Prensa Obrera N° 503

Con el pretexto de la ‘acefalía’ del Sindicato Buenos Aires, su dirección guillano-menemista levantó, en forma unilateral e inconsulta, el ‘plan de lucha’ que había votado el plenario general de delegados del gremio. El plan incluía como medidas significativas, una asamblea general el 17 de julio y una movilización a Plaza de Mayo en fecha a determinar. Se ha vuelto a poner de relieve, brutalmente, que esta dirección burocrática es absolutamente incompatible con la lucha por las reivindicaciones de los telefónicos. En esta seccional se ha venido librando, por impulso de los delegados antiguillanistas y el activismo, una prolongada batalla contra la política de reducción y superexplotación del personal de Telecom y Telefónica. En el último período, la lucha, que se libra bajo la forma de marchas (3.500 compañeros en la última, el 3/5), autoconvocatorias y paros en diferentes sectores, se ha concentrado en dos grandes cuestiones: que cesen los ‘aprietes’ y sanciones arbitrarias patronales en favor de los ‘retiros voluntarios’, y que se termine con la entrega a contratistas de trabajos que puede realizar el personal telefónico. Las empresas subcontratan trabajo por medio de contratistas ‘truchas’, creadas por ellas mismas, como una manera de rebajar salarios, reducir personal efectivo y desjerarquizar el trabajo. La burocracia nacional de FOETRA colabora con esta política; creó su propia empresa, Microemprendimientos S.A., que toma trabajo contratado con trabajadores despedidos. Autogolpe La mentada ‘acefalía’ de la seccional, se originó en maniobras del propio guillanismo que, hace 2 años, prolongó de 2 a 4 años el mandato de la Comisión Administrativa, con procedimientos antiestatutarios. Ahora salta que el Ministerio de Trabajo dictaminó, en septiembre del 95, la ‘acefalía’ de la seccional, hecho que fue ocultado por la directiva hasta la actualidad. No obstante lo cual, el guillanismo dirige un violento ataque, incluyendo agresión física, contra delegados opositores que hicieron suya la denuncia de acefalía y reclamaron la normalización del Sindicato Buenos Aires. Estas bravatas no son más que una pantalla; la Lista Naranja telefónica ha caracterizado, en una declaración (12/7), que aquí hay gato encerrado. Que se trata en realidad de una maniobra del guillanismo para promover una intervención (del Ministerio o de FOETRA), con la doble finalidad de desmontar la resistencia de los trabajadores y ocultar su responsabilidad en la quiebra financiera del Sindicato Buenos Aires, dejando en manos de la intervención el trabajo sucio del remate de propiedades del gremio y el recorte de permisos gremiales (de su propia tropa) por valor de más de 50.000 dólares mensuales. Ante toda esta situación, se realizaron dos plenarios de más de 100 delegados y activistas opositores a Guillán, que resolvieron reclamar, ante el sindicato y el Ministerio de Trabajo, que el Consejo de Delegados Generales se haga cargo del gremio y convoque a la Asamblea general, procedimiento que marca el Estatuto. La Lista Naranja plantea que este reclamo no ‘quede en los papeles’, lanzar una gran campaña de agitación sobre el conjunto del gremio, asambleas en los edificios y medidas de movilización, en la perspectiva de echar al guillanismo, impedir la eventual intervención y reencauzar la lucha contra los ataques patronales.

La prensa que sigue la marcha diaria de la instrucción judicial por el encubrimiento del asesinato de Omar Carrasco, coincide en señalar que con la designación de un nuevo juez —Bruno Bonetti, hasta hace poco asesor del sindicato minero— la causa habría ganado “un ritmo que jamás tuvo”, algo que “fue la sorpresa y la preocupación de muchos” (La Nación, 6/7). ¿Habrá llegado, por fin, la hora del verdadero juicio y castigo para los asesinos de Carrasco y para sus encubridores? Desgraciadamente no; la instrucción que se sustancia en Zapala es, apenas, una ‘puesta en escena’. En primer lugar, porque ninguno de los procesados —hasta ahora tres, dos tenientes coroneles y un mayor— irá a la cárcel ... aun cuando sea encontrado culpable. Sucede que el delito del que se los acusa —encubrimiento— tiene una pena inferior a los tres años de cárcel y, por lo tanto, el cumplimiento de una eventual condena quedaría “en suspenso”. Se pasa así por alto que el encubrimiento del crimen de Carrasco no fue una simple “decisión individual” de los procesados; al contrario, ese encubrimiento sólo fue posible por la existencia de una auténtica “asociación ilícita” entre los oficiales del cuartel de Zapala, el alto mando en Buenos Aires y la justicia provincial. Esta “asociación ilícita” no está siendo investigada en los tribunales zapalinos. En segundo lugar, la instrucción es una ‘puesta en escena’, porque el principal responsable del encubrimiento —el alto mando en su conjunto, y su jefe Balza, en particular— ni siquiera figura en la lista de imputados. La participación directa del alto mando está certificada por el papel decisivo que jugó la Inteligencia Militar en el encubrimiento: desde que se anunció la ‘deserción’ de Carrasco, la Inteligencia Militar se convirtió en el verdadero ‘mando’ del cuartel: fue la encargada de montar el ‘escenario’ donde el cadáver de Carrasco fue “tirado para que lo encuentren” (La Nación, 7/7); ocultó y destruyó pruebas (en complicidad con el juez de instrucción y su fiscal); realizó interrogatorios ‘paralelos’; armó coartadas y hasta preparó cuidadosamente las declaraciones de los militares llamados a declarar en el juicio que condenó a Canevaro, Suárez y Salazar. Como se sabe, la ‘todopoderosa’ Inteligencia Militar depende del alto mando y actúa bajo sus órdenes directas. Tenemos, en resumen, un juicio a los ‘perejiles’, con el agravante —o el atenuante, según se mire— de que ninguno de esos ‘perejiles’ va a ir preso. La función política del juicio El alto mando y el gobierno necesitan, desesperadamente, ‘cerrar’ en forma definitiva el ‘caso Carrasco’. O lo que es lo mismo, acabar con la agitación y la conciencia antimilitarista que se hizo carne entre los jóvenes que se movilizaron sostenidamente por el juicio y el castigo a los culpables del asesinato y que, con la movilización, lograron evitar que el ‘caso’ fuera ‘archivado’ como el de tantos otros colimbas muertos ‘accidentalmente’ en los cuarteles. Pero ‘querer’ no es ‘poder’. Sucede que en esa conciencia juvenil es muy claro que el asesinato de Carrasco y el intento sistemático y deliberado por ocultar el crimen, primero, y cuando esto fue imposible, por ocultar la cadena de responsabilidades del asesinato, después, no es la obra de un insignificante subteniente y de dos todavía más insignificantes soldados. El alto mando está, entonces, obligado por la presión de esta movilización juvenil y popular —y para ‘salvar’ su propia participación en el crimen— a encontrar otros ‘responsables’ más allá de Canevaro, Suárez y Salazar. Esta es la función política del juicio que se sustancia en Zapala: proveer de los ‘responsables’ necesarios para que el alto mando y el gobierno puedan, por fin, ‘cerrar’ el ‘caso Carrasco’. Exactamente ésta es la línea ‘oficial’. Un editorial de un matutino que puede ser acusado de muchas cosas, excepto de ‘antimilitarista’ —La Nación, 6/7— celebra “los progresos registrados en la investigación judicial para determinar la existencia de probables encubridores”. Es que para el diario de los Mitre, “el pleno esclarecimiento de ese episodio aberrante significará un importante avance hacia la recomposición de la buena imagen del Ejército”. En otras palabras, el ‘caso Carrasco’ ha dejado de ser un ‘caso policial’ para convertirse, movilización juvenil mediante, en una soberana crisis política para el Ejército, “que todavía está tratando de recuperarse” del derrumbe de la dictadura militar y de la traición de Malvinas. No es la suerte de algunos oficiales, sino el de la institución militar en su conjunto, lo que está en juego en el ‘caso Carrasco’. Esto explica que el gorila La Nación no tenga empacho en ‘aconsejar’ al alto mando una ‘fórmula’ típicamente peronista: “primero la patria, después el movimiento y, finalmente, los hombres”. Así, el editorialista reclama que “es menester que los hombres del Ejército sepan aguantar los malos tragos provocados por episodios de esta clase ... y sepan hacerlo en la confianza de que el descubrimiento de la verdad constituirá, en definitiva, un bien para la fuerza”. Incluso cuando esos ‘malos tragos’ alcancen “a otros oficiales de rango aún más alto” que los actualmente indagados. De lo que se trata, para este inveterado defensor de las fuerzas armadas, es de ‘cerrar’ cuanto antes el ‘caso Carrasco’, para lo cual se necesitan los ‘perejiles’ adecuados que carguen con la ‘responsabilidad’ del encubrimiento, para ‘fortalecer’ al Ejército, es decir, para consolidar la cadena de mandos responsable del crimen. ¿Esto significa que se sabrá toda la verdad? Ciertamente no. El propio editorialista de La Nación, que se felicita del avance de la investigación, muestra la hilacha cuando dice que los “hombres del Ejército” deben saber aguantar los ‘malos tragos’. ¡Pero estos ‘malos tragos’ no son otra cosa que el enjuiciamiento y la eventual condena “en suspenso”! Entrelíneas, lo que aconseja el editorialista de La Nación es que “el descubrimiento de la verdad y su exposición a la opinión pública” sea el mínimo estrictamente necesario para ‘cerrar’ el caso ... y ni una palabra más. Estamos en presencia, pues, de un operativo político-judicial complejo y peligroso: encontrar algunos ‘encubridores’ mientras se encubre a los más altos escalones de la “asociación ilícita” que ocultó el asesinato y, al mismo tiempo, se fortalece la institución armada de los explotadores contra los reclamos de los jóvenes de justicia para los asesinos. Como cuando decían que Carrasco se había ‘fugado’ del cuartel, sólo la movilización juvenil y popular podrá hacer saltar esta olla podrida y reaccionaria y mandar a la cárcel a todos los responsables, del primero al último.

La venta de Lix Klett a Carrier ya es un hecho. Fue firmada la “carta de intención” con el principal banco acreedor y la moratoria —por ahora de 30 cuotas. Sin embargo, aún no han dado a conocer cuál es la “intención” hacia el plantel, pero, eso sí, se han preocupado para que convengamos que “en todo cambio siempre algo se pierde”. Y éste es el ataque ideológico de la patronal: que ‘convengamos’ una pérdida. Como si los trabajadores no hubiéramos sufrido ya un sinnúmero de ‘pérdidas’, de empleo, de salario y de posibilidades de desarrollo. Que ‘convengamos’ una pérdida, como si las reformas laborales, la reforma previsional, la reforma a la ley de accidentes, la flexibilidad laboral y en vistas la desregulación de las obras sociales, como si todo esto no fuesen pérdidas para los obreros. ¡No! Si queremos defender el trabajo y acabar con la desocupación. ¡No! ¡No podemos aceptar más pérdidas, no podemos aceptar despidos! Por eso, la salida es que no ‘convengamos’ ninguna pérdida, y al contrario, organicemos la resistencia. Porque la patronal no tiene ningún derecho a hacernos pagar su crisis, mucho menos después de haberse embolsado durante 60 años fabulosas fortunas por medio de la explotación del trabajador. ¡Ningún despido! ¡Que la crisis la paguen ellos! La salida está en nuestras manos.

Decenas de patrulleros, carros de asalto, ambulancias y cientos de policías —uniformados, de civil, femenina—: éste fue el ‘grupo de tareas’ que utilizó la democracia para desalojar violentamente de la catedral a las Madres de Plaza de Mayo. Las Madres pretendían permanecer en la catedral hasta la mañana del 9 de julio, cuando Menem concurriera al templo. Hebe de Bonafini y doce de sus compañeras fueron golpeadas y arrastradas por la fuerza, de madrugada, fuera de la catedral que, ahora nos venimos a enterar, es una ‘propiedad privada’. Los jóvenes que se encontraban en la puerta del templo apoyando a las Madres fueron apaleados sin misericordia; lo mismo sucedió con los fotógrafos, para evitar que quedara cualquier registro de la brutalidad de la policía ‘democrática’. Bajo la dictadura, cuando las Madres que manifestaban en la Plaza de Mayo buscaron refugio en la catedral para protegerse de la represión policial, la Curia cerró sus puertas para permitir que las Madres fueran golpeadas y encarceladas. La historia vuelve a repetirse, pero ahora fue la propia Curia la que llamó a la milicada para desalojar a las Madres. La continuidad entre la dictadura y la ‘democracia’ es manifiesta.

Ganaron los choferes. Al octavo día de un conflicto que, seguramente, pasará a la historia, la patronal ‘tiró la toalla’ y los trabajadores obtuvieron el 100 por ciento de lo que reclamaban, y ‘algo más’. Al llegar al sexto día de la huelga, una asamblea realizada por cientos de choferes, bajo la lluvia y el frío, ratificó el paro, fortaleció los piquetes, consolidó el fondo de huelga, le reclamó a Palacios que bajara al conflicto, y realizó una convocatoria abierta a otros trabajadores a apoyar su lucha y preparar una nueva movilización. La patronal, el gobierno y la dirección del gremio tomaron nota de que había una voluntad de ‘fierro’ por seguir luchando hasta obtener lo pedido. La Comisión Interna y el cuerpo de delegados desconocieron los despidos que había producido la empresa y la conciliación obligatoria que había dictado el Ministerio de Trabajo, haciendo fracasar el último intento por quebrar la lucha. El día miércoles 10, a la 17 horas, los delegados fueron citados de improviso a la delegación del Ministerio de Trabajo de Morón; cuando llegaron, estaban presentes el secretario de Gobierno de Buenos Aires, un funcionario del Ministerio de Transporte, la empresa y la plana mayor de la UTA, Palacios y Fernández. La reunión comenzó con una amenaza del gobierno de lanzar un decreto desconociendo el ‘piso’ (el recorrido) otorgado a la empresa y estableciendo la ‘normalización’ inmediata de las tareas a los trabajadores. La empresa, después de cinco días de decir que ‘no tenía fondos’, ofreció adelantar 200 pesos a cuenta de lo adeudado, que rápidamente fue rechazado por los delegados, volviendo nuevamente a la misma situación. Después de un cuarto intermedio, se apreció la dimensión de la crisis que había provocado el conflicto, pues el gobierno y los funcionarios del transporte acordaron que si no se abonaban los sueldos habría una nueva reunión en La Plata para que se formara una Unión Transitoria de Empresas que se haría cargo del recorrido de Transportes del Oeste, pagando los sueldos adeudados como primera inversión. Ante esto, la empresa pidió un cuarto intermedio para el viernes 12 a las 11 horas. A pesar de que los delegados no habían sido informados previamente de la reunión, mientras se realizaba la misma, más de 200 choferes se agolparon frente al Ministerio; al salir, Palacios tuvo que ratificar que la UTA apoyaba el conflicto y que no se trabajaría hasta que no se pagaran los sueldos. Se empezaba a ver una luz de solución al conflicto. Un acta histórica El jueves, desde las 11 de la mañana, los choferes llenaron las calles de Morón; más de 500 compañeros se agolparon bajo los balcones del Ministerio mientras los delegados discutían con el gobierno y la empresa. Venían preparados para una larga jornada, habían recibido la solidaridad de muchas líneas de colectivos que ofrecían los coches para una manifestación a La Plata. Mientras se escuchaba el ruido ensordecedor de los bombos, fueron apareciendo colectivos para llevar a los trabajadores en caravana a La Plata. A las 13 horas terminó la reunión; sobre los hombros de un compañero, Carlos Pacheco, el secretario general de la Comisión Interna, leyó el acta (adjunta),donde la patronal se comprometía a pagar a las 18 horas de ese día todos los sueldos, el aguinaldo, a reincorporar a todos los despedidos, incluido a un compañero que había sido despedido antes del conflicto, y que no se empezaría a trabajar hasta que no hubiesen cobrado la totalidad de los compañeros. Una vez leída el acta hubo una alegría indescriptible. Choferes de más de diez años en la empresa lloraban sin poder contenerse, la totalidad del cuerpo de delegados fue llevado en andas, la patronal había sido derrotada. Con los delegados a la cabeza se produjo una marcha hasta las oficinas de la empresa para esperar que se hicieran las 18 horas; en el trayecto, los choferes eran aplaudidos y saludados por todo el mundo, la reivindicación ganada no sólo era de ellos, era también de los usuarios que se solidarizaron con los choferes, ya que también les quieren destruir sus convenios, sufren atrasos en los pagos y por eso, desde el primer día, se solidarizaron con el conflicto. Se relanza el conflicto A las 18 horas, la plata, sin embargo, no había aparecido. La empresa estaba rodeada por la totalidad de los choferes que concurrieron a cobrar, la presión era enorme; aterrorizados por lo que pudiera suceder, los empresarios llamaron a decenas de patrulleros y carros de asalto; la situación se prestaba para una inmensa provocación, pero una vez más se puso de manifiesto la enorme experiencia de los delegados que dirigieron el conflicto. Se realizó una asamblea donde se intimó a la empresa a que la plata apareciese en quince minutos; si pasado ese tiempo no se cobraba, se reiniciaba el conflicto. Pasado ese tiempo, los delegados, con los choferes de cada cabecera, se retiraron a los lugares donde estaban instalados antes. En menos de una hora se reiniciaron las cinco ollas populares, se comenzaron a cobrar nuevamente los “peajes”, relanzando el conflicto con la misma fuerza. Los delegados eran conscientes de que la empresa ya no tenía más margen de maniobra; se quedaron exigiendo al veedor del Ministerio de Trabajo el inmediato cumplimiento del acta, responsabilizándolos a ellos y a la empresa por lo que ocurriera en las horas siguientes. Así, a la una de la mañana, llegó la plata y se empezó a cobrar. Recién a las 13 horas del viernes se reinició el transporte. Durante toda la mañana, la empresa y el Ministerio reclamaron desesperadamente que se empezara a trabajar porque la plata estaba, pero hasta que no se pagó al conjunto no se reinició el servicio. El triunfo había sido casi total. Conclusión Las claves de la victoria de los choferes hay que buscarlas con mucha anticipación. Existió una enorme tarea de concientización de que lo que estaba en juego en la empresa no era el atraso en los pagos, sino el intento de una rebaja salarial y la destrucción del convenio colectivo. En asambleas por cabecera, y en boletines que sacó la interna, se explicó detalladamente cómo se quería imponer un convenio del tipo Fiat-Smata para el transporte, cómo se querían tercerizar los talleres y las estaciones de servicio. Los delegados sacaron un importante balance de la lucha de los compañeros de la 148 (El Halcón), cuando la patronal de la zona Sur propuso, como si fuera de ella, un convenio que todas las patronales tenían en mente (los 64 puntos) para reventar los convenios. A partir de la lucha de El Halcón, fueron conscientes de que había que presentar una lucha muy firme; cuando se largaron al conflicto esto estaba muy presente, como lo dijo para Prensa Obrera Carlos Pacheco, uno de los principales dirigentes: “Desde que estalló el conflicto los compañeros nos superan en las iniciativas. Nuestras propuestas no sólo son aceptadas sino que se incrementan. Casi espontáneamente se formaron los piquetes” (Reportaje de Prensa Obrera, del jueves 11). El conflicto de Transportes del Oeste es el punto más alto de la resistencia de los choferes contra estos intentos patronales, pero es sólo parte de una lucha que ya se viene librando; los compañeros de la 148 resistieron en una gran lucha por lo mismo, los compañeros de la Río de la Plata también lograron sus reivindicaciones y la reincorporación de los despedidos, demostrando que si se lucha, y se apela a la movilización y a la solidaridad con otras líneas y con los demás trabajadores, se puede triunfar. Se está forjando en todas estas luchas una gran camada de activistas y delegados que le están cambiando la fisonomía al conjunto del gremio. De sus experiencias comunes, de su coordinación, pueden surgir las iniciativas que no sólo los choferes necesitan, sino todo el movimiento obrero. Se ha quebrado con esta gran lucha uno de los argumentos fuertes de ciertos burócratas sindicales, de que los métodos de lucha son parte del pasado. Los delegados de Transportes del Oeste ya saben: si se lucha a fondo se gana, esto vale para todo el movimiento obrero.

Después de más de un mes de ‘silencio’, volvió a reunirse el Congreso de Delegados de Avellaneda. Durante ese lapso, no se logró avanzar un paso en los reclamos de los trabajadores de Aurora, que continúan sin cobrar y sin saber qué sucederá con sus puestos de trabajo. En esas graves condiciones, la UOM Avellaneda impuso una resolución en el Congreso donde ni siquiera se menciona a Aurora. El plenario, en cambio, se limitó a elegir representantes para el Congreso metalúrgico nacional del 7 y 8. Tampoco se mandató a estos representantes en el sentido de un plan de lucha, o siquiera de una acción nacional por los 1.700 metalúrgicos de las diversas plantas de Aurora. ¿Solución? Interrogados por algunos de los delegados presentes, integrantes de la Directiva se limitaron a señalar que “se está discutiendo una solución” para Aurora. En la fábrica han circulado rumores sobre el contenido de la ‘solución’: la fábrica realizaría un pago “a cuenta”, que no excedería el 30 % de lo adeudado. Al mismo tiempo, “serían inevitables algunos despidos”. Supervisores de planta han comentado que este ‘paquete’ podría estar acompañado también de una suspensión prolongada. Durante mucho tiempo, la UOM reclamó un “crédito” a Duhalde para que la patronal pusiera la planta en funcionamiento. El ‘crédito’, sin embargo, lo están ‘otorgando’ los trabajadores, que deberían aceptar ‘un pago a cuenta’. Pero luego de este ‘pago’, ni siquiera pondrían la planta en funcionamiento. En cambio, vendría acompañado de una suspensión prolongada, en cuyo transcurso, y con los trabajadores “afuera”, se pondrían en marcha los despidos. Qué pasa en la fábrica La solución que se ‘cocina’ en Aurora ‘huele mal’. Por eso, la marcha de las negociaciones entre la UOM, la patronal y el Ministerio es un secreto vedado a los trabajadores de la planta. No se convoca a asamblea, ni se informa siquiera en reuniones de sección sobre la marcha de las negociaciones. Esta situación no pasa desapercibida para los compañeros de la planta: varias secciones se han pronunciado por la ocupación activa y por una asamblea general. Días atrás, y a partir de estos pronunciamientos, se promovió una autoconvocatoria en el comedor de la fábrica, a través de una recorrida por todas las secciones. El movimiento contó, inclusive, con la simpatía de varios delegados. La autoconvocatoria fue frustrada por una acción abiertamente matonil de la CI, que amenazó y atacó físicamente a varios compañeros. Esta escaramuza fue discutida luego en toda la fábrica, aumentando el reclamo por una Asamblea General. Mientras esto sucedía en Avellaneda, el mismo reclamo de Aurora: ¡Ningún despido! ¡Pago integral de todas las deudas salariales!, lograba una gran victoria entre los choferes del Oeste. Frente a las soluciones truchas que se están urdiendo a espaldas de los metalúrgicos, hay que abrir camino, en la ex-Siam, a los métodos de TDO: asambleas diarias, ocupación activa de la planta, reclamo a la UOM seccional y nacional de un verdadero plan de lucha, ganar las calles y el apoyo del movimiento obrero zonal a la lucha de Aurora.

La Coordinadora de Estudiantes Secundarios realizó una importante movilización el viernes 12 al Ministerio de Educación. La campaña de la Coordinadora, que en una movilización previa, del 21 de junio, había entregado un petitorio con sus reivindicaciones, logró sumar ahora a la Pro-Fes (que antes había rechazado una convocatoria unitaria). Los ejes de esta movilización fueron repudiar el examen de egreso limitacionista que quiere imponer Decibe al finalizar el secundario y la destrucción del sexto año en los colegios universitarios (que permite el ingreso directo a la Universidad), y reclamar la suspensión de la ley federal de educación hasta su derogación, la defensa de los títulos secundarios y del secundario mismo que se proponen destruir, por el aumento del presupuesto educativo y por la libre organización de los centros de estudiantes. En la movilización frente al Palacio Pizzurno, se concentraron 500 estudiantes de más de 30 colegios de Capital y Gran Buenos Aires, entre los que se encontraban: El Perito Moreno (de San Martín), el Mariano Moreno, el Vicente López, el Nacional Buenos Aires, el Acosta, el Otto Krause, el Avellaneda, el Pueyrredón y varios colegios más. Una delegación de presidentes y representantes de colegios importantes de la Capital y el Gran Buenos Aires entramos al ministerio. La Coordinadora entregó al secretario del Ministerio una respuesta a la carta que recibimos de Decibe el sábado último. La respuesta pública fue distribuida en la concentración a todos los compañeros de los colegios. En la entrevista que mantuvimos, manifestamos que la carta que nos entregaron confirmaba el acierto de los planteos de la Coordinadora. Explicamos el alcance limitacionista del examen y denunciamos el carácter reaccionario y liquidacionista de la educación pública de la política oficial, dictada por el Banco Mundial. Nos comunicaron que volverían a hacernos llegar una respuesta por escrito. Al salir de la entrevista, realizamos una combativa marcha hacia el congreso, que fue cerrada con intervenciones políticas de los compañeros.

De un plumazo, el gobierno le bajó el sueldo mensual al 80% de los trabajadores argentinos, incluyendo una gran parte de los que ganan menos de 500 pesos. Eliminó a todos el salario por esposa, las escolaridades y las asignaciones por preescolaridad y matrimonio. Eliminó, además, para quienes ganan más de 1.000 pesos, las asignaciones por nacimiento, adopción, hijo e hijo incapacitado. A quienes ganan entre 500 y 1.000 pesos, les quedó sólo la asignación por nacimiento y adopción y los 20 pesos de salario por hijo. La rebaja salarial es mucho mayor, por la eliminación o el ‘blanqueo’ de los tickets canasta, pues en este último caso habrá que pagar las cargas sociales que corresponden al obrero. La eliminación de la asignación por cónyuge se extiende a los jubilados. El gobierno ha resuelto, además, retirarle 540 millones de pesos al PAMI. El gobierno ha metido mano en el bolsillo de los trabajadores luego de haber hundido la “Caja” de las asignaciones familiares, como consecuencia de la rebaja en un 50% de los aportes patronales. Esta confiscación es parte de una política de conjunto de reducir los salarios y de liquidar por completo los convenios de trabajo. Cavallo dijo que sin estas medidas, el plan se iba ‘al carajo’. Pero no se le ocurrió meterle un impuestazo a los capitalistas. Menem Cavallo, cuando más se hunden, más agreden. La economía nacional cae en picada. La desocupación y la subocupación sobrepasan el 35 % de la población activa, o sea, más de cuatro millones de personas. La recaudación de impuestos se ha hundido, sube el déficit fiscal y el endeudamiento del Estado. Ante el aluvión de descalabros, los voceros y representantes de las grandes patronales dicen que la salida es reforzar el ataque a los trabajadores. Meten mano en nuestros bolsillos para financiar a los patrones, al Tesoro y pagar la deuda externa. Hay que quebrarles los dientes. En Cutral Co, los pobladores, en masa torcieron el brazo del gobierno hambreador. Los choferes de la zona Oeste acaban de hacer lo mismo con sus patrones. Este es el camino. Queda claro que el ‘modelo’ de sociedad de ellos es una tragedia para la mayoría del pueblo. Gerardo Martínez (CGT) ha amenazado con un paro para el 7 u 8 de agosto. El MTA promete una movilización para el 26 de julio y un paro para la “primera quincena de agosto”. Pero hay que actuar ya: inmediato paro activo nacional, huelga general. Rechacemos las rebajas salariales. Ganemos la calle por la derogación de los decretos salariales. Que se convoque a paritarias por industria, con delegados elegidos en Asamblea.

Acindar tiene un plan para seguir tercerizando y cerrar una planta durante este año. Después de la huelga de 1991, la patronal comenzó a tercerizar, primero con almacenes y playa de materiales, y los que trabajaban allí fueron redistribuidos. La empresa que tomó estos sectores trajo su gente con salarios un 50% inferiores en relación a salarios que se cobraban y peores condiciones de trabajo. El plan ahora es tercerizar Refractario, Chapero, Laboratorio Electrónico, Movimiento de Planta Alambre y Movimiento Ferroviario. Estas secciones involucran a 250 operarios, 96 de los cuales están a punto de jubilarse y 159 serán sometidos a la tercerización. El caso de Refractario es estratégico para la patronal, porque es la sección más numerosa y si para en caso de conflicto, para toda la planta. Acindar tiene el objetivo de tercerizar hasta quedarse con 400 operarios, la sexta parte de su personal. Otro posible conflicto es el cierre de la planta de acero en caliente, donde trabajan 150 obreros contratados. La burocracia de la UOM (Piccinini) dice que está garantizado el 80% de la fuente de trabajo, porque la planta la llevarían a Metcon, pero para el activismo la inmensa mayoría quedará en la calle. La conducción de la UOM Villa está, como se sabe, en manos del CTA. Un sector del activismo ha tenido una evolución. Durante la huelga pensaban que Piccinini era mejor que Lorenzo, ahora piensan al revés —“por lo menos sabés que Lorenzo te va a cagar, en cambio el cabezón aparece como combativo y te traiciona igual”. Hubo un hecho que todos toman como punto de referencia, la asamblea en la que se discutió la implementación del ticket canasta. Todo el mundo estaba en contra y Paulón (segundo de Piccinini) hizo votar tres veces hasta que salió. Con la aceptación del ticket se votó una nueva vuelta de tuerca en la flexibilización laboral. La oposición a la actual dirección es la lista Gris, un desprendimiento de la oficialista Marrón. Entre los obreros de Acindar existe la convicción de que rompieron con Piccinini por un problema de cargos, tiene la ‘protección’ de Malugani, el intendente justicialista de Villa, y no ha fijado posición frente a la tercerización, el cierre de planta, el convenio Fiat-Smata. Su política es la ‘convivencia’ con todos. El PO ha retomado la actividad en Villa a través de la campaña contra el convenio Fiat y de la unidad de ésta con las suscripciones.

La Coordinadora de Estudiantes Secundarios, la Pro-Fes y demás centros, comisiones pro-centros y delegados convocamos a un gran congreso de bases de los estudiantes secundarios. Este congreso debe estar acompañado de una movilización para formar centros de estudiantes y realizar asambleas en todos los colegios, para que las mismas mandaten a sus representantes. El objetivo es lograr una gran participación de los estudiantes y marchar así a un congreso con representación proporcional y democrática de la gran masa de compañeros dispuestos a construir un gran movimiento de conjunto y de lucha de los secundarios de Capital y Gran Buenos Aires. Fecha tentativa para el congreso: 7/9 Se realizará una reunión el segundo sábado después de las vacaciones de invierno para avanzar en la organización del congreso.

El anuncio, el miércoles pasado, de que la empresa Hewlett-Packard, del rubro informático, había tenido una pronunciada caída en los beneficios, precipitó un derrumbe de las acciones que se cotizan en Wall Street que, al martes siguiente, sumaba ya unos 400 puntos, o sea, una pérdida de un billón de dólares. Antes, otro pulpo de la computación, Motorola, había efectuado anuncios similares. La caída de las “acciones tecnológicas” amenaza con extender el derrumbe hacia el resto de la economía, por el hecho de que todo el ‘boom’ que conoció la bolsa neoyorquina en los últimos dos años se debió a los beneficios extraordinarios de la informática. Ahora, ésta se encuentra en un clima “deflacionario”, o sea, de sobreproducción y sobrecapacidad productiva, y fuerte tendencia al derrumbe de los precios. Lo mismo acaba de ocurrir en el mercado del cobre. Como la especulación en acciones funciona mayormente mediante créditos de los bancos o depósitos a la vista en los fondos de inversión, una prolongación de la caída podría provocar un tendal de quiebras de magnitud, lo que obligaría al gobierno norteamericano a emitir dinero de rescate. Se crearía así una espiral inflacionaria, que si no es compensada por una mayor deuda pública, podría derrumbar al propio dólar. La dificultad de la operación es que la deuda pública norteamericana ya es muy alta, al igual que la tasa de emisión de moneda. Se ha liquidado de un soplo el verso de la robustez de la economía norteamericana. Las persistencia de la crisis en Wall Street debería afectar en forma inmediata la disponibilidad de financiamiento internacional para los gobiernos como el de Menem. En este caso, la ‘convertibilidad’ tendría sus días contados.

Los casi 2.000 trabajadores de CIADEA que concurrieron a la movilización del jueves 11, estuvieron a un paso de imponerle a la burocracia una movilización política en el centro de la ciudad, en Colón y General Paz, uno de los centros “históricos” de movilización de la clase obrera cordobesa. La marcha al centro, que no estaba en los planes de la conducción del SMATA, se había resuelto en una asamblea en puerta de planta que fue exigida por los trabajadores ante el desalojo de la “olla popular” por la policía. No bien partió la movilización (abandonó el 90% de los trabajadores del turno mañana) se vivió una dura lucha entre la burocracia y la masa fabril. El grueso de los trabajadores quería marchar hacia el centro de la ciudad y desarrollar allí una “asamblea” con los cesantes de Pritty y los compañeros de la Coordinadora de Desocupados, que a esta altura se habían incorporado, ovacionados. La burocracia quería una marcha por calles alejadas, que culminara en la Casa de Gobierno, a veinte cuadras del centro, y sin asamblea que pusiera en debate un plan de lucha. En cada esquina se libró una disputa por el curso de la movilización, que finalmente ganó la burocracia. En Casa de Gobierno se volvió a plantear el enfrentamiento, cuando Campellone (constantemente abucheado y tratado de traidor) informó que había solicitado que Mestre intercediera en el conflicto y convocara a una reunión con la empresa para “discutir caso por caso” (lo que admite el principio del despido para los “casos” en los que no hubiera acuerdo). Finalmente, todo quedó supeditado a una reunión de delegados del SMATA (dominada por la burocracia), que resolvió un cuarto intermedio a la espera de la ‘intervención’ de Mestre, y que Mestre ‘concretó’ en una exhortación a la empresa para que reconsidere las cesantías, y ahora la empresa debe responder... y la calesita sigue. Se han perdido otras 96 horas, se llevan 15 días de conflicto y nadie podrá acusar a los trabajadores de CIADEA de no dar signos sobre de qué modo avanzar. En CIADEA existe un problema de dirección, que se expresó dramáticamente en la marcha. Se equivocan los medios que atribuyen a la Blanca o a la ‘interna gremial’ el enfrentamiento durante la movilización, porque la burocracia pudo imponer su política recostándose en la oposición, de otro modo no habría podido hacerlo. Los trabajadores ‘empujaron’ constantemente a los dirigentes de la Blanca (triunfante en CIADEA en las recientes elecciones nacionales) a ponerse a la cabeza y marchar al centro, pero éstos guardaron silencio y finalmente llamaron a respetar la ‘orgánica’ del gremio. Esta orientación es mortal, porque los ‘cuerpos orgánicos’ del gremio no reflejan ni de lejos a los trabajadores y son en realidad un anacronismo —como ‘detalle’, gran parte de los mandatos están vencidos. Un debate en el cuerpo de delegados entre la burocracia y la oposición habría estado polarizado entre dos posturas: paros internos (Campellone), una manera de disimular el entierro del conflicto, y “olla popular” junto a movilizaciones callejeras (Lista Blanca), que no llega a constituir una política alternativa. Es opinión dominante en la planta que los paros internos son inofensivos, pero... ¿qué plan de lucha se les ofrece a los trabajadores? Las corrientes de la oposición quieren sortear este paso porque no creen que se pueda derrotar a la patronal, y por eso mismo rehúyen el reclamo a una asamblea de planta que modifique la actual política del sindicato, y plantee en su lugar la ocupación de la empresa y la huelga activa de todo el SMATA. No se aprecia que existe una oportunidad inédita en mucho tiempo para derrotar la ofensiva de las patronales. Asistimos a la primera lucha obrera en CIADEA en mucho tiempo, semanas después de la derrota electoral que la masa fabril le infligió a la burocracia. Los trabajadores de Pritty están en lucha, ocupando sistemáticamente las rutas en defensa de sus 78 cesantes, existe un reguero de conflictos en las plantas y talleres metalúrgicos. En un escenario dominado durante mucho tiempo por el exclusivo protagonismo de los empleados públicos, se ha abierto la posibilidad de lucha del movimiento obrero industrial de Córdoba, incluso en momentos en que Mestre acaba de anunciar la liquidación de los estatutos de todos los trabajadores públicos y del propio escalón ‘polimodal’ en la enseñanza. Las patronales han captado los peligros de la actual situación dando marcha atrás en la suspensión de 150 trabajadores de CORMEC (la otra gran planta en Córdoba) y disponiendo su reingreso a planta desde el lunes. Las 152 cesantías son sólo la antesala de una ofensiva mayor. La patronal de CIADEA ha lanzado la ‘tercerización’ de Mantenimiento, que entrega a una de sus subsidiarias para reducir los salarios, imponer un convenio ‘flexibilizado’ e incluso nuevas cesantías. El objetivo patronal, declarado a todos los vientos, es aplicar el convenio FIAT-SMATA en CIADEA. El ataque, entonces, recién comienza. Si se aprecian estos elementos, es decir, el cambio en la posibilidad de lucha del movimiento obrero industrial de Córdoba (que está expresando una tendencia nacional —Cutral Co, choferes del Oeste) y la decisión de la empresa de imponer el convenio FIAT en CIADEA, y se aprecia, además, que la misma lucha está planteada en el resto de las plantas instaladas del SMATA y prácticamente ahora, ¿cuál es la razón para “no creer” en un plan de lucha? Discutamos a fondo un cambio de política, que el debate del cuerpo de delegados sea llevado a la asamblea general en puerta de planta, y que ésta decida la huelga activa de todo el SMATA y la ocupación de la empresa. Por la reincorporación de los 152 compañeros y el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, por el retiro de la ‘tercerización’ y el convenio FIAT.

A lo largo de diez años, he participado en cinco Encuentros. Cada uno de ellos me ha dejado una gran alegría, tal vez por el carácter abierto y profundamente democrático de los talleres. Recuerdo cómo me emocionó la campesina de un pueblecito en los montes salteños, que reclamaba la tierra, “su” tierra; o las cordobesas en un Taller de Ecología, que se habían organizado para el reciclado de la basura; o la maestra jubilada jujeña en el Taller de Ciencia y Tecnología, que se asombró de la situación del sector científico (al que había pensado como una posible “salida” para las jóvenes jujeñas), y exclamó enojada “¡¡sin investigación no puede haber desarrollo!!”. Para mí, los talleres son un lugar de reflexión colectiva sobre nosotras mismas. Aprendemos del sufrimiento, la lucha, las experiencias y las ideas de las demás. De allí salimos enriquecidas y fortalecidas para luchar por “llevar las resoluciones a la práctica” en cada lugar de trabajo, cada barrio, cada sindicato, cada partido donde estemos. En oposición al cronista, pienso que “esterilizar” sería cerrarnos sobre nosotras mismas en una organización de mujeres. Tal vez, la raíz de esta diferencia esté en dónde pensamos que está la fuerza. Seguramente que si las mujeres generamos una organización con una presidente, secretarias, etc., esa dirección puede llegar a tener alguna fuerza para hacer presentaciones al Congreso, a las gobernaciones y hasta a los organismos internacionales. A mi entender, tiene mucha más fuerza lo que cada mujer hace por vencer sus propios prejuicios, por anticipar y por organizar las luchas allí donde esté... “hasta el próximo encuentro”. Por último, quiero señalar que me resultó cómicamente presuntuoso el cronista, que nos indica que “las mujeres tienen que...”. Las mujeres estamos elaborando nuestra propia imagen, estamos descubriendo nuestras reivindicaciones y luchando por ellas, y hace mucho que ya estamos participando codo a codo con los hombres en la lucha por una sociedad más justa.

Los decretos de Cavallo desataron una crisis con las propias patronales, como lo reveló el inmediato derrumbe de la Bolsa. Los patrones no quieren pagar contribuciones sobre los tickets-canasta, ni sobre nada. En la reunión de Menem y Cavallo con el grupo de los 8 mayores pulpos, hubo un serio encontronazo, porque Cavallo defendió las posiciones del FMI, el cual reclama una disminución del déficit fiscal aun cuando haya que limitar por un tiempo algunos de los beneficios otorgados a las patronales. Es significativo que en Brasil se hubiera operado, en las últimas semanas, un viraje proteccionista, que también anhela una parte de la burguesía argentina. ¿Podría haber, entonces, una devaluación conjunta del real y del peso? El choque contra Cavallo no solamente tiene lugar con el fondo de una gran bronca popular, que realmente asusta a las patronales. También ocurre cuando el gabinete de Menem se desintegra con la renuncia de Barra y la inminente de Camilión. Un reciente planteo del Banco Mundial pedía la supresión de las fuerzas armadas para superar la crisis fiscal, alegando que con el Mercosur y el acuerdo con Chile, Argentina ya no tiene que pelear con nadie, y que la represión podría quedar a cargo de una policía ‘modernizada’. Las presiones del imperialismo, como se pueden ver, no tienen inhibiciones de ninguna clase. En las próximas semanas se podría plantear, entonces, la salida de Cavallo. Este hecho no debe abrir en los trabajadores ninguna expectativa. El sucesor pretenderá aprovecharla para lanzar nuevos paquetazos. Los trabajadores tenemos que armarnos de un programa, cuyo eje es éste: que se convoquen a paritarias con delegados elegidos en asamblea. De este modo pondremos en pie de lucha al movimiento obrero y barreremos a la burocracia sindical. Por una vez, que la crisis de los de arriba sea plenamente aprovechada por los de abajo.

PO: ¿Por qué salieron al conflicto? MG: Salimos porque había una gran conciencia en los trabajadores de la línea de lo que estaba en juego. Esto fue posible por un paciente trabajo de concientización que venimos llevando desde el cuerpo de delegados, en el sentido de que se venía la flexibilidad, la rebaja salarial y la destrucción del convenio y, junto con eso, intentar descabezar a este cuerpo de delegados, ya que estamos a menos de un mes de una convocatoria, y tratar de colocar a los ‘amigos’ de la patronal. Todo eso explotó con el atraso en los pagos, que ya era norma de la empresa, y que se agravó porque era evidente que la patronal se había cebado, lo que gestó una bronca inmensa. Los compañeros respondieron más de lo que esperábamos. Se hizo carne en los compañeros que la guita estaba y la firmeza en esa posición no dio lugar a dudas. Ahora la empresa dice que tuvo que vender el piso de la costa (concesión). ¿Cómo se puede vender algo que la empresa decía que no había pagado? La empresa usaba la guita que traíamos los compañeros para hacer sus inversiones, y en realidad los que compramos el piso de la costa fuimos los trabajadores, en todo caso volvió la plata a sus legítimos dueños. PO: ¿Qué perspectivas y qué planes tienen? MG: Tenemos que juntar a la base. Tenemos que hacer como en la línea. Nosotros concientizamos a los compañeros y ellos se colocaron tan a fondo en esa lucha que nos empujaban a nosotros mismos. Cuando la patronal ofreció una mejora con referencia al ofrecimiento inicial, que en otras circunstancias podría haber sido considerado un triunfo, los compañeros respondieron queremos todo plata o mierda. En la audiencia del Ministerio, donde si la patronal no traía el dinero se iba a La Plata para que la empresa fuera transferida, los compañeros cantaban Vamos a La Plata.. Querían además la guita, la derrota de la patronal. Que pierdan todo, por haber subestimado a los trabajadores, por haber pretendido humillarnos. Lo mismo tenemos que hacer en el gremio, desarrollar una conciencia que coloque a la conducción bajo la presión y la exigencia de los trabajadores, obligar a la conducción de UTA a que haga el laburo que deberían hacer. Nosotros ahora vamos a convocar un asado muy amplio para los compañeros de Transportes del Oeste y para todas las líneas que nos han apoyado en esta lucha, este asado es una manera de valorar la importancia de estar juntos. PO: ¿Cómo ves la situación del gremio luego de los últimos conflictos de la Río y la 148? MG: Creo que la conducción de UTA se vio superada, y en algunos casos trata de hacer algo para no quedar al margen. Esta conducción trataba de desligarnos de la gente, pero nosotros la convocábamos a cada instancia. Bombo, bombo y bombo ejercían una presión sobre la dirección de la UTA, sobre la empresa y sobre los funcionarios del ministerio. Incluso a éstos tuvimos que enfrentar, porque representan un aparato del gobierno que deja pasar la flexibilidad contra los trabajadores. En los momentos más duros del conflicto, la subsecretaría de Transporte nos presionaba queriéndonos hacer responsables de la pérdida de trabajo de los compañeros. Pero nos mantuvimos unidos y fuertes y tuvieron que ceder. Yo creo que es el momento para lanzar una campaña de unidad para pelear juntos contra la ofensiva de las patronales, que en todos lados pretenden golpear a los trabajadores con el argumento de la crisis y la falta de guita, pero como se demostró en este conflicto, que la plata la trajimos y la plata apareció, esto es lo que tenemos que imponer en todo el gremio.

El sábado 13/7, se realizó en el Colegio Nicolás Avellaneda un plenario de estudiantes secundarios, al que concurrieron más de 100 delegados de la Coordinadora de Estudiantes Secundarios, de la Comisión pro-Fes y delegaciones de distintos colegios. El punto central de la reunión era la realización de un congreso estudiantil para mediados de septiembre. La Coordinadora planteó que el congreso fuera de los colegios de la Capital y del Gran Buenos Aires, para mediados de septiembre, que sirviera para lanzar una campaña de movilización para formar centros, elegir delegados, discutir programas, reivindicaciones y dar un fuerte impulso a nuestra lucha. La Coordinadora propuso la realización de asambleas por colegios para que elijan sus delegados en forma proporcional, los mandaten y que todo este proceso pueda ser fiscalizado por otros colegios. Esta propuesta de Congreso fue resistida por las agrupaciones que integran la Pro-Fes. La posición más derechista fue la del Ptp y el Frepaso (la agrupación Tupac del Avellaneda), que plantearon que el congreso debía ser únicamente de los colegios de la Capital Federal, es decir, excluyendo a los del Gran Buenos Aires. En segundo lugar, se opusieron a que los delegados fueran electos por asambleas. El Ptp propuso que los presidentes de los centros de estudiantes, con algún secretario o vicepresidente, sean los delegados al congreso. El Frepaso, por su parte, planteó que la proporción de delegados debía tener en cuenta la cantidad de votos obtenidos en las elecciones de centros. Las mociones del Ptp y el Frepaso fueron rechazadas por numerosas intervenciones, que explicaban que las elecciones de Centros se realizan una vez al año, que no todos los colegios se organizan con presidentes y elecciones directas (por ejemplo, hay colegios que funcionan sobre la base de cuerpos de delegados). Fundamentalmente, se las rechazaba por ser un método burocrático que no impulsa al movimiento estudiantil a realizar asambleas y reuniones, a deliberar y a votar en forma directa a sus representantes. Mientras se desarrollaba el debate, el Ptp adoptó una posición divisionista, pues se retiró del plenario ante su impotencia para seguir defendiendo sus posturas burocráticas. El Frepaso logró, sin embargo, mediante la presión sobre el Mst y Patria Libre, que éstos cambiaran sus posturas iniciales en favor del método asambleístico, por una “contramoción” que consistía en que “cada colegio decida de qué manera quiere elegir a sus delegados”. Esta “contramoción” significaba hacer un congreso sin ningún método unificador y autorizar al Ptp y al Frepaso a utilizar sus métodos burocráticos. La votación fue ganada por 65 votos a favor de las asambleas, contra 56 votos por la “contramoción”. A partir de este triunfo de la moción de la Coordinadora, se produjo un desconcierto y desbarranque de la Pro-Fes, que no estaba dispuesta a acatar la decisión de la mayoría. Patria Libre, incapaz de acatar la decisión mayoritaria, se retiró. La reunión, sin embargo, continuó y resolvió hacer un acta con las resoluciones votadas y la convocatoria al congreso de estudiantes secundarios. La Coordinadora tuvo una posición unitaria y democrática, que da un impulso real al movimiento estudiantil, y obligó a definirse sobre si realmente se quiere un Congreso Unitario de los Secundarios. La Coordinadora debe esforzarse ahora —junto a todos los sectores que están por un congreso y una central unitaria de los secundarios— por llevar a cabo las resoluciones votadas en el Plenario del 13/7. La UJS estará en primera fila para impulsar la lucha por poner en pie al movimiento estudiantil secundario.

De un plumazo, el gobierno eliminó por decreto la mayoría de las asignaciones familiares no sólo para los que ganan más de 1.000 pesos por mes, sino para todos los trabajadores. Desapareció para todos el salario por esposa, de 15 pesos; las escolaridades primaria y secundaria, de 3 y 4,50 pesos; la ayuda anual educativa, de 130 pesos; el preescolar, de 3 pesos, y la asignación por matrimonio, de 300 pesos. A los que ganan más de 1.000 pesos, se les eliminó también el salario por hijo incapacitado, la asignación por nacimiento y adopción, de 200 pesos, y los 20 pesos de salario por hijo. A los que ganan entre 500 y 1.000 pesos, solamente se les dejó la asignación por nacimiento y adopción, y los 20 pesos de salario por hijo, que fue aumentado de 20 a 40 para los que tienen sueldos inferiores a 500 pesos. La medida vulnera la Constitución, que prohíbe adoptar medidas impositivas por medio de decretos de necesidad y urgencia. Como resultado de todas estas supresiones, el gobierno le bajó el sueldo mensual al 80% de los trabajadores argentinos, inclusive a una gran parte de los que ganan menos de 500 pesos (Clarín, 14/7/96). Porque los que ganan menos de 500 pesos perdieron el salario por esposa, la asignación por matrimonio y las asignaciones escolares. Solamente tendrían una leve mejora los que ganan menos de 500 pesos y tienen al mismo tiempo más de 3 hijos. De esta manera, el gobierno, que se presenta como consustanciado con el matrimonio, el nacimiento, la adopción, los hijos, la familia y la escuela, borró de un plumazo todas esas asignaciones que ya tenían hoy un valor ridículo, porque hace como una década que están congeladas. ¿Y por qué hizo todo esto? Por algo que no se dijo. En enero, el gobierno bajó un 50% el aporte patronal a las asignaciones familiares. Del 7,5%, redujo ese aporte del 1,5% al 5,25%, de acuerdo a la ubicación geográfica de las patronales. Entonces, las cajas de salarios familiares que estaban equilibradas, pasaron a ser deficitarias. Para terminar con el déficit y quedarse con un suculento resto, en lugar de volver a subir el aporte patronal, el gobierno resolvió cortar de cuajo con la mayoría de los beneficios a los trabajadores. En tanto que la recaudación del ‘impuesto a la riqueza’ fracasa miserablemente sin que al gobierno se le mueva un pelo, Menem y Cavallo meten la mano sin la menor vergüenza en el bolsillo de los trabajadores para financiar a los patrones y al Tesoro, y para pagar los intereses de la deuda externa. Por todo esto, es que el PO plantea: • Restablecimiento de todas las asignaciones familiares y su actualización de acuerdo al costo de vida. • Aumento del aporte patronal para financiar los salarios familiares actualizados. • Impuesto extraordinario a los grandes capitalistas para financiar las necesidades de los trabajadores.

Finalizado el conflicto en TDO con la espectacular victoria de los choferes, después de conocida la resolución en firme de pagar el sueldo y aguinaldo adeudados, los compañeros se hicieron presentes en la terminal de Morón para llevarse el fruto de su trabajo y de su lucha. Allí fuimos un grupo de militantes del PO a ofrecer la Prensa Obrera. Nos recibieron con aplausos y fuertes apretones de mano. De hecho, nos sacaban los periódicos de las manos y muchos se acercaban con un “dame dos, que me voy para Merlo”, acompañado con el agradecimiento a nuestra presencia y colaboración constantes, tanto en las movilizaciones como en las diferentes ollas. En media mañana y media tarde, vendimos 74 prensas, y de esta actividad nos quedó una lista de compañeros que quieren “volver a vernos” y otros que solicitaron nuestra vuelta la semana próxima a la hora del cambio de turno, para recibir el número siguiente de Prensa Obrera. Lo que demuestra, en definitiva, la necesidad de una prensa de los trabajadores que refleje y oriente las luchas del movimiento obrero.

Somos de la fábrica Impar, fabricamos sueros, y desde hace cinco días estamos de paro, resuelto en una asamblea de todo el personal, a raíz del atraso en los pagos de los meses de mayo, junio y el medio aguinaldo. La fábrica, como otras ubicadas en la zona de Tafí Viejo, que pertenecen a distintas ramas industriales, son PYMES, y en todas prevalecen condiciones precarias desde el punto de vista laboral, con regímenes de superexplotación. En nuestra fábrica, el 80 % del personal está contratado por un período de un año; muchos de ellos, estando en negro hasta hace poco, tenían dos o tres años de antigüedad, la cual perdieron al ser contratados. Tan sólo el 20 % está efectivo. La extensión de la jornada laboral, la mayor intensidad del trabajo de acuerdo a las necesidades de producción, la eliminación del descanso dominical, la falta de reconocimiento de áreas de trabajo insalubre y en horario nocturno, etcétera, son la expresión de que en IMPAR se aplica a fondo la ‘flexibilidad laboral’. Como si esto fuera poco, es habitual el atraso en los pagos de nuestros míseros salarios, que promedian los 250 pesos, y que ha provocado en el pasado diversos conflictos. Toda esta situación ha desatado la inevitable reacción: parar hasta que nos paguen y organizarnos internamente, a la vez que nos hemos integrado al trabajo de la Coordinadora de Lucha de Tafí Viejo, en la conciencia de que es necesaria una lucha de conjunto para enfrentar los problemas que hoy atravesamos los trabajadores. Además, hemos votado en una asamblea que, ante la ausencia de nuestro sindicato, ATSA, vamos a formar una coordinadora de la sanidad en la zona.

Cuando el 6 de agosto, De la Rúa asuma el cargo de nuevo jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, coexistirá con un Concejo Deliberante de mayoría menemista. Y por el lapso que decida Menem, ya que la Ley de Convocatoria dictada por el Congreso a fines del año pasado, deja en manos del Poder Ejecutivo Nacional la facultad de convocar a elecciones para legisladores porteños. El radicalismo propone ahora que el vice-intendente electo Olivera, presida el actual Concejo Deliberante. Concejo que “será el encargado de dictar ordenanzas mientras no se convoque a elecciones legislativas locales. La cuestión no es menor: entre otras leyes, deberá controlar el presupuesto de este año y establecer el del próximo” (Clarín, 12/7). Tanto la Ley de Convocatoria, como la ley ‘Cafiero’, fueron en su momento aceptadas por la ‘oposición’, que se mostró incapaz de movilizar a la población contra semejantes condicionamientos menemistas. De la Rúa incluso las apoyó, en aras de lograr una definición de la convocatoria a las elecciones de intendente, en lo que se llamó, entonces, segundo pacto de Olivos. Durante la campaña electoral, ninguno de estos ‘opositores’ denunció, como lo hizo el Frente de Unidad Trabajadora-Partido Obrero, el carácter mutilado y antidemocrático que tendría una Estatuyente en las condiciones impuestas por su convocatoria, y se negaron a asumir el compromiso de desconocer esas leyes. Ahora, tanto radicales, como frepasistas y belicistas, han presentado proyectos de modificación de la ley Cafiero y de la de Convocatoria. La Nación (11/7) dice: “la oposición es consciente de que nada podrá lograr en el Congreso para variar la realidad; el PJ conserva las mismas mayorías con las que impuso la ley Cafiero y la de convocatoria a estatuyentes. Un proyecto derogatorio de esas normas no tiene más efecto que el de una presión política”. Otra versión plantea que una consulta popular, reglamentada por la Estatuyente porteña, podría ser utilizada en favor de la ampliación de la ‘autonomía’. “Pero hay quienes dicen que una consulta popular convocada por el distrito, no tendría mayor valor que para las normas que produzca la ciudad, cuando quede conformado el poder legislativo local” (La Nación). Todo esto no pasa de un saludo a la bandera de estos ‘antimenemistas’ para ocultar su impotencia y complicidad. La Estatuyente nace bajo el signo de la cohabitación política con el régimen menemo-cavallista. Una Estatuyente respaldada por un 80% de votos antigubernamentales, debería plantear la destitución del Concejo Deliberante y la convocatoria inmediata a elecciones de la legislatura porteña.

GI: Ante todo quiero decir que esta experiencia fue algo inédito para mí, ya que no la había vivido nunca antes y por lo tanto me ha cambiado mi modo de ver las cosas y valorarlas. PO: ¿Cómo se desarrolló la organización de las ollas? GI: El conflicto comenzó a la 0 hora del día 5 de julio. Desde un comienzo mentalizamos a los compañeros en que ésta sería una lucha larga y difícil, por eso, inmediatamente y sin que supiéramos cómo, aparecieron compañeros con los elementos de la olla, pelando los árboles, trayendo pavas, mates, etc. PO: ¿Cómo sostuvieron la olla? GI: La primera noche, con lo que aportamos los propios compañeros cada uno. Pero a las 8 del día siguiente formamos tres comisiones: de finanzas, de mangueo y de seguridad para evitar provocaciones. A medida que se iban consiguiendo provisiones se fortalecía la moral de los compañeros de la olla. Así montamos ollas en cinco cabeceras de la línea. PO: ¿Cómo incidió la solidaridad recibida? GI: La solidaridad fue un factor fundamental para aguantar bajo durísimas condiciones climáticas a pie firme. Es incontable la cantidad de líneas que trajeron su solidaridad, pero lo que más impactó fue la llegada de compañeros de la Zona Sur. PO: ¿Cuál fue la actitud de la gente de la zona? GI: Sorprendentemente, los habitantes de las zonas que nosotros cubrimos y que vieron agravadas sus condiciones de transporte, lejos de recriminarnos, nos manifestaron su apoyo. Como trabajadores que son, en su inmensa mayoría veían que en esta lucha también estaban representados. Tanto cuando traían espontáneamente cajas de alfajores, yerba, como cuando al parar a los ‘truchos’ para cobrarles el correspondiente ‘peaje’, ponían monedas y billetes en las alcancías, nos alentaban. Tan importante fue la solidaridad, que culminada la huelga sobraban víveres para 5 días más. Lo mismo sucedió con el fondo de huelga, del que quedó un excedente que utilizaremos cuando se lo necesite. PO: ¿De qué manera manejaron el fondo de huelga? GI: Atendimos la necesidad de la propia lucha, como la edición del boletín de la olla, así como el sostenimiento de compañeros que flaqueaban por no tener un peso o por necesidades de enfermedades familiares. PO: ¿Cuáles fueron los momentos más difíciles y cómo los enfrentaron? G.I.: Uno de los más difíciles fue con la llegada de los telegramas de despido que podían desinflar a los compañeros; ante eso tuvimos una actitud osada y optamos por no darles bola, diciendo: “No pasa nada, la vamos a sacar”, lo que produjo un gran convencimiento en todos los compañeros. Otro momento difícil fue cuando casi se produce un enfrentamiento físico con la vigilancia. Para evitar la salida de los coches, formamos piquetes para hacer un trabajo de convencimiento y explicación sobre por qué mantener esta lucha. Ante la pretensión de la patronal de sacar de ‘prepo’ un coche se formó un cordón de compañeros, ahí la vigilancia sacó a relucir ametralladoras e itakas. Nosotros, como no somos malandras, sacamos a relucir palos. Los hicimos recular. Emocionaba ver compañeros de más de 50 años jugándose el laburo y la vida para defender su dignidad. PO: ¿Cómo mantuvieron la cohesión de los compañeros? GI: Fundamentalmente, organizando las asambleas para informar y tomar decisiones. Así, en las asambleas, se fue incrementando el número de compañeros: 250, 300, 600, 800... ¡sobre 1.100! Lo otro fue evitar los manijazos de los empresarios no mezclando la hacienda, evitando el contacto y recalcando: “Ellos son empresarios y nosotros laburantes”, así nos mantuvimos todo el conflicto. PO: ¿Qué conclusión sacás? GI: Primero, quiero destacar la importancia de haber logrado la repercusión que tuvimos en los medios, que evitó que nos aislaran. Pero lo más importante fue la unidad de todos los compañeros y de su dirección. Fuimos una dirección consecuente con la causa emprendida, que estuvo siempre con los compañeros. Una dirección a la que nunca se le fue el conflicto de las manos. Podemos decir que actuamos con la inteligencia necesaria y con las bolas también.Llegamos a esto por convencimiento y entendiendo que es el único camino que nos va quedando: el de la lucha.

El plan de reforma general de la UBA, destinado a ajustar su funcionamiento a las exigencias del Banco Mundial y de la ley menemista de enseñanza superior (ver Prensa Obrera Nº 500), recibió la semana pasada el apoyo formal de los representantes del Frepaso. Adriana Puiggrós, especialista en temas educativos del agrupamiento centroizquierdista, celebró la iniciativa, que —afirmó— “implica grandes ventajas”. Según tal versión, “acortando las carreras se las adecua a las tendencias internacionales”, y al estudiante, cuando “le dan un diploma, se lo califica y se le reconoce que estudió” (Clarín, 23/6). Las “tendencias internacionales” no existen en el limbo, son las que marca el gran capital. El Banco Mundial recomienda el “acortamiento” de las carreras, precisamente, como un recurso para redireccionar los fondos públicos en favor del subsidio y las prebendas a las corporaciones capitalistas. Las “tendencias internacionales” de las reformas educativas, además, tienden a “ajustar” la formación educativa a la desvalorización y superexplotación del trabajo en la sociedad actual. Es esto mismo lo que promueve la reforma de la UBA, al reducir el tiempo de estudio de las carreras a 4 años, divididos, a su vez, en dos “ciclos cortos” . No se procura retener al estudiante, sino organizar la rápida deserción, evitando promover la formación cultural más extensa y adecuada al avance del conocimiento científico de la época. Las cumbres más elevadas de la enseñanza superior se reservan, en cambio, para una elite que pase por todos los ciclos “previos” y disponga de los recursos para el arancel que le cobrarán en el “posgrado”, que es, también, lo que se quiere generalizar en la UBA. Embrutecimiento precoz y el pago del servicio educativo a costa del salario, éstas son las “tendencias internacionales” que el Frepaso celebra. Como la zanahoria delante del burro, se pretende contentar a los estudiantes que deben acceder a un diploma profesional luego de una carrera de 5-6 años, con un sucedáneo que le otorgarían cada 2 años. Esto no es calificación sino descalificación. Ahora se sabe, inclusive, que al culminar el “ciclo de base” no sólo habría una “diplomatura”, sino también una “tecnicatura”, como lo denominan los documentos que circulan en la UBA. El primer diploma le correspondería a quien complete 12 materias del “ciclo de base” o inicial, el segundo diploma “técnico” a quien complete 9 materias. No habrá un diploma sino muchos, porque según aclaró el rector Schuberoff, “más que una instrucción general se promoverá un traje a medida según las necesidades que advierta cada alumno”, que podrá armar su propio plan de estudios. El propósito de esta súbita propagación de diplomas es encubrir la total desjerarquización de los títulos universitarios, que pasarían a ser como todas las truchadas que promueve la más diversa cantidad de institutos que prometen a la juventud formarse como “técnicos” en menesteres como hotelería, corte y confección, reparación de electrodomésticos, etc. Para ser más claro, Schuberoff aclaró que es el “mercado el que exige estos títulos intermedios” (La Nación, 19/6), o sea, el plan de Menem y Cavallo, o lo que es lo mismo, para usar la terminología de la especialista del Frepaso, las “tendencias internacionales del capital financiero y el imperialismo”. Más desocupados Pero mientras Schuberoff y sus admiradores piensan que, aceptando la exigencia del “mercado”, asegurarían, por lo menos, un trabajo al poseedor del flamante “título intermedio”, lo cierto es lo contrario. La introducción del “posgrado” plantea el peligro de que se devalúen las carreras de grado, al punto que ya no sirvan para acceder al mercado laboral: “hasta hace poco lo único que garantizaba el acceso al trabajo era la carrera universitaria completa, ya que el sector de los graduados universitarios fue el que menos sufrió las altas tasas de desocupación; a partir de ahora se corre el riesgo de que se traslade la diferenciación a quien no tiene posgrados” (Daniel Filmus en Clarín, 30/6). Lo único claro es que, “al acortar la carrera de grado y establecer el posgrado como requisito para la especialización, la propuesta de la UBA pone en duda la gratuidad de los estudios universitarios” (Clarín, 30/6). No debe extrañar, entonces, que el hombre que acaba de ser elegido para combatir al “corrupto menemismo”, haya pergeñado sus cambios en la universidad para “promover un diálogo franco y sincero con el gobierno” (La Nación, 3/6) . El menemismo aprovechó, entonces, para avanzar e impulsó el Consejo para la Transformación de las Universidades Argentinas, “con respaldo del Presidente”, integrado por varios rectores, encabezados por el del Comahue, Pablo Bohoslavsky, y con el fin de imponer en los claustros “los objetivos políticos del Poder Ejecutivo”(ídem). Sabe que ara en el terreno de “opositores” devaluados, de la misma manera que los títulos que pretenden repartir en el futuro, como los espejitos de Cristóbal Colón.

La pueblada de Cutral Co y Plaza Huincul ha generado una conmoción tan grande que todos los funcionarios del gobierno están abocados a la “problemática de la desocupación”, hasta en la última de las localidades de la provincia. El gobierno corre de un lado para otro para evitar nuevos levantamientos, despliega toda una red de investigación policial para detectar ‘zonas calientes’ y trata de ir arreglando los contradictorios compromisos asumidos con los piqueteros del Cutralcazo. Después de firmar que el producido de la planta de gas El Mangrullo debía quedar para un ‘fondo de reparación histórica’ de las dos localidades, técnicos de la subsecretaría de Energía salieron a recomendar a Sapag que el yacimiento sea operado por una empresa privada, lo que no dejaría nada para la ‘reparación histórica’. Mientras tanto, desde todas las localidades llueven reclamos. La victoria de Cutral Co-Huincul ha fortalecido a todo el movimiento de desocupados y esto se ve en la mayor participación, en la predisposición a organizarse y en el surgimiento de Asambleas en sectores que estaban paralizados. En Cutral Co y Plaza Huincul, la lista inicial para recibir el pago del subsidio arrancado al gobierno provincial se amplió a 756 cupos y, al contrario de los ‘subsidios’ de la ley 2128, éstos “serían sin la contraprestación de servicios” (La Mañana del Sur, 11/7). En Plottier, en el barrio Chacay, en una Asamblea de 250 personas, en la que estuvo la Coordinadora de Desocupados, se declaró la “Emergencia Ocupacional”. El intendente (PJ) y los concejales presentes se comprometieron a abrir el empadronamiento, a reconectar la luz y el gas y a realizar 200 viviendas por medio de contratación directa, sin las empresas contratistas de intermediarias. Al final de esa Asamblea se conformó una comisión con desocupados de tres barrios para impulsar e integrarse a la Coordinadora Provincial. En Piedra del Aguila, ante la inminencia de una pueblada, convocada por una “Coordinadora” de los sin trabajo, el gobierno se comprometió a reactivar la obra hidroeléctrica de Pichi Picún Leufú, ocupando el 70% de mano de obra local. En Senillosa, con el 50% de desocupación, el intendente de la comuna dijo estar sentado “arriba de un volcán”. En Rincón de los Sauces se reclama la pavimentación de la ruta 7. En Zapala, la Comisión de Desocupados, que integra la Coordinadora Provincial, se moviliza para reclamar trabajo, subsidio, apertura de los padrones y pase a planta permanente de desocupados inscriptos en los ‘planes’. En Neuquén capital, a instancias de la Coordinadora y del CTA, los barrios han comenzado a organizarse y hasta los barrios ‘chicos’ toman el ejemplo de Cutral Co. En Villa Florencia se frenó el intento municipal de hacer obras públicas en base a créditos personales bancarios de cada vecino. En San Lorenzo se reclama el no pago de los impuestos. En Villa Ceferino se declaró la ‘emergencia ocupacional’ y en Islas Malvinas se prepara una Asamblea para el fin de semana. En este marco, la Coordinadora impulsa empadronamientos y asambleas, planteando la unificación de las reivindicaciones. Están dadas las condiciones para lanzar el segundo Encuentro Provincial de Desocupados y la posibilidad de profundizar una lucha de conjunto, para imponerle al gobierno el seguro mínimo de 500 pesos a todos los desocupados, la reconexión de la luz y el gas, el no pago de impuestos, la apertura de los padrones y la libertad de los compañeros detenidos y perseguidos.

PO: ¿Qué balance hacés de la lucha en Transportes del Oeste? AC: Muy positivo. El desenlace ha sido un triunfo total de la lucha que llevaron adelante los compañeros de TDO para que les pagaran los haberes adeudados, pero también para reafirmar los derechos de los trabajadores del transporte, porque esto es una ‘reforma salarial’ encubierta, como están haciendo en todas las empresas y como quieren la FATAP y otras entidades. Nosotros estuvimos el martes 9 a la noche en la olla compartiendo y participando: fue hermoso ver a tanta gente que lucha contra la rebaja salarial y el negrerismo de la patronal. Un aliciente para nosotros —de la Río de la Plata— y para todos. PO: ¿En qué situación está el conflicto de la Río? AC: Logramos la reincorporación de la totalidad de los compañeros (incluidos los dos últimos). Otro triunfo. Mi balance es que la unión, la fuerza y la lucha mancomunada son muy importantes para que no nos rebajen el salario y para que respeten el convenio. PO: ¿Cómo ves la situación del gremio? AC: Las bases de UTA están conmocionadas. UTA está revolucionada. Mirá la Río... al principio la dirigencia no quería bajar y tuvo que hacerlo. No podía creer que choferes comunes, sin fuero gremial, lucharan de esta forma. Lo mismo creo pasó en la 148, TDO, la General San Martín, etc.

Buenos Aires, 10 de julio de 1996 Sr. Director de Prensa Obrera Habiendo leído en el Correo de Lectores la carta que envió ATSA filial Bs. As., donde se acusa a esa publicación de “calumniosas expresiones vertidas” en artículo “Fraude en sanidad” y se amenaza con radicar denuncia ante la Justicia Penal, por “delito de calumnias, amén de hacerlos responsables de los daños y perjuicios que ocasiona la divulgación de tamañas falsedades y patrañas”, firmada por el letrado apoderado de dicho sindicato, queremos poner en vuestro conocimiento que: Apoderados de la lista Verde-Bordó realizaron una presentación a la directora nacional de Relaciones Sindicales, Silvia Proietti, del Ministerio de Trabajo de la Nación, donde constan pruebas de “irregularidades ocurridas antes y durante el desarrollo del propio comicio que han configurado un FRAUDE vergonzoso y nos llevan al convencimiento de que el guarismo (23 %) que surge del escrutinio oficial resultaría inferior al verdaderamente obtenido por nuestra lista”. —Que previamente al acto eleccionario “se denunciaron numerosas irregularidades que atentan contra la transparencia del comicio anexadas en el expediente 1.008.824 de fecha 23/5/96”. _“Que sólo son algunas de las graves denuncias recibidas de nuestros fiscales y compañeros, quienes no tenían acceso al veedor oficial que en ningún momento se apersonó a los lugares de votación. —“Que las ilegalidades de la Junta Electoral comenzaron desde la propia convocatoria a elecciones, en la que se establecían lugares de votación en domicilios inexistentes o lugares en los que no existían 15 afiliados, provocando una dispersión de urnas que impedía el debido control de nuestra lista opositora al oficialismo que dominaba la Junta Electoral y que no tenemos dudas en decirlo, sólo actuó como apéndice de la Comisión Directiva y de la lista oficialista. —“El 22/5 la Junta Electoral se niega a recibir la impugnación de nuestros apoderados al proceso electoral, lo que nos obliga a realizar el Acta Notarial” por la cual un Escribano constató que no se entregaron a la Verde-Bordó los padrones electorales (también fue omitida su exhibición en tiempo y forma), y se reclamó que se solucione el problema de los fiscales de la Verde-Bordó, ya que no había impedimento legal o estatutario para actuar de tal forma. —El día mismo de la elección, los apoderados se presentaron ante el Poder Judicial para obtener credenciales de Fiscales Generales, porque la Junta Electoral entregó sólo 5, lo que era absurdo, teniendo en cuenta la cantidad de mesas a fiscalizar, y que la JUNTA retrasó intencionalmente una definición sobre el tema. Hubo que designar con 12 horas de anticipación a la apertura de los comicios, fiscales de mesa con el consiguiente perjuicio organizativo, y finalmente, también se terminó negando credenciales a una parte importante de ellos. Cuando se quiso presentar una nota reclamando cambios a estos requisitos, “no sólo se nos niega la recepción de la nota sino que se impide el ingreso de nuestros compañeros y se nos agrede junto al escribano actuante en las mismas puertas del Sindicato”. Consta en el escrito notarial: “se arrojó un baldazo de agua, fueron increpados por un señor, que dijo ser Dr. Núñez, que no existía motivo para efectuar reclamos”. “En el edificio, el Secretario Gremial que se negó inicialmente a identificarse, le puso la mano sobre el pecho al escribano y le dijo: ‘¡a la vereda!’ ”. En el punto 4 de la presentación, dice: “no pretendemos abrumar con la nómina total de hechos..., pero sintetizaremos los más destacados: “OTAMENDI-MIROLI: El Padrón exhibido tiene siete hojas y el utilizado para la votación poseía doce hojas (se adjunta la prueba). Al fiscal de nuestra lista no se le permitió requerir acreditación a los votantes tal como lo exige el reglamento electoral y el estatuto social. “BAZTERRICA: Se votó sin acreditación. “RIVERO: No se permitió el ingreso de nuestra fiscal general. “CO FARQUIL: Osvaldo Cruz 3333: Votaron trabajadores que no figuraban en el padrón y que pertenecerían a la Sede Quilmes de la misma firma. “EMERGENCIAS S.A.: No existen afiliados, sin embargo hay votantes. “FAVALORO: El 6to. Congresal Suplente (LIENDRO, Ramón Modesto), de la Lista Celeste y Blanca, figura en el padrón de la Junta Electoral afiliado desde 1984 en dicho establecimiento, cuando éste aún no existía. Se acompaña documental de la Presidenta de Mesa (Inés Banaro DNI 18.057.966). “MICRO SULES BERNABO: Mesa 078. Se votó sin acreditación. Al fiscal de nuestra lista no se le permitió firmar sobres, urnas ni actas. Se acompaña prueba documental. “PABLO CASARA: El acto eleccionario abrió a las 9.00 hs. y cerró a las 10.00 hs. Se acompaña prueba documental. “AMBULANCIAS CHICAGO: Figuraron veinticinco votantes sobre un padrón de veinticinco afiliados, pero actualmente trabajan nueve y dieciséis hace tres años ya no laboran en la firma. “Establecimientos con menos de quince afiliados (inhabilitados para votar) donde se realizó el comicio: GERIATRICO ELIT; EMANUEL; ANEXO; MAITOR; CLINICA GUAYAQUIL; DUVAL. “SANATORIO FRANCHI (UOCRA): Se envió urna y se realizó votación sin estar en la convocatoria”. A la vista de tanta maniobra fraudulenta, la Verde-Bordó resolvió impugnar el proceso electoral y por mayoría no avalar el escrutinio definitivo. El 18/6, la Junta Electoral, en carta documento, menciona que el resultado del acto eleccionario avalado con la firma del apoderado de esa lista. Nuestro apoderado y la compañera de la Agrupación Verde (CTA) encabezan la presentación ministerial y no han avalado. La burocracia no publica el acta. El apoderado del MST no desmiente ¿Ha violado el mandato de la Lista y firmado de espaldas al activismo antiburocrático avalando estos ‘resultados’? Las denuncias formuladas en la carta están a la espera de respuesta ministerial. Solicito se publiquen. Saludo a Ud. atte.

El derecho de organización de los docentes universitarios acaba de ser pisoteado por el decano de la facultad de Odontología, Dr. Pedro Salazar, que decidió no renovar la designación en el cargo de Claudia López Camelo, que integra la Comisión Directiva del gremio docente (ADULP). La compañera revistaba como docente “interino” (provisional), y su cargo —como el de numerosos docentes de la facultad— “vencía” el 30 de junio. El profesor titular de su cátedra le comunicó la decisión de no renovarle la designación por “haber metido el gremio en la facultad” (textual). El conflicto se inició hace un mes, cuando en forma discrecional y sin ningún justificativo académico, varios docentes de la facultad fueron redesignados en categorías inferiores a las que venían desempeñándose (una reducción salarial de hecho). El despido de la compañera, que fue amenazada telefónicamente y en la facultad con represalias y ataques contra su integridad física y la de su familia, es la respuesta por su intervención y la de ADULP denunciando el atropello y reclamando la devolución de las categorías. La facultad de Odontología se parece más a la ESMA que a un ámbito de estudio (el decano pidió la lista de afiliados de la facultad). El rectorado y el Consejo Superior, hasta el momento, no han intervenido, pese a las denuncias y a la campaña pública realizada. El despido y la reducción de categorías es un ataque a todos los docentes —en particular, los interinos, verdaderos parias sometidos a la arbitrariedad de decanos y titulares—, y ocurren en medio de una grave crisis presupuestaria en la UNLP. Una Asamblea de ADULP resolvió convocar a una concentración el martes 16 en Odontología, y realizar una campaña por la reincorporación y la devolución de las categorías. Esta es una causa de todos los docentes, estudiantes y no docentes. ¡Reincorporación inmediata! ¡Fuera las patotas menemo-policiales de la Universidad!

Provincia de Buenos Aires Subsecretaría de Trabajo Deleg. Reg. Morón Ministerio de Gobierno y Justicia Cde. Expte. 2273-20217/96 En la ciudad de Morón, a los 11 días del mes de julio de 1996, comparecen a la audiencia fijada para el día de la fecha por la empresa Transporte del Oeste S.A. su Vicepresidente el Sr. Camilo Cáceres Soto y el Sr. Díaz Juan Manuel en su carácter de Representante Legal; por UTA, los Sres. Caminiti Benito Domingo, Colombi Héctor y Peranio Héctor; y por el Cuerpo de Delegados los Sres. Matías Alfredo, Pacheco Carlos, Kiryk Juan, Iriarte Guillermo y Desutter Alfredo. Abierto el acto y cedida la palabra a la representación Empresaria, ésta manifiesta: que a partir de las 18 hs. del día de la fecha comenzará a pagar a la totalidad de su personal los haberes correspondientes al mes de Junio de 1996 y el SAC correspondiente al primer semestre del corriente año, aceptando que los trabajadores comiencen a reanudar el servicio a partir de que se halla efectivizado el pago de la totalidad de los mismos; asimismo y por razones de seguridad por única vez se habilitará como sede de pago única la de Avenida Rivadavia 17.415, solicita asimismo la presencia de esta autoridad de aplicación a los efectos que a través de ella se verifiquen los pagos propuestos. Atento por lo manifestado por la representación Empresaria, el Delegado Regional de Morón de la Subsecretaría de Trabajo dispone que a partir de las 18 hs., funcionarios de esta sede se trasladarán a la sede de la empresa a efectos de la pertinente verificación. Cedida la palabra a la representación sindical, conjuntamente con el Cuerpo de Delegados manifiestan que se toma conocimiento de la propuesta realizada por la Empresa y la subsiguiente supervisión de la misma por parte de esta Subsecretaría se elevará la misma en forma inmediata a los compañeros trabajadores que se encuentran en los distintos lugares de trabajo. Cedida la palabra nuevamente a la representación Empresaria, manifiesta que: reitera lo manifestado en el acta del día 10/7/96, en cuanto a los despedidos, que los mismos han quedado sin efecto incluyendo en esta medida al Sr. Magallanes Horacio. No siendo para más, se da por finalizado el presente acto firmando al pie ante funcionario actuante que certifica. Otro si digo: en este acto el Delegado Regional cita para nueva audiencia de Conciliación para el día 15/7/96, a las 12 hs., quedando las partes debidamente notificadas en este acto. Siguen firmas...

"Impugnamos el Congreso Extraordinario del 5 de julio” Treinta y un delegados, representantes de catorce asociaciones de base (sobre 72 delegados acreditados), al Congreso Extraordinario de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) realizado en Buenos Aires el 5 de julio, nos retiramos del mismo en solidaridad con la delegación de la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA), cuya legitimidad fue desconocida en abierta violación a los estatutos de la CONADU. Contra todo criterio de democracia sindical se resolvió incorporar como delegación de ADUBA a un sector de esa Asociación, que no reunía las condiciones fijadas por el estatuto de la CONADU. Esta resolución se tomó para asegurar a la corriente dirigente del gremio la mayoría en el Congreso, ya que sucesivos congresos de ADUBA han rechazado la política oficial de la CONADU de ir a paritarias por universidad para fragmentar a los docentes y debilitar sus reclamos, aceptando el Decreto 1007/95 del menemismo, que además pone como patronal a los rectores y no asigna recursos para aumentos salariales. La conducta seguida con ADUBA indica que para mantener la conducción de la CONADU, se recurre a procedimientos burocráticos, antiestatutarios, ilegítimos e ilegales, que decidimos impugnar, para defender una Federación donde la política gremial resulte de los mandatos surgidos de las Asociaciones de Base, y que, por lo tanto, respete las aspiraciones, necesidades y reclamos de los afiliados. El camino emprendido por la conducción de la CONADU al proscribir la delegación legítima de ADUBA pretende clausurar toda modificación en la voluntad política del gremio e indica que prepara su continuismo a cualquier precio, aun a costa de intervenir en la decisión soberana de las Asociaciones de Base. Al iniciar las acciones legales pertinentes, los abajo firmantes afirmamos nuestro compromiso de recuperar a la CONADU como la organización unitaria para la defensa de los derechos de los trabajadores docentes universitarios y de la Universidad Pública, que hoy el gobierno pretende destruir con la miseria presupuestaria y la aplicación de la Ley de Educación Superior y la Ley Federal de Educación. Firman Delegados de ADIUNJU (Jujuy); ADIUNSA (Salta); ADICUS (San Juan); ADUNLu (Luján); ADUNC (Comahue); ADUCR (Patagonia); ADUS (Bahía Blanca); ADUNCE (Centro de la Pvcia. de Bs. As.); COAD (Rosario); ADIUC (Córdoba); FADIUNC (Cuyo); ADULP (La Plata). Edgardo Fernández (Universidad Nacional del Sur); Lidia Ascenscio (Universidad Nacional del Comahue); Nora Elena Toledo (Universidad Nacional de San Juan); María Teresa Domínguez (Univ. Nac. del Centro de la Provincia de Bs. As.); Carmen Hernández (Universidad Nacional de Salta); Nilda Masci (Universidad Nacional de Salta); Andrea Oliva (Univ. Nac. del Centro de la Provincia de Bs. As.); Eduardo Cabezas (Universidad Nacional de la Patagonia); Víctor Hugo Medina (Universidad Nacional del Comahue); Rodolfo N. Uranga (Universidad Nacional de Córdoba); Carmelo Cortese (Universidad Nacional de Cuyo); José Pablo Carro (Universidad Nacional de Córdoba); Mildred Cabrera (Universidad Nacional de Luján); Diana Malacorto Cordi (Universidad Nacional del Comahue); Carlos A. Meritano (Universidad Nacional de Rosario); José María Galli (Universidad Nacional de Jujuy); Luis Manuel Tiscornia (Universidad Nacional del Comahue); Beatriz M. Bruce (Universidad Nacional de Jujuy); Horacio López (Universidad Nacional de Rosario); Mario R. Albornoz (Universidad Nacional de Jujuy); Silvia A. Mansilla (Universidad Nacional del Comahue); Silvia Cochet (Universidad Nacional del Comahue); Manuel Murúa (Universidad Nacional de la Patagonia); Marta Sahores (Universidad Nacional de la Patagonia); Guillermo A. Casas (Universidad Nacional de La Plata); María Teresa Basilio (Universidad Nacional de Luján).

Es muy bueno que el partido le dé la importancia que tiene a la prensa. Prensa Obrera debe convertirse en un diario que en las fábricas, barrios, hospitales, bancos, sea un referente distinto a toda esa basura de la prensa capitalista y su Estado. Sea el referente de los trabajadores. Para ello necesitamos un largo camino. Aunque siempre es un trabajo fundamental, el partido puede dar saltos en su difusión. Así como damos saltos en las finanzas, haciendo una Campaña Financiera anual, podemos hacer una Campaña de Prensa anual, instaurar el Mes de la Prensa Obrera, que sea una norma el mismo mes en cada año, salvo en situaciones especiales que obliguen a postergarla. En ese Mes de la Prensa, los círculos harán volantes que expliquen ¡por qué hay que leer Prensa Obrera!, pintadas alrededor de donde queremos penetrar, piqueteadas en sus objetivos. Hay que privilegiar el piqueteo casa por casa, porque es una forma fácil de ubicar al lector. Lo ideal sería que al cierre del Mes de Campaña se hiciera un acto central, donde los compañeros dirigentes expliquen la situación política y social del momento y el rol de Prensa Obrera. También, durante ese mes, se pueden organizar fiestas que dejen alguna ayuda financiera. Por otra parte, el partido saca centenares de miles de volantes, pero en cada uno de ellos, al pie, no ponemos “lea Prensa Obrera”; lo mismo en los afiches. Esto no los encarece y golpea sobre la mente de la gente. Así como las empresas comerciales, como Coca Cola, ponen millares de mensajes que dicen “Tome Coca Cola” y punto. Si es posible, se puede poner: “Lea Prensa Obrera” subrayado, esto lo resaltaría más.

El sábado 13 de julio volvieron a reunirse los Autoconvocados de Avellaneda, para debatir la organización de la lucha contra la implementación de la ley Federal. El movimiento ya se ha extendido a otros distritos de la zona Sur, lo que se reflejó con la presencia de Lanús, Quilmes, Lomas y Berazategui. La asamblea se inició con un informe de las actividades realizadas: el 8 de julio se concretó un acto frente al Consejo Escolar, con la presencia de padres, docentes y numerosos secundarios. Posteriormente, intervino un compañero secundario de la Asamblea de Secundarios de Avellaneda por la formación de los Centros de Estudiantes, quienes acababan de realizar un plenario con la presencia de un docena de colegios de la zona. Al calor de la asamblea de Autoconvocados, también los secundarios de la zona lograron abrir una vía de organización. La asamblea votó la integración a la coordinadora de autoconvocados que ya integran docentes de Merlo, San Martín y 3 de Febrero. Frente a la convocatoria de SUTEBA para el 18/7, se resolvió concurrir levantando el programa de reivindicaciones votado en las sucesivas asambleas, al tiempo que se redactará un documento explicativo de las consecuencias de la ley, para ser repartido en todas las escuelas.

Quiero dirigirme a todas las compañeras auxiliares de Malvinas Argentinas y a todo aquel lector de Prensa Obrera. Soy una simpatizante del partido que quiere hacer públicos estos problemas, ya que tengo la oportunidad por haberme suscripto a Prensa Obrera y leerla, estoy comprendiendo la necesidad de empezar a organizarme. “Digo” a todo aquel que trate como yo pienso hacer en cada rincón de su trabajo ir agrupándose de a poco, es lo que hasta aquí entiendo, ya que este gobierno nos golpea a todos los trabajadores, incluyendo sus familias. Con la experiencia que tengo puedo hacer públicas las injusticias que cometen en los sindicatos con el apoyo de Duhalde. Empezando por la UPCN, a cuyo frente están como delegados generales Rosa Crusenio y Ricardo Conti. Siendo que la misma trabaja en el Consejo Escolar de J. C. Paz y no nos representa como delegada, no hacen nada por nosotros, por compañeros que no cobran, que son muchos, y problemas gremiales sin solución por parte de ellos. Todas sus respuestas son mentiras y los mismos no hacen ningún trámite en La Plata por ninguna compañera. Yo lo afirmo porque descubrí todas sus maniobras, ya que los mismos están a la orden de Quintana, secretario general. Ni hablar de SOEME, Luisa Romero, secretaria general, se ocupa de afiliar compañeras sin su consentimiento, siendo que las mismas están afiliadas a otro sindicato. Por ejemplo, ATE-UPCN. Lo que quiero remarcar es que estos sindicatos están al servicio de este gobierno y no responden a las necesidades de sus afiliados. Por eso, compañeras, “sin miedo” les pido que nos organicemos para luchar contra estos “mafiosos” que nos roban la plata y por todas aquellas compañeras que no cobran. Por eso, debemos exigir elecciones de delegados por colegio, ya que los delegados que están son puestos por ellos. Le agradezco a esta prensa por darme la oportunidad de hacer públicas tantas injusticias cometidas por los sindicatos apoyados totalmente por este gobierno corrupto. “Unión compañeras y a luchar”.

El lunes 8, una asamblea con 60 desempleados tomó una serie de resoluciones. En principio, organizar los núcleos por barrio, a los fines de acercar y empadronar a los miles de desempleados que no se pueden acercar al local de la Coordinadora (hasta ahora lo hicieron más de 500), e instalar mesas en la peatonal para seguir empadronando; con este fin, la Coordinadora se hizo presente en la Plaza San Martín el 9 de julio, en medio de los actos oficiales. Los responsables de ceremonial de Mestre y la policía trataron que fueran retiradas las banderas y la mesa de la Coordinadora, pero la firmeza de los compañeros lo impidió. Finalizada la ceremonia oficial, se empadronaron más de 30 personas y muchas otras se acercaron a manifestar su solidaridad y pedir informes. La asamblea también discutió, en un debate de “alto nivel”, la declaración de principios de la Coordinadora, aprobándola. Se resolvió, además, el apoyo y la presencia en todos los conflictos obreros y la organización de guardias en el local para mantener el empadronamiento. Todo esto en vías a una nueva movilización al municipio, para recoger la respuesta al petitorio entregado el pasado 28 de junio.

El sábado 6 de julio tuvo lugar una jornada de recordación (“Re-cordis”: volver a pasar por el corazón) de lo que fue el centro clandestino de detención de la última dictadura conocido como “Club Atlético”, que estuviera ubicado en Paseo Colón y Cochabamba, hoy demolido por el trazado de la Autopista, en el barrio de San Telmo. Justamente, en ese lugar, un grupo de organizaciones de derechos humanos organizó esta jornada de la que participaron cerca de 200 personas, a lo largo de una mañana y una tarde en las que se desarrollaron diversas actividades. Lo central de la convocatoria fueron los testimonios de ex-detenidos desaparecidos que fueron encarcelados, torturados y luego liberados en ese centro de detención de activistas obreros, estudiantiles y barriales. En general, las intervenciones tuvieron como fin revelar los horribles tormentos sufridos por los supervivientes, a la vez que recordar a los compañeros que estuvieron detenidos en el “Atlético” y no salieron con vida. El Partido Obrero de San Telmo se hizo presente en la jornada con una adhesión, recordando que la represión ‘ilegal’ sufrida en la pasada dictadura hoy encuentra su continuidad por parte del gobierno, la Justicia y las patronales en la vía jurídico-legal, con la persecución, el procesamiento y la condena a cientos de activistas obreros de todo el país, con los casos más relevantes de Panario y Christiansen en Neuquén y, en el propio barrio de San Telmo, con la persecución judicial a los compañeros Adrián Alvarez y Ernesto Gutiérrez (condenados) y el delegado Jorge Brodsky (a enfrentar un juicio oral y público en poco tiempo), los tres del diario La Prensa..

Cuando en los medios de prensa se dijo que la llamada ‘reforma’ del Estado II implicaría el despido de miles de empleados públicos, Menem salió a decir que era un invento. Concretamente aquí, en la Comisión de Energía Atómica de Neuquén, la ‘reforma’ ya ha comenzado a provocar los primeros despidos. Bajo el pretexto de una “readecuación organizativa”, que ya se nos adelantó verbalmente no va a producirse, tres compañeros serán despedidos a partir del 31 de diciembre próximo. Los tres compañeros pertenecemos a la planta permanente y tenemos una antigüedad en la empresa de 15 años. Dos somos delegados gremiales, lo cual está denunciando que estamos ante un directo ataque a la organización sindical. Hemos denunciado el caso ante los medios locales y por medio de una nota hemos solicitado a la ATE local que se tomen iniciativas urgentes para impedir este atropello. De Gennaro ha dicho que “no vamos a permitir ni un solo despido”. Al menos en Neuquén ya tiene tres. Hay que pasar de los dichos a los hechos.

En la última semana de clases (antes de las vacaciones de invierno), se produjo un importante conflicto a raíz del intento de la Dirección del Instituto de Enseñanza Superior (Anexo 1) de imponer un arancel de 10 pesos destinado a la cooperadora, para poder obtener el parte de derecho a los exámenes de julio. Ya a principios de año, el centro de estudiantes, por medio de la lucha, había frenado el intento de cobrar (con destino también a la cooperadora) 60 pesos por inscripción, logrando que sólo sea por 10 pesos. Ahora, quisieron aprovechar la necesidad de rendir los exámenes para volver a la carga arancelaria en forma compulsiva, pues a quien se negaba a pagar no le daban los partes de exámenes. Por eso, el centro estudiantil convocó a una asamblea, en la que participaron doscientos estudiantes, que votó el rechazo a la decisión de la dirección y una concentración fuera del Instituto, la que al realizarse se transformó en una nueva asamblea, donde se votó parar no entrando a clase. Por medio de estas medidas de lucha se obligó a la dirección a retroceder, al establecerse el valor de 1 peso (simbólico) a los partes de exámenes. Esta lucha plantea el problema más general de la política creciente de desfinanciamiento educativo, que pretende ser sustituido por aranceles crecientes y de hecho obligatorios para la cooperadora. Por eso, desde el centro, se ha planteado volver a insistir, transmitiendo esta experiencia de lucha a los otros colegios, para formar una coordinadora de terciarios que organice una lucha de conjunto, por mayor presupuesto y la eliminación de las cooperadoras.

Como parte del ‘plan de lucha’, el plenario de delegados telefónicos aprobó el texto de un petitorio dirigido a los poderes nacionales y a otras instituciones (Iglesia, embajadas, partidos, etc.), cuyo verdadero significado debe haber pasado desapercibido para la mayoría de los propios delegados que lo votaron (ver artículo). Siendo una petición al Poder Ejecutivo Nacional y al Parlamento, no se reclama en él nada concreto. Se limita a solicitar la “intervención (de esas instituciones) ante Telecom y Telefónica, con el objeto de revertir su política” de reducción de personal. Una especie de pedido de auxilio, cuando de lo que se trata es de reclamar el cumplimiento de reivindicaciones concretas. Que se prohíban los despidos por parte de las empresas telefónicas, incluso por medio de una ley. Que se disuelvan los ‘microemprendimientos’ y se prohíba la cesión de trabajo a terceros por tratarse de una práctica desleal, una provocación contra los trabajadores con la finalidad de rebajar salarios, desconocer el convenio, reducir personal y dividir al gremio. Que se firme un acta por la cual las patronales se comprometen a cesar con las sanciones desmedidas y cualquier presión en favor de despidos encubiertos (“retiros voluntarios”). Sobre la base de estos reclamos, se trata de emplazar a las patronales y al Estado, bajo apercibimiento de que se tomarán todas las medidas gremiales necesarias para lograr su cumplimiento. El petitorio debe ser un programa de reivindicaciones y el programa una guía para la acción. Los trabajadores desocupados de Cutral Co también peticionaron al Estado provincial, pero plantearon reclamos básicos y concretos para la solución de su situación. Y lo hicieron con los métodos de la acción directa. No fueron a pedir clemencia ni benevolencia.

El periódico Propuesta, del Partido Comunista, publicó en su edición del 27 de junio pasado un “carta” de la abogada de la Correpi, María del Carmen Verdú, dirigida contra el Partido Obrero, con el pretexto de que Prensa Obrera se había negado a dar a conocer su texto. Los stalinistas criollos pretendían con este miserable procedimiento encubrir su responsabilidad fundamental en la forma y contenido de la carta, pues cualquiera se puede imaginar que si alguien le hubiera dirigido una carta del tenor del de la doctora Verdú, el PO se hubiera encargado de darle la réplica correspondiente —como es nuestro estilo. La verdad es que ni la doctora Verdú ni su defensor, ni el Partido Comunista, habían mandado ninguna carta... al menos hasta el martes 2 de julio, a las 17,22 horas, es decir, una semana después de la publicación de Propuesta, cuando un individuo de características exteriores masculinas lanzó un sobre a la mesa de entradas del local central del PO, sin tomar el cuidado de recoger una comprobación por escrito de la entrega. Este procedimiento de intrigantes resultó tan infeliz que el texto guardado en ese sobre ni siquiera era una copia fiel del reproducido en el diario codovillano, pues en dos o tres partes hay agregados o sustitución de párrafos. La carta tiene otra ‘curiosidad’, porque le reclama al PO su publicación, pero advierte que da por concluida la polémica en ese momento. ¿Adónde apunta este jueguito de ultimátums? En definitiva, nos preguntamos: ¿Qué pasa aquí? ¿El Partido Comunista la ‘mandó al frente’ a la doctora Verdú, dando a conocer una carta que aún no se nos había entregado? ¿Una ‘pequeña’ provocación staliniana en vísperas de elecciones? Lo cierto es que el partido comunista no actúa en esta emergencia como un ‘correo del zar’; lo hace como lo hizo porque defiende, si no es el inspirador, de las posiciones de la carta. El PC no se anima a asumir su responsabilidad política en una polémica de carácter político, no jurídico, y prefiere esconderse tras las faldas de una abogada ofendida. Pero las posiciones políticas en juego no son las de abogada sino que son las posiciones que asumieron el Frepaso, el PC y otros ‘democratizantes’ en ocasión del debate acerca de las consignas que debían presidir las movilizaciones en el aniversario del asesinato de Wálter Bulacio. Cuentas claras En esa ocasión se presentaron dos planteos. El de la Coordinadora de Estudiantes Secundarios, que reclamaba “cárcel, juicio y perpetua a los asesinos...” y la del bloque frepasista, que levantaba el slogan “Por Wálter Bulacio y Víctor Choque”. Una planteaba una reivindicación política, que semanas más tarde sería reivindicada también en la movilización por el asesinato de los chicos de La Plata, y además el derecho que tienen los estudiantes secundarios a encabezar, como lo hicieron todos los años, esa movilización. La otra no pretendía otra cosa que recordar a los muertos al margen de cualquier reivindicación política y, por sobre todo, poner al frente de la manifestación a un frente de organizaciones políticas y a la Correpi. Se trata de la misma divergencia que aparece y reaparece en todas las movilizaciones de derechos humanos: de un lado, el amplio bloque frepasista que ha renunciado por completo a las reivindicaciones tradicionales sobre los presos y los desaparecidos y es vertebralmente enemigo de cualquier reivindicación contra la represión de la ‘democracia’; del otro lado, los que opinamos que las viejas consignas siguen vigentes y que hay que presentar también las reivindicaciones que se enfrentan a la política del régimen menemo-cavallista actual. En un acto extraordinario para una abogada sin filiación política o partidaria, la doctora Verdú se presentó a una reunión de la Coordinadora secundaria para que los chicos revisaran su reivindicación política y para que cedieran en su derecho a encabezar la manifestación. La carta de la abogada Verdú vuelve a defender esta posición, aunque ahora con esta importante diferencia: que mientras en la Coordinadora argumentó que la consigna de “perpetua” era improcedente, porque precisamente no estaría prevista en el Código de Procedimientos, ahora dice que en las movilizaciones no importan las reivindicaciones, sean de ‘perpetua’ o lo que fuere, sino que lo que importa son las movilizaciones mismas. Lo que en la reunión de la Coordinadora fue, sin que los chicos lo supiesen, una burrada jurídica, en la carta se transforma en una descomunal burrada política. Es que lo que distingue a una movilización de un corso son las consignas políticas, y lo que distingue a una movilización bien orientada de una mal orientada es la calidad de esas consignas. De todos modos, la doctora tenía una para aquella ocasión —el recuerdo por los compañeros Bulacio y Choque, la conmemoración de los asesinatos, no una reivindicación política contra el Estado responsable de esos asesinatos. Pero no solamente en un político, sino incluso en un abogado, la siguiente afirmación de la letrada, es gravísima: “no es tan determinante si al comisario se lo condena por homicidio, por privación ilegal de la libertad. Lo importante es la lucha en la calle, la movilización...” (en la carta publicada por el PC). Es decir que a la doctora y al PC no les interesan, no ya la “perpetua”, sino ninguna condena; no les importa arrancar una condena, no es ése su objetivo. Pero si “el juicio y castigo a todos los culpables” fue y es la gran consigna nacional de este país, esto significa que los susodichos le dan la espalda a esta consigna y hasta hacen planear la sospecha de que los “organismos” que aún la levantan lo hacen por demagogia callejera. Porque, sí, una manifestación sin reivindicación precisa es una demagogia callejera. Pero hay más, porque una movilización sin reivindicaciones no tiene la posibilidad de triunfar, por definición. El método codovillano que nos recomienda la abogada es la estrategia de la derrota segura. Preguntamos: ¿Cuál es la “conciencia social” que despierta la movilización que va a la derrota? Pero el PC y la doctora Verdú están lanzados. Dicen textualmente lo siguiente: “limitar el reclamo popular a exigir que la justicia del sistema dicte determinada condena es legitimarlo”. La trampita es la palabra ‘limitar’, pero el concepto es claro: si le dan perpetua a los asesinos de los chicos legitimamos el sistema. Y si pedimos aumentos de salarios, legitimamos a los patrones; y si reclamamos la triplicación del presupuesto educativo, legitimamos a Decibe; y cuando la doctora Verdú presenta un escrito en la mesa de un juzgado, ¡vaya si legitima al Estado! Sin embargo, todo acto de destrucción del Estado comienza por la presión; se trata casi de una ley física. En Cutral Co forzaron al Estado a hacer lo que no quería hacer y lo que efectivamente no hacía; algunas instituciones del Estado, los municipios, no resistieron esa presión. No se trata de ‘limitar’, pero para poder superar los límites primero hay que plantearlos. En definitiva, el PC y la doctora Verdú hubieran hecho mejor si no agregaban nada a los dislates ya dichos. Porque en la carta confiesan negro sobre blanco que no quieren manifestaciones con reivindicaciones políticas, es decir, movilizaciones políticas, y que no les interesa mucho la condena de los asesinos del ‘gatillo fácil’.

Este año concluye la gestión del ¡¡FRACASO!! La política de la directiva seccional, al igual que la nacional, ha sido el inmovilismo total, mientras se multiplicaban los despidos, se achicaban los salarios (eliminación de tickets canasta, premios, comedor, etc.) y se aumentaba la superexplotación y flexibilidad laboral. El abandono de la discusión colectiva para pasar a ‘negociar’ por empresa, el abandono de la solidaridad con los compañeros de Tierra del Fuego, el aislamiento de la lucha de Aurora, etc.; esta política autodestruyó al gremio. Así lo prueba la pérdida del convenio con FIAT que finalmente firmó el SMATA. La UOM quedó acorralada en su propia claudicación, en su preacuerdo con la FIAT, en su pasaje a ser agente de las AFJP, o en su nula acción frente a la desregulación de las obras sociales (que no sólo apunta a despojar de una cobertura total de salud a los trabajadores, sino también de la administración, al permitir la ‘libre competencia’ que pregona el Banco Mundial y las empresas ‘multi’ de la salud); en definitiva, la UOM quedó acorralada en los principios del propio convenio FIAT-SMATA (ataque sistemático a la jornada laboral, las vacaciones, la indemnización por despido o por accidente de trabajo, etcétera). Por todo esto, los trabajadores metalúrgicos debemos agruparnos y “atrincherarnos” en nuestro programa. La UOM está en una crisis terminal y sólo los trabajadores le podemos devolver su rol de organizador de las luchas. La LISTA NARANJA, de Ciudadela, plantea a los metalúrgicos de nuestra seccional: • Por la defensa del Convenio Colectivo Metalúrgico. • Ante la recesión, plena ocupación a través del reparto de las horas de trabajo, sin merma salarial. No a las suspensiones. No a los despidos. • Ante los cierres de fábricas, ocupación de la planta e impulsar en la seccional y en el gremio el paro activo nacional. Movilización de todos los metalúrgicos exigiendo que el Estado se haga cargo y control obrero de la producción. • Solidaridad activa nacional con la lucha de Aurora y de toda fábrica en conflicto que represente un ataque a nuestro convenio. • No a la privatización de las obras sociales, NO al Plan Mínimo Obligatorio, por la defensa de la cobertura solidaria universal de salud costeada por los empresarios. • Derogación de la jubilación privada. Por el 82% móvil con el aporte patronal, 60 de edad para jubilarse, 55 para la mujer. Que la crisis la paguen los empresarios y el gran capital.

En un artículo publicado por el órgano del Partido Comunista, Propuesta, del 27/6/96, la abogada de la Correpi, María del Carmen Verdú, formula una serie de imputaciones contra mi persona cuyo verdadero trasfondo es su oposición a la consigna de “perpetua para los asesinos”, planteo que defendí en una mesa redonda del Colegio Nacional Buenos Aires en la que ambos participamos. Debo destacar que la doctora Verdú no se manifestó en esa oportunidad en contra de nuestra posición, lo que ahora hace a través del periódico del PC. En su artículo, la doctora Verdú plantea en forma insidiosa, como “al pasar”, que yo no he sido “abogado de la causa de Budge”, un caso ocurrido en 1987 donde fueron asesinados alevosamente tres pibes de ese barrio bonaerense. Alega la doctora que los abogados de la familia de las víctimas fueron Anichiarico y Zimmermann, conocidos militantes del PC, por lo que mi presentación en la mesa del Colegio Nacional como participante de esa causa sería una impostura. Evidentemente, la doctora habla de temas que no conoce en forma directa y de hechos en los que no tuvo actuación ni participación. Me tocó la tarea de ser el primer abogado en denunciar, con todas las letras, que lo que oficialmente se presentaba en Budge como un “enfrentamiento”, era en realidad un asesinato calificado (Clarín, 6/5/87). No sólo esto, sino que desarrollé en términos jurídicos —contra el planteo jurídico oficial— que no se trataba de “homicidio en riña”, calificación menor que se estaba utilizando para dejar en libertad a los criminales. Sostuve así la vía legal para exigir la cadena perpetua para los asesinos de Willy, Negro y Oscar y no una calificación atenuada (Clarín, 10/6/87). En plena actividad por el esclarecimiento del caso (julio de 1987) fui detenido en Tribunales y puesto preso, bajo una acusación falsa, como luego se comprobó. El propio secretario del Juzgado Penal que me encarceló , doctor Presler, reconoció públicamente que mi detención era una represalia por mi actuación en la causa de Budge. Hubo una campaña, doctora Verdú, orquestada por el duhaldismo (en ese entonces, a cargo del municipio de Lomas, lugar del crimen) y de un sector cafierista ligado a Brunati ( quien fuera luego ministro bonaerense), destinada a presionar sobre los familiares de las víctimas para apartar al Partido Obrero de la causa. Hasta mi defensa de la señora de Rivas, activista del caso Budge que fuera secuestrada por ese motivo, me fue sustraída con una presión sobre la víctima para que renunciase a mi patrocinio legal, mediante telegrama colacionado. Al día siguiente, el doctor Zimmerman se hizo cargo de esta causa. ¿No hubiese sido mejor, doctora, que en la mesa redonda del Colegio Buenos Aires hubiese usted planteado directa y públicamente lo que consideraba una impostura, como ahora elípticamente alega? Esta hubiese sido la respuesta. En conclusión: hemos sido, somos y seremos luchadores de las causas de Budge, Dock Sud o María Soledad —en todas las cuales hemos intervenido activamente—, porque esas causas no son “patrimonio de abogados” —lo que sería un cretinismo jurídico, contra el cual usted dice estar en su artículo—, sino banderas de la lucha popular en las cuales es un deber intervenir. El problema de fondo Aclarado este aspecto, pasemos al tema que origina esta polémica. En la mesa redonda del Colegio Buenos Aires expuse una acabada defensa de la consigna de perpetua. Felicité, asimismo, a la Coordinadora de Estudiantes Secundarios —presente en el lugar— por su decisión. Usted no discrepó con mi planteo en esa oportunidad. Ahora usted sostiene, tomando como ejemplo el caso Bulacio, que “...todos sabemos que a Wálter lo mató la policía y no es tan determinante si al comisario se lo condena por homicidio, por privación ilegítima de la libertad o por evasión impositiva”. (Respecto de esta posición, cabe destacar que algún censor borró, en la publicación del PC, a la “evasión impositiva”, que sí figura en la carta original firmada por usted). Hecha esta salvedad, debemos discrepar con el concepto. A los asesinos de Bulacio y demás casos los queremos presos a perpetuidad y no en libertad condicional, por un delito “menor” al que cometieron. Luchamos para imponer no un castigo en abstracto, que en realidad es un indulto disfrazado, sino lo que corresponde a los que asesinan alevosamente, ocultando pruebas, escudándose en su uniforme y en sus prerrogativas legales. Que la burguesía, mediante artimañas, no cumpla lo que dice su propio código penal, es una violación que debemos desenmascarar ante la opinión pública y obligar —por todos los medios de lucha— para que se cumpla con la ley. Cuando usted afirma que “lo importante es la lucha en la calle, es la movilización, es la conciencia de los 40.000 pibes que llenaron Parque Rivadavia el domingo 28 de abril”, revela el corazón de nuestra disidencia. No necesitamos “victorias morales” o una “radicalización de conciencias”, que a los asesinos y sus encubridores estatales les importan dos belines. Queremos, necesitamos, exigimos VICTORIAS EFECTIVAS, lo que no es otra cosa que ENCARCELARLOS DE POR VIDA, como a todo genocida corresponde. En este sentido , los ‘festivales’ que no plantean el encarcelamiento correspondiente, son una adaptación musical a la derrota. Finalmente, usted sostiene que “la movilización sólo sirve si tiene claro su objetivo”. La burguesía puede llegar a admitir que hay que penalizar al ‘gatillo fácil’, pero a lo sumo con PENAS MENORES. Ello no se debe a una “imposibilidad jurídica”, sino a que necesita de esa policía para aplicar su política de hambre y miseria. No será adaptándonos al planteo de esta burguesía ‘democrática’, a este supuesto ‘paso adelante’, que lograremos acabar con el asesinato sistemático de jóvenes. Toda pena menor a la que corresponde es una victoria de ellos, no la nuestra. Toda movilización por un objetivo errado, no es que no sirva: le sirve a la burguesía. Por todo esto, doctora Verdú, seguiremos apoyando la luminosa consigna de las madres de los asesinados, hecha suya por la Coordinadora de Estudiantes Secundarios, de “perpetua para los asesinos”.