Es a todas luces evidente que ni el nuevo equipo económico, ni el paquetazo con el que hizo su debut, constituyen una salida a la crisis política abierta con la cesantía de Cavallo. Las medidas económicas tienen todas las características de la provisoriedad y de la improvisación, y Fernández y sus asesores todo el aspecto de una bisagra. Un nuevo paquetazo y un nuevo gabinete son inevitables a corto plazo. Las razones para esto son muy sencillas. La catarata de impuestos con que Menem pretende resolver ahora la llamada crisis fiscal, ha dejado insatisfechos a todos los sectores de la burguesía argentina, sin excepción. No solamente agrava la recesión y disminuye los beneficios de los exportadores y de la oligarquía agraria, sino que incluso ha sido acusado de violación de contratos, debido a los impuestos que estableció a las ‘niñas bonitas’ del capital financiero: las compañías de seguro y de medicina pre-paga, y a los depósitos de plazo y las AFJPs. Esta situación aparece resumida en los titulares de la útima edición de El semanario Gazeta Mercantil Latinoamericana (18/8): “Balde de agua fría” a los exportadores; “protestas” de los aseguradores; “el campo pagará caro”; “comercio sin incentivos”. Un artículo insinúa la posibilidad de una ruptura del ‘grupo de los 8’ con el menemismo. La Nación (17/8) opina que “La brecha preventiva entre el ‘establishment’ y la política crecía con velocidad”. Esta fuerte contradicción entre el paquete y el gobierno, de un lado, y los explotadores capitalistas, del otro, es sin embargo sólo un aspecto de la provisoriedad de la presente situación. Ocurre que la batería impositiva de la semana pasada no tiene ninguna capacidad para hacer frente al déficit fiscal que pretende remediar. Según un estudio (La Nación, 18/8), las medidas sólo permitirán una recaudación adicional de 1.800 millones de dólares, en un año, frente a un déficit que se aproxima a los 7.000 millones de dólares. El gobierno solamente pretende ganar tiempo con la intención de estabilizar una situación política que se ha desequilibrado profundamente, pero está claro que la crisis política se ha acentuado como consecuencia de estas medidas y, naturalmente, del paro general. Pero lo que más ‘inquieta’ a los explotadores es que el derrumbe del ‘plan Cavallo’ y del propio Cavallo ha puesto al desnudo una situación social y política explosiva, que no puede ser remediada con las recientes medidas. La Gazeta cita a varios empresarios extranjeros que alertan sobre la ‘situación social’ y dice que “en el gobierno se observa que las bases sindicales están resurgiendo con inusitada fuerza”. Este señalamiento mide muy bien la preocupación de las patronales, pues hasta hace pocas semanas se consideraba al movimiento obrero como poco menos que muerto. Se acabó la ‘convertibilidad’ La reiterada mención a la crisis fiscal oculta el hecho más fundamental de la completa crisis en que se encuentra el régimen de la ‘convertibilidad’. Este régimen ha funcionado como la garantía del pago de la creciente deuda externa, de modo que su derrumbe equivaldría a una cesación de pagos, o sea, a una declaración formal de bancarrota de parte del Estado. Un estudio reciente del economista Wálter Graziano (Ambito Financiero, 16/8) demuestra que las reservas de divisas del Banco Central sólo cubren el 85% de los pesos y letras de corto plazo en circulación, apenas cinco puntos por encima del 80% exigido por ley. “Pero lo riesgoso del caso es que desde setiembre vamos a asistir a una gran cantidad de vencimientos del sector público”. Estima en 1.800 millones de dólares los vencimientos de capital e intereses de setiembre y en 6.300 millones los de todo el resto del año. Agrega que el gobierno hace frente a esta situación sobre-endeudándose a corto plazo, por lo cual los vencimientos a pagar en 1997 superarían los 18.000 millones de dólares. De este total, 3.000 millones de dólares corresponden a vencimientos menores a un año, que podrían desatar una corrida cambiaria. Hasta 1994, este tipo de deuda ‘flotante’ era inexistente. La conclusión de Graziano es que “El panorama es bastante complicado: el respaldo del peso es sólo 5% superior al mínimo legal, nivel que recuerda los vividos durante la crisis del efecto tequila pero en un contexto de vencimientos crecientes y una ‘bola de nieve’ de vencimientos flotantes que se acrecienta en forma peligrosa, máxime si se tiene en cuenta que los mercados internacionales de capitales se están comportando en forma volátil...”. Graziano advierte, además, “que no hay adecuada información acerca de dónde, cómo, en qué activos y qué plazos están invertidos los cerca de 16.000 millones de dólares de reservas del país”, insinuando que podrían ser de difícil realización o incluso parcialmente incobrables. Por eso, dice que “la posibilidad de que el respaldo del peso descienda por debajo del 80% legal es más que probable ahora que durante algunos de los peores momentos del efecto tequila. Si las autoridades desean tranquilizar las expectativas mientras buscan financiamiento, lo mejor sería ir publicando dónde, en qué activos y a qué plazos están colocadas las reservas. Si esto no se hace daría mucho que pensar...”. La posibilidad de que se hubieran malversado las reservas monetarias convertiría a los negociados del tipo de IBM, Yabrán, Manzano o Armentano en un juego de niños. A la luz de todo esto, es claro que, tomada en su conjunto, la política capitalista se orienta a preparar el abandono del régimen de ‘convertibilidad’, completamente superado por la crisis económica. Los impuestazos de Fernández aceleran esta necesidad, ya que provocarán un mayor desajuste entre el valor interno del peso (que cae) y el valor externo (que sigue fijo). La necesidad de este abandono fue públicamente advertida por Alsogaray. El Banco Central está montando una ‘red de seguridad’ con bancos extranjeros, más maquillada que real, para hacer frente a un retiro masivo de dépositos bancarios. En un reciente Encuentro de Econometría, en Río de Janeiro, se concluyó que “El gran desafío de Argentina hoy es cómo será hecho el pasaje del sistema de convertibilidad para cualquier otro. Pocos de los economistas reunidos conseguían esconder la ansiedad en relación al desarrollo de la historia argentina” (Gazeta Latinoamericana, 12/8). En un artículo anterior al ya citado, Graziano da a entender que el nombramiento de Fernández apuntaría a permitir la devaluación del peso en el caso de producirse una nueva corrida cambiaria, en lugar de ‘quemar’ la mayor parte de las reservas existentes, como hipotéticamente habría hecho Cavallo (Ambito, 29/7). La perspectiva del derrumbe de la convertibilidad significa que la crisis económica aún se encuentra en sus primeros tramos. Una devaluación monetaria representará un ‘ajuste’ de envergadura excepcional, que golpeará duramente a las masas y que provocará serias consecuencias dentro de los propios explotadores. Crisis del régimen político ¿Cómo visualiza la burguesía, o al menos sus principales grupos, la salida a la presente situación? Dicho de otro modo, ¿qué plantean como alternativa a las medidas de Fernández? Cuando se observan los planes impositivos de Cavallo y las ‘insuficiencias’ que se le apuntan a las medidas de Fernández, resulta claro que los capitalistas quieren acabar con el régimen de coparticipación de impuestos con las provincias, para poder destinar toda la recaudación al cumplimiento de la deuda pública y a los avales para obtener mayores créditos. La necesidad de liquidar la autonomía provincial y aun de suprimir Estados enteros, ha sido reiteradamente planteada por los principales voceros patronales como la vía para acabar con la ‘cuestión fiscal’, es decir, con los impedimentos para los grandes negociados financieros respaldados por el Estado. Los impuestazos que se elucubran en todos los gabinetes patronales chocan todos con la limitación de que más del 50% de su rendimiento debería ir a las arcas de los Tesoros provinciales. Todo esto significa que la presente situación capitalista es incompatible con la estructura actual del Estado nacional y, más directamente, que la sobrevivencia capitalista exige arrasar con el empobrecido interior de Argentina. Las constantes referencias a los obstáculos que impondría el Congreso a la política económica, algo que viola las evidencias más elementales, reflejan la necesidad del régimen capitalista de cambiar por completo el régimen político y, por lo tanto, la necesidad de operar al margen de sus disposiciones. Pero esta crisis de fondo del régimen político y del Estado oculta el hecho más sustancial de que la coparticipación se refiere casi íntegramente a los impuestos al consumo, que pagan los trabajadores. Se pretende financiar con esta clase de impuestos al Estado nacional y convertir al reducido impuesto a las ganancias en un fondo común de la clase capitalista, que se repartiría bajo la forma de exenciones o subsidios directos para financiar los negocios prioritarios de la burguesía; el ataque a la coparticipación esconde la intención de producir una confiscación impositiva aún más profunda de los trabajadores. Se trata de transferirles la totalidad de la carga fiscal, tal como se hizo con la carga previsional. La necesidad de un ataque confiscatorio de fondo contra las masas no se agota, sin embargo, en esto, ya que desde el Ministerio de Trabajo se plantea liquidar los convenios colectivos y cualquier forma de seguro al desempleo, y reemplazar las indemnizaciones por despido por un fondo que se establecería con aportes de los trabajadores en proporción al salario. Como este dinero acumulado sería manejado por las AFJPs, los trabajadores aparecerían de nuevo financiando los negocios de la Bolsa, los créditos bancarios y la propia deuda pública —y, en un futuro, negocios inmobiliarios y de distinto tipo. La burguesía pretende resolver mediante procedimientos de confiscación directa la relativa baja tasa de ganancia que está obteniendo en las últimas dos décadas, como consecuencia de la sobreproducción internacional y la deflación de precios. Algo similar pretende la arancelización y privatización de la salud. Uno de los mentores de esta política, Osvaldo Giordano, reconoció a El Economista (16/8), sin embargo, que la precariedad laboral ha agravado la crisis fiscal, debido a que el trabajo temporario está exento de cargas previsionales e impositivas. Como ya lo demostró la práctica eliminación de los aportes patronales a las Cajas, las medidas capitalistas que se lanzan para resolver la crisis fiscal sólo consiguen agravarla; la privatización de la salud encarecerá enormemente el costo de vida. Este hecho nos está diciendo que las crisis fiscales de los Estados traducen una crisis de base, histórica, del modo capitalista de producción. Estrategia Estamos en presencia, entonces, de una crisis de conjunto, de una gran crisis, que el ‘plan Cavallo’ apenas disimuló, de la misma manera que ‘dibujaba’ las cifras del presupuesto. El paquete reciente será incapaz de contener esta crisis; la necesidad de ataques más de fondo contra las masas y la devaluación plantearán la sustitución del actual régimen político (gobierno por decreto) y, según las circunstancias, del propio gobierno. Es por esto que las masas, y por sobre todo la clase obrera (“cuyas bases sindicales están resurgiendo con inusitada fuerza”) también necesitan de un programa y de una orientación de conjunto. El desarrollo de la crisis se encargará de mostrar esta necesidad cada vez más. Es claro que el imperialismo mundial juega un papel fundamental, como ya lo demostró en la crisis mexicana, cuando la burguesía nativa quedó completamente superada por los acontecimientos. Incluso en Argentina, durante la crisis bancaria del año pasado, o recientemente, cuando pareció que Fernández caía a los diez días de la jura, el gobierno norteamericano y el FMI, atizados por la banca internacional, salvaron el momento. El gobierno menemista, todos los partidos ‘democráticos’ y aun la burocracia de los sindicatos, dan por descontado el rescate del imperialismo cuando improvisan sus ‘salidas’ a la crisis. Sin embargo, cualquier ‘estabilización’ respaldada por el imperialismo, y esto si la propia crisis en los principales países imperialistas lo permite, significará una agudización de la penuria de los trabajadores, como lo demuestra precisamente el ‘rescate’ de México. No existe ninguna posibilidad de una salida realmente popular si no es a través del cese del pago de la confiscatoria deuda externa y la nacionalización, bajo control obrero, de los bancos, el comercio exterior y los principales monopolios. Sólo a partir de aquí se pueden orientar los recursos nacionales a la satisfacción de los intereses de la mayoría explotada. Esto significará plantear las relaciones internacionales sobre nuevas bases, teniendo en cuenta la agitación creciente de los pueblos frente al aumento de la miseria, de la desocupación y de la impasse histórica, cuando no la regresión de la inmensa mayoría de los Estados. Nuestras masas, claro, todavía tienen que conquistar el derecho a plantear esta salida, es decir, tienen que conquistar una fuerte unidad política de clase, e incluso arribar ellas mismas a esta conclusión. Un paso importante ya se ha dado desde el momento que se han sacudido la abusiva carga de ‘autoridad’ del ‘plan’ que se derrumbó. ¿Cómo proseguir? La crisis del paquete de Fernández plantea dos cuestiones que se van a poner cada vez más de manifiesto; de un lado, la necesidad de derogar la anulación de las asignaciones familiares y de los tickets-canasta y, del otro, la cuestión del aumento de los salarios y de las paritarias. La consecuencia más visible del derrumbe del ‘plan’ Cavallo y de las nuevas medidas es el aumento en el costo de vida y la perspectiva de la devaluación. Esto replantea todas las relaciones obrero-patronales que el ‘plan Cavallo’ congeló con su sistema de ‘productividad’ y ‘flexibilización laboral’. Las pretensiones de las patronales de imponer el convenio Fiat y eliminar las indemnizaciones por despido, son la manifestación de que tampoco los explotadores pueden mantener la situación actual en la congeladora. La reivindicación de paritarias trasciende su aspecto laboral y sindical, porque significa la deliberación de los trabajadores y la disposición para decidir colectivamente. Es necesaria la renovación del movimiento obrero, pero ello ocurrirá en íntima relación con la lucha práctica de las masas por su sobrevivencia. La burocracia sindical se opone al planteo de paritarias porque, en la presente crisis, es completamente dependiente, en especial la cegetista, del Banco Mundial, al cual está atada por los planes de reconversión de las obras sociales; su temor a ser despojada de las obras sociales por las grandes patronales de la salud que quieren la ‘desregulación’, acentúa todavía más esta dependencia del Banco Mundial. En forma similar, es necesario impulsar la deliberación y la organización nacional de los movimientos de desocupados y de la juventud, que se han convertido en dos componentes fundamentales y decisivos de cualquier movimiento de la clase obrera que lucha contra el capitalismo. Por eso debemos apoyar el llamado a realizar un congreso nacional de los movimientos de desocupados, por el seguro de 500 pesos y por el derecho al trabajo. “El resurgimiento de las bases con inusitada fuerza” debe plasmarse, a través de la lucha, en un gran partido de la clase obrera, en un programa, en una verdadera dirección.