo Ferraresi

Con la incorporación de miles de mineros y maestros, la ola de huelgas por el pago de salarios atrasados, en Rusia (ver Prensa Obrera, n° 513, 3/10), va ganando día tras día, mayor profundidad y extensión. En la cuenca de Vorkuta, más allá del círculo polar ártico, miles de mine­ros salieron a la huelga y marcharon hacia la ciudad. Varios miles de traba­jadores públicos, que tampoco cobran desde mayo, se unieron a la manifesta­ción. Esta auténtica 'pueblada' ocurrió mientras se mantiene con todo vigor la huelga de los 16.000 trabajadores de la principal planta de energía eléctrica de la región de Primosky, en el Extremo Oriente, y se extiende el movimiento reivindicativo entre los trabajadores de la industria militar. Después de las masivas manifestaciones de la semana pasada en las plantas de armamentos y reparaciones dependientes de la ma­rina de guerra, esta semana se han sumado al movimiento los obreros de las fábricas de armas y municiones de Belgorod: al cierre de esta edición, por tercer día consecutivo, los trabajado­res bloqueaban la sede del gobierno regional, impidiendo el ingreso de fun­cionarios y empleados. En Barnaul, capital de la región del sur de Siberia, están en huelga 12.000 maestros, que -como los trabajadores de Belgorod- armaron piquetes que bloquean las oficinas del gobierno y el parlamento locales. Los médicos de Barnaul también realizaron huelgas parciales y manifestaron junto a los maestros. Vorkuta se encuentra a 1.900 kiló­metros al noreste de Moscú; Primorsky está a 3.000 kilómetros al este; Belgorod, 650 kilómetros al sur y Barnaul, 1200 ai sudeste, lo que da una idea de las dimensiones continen­tales del movimiento huelguístico. ca al Partido Obrero. La mag­nitud de los problemas políticos planteados convierte en una necesi­dad conocer en detalle cómo se vie­nen desarrollando las luchas en todo el país. Las páginas del periódi­co reflejan estas luchas y los plan­teamientos políticos del periódico son seguidos con sumo interés por un sector importante del activismo. Redoblar esta tarea es funda­mental, estratégica, para dotar a la clase obrera de un programa frente a la brutal crisis política.

Los pobladores de Senillosa (a 50 km. de Neuquén Capital, cuenta con 7 mil habitan­tes) están acostumbrados a la lucha y los sacrificios. Gran parte de ellos provienen de las grandes obras y de huelgas como el Choconazo, la de Piedra del Aguila, etc. Por eso, cuando hace dos años cortaron la ruta, enfrentando a la policía en reclamo de la apertura de puestos de trabajo, fue uno de los primeros actos de lo que hoy es el masivo movimiento de desocupados en la provincia. A modo de “seguro de desempleo”, cientos de ellos están contratados en el mu­nicipio local. Sin fuentes de trabajo en la zona, dependen del conchabo municipal, de los “subsidios” de la ley 2128 y de changas afuera (más al interior de la provincia). Cuando a principios de septiembre el intendente (MPN, de la misma línea interna que Sapag) se mando el decretazo de reduc­ción horaria de 7 a 6 horas, con la consi­guiente reducción salarial a centenares de trabajadores municipales (nucleados en ATE), puso el dedo en la llaga. Cuando luego el Consejo Deliberante promulgó el decreta­zo, terminó de poner presión a la caldera social. Ante la inminencia del cobro con la reba­ja a principios de octubre, el martes 1ro. se reunió una asamblea popular en el gimna­sio, que no por casualidad es el del Club de ex obreros y empleados del Chocón. Allí más de 300 trabajadores votaron movilizarse a la casa de Gobierno en Neu­quén Capital. La propuesta de formar una multisectorial” del tipo CTA encontró resistencia: “No pocos asambleístas ex­presaron sus dudas en cuanto al fun­cionamiento de un nucleamiento de ese tipo y pidieron medidas más drásti­cas...” (Río Negro, 2/10). Finalmente se conformó una comisión con desocupados, pequeños productores agrícolas, gremios, etc. El jueves 3, en 10 micros y decenas de ¡ autos, unos 500 senillosenses (más del 10% de la población mayor de 15 años) marcharon a Neuquén y se movilizaron hasta la casa de Gobierno. A una semana de la multitudina­ria movilización del paro de 36 horas que hizo tronar los bombos en la puerta del despacho de Sapag, nuevamente los reclamos golpea­ban en las puertas del gobernador. Vinieron los trabajadores municipales, pero también los docentes, algunos banca­rios, los desocupados, amas de casa, jóvenes (muchos jóvenes). Y tras varias horas de cabildeos bajo el constante sonar de los bom­bos, la comitiva que ingresó a negociar con las autoridades del gobierno salió con los pulgares en alto: se había conseguido, una buena parte de los reclamos. El secretario general del CTA, que ofició de vocero del grupo negociador, informó que se había reculado con la reducción horaria y que se volvía al salario anterior. Que para septiembre (ya trabajado con jomada redu­cida) no iba a haber quita de salarios. Se consiguió una 'ayuda extra' para los que tienen el gas y la luz cortados, además del mantenimiento de subsidios por desem­pleo, el inicio inmediato de obras de cordón cuneta. Para los pequeños productores, no propietarios de las dos hectáreas promedio que trabaja cada uno con su familia, el gobierno otorgó una ayuda especial, sin ne­cesidad de ofrecer garantía. Ante la requisitoria de una de las muje­res presentes acerca del reclamo de la expro­piación de tierras (anunciada por Sapag hace tiempo), el secretario del CTA manifestó que se planteó la expropiación y entrega a quien la trabaja en vez de un sobreimpuesto a las tierras improductivas, ya que, dijo, “no se trata que un pulpo las ponga a producir y transforme a toda la pobla­ción en peón de esa explotación”. Se manifestó contrario a solicitar créditos, para que se los queden los vivos de siempre. La pueblada de Senillosa se inscribe en el camino del cutralcazo, por sus métodos y por sus resultados, y empalma con otros hechos de lucha, con la asamblea popular en Picún Leufú ante la sequía del curso de agua que riega la zona de chacras, las luchas de los ceramistas y de los municipales de Alien.

De la Comisión Interna de Editorial Atlántida Los abajo firmantes, todos miembros de la comisión interna gráfica de Editorial Atlántida, nos solidarizamos y movilizamos a este acto, de repudio contra el in­fame atropello patronal, que su­fren los compañeros del diario ‘La Prensa’ como antes han sufrido, los delegados de Atlántida, Faplac, e infinidades de compañeros que defendemos los derechos de los trabajadores. Como ya no les conforma, la explotación diaria, la flexibilidad laboral, la privatización de la sa­lud, la educación, la jubilación entregas hechas por sus gober­nantes de turno, -ahora usan su otro brazo para perseguirnos en forma “legal”, con argumentos rebuscados y leguleyos para ver si de esta forma nos pueden hacer callar y sometemos como quienes defienden sus intereses. Nunca más lejos de la reali­dad, si creen que con sus persecu­ciones y amenazas nos harán ca­llar y retroceder, el ejemplo nos dieron aquellos compañeros que ya no están, por ellos y por el bienestar de toda la clase obrera no descansaremos hasta la eman­cipación de la clase obrera. Néstor Pitrola, Carlos Ramírez, Walter Quiroz, Ariel Rescigno, Isaac Quiroz, Luis Diggiosa, Norberto Frasso, Alberto Leiva, Néstor Lencinas De la Coordinadora de Trabajadores Gráficos Adherimos y nos solidarizamos con el compañero Jorge Brodsky ante el atropello patronal por el que se intenta, no sólo castigar al compañero, sino sentar jurispru­dencia: que el derecho de los tra­bajadores a reunirse en Asamblea sea equiparado a la “Violación de domicilio”. Solo la solidaridad, la movili­zación y la lucha podrá garantizar el ejercicio de nuestros derechos Por la Coordinadora de Trabajadores Gráficos Oscar Malvestiti Luis Farías

Cristovam Buarque es un profesor universitario, con un posgrado en la Uni­versidad de la Sorbonne. Personaje del mundillo universitario, fue el primer presidente electo de la Universidad de Brasilia. Economista e ingeniero, fre­cuentador habitual de los foros interna­cionales, Buarque habla fluidamente tres lenguas y ha publicado más de una docena de gruesos libros. Por todo esto, fue elegido por la burocracia sindical y profesional del PT como candidato a go­bernador del Distrito Federal por el fren­te que integró con varios partidos patro­nales en las elecciones de 1994. Recién llegado al partido y sin militancia políti­ca conocida, Buarque se consagró gobernador por el Frente Brasil Popular, integrado incluso nacionalmente por el PSTU, o sea el morenismo. Durante la campaña electoral, Buar­que recibió una ‘ayudita’ de 200.000 dólares de la Obedrecht, el principal pul­po de la construcción en Brasil. Una vez en el poder, Buarque ordenó retomar las obras de construcción del subte de Brasi­lia, a un costo de más de 1.000 millones de reales. La Oberdrecht, plink, caja. El asunto de la Obedrecht, que ya había 'colaborado' con otros candida­tos y funcionarios municipales y parla­mentarios del PT, reveló la participación del capital más poderoso en las 'cajas negras' del 'Partido dos Trabalhadores' de Brasil. Pero entre coima y coima, Buarque se dio maña para montar un servicio, con personal y medios de la Policía Militar, para espiar a los partidos de oposición, a los sindicatos petistas, al Movimiento sin Tierras y a los propios organismos dirigentes del PT: todas estas organiza­ciones fueron infiltradas, sus reuniones espiadas y sus dirigentes seguidos. La oficina de este 'servicio' funcionaba a pocos metros de las del propio goberna­dor 'progresista' (Veja, 25/9). Según relata la revista, uno de los principales dirigentes espiados, Chico Vigilante, di­putado federal del PT, se empeñó en encubrir el trabajo de infiltración que el gobernador había montado para los ser­vicios del Estado capitalista. Una vez más, el frente popular de­muestra su carácter de instrumento contrarrevolucionario para destruir la independencia de las organizaciones obreras, y aún su misma existencia.

En un plenario de cerca de 100 delegados y activistas se rechazó en bloque el pre-acuerdo firmado por las empresas con la burocracia ultramenemista de la Federación Na­cional de FOETRA. Este convenio fue tratado por un superburocrático congreso de came­ros de la Federación, realizado en Ushuaia durante el último paro nacional de 36 hs (!). Su aproba­ción definitiva se postergó para un futuro Concejo Federal que, com­puesto por un representante por sin­dicato, independientemente de su cantidad de afiliados, permite su total manipulación por la burocracia de Rodríguez, de espaldas a las gran­des filiales del gremio (Buenos Ai­res, Córdoba y Rosario). El proyecto 'pre-aprobado', es una síntesis perfeccionada de los peores convenios ‘flexibilizadores’ conocidos. Salarios por producti­vidad, modalidades de con­tratos especiales, jomadas va­riables con acumulación anual, supresión del franco hebdoma­dario, polifunción, derecho de la empresa a traslados a cualquier lugar del país, fraccionamiento de las vacaciones", rebaja del pago por antigüedad, eli­minación de zona desfavorable, desaparición del plus por turno diagramado, sistema de 'compo­sición' de conflictos que impide las medidas de acción directa. Y como si faltara algo, introduce un capítulo de “condiciones espe­ciales de egreso”, que estatuye la reducción de personal mediante un sistema de jubilación anticipada, con 40% del básico hasta la jubilación y otro de “reconversión laboral”, con 50% del salario por un año. Esto cuando la gran lucha de los telefóni­cos bajo las privadas ha sido la resis­tencia a brazo partido contra las pre­siones patronales al retiro volunta­rio. El plenario antiguillanista, tomó las siguientes resoluciones: 1. Rechazar el pre-acuerdo 2. incor­porar al temario de la próxima asamblea general ordinaria del sindicato Buenos Aires (24/10), la con­sideración de la ruptura con la Fede­ración Nacional. 3. denunciar ante las centrales obreras, la actitud de la Federación, de boicot a la lucha contra la flexibilización laboral 4. impugnar el pre-acuerdo de conve­nio (recurso de amparo) 5. pedido de renuncia a Castelnuovo, miembro guillanista del Sindicato Buenos Aires que firmó el pre-acuerdo 6. difusión de la denuncia por solicita­da. Con este programa se marchará al plenario de delegados convocado para el 11 y hacia la asamblea del 24, dos grandes instancias de movi­lización. Están colocadas las piezas de una batalla decisiva. Al repudio del pre-acuerdo, debe agregarse el con­tra-proyecto y el pliego propio de reivindicaciones de los trabajadores (jornada de 7 horas, aumento sala­rial, estabilidad laboral) como pro­grama de lucha.

Pronunciamiento de la Oposición telefónica El Plenario de la Oposición telefónica a la burocracia guillanista se pronunció masivamente por el cesé de la persecución penal a los delegados y trabajadores del diario La Prensa, Jorge Luis Brodsky, Adrián Alvarez y Ernes­to Gutiérrez, originada en su acti­vidad gremial, invitando a concu­rrir a las puertas del juzgado, La- valle 1640, en ocasión del juicio oral y público contra el delegado Jorge Brodsky, el próximo martes 15 de octubre, a partir de las 9 horas. Firman: Juan Carlos Lavagna (delegado Foe­tra Bs. As.), César Ortuña (delegado), Alberto Alva­rez (delegado), Gloria Valoy (delegada telefóni­ca), Jorge Grilli (delega­do edificio Golf), Daniel Salomón (delegado Liniers), José A. Parras (oficina Congreso-Telefó­nica), Oscar Agosti, José Greco (oficina Mitre TASA), Alfredo González (oficina Mitre TASA), Juan Manuel González (delegado oficina Mitre Telefónica), Pedro E. Herrera (delegado de oficina Cuyo), Roberto Lares, Carlos Ruiz, Etelbina R Osorio, Clau­dio Marín, Héctor Maldonado, Víctor Ruiz, Vito Di Leo, Viviana Carranza, Carlos González (revisador Rodó), Víctor Hugo Roldán, Tomás Devoto (Telefónica), Jorge Zilber (TASA oficina Piedras), Alberto Lucandrea (TASA oficina Lanús), Marcos Montenegro, Nelsa Bou Abdo (delegada Telecom SM), Daniel Zajarovich (Lomas-Telefónica), Sergio L. Sosto (delegado general Balvanera), Rolando Roqué, N. Farías (delegada CIBA-Telefónica), José A. Sánchez, J.A.Díaz y siguen firmas. De la Comisión Gremial Interna del INTI-UPCN Sres. Juzgado Correccional Nro.10 Sría.74 Por intermedio de la presente esta Comisión Gremial Interna del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, enrolada en la Unión Personal Civil de la Nación, se pronuncia por el cese de la persecusión penal a los delegados y trabajadores del diario La Pren­sa': Jorge Luis Brodsky, Adrián Alvarez y Ernesto Gutierrez, ori­ginada en su actividad gremial. Consideramos que esta persecución es un intento más para ¡le­galizar la acción gremial y el dere­cho a la organización del movi­miento obrero, lanzada por el go­bierno nacional, como lo atesti­guan más de 600 causas ya inicia­das contra delegados gremiales. Sin otro particular, los salu­dan atte. Armando Fastman Secretario General Lilian Pajon Secretaria de Organización Francisco Dollman Secretario Administrativo De delegados de Lix Klett/Carrier SEÑORES JUZGADO CORREC­CIONAL N 10 SECRETARIA 74 Por intermedio de la presente los abajo firmantes delegados de la fá­brica LIX KLETT/CARRIER, enro­lada en la Unión Obrera Metalúrgi­ca, nos pronunciamos por el cese de la persecución penal a los delegados y trabajadores del diario “La Pren­sa": Jorge Luis Brodsky, Adrián Al­varez y Ernesto Gutiérrez. Consideramos que esta persecu­ción es un intento más para ¡legali­zar la acción gremial y el derecho a organizamos como trabajadores para resistirlos ataques del gobierno y los patrones. Sin otro particular, les saludan atentamente. Roberto Albornoz Claudio Valle Delegados UOM

Francisco Gutiérrez, de la directiva de la UOM, acaba de ‘desembarcar’ en Córdoba, para proponer como base de discusión, en Cormec, el convenio firmado recientemente entre el sindi­cato y Diasa- Fiat (Ex Sevel-Berazate- gui). Esto significa que el secretariado de la UOM insiste en firmar convenios por fábrica, y liquidar el convenio colec­tivo de trabajo de la industria metalúr­gica, que es lo que vienen planteando el Banco Mundial, Fiat, Menem y Caro Figueroa. En Diasa-Fiat, los trabajadores provenientes de Sevel sufrieron una reducción salarial del orden del 20% en los básicos, mientras que la compensa­ción de un ticket canasta no se computa para el cálculo del aguinaldo, las vaca­ciones, las jubilaciones y obras sociales. El pago de horas extras fue reducido del 100 al 50%, los sábados. De todos modos, todavía peor fue­ron las condiciones de trabajo que se establecieron, pues ya se comenzó a implementar la multiplicidad de ta­reas y el así llamado “objetivo de calidad”. En un acta acuerdo, firmada después del convenio, entre la patronal y el sindicato, incluyendo al mismo Francisco Gutiérrez, se fija un régimen laboral a partir del lo. de octubre que tiene como base un premio de calidad sujeto a una escala de “deméritos” (fallas). Los objetivos son impresionan­tes: en el caso del Fiat Uno se propone, a partir de los índices patronales, ele­var la calidad en un 100% en el plazo de un año, sobre la base de una “señala- ción (sic) diaria de los resultados del trabajo individual”, es decir de una persecución sistemática. Este mecanismo de la ‘calidad’ es el pretexto que usa el acta para autori­zar rebajas de salarios e incluso despi­dos. Dice el acuerdo “si alguien pro­duce deméritos 40 ó 100 en las ope­raciones previstas dentro del siste­ma de control interno para garan­tizar la conformidad del producto ... no percibe el premio y a la tercer ocasión se considera que no ha comprendido la necesidad vital de producir con Calidad para lograr la estabilidad de la fuente de traba­jo y lamentablemente deberá ser separado de la comunidad laboral de Diasa”.

El convenio ‘pre-acordado' por la burocracia de Rogelio Rodríguez con Telefónica y Telecom, tiene, aparte de todas las cláusula ‘flexibilizadoras' imaginables, en materia de jornada laboral, vacaciones, pro­ductividad, polifunción etc. (ver artí­culo parte), interesantes conquistas para la patronal. El ‘nuevo convenio' eliminaría todo derecho de carácter colectivo, adquirido previamente por otros con­venios, resoluciones o disposiciones de carácter estatal o autónomo (art. 2). Todo un capítulo, “condiciones especiales de egreso” (anexo 4), está dedicado a institucionalizar los despidos sin causa, disfrazados como “retiros voluntarios”, principal motivo de las luchas de los telefónicos bajo las privadas los últimos años. Establece el cese del personal próximo a jubilarse, mediante una indemnización (4 salarios básicos hasta 28 años de antigüedad) y pago de 40% del básico hasta la jubilación, sin actualización (jubilación anticipada; Y un sistema llamado de “re­conversión laboral”, mediante el cual se pagaría un 50% del básico por un año, mientras el despedido es ‘ca­pacitado' por FOETRA y entra en la bolsa de trabajo del sindicato. Es decir empalma con los ‘microemprendimientos’ o trabajo contrata­do, a cargo del sindicato, para tareas concesionadas por las empresas. La burocracia interviene como socio me­nor de la patronal en la 'limpieza’ de personal telefónico. Otro capítulo, de “cesión de personal” (anexo 2), autoriza la ce­sión de los contratos de personal bajo convenio, a otras empresas, contro­ladas por Telecom y Telefónica, de diversos rubros. Abriendo la posibili­dad de tercerización de la mayoría del personal actualmente en las em­presas y el principio de disolución de la unidad gremial y del propio sindi­cato. Sólo un carnero nacional (firmó la solicitada contra el paro del 26/27 y organizó un congreso de FOETRA los días de paro), a sueldo de las empresas telefónicas, puede haber firmado semejante engendro. Ahora se las va a tener que ver con los trabajadores telefónicos, que vienen en un proceso creciente de moviliza­ción. Y que en la concentración del 26 participaron con una columna de más de 1000 compañeros bajo la ban­dera del plenario antiburocrático del Sindicato Buenos Aires.

Al pronunciamiento firma­do por el secretario general del CTA, Víctor De Gennaro, el secretario gremial de esta cen­tral sindical, Víctor Mendibil, y el de Prensa, Néstor Piccone; por los constituyentes porte­ños del bloque de Nueva Diri­gencia, Enrique Rodríguez, Patricia Bullrich, Jorge Ar­guello, Víctor Santa María y Antonio Elio Brailovsky; por los del Frepaso, Leticia Maronese, Carlos Oviedo y Nilda Garré, todos en el sentido de solidari­zarse con Jorge Brodsky y demás trabajadores perseguidos del diario La Prensa, e invitando a concurrir el día del juicio oral al juzgado correccional N° 10, Lavalle 1640, el martes 15 de octubre a las 9 horas, se han sumado muchísimas más firmas de estatuyentes y personalidades, que refuerzan enor­memente esta convocatoria. En­tre los nuevos firmantes se en­cuentran: por la UCR, Gómez Ríos, Gustavo A. Vivo, Esteban Crevari y la estatuyente Lubertino; por el Frepaso, el Dr. Euge­nio Zaffaroni, Mabel Piñeiro, Delia Bisutti (secretaria general de UTE), Julio César Guarido, Roy Cortina, Liliana Chiemajowsky, Barbagelata, Clori Yelicic, E. Martínez, R. Moroni, Finvarb, Marcali; F. Nenna (se­cretario adjunto UTE); Luis A. Yanes (decano de Filosofía y Letras-UBA), Ricardo P. Graziano (secretario de asuntos académicos de Filosofía y Le­tras-UBA), Osvaldo Bayer y Eduardo Salemo (cátedra de DD.HH. de Filosofía y Letras- UBA), Rubén Dri, y siguen su­mándose personalidades.

Ante la presión de la patronal para definir el traspaso de 480 trabajadores de mantenimiento a la empresa Polymon (subsidiaria de la Renault), una espontá­nea asamblea de los trabajadores del sec­tor decidió rechazar el traspaso y no pres­tar ninguna colaboración al personal de Polymon dentro de la planta. Los trabaja­dores actuaron con el total convencimien­to de que el traspaso implicaría la pérdi­da do salario, el alargamiento de la jorna­da de trabajo y la liquidación de innume­rables conquistas. El traspaso a Polymon significaría, además, el abandono del convenio mecánico para pasar a un convenio como empresa de servicio. Para frenar la reacción obrera, la patro­nal de Ciadea y la burocracia divulgaron la versión de que Ciadea mantenía las mis­mas condiciones salariales, de antigüedad, beneficios sociales y convencionales que existen ahora. La trampa es que ese ‘com­promiso’ lo asume Ciadea pero no Poly­mon. El sábado 5, una asamblea resolvió for­mar una comisión de trabajadores, delega­dos y miembros de la directiva para elabo­rar un proyecto de convenio “que contem­ple todos los beneficios para el perso­nal, loa que fueron largamente debati­dos en la asamblea de ayer” (La Voz del Interior, 6/10). Según el secretario adjunto del Smata, Dragún, “la tarea no será simple porque hay una larga lista de aspectos en danza propuestos por los trabajadores” (ídem). El 'efecto Cormec’ ha entrado en Ciadea y ha establecido en los hechos una paritaria; la resistencia obrera al traspa­so y la organización de los trabajadores puede hacer saltar por los aires la ‘tercerización’; las maniobras patronales y burocráticas revelan la preocupación del gobierno y la empresa al estallido de una lucha en mantenimiento que afecte no sólo al resto de Ciadea, sino que encima se una con Cormec, Luz y Fuerza y los con­flictos latentes en casi todos los gremios contra la ‘flexibilización laboral’. o la necesidad vital de producir con Calidad para lograr la estabilidad de la fuente de traba­jo y lamentablemente deberá ser separado de la comunidad laboral de Diasa”. ciones obreras, y aún su misma existencia. crisis política.

El domingo 29, Silvia, una nena de 5 años volvía junto a su madre de cuidar coches en la playa de estacionamiento “El Resero” por apenas unas monedas. Cuando llegó a Av. Eva Perón fue atrope­llada por un auto conducido por el cabo J. Schiavina, que se desempeña como chofer del Comisario Tristán Ramos de la seccional 48. Según cuenta una vecina que presenció los hechos, el cabo salió de la comisaría con un Renault 12 y atropelló a Silvia, después de lo cual salió corriendo para refugiarse en el des­tacamento sin prestar ninguna ayuda a la niña que había quedado atrapada bajo la rue­da del coche. La actitud inmediata de los policías que se encontraban en el destacamento fue la de solidarizarse con el cabo y hasta golpearon e intimidaron a vecinos que estaban auxiliando a la niña; en ningún momento se dedicaron a recoger pruebas que sirvan para el esclareci­miento de los hechos. La indignación explotó y unos doscientos vecinos cortaron la Av. Eva Perón, quemando gomas y tirando basura. En un principio se estaba gestando una “Marcha del Silencio” por el esclarecimiento de los hechos, pero por el momento fue suspendida por decisión de la Comisión Vecinal del B° Transitorio donde vive la familia de Silvia. Por último hay que decir que una de las más importantes testigos presenciales no fue citada a declarar y que tampoco se le tomaron sus datos, que la propia abogada de la familia (Crónica del miércoles) solicitó que se investi­gue el presunto delito de “encubrimiento, destrucción e inutilización de evidencias que podían haber servido de pruebas”. Se hace necesario esclarecer estos hechos. Para ello hay que retomar la iniciativa de marchar para exigir justicia convocando desde las comisiones vecinales de Ciudad Oculta y Barrio Transitorio, a todo el barrio de Lugano y Mataderos a los partidos políticos de la zona y organizaciones sociales. las va a tener que ver con los trabajadores telefónicos, que vienen en un proceso creciente de moviliza­ción. Y que en la concentración del 26 participaron con una columna de más de 1000 compañeros bajo la ban­dera del plenario antiburocrático del Sindicato Buenos Aires. Con este programa se marchará al plenario de delegados convocado para el 11 y hacia la asamblea del 24, dos grandes instancias de movi­lización. Están colocadas las piezas de una batalla decisiva. Al repudio del pre-acuerdo, debe agregarse el con­tra-proyecto y el pliego propio de reivindicaciones de los trabajadores (jornada de 7 horas, aumento sala­rial, estabilidad laboral) como pro­grama de lucha.

El sábado 7 de setiembre se for­mó la autodenominada 'FES' (Fe­deración de Estudiantes Secunda­rios) llamada por la “mesa de cen­tros convocantes” de los colegios Hermitte, Bellas Artes, Emet 3, Normal 7, Comercial 19, Otto Krause, M. Acosta y Bandera Ar­gentina. Los métodos de la ‘cam­paña’ por el Congreso presentan tantas irregularidades que es nece­sario detenernos en ellos. En primer lugar, esta ‘Mesa’ permaneció secreta hasta la sema­na anterior al Congreso. El volante convocante se repartió en muy po­cos colegios, obviando a otros muy importantes: el Mariano Moreno, Nacional Buenos Aires e incluso la coordinadora de Estudiantes Se­cundarios. Es extraña, pero no por ello me­nos evidente, la intención de estos colegios por realizar un Congreso en la semiclandestinidad. El motivo es claro: el Ptp había sido repudiado anteriormente, en asambleas estu­diantiles, por sus métodos burocrá­ticos para la organización (o regimentación) del movimiento estu­diantil, por eso organizó este ‘con­greso’ con apenas ocho colegios para formar un sello ficticio, cuya única intención es subordinar al movi­miento estudiantil al centroizquier­da. Por eso el Congreso se realizó a 30 cuadras del colegio Hermitte, lu­gar donde estaba citado, en un club privado y con matones custodiando la puerta. Al presidente del centro del colegio Mariano Moreno, junto a la delegación de la Coordinadora, se les prohibió la entrada y fueron ame­nazados con llamar a la policía si no se retiraban. La discusión por lo que se sabe, fue casi inexistente; entre las reso­luciones figuran la crítica a “la pri­vatización de la soberanía na­cional”, sin decir una palabra acerca del propósito fundamental de superexplotar a la clase obrera y fortalecer al capitalismo nativo. También reitera que “brega por el respeto... a la democracia”. Es­tas resoluciones reafirman el nacio­nalismo burgués propio del Ptp. El estatuto fija dos cuestiones claves, que son la ‘justificación' para hacer el Congreso en forma divisionista: 1) Los delegados son designados y no son revocables, es decir que no son elegidos por nadie; y si no hay asambleas que elijan delegados no sólo es anti-democrático sino que no hay ningún tipo de campaña, de desarrollo y moviliza­ción que dé una base sólida al Con­greso y lo transforme en algo pro­gresivo de por sí. 2) La ‘FES' se limita a la Capital Federal, y aten­ción por que éste es el punto más divisionista de todos; se les prohíbe el derecho a votar y formar parte de la comisión directiva a los compa­ñeros del Gran Buenos Aires por no ser de Capital (!). Gran Buenos Ai­res es el sector que más sufre la represión policial, la desocupación y que, sin embargo se ha organizado en centros de estudiantes, algunos colegios participan de la Coordina­dora y hace años que se movilizan junto a nosotros en defensa de la educación y contra la represión. La construcción de una organización seria del movimiento estudiantil es una tarea que no puede dejar afue­ra a estos miles de compañeros. Pero como el Ptp no pretende formar ninguna organización seria, ni mucho menos, ha garantizado en este ‘congreso' la repartija de los cargos y su inamovilidad (los delega­dos no son revocables), nombrando “coordinador general de la Fe­deración de Estudiantes Secun­darios” al presidente del Hermitte, lo cual refleja el alcance microscópi­co de esta ‘Federación'; con la Co­ misión de Prensa se quedó el centro de estudiantes del Avellaneda, con la particularidad de que el Avellane­da no votó en ningún momento par­ticipar de ella, por lo que la dirección frepasista concurrió al 'congreso' con un mandato trucho. “Los cen­tros de estudiantes que se inte­gren a la FES tienen la posibili­dad de incorporarse a la mesa directiva en el próximo congre­so de delegados, con fecha tope en noviembre de 1997" (!), es decir que nada alterará la composición de la mesa directiva hasta dentro de un año y dos meses. En la marcha de La Noche de los Lápices, la FES intentó subordi­narse a la burocracia de Ctera y la FUBA, que habían llevado las co­lumnas más pequeñas a la marcha, pero pretendían arrastrar la movi­lización al Palacio Pizzurno bajo la consigna (vacía de contenido) de “los lápices siguen escribien­do”; la Coordinadora se mantuvo firme en marchar a Plaza de Mayo, como históricamente se ha hecho, en reclamo del castigo para los ase­sinos, y así se hizo. Por la campaña por el Congreso Nacional de la UJS, los secundarios resolvimos en el plenario del sába­do 5 de octubre, en relación al movi­miento estudiantil, impulsar desde la Coordinadora un Congreso Estu­diantil de bases, y no un selló vacío, que tenga delegados elegidos en asambleas donde participen todos los sectores del movimiento estu­diantil, de Capital y Gran Buenos Aires. Este Congreso está plantea­do para principios de noviembre y nuestra campaña se basa en la reco­rrida de colegios, la formación de centros de estudiantes, la discusión de nuestras reivindicaciones en asambleas para desarrollar un mo­vimiento de estudiantes secun­darios capaz de hacer frente a este régimen opresor.

La nueva 'intifada' en Palestina ha sido sólo frenada in extremis gracias al colaboracionismo de la 'autoridad' de Arafat: (éste) “puso en movimiento sus mejores cuadros políticos para que visitaran escuelas, universidades y a los jóvenes militantes de las princi­pales ciudades, a quienes convencie­ron de que debía abrirse un parénte­sis de negociaciones después de las batallas entre policías palestinos y militares de Israel” (Clarín, 5/10). Con­tó, además, con “el apoyo de los líderes religiosos mulsulmanes” (ídem). En Hebron, cuya entrega a la Autoridad Pa­lestina los sionistas vienen postergando, “un insólito plan de cooperación en­tre policías palestinos y el Ejército israelí permitió mantener la calma... Grupos de policías palestinos de ci­vil, armados con pistolas, se mezcla­ron con la muchedumbre para con­trolar cualquier erupción de violen­cia contra los soldados israelíes. (Es­tos) hicieron la vista gorda ante esta irrupción. La policía palestina está desplegada en las grandes ciudades menos en Hebrón” (ídem). La situación en los territorios es deses­perante. Un corresponsal, 'sionista', re­conoce que los palestinos “viven hoy peor que en el pasado bajo la conquis­ta israelí ... el nivel de desocupación se elevó a más de un 50 por ciento en Gaza, donde la economía estaba vin­culada a la posibilidad de trabajo en Israel... Las cloacas en Gaza siguen abiertas y corriendo por las calles como en el pasado, el hambre crece día a día, los enfermos no reciben la atención debida en los hospitales por falta de medios (también porque está limitado el ingreso a los modernos centros hospitalarios en Israel). Si en el pasado el 'conquistador' israelí hospitalizaba a un enfermo de cáncer o de apendicitis, hoy uno u otro pue­de fallecer, porque la Autonomía Pa­lestina tiene una seudosoberanía, pero no medios para mantenerla” (Brecha, 4/10). En Gaza “la mortalidad infantil trepa al 30%” (Clarín, 15/5). En Cisjordania, se inauguraron recien­temente carreteras ‘exclusivas' para los colonos sionistas o para su Ejército, que están vedadas a la población palestina. Mientras tanto, “la separación total entre Gaza y Cisjordania sigue en pie. Es una separación que está destru­yendo el tejido social del pueblo pales­tino -dice un catedrático de la Universi­dad de Nablus- ... Los palestinos que viven en una región no conocen de verdad a sus hermanos de la otra re­gión... Hice una encuesta entre un centenar de mis estudiantes ... Sólo dos de ellos habían visitado Gaza, y ambos lo habían hecho cuando eran niños” (Página 12, 6/10). A pesar de los 'acuerdos de paz' “más de 4000” pales­tinos (Ambito, 3/10) se encuentran aún en prisiones israelíes, y se estima que alrede­dor de mil en las nuevas cárceles de la 'Autoridad', donde según el psiquiatra Eyad Sarraj, jefe de la Comisión Palestina Independiente por los Derechos de los Ciu­dadanos, detenido dos veces en los últimos meses, “se practican torturas sistemá­ticas”, lo que “sumía a la gente -en los territorios- en ‘un miedo abrumador' (N. Y. Times, reproducido en Clarín, 10/7). La nueva ‘Intifada' ha sido un levan­tamiento nacional contra esta situación. El ejército sionista respondió con una in­usitada crueldad: desde helicópteros Co­bra americanos, las tropas sionistas ame­trallaron impunemente a los jóvenes pa­lestinos desarmados y provocaron la ma­yor matanza de palestinos en mucho tiem­po. Han implantado un ‘bloqueo inter­no' entre las ciudades palestinas, que “tiene un impacto negativo en todos los aspectos de la vida, especialmen­te en la sanidad, la educación y el trabajo. Israel exige a los palestinos obtener permisos para moverse en­tre las ciudades de Cisjordania” (Pa­gina, idem). En Hebrón aplican un “duro toque de queda... que deja sólo tres horas a sus habitantes para poder salir a la calle” (Clarín, 5/10). En este cuadro se produjo la “cum­bre” convocada por los yankis, a la que Arafat concurrió sin exigir nada y de la cual se fue con las manos vacías. Esta situación, ha hecho crujir a todo el 'establishment' sionista. De ahí la 'reaparición' del laborismo. Desde “hace tiempo el laborismo, y no el Likud, expresa mejor los intereses corporativos de las empresas expor­tadoras e industriales israelíes” (Nueva Sion, 8/96). Todo esto explica el movimiento de la ‘opinión pública' sionista. Antes del ini­cio de la nueva 'intifada' los sindicatos habían protagonizado una huelga general contra Netanyahu. Ahora se han realiza­do reiteradas manifestaciones “por la paz”, con “alrededor de 40 mil perso­nas en Tel Aviv... esperándose que en una concentración prevista para dentro de dos semanas, participe un mínimo de 100 mil manifestantes” (Brecha. 4/10).