Prensa Obrera N° 506

En estos momentos, los trabajadores de Mantenimiento de Ciadea están en quite de colaboración contra el traspaso del sector a la empresa Polimon, subsidiaria de Renault (ver reportaje). Desde abajo, y a pesar de la orientación en contra de la burocracia, se inició un boicot a los representantes de Polimon, negándoles todo tipo de información sobre el funcionamiento de las máquinas o el funcionamiento de la sección. La ‘tercerización’ planteada en Ciadea es en el sector Mantenimiento, una sección ligada como ninguna otra al ciclo productivo, y es un caso más de ‘tercerización’ trucha, cuya única finalidad es provocar la rebaja de salarios y la ‘multiflexibilización’ en la totalidad de la planta. Los ‘nuevos’ operarios de Polimon cobrarán salarios un 50 % por debajo de los actuales, y serán colocados bajo un nuevo convenio que modificará en forma brutal las condiciones de trabajo. Antelo, patrón de Ciadea, planteó hace tiempo que las plantas establecidas debían contar con las “ventajas” del convenio Fiat. Partir a Mantenimiento del resto de la planta es el primer paso de una ofensiva calculada, cuyo segundo paso será llevar los salarios de Ciadea a los niveles de Polimon u otras ‘tercerizadas’. La situación de CIADEA se reproduce, con variantes, en otras plantas del SMATA. En Mercedes Benz, los trabajadores que ingresen a partir del 16 de setiembre serán sometidos a ‘nuevas condiciones de trabajo’, es decir a un nuevo convenio cuya discusión puede estar haciéndose en estos momentos a espaldas de los trabajadores. El nuevo personal entraría, según versiones, sin reconocimiento de antiguedad y sin los premios por productividad, lo que significa una rebaja salarial del 50% sobre los salarios actuales. Para julio, fueron anunciados, además, los convenios con Ford y VW, que se separaron recientemente. VW ha ido más lejos que ninguna otra patronal en el proceso de ‘tercerización’, y serán “VW y las asociadas (es decir, las ‘tercerizadas’) quienes se sentarán a discutir con el gremio el nuevo convenio, que, tal como está dispuesto el escenario, no tendrá mucho que envidiar al firmado por Fiat”, según informó El Economista del 19/4/96. El propósito patronal, ni duda cabe, es que el salario en VW sea puesto “en línea” con el de las empresas “asociadas”. La burocracia del SMATA está jugada a extender el convenio Fiat a toda la industria, apelando al desangre de cada lucha y a la perfidia. En Córdoba, posa reclamando el “argentinazo” al Confederal de la CGT, luego de firmar los convenios negreros, hundir la lucha de Ciadea contra los despidos y dejar en el aislamiento la pelea contra la ‘tercerización’. Todo esto plantea un frente único del activismo, para organizar asambleas en las grandes plantas automotrices, que voten “nuestra” plataforma de reivindicaciones, frente a la discusión de convenios que la burocracia quiere hacer en secreto, y elegir paritarios. La urgencia en Ciadea es otra: la defensa de la lucha de Mantenimiento plantea la asamblea y el paro hasta expulsar a la Polimon.

Después de casi 2 años de inacción estudiantil, se está poniendo en pie un Cuerpo de Delegados en el Instituto Superior de Formación Docente, el terciario más importante de la zona. El anterior Centro, dominado por el centroizquierda (Frente Grande), siempre bajo una careta de ‘independencia política’, fue incapaz de formular propuestas y fracasó en dar una lucha contra los recortes horarios y los cierres de cursos. La política de estos grupos difiere de la menemista apenas en cuestión de grados. El año pasado hubo un intento que también naufragó, por desorientación mayúscula. Yo era uno de esos tantos delegados que teníamos ganas de hacer cosas, pero no sabíamos para que lado correr. Esto, porque creíamos que la política era ‘mala palabra’; pero también por la ineptitud de los rezagados elementos de centroizquierda. Este año tomé contacto con los compañeros de la UJS. Conocí la superioridad de sus planteos y acepté llevar adelante sus ideas y su política. Con chicos de la carrera de Historia formamos un reducido grupo de delegados con iniciativa y ganas. Nos enteramos mutuamente de nuestras inquietudes casi por casualidad, impulsamos los debates y llamamos a las carreras del Instituto a elegir delegados. Fue así que llamamos a una charla-debate sobre la Ley Federal. Yo, al principio, no guardaba la menor expectativa. Me sorprendí al ver que 80 compañeros habían venido, que existía una generalizada opinión de rechazo a la Ley. Que la ley nos afecta como estudiantes y como trabajadores, y que pretende la división entre los maestros y profesores (aquí se cursa magisterio, historia, inglés, inicial), haciéndonos pelear por unas migajas, cuando en realidad todos salimos perjudicados. La charla promovió la duplicación del número de delegados y la aparición de reclamos que ignorábamos (guardería, cierre de cursos, etc.). No hubo magia, fue la actividad lo que creó esta situación. Ahora, estamos preparando una nueva charla. Necesitamos profundizar nuestros debates, coordinar con los demás terciarios, teniendo a la Coordinadora Secundaria como guía y ejemplo. La ley está aferrada con una mano al borde del precipicio. Hay que pisarle los dedos.

Bajo una lluvia intermitente se desarrolló el paro y corte de rutas, desde las 0 hs. del 8, convocada por la CGT San Lorenzo. El paro tuvo un acatamiento del 90%. El único gremio que trabajó fue el petroquímico (SOEPU), cuyos dirigentes (radicales) habrían llegado a acuerdos con la patronal de Pérez Companc. Nuestro sindicato (AMSAFE) fue el único que puso transportes para trasladar compañeros desde el norte y el sur del departamento. Así pudieron participar los trabajadores de Celulossa Andino, que tienen la fábrica tomada, y docentes de Oliveros, distante 40 km. del lugar donde se desarrollaba la olla popular en el acto con corte de ruta; también pudieron hacerlo desde Baigorria hacia San Lorenzo. Esto marcó la presencia genuina de trabajadores: algunos compañeros del Sutraquip y el grueso conformado por docentes y papeleros de Andino. Los oradores del acto de cierre fueron Daniel Santillán por la CGT, que invitó a seguir movilizándonos en contra de este modelo ‘para no perder la alegría’. Miguel Martorell, por la AMSAFE, llamó a que este paro sea el inicio de un plan de lucha hacia la huelga general para arrancar las reivindicaciones del movimiento obrero. Cerró el acto Marcelo López, del Sindicato Papelero de Andino, convocando al resto de los trabajadores a solidarizarse con la toma de la fábrica y a que este paro del 8 sea el inicio de un plan de lucha activo.

En Prensa Obrera Nº 501, en el artículo “Cómo se hace un periódico proletario”, que escribe Julio Antonio Mella, dice que... a los lectores no les interesa cómo estaba “su alma” o “su corazón”, refiriéndose al que escribe... pero yo creo que a veces hace falta que se sepa el estado de su “alma o su corazón”, puesto que esto ayuda al cerebro a elaborar lo que siente, en el momento que lo vuelca en un papel, para transmitírselo a otro. Desde hace un tiempo, cuando comenzó a evidenciarse más profundamente la superexplotación que afectaba a los compañeros del transporte (choferes) y teníamos “muertos todos los días”, producto de accidentes provocados por “alta velocidad” por cumplir con horarios, “manejar alcoholizados”, etc., comenzó a formarse en “mi persona” un efecto negativo, me provocaba “pánico” viajar, quería bajarme en la siguiente parada, comenzaba a dolerme el estómago y una terrible angustia se apoderaba de mí, etc., entonces comencé a hacer “causa común” con los usuarios que los trataban de “bestias, maleducados, delincuentes”, ya que también se quedaban con las monedas de los vueltos, etc. Mientras viajaba, yo los contemplaba, tratando de “adivinar” lo que cruzaba por sus mentes; se me antojaban “una máquina” manejando otra máquina más grande y tan poderosa como un misil... era una “gran guerra” entre choferes y usuarios (trabajadores contra trabajadores). Me costaba mucho reconocer en ese ser a un trabajador explotado igual que yo, pero con la gran responsabilidad de llevar vidas en esa inmensa mole que circula por la ciudad. El día 23 de julio, junto a otro compañero, hicimos una actividad (volanteo) en la terminal del Expreso Caraza (188 - 20) y me llamó la atención algo que nunca había presenciado... era la hora del recambio de choferes y comienzo a observar... cuando bajaban del colectivo y venían caminando hacia donde yo estaba: no parecían hombres, me volvían a la mente aquellas máquinas al volante de otra máquina, eran muñecos dirigidos a control remoto. En el momento de ofrecerles un volante, comentarles el conflicto de los compañeros choferes de Transporte del Oeste, para ellos era como algo que “ocurrió en otro mundo” y que a “ellos” nunca podrá ocurrirles. Un verdadero desconocimiento... “venimos a laburar, y después a casa”, era la respuesta más común. Esto es el sistema capitalista: “explotados al máximo y anulados” como seres pensantes. Con el lema “el único que piensa es el patrón” (en cómo reventarnos). Con la gran lucha de los compañeros de TDO comencé a reivindicarlos como trabajadores y como seres humanos; esa lucha me ha fortalecido mucho, porque si las cosas se hacen bien, si estamos bien encaminados y unidos, “somos fuertes y podemos”. Pero... porque siempre hay un pero, esa angustia que me provocaba viajar en colectivo todavía me acompaña, pero “me ayudó” con una reflexión, distinta a la de meses atrás... ya no los veo como enemigos, sino como compañeros de clase tan explotados como yo. Espero que esta experiencia que me quedó, ayude a todos los choferes a entender que el camino es la “organización y la lucha” y no la agresión al usuario, ya que todos somos oprimidos por el capitalismo y si de algo sirve, mis mejores deseos a los compañeros de Transporte del Oeste... “Esta” es ¡mi reivindicación! y quería que lo supieran.

El masivo y contundente paro del 8 constituye la segunda victoria popular, luego de la caída de Cavallo. Colocó a la clase obrera, a la clase media, a fracciones de la burguesía y del propio oficialismo en contra del gobierno menemista. Es indudable que fue la realización del paro del 8 lo que llevó a que durante dos semanas, Menem y Roque Fernández no se atrevieran a lanzar el paquetazo, lo que indudablemente lo habría hecho aún más masivo y contundente. Que la burguesía aprecia este drástico cambio en la situación política y en el ánimo de las masas, se evidencia en la continua fuga de capitales, en la caída de la Bolsa y en la propia división que reina en sus filas sobre el rumbo a seguir. “Algunos analistas no están tan seguros de que la confianza dada a la nueva conducción económica supere la prueba de las medidas que se conocerán, más allá de cuáles fueren”, advertía el martes 6 La Nación. Todas las pavadas que se dijeron acerca de la continuidad cavallista que “aseguraba” Roque Fernández, por su reputación de monetarista ultra-liberal-ortodoxo, quedaron aplastadas en apenas pocas horas, y más aún luego de la contundencia del paro y el avivamiento de las pugnas interburguesas. El paquetazo del lunes 12 nació herido de muerte y podría ser la antesala del hundimiento definitivo del plan económico. Con excepción de la gran banca, tiene la oposición de todas las clases, lo que traduce un desbande político del gobierno. El gobierno está a la deriva, no consigue retomar la iniciativa política, los signos de la bancarrota económica se multiplican, poniendo al desnudo las cifras fraudulentas de Cavallo y Cía. Para los trabajadores, el paquetazo significa carestía, boletazo, mayor desocupación, aumento de los aportes jubilatorios para los autónomos, nueva suba de 5 años de la edad jubilatoria de las trabajadoras, y mayor liquidación del PAMI, al eliminar el aporte patronal. Esto, unido al corte y rebaja de las asignaciones familiares y tickets canasta, representará una nueva baja salarial y una mayor pérdida de las conquistas obreras. Pero la burguesía, si bien aplaude que Roque Fernández se haya comprometido a una nueva rebaja de los aportes patronales a partir de enero, no quiere saber nada de que se eliminen los reembolsos a las exportaciones, o que esos reintegros paguen impuestos a las ganancias, o que un conjunto de actividades financieras, como los seguros, la medicina privada, los colegios privados, paguen el IVA. Tampoco la burguesía agraria quiere cargar con el aumento del precio del gas oil. Por eso, tan sólo tres horas después de los anuncios, el propio Menem “pidió a su ministro revisar algunas medidas”, entre ellas, que no pagaran el IVA las publicaciones y las escuelas privadas que tienen subsidio estatal, en una clara concesión a los medios de comunicación y a la Iglesia. El resto de la burguesía ya hizo saber que seguirá los pasos de los medios y la Iglesia, para descuartizar del plan las medidas que la afecten. Se abre, entonces, una violenta lucha, presión, pugna, coimas y demás yerbas, que se trasladará al Congreso, con nuevas divisiones y enfrentamientos. Los banqueros fueron los únicos que salieron a aplaudir las medidas, porque el capital especulativo quedó al margen del paquetazo, pero no saben lo que aplauden. La banca camina por la cornisa, y por eso el gobierno quiere poner en marcha “una nueva red de seguridad bancaria”, porque el diagnóstico oficial es que no hay con qué enfrentar otra corrida bancaria. Y que hay una corrida bancaria lo dijo sin pelos en la lengua Roberto Alemann, cuando “se refirió a la caída de reservas líquidas del Banco Central que, desde el 16 de julio hasta el 5 de agosto, perdió 1.500 millones de dólares y explicó que eso es lo mismo que el retiro de los depósitos. ¿A quién le vendió el Banco Central los dólares si no?”. Esto se produce “justo en el momento en que la Argentina está cobrando el dinero de la cosecha gruesa por lo que la pérdida podría hasta ser peor de lo que parece” (El Cronista,12/8). El efecto recesivo de esta fuga de capitales anula por completo la oscilante reactivación que se viene anunciando desde hace más de un año. “Según las decisiones tomadas ayer por el equipo económico, se le pide un nuevo esfuerzo a la población a costa de cumplir puntillosamente con el pago de la deuda externa”, reconoce abiertamente Clarín (13/8). Sin embargo, los grandes beneficiarios del paquetazo descreen por completo de la capacidad del gobierno para recaudar más impuestos para cumplir con los pagos de la deuda y para sacar a la economía del marasmo económico. Roque Fernández no tuvo más remedio que reconocer la bancarrota completa del plan económico, cuando dijo que el déficit fiscal de 1996 ronda los 6.600 millones, casi el 15% de toda la recaudación. Para la revista imperialista británica The Economist , con la salida de Cavallo “se va un ministro, pero los problemas no”; entre ellos, “el crujido del sistema bancario”, que “no tiene una estructura que pueda enfrentar una renovada pérdida de confianza”. “Fernández no tiene la fuerza política de su antecesor”, después de reconocer que Cavallo la perdió definitivamente “cuando cortó los salarios familiares” y llevó al paro general. Solamente los chachistas-cavallistas del Frepaso siguen saludando los “equilibrios macroeconómicos” de la convertibilidad que se arrepienten no haber votado. Todo esto ratifica que los ultraliberales ortodoxos tienen menos posibilidades de llevar adelante el paquetazo que su antecesor. El gobierno enfrenta no sólo a una clase obrera que viene de pararle el país, sino que está tironeado y carcomido por una feroz lucha intercapitalista. Es que agotado el “boom” de las privatizaciones y de la entrada del capital especulativo, se viene desarrollando una feroz lucha interburguesa –de la que la salida de Cavallo es solamente un capítulo– por quién paga los platos rotos de la fiesta. Perspectivas Se ha abierto un período de crisis políticas sucesivas, y la propia cabeza de Roque Fernández podría rodar en menos de lo que canta un gallo. Con todo lo antiobrero y reaccionario, el paquetazo no resuelve la crisis fiscal, de la deuda externa, de la bancarrota de los bancos, de los créditos morosos, de la desocupación. Peor aún, agrava la desocupación y la recesión, y amenaza con llevar a la lona a nuevos sectores capitalistas. “La embotelladora de Pepsi en la Argentina (Baesa) declaró una pérdida de 251 millones de dólares en el último trimestre y anunció una amplia reestructuración que incluye el cierre de plantas y el despido de 1.500 empleados ... y anunciará un amplio plan financiero en los próximos meses para administrar su deuda, superior a 800 millones de dólares y hacer frente a la escasez de efectivo” (La Nación, 9/8, reproducido de The Wall Street Journal). La ‘luna de miel’ de la clase capitalista con el gobierno ha concluido en un claro divorcio. El gobierno está a la deriva, obligado a giros bruscos en la política económica, en la búsqueda desesperada por ofrecerles garantías a los acreedores. La revista The Economist le recordó a Menem que, “correcta o erróneamente, es el mundo (financiero) el que cuenta” y tiene que reasegurar “que eso continuará”. Pero el gobierno menemista no tiene las bases ni las herramientas para asegurar nada. Por eso se abre un período más agudo que el pasado, en el que todas las fracciones capitalistas buscarán descargar sobre las otras, pero en especial sobre los trabajadores y sectores populares, el peso de la crisis a través del tarifazo, el desempleo y el desmantelamiento de las obras sociales, y eventualmente a través de la devaluación. Pero, por sobre todo, estamos en un periodo de iniciativa del movimiento obrero, y de derrota ideológica y política de la clase capitalista, que asiste impotente a la bancarrota y hundimiento de un régimen que le pareció eterno y que se quebró con una rapidez asombrosa, como resultado de sus propias contradicciones, apenas se terminó el “fuego de artificio” de la convertibilidad. Todo el sacrificio que le impusieron a las masas no les dio para sostenerse en pie. Es otra manifestación de su inutilidad histórica y política. La clase y el sector que se paralice está condenado a pagar el costo del paquetazo. Es preciso derrotar esta orientación paralizante de la burocracia y el centroizquierda, por medio de la organización, el programa y las consignas de lucha. Carlos Auyero, del Frepaso, declaró : “No seremos dique ni motor de ese conflicto (social), queremos ser su cauce” (Página 12, 2/8/96). Es decir, quieren aprovecharse del motor ajeno para desviar al movimiento obrero de su propio cauce y dirección.

El lunes 5 de agosto, el Ministerio de Trabajo reconoció que la Lista Naranja obtuvo la minoría en las últimas elecciones gráficas, oficializando a 6 congresales: los compañeros Néstor Pitrola, Ivar Luján, Héctor Fernández, Carlos Ramírez, M. del C. Martínez y Beatriz Guerrero. El fallo puso coto al último eslabón del fraude ongarista. Quedaron atrás la fallida impugnación de la urna de Atlántida, el “voto cantado” mediante sobres transparentes, la alteración de resultados en una docena de talleres que escaparon al control de los fiscales y la inversión de cifras (1.014 en lugar de 1.028 votos Naranja, y 4.028 en lugar de 4.014 votos Verdes), truchadas en el acta final. Así y todo, la Naranja obtuvo el 20% de los votos válidos. La burocracia contó con los votos anulados para manipular los porcentajes (19,88%) que informó al gremio y a la opinión pública en costosas solicitadas periodísticas. Con toda la jurisprudencia a nuestro favor, la diestra batuta jurídica de Juan Carlos Capurro y el patrocinio democrático del Dr. Meiguiras hicieron el resto, aun en el ámbito del Ministerio menemista, que había hecho la vista gorda a todas las irregularidades durante los comicios y su escrutinio. La amplia denuncia política que la Naranja hizo en el gremio cobró realidad. De un golpe se confirma todo el fraude a los ojos de los gráficos y de la lista Verde, seis de cuyos congresales deberán dejar el lugar a los naranjas, a pesar de haber sido ungidos y publicitados a los cuatro vientos y a cuatro colores. La conquista no tiene una consecuencia directa para los obreros gráficos, puesto que Ongaro jamás convocó a congreso alguno y no participó nunca de los congresos de la Federación Nacional (FATI). Tiene, en cambio, un enorme valor político, que la Naranja hace práctico a través de su iniciativa de lucha. Los congresales exigirán que se convoque al congreso a través de la denuncia, de asambleas de fábrica y aun de la batalla jurídica. Recientes asambleas generales de Perfil y Atlántida han exigido la convocatoria al plenario general de delegados. La resolución llegó a un mismo tiempo en que la Naranja encolumnó un importante contingente de activistas a la Plaza de Mayo el 26 de julio, para transformarse después en la única organizadora del paro del 8 de agosto en el gremio, con las banderas de paro activo nacional, paritarias e inmediato plenario de delegados. El Sindicato Gráfico desalentó el paro del 8 por “carecer de perspectivas”, una política carnera que encubre, reivindicando el “Estado benefactor” contra el “fundamentalismo neoliberal”, el alineamiento sin chistar a las patronales gráficas y al gobierno menemista. Para Ongaro, el “cambio” es “político-parlamentario” y la clase obrera no tiene ningún papel que jugar. Una partitura similar interpreta hablando de “autogestión” de la Obra Social, mientras encabeza el lote de los primeros 7 sindicatos que se inscribieron en el crédito del Banco Mundial destinado a la “reconversión” privatista. Como se cayó el fraude, se caerá toda la política ongarista. La Naranja impulsa la lucha por la derogación de los decretos antisalariales, por las paritarias, la defensa de la Obra Social y por un frente de delegados que tome en sus propias manos ese programa, impulsando la continuidad de la irrupción obrera del 8 de agosto a través de un paro activo nacional de 36 horas. Al servicio de esa perspectiva trabaja la Naranja gráfica, tonificada por la victoria política obtenida.

Pocas veces resultó tan evidente y manifiesta la tendencia del gran capital internacional a reincorporar a Cuba a la circulación mundial de capitales como en las últimas semanas: tal es el contenido concreto de la violentísima disputa que ha estallado entre Estados Unidos y sus ‘socios comerciales’ —Europa, Canadá, México, Japón— acerca de la aplicación de la llamada ‘ley Helms-Burton’. La mencionada ley, promulgada por Clinton hace poco más de dos meses, establece sanciones para las empresas de terceros países que ‘trafiquen’ con propiedades expropiadas por la Revolución Cubana a compañías o ciudadanos norteamericanos. Aunque Clinton postergó por seis meses la aplicación de la cláusula ‘más odiosa’ de la ley —la que les permite a los ‘damnificados’ recurrir a los tribunales norteamericanos para obtener compensaciones de parte de los actuales ‘usuarios’ de esas propiedades—, varias empresas ya fueron sancionadas y otras lo serán en las próximas semanas. Los directores y accionistas de la minera Sherritt (Canadá) y las telefónicas Domos (México) y Stet (Italia) tienen prohibido el ingreso a los Estados Unidos. La medida alcanza incluso a un lord inglés y ex director del Banco de Inglaterra, ahora director de la Sherritt, y hasta podría llegar al primer ministro italiano (ya que la Stet es una compañía estatal). Empresas de España, Francia e Israel siguen en la lista. Las represalias de la Unión Europea fueron inmediatas. De manera “unánime, rápida, firme y determinada” (Le Monde, 17/7), la UE autorizó la confección de una ‘lista negra’ de empresas norteamericanas que litiguen a las europeas con vistas a imponerles sanciones ‘compensatorias’ a las que eventualmente determinen los tribunales norteamericanos. Más aún, la UE debate una legislación —que ya ha sido establecida en Canadá— que prohibiría lisa y llanamente a las empresas europeas —y a las de cualquier origen que operen en el continente— plegarse a las disposiciones de la ley ‘Helms-Burton’ . El ‘tono’ de la protesta europea lo brinda el Financial Times (18/7), que enfatiza que “rara vez se ha visto mayor solidaridad o demandas más fuertes por una acción inmediata”. Es claro que la Gran Bretaña de Major —de donde provino una “reacción especialmente crítica a los Estados Unidos” (Página/12, 18/7)—, la Francia de Chirac o la Alemania de Kohl no se ‘rebelan’ contra Estados Unidos para defender el régimen de Castro. Para los europeos, lo mismo que para los canadienses y mexicanos, de lo que se trata es de proteger las propiedades que se alzaron con la capitalización de la deuda externa (que el Estado cubano les dio a un valor superior al real) y que les ha permitido monopolizar —en ausencia de empresas norteamericanas— las principales ramas de la economía cubana: el turismo, la extracción de níquel y minerales, la biotecnología, la financiación de la zafra azucarera y, últimamente, la prospección petrolera. Aunque ‘pequeñas’ desde el punto de vista del movimiento global de estos pulpos y de la propia Cuba, estas inversiones rinden beneficios sencillamente espectaculares. El director en Cuba de las operaciones de la hotelera española Sol Meliá señala, sin dudarlo, que “el rendimiento de las inversiones en la isla duplica los que la cadena obtiene en cualquier otra parte del mundo” (World Business, mayo de 1996). Los grandes beneficios impositivos y la posibilidad de utilizar una mano de obra sumamente barata y ‘educada’ explican este ‘milagro’; estas inversiones son potencialmente aún más rentables, ya que en el futuro, levantado el bloqueo, la isla sería una vía privilegiada para el ingreso europeo al mercado norteamericano. Cuba, por todo esto, se ha convertido en uno de los escenarios de una guerra comercial entre las grandes potencias que abarca a todo el planeta, y en la cual cada pulpo juega a fondo, no sólo sus recursos productivos y financieros, sino también, y por sobre todo, los recursos políticos de sus Estados. Otro ejemplo de esta batalla mundial es la ley que acaba de aprobar Estados Unidos, que persigue a las empresas europeas que hagan inversiones petroleras en Irán y Libia, donde las inversiones europeas son mucho más sustanciales que en Cuba. Esta batalla de conjunto es la que explica la ‘movilización’ europea contra la ley ‘Helms-Burton’ y que varios especialistas hayan advertido que el ‘incidente cubano’ “pueda poner en riesgo el futuro del sistema comercial mundial” (Financial Times, 26/7) ... amén de amenazar con “la quiebra del Nafta” (Financial Times, 18/7). El gran capital norteamericano y la ‘ley Bacardi’ Otro de los motores de la reintegración de Cuba a la circulación mundial del capital son los grandes pulpos norteamericanos. Dos ‘lobbys’ capitalistas tan poderosos como “la Cámara de Comercio de los Estados Unidos y la Asociación Nacional de Fabricantes han escrito al presidente para indicarle que están en contra del Título III (de la ley ‘Helms-Burton’, precisamente el que permite a las empresas recurrir a los tribunales para obtener compensaciones por las propiedades confiscadas)” (Ambito Financiero, 16/7). Más directamente, “una veintena de importantes firmas —como Coca Cola, Pepsico, General Motors, IBM, General Electric y Chase Manhattan Bank— enviaron representantes a La Habana en el último tiempo para despegarse de la polémica norma y dejar en claro ante el presidente cubano Fidel Castro que ‘nuestro interés básico es hacer negocios’ ...” (ídem). La ley ‘Helms-Burton’, al excluir la competencia europea, pretende crear una ‘reserva de mercado’ para las grandes empresas norteamericanas. Pero “públicamente, a través de sus entidades sectoriales, o discretamente, mediante sugerencias a las autoridades, los líderes empresariales han hecho saber a la administración Clinton que no consideran que la ley Helms-Burton propicie un cambio constructivo en Cuba o una decisión positiva en cuanto a sus reclamos” (ídem). Estas grandes empresas, entre las que se cuentan las principales reclamantes de las propiedades confiscadas por la revolución, “habían promovido una normalización entre Wash-ington y La Habana con la esperanza de que ambos gobiernos dilucidaran el problema de las propiedades en negociaciones directas” (ídem) ... un punto en el que encuentran un terreno común con el gobierno cubano. Carlos Lage, máximo responsable económico cubano, después de excluir “acuerdos de compensación directa con los reclamantes norteamericanos”, señaló que “La Habana prefiere una solución gobierno a gobierno con Washington” (Financial Times, 18/7). Esto explica que el gran capital norteamericano no haya querido “mezclarse” (sic, Financial Times, 18/7) en lo que algunos despectivamente denominan la ‘ley Bacardi’, en referencia a los redactores de la ley ‘Helms-Burton’: los abogados de la licorera Bacardi, que antes de la revolución monopolizaba la producción de ron cubano. Estos abogados incluyeron una cláusula especialmente diseñada para sus patrones: la que permite un acuerdo ‘extrajudicial’ sin intervención del gobierno norteamericano entre las empresas expropiadas y las que ‘trafiquen’ con sus propiedades ... “El principal objetivo de Bacardi —al establecer esta cláusula, que le permitiría ‘beneficiarse de la actual actividad económica en Cuba’— fue Pernod-Ricard, el fabricante francés de bebidas espirituosas, cuya asociación con la estatal ‘Ron y Licores de La Habana’ que administra la antigua destilería Bacardi amenaza con intensificar la competencia en el declinante mercado internacional de bebidas espirituosas” (Financial Times, 8/7). En este cuadro, hay que caracterizar que la ley ‘Helms-Burton’ no representa los intereses del gran capital norteamericano, que pretende ‘reconquistar’ Cuba, sino que es, tan sólo, “el producto híbrido de la coalición de tres grupos esencialmente diferentes: los reclamantes privados que buscan compensación o un acuerdo, aquellos que buscan vengarse de Castro y miembros del Congreso y la Casa Blanca que vieron en la ley una respuesta al ataque aéreo (de la aviación cubana a las aeronaves que violaron su espacio aéreo)” (Financial Times, 8/7). Los grupos que están detrás de la ley —y los que se oponen frontalmente a ella— revelan la poderosa tendencia del capital norteamericano a ‘retornar’ a Cuba ... como antes ‘retornó’ a Vietnam y a China. ••• El régimen cubano sigue una política de adaptación a la tendencia capitalista a ‘recolonizar’ la isla. Las inversiones externas son el aspecto más visible, pero no el único de la adaptación del régimen cubano a la penetración del capital. Al calor de las ‘reformas’, se han creado docenas de firmas estatales semiautónomas que manejan divisas en forma independiente. Es conocido el papel de primer orden que jugó la ‘independización’ de las empresas estatales en Rusia, en China y en toda Europa Oriental en el proceso de la restauración capitalista. Recientemente, el gobierno cubano anunció la creación de ‘zonas francas’. Allí, el capital internacional contará con ventajas y beneficios aún mayores a los ya establecidos en la ‘amistosa’ ley de inversiones externas y podrá, por primera vez desde la revolución, contratar trabajadores en forma directa. Al aumentar su dependencia respecto del capital mundial en su conjunto, Cuba —que ahora es víctima de la guerra comercial entre las grandes potencias— está condenada a convertirse en la víctima de una nueva ‘redistribución’ del mercado mundial, cuando un ‘acuerdo’ entre bandidos le ponga fin a esta guerra por la supremacía comercial.

La Lista Celeste se transformó en el canal de la movilización de los obreros del puerto. Distribuyó más de 4.500 volantes llamando a parar y propagandizando la olla popular. Desde las cinco de la mañana un grupo de 20 compañeros recorrió las fábricas con bombo y megáfono, animando a que se plegaran los trabajadores. Como resultado de esto paró el 100% del gremio, frente al abierto carnereaje de la burocracia del SOIP. La olla del puerto fue un verdadero centro de organización y debate militante. Se ganó la adhesión de comerciantes que donaron alimentos. Un grupo sobre la Avenida Edison volanteó durante cuatro horas recogiendo una gran solidaridad. A través del micrófono, intervinieron más de 10 compañeros de plantas y cooperativas, además de un delegado de Luz y Fuerza que planteó la convocatoria de un plenario de delegados de base para profundizar las medidas. A pesar del mal tiempo la Asamblea de las 14 horas votó concurrir al acto del CTA de las 18 horas en el centro y pasar por la puerta del SOIP a repudiar el carnereaje de Saravia. Llevamos al acto del CTA en dos colectivos a 70 compañeros. La Celeste se transformó en uno de los ejes de la convocatoria ya que fue la única columna obrera. Durante dos horas bajo la lluvia cantamos por la huelga general y “hay que poner un poco más de huevo, ahora que Cavallo está en la tumba el gobierno de Menem se derrumba, se derrumba”. Uno de los momentos más destacados del acto fue la intervención de Mamerto Verón quien propuso la inmediata realización de un Paro Activo Nacional de 36 horas, la convocatoria a un plenario de delegados de base y luchar hasta lograr la derogación de los decretos, la garantía horaria de 500 pesos y el seguro al desocupado de 500 pesos.

Chacho “Cavallo” Alvarez presentó ‘en sociedad’ el programa económico del Frepaso para “construir poder político para hacer viable una economía alternativa”. Tan alternativa es la propuesta que “el gobierno, la Sociedad Rural, la Unión Industrial, la Iglesia”, entre otros, serán visitados por los economistas frepasistas, no sin antes aclarar que “con los justicialistas la estrategia será describirles el cuadro económico y buscar algún guiño cómplice” ( Página 12, 2/8/96). El programa, resumido en 16 puntos, no dismula para nada su filiación proimperialista y privatista, rabiosamente partidario de pagar la deuda externa y sus intereses, recogiendo los reclamos de la gran banca acreedora y de los fondos especulativos y pronunciándose por reforzar la flexibilización laboral y la atomización obrera a través de los convenios por empresa. Lo que sucede es que el Frepaso quiere ser ‘alternativa’ y, para eso, tiene que dar sobradas pruebas y garantías de que respetará no sólo las privatizaciones, la flexibilización laboral y todo el cuadro actual de relaciones pro-imperialistas. Todo eso no basta. Tiene que transformarse en el vocero de los actuales reclamos del gran capital nativo y extranjero. Rescate El Frepaso le critica al gobierno preocuparse sólo de la “estabilidad monetaria” y creer que el mercado, “al azar”, promoverá el desarrollo y el bienestar, como si ésos fueran sus objetivos. Por eso, para el Frepaso, “nuestra concepción de una economía social de desarrollo es: los indispensables equilibrios macroeconómicos deben ser acompañados de una voluntad política deliberada que articulada con el funcionamiento del mercado promueva el crecimiento, el empleo y el aumento armónico del bienestar”. Es evidente que el chachismo se refiere al ‘plan’ Cavallo, al que le adjudica el mérito de haber logrado la llamada estabilidad monetaria o los equilibrios macroeconómicos. Pero hasta el mayor de los desprevenidos se da cuenta de que esos supuestos “equilibrios” no existen: el déficit fiscal es pavoroso, el sistema financiero y bancario está quebrado, con una morosidad de los créditos del 25 %, están armando una nueva red de seguridad porque los bancos no resistirían una nueva corrida, la burguesía no encuentra recursos para pagar la deuda, el endeudamiento externo crece a tasas más caras, el consumo y la inversión caen, aumentan la evasión y la economía ‘negra’ —señal de la desconfianza general de la burguesía—, la desocupación abarca a más de 4 millones, el salario sigue cayendo... ¿Entonces, por qué insiste el Frepaso en decir que “vivimos un período de equilibrios monetarios”? Es que los frepasistas pretenden presentar como exitosa toda la política económica seguida hasta ahora (no olvidemos que el Chacho es un arrepentido por no haber votado la ley de convertibilidad), para colocar la ‘alternativa’ en la más rigurosa continuidad. Hablan de defender la estabilidad cambiaria, pero como no proponen defender el valor de la moneda por medio de medidas y acciones contra el gran capital (“no hay aquí un retroceso al pasado ni al populismo estatal”, aclaran despectivamente), se imaginan que podrían conseguirlo con nuevas concesiones ilimitadas al gran capital financiero, que es el que controla el valor del peso argentino. Pero el problema actual es que, por las contradicciones, crisis y hundimiento del ‘plan’ Cavallo, agravado porque se agotaron las privatizaciones, los acreedores descreen de la capacidad del Estado para pagar el endeudamiento aún con nuevas concesiones y nuevos ataques al nivel de vida de las masas. El proceso de fuga de capitales abierto a fines de 1994 revela justamente que todas las concesiones al gran capital son insuficientes para reabrir el ciclo especulativo de 1991. El Frepaso finge desconocer que la llamada “estabilidad cambiaria” no se sostuvo por la ley de convertibilidad, sino por las privatizaciones fraudulentas de las empresas públicas, la jubilación privada, la entrada de 30.000 millones de fondos especulativos, al precio de un feroz endeudamiento. Todo esto antes del tequila, que llevó al socorro y una nueva inyección de préstamos del FMI, para financiar una fuga de capitales de 10.000 millones y que ha vuelto a replantearse ahora con la caída de Cavallo. Para el Frepaso habría que pasar de la “economía social de mercado” a la “economía social del desarrollo”. No se trata tan sólo de un juego de palabras, sino que revela que la raíz política, social y económica es la misma. La economía social del Frepaso se caracterizaría por el ingrediente social, que es justamente lo que propone el Banco Mundial, como “eficientizar el gasto público” a través de la reforma de la salud, de las obras sociales, la educación... El programa del Frepaso plantea “mejorar la eficiencia del gasto público”, pero no propone desconocer los intereses de la deuda pública, que equivalen a más del 10% del gasto público; eliminar los reembolsos a los exportadores, responsables por otro 5% del gasto, o anular la reforma educativa del Banco Mundial . Plantea la “modernización de los programas de educación” y de la salud, esto es, abrir una nueva fuente de lucros al capital por medio de la llamada desregulación de las obras sociales y el hospital de autogestión, que son los programas actuales del gran capital y la gran banca. Cauce ... de los reclamos de la banca y los fondos de pensión Frente a toda la bancarrota económica, política y social, para el chachismo no hay una crisis sino un “equilibrio macroeconómico” con “fallas” de mercado, que se corregirían con “un shock de inversiones productivas y de transformaciones del mercado de capitales”. Para esto se hace eco de los reclamos de la banca y de la Cámara de las AFJP, como la “reducción de impuestos” a los fondos nacionales y extranjeros que ingresen en el “mercado de capitales”; la “reducción de los encajes bancarios”; la colocación de nuevos bonos para financiar a las “empresas que abran sus paquetes accionarios”, lo que permitiría su pase a manos del capital extranjero, y la creación de nuevos instrumentos financieros para que las AFJP orienten “su operatoria”. Como es infaltable en todo programa proimperialista, el Frepaso plantea la “reforma y modernización del Estado”, sobre la base de la “eficiencia del gasto público”. Como no sólo no propone bajar el gasto, desconociendo el pago de la deuda y los intereses (10.000 millones por año); ni eliminar las prebendas al gran capital, como los reembolsos a los exportadores (2.000 millones por año) o los subsidios a la educación privada; sino que además plantea reducir los impuestos a la renta financiera para los nuevos capitales nativos y extranjeros, está claro que saldrá de nuevas privatizaciones y del ataque al movimiento obrero. En materia de impuestos, propone bajar el IVA y aumentar la recaudación de ganancias y bienes personales, algo que también quiso hacer Cavallo y ahora Roque Fernández, pero no dice ni una palabra de cómo hará para cobrarlos sin anular el secreto bancario y comercial y sin el control obrero sobre la banca, el gran capital y el comercio exterior. Con todo, la perla es para el movimiento obrero. ¿Es que en relación a los trabajadores, el Frepaso propone derogar toda la legislación de flexibilización laboral de Menem, Cavallo y Caro Figueroa?¿Restituir y aumentar el salario familiar?¿Convocar a paritarias por industria para romper con la atomización de los trabajadores?¿ Aumentar las jubilaciones y anular la jubilación privada?¿Eliminar los contratos temporarios y de aprendizaje? ¿Repartir las horas de trabajo entre todos los trabajadores sin afectar el salario? A todo esto, el programa del Frepaso le destina tan sólo 6 renglones... que son imperdibles. Propone estimular “en el interior de las empresas... acuerdos y mecanismos de participación para incrementar la eficiencia, la productividad y la rentabilidad, lo cual debe ir junto con el mejoramiento de la calidad de los empleos en materia de salario, estabilidad y formación profesional”. Es el mismo lenguaje del convenio Fiat-Smata, del salario vinculado a la ‘productividad’ de los ritmos de producción, del horario flexible y de las vacaciones fragmentadas. Es la coronación de un programa proimperialista, privatista y antiobrero.

Vientos de cambio en bancarios A pesar del sabotaje burocrático (ver artículo sobre el ISSB, pag 4) y de la presión de las patronales “para garantizar la libertad de trabajo” (intimidación, envío de remises, etc.) el paro bancario rondó el 80% en las casas centrales del Nación, Credicoop, Patricios, etc. El motor del paro fue el frente de comisiones internas, delegados y activistas antiburocráticos. El mismo no sólo hizo un gran trabajo de agitación previo, sino que el mismo día del paro —y a pesar del operativo policial en el microcentro— se formo un gran “piquete” que agitó la zona y realizo dos masivas asambleas en las casas centrales de los bancos Galicia y Alemán. Durante las mismas hablaron delegados denunciando al gobierno, las patronales y la burocracia, y convocando a un Encuentro de Bancarios para el 29 de agosto para coordinar la lucha de los bancarios. Las asambleas fueron seguidas con viva simpatía entre los trabajadores de dichos bancos que paralizaron sus tareas y respondieron con aplausos las propuestas volcadas. Eduardo M. Telefónicos por las 36 horas Fue el paro con más alto acatamiento desde la privatización. En plantel (sector operativo) fue casi total. En V.Gomez se voto en Asamblea que los delegados estuvieran el 8 en la puerta para “garantizar la medida”. Sobre 110 compañeros (incluye capataces) ¡pararon 106! Al día siguiente una nueva Asamblea reclamo la continuidad con un paro activo de 36 horas. La conducción burocrática se limitó a un triste comunicado diciendo que había que “parar por resolución de la CGT a la cual estamos adheridos” y se llamaba a “establecer las guardias a fin de presevar el servicio” (textual). El frente de agrupaciones opositoras a la burocracia guillanista que integran la Mesa de Enlace llamó a parar y concretar una Olla Popular en Perú y Avenida de Mayo, que fue reprimida por la policía. La ‘Mesa’ debe ahora pronunciarse por el paro activo de 36 horas con concentración en Plaza de Mayo y por un plan de lucha hasta derogar los decretos antisalariales. Sergio Sosto Mercedes Benz por el paro de 36 horas A pesar de que la Interna viene de cerrar un nuevo ‘acuerdo’ que autoriza a la patronal a suspender a una parte del personal pagando salarios entre un 60 y 80% el paro fue masivo en la fábrica. Un pronunciamiento de la misma reclama la continuación con un paro de 36 horas con movilización y la realización de paros progresivos hasta que se deroguen los decretos del gobierno. Sergio En el Clínicas Norma Richter, enfermera del Hospital y dirigente de la Bordo relató que “a las 7 de la mañana un piquete recorrió el hospital comprobando que el paro se cumple en un 90%... En una Asamblea previa, 150 compañeros votaron parar y convocar a una nueva Asamblea para la semana próxima para ver como se continua” . Ana Gran paro de los técnicos aeronaúticos El cuerpo de delegados de APTA (personal técnico) resolvió no solo adherir al paro del 8, sino no acatar las guardias mínimas impuestas por el Ministerio. A pesar de todas las intimidaciones patronales esto se cumplió estrictamente. 32 vuelos de cabotaje y 11 internacionales fueron bloqueados. La propia gerencia de mantenimiento (11 gerentes) tuvo que ‘bajar’ a pista en medio de la lluvia para despachar un avión en tránsito que no requería servicio técnico. El cuerpo de delegados de APTA dejo una ‘guardia sindical’ durante las 24 horas de paro para corrobar que elementos extraños a los trabajadores técnicos no carnerearan la medida de fuerza, poniendo en riesgo la seguridad de los pasajeros. Corresponsal El Hospital de Morón Una Asamblea conjunta de profesionales y trabajadores decidió la adhesión al paro. Esto es importante, si se tiene en cuenta que el Hospital de Morón estuvo en ‘paro a la japonesa’ durante los tres meses y finalmente quedaron afuera 300 compañeros. Desde abril están cobrando el básico sin salario familiar, ni adicionales. La extensión del horario y el ritmo de trabajo se ha intensificado. Rousselot sigue su política de desmantelamiento del Hospital (falta de insumos, cierre ‘temporal’ de Maternidad, etc.). El paro fue masivo. Entre los compañeros se plantea que “hace falta un nuevo paro” para terminar con esta situación. Es necesario convocar a una Asamblea General que vote un pliego de reivindicaciones (pago total de la deuda, incorporación de los contratados, etc.) y un plan de lucha. M.Estela Ramazoti

El 8 hubo un paro total y absoluto, con una movilización central en Córdoba capital, de la que participaron 8.000 trabajadores y movilizaciones en el interior (700 en Villa María —inédito— y 100 en Río Cuarto). De la movilización participaron todos los gremios, los sectores de las villas (UOBS), la Coordinadora de Desempleados, Comerciantes Fundidos, etc. Se derrotaron todas las maniobras del gobierno provincial por frustrar la movilización (campaña de prensa, operativo policial, lock out patronal, asueto gubernamental, bloqueo de rutas, etc.). Se abre una nueva etapa Los antecedentes de este parazo: la lucha en Ciadea contra los despidos, el pronunciamiento electoral masivo contra el convenio Fiat-Smata en las principales fábricas del gremio, los cortes de ruta de los despedidos de Pritty, la lucha de los empleados públicos contra el quite de los adicionales (donde el gobierno debió recular), la movilización de las villas a los supermercados, la organización de los desocupados, el “ensayo” de movilización del jueves 1. Las razones son poderosas. Córdoba es el epicentro de un ataque al conjunto de los trabajadores (públicos y privados) para imponer los recortes salariales, la liquidación de los convenios y las conquistas laborales y las cesantías masivas. Gobierno y patronales metieron a todos los trabajadores en un mismo barco y reciben ahora una respuesta única. La coparticipación provincial es un calco de la nacional y Mestre está sometiendo al interior provincial a situaciones catastróficas, sobre todo el Norte. Ponerle fecha al paro de 36 horas En la concentración Miguel Díaz (UTA-CGT) comprometió al conjunto de las organizaciones sindicales a “continuar la lucha”. Pihén del Sindicato de Empleados Públicos, en nombre del MOAS, donde actúan el SMATA y la UOM, anunció que todas las centrales habían acordado como mandato para el confederal de la CGT la propuesta de un nuevo paro nacional con movilización hacia Buenos Aires. Pero ninguno de los oradores planteó un programa de reivindicaciones y un plan de acción para Córdoba, cuando las patronales están empeñadas en aplicar el convenio FIAT, el gobierno se propone arrasar con los estatutos y convenios de los estatales, los secundarios y las técnicas están siendo desmantelados, la ‘emergencia’ (que rebaja los salarios) sigue en pie y no hay subsidio para los desocupados. Es necesario continuar la gran movilización del 8 en Córdoba con un paro de 36 horas. Reclamemos al CTA, el MOAS y la CGT a que convoquen a un plenario abierto de delegados y activistas para ponerle fecha al paro de 36 horas y levantar un programa de reivindicaciones: derogación de la ‘emergencia’: subsidio de 500 pesos para los desempleados: defensa del estatuto del docente, de los secundarios y de las técnicas, paritarias —paritaria única para todos los estatales, paritarias en las plantas automotrices, con delegados electos.

El paro del 8 dió lugar a una gran manifestación de masas. En la Plaza Alsina de Avellaneda se dieron cita mil trabajadores y jóvenes a los que se sumó luego la columna de la zona oeste encabezada por el CTA. La juventud El hecho relevante fue la presencia de los estudiantes secundarios organizados en la flamante ‘asamblea estudiantil’, cuya columna compacta y aguerrida despertó el aplauso general. Los secundarios se hicieron sentir no solo por su número sino por sus cánticos —“huelga general”, “plan de lucha”. Llegaron a interrumpir varias veces el discurso del secretario general de ATE: “De Gennaro escucha, queremos plan de lucha”. El reclamo fué sumando adeptos entre los concurrentes, y la consigna se fué “perfeccionando”: “se va a acabar con un plan de lucha nacional”. El activismo obrero Aunque el paro en las escuelas fué masivo, SUTEBA no se esforzó en constituir una columna, llevó carteles pero sin gente. Un grupo de activistas de Aurora se hizo presente enarbolando una bandera de la fábrica. Todos los manifestantes confluyeron finalmente en Quilmes, donde se concentraron 10.000 trabajadores, jóvenes, desocupados y pobladores de los barrios, revelando las poderosas tendencias a convertir el paro en un terreno de movilización política. Hubo una batalla que no se expresó en la movilización pero tuvo importancia clave. En plantas y talleres en los que no se paraba desde hace mucho tiempo, el activismo impulsó la huelga a pesar de la pusilanimidad o la ausencia de la burocracia. Un caso fué Estrada, una gráfica de 150 compañeros que por muchos años no acompañó las luchas del movimiento obrero y que ahora acató en un 75%. Un corresponsal señala el papel jugado por un sector del cuerpo de delegados (ligado a la Naranja) que impulsó asambleas y se empeñó en un debate en cada rincón de la planta, en tanto el sindicato (Lista Verde ongarista) “se negó a llamar al plenario de delegados para impulsar el paro y se limitó a enviar un comunicado de adhesión el día anterior”. Desocupados Doscientos compañeros se hicieron presentes en la olla popular del cruce de Varela, organizada por la Coordinadora de Desocupados de Berazategui. Junto a una mayoría de trabajadores desempleados, estuvieron estudiantes de la Media 6 de Berazategui, delegaciones de las seccionales Varela y Berazategui del Suteba y de partidos políticos. La olla estuvo rodeada por carteles que reclamaban los 500 pesos de subsidio, el no pago de impuestos para los desocupados y el rechazo al corte de servicios. Esta olla es la segunda que organizan y forma parte de una campaña. Flores, integrante de la Coordinadora, nos dece que “vamos a seguir con otras ollas todos los lunes para que el gobierno sepa que existimos”. José y Miguel, también de la Coordinadora plantean como tarea clave “juntar a las organizaciones de desocupados del conurbano para establecer acuerdos en asambleas y hacer un plan de lucha. Impulsamos un congreso nacional de desocupados”.

Un millar de trabajadores se concentraron en el centro de la ciudad para repudiar al gobierno y pedir la derogación de los decretos antisalariales. A diferencia de movilizaciones anteriores del pasado año, que fueron mayoritariamente estatales, el aspecto más destacado de esta concentración fue la entrada en escena de los gremios de producción, duramente golpeados por la desocupación (UOCRA, Fruta) y por los intentos de la patronal de imponerles el convenio Fiat-Smata (UTA). El acto, convocado por la CGT de Río Negro, transcurrió en medio de estribillos hostiles al gobierno, especialmente de la nutrida columna de desocupados de Roca y Fernández Oro. Un orador ‘fuera de programa’ de este sector, que tomó la palabra cuando la burocracia había llamado a desconcentrar “en forma pacífica como sabemos hacerlo los trabajadores”, marcó el estado de ánimo de este sector, cuando dijo: “Este gobierno sólo va a escucharnos cuando miles de nosotros le pateemos la puerta de la Casa Rosada”. Dicho lo cual, los desocupados encabezaron la movilización, y la burocracia tuvo que convocar a marchar, encolumnándose tras los desocupados los sectores de UTA, UOCRA, la Fruta, Camioneros, etc. Fue destacable la total ausencia del CTA. La Unter (docentes de Río Negro), con el argumento de que “vamos a la concentración en Neuquén”, vació la movilización de Roca, para finalmente ir con un grupo raquítico a Neuquén. Fue notoria también la ausencia de UPCN (el mayor gremio estatal de la provincia), que ni siquiera envió una delegación. Lo mismo vale para el SOYEM, el gremio municipal, que “adhirió” en los papeles, pero boicoteó el paro en la práctica. La importante y combativa presencia de desocupados es un elemento más de que están maduras las condiciones para convocar al segundo Encuentro Regional de Trabajadores Desocupados del Alto Valle y Neuquén.

Hubo una movilización en el centro con unas 400 personas, la mayoría de camioneros y telefónicos y una olla popular con un piquete fuerte de la UTA en la Terminal. El paro fue total en OSN, hospitales y del 90% en municipales. Los gremios ligados al CTA no hicieron campaña por el paro ni movilizaron. En docentes, la directiva de ADP sacó 24 horas antes una “adhesión” de compromiso. Desde Tribuna impulsamos el paro con una declaración y reuniones en 15 escuelas. Finalmente hubo escuelas que pararon el 50%, aunque la actividad casi no existió por falta de alumnos. Impulsamos un corte de ruta en la zona sur con más de 30 compañeros de una comisión de ocupantes de terrenos y docentes de la zona. En Tartagal se realizó un acto con 150 personas impulsado por los desocupados de Mosconi, que vienen ocupando el Concejo Deliberante hace una semana y le han impuesto una serie de reivindicaciones al gobierno provincial. Un compañero de TD fue orador por los docentes.

Al calor de las movilizaciones del movimiento de desocupados y la conformación de una multisectorial que votó un programa de reivindicaciones para los sectores obreros y desocupados (reapertura del padrón de la ley 2128 sin discriminaciones, reintegro de los 50 pesos que quitó el gobierno, reconexión del gas y la luz a quienes tengan el servicio cortado y condonación de la deuda para todo desocupado o que gane menos de $500, impuesto por peaje de los caños a la empresa distribuidora de gas, etc.), todo el movimiento de masas de Plottier va entrando en acción. El pasado miércoles 7 de agosto, luego de una asamblea de padres y docentes del CPEM 55, se decidió marchar hasta el Concejo Deliberante, el que fue ocupado por más de un centenar de alumnos y padres en reclamo de la terminación del edificio propio (funcionan ahora en un local comercial semiderruido). A esa misma hora, los obreros que construyen el nuevo edificio, tomaron la secretaría de obras públicas del municipio en reclamo del pago de haberes atrasados. La Multisectorial apoyó ambas luchas y estuvo presente en el Concejo Deliberante, donde los concejales del PJ (oficialismo) pretendieron, en un principio, desarmar la movilización, con una provocación artera del presidente del Concejo que increpó a los movilizados e inlcuso amenazó con acusarlos de ‘tomar el Concejo’. Bastó una sola intervención de una madre, para poner en caja a los concejales patoteros, que asustados por la presencia de sus ‘representados’, llenaron el edificio del Concejo y los alrededores, y en especial las oficinas del bloque del PJ, de canas de civil y de uniforme. El día del paro, los alumnos del CPEM 55, con una pancarta, se unieron a la Coordinadora de Estudiantes Secundarios. También llegó un importante número de desocupados de la Coordinadora.

La sanción del decreto 625/96 del gobierno provincial, por el cual se jubila “de oficio” y no se cubren esas vacantes, fue el detonante para que en la docencia santafesina se produjeran impresionantes movilizaciones. Primero fueron miles en Rosario y la ciudad de Santa Fe, con abandono de tareas, los días 25 y 26 de junio, y luego nuevamente en Rosario, el 26 de julio, marcharon más de 3.500 compañeros. El reclamo era unánime: derogación del decreto. Esta reacción obligó a la ministra de Educación, Stanoevich, a cubrir los cargos sin la derogación del decreto. Este retroceso parcial refleja el temor del gobierno ante el ascenso de la docencia, pero también pone de relieve los límites de la dirección marysanchista de AMSAFE, que se opone sistemáticamente a un plan de lucha —cuando están dadas todas las condiciones— para ir a fondo y lograr una victoria, imponiendo la derogación del decreto. Tribuna Docente va a batallar por un Congreso provincial de delegados de escuela con mandato, para votar un plan de lucha por la derogación del decreto y las reivindicaciones pendientes.

Si faltaban razones para que el paro del 8 tuviera continuidad, las medidas anunciadas el lunes por Roque Fernández son más que suficientes. Anunció un impuestazo a los combustibles, que llevará a que aumente el transporte y todos los productos de necesidad. Subió 30% el aporte de los autónomos. Elevó en 5 años la edad de jubilación de las trabajadoras. Congeló la parte de los impuestos que va a las provincias, para asegurar que las gobernaciones llevarán adelante la cesantía de empleados públicos. Y se comprometió a bajar en 3 puntos los aportes patronales, por encima de las rebajas del 30 al 80% anteriores. También anunció impuestos a los exportadores y a una serie de actividades, como los seguros o la medicina privada, que ya han provocado la rebeldía de la gran burguesía. En menos de 3 horas, Menem dio marcha atrás con los impuestos a los medios de comunicación y a las escuelas con financiamiento estatal, es decir, las que están bajo la órbita de la Iglesia. La clase patronal ya le advirtió al gobierno que podará del paquetazo todas las medidas que la perjudican. ¿Y la CGT? ¿Y los sindicatos? La burocracia sindical está a los tumbos. No terminó de abrochar la legalización de los decretos antisalariales de asignaciones y tickets, con la pretensión de que el corte del salario familiar se aplique en tres franjas de salarios, hasta los sueldos de 1.500 pesos, y no en dos, cuando el aumento de los combustibles, de las tarifas, la elevación en 5 años de la edad de jubilación de las trabajadoras y la eliminación del aporte patronal al PAMI, significan un ataque aún mayor al del salario familiar y los tickets. Hay que reconocer que no sólo Gerardo Martínez carece de programa. Para el CTA “‘la profundización (del paro) no pasa por un paro inmediato y menos de 48 horas, esa idea es de cuarta’, fueron las opiniones más benévolas de la dirigencia combativa”, según Página/12 (10/8). ¿Cómo piensa el CTA recuperar el salario familiar, combatir la desocupación, hacer frente al tarifazo? ¿Con la inacción? ¿Con el programa económico del Frepaso, que defiende las privatizaciones, pide nuevas concesiones al gran capital y salarios por productividad y eficiencia? ¿Con la alianza con la UCR, que debutó con De la Rúa por medio de la amenaza de descontar el día del paro a los huelguistas de la municipalidad? El paro del 8 ha abierto un mayor período de iniciativas de las masas, que se verificó en el propio paro por la labor de los activistas y delegados combativos, y que las burocracias quieren contener con el palabrerío, con acciones sin programa ni perspectivas, con el desgaste y la inacción. Por eso, porque están pendientes todas las reivindicaciones que llevaron al paro del 8, y ahora se agrega este paquetazo, es que está a la orden del día el paro de 36 horas. El paro de 36 horas se impone por encima de las pavadas o poses combativas de la burocracia. El movimiento obrero, los delegados y activistas, tienen que contraponer a las palabras y gestos de la burocracia, un claro programa de reivindicaciones: derogación de los decretos antisalariales; abajo el proyecto de Oraldo Britos y Castillo que legaliza el saqueo del salario familiar; convocatoria de paritarias libremente elegidas, para discutir el aumento salarial y la derogación de la flexibilidad laboral; seguro al desocupado de 500 pesos; anulación del aumento de la edad jubilatoria para las mujeres y del aporte de los autónomos; jubilación a los 60 años, con el 82% móvil, fuera la intervención del PAMI; restitución del aporte patronal para financiar la salud de los jubilados, defensa de las obras sociales bajo control obrero; anulación del boletazo; cese del pago de la deuda pública a los acreedores internacionales y grandes acreedores nacionales.

Luego del receso invernal, las escuelas del distrito de San Martín recibieron, por orden del Tribunal de Clasificación, la visita de las inspectoras, para llevar adelante el cierre de secciones, que se fusionan en grados superpoblados. Esta medida va a provocar el deterioro de la calidad pedagógica, porque los niños sentirán el cambio abrupto de docentes y compañeros, y los docentes deberán asumir la sobrecarga de trabajo en grupos numerosos (en algunos casos, más de 40 alumnos y con alumnos desconocidos... ¡a esta altura del año!). Las fusiones significan la pérdida de cargos directivos y de maestros, hasta ahora en más de 15 escuelas. Los titulares que sean reubicados desplazarán a los provisionales, agravando la inestabilidad laboral y el caos educativo. La respuesta docente no se hizo esperar: el mismo día del paro nacional, un grupo de docentes y padres de 3 escuelas afectadas presentaron un petitorio a la Secretaría de Inspección reclamando que la medida quede sin efecto y comprometiendo al Suteba a apoyar la iniciativa de movilizarse el 14 al Consejo Escolar. Al día siguiente, los padres respondieron: convocados por los docentes de la Escuela 48, más de 60 padres resolvieron apoyar la movilización y similar situación se dio en la escuela 46. La fusión de grados pretende dejar aulas y salarios disponibles para la implementación del 8º año de la EGB (actual primer año de la secundaria) el año entrante. La destrucción de la secundaria se hace a expensas de la primaria. Este movimiento puede ser el portal de ingreso masivo de los primarios a la lucha contra la ley y la reforma educativas. Hay que seguir el ejemplo de las escuelas movilizadas: promover asambleas de padres y docentes para poner en pie comisiones de defensa de la escuela pública y establecer una coordinación entre los establecimientos.

La restitución por un año de la contribución del 1% sobre intereses y comisiones de operaciones bancarias, para financiar la obra social (ISSB), no mejorará las prestaciones médicas de los bancarios. El interventor del ISSB, Víctor Alderete, dirigente de la cámara patronal de la medicina prepaga, aclaró que el decreto de Menem fue “consensuado” con los banqueros, y tendrá vigencia sólo un año: “el dinero será utilizado para dejar la obra social en equilibrio dentro de 180 días y esto incluye la reestructuración del personal (contando con las indemnizaciones y despidos) ya que la nueva obra social deberá arrancar con 1.300 trabajadores” (El Cronista, 8/8). Bajo la gestión de Alderete (10 meses) se cortaron varias prestaciones médicas y la dotación de personal bajó de 6.000 a 4.000 empleados (ídem). Ahora, anuncian el despido de 2.700 trabajadores más. El apoyo de Zanola al decreto de Menem-Alderete indica que la burocracia está asociada con este ‘saneamiento’ y con los futuros negocios de la obra social ‘desregulada’, que implican el reemplazo de las actuales prestaciones por el Programa Médico Obligatorio (PMO), de prestaciones mínimas y elementales. Los trabajadores bancarios tienen planteada la lucha contra esta liquidación de su obra social. Ni un solo despido; que se abran las cuentas del ISSB a la investigación independiente de los trabajadores; defensa de la integridad de las prestaciones (contra la implantación del PMO); no al límite de un año del aporte; fuera la intervención gubernamental-zanolista; control del ISSB por los trabajadores bancarios.

El Senado, con el voto de la UCR en bloque (angelocistas y mestristas) y de cuatro representantes del PJ, aprobó la ley del clero sobre planificación familiar. El trámite fue una conspiración grotesca que viola hasta la propia Constitución provincial. Mestre vetó la ley original en el punto duramente objetado por el clero: “los métodos contra la concepción serán proporcionados gratuitamente por los servicios públicos de salud”. El Senado promulgó los artículos no vetados por Mestre y para “tratar de ocultar en lo formal la aceptación del veto...(incorporó) un artículo aclarando que el Senado no se ha pronunciado por el veto del Ejecutivo” (La Voz, 5/7). El rechazo al suministro gratuito de métodos contra la concepción es un ataque en regla a la mujer y a la familia trabajadora, que no pueden acceder al pago de un tratamiento o de un anticonceptivo. “Según estudios realizados por la Universidad Nacional de Córdoba, en los barrios carenciados el promedio de hijos por familia alcanza los ocho, mientras que en el Cerro de las Rosas (barrio pudiente por excelencia en la ciudad) no llega a dos” (La Voz, ídem). El proyecto original se planteó en oposición a la llamada ley Rezzónico, de la dictadura militar, que prohibía la prescripción de métodos anticonceptivos en los hospitales públicos, y como respuesta frente a la crisis social. En el Hospital Rawson de Córdoba, la cantidad de mujeres atendidas por infecciones producidas por abortos aumentó en un 90% entre 1984 y 1994, y en forma espectacular en los últimos dos años. Más del 80 % de esos casos correspondió a mujeres carenciadas que quedaron embarazadas por desconocimiento de métodos anticonceptivos o por la imposibilidad económica de acceder a ellos (La Voz, 9/4). Esta situación se repite en cada hospital provincial. El clero ya había obtenido, antes del veto de Mestre, que la ley obligue a los médicos a prescribir sólo “aquellos métodos anticonceptivos que carezcan de efectos abortivos y que no impliquen esterilización permanente”, prohibiendo el DIU (dispositivo intrauterino), que la iglesia impugna por su carácter abortivo (cuestión no demostrada científicamente). El DIU es el método más seguro (90%), más barato y con efectos secundarios menores a cualquier anticonceptivo hormonal, y controlable si existen controles periódicos. Final: la mujer trabajadora o desempleada seguirá exponiendo su vida con cada aborto no querido, pero cada mujer pudiente o rica podrá seguir contando, previo pago, con un aborto en condiciones y métodos anticonceptivos apropiados. Esta ley, vaciada hasta la caricatura por el clero, antes de la metida de mano final de Mestre, tuvo el apoyo de la UCR, el PJ y el FREPASO, es decir, de toda la Legislatura. La iglesia convirtió su oposición al proyecto en una verdadera campaña de reacción política y en una prueba de fuerza. Denunció que el proyecto “facilita la sexualidad extra matrimonial siempre irresponsable, atacando frontalmente a la institución familiar”(La Voz, 21/4) y dedicó el penúltimo fin de semana de abril a una “jornada de agitación”, desde los púlpitos de todas las iglesias y parroquias de la provincia, contra la “planificación familiar”. La iglesia volvió a proclamar, “en defensa de la institución familiar”, la barbarie para la “institución familiar” de los explotados, la mujer en primer lugar. La sanción de la ley de “planificación familiar” es, a la vez, una lección sobre la democracia capitalista. Solemnemente, “se derogan los artículos de la ley de la dictadura que prohíben la prescripción de cualquier método anticonceptivo no natural”, y al mismo tiempo, se prohíbe su suministro gratuito. Sólo quien sea parte del “mercado” podrá “planificar” su familia.

De manera i-na-pe-la-ble, el paro del 8 ha puesto de manifiesto no solo la voluntad de movilización de los trabajadores sino la decisión de ir a una lucha decisiva contra el régimen. En porteño, en cordobés, en correntino, en las ollas o en las movilizaciones hubo un solo reclamo unánime: paro activo nacional, ‘argentinazo’, plan de lucha. Es la fuerza masiva y la disposición de lucha que reveló la huelga lo que hace temer al gobierno no ya una derrota electoral en el 97, sino el ‘acortamiento’ de su mandato bajo la presión conjunta excepcional del hundimiento del ‘plan’ y la movilización de los explotados. El paro y las movilizaciones “sorprendieron”, por su magnitud, a los convocantes, según se desprende de las propias declaraciones de los dirigentes sindicales de las tres “centrales” sindicales. En todos los casos, como se puede apreciar en las crónicas del paro, el activismo tomó la huelga en sus manos pasando por encima de la parálisis de la burocracia. Organizó asambleas donde no las había, peleó la concurrencia a las ollas o a las concentraciones y cuando no podía salir de los barrios, por falta de transporte, se quedó allí a organizar los desocupados. Piquetes de huelga, corte de rutas, movilizaciones políticas de masas. El activismo desplegó una amplia iniciativa con buen eco en la masa del movimiento obrero. Los miles que se movilizaron no pudieron contar entre sus filas a otras decenas de miles por la ausencia de un paro activo nacional y de una movilización única que le diera impulso a la jornada. Pero esta perspectiva, la de un paro de 36 horas con marcha a la Plaza de Mayo, es la que el movimiento obrero ha plebiscitado allí donde pudo deliberar y expresar una opinión. Porque fortalece a la clase obrera y los explotados frente a un gobierno débil y desconcertado, el paro del 8 es una victoria popular. Por su carácter militante, por el florecimiento de un activismo que estuvo dispuesto a garantizarlo, el paro continúa la serie de movilizaciones populares que fueron demoliendo a Cavallo —Cutral Có, Transportes del Oeste, desocupados. Los ‘puentes’ de la CGT se hunden En la conferencia de prensa posterior al paro, Gerardo Martínez dijo: “somos dialoguistas pero no vamos a ceder más”. Naturalmente, mintió: • dos de los “diputados gremiales” presentaron un proyecto para que se mantengan las asignaciones familiares solo por hijo y la ayuda escolar anual y se las elimine completamente para los que ganan mas de 1.500 pesos, lo que no es otra cosa que una legalización de los decretos antisalariales. “Esta iniciativa, aseguró José Luis Castillo, será presentada para su discusión en el seno del Consejo del Trabajo y del Empleo ...con la asistencia de representantes de la CGT, que volverían a ese órgano consultivo tras el paro del pasado jueves” (La Voz del Interior, 13/8) • Juan José Zanola, de la Asociación Bancaria, selló un pacto con el gobierno por el cual la banca restituye por un año el aporte al Instituto de Servicios Sociales Bancarios a cambio del despido masivo de trabajadores del Instituto y la implantación del PMO —que significa la reducción brutal de los servicios. • La CGT se llamó a silencio ante el plan de destrucción del PAMI y de liquidación de los servicios a los jubilados. Pero no bien la burocracia sindical había tendido estos puentes con el gobierno para rifar la enorme victoria popular del paro del 8, la propia crisis la colocó a la deriva. No había logrado acordar la legalización de los decretos antisalariales, cuando se le vino encima el aumento de los combustibles, de las tarifas, la elevación en cinco años de la edad de jubilación para las mujeres y la eliminación del aporte patronal al PAMI, todas medidas del ‘paquetazo’ al que el gobierno se vió obligado para detener la huída de capitales y que a la vez no está en condiciones políticas de imponer. La CGT está a la deriva, porque el gobierno se disgrega y la reacción popular ante los decretos antisalariales y el ‘paquetazo’ amenazan propagarse en el marco de la crisis política. Paro activo ya “La CGT amenaza con impulsar un paro nacional, esta vez de 36 horas (para) la segunda quincena de setiembre” (ídem). Pero aún esta nueva tregua está en crisis por la envergadura del ataque lanzado por el gobierno y el “plebiscito” de los trabajadores reclamando el paro activo ya. Según Pagina 12 el CTA considera que “un nuevo paro de 48 horas sería una opción de cuarta luego de esta huelga” (10/8). En el acto de Rosario, Paulón planteó que la continuidad de la lucha debía darse a través de un “paro comunitario” junto a la “pequeña producción”, lo que significa abandonar o desnaturalizar los reclamos obreros en función del frente “social” y abandonar la consigna de un paro activo immediato de las organizaciones obreras. El CTA no quiere levantar un programa de reivindicaciones porque acentuaría la lucha de clases y llevaría a la ruptura con sus aliados patronales. Pero esta política del CTA también está a contramano de la crisis y de la iniciativa que ha tomado el movimiento obrero en la situación política. Por eso De Gennaro no pudo responder en Avellaneda a los reclamos en favor de un plan de lucha y Marta Maffei (CTERA) pareció hablar de otro país al plantear como perspectiva “comenzar a votar otras cosas”, es decir olvidarse de la feroz lucha actual por la subsistencia y que los trabajadores sean, una vez más, carne de urna de un relevo capitalista. Lo que el activismo debe apreciar es que se ha abierto un período excepcional para actuar y que “para la nueva etapa proponemos: reivindicaciones, lucha, organización”. Una movilización sin reivindicaciones no tiene la posibilidad de triunfar, por definición. Es la hora de traducir en un programa, encabezado por la derogación de los decretos antisalariales y el reclamo de paritarias por industria, la acción a desplegar por el movimiento obrero. Levantar el reclamo del inmediato paro activo de 36 horas y autoconvocar asambleas, plenarios abiertos de delegados y activistas, coordinadoras para extender el espíritu de movilización y las posibilidades de mayor organización de los explotados.

Para el 14 de setiembre próximo, la Unión de Juventudes por el Socialismo ha convocado a un Encuentro de Estudiantes Técnicos de la Capital y el Gran Buenos Aires. El llamamiento del Encuentro es una de las tareas preparatorias del Congreso Nacional por la organización masiva de la juventud, que se realizará el 12 y 13 de octubre próximos. El propósito del Encuentro es debatir el significado del actual movimiento de lucha en defensa de las escuelas de formación técnica, que el gobierno pretende liquidar como parte del proceso de desmantelamiento del conjunto de la escuela media que impone la llamada “ley federal de educación”. ¿Por qué destruyen las escuelas técnicas? La sustitución de las viejas ENETs por la variante de la llamada “enseñanza polimodal”, expresa en forma concentrada el carácter de la reforma educativa oficial. La formación del estudiante, en un oficio y con una calificación adecuada al ejercicio de un conjunto sistemático de labores en el proceso de producción, queda ahora completamente suprimida. En su lugar, se rebaja la ‘educación’ a una serie de conocimientos ‘diversos’, inconexos, sin especialización alguna y de tipo “instrumental” (según las palabras de los propios documentos oficiales). El dominio de un área determinada, de manera integral, por parte del técnico respectivo, es reemplazado por un saber desarticulado y de corto alcance. Por eso mismo, no habrá títulos, que son los que consagran la habilitación profesional, sino “certificados analíticos”, que no son más que la constancia de una serie de materias rendidas sin finalidad específica. A este engendro se lo llama ‘polimodal’ o ‘polivalente’ —literalmente, de valores múltiples—, pero se trata exactamente de lo opuesto: de una educación que se degrada, que carece de valor formativo y cultural, que no aproxima sino que aleja a la juventud de la comprensión del desarrollo del conocimiento, la ciencia y la técnica modernos. El estudiante ‘polivalente’ sí tiene mucho valor para los explotadores capitalistas, porque es mano de obra barata, que puede ser trasladada de un lado para otro. Esto es lo que determinan todos los ‘modernos’ convenios de trabajo, que establecen, justamente, como trabajador “modelo”, al ‘polivalente’ con un salario de 1 peso a 2 pesos por hora. Sin escuela y sin trabajo Naturalmente, al privar a los estudiantes de un título, se les quita oportunidades de trabajo, y se fomenta el desempleo y la miseria social de la juventud que pretende acceder al ‘mundo del trabajo’, una de las mayores truchadas con las cuales se pretende justificar la barbarie educativa en marcha. La reforma que dice justificarse en la necesidad de “unir la escuela, la producción y el trabajo”, es la política que nos está dejando sin escuela, sin producción y sin trabajo. Demuestra los límites insalvables de la política capitalista. Al revés, preparar a la juventud para el trabajo y para la vida, significa plantear las reivindicaciones respectivas en completa oposición a la actual reforma educativa, comenzando por el reclamo común que plantean las manifestaciones de los docentes y alumnos de las escuelas técnicas de todo el país: No a la destrucción de las ENETs, impedir la eliminación de los títulos técnicos, suspensión de la aplicación de la ley de educación hasta su completa derogación. ¿Educación y trabajo? Que se permita a los jóvenes trabajadores disponer de 4 horas para el estudio, sin afectar su salario. ¿Educación y trabajo? Que se permita a los estudiantes un real aprendizaje en las fábricas bajo el control de las organizaciones docentes y estudiantiles y no que las “pasantías” sean la excusa para la mera superexplotación del joven en tareas rutinarias y embrutecedoras. ¿Educación y trabajo? Que se garantice una beca de 500 pesos por mes a todo joven desocupado, para que pueda prepararse, mientras los capitalistas y su gobierno le niegan el elemental derecho al empleo. Organización y lucha El Encuentro de Estudiantes Técnicos convocado por la UJS, entonces, se plantea como una instancia de debate, propuestas y formulación de reivindicaciones para la lucha imprescindible. La misma lucha que recorre el país con protestas, marchas, pronunciamientos, campamentos en las plazas públicas (como recientemente en San Martín, provincia de Buenos Aires), que nuclean a miles de estudiantes y docentes. Una instancia que forma parte de la puesta en pie de una organización de masas de la propia juventud, para enfrentar a este régimen, que entrega el presupuesto educativo al pago de la banca usurera, el FMI y el gran capital. La convocatoria está lanzada: a formar comisiones en los colegios, plantear todos los reclamos, aportar propuestas de lucha y movilización. Está en marcha el Encuentro de Estudiantes Técnicos. Está en marcha el Congreso Nacional por la organización masiva de la juventud. Es la convocatoria de la UNION DE JUVENTUDES POR EL SOCIALISMO.

Después de la “multitudinaria” asamblea del 23 de junio (ver PO nº 500), la lucha que el barrio Independencia emprendió contra la miseria en general, y los cortes de luz, en particular, siguió un curso definitivamente ascendente. Una importante movilización, el miércoles 26, logró arrancar a Edenor el compromiso de mantener la provisión de electricidad para 250 familias empadronadas por la Comisión, e iniciar inmediatamente la búsqueda de una solución definitiva “para todos”. La Municipalidad prometió, además, gestionar en forma urgente ante la gobernación, una entrega adicional de alimentos y medicamentos. Otra asamblea, muy numerosa, el sábado 29, tomó una fundamental resolución: mandató a la Comisión a impulsar la elección de delegados por manzana. Los “cortes”, aunque tímidamente, continuaron. El 8 de julio, la Comisión envió una nueva carta al intendente reclamándole el cumplimiento de lo pactado. El clima se ‘calienta’ El miércoles 10, el propio secretario de Gobierno, Salar, y el secretario de Acción Social, Carpenter, ‘bajaron’ para entrevistarse con la Comisión: 350 vecinos, embarrados hasta el cuello, ocuparon el terreno aledaño a la “salita” para recibir a las autoridades. El clima ‘calentito’ que pudieron percibir, a pesar del frío intenso y la lluvia de ese día, los convenció de la inconveniencia de dilatar las cosas. Se ratificó el compromiso de mantener el servicio sin pago para los 250 empadronados. Y que en los próximos días habría una propuesta general. Acción Social distribuyó allí mismo 250 bolsas de provisiones y se comprometió a ampliar la lista en 60 más “para empezar”. Esta respuesta modestísima, arrancada con la presión de la movilización, significó una victoria y un importante “poroto” para la Comisión. Cortar por lo sano La insistencia de muchísimos vecinos, en las propias barbas de la comitiva municipal, para que “la Comisión continúe con la elección de delegados”, reveló la voluntad generalizada de “seguirla”... y alertó sobre la necesidad de “parar esto acá”. Aún quedaba pendiente la adjudicación de las chequeras para los próximos retiros de alimentos, convenida para el lunes 15. Durante toda la semana siguiente se sucedieron los desplantes, al tiempo que se desató una intensa campaña de intimidación por parte de los punteros contra los delegados. Otra numerosa asamblea resolvió, no obstante, marchar nuevamente al edificio municipal. Un dirigente de la Comisión fue emboscado, mientras recorría los pasillos, por dos matones armados que después de despojarlo del megáfono le advirtieron en inequívoco lenguaje: “Córtenla, zurdos, porque les va a salir mal”. Alrededor de 100 vecinos invadieron ese mismo día el despacho de un visiblemente sorprendido y molesto secretario de Gobierno para denunciar el ataque y exigir la entrega de las chequeras adeudadas. “Hay un problemita técnico —explicó el funcionario después de algunas consultas— que se resolverá en unos días”... Y en compensación ordenó la distribución de una nueva partida de alimentos. Conclusiones de una reunión Mientras en la superficie se ha instalado una tregua precaria, en las calles del barrio los ‘delfines’ municipales se han lanzado a una carrera por recuperar el control. Por su parte, la Comisión continúa con la tarea de empadronamiento (hay ya casi 900 inscriptos). Una importante reunión a la que asistieron unos veinte compañeros (el núcleo más activo) extrajo algunas conclusiones de valor. La común impresión es que si bien todo este proceso ha extendido la influencia de la Comisión de Desocupados, le ha dado una considerable autoridad, es imprescindible ubicarlo en su perspectiva correcta. Limitar nuestra actividad a determinados reclamos parciales o reivindicaciones inmediatas equivaldría a transitar por un callejón sin salida. La lucha por esas reivindicaciones (que no deben descuidarse) debe ser colocada como un aspecto del programa general, encabezado por la consigna: seguro de 500 pesos. Explicar esto mediante un boletín, retomar la agitación sobre otros barrios, darle un impulso sustancial a la campaña sobre los medios (ya se ha empezado a hacer), participar activamente de la marcha del 26 y del paro del 8 y, por último, realizar —la fecha que se barajó fue el 17 de agosto— una “locreada” masiva invitando a otras Comisiones, son algunas de las resoluciones.

A principios del mes de julio, se celebró en Mar del Plata una reunión extraordinaria del Consejo Superior de la UBA. Lo verdaderamente ‘extraordinario’ de la reunión fue, sin embargo, que formalizó un acuerdo entre los decanos radicales y el menemismo, en los términos dictados por el Banco Mundial. Con el visto bueno del menemista Ferreira (decano de Medicina), la reunión aprobó el proyecto de “reforma de la UBA” impulsado por Schuberoff y resolvió ponerlo en marcha a partir del ’98. El acuerdo alcanzado es sólo parte de una estrategia más general de radicales y peronistas, por lo que Ferreira declaró: “hubo un acercamiento con el Rectorado y en el futuro habrá más” (Página 12, 10/7). Destrucción general La “reforma de la UBA” consagra la destrucción de los estudios universitarios, al reducir las carreras a 4 años, los que a su vez serán divididos en dos ciclos de dos años cada uno. El primer ciclo, llamado de “base”, es una especie de CBC pero duplicado, ya que es de “formación general”, o sea, una excusa para dilatar el ingreso a las facultades (ése es el propósito del CBC) y depurar la matrícula estudiantil antes del ingreso a las carreras. Por su parte, el segundo ciclo de dos años, que será de formación específica, vendrá a reemplazar a las actuales carreras de... 5 años. Como es evidente, el segundo ciclo “no podrá reemplazar la formación de las carreras vigentes”, por lo que la “reforma” contempla la incorporación de un “tercer ciclo” de posgrados, los cuales son arancelados (actualmente, en la UBA, cuestan alrededor de 300 pesos mensuales) y restrictivos. A los participantes de la “reunión extraordinaria” de Mar del Plata no se les escapó ni un detalle para asegurar el carácter limitacionista de la “reforma”. Según informa La Nación del 10 de junio, “el decano Ferreira consiguió, a último momento, la inclusión de una cláusula clave: serán las facultades, y no la UBA ni el Consejo Superior, las que tengan el control académico de cada uno de los ciclos que componen la reforma”. Con esta medida, cada facultad podrá manejar directamente su ingreso, teniendo el camino libre para implementar materias filtro y demás medidas limitacionistas. A su vez, esta resolución cumple otra reivindicación del conjunto de los decanos (no sólo de Ferreira), que es el manejo directo de los fondos presupuestarios que antes se dirigían al CBC y que eran controlados por la Universidad. Los CPI se generalizarán a toda la UBA, pero esta vez de la mano de los rectores radicales y centroizquierdistas. Ahora se comprende por qué Ferreira mostró una amplia satisfacción por el resultado de la asamblea y lo consideró un triunfo político de sus posturas (La Nación, 10/7). La política impulsada por Schuberoff acarreará, sin embargo, una disgregación mayor de la UBA como universidad, ya que ésta no tendrá un sistema de ingreso único ni un control sobre los ciclos, que serán determinados por cada facultad. Esta política está en la línea del requerimiento del Banco Mundial, que apoya esta mayor ‘autonomía’, porque le permite realizar negociados directamente con las facultades sin la mediación de la burocracia que maneja el aparato de la Universidad. La política de la FUBA La FUBA (incluido el Frepaso y el Ptp) apoyó desde un comienzo la política impulsada por el rector Schuberoff. Sin embargo, en la reunión de Mar del Plata, ésta se negó a firmar el documento final por no contener “los principios democráticos básicos”. Cuando muchos diarios y analistas caracterizaban que estábamos en presencia de una crisis en las filas del radicalismo... la solución llegó. Esta se produjo cuando, de vuelta de “La Feliz”, el Consejo Superior de la UBA aprobó una resolución presentada por la propia FUBA, que afirma que “el proceso de reforma integral de la UBA se elaborará en el marco de la actual (sic) vigencia de los principios” (La Prensa, 11/7). La perfidia de la FUBA no tiene límites, ya que “bajo la vigencia actual de los principios” en la UBA, la privatización está en aumento, como lo demuestra la “venta de servicios” y los contratos con empresas privadas (UBATEC), así como el limitacionismo creciente en el ingreso, ejercido con el CBC. La adaptación de la dirección de la FUBA a la política ‘educativa’ del gran capital es un camino sin retorno. Es necesario un cambio de política, para lo cual hay que clarificar la actual situación, dotarse de un programa y de una organización. La UJS llama a desarrollar una campaña contra esta reforma reaccionaria, formando comités de lucha, cuerpos de delegados, para oponerse a la reducción de las carreras; por la gratuidad de los posgrados; el ingreso irrestricto; el aumento del presupuesto educativo, administrado por docentes y estudiantes; la defensa de la planta docente. Es necesario un congreso de base de la FUA y la CONADU, que decrete la huelga docente-estudiantil por este programa.

El octavo interventor de Menem en el PAMI se llama Alejandro Bramer Marcovic. Es actual director ejecutivo del ANSES y junto con su colaborador Angel Perversi (ex-Bunge y Born) y sus escoltas, las consultoras Arthur Andersen y Mc Kinsey, son agentes de un grupo empresario que se está “posicionando” en el negocio de la privatización de las obras sociales. Estos pillos han entrado ‘teatralmente’ al PAMI, despidiendo a 50 jerárquicos y presentándose como cruzados contra el “escándalo” de “desaguisados”, “anarquía” y “corrupción” que reina en la obra social. Apoyados en un costoso operativo de prensa, que lidera Neustadt y acompañados por un “grupo SWAT” de jóvenes expertos (La Nación, 8/8), sus principales denuncias recaen sobre el personal del Instituto que estaría sobredimensionado, ocioso, faltador, politizado y con una cantidad de delegados que llega al 5% del personal y que cuestan 20 millones anuales (ídem). Y contra los jubilados afiliados, 30.000 de los cuales estarían afiliados, también, a otras obras sociales. Es decir, que los trabajadores y los jubilados serían los grandes culpables de la ‘crisis’ de la obra social. Y obviamente, los cañones se dirigirán sobre ellos. Esta amalgama desordenada de denuncias pretende ocultar las verdaderas causas de la crisis del PAMI, que no empezó ahora, con la cesación de pago de 90 millones a las farmacias. El PAMI era ampliamente superavitario, recaudaba 3.100 millones anuales y gastaba 2.700 millones. Fue Domingo Cavallo el que, en enero del ´95, incorporó el PAMI al presupuesto nacional, fijándole un techo de 2.400 millones de gasto, para embolsarse los 700 millones de diferencia. Además, le endilgó un gasto extra: 540 millones anuales de subsidios a la pobreza, para obligarlo a reducir en un 20% los gastos de la propia obra social (Clarín, 8/8). Este achique del presupuesto del PAMI por vía estatal, ilegal, porque se trata de un ente no gubernamental financiado con aportes de jubilados y trabajadores, se agravó con la rebaja de los aportes patronales. Con lo cual, hubo una transferencia de los fondos del PAMI al bolsillo de los capitalistas. Su inevitable contrapartida fue la reducción de las prestaciones. En el propio decreto menemista 292/95, que redujo los aportes patronales a la seguridad social, se estableció en 36 pesos la cápita para los jubilados, que era de 57 pesos en el PAMI en ese momento. Y se liquidaron las prestaciones de turismo, al transferirlas, sin fondos, a la Secretaría de Turismo. A partir de allí, el desfinanciamiento progresivo redundó en todo tipo de recortes de subsidios económicos, medicamentos sin cargo para carenciados, vacantes en geriátricos, programas de asistencia domiciliaria y prestaciones médicas. Este verdadero vaciamiento del PAMI, en beneficio de los intereses capitalistas y a costa de la salud y la vida de los jubilados, trata de ser ocultado, por los propios liquidadores, bajo la forma de una campaña contra los trabajadores y jubilados, que aparecen como los chivos expiatorios. Fuentes gremiales del Instituto, consultadas por Prensa Obrera, informaron que la masa salarial de la entidad no llega al 8% del presupuesto y que la relación empleados-afiliados es de las más bajas que se conoce en obras sociales: un empleado cada 300 a 400 afiliados. El sueldo de los delegados gremiales rentados, agregaron, cuyo número está muy lejos de lo denunciado, lo pagan los sindicatos (fuente: Unión de Trabajadores del Instituto). No hay mayores ‘ñoquis’ que estos interventores que cobran sueldos astronómicos (19.000 dólares Perversi en el ANSES), para echar trabajadores y reventar a los jubilados. El Partido Obrero propone: fuera la intervención del PAMI, ningún despido, defensa integral de las prestaciones, apertura de las cuentas e investigación por parte de los jubilados. Dirección del PAMI por parte de sus aportantes y beneficiarios, jubilados y trabajadores.

La carrera de Psicología se encuentra hoy formando parte de la Facultad de Humanidades de la UNLP. Psicología fue cerrada durante la dictadura militar y solamente fue reabierta por la movilización estudiantil al producirse el cambio de régimen político. Quedó pendiente, sin embargo, el “pase a Facultad”, o sea su funcionamiento independiente. Ahora y en el marco de la implementación de la Ley Universitaria del Banco Mundial, ha tomado estado público el proyecto de convertir a Psicología en “Escuela Superior”. Esto significa transformarla en una carrera de menor rango institucional que el actual, con consecuencias directas sobre la validez de su título y su nivel académico. Esta degradación no es una ilusión del ‘imaginario popular’ (frase que ha sido echada a correr por los pasillos de la Facultad desde el Decanato). Es una cuestión tangible y forma parte de la política expresada en la ley de educación menemista que disuelve la Educación Superior equiparando a las Universidades con los Institutos Terciarios. Al mismo tiempo y más en el caso de Psicología (como el de Trabajo Social) esto empalma con la política general del gobierno de destruir la Salud y el Hospital Público. De acuerdo a averiguaciones efectuadas por el sindicato de docentes, el ‘proyecto’ de creación de la “Escuela de Psicología” tiene un tufillo a negociado: la compra de un ‘edificio propio’, que se ofrece como zanahoria, está tremendamente sobrevaluada. Psicología debe movilizarse ahora por el pase a Facultad (como ya lo hizo Trabajo Social ante un ataque emparentado con el que sufre Psicología), por el edificio propio y en defensa del Título. La UJS plantea que la comisión de Psicología y el Centro de la Facultad de Humanidades convoquen urgentemente a Asamblea.

El Instituto de Servicios Sociales de Seguros publicó un cuadro comparativo entre las prestaciones actuales que brindan las obras sociales y las que se cubrirán a partir de la implantación del PMO, en enero próximo, que reproducimos. Del cuadro surge claramente que el PMO suprime un conjunto de prestaciones médicas que deberán ser pagadas, en adelante, por los propios trabajadores, y en otros casos implica una mayor arancelización de los actuales servicios. La burocracia, en todas sus fracciones, apoya el PMO y el plan del Banco Mundial, para “eficientizar” las obras sociales, a costa de la salud de los trabajadores. El PO plantea: defensa de la cobertura universal, fuera el Banco Mundial de las obras sociales, plan único integral de salud, bajo control de los trabajadores.

Mientras que nuestra campaña se acerca ya a las 4.000 suscripciones, se hace sentir, a través de la venta de la prensa, la nueva situación política que se ha creado con la caída de Cavallo y el formidable paro del 8. En las distintas movilizaciones de la jornada del 8 se realizaron piqueteos que concitaron el interés del activismo, que ve la enorme crisis política desatada, que ve al gobierno a la deriva de los acontecimientos, pero que necesita de una orientación y de un programa propio para no quedar entrampado en la pose ‘combativa’ de los burócratas de siempre. En los actos de la zona Sur del Gran Buenos Aires, se vendieron 120 periódicos; más de 20 se colocaron en la olla de la Plaza San Miguel; 75 en dos jornadas en Córdoba; 14 en la terminal de Morón, a la salida de la caravana; 12 en la Plaza San Justo, de La Matanza. También se colocaron periódicos en las ollas de Capital, en la Plaza Caseros, en la movilización de Rosario, Tucumán, Salta, etc. Se está abriendo una nueva perspectiva política para el movimiento obrero. La alta colocación en mano de nuestra prensa y el sostenido avance de las suscripciones indican una clara avidez hacia las posiciones de lucha y a la búsqueda de un norte político. Esto nos plantea redoblar los piqueteos del periódico en fábricas, colegios y barriadas, para fortalecer esta perspectiva.

Bajo el sugestivo título de “Siete obras sociales van hacia el ajuste”, el diario Ambito Financiero (18/7) informa que el gremio que nuclea a los trabajadores de prensa de Buenos Aires (UTPBA) se encuentra entre los siete primeros que adhirieron al “Programa de Reconversión de las Obras Sociales” (PROS) del Banco Mundial... Los otros seis gremios son: bancarios; de estaciones de servicio y garajes; de la industria del gas; del personal gráfico; de correos, telégrafos y comunicaciones, y del cartón, papel y químicos. Consecuencias ¿Qué implica esta adhesión inconsulta de los dirigentes de la UTPBA al programa del Banco Mundial? La llamada ‘desregulación’ de las obras sociales representa la eliminación de la actual cobertura universal de salud (igual para todos los trabajadores y sus familias, al margen del sueldo que perciba cada uno, sin períodos de carencia) y su reemplazo por el llamado PMO -Plan Médico Obligatorio. Este PMO consiste en una prestación básica mínima, con la pérdida de varios servicios, por lo que el afiliado deberá pagar aportes extras para poder recibir servicios ‘adicionales’. Automáticamente, habrá prestaciones de salud diferenciadas de acuerdo a los ingresos: planes básicos, de primera, de segunda, de tercera, según tarifas o cuotas mensuales que estarán en función del sueldo del afiliado, del número de integrantes familiares, de sus edades, del riesgo médico, etcétera. La mujer trabajadora, por ejemplo, deberá pagar un plan más caro (por el ‘peligro’ del embarazo), así como pagará más caro el trabajador con hijos que el soltero. La UTPBA es una adelantada en la arancelización de la OSTPBA, a través del pago de extras y plus a los médicos, laboratorios y clínicas, y más brutalmente aún a partir de la formación de la Mutual de Prensa. Ahora busca meterse de lleno en el negocio de la medicina privada, de la mano del Banco Mundial. Bancarrota Para llevar adelante este programa, el Banco Mundial le dará un préstamo a la UTPBA para “encarar la reorganización de su estructura operativa”, lo que anticipa más despidos en el plantel de trabajadores de la OSTPBA. Pero no sólo eso: “... el PROS constituye el primer paso de la reforma del sistema de salud”, y “Dentro del préstamo otorgado por el BIRF (Banco Mundial) hay una partida de 25 millones de dólares destinada a financiar la asistencia técnica necesaria para llevar a cabo la reconversión de las entidades de salud”, lo que significa, en buen romance, que el PROS es un instrumento al servicio de “la fusión entre las obras sociales”. El Banco Mundial cobrará el préstamo a través de “un mecanismo automático de repago, por el cual cada cuota del préstamo será cancelada mediante un sistema de retención”, por parte de la DGI, de la recaudación de la OSTPBA. Es decir, la obra social queda hipotecada y será un rehén del Banco Mundial. Defender la Obra Social La conducción de la UTPBA debe responder por semejante conducta ante la base del gremio. La LISTA NARANJA DE PRENSA exige la convocatoria de una Asamblea General. Abajo los decretos 292 y 492 de privatización de la salud. Fuera las manos del Banco Mundial. Auditoría abierta de la Obra Social a representantes de los trabajadores, responsables ante la Asamblea General. Investigación de los contratos con clínicas, sanatorios y laboratorios. No al PMO (Programa Médico Obligatorio) y a la arancelización. Por un plan de lucha en defensa de una cobertura médica universal, integral y solidaria. Fuera los responsables del actual vaciamiento de la OSTPBA.

1º de Agosto de 1996 De nuestra mayor consideración: Queremos informarles que el 17 de julio pasado la Dirección de nuestro colegio recibió telefónicamente una amenaza de bomba, por lo que desalojó el edificio y llamó a la policía. Al día siguiente, nos enteramos que los policías no encontraron ninguna bomba, pero arrancaron de las paredes y de la cartelera los afiches que habíamos pegado publicitando una charla-debate sobre “Derechos humanos y represión”. Dicha charla había sido organizada por la LISTA NARANJA del Centro de Estudiantes a la cual pertenecemos, el día 7 de julio, y asistieron a ella personalidades relacionadas con derechos humanos. Pero eso no fue todo. Además de llevarse los afiches, la policía se encargó de averiguar en la preceptoría qué significaba esa charla-debate, qué era la LISTA NARANJA, quién la dirigía y quiénes la integraban. Cuando se fueron, con los afiches bajo el brazo, dijeron que volverían por ese tema en particular. Desde la LISTA NARANJA venimos haciendo todo un esfuerzo militante en defensa de los derechos democráticos dentro del colegio y denunciando los casos de persecuciones a los dirigentes obreros y el accionar de la policía de gatillo fácil y la represión en general. Creemos que nuestro accionar irrita a las autoridades del colegio y pretenden presionarnos para que nos callemos. Hace unos días, las autoridades llamaron a la policía para desalojar la vereda del colegio, donde generalmente nos estacionamos los alumnos. Al llegar la patrulla, se llevó en forma violenta para “averiguación de antecedentes” a tres chicos que esperaban pasivamente que sus hermanos salieran de los cursos. Esta situación, ligada al tema de la bomba y a nuestra actividad como LISTA NARANJA, nos hace pensar que existe una campaña de intimidación hacia nosotros y hacia los alumnos del colegio en general. Por otra parte, no descartamos la posibilidad de que la falsa amenaza de bomba no haya sido más que una maniobra de alguna autoridad de la escuela para meter a la policía dentro del establecimiento. Por todo esto es que recurrimos a ustedes y por su intermedio a todas las organizaciones que se declaran democráticas a pronunciarse solidariamente con la LISTA NARANJA, repudiando estos hechos y dando de esta FORMA la pelea para que no se repitan. Los pronunciamientos deberán ser dirigidos a la Sra. Directora de la Escuela de Educación Media Nº 2 “Hernando Arias de Saavedra”, Carlos Casares 3979, San Fernando (Pcia. de Buenos Aires) o al fax 714-3232. Las copias de las notas deben enviarse al telefax: 781-2979 (Darío)

PO: ¿Cuál es tu caracterización sobre el desenlace del conflicto por los despidos? J: El conflicto, si bien no cubrió ni siquiera el 50% de lo que nos habíamos propuesto toda la gente de Ciadea, que era que ingresaran los 152 despedidos, yo creo dimos un paso adelante con las movilizaciones y dimos un paso atrás al aceptar la propuesta de la empresa de reincorporar sólo a la mitad. Esto debe servir para no dejar que nos pase lo mismo de los despedidos con la privatización de Mantenimiento y el traspaso del personal a la Polimon. Creo que no va a volver a suceder, porque la gente es consciente de que la empresa no puede avanzar si no firmamos el traspaso y nadie quiere firmarlo. PO: Ahora se ha iniciado un conflicto. J: Primeramente hay un quite de colaboración en Mantenimiento, que lo pidió la gente y el gremio accedió. Luego se pidió una asamblea y tuvieron que acceder. El sábado se hizo una asamblea con unos 230 trabajadores de Mantenimiento, donde se ratificó el quite de colaboración hasta el miércoles o jueves, donde el gremio tiene que sacar un volante y explicar la situación a todos los trabajadores de Ciadea, para hacer el quite toda la planta. También el plan de lucha consiste en no acceder a los pedidos de la gente de Polimon en cuanto al relevamiento de máquina o ayuda; nadie va a responder a estos pedidos. La tercerización en Ciadea puede afectar no sólo a los trabajadores de Mantenimiento, o de Ciadea, sino que puede ser el comienzo de la caída de todas las otras empresas. PO: ¿Cómo ves la propuesta de un plenario de delegados y activistas acá en Córdoba? J: Yo creo que no está de más, que es necesario para que los trabajadores tengamos un control sobre las movilizaciones, todas las acciones para que los trabajadores no salgamos perdiendo, porque si no tenemos bien organizado el plan de lucha, no podemos avanzar.

Mientras 21 cañonazos de salva saludaban en Moscú la ‘reasunción’ de un visiblemente enfermo Boris Yeltsin, otros cañonazos —mucho más reales— retumbaban en la lejana Grozny, capital de Chechenia. Es que para ‘acompañar’ la reelección de Yeltsin, las milicias independentistas chechenas lanzaron un ataque fulminante que las llevó a reconquistar, en apenas cuatro jornadas de lucha, las tres principales ciudades chechenas. En Grozny, las milicias ocuparon la comandancia militar rusa, el cuartel de los servicios de seguridad (ex KGB) y el del Ministerio del Interior, además de la sede del ‘gobierno checheno’ títere de Moscú. Las bajas rusas se cuentan por centenares y, según el propio comando ruso, “la situación está completamente fuera de control” (Clarín, 10/8). El ‘segundo término’ de Yeltsin debuta, así, con “la peor derrota desde 1994” (Le Monde, 9/8), cuando las tropas rusas invadieron la pequeña república caucasiana que reclamaba su independencia. En su ‘retorno’ presidencial, Yeltsin no pudo cumplir con su principal promesa electoral: el fin de la guerra en Chechenia, como consecuencia de los golpes propinados a los independentistas durante la ofensiva rusa de julio, en la que fueron bombardeados pueblos y aldeas enteros, causando miles de muertes civiles. Tampoco pudo cumplir la segunda: que los sueldos serían pagados puntualmente. Por eso, la ‘reasunción’ de Yeltsin coincide con la tercera semana de una enorme huelga minera en el Extremo Oriente, que amenaza con convertirse en una huelga minera nacional en las próximas horas. En la región de Vladivostok, desde hace ya más de veinte días, 10.000 mineros paralizaron las minas de carbón en reclamo del pago de los salarios atrasados (que alcanzan a seis meses). Con el mismo reclamo, acaban de entrar en paro los mineros de la región de Rostov (en el sur de Rusia), los de Vorkuta (en el Artico) lanzaron una huelga de preaviso, y los del Kouzbass están realizando asambleas para votar la huelga. El atraso salarial en todas las ramas de la economía – 6.000 millones de dólares para salarios que, en promedio, no alcanzan los 200 dólares mensuales– amenaza con provocar una explosión de huelgas y revueltas populares en todo el territorio ruso. Por eso, el ex candidato comunista Guennadi Zyuganov advierte que “la radicalización de la situación en el plano social con las huelgas en las minas... puede provocar una reacción en octubre-noviembre” (ídem). La agitación social tiene lugar en un cuadro de anunciado derrumbe económico. “La crisis bancaria y fiscal se agrava” (Le Monde, 9/8) y todos anuncian una “inminente depresión económica” (Clarín, 9/8). El banquero y ex candidato presidencial Gregory Yavlinski advierte que “en los próximos meses, Rusia podría sufrir una crisis económica superior a la que padeció al comenzar las reformas de 1992” (ídem). La perspectiva de una crisis inminente aparece reforzada por la negativa del FMI a girar al gobierno ruso la correspondiente ‘cuota’ –la primera que el gobierno ruso debía recibir después de las elecciones– del ‘histórico’ préstamo de 10.000 millones que le permitió a Yeltsin ganar las elecciones. El régimen que tiene que hacer frente a semejantes desafíos está herido de muerte. “La enfermedad de Boris Yeltsin pone en duda su capacidad de gobernar” (Le Monde, 9/8), al tiempo que “las ‘ausencias’ del presidente amplifican la batalla entre los clanes” (ídem) que forman el ‘entorno’ presidencial y entre los cuales reina “un equilibrio inestable” (ídem). Un régimen acosado por las huelgas y el descontento popular; por la humillación militar a manos de fuerzas infinitamente inferiores, como las milicias chechenas; por la perspectiva de un colapso económico y por la lucha a muerte de sus camarillas: el de Yeltsin es, sin dudas, el retrato de un régimen que se hunde.