Prensa Obrera N° 502

Ante la inquietud que generó la iniciativa de instalar un repositorio nuclear en Gastre (provincia de Chubut), la filial local de la Adosac (gremio docente) convocó a una movilización. La actividad se llevó a cabo el 21 de junio, en medio del conflicto por el “NO a la Evaluación” que mantenían los docentes del nivel primario e inicial. Esto no impidió que en las escuelas y jardines de infantes, se trabajara en las aulas haciendo distintivos alusivos, carteles, pancartas, porras, brazaletes, etc. Dos centros de estudiantes, el Ciclo Superior de otro colegio secundario y algunos profesores de Educación Física nos ayudaron a coordinar la concentración, la que se vivió con mucho entusiasmo a pesar de la baja temperatura y el fuerte viento que caracterizó la jornada. Se formó una cadena humana de 3.000 personas a lo largo de cinco cuadras, cubriendo las dos vías de la avenida céntrica; la mayoría de los manifestantes eran docentes y alumnos de todos los niveles. Fue excelente el grado de participación y de organización de las escuelas, las que en medio de cánticos alusivos “plantaron” los carteles en los canteros de la avenida principal, se entonó el Himno Nacional y de los extremos de la cadena se avanzó hacia el centro de la misma para cantar “Salven a Gastre” (de Hugo G. Agüero) y para escuchar palabras referidas al tema antes de desconcentrarse. Un vecino que hace publicidad con bocinas y tiene los equipos de sonido adecuados para un acto de estas características, colaboró desinteresadamente; el Concejo Deliberante dio asueto al personal para que pueda asistir; estuvieron presentes diputados, concejales y dirigentes gremiales locales. Desde Trelew y Rawson, localidades de la provincia de Chubut, nos hicieron entrevistas radiales al enterarse de la movilización por los medios de difusión de esta zona. Es importante destacar que en nuestra ciudad, la Cámara de Comercio está enfrascada en la campaña “¡¡Gánele a Comodoro Rivadavia!! ¡¡Compre local!!”, tratando de generar un enfrentamiento entre las dos localidades que reclaman la Zona Franca (geográficamente nos separan 80 kilómetros de distancia y dentro de ese radio está el límite entre las dos provincias). Lo notorio fue que en Comodoro Rivadavia, el mismo día que se movilizaba Caleta Olivia, asistieron alrededor de 50 personas a la concentración que se llamó en esa ciudad. ¡¡Gastre y Comodoro son de Chubut!! Una de las consignas que se manejaban aquí era: “La radioactividad no respeta límites geográficos”, en clara alusión a los volantes que hacen circular los comerciantes y que no son bien aceptados en la comunidad. En el seno de la Adosac se discutió la posición de la Cámara de Comercio y se resolvió no asistir a las reuniones a las cuales nos invitan (el motivo es obvio). Por supuesto, los comerciantes no adhirieron a nuestra convocatoria. Como puede apreciarse, ¡¡la movilización fue un EXITO TOTAL!!

Como resultado de lo resuelto en una charla abierta del partido, se llevó a cabo una reunión con seis compañeros de la juventud y a partir del debate se trazaron los ejes de una política juvenil en Río Ceballos: —Desocupación: una situación que golpea en particular a los jóvenes y frente a la cual la burguesía implementa planes como “proyecto joven” (en el frigorífico y la municipalidad en nuestra ciudad). Planteamos la formación de una coordinadora de desocupados que levante el reclamo del empadronamiento y los 500 pesos de subsidio. —Represión: planteamos la derogación de la ordenanza municipal que prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, imponiendo multas de 50 pesos, arresto o trabajos comunitarios (otra vía de explotación de la fuerza de trabajo de los jóvenes), una disposición represiva, confiscatoria y clasista —los jóvenes de menores recursos no tienen otra posibilidad que beber en la vía pública. —Educación: la reforma plantea en Río Ceballos el cierre de colegios (nocturnos, por ejemplo) y el dislocamiento y liquidación de la educación para los jóvenes, ya que habría un único polimodal para la zona; esto plantea la necesidad de organizar los centros de estudiantes. Se resolvió sacar una declaración como UJS, denunciando estos problemas y convocando a los jóvenes a organizarse. Llamamos a una charla debate el 19 de julio. El objetivo de todo esto es formar un núcleo de militantes de la UJS en Río Ceballos, de cara al congreso de septiembre.

¿Cayó la desocupación del 18,4% de mayo de 1995 al 17,1% en mayo de 1996, como lo afirmó el gobierno al dar a conocer las estadísticas de desempleo? La estadística oficial considera desocupado a quien busca pero no encuentra trabajo. Los que no tienen trabajo y ya, desahuciados de encontrar uno, abandonaron toda búsqueda, para la estadística oficial no son desocupados. Entre mayo del año pasado y mayo de 1996, en esta última categoría ingresaron 300.000 personas. “Más aún, si en mayo pasado el porcentaje de la población que participa del mercado laboral hubiera sido igual que en mayo de 1995, el desempleo hoy hubiera sido de 20 % y no de 17 %” (Ambito Financiero, 1/7). En números absolutos, entonces, hay más desocupados, porque según el INDEC, mientras el número de ocupados se mantuvo casi sin modificaciones, aumentó en más de medio millón el número de personas en condiciones de trabajar en el último año. Por eso, si a los 2.170.000 desocupados que había en mayo de 1995 se les suman los 500.000 que se incorporaron a la fuerza y no encontraron trabajo, el total de desocupados bordea los 2.700.000. A esto hay que agregarle el aumento de 150.000 subocupados —pasaron de 1.465.000 a 1.616.000. Por subocupado, la estadística oficial clasifica a quien realiza algún trabajo por algunas horas en la semana, lo que equivale prácticamente a un desocupado. Por lo tanto, los desocupados en la Argentina superan holgadamente los 4 millones de trabajadores. Pero, además, se debería considerar a los 400.000 trabajadores empleados bajo las llamadas nuevas modalidades de trabajo, como los programas Trabajar, Emprender, Forestar, que se aplican en muchas provincias por períodos de 3 meses a razón de 150 a 200 pesos por mes, o los contratos de aprendizaje, también de tres meses, por salarios irrisorios. Estos 400.000 no tienen casi sueldo y ninguna estabilidad laboral y se trata de una desocupación disfrazada. El ministro de Trabajo dijo con total desvergüenza “que no bajará el desempleo”. En realidad, es un objetivo buscado, justamente para que la desocupación presione a la baja de los salarios y a una mayor flexibilidad laboral. Por eso, el Partido Obrero plantea : • Seguro al desempleo a desocupados y subocupados de 500 pesos mensuales como mínimo, financiado exclusivamente con aporte patronal. • Reducción de la jornada de trabajo a 6 horas sin afectación del salario, para crear un tercer o cuarto turno laboral. • Aumento salarial del 50 %.

Los acontecimientos de Neuquén no dan tregua. Basilio Estrada, de la Coordinadora de Desocupados, acaba de ser detenido, incomunicado y próximo a ser procesado por el mismo delito del que se acusa a Christiansen y Panario: “coacción agravada”. La decisión del sapagismo aparece como una respuesta al duro golpe recibido por los acontecimientos de Cutral Co. Pretenden decirle al movimiento obrero: “ganaste, pero seguiré golpeando”. Basilio Estrada no estaba siquiera acusado en la causa Panario. Intempestivamente fue llevado por la fuerza pública y encarcelado. Contra las manifestaciones del señor Sapag, que alega que los hechos de Cutral Co y Huincul han “culminado exitosamente”, la decisión de encarcelar a otro trabajador neuquino debe poner en alerta a todo el movimiento obrero. La causa por los acontecimientos del Cutralcazo no ha sido cerrada y está en manos del fiscal de esa ciudad, que responde a directivas del Poder Ejecutivo provincial, luego de la “declaración de incompetencia” de la jueza federal. Defensa Según lo indican todos los elementos de la causa Panario, en poco tiempo se realizará el juicio. Tal como está hoy este proceso, el mismo culminará en una condena que será de acuerdo al Código Penal —de entre cinco y diez años de prisión efectiva (artículo 149ter). Se trataría del primer caso de cárcel efectiva y por muchos años para luchadores obreros, lo que puede sentar “jurisprudencia” para los más de 600 casos similares existentes en todas las provincias. Todos debemos contribuir a derrotar este intento represivo. El artículo 149ter que se le imputa a Panario es inconstitucional e ilegal. Esta es una “ley penal en blanco” similar a la ley de facto de Onganía (17.401), que dejaba a criterio del juez la ‘calificación’ de la existencia o no del delito, en aquel caso, del ‘delito’ de ‘comunismo’. Debemos llevar ya mismo este planteo de inconstitucionalidad a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como caso contencioso, para que el gobierno nacional deba darle respuesta (Procedimiento del Pacto de San José). Esto planteará claramente la violación del artículo 75 de la nueva Constitución Nacional, que obliga a cumplir el Pacto de San José de Costa Rica. El artículo 149ter del Código Penal es violatorio del artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ya que conculca el derecho de expresión “por vías o medios indirectos”. La petición ante las autoridades, aunque sea en términos enérgicos o hasta soeces, no es delito; es derecho de pedir y de expresarse públicamente. Por otra parte, el artículo primero de la misma convención establece el compromiso del gobierno argentino de garantizar y respetar los derechos del ciudadano, entre los que se encuentra el de “expresar sus ideas políticas”. Si yo peticiono, aun cuando me exprese en términos y conceptos que no les gusten a las autoridades (¡cómo podría ser de otra manera!) es mi derecho. No puede el Estado calificar como ‘coacción’ lo que es una garantía constitucional. Libertades democráticas Al mismo tiempo, y mientras se interpone el recurso ante la Corte Interamericana —planteando la suspensión del juicio oral hasta que ésta resuelva—, los compañeros detenidos deben salir en libertad. Esto es lo que autoriza el artículo 288bis del Código de Procedimientos de Neuquén, pudiendo ir a trabajar, o a buscar trabajo, mientras dure la causa. El compañero Panario debe viajar a Neuquén para cumplir con lo que habilita el Código (artículo 288). Debe salir ya mismo de ese lugar aislado en el que se lo tiene ilegalmente; un ¡Destacamento de Tránsito! de una ruta rumbo a Zapala, en un calabozo de dos por dos, digno de un campo de concentración videliano. Hay que derrotar en su terreno a los que se llenan la boca con el ‘debido proceso’ y se la pasan violándolo, como ocurre actualmente en Neuquén. ¡Queremos libres a los compañeros para fortalecer la lucha! Conclusión Es necesario discutir estos planteos, junto a otros —mejores o peores— que puedan tener todas las fuerzas que luchan en el seno del movimiento obrero. Una vez más proponemos: Comité Unido, abierto a todas las tendencias, para preparar la defensa. Elevar la causa a la Corte Interamericana. Inmediata libertad de movimiento para Panario y todos los detenidos. Inmediato cese de la detención de Panario en el “puesto caminero” de Zapala. Y una última cuestión: alertar a los compañeros de Cutral Co sobre todos estos hechos. Hay que exigirle a Sapag el cierre del sumario por el Cutralcazo.

Los desocupados no habían cobrado los subsidios. Cuando llegó la noticia de los piquetes en Cutral Co, se comenzó a agitar todo el pueblo. Los gremios decidieron marchar a la Plaza. La marcha, bastante importante, se hizo a pesar del frío y de la nevada. Se suspendieron las clases. Al otro día, junto con la resolución del conflicto en CutralCo, pagaron los subsidios adeudados.

La pueblada de Cutral Co despertó la conciencia de los explotados de toda la provincia. En Chos Malal, Senillosa, Plottier, se está produciendo una intensa deliberación entre los trabajadores y desocupados. Si Cultral Co logró imponer que se ‘crearan’ puestos de trabajo, se extendieran los subsidios a la desocupación, se reconectara la luz y el gas y se formara una ‘red’ para distribuir alimentos, la pregunta que surge espontáneamente en cada pueblo es: ¿y a nosotros por qué no? Para ello es necesario que en cada pueblo se convoquen a Asambleas Populares, donde los trabajadores y desocupados voten un programa y se movilicen. El reclamo de Cutral Co debe provincializarse. Es necesario organizar una Asamblea Popular y votar un plan de movilización. El mismo 21 de junio, cuando se cortaban las rutas en Cutral Co, la Coordinadora de Desocupados de la capital hacía entrega, en la Casa de Gobierno —apoyada en una manifestación de cerca de 400 compañeros— de un petitorio con los reclamos del pueblo trabajador neuquino. Consejo Económico o Asamblea Popular Según un diario, el CTA presentó “ante los cuatro bloques legislativos de la provincia un proyecto para la creación de un Consejo Económico y Social, organismo destinado a analizar y buscar salidas consensuadas a la situación de crisis que atraviesa la provincia” (La Mañana, 3/7). Este Consejo estaría integrado “por el Estado, los gremios, las organizaciones empresarias y entidades intermedias”. El CTA pretende ‘consensuar’ el ‘bien común’ en un organismo corporativo con la patronal y su Estado. Lástima que cada sector entiende el ‘bien común’ de distinta manera. Las reivindicaciones no se ‘consensúan’, se arrancan. Por eso, hace falta la lucha.

La lucha contra las cesantías en Ciadea ha tomado un curso decididamente negativo. Esto ha ocurrido como consecuencia de la orientación de su dirección, el Smata Córdoba, y aun de las corrientes que se presentan como sus opositoras. En la puerta de la fábrica se mantiene, desde el lunes 2 de julio, una “olla popular” de los cesanteados, única expresión de resistencia al día de hoy. En diez días de conflicto el sindicato adoptó una sola medida de acción: la marcha desde la planta hasta la cercana ruta a Alta Gracia. Incluso, esta única medida fue desorganizada adrede —no hubo asamblea y ‘en frío’ terminaron marchando menos de 400 compañeros—, cuando en Ciadea, a esa hora, cruce de dos turnos, trabajan casi 3.000. La anunciada marcha a la Casa de Gobierno se terminó convirtiendo en un llamado a acompañar las negociaciones en la Secretaría de Trabajo, distante del centro, adonde fue naturalmente sólo un puñado. En la reunión en la secretaría, que se realizó el lunes, el Smata Córdoba propuso canjear los despidos por suspensiones durante sesenta días y reabrir el registro de los ‘retiros voluntarios’. Esto no hace más que reiterar la política que llevó al despido encubierto de 1.000 compañeros el año pasado y pretende ignorar que los 152 echados de hoy son sólo la antesala de nuevas cesantías. La propuesta (rechazada por la empresa) tuvo el apoyo, sin embargo, de la opositora Lista Blanca y el silencio, también aprobatorio, de la otra opositora Lista Bordó. Fruto de esta política de desgaste, la tercera parte de los cesantes decidió pasar a cobrar su indemnización. Es evidente que no se ha comprendido que se ha creado una oportunidad para que los trabajadores derroten la ofensiva de las patronales. Si exceptuamos la movilización controlada, limitada y aislada, contra las cesantías y suspensiones el 31 de julio del año pasado, ésta es la primera lucha obrera en Ciadea en mucho tiempo y sigue a la derrota electoral que la fábrica le infligió a la burocracia hace pocas semanas. Los trabajadores de Pritty están, a la vez, en lucha, ocupando sistemáticamente las rutas en defensa de sus 78 cesantes, y existe un reguero de conflictos en las plantas y talleres metalúrgicos —150 trabajadores de Cormec (la otra gran planta en Córdoba) han sido suspendidos por un mes y se anuncia otra tanda para los próximos días. En un panorama dominado durante mucho tiempo por el exclusivo protagonismo de los empleados públicos, se ha producido un cambio en la posibilidad de lucha del movimiento obrero industrial de Córdoba. Frente a una situación sin salida, en la que confluyen la recesión, el desempleo, el hundimiento del salario y el propósito de la patronal de ir a un arrasamiento histórico de los convenios, se ha disipado la expectativa que creó un par de años de reactivación de la industria automotriz. Pronóstico En junio del año pasado, la patronal de Ciadea planteó que tenía un exceso de 1.400 trabajadores e inició un ciclo de suspensiones con el pago del 50 % del salario, que afectó siempre a los mismos compañeros, con el objetivo de aislarlos del resto y desmoralizarlos. La única respuesta del Smata a esta embestida fue el ‘retiro voluntario’ de los ‘condenados’, al que se sometieron finalmente unos 1.000 compañeros. Los 152 cesantes son el último lote de esta cesantía en masa. Ahora, la patronal de Ciadea anuncia la ‘tercerización’ de Mantenimiento –que entrega a una de sus subsidiarias– para reducir los salarios, imponer un convenio ‘flexibilizado’ e incluso nuevas cesantías. El objetivo es someter a los trabajadores a las nuevas condiciones negreras ‘pactadas’ en el convenio Fiat-Smata y hacerlo cuanto antes. La política de la patronal acaba de ser ratificada por Losoviz (titular de ADEFA), precisamente en Córdoba. Justificó los despidos en Ciadea “para (que pueda) competir con las firmas que se están instalando en Argentina...” y reiteró que “tenemos que tener las mismas condiciones que las empresas que llegan al país” (La Voz, 5/7). El ataque, entonces, recién comienza, aunque la burocracia quiera hacer creer que éstos pueden ser los últimos despidos antes de la prometida reactivación. Pero es precisamente con vistas a esa reactivación que las patronales quieren ‘flexibilizar’ —para explotar a un personal menor y más barato. De cualquier manera, el leve aumento en la venta de autos se está cubriendo casi por entero con la importación (un negocio que llevan adelante las propias terminales). Este escenario lo acaba de confirmar la propia patronal de Ciadea. Cuando la burocracia propuso, como alternativa a los 152 despidos, reducir la jornada de trabajo y, proporcionalmente, el salario, la patronal no quiso saber nada. No admite siquiera este tipo de ‘compromisos’, porque tiene planeada una guerra ‘flexibilizadora’ y una reducción abrupta del plantel de trabajadores permanentes. ¿Qué plan de lucha se ofreció? La asamblea en puerta de planta, a moción de la oposición, impulsó la “olla popular” de los cesanteados, pero no debatió ningún plan de lucha. Campellone tuvo así las manos libres para hacer su política de desgaste. No hubo campaña para arrancar una asamblea general que resolviera marchar sobre Córdoba, llamando a todos los sectores en conflicto —Cormec y Pritty en primer lugar—, una consigna que fue ovacionada en el corte de ruta a Alta Gracia (y en la que el PO centró su agitación). Si los paros internos son inofensivos, la alternativa es la huelga activa y de conjunto y la ocupación de la empresa, porque no hay otro modo de enfrentar una embestida que, para las patronales y el gobierno, tiene el carácter de una “cuestión de Estado”. Es necesario que los activistas discutan a fondo y reclamen una asamblea para modificar la actual política del sindicato. Que se trabaje siete horas, cobrando las ocho y no, como propuso el sindicato, trabajar ocho y cobrar siete.

Ha estallado una gran huelga en el transporte automotor. Está parado, por los trabajadores, Transportes del Oeste, una empresa que nuclea a más de 10 líneas de colectivos que recorren casi toda la zona Oeste del Gran Buenos Aires. Cubre toda la línea paralela a las estaciones del ferrocarril Sarmiento, desde la estación Primera Junta de Capital, y ramales que van desde San Miguel, Castelar, Morón, Merlo, Libertad y hasta Navarro, en las afueras del Gran Buenos Aires. El conflicto se origina por el no pago de los sueldos y del aguinaldo a los 1.200 trabajadores, entre choferes y personal de talleres y estaciones de servicio. La empresa, un gran pulpo que recauda la friolera de 120.000 dólares diarios, viene desde hace un tiempo tratando de imponer nuevas formas de trabajo que violan el actual convenio de la UTA; de institucionalizar el trabajo en negro, desconociendo la libreta de trabajo, y de imponer la ‘tercerización’ del personal no afectado directamente a la conducción. También se ha dado una política de sucesivos atrasos en los pagos, que busca lisa y llanamente la rebaja salarial. El conflicto Una asamblea de 250 choferes decidió parar al ver que la empresa no pagaba el sueldo de julio y el aguinaldo. La empresa ofrecía un pago diferido del sueldo y el pago del aguinaldo en ‘cómodas’ cuotas. Rápidamente, se organizaron grupos de ‘convencimiento’ en cada una de las cabeceras, aunque la decisión ya era unánime de “parar hasta que paguen todo”. Una nueva asamblea, mucho más numerosa, ratificó el paro; se organizaron ollas populares en las cabeceras de Merlo y Morón; comisiones de finanzas para un fondo de huelga; ‘peajes’ que cuentan con una gran solidaridad de la población. El cuerpo de delegados sacó un boletín que informa paso a paso el desarrollo del conflicto y todo se resuelve por Asamblea. Ante la magnitud de la medida, la empresa propuso que la comisión interna se hiciera cargo de la fiscalización de la totalidad de la recaudación de la empresa hasta cubrir la totalidad de lo adeudado, ‘comprometiéndose’, a partir de julio, a establecer un ‘mecanismo’ bajo control de la comisión interna que regularía el pago de los sueldos. El cuerpo de delegados convocó a la asamblea más numerosa que se haya dado en años en la empresa. Novecientos choferes deliberaron sobre la propuesta patronal, que había sido rechazada por el cuerpo de delegados en el Ministerio de Trabajo. La respuesta de la asamblea fue unánime: también la rechazó. La patronal quería desentenderse de su obligación de pagar con la recaudación del mes de junio. “La plata la trajimos, la plata la llevamos”, respondían los choferes. La empresa se presenta ante el Ministerio como si aún no hubiera empezado a funcionar, esto después de años de enriquecimiento a manos llenas. Luego de este rechazo masivo, las partes fueron citadas nuevamente para el lunes 8, ante la delegación del ministerio de trabajo, para una nueva audiencia, a la que la asamblea votó concurrir en forma masiva. Bajo la lluvia y el frío, 400 choferes concurrieron a la citación del ministerio de trabajo en una jornada de lucha memorable. La empresa persistió en no poner la plata recaudada en junio. Se realizaron durante el día tres audiencias con el mismo resultado, con los trabajadores apoyando a sus delegados que, ante cada cuarto intermedio, bajaban a improvisadas asambleas a informar los detalles de las reuniones y a ratificar la lucha. Mientras la patronal estaba reunida con los delegados, más de un centenar de choferes recibía telegramas de despido por la huelga y otro centenar era ‘intimado’ a volver a sus tareas. Enterados de estos telegramas, los choferes que estaban en la movilización, realizaron una marcha bajo la lluvia hasta la terminal de la empresa en Morón en repudio de la medida. A la movilización se sumaron los compañeros de la línea 501, también en conflicto por atraso en los pagos. Al cierre de esta edición, el cuerpo de delegados ratificaba la “abstención de tareas” y convocaba a una asamblea general para decidir los pasos a seguir, en un clima de gran combatividad del conjunto de los choferes. La estrategia patronal está muy ligada a una decisión que puede tomar el propio ministerio de trabajo, de lanzar unilateralmente la “conciliación obligatoria”. La trampa de esta medida es que se pretende con los despidos presionar al cuerpo de delegados para que se levante el conflicto sin cobrar los sueldos y los aguinaldos. Los trabajadores se preparan para una lucha larga, porque está en juego su propio trabajo, su convenio y la defensa de un cuerpo de delegados que defiende sus intereses. La dirección de la UTA A pesar de que el conflicto es tapa de Crónica desde hace cuatro días y tiene una difusión en los principales medios del país, la dirección de UTA no ha fijado una posición pública, ni ha convocado a un plenario de delegados de la zona Oeste. Tampoco sus principales dirigentes han aparecido en el conflicto, a pesar del reclamo de los cánticos de los choferes, que preguntan “¿Palacios dónde está?, ¿Palacios dónde está?”. La UTA tiene la responsabilidad de apoyar este conflicto, de llamar a un plenario de delegados urgente de la zona Oeste y de declarar un paro de solidaridad con la principal empresa del gremio en esta zona, que abarca a miles de choferes del gremio. Está en juego en este conflicto, que se oficialice por parte de las patronales el atraso en los sueldos, el no pago de los aguinaldos, la destrucción del convenio y la tercerización de las empresas. Los delegados de Transportes del Oeste han reclamado, a través de su boletín diario, un plenario urgente de delegados, pero hasta ahora no tuvo respuesta. La solidaridad de los choferes de las demás líneas está presente en adhesiones e incluso en ayuda económica, pero es necesario que se imponga en la zona un paro de solidaridad. El conflicto es decisivo. Si ganan los choferes, es un golpe enorme a las pretensiones de imponer el convenio Fiat-Smata para el transporte. Rodearlo de solidaridad a los choferes de TDO es clave para mantener la fuerza del mismo. Los activistas que protagonizaron luchas en las grandes líneas tienen que presionar para que salga una medida general por el triunfo en Transportes del Oeste. La 148, El Halcón, la Río de la Plata, impidieron que se quiten conquistas históricas de los trabajadores. La lucha de los choferes es la lucha de todo el movimiento obrero. La empresa Transportes del Oeste fue una de las más favorecidas con el llamado ‘plan Cavallo’, cuando el derrumbe del funcionamiento del ferrocarril Sarmiento, competidor directo de la línea, le permitió un gran crecimiento y absorber a otras pequeñas líneas de transporte, así como copar los lugares estratégicos de la zona Oeste. La empresa renovó unidades por cifras millonarias y entró en la privatización del ferrocarril Sarmiento con el objetivo de fusionar los recorridos de las líneas hasta las estaciones y hacer un fabuloso negocio. Pero el mismo ‘plan Cavallo’ que le dio las grandes ganancias, también le empezó a causar perjuicios, que la empresa piensa solucionar a costa de los trabajadores. La demora del proceso de modernización del Sarmiento y los subsidios del gobierno a los nuevos dueños, ha dejado una enorme diferencia de precios entre el boleto del tren y el de los colectivos. La llamada ‘desregulación’ del transporte ha traído nuevos competidores: los colectivos ‘truchos’ y los remises también contribuyeron a restarle ganancias a la empresa. Pero, fundamentalmente, ha sido la terrible desocupación la que le ha restado miles de pasajeros. El descalabro fiscal del gobierno también ha contribuido al ‘apriete’ de la empresa en materia impositiva. La aparición de una nueva comisión interna y de un nuevo cuerpo de delegados, que desplazó al ‘viejo elenco’ que tenía muy ‘buenas’ relaciones con la patronal, comenzó a poner las cosas en su lugar, reclamando el cumplimiento del convenio de trabajo, la desaparición del trabajo en negro, el respeto por los choferes.

Sr. Intendente Municipal Dr. Julio César Gioscio S/D De nuestra mayor consideración: Atento al diálogo mantenido con Ud. el pasado viernes 14 del corriente mes, donde nos manifestara y se comprometiera a elevar al señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Eduardo Duhalde, todos los reclamos que tuvieran como destinatario al mismo, por una cuestión de jurisdicción, es que manifestamos lo siguiente: 1) Los abajo firmantes, todos ciudadanos de la Ciudad de Mercedes, ex-trabajadores de diversas fábricas, talleres, comercios y/o servicios de la localidad hemos constituido la Comisión de Desocupados de la Ciudad de Mercedes, ya que sentimos la imperiosa necesidad de unirnos para poder elevar nuestra voz ante los funcionarios y organismos pertinentes, a fin de ir dando respuestas a la cantidad de problemas diarios que se le presentan a un desocupado y su familia, HOY. 2) Señor Gobernador, mientras el Gobierno Nacional subsidia el peaje, a los ferrocarriles, a la educación privada, a la Iglesia que no paga impuestos por sus riquezas, a los capitalistas a través de créditos “blandos”, a nosotros, los desocupados, y a todo el conjunto de trabajadores, no les subsidia NADA, por el contrario, nos intiman a pagar impuestos, tasas de servicios municipales que en muchas ocasiones ni siquiera recibimos, y encima insistiendo con su política de hambre nos dejan en la calle sin trabajo, o sea nos otorgan los créditos más “duros” y difíciles de pagar, IMPOSIBLE, diríamos, corremos con todas las cargas. 3) Señor Gobernador, Ud. ha enviado un subsidio a nuestra Ciudad por 168.000 pesos para arreglar los jardines de la Iglesia Catedral, y el Señor Intendente, ante nuestra requisitoria, de que se le diera un destino más productivo, nos contesta que es imposible, ya que es un subsidio provincial y viene con una finalidad específica. Por lo que solicitamos encarecidamente, modifique tal finalidad, y que dicho subsidio se utilice para proyectos que signifiquen dar trabajo y solucionen problemas concretos de la comunidad, por ejemplo: se lo destine a la construcción de un barrio de autoconstrucción, a la extensión de la red de agua corriente o a algún otro emprendimiento de bajo costo y mano de obra intensiva que lleve trabajo, soluciones a la comunidad y no signifique altos costos para la Comuna y la Gobernación. 4) Señor Gobernador, todos los días se siguen echando trabajadores de fábricas, talleres y comercio, y para colmo se proyecta despedir trabajadores del Estado nacional, provincial y municipal (Ley de Disponibilidad y Estatuto del Empleado Público); si hoy en nuestro pueblo existen más de 5.000 desocupados, ¿cuántos más debemos ser para que se modifique esta política de fomento de la marginalidad, que a Ud. tanto le preocupa? 5) Señor Gobernador, aprovechamos la oportunidad que nos da y le presentamos nuestro programa, humilde quizás, pero sabemos que, de cumplirse, llevaría mayor justicia y dignidad, no sólo a los hogares mercedinos, sino que a los de muchísimas familias bonaerenses, por lo que le pedimos: a) El pago inmediato de un SUBSIDIO DE QUINIENTOS PESOS ($500) a todos los desocupados. b) Luz, gas y servicios municipales gratuitos. c) Eximición del Impuesto inmobiliario. d) Promueva ante el Gobierno Nacional y el Ministerio de Economía que se vuelva a eximir del IVA a los productos de la canasta familiar. e) Promueva el verdadero cumplimiento del impuesto a las riquezas y que los patrones paguen de una vez. Estos pedidos, que hoy nos vemos obligados a reclamarle, no serían necesarios de contar con un trabajo que nos dignifique. Sin más, y sabiendo que la verdad nos asiste, saludamos a Ud. muy atentamente.

PO: Salió un volante (que no es nuestro) criticando a la lista Blanca por no proponer medidas de fuerza dentro de la planta en defensa de los 152 despedidos, ¿qué opinión te merece esta posición? M: No lo he visto al volante ése, lo que sí podemos decir es que la medida de fuerza dentro de la planta no la veíamos conveniente por el hecho de que, como se dijo en la asamblea, era hacerle el caldo gordo a la empresa y que lo más conveniente era sacar el conflicto a la calle, hacerlo conocer a la opinión pública, y eso se ha logrado en esta semana. Ahora bien, en función de la resolución de la audiencia en el Ministerio de Trabajo, nos queda planteada la posibilidad de medidas de fuerza internas, que nunca descartamos; nosotros sólo consideramos que ése no era el momento, pero estuvo siempre en nuestra mente y tendremos que recurrir a ellas. PO: El planteo de asamblea hecho por ustedes , ¿se dejó de lado en función de lo que pase el lunes en la reunión en el Ministerio? M: Por supuesto, nosotros pedimos una asamblea resolutiva para resolver nuevas medidas de fuerza, porque dentro del cuerpo de delegados no tenemos la posibilidad de forzar una asamblea. PO: Losoviz ahora, Antelo antes, anunciaron la necesidad de adaptar, sí o sí, el convenio de las terminales al convenio Fiat. ¿Qué estrategia se plantean frente a esta lucha anunciada por la patronal? M: Dijimos desde el principio en nuestra campaña electoral, y lo hemos repetido hasta el cansancio: resistir los convenios Fiat-Smata. Creo que hoy, si se llega a ganar esta lucha de los despedidos, la gente está firme en no flexibilizar el convenio de trabajo. PO: ¿Cuál es el alcance de la tercerización en la planta? M: En este momento, la tercerización ya está en Mantenimiento; son los primeros que están enfrentados a un conflicto inmediato. La empresa está dispuesta a que, a partir del mes que viene, entre en funcionamiento la nueva planta. Los 450 compañeros de Mantenimiento se encuentran totalmente firmes en la posición de no pasar a la nueva empresa. La empresa ejerce presiones individuales, donde incluso los han invitado a los muchachos a viajar a Francia para que vean que Polimon no es una empresa fantasma; es una forma de intimidación, pero incluso no han aceptado viajar a Francia. Entonces, la empresa se encuentra en un dilema porque no los puede suspender, ni echar, ni pasar ‘de prepo’ a la nueva empresa. Creemos que si los compañeros, con el apoyo de toda la planta, siguen firmes, podemos resistir la tercerización. PO: En Ciadea, Ford, Mercedes Benz, en los pesos pesados de la clase obrera, perdió José Rodríguez, y se acerca la renegociación de los convenios. ¿Qué peso pensás que tuvo en estas elecciones el convenio Fiat-Smata? M: A nivel nacional creímos que era difícil hacerle una oposición a Rodríguez, pero en Córdoba sí, porque siempre hubo una lista opositora; así y todo, la gente se le opuso con el voto en blanco en repudio al convenio Fiat. El efecto Fiat-Smata afecta a todas las empresas privadas del país, no sólo a las del Smata; es como un efecto cascada a través de la prensa nacional, que ha pegado duro a todos los trabajadores. Yo creo que la gente lo está entendiendo, se está dando cuenta quiénes son las personas que están al frente de los sindicatos y cuáles son las entregas que han estado haciendo. Es evidente que el convenio Fiat-Smata tuvo que ver con el resultado electoral.

Un chofer, alto y flaco, denunciaba a quien quisiera escucharlo: “Acá dicen que no tienen para pagarnos porque vienen con problemas desde hace un par de años, pero lo cierto es que hay socios de la empresa que se están construyendo countries, se compraron autos cero kilómetro para ellos y para sus hijos y se compraron casas en Miami”.

La Coordinadora de Desempleados de Córdoba realizó su primera convocatoria, frente al Municipio local, para entregar un proyecto de ordenanza al ‘señor’ Intendente reclamando el empadronamiento de todos los habitantes de la ciudad que no tengan empleo o lo tengan en forma precaria, y un subsidio mensual de 500 pesos. Fuimos atendidos por el secretario personal; como nuestra convocatoria fue pobre, no pudimos forzar la presencia del propio Martí. Comenzamos siendo treinta con una ‘escolta’ de 200 policías, que confirma el estado represivo que vive la provincia. Lo significativo fue la presencia y el eco en los medios de difusión, que no podían sino reflejar el debate instalado sobre la desocupación en el país y en Córdoba. En el “Gran Córdoba”, léase bien, el desempleo pasó en un año del 15.2 al 17.2 y la subocupación tuvo un crecimiento explosivo, del 6.8 al 13.7%. Allí mismo, en la concentración, se sumaron y se empadronaron 32 personas y no recibimos adhesiones de ningún tipo, pero hicimos saber dónde funcionábamos y en qué horarios. El día lunes siguiente se rompió la expectativa pobre que teníamos con respecto a convocar; los desempleados se acercaron al local, empadronamos doscientos cincuenta ese mismo lunes y convocamos a una nueva asamblea resolutiva. Hasta el momento de escribir esta nota, llevamos cuatrocientas personas empadronadas; todos estos desocupados ven a la Coordinadora como una esperanza ante la situación trágica del desempleo. La tarea que nos planteamos es organizar la movilización de barrios a los que les están cortando la luz o rematando la vivienda por falta de pago en las cuotas, previo a una nueva convocatoria.

La Coordinadora de Estudiantes Secundarios acaba de recibir una carta de ‘respuesta’ por parte de Decibe a los planteos y reivindicaciones que le hiciera la delegación que ingresó al Ministerio de Educación en la marcha del pasado 21/6. La carta, firmada por la “máxima autoridad en materia educativa”, fue recibida el sábado 6, momentos antes de comenzar la reunión de Coordinadora, con la presencia de más de 80 compañeros representantes de centros, cuerpos de delegados, comisiones pro centros y estudiantes de unos 40 colegios. La reunión votó por unanimidad convocar a una gran movilización el próximo viernes 12/7, a las 18,30 hs., al Palacio Pizzurno. Se formó una comisión, encargada de elaborar una respuesta estudiantil a la carta de Decibe, que se entregará en la movilización. La carta de Decibe —que plantea abiertamente su intención de descuartizar el secundario y aplicar el “examen de egreso”, que “se podrá dar cuantas veces sea necesario hasta aprobarlo”, es decir que es limitacionista— también justifica la aplicación de la ley en los colegios dependientes de la UBA, para que no se transformen en una “isla” (los mismos argumentos de Schuberoff y Sanguinetti para avanzar en la eliminación de sexto año y el curso de ingreso). Con estas medidas no se “moderniza” el sistema educativo, sino que se lo destruye en función de avanzar en la privatización. La Coordinadora tiene razón: Decibe es la “ministra” del Banco Mundial, los privatizadores y Quarraccino. La Coordinadora resolvió lanzar la propuesta de la realización de un congreso de bases del movimiento estudiantil, centros de estudiantes, delegados, comisiones pro-centros y todos los activistas, para hacer un gran reagrupamiento que potencie y dé una perspectiva a nuestra lucha. Es necesario avanzar en la organización. La propuesta será girada a todos los colegios y se llevará a una reunión el 13 de julio en el colegio Avellaneda, donde participará la Pro-Fes. La reunión dio un impulso a la venta masiva del boletín en todos los colegios y votó un plan de movilización para después de las vacaciones, que consistirá en charlas-debates, actos, boletines, donde se explique la Ley Federal de Educación, la reforma que se ha lanzado en la Universidad, la situación de los docentes, etc. La tarea inmediata es la marcha del viernes 12 al Pizzurno. Este es un desafío a todo el movimiento estudiantil secundario. Numerosos centros ya aseguraron su concurrencia. La campaña de la Coordinadora logró que la comisión Pro-Fes (que de la anterior movilización no participó) convoque el 12/7. Se ha sacado un volante, afiches y se está recorriendo todos los colegios. La respuesta a la “ministra” debe ser, ante todo, una gran movilización que supere a la anterior y nos siga fortaleciendo.

El domingo 7, en horas del mediodía, fueron detenidos en la Olla Popular, Norberto Flexer, dirigente regional del Partido Obrero, y un compañero de la UJS. Habían concurrido a la misma —como lo venían haciendo cotidianamente— a prestar su solidaridad con los choferes en lucha. Trasladados a la comisaría de Merlo, fueron retenidos unas horas en “averiguación de antecedentes” y posteriormente liberados. Esto es parte del operativo de intimidación de la policía de Duhalde contra los huelguistas. Un delegado de TDO denunció la detención en el momento en que se llevaban a los compañeros. Esta denuncia fue acompañada por una concejal del Frepaso allí presente y por dirigentes sindicales de otros gremios, lo que posibilitó la rápida liberación de los compañeros.

En Cutral Co, el pueblo está orgulloso de la movilización que protagonizó. Juan y Ricardo son dos compañeros que estuvieron firmes en los piquetes; Juan salió incluso ante las cámaras de TV de todo el país frente a los gendarmes. Nos cuentan decenas de anécdotas de esas jornadas de lucha, y nos hacen una reflexión. “En los piquetes discutimos que había que reclamar 2.000 subsidios y que éste no debía ser menor a los 500 pesos. Pero... cuando los 17 delegados piqueteros fueron a discutir, aceptaron que fueran 500. “Queríamos que dieran trabajo a por lo menos 750 padres de familia y asegurar la obra social médica para todos. Se presentaron algunos ‘planes’ de tierras para trabajar o el mismo proyecto —que hicimos aprobar— de poner en marcha los pozos gasíferos de El Mangrullo. Pero, mientras tanto, hasta que eso se concrete, tenemos que comer. Por eso pedimos el subsidio social. “Ah —aclara—, los subsidios los pedimos sin contraprestación. Y eso lo sacamos del boletín de la Coordinadora de Desocupados. “No sabemos bien lo que concedieron y lo que nos van a dar. Por ahora bolsones de alimentos y 250 puestos de trabajo que comienzan esta semana. Puestos de trabajo para ampliar un hospital zonal y otras cosas, donde nos van a pagar, no como subsidio, sino de acuerdo a los convenios de trabajo (Uocra, etc.). “El gobierno estaba bien blandito, porque lo que tenía miedo era que nuestra lucha se extendiese no sólo al resto de Neuquén, sino que se reabriera en Río Negro. “El problema ahora es que no tenemos informes de la comisión de 17 piqueteros designada. De qué es lo que está pasando. La gente anda de un lado para otro preguntando. El temor es que usen a los 17 como ‘amortiguadores’. Por eso, entre los compañeros se está planteando que hay que convocar a una Asamblea Popular para que se informe qué es lo que se está negociando y cuáles son los resultados. Los compañeros designados tienen que sentir la presión y saber que o pelean por los puntos que fueron mandatados o se elige a otros”.

El último fin de semana no sólo comenzó a regir la obligación de cierre de los locales de reunión pública en la provincia de Buenos Aires, después de las 3 de la mañana. El decreto 1555 de Duhalde dispone, además, que los menores de 14 a 17 años sólo podrán permanecer en los boliches y las discos hasta las 12 de la noche, reunidos en “lugares diferentes” a los que concurren los mayores de edad. Asimismo, quedaron prohibidas las denominadas ‘prematinés’, a las cuales podían concurrir chicos de menor edad. La sanción de este paquete desató de inmediato una enorme operación represiva: “ochocientos jefes de comisarías de la provincia, 124 intendentes y numerosos inspectores municipales recibieron instrucciones para aplicar la medida impulsada por el gobernador Eduardo Duhalde, en una reunión que se realizó en la escuela de cadetes de la Policía Juan Vucetich” (Clarín, 25/6). La información no revela la identidad ni la filiación política de los intendentes que aceptaron este ejercicio ‘democrático’ (cuántos pertenecen a la UCR), en el cual las autoridades electas y ‘autónomas’ de los municipios fueron a recibir las ‘instrucciones’ de los represores. En el evento, la voz cantante la tuvo, naturalmente, el subsecretario de seguridad bonaerense, Alejandro Peres Cárrega: “el mensaje para la policía y los intendentes es que después de la medianoche los chicos no permanezcan en las calles” (ídem). La ‘nocturnidad’, por lo tanto, es una excusa para reforzar el control de la población y, en particular, de la juventud, por parte del aparato represivo estatal. Para defender su política, el propio Duhalde mentó lo que sucede en EE.UU., donde se está extendiendo el ‘toque de queda’ en numerosas ciudades, que impide la circulación de menores a partir de una determinada hora de la noche. Las ‘instrucciones’ de seguridad en la provincia, entonces, siguen la receta del FBI norteamericano. Esta es una línea general de nuestros ‘demócratas’, que se extiende más allá de nuestras fronteras. El presidente ‘socialista’ de Brasil acaba de autorizar, precisamente, la apertura de una oficina regional del FBI en Río de Janeiro, que ‘instruirá’ a las policías del ‘cono sur’ en la ocupación policial de las ciudades. Estamos frente a una estrategia política de cara a la crisis social y política. Está planteada una movilización política contra el gobierno, contra la represión, por la derogación del decreto de Duhalde, por la defensa integral de los derechos y libertades de la juventud. Las Federaciones Estudiantiles, bajo la dirección de la Franja Morada, organizaron el fin de semana pasado una serie de fiestas que se extendieron más allá de las 3 de la mañana. Canalizaron la bronca juvenil y se convirtieron en una manifestación de repudio al menemismo. Pero lo que la FUA ni siquiera ha esbozado es una política contra esta escalada represiva. Las ‘fiestas’ de la FUA no son, a la larga, más que una respuesta simbólica, que ni de lejos llega a las grandes masas de la juventud golpeadas por el decreto. Franja Morada ha montado, simplemente, un operativo de demagogia para rehabilitarse ella y rehabilitar al radicalismo, con vistas a las elecciones de 1997. Es necesario poner en pie un movimiento popular con los métodos propios del movimiento de masas: asambleas en colegios y facultades, marchas y un plan de lucha para reclamar la derogación del decreto, la derogación de los edictos policiales y de las facultades represivas similares que permiten a las policías provinciales detener impunemente. Reclamar por recursos estatales para que los jóvenes organicen su propia vida social —salas de música, teatro y actividades propias—, todo ello bajo el control de sus propias organizaciones, por un subsidio a todo joven desocupado de 500 pesos. Las calles y las plazas deben ser del pueblo y la juventud, no de la policía ni de los políticos ‘democráticos’ que siguen sus ‘instrucciones’.

La patronal de Transportes del Oeste (TDO), que agrupa a una decena de líneas del conurbano, ha montado una provocación contra los 1.000 choferes que allí trabajan. Todos los meses suele atrasarse en el pago de los salarios. Pero esta vez se pasó: plantea pagar el salario de junio y el aguinaldo en “cómodas” cuotas que llegarían... ¡hasta mediados de setiembre! Los compañeros de TDO, en masivas asambleas, han votado la “abstención de tareas” hasta que les paguen lo que les corresponde. ¡Y vaya si se cumple! Desde el jueves 4, la medida se mantiene firme, con la instalación de una Olla Popular de los Trabajadores, con una gran solidaridad popular y de los trabajadores de la zona, con masivas marchas al Ministerio de Trabajo. Pero para triunfar, los choferes de TDO necesitan de la solidaridad activa del resto de los choferes de la UTA. Paremos en solidaridad, enviemos delegaciones a la Olla de Morón y reclamemos al sindicato que convoque de urgencia a un plenario de delegados y que decrete ya un paro activo de todo el gremio. La lucha de TDO es hoy la trinchera para frenar los intentos de las patronales por imponer la ruptura de los convenios colectivos de trabajo y poder aplicar la reducción salarial y la flexibilización laboral. Ayer se les paró el carro en El Halcón y la Río de la Plata. Hoy, la provocación patronal asoma en TDO. No debe pasar. Toda la UTA, todo el movimiento obrero, debe apoyar activamente esta gran huelga de los choferes de TDO. Hagamos realidad la consigna coreada en la Olla y en las marchas de TDO: “Choferes unidos, jamás seremos vencidos”.

Finalmente, el paro que estaban llevando adelante los choferes de la empresa General San Martín —líneas 501, 327, 392 y 336— de Merlo, forzó a que la patronal hiciera ‘aparecer’ el dinero del medio aguinaldo adeudado “de donde no lo había”. En horas de la noche del lunes, la asamblea de trabajadores resolvió levantar la “abstención de tareas” que venían realizando desde el viernes, desde la cero hora, debido a que la patronal ofertó ir pagando el aguinaldo antes de que los choferes retomaran sus tareas. “Gracias a un préstamo bancario” —señaló un vacilante vocero de la empresa—, antes del fin de esta semana los aguinaldos estarían totalmente abonados. El sábado y el lunes, más de doscientos trabajadores se habían movilizado hasta la Subsecretaría de Trabajo, en Morón, para acompañar las discusiones que sus delegados, junto a los de Transportes del Oeste (ver nota central), venían realizando con los representantes patronales y del gobierno de la provincia. Allí rechazaron diferentes ‘ofrecimientos’ que, con la continuidad del paro y la movilización de los choferes, se transformaron en la ‘aparición’ del dinero necesario para hacer frente al pago del aguinaldo adeudado. “Ya el año pasado cobramos el aguinaldo en dos o tres cuotas —dijo a PO Adolfo Andrade, delegado de la 501. La verdad, no sabemos qué hacen con la plata, porque nosotros la traemos todos los días. La destinarán para otro lado, porque ni siquiera arreglan los coches y, como pueden ver, son modelos viejos que ya están bastante deteriorados”. El recule de la patronal ha demostrado, en definitiva, que las medidas de lucha ejecutadas y la movilización de los choferes, unidos y organizados, doblará el brazo que intente imponer en el gremio un remedo del convenio Fiat-Smata, con la consiguiente reducción de salarios, flexibilización en los pagos, superexplotación, etc. Junto con los trabajadores de TDO, los choferes de la General San Martín deben impulsar que la UTA ponga en pie un plan de lucha que imponga a la patronal negrera las reivindicaciones de los trabajadores del gremio.

Córdoba se ha convertido en la primera (y hasta ahora única) provincia en que se aplica íntegramente la Ley Federal de Educación. A través de la llamada ‘reforma educativa’, Mestre trasladó el 7º grado de la primaria como primer año de la EGB3, sacándolo de las escuelas, cerró turnos y grados de la primaria, abarrotó las secundarias, eliminó materias (Francés, Talleres, etc.), despidió docentes, etc. Pero el ataque a la educación no termina allí, porque hace dos meses, la secretaria de Educación, Apolonia Bonanceo, anunció que “el Estado no dispone de fondos para implementar el polimodal”. Este anuncio tiene una inmediata repercusión, porque el próximo año el EGB3 producirá sus primeros egresados. El gobierno deberá escoger, entonces, qué escuelas quedarán y cuál será la “oferta educativa” (qué especialidad enseñarán). Según datos filtrados, en el caso de Córdoba Capital se pretende dividir la ciudad en 4 sectores, en cada uno de ellos funcionará una escuela ‘polimodal’ ¡Cuatro escuelas para una ciudad de 1.200.000 habitantes! En el caso del valle de Punilla, de más de 60 km de largo (que van desde Bialet Massé a Capilla del Monte), ¡una sola escuela! En el marco de esta ‘transformación’ (destrucción), el gobierno convocó a “encuentros multisectoriales” a empresarios, entidades intermedias, etc. En el encuentro de Córdoba Capital (que contó con la participación de Mestre), el gobierno ratificó que la “oferta de especialización reconozca la realidad socioeconómica de la ciudad, (...) que se procure vincular la formación del secundario con los sectores productivos” (La Voz del Interior, 15/6). Llamó la atención la escasa audiencia presente en el Encuentro, fundamentalmente la ausencia de los sectores empresarios, y las elevadas críticas a la política educativa del gobierno (sobre todo, los bajos salarios docentes), y se “llegó a reclamar la postergación de la puesta en marcha de la especialización en el secundario prevista para 1997” (ídem). Frente a las críticas, Pérez, ministro de Educación, definió que “la oferta educativa secundaria y terciaria está sobredimensionada” (ídem), ratificando así a su secretaria. El problema concreto es que el polimodal no será garantizado por el Estado. Frente a esta situación, la Unión de Juventudes por el Socialismo de Córdoba ha lanzado una campaña por la defensa de la educación secundaria, por el pleno funcionamiento de las actuales escuelas secundarias, defensa de los talleres y títulos técnicos, reincorporación de los docentes y las materias eliminadas. La UJS llama a la organización de los estudiantes en las escuelas mediante la elección de delegados por curso, la formación de centros de estudiantes y una coordinadora, y el impulso de comisiones de estudiantes, docentes y padres para defender este programa.

En la zona Oeste del Gran Buenos Aires, los choferes de dos de las empresas más importantes del transporte de todo el conurbano (abarcan l3 líneas y más de l.500 trabajadores) están llevando adelante una huelga “con todo”. La paralización de las líneas es prácticamente total, la huelga es activa (olla popular y movilizaciones) y los choferes han convertido al conflicto en una tribuna de denuncias sobre la explotación y los negociados de las patronales del transporte (los trabajadores pueden, de este modo, sumar al ‘usuario’ trabajador a su causa). Nada de esto ocurre en CIADEA. En diez días de conflicto no hubo paro porque “con el exceso de stock el paro no daña a la patronal”, no hubo marcha sobre Córdoba porque “hay que agotar las negociaciones en la secretaría de trabajo”, no hubo asamblea en el centro porque “hay que ver si los trabajadores van”. No hubo nada más que el esfuerzo y el sacrificio de los cesantes acampando en la puerta de fábrica. El turno tarde de CIADEA entra a las l5 horas y a las l5.18 sale el turno mañana, no hay asamblea ni orientación alguna en esos minutos claves en los que se hace presente la masa de trabajadores, sólo el reclamo de un aporte monetario para sostener a los despedidos. ¿Qué diferencia existe entre los choferes de la zona Oeste y los obreros de CIADEA? Los reclamos son de la misma naturaleza, aunque se presenten de manera distinta: los choferes exigen el pago del salario frente a una política patronal que está dictada por el intento de aplicar el ‘convenio’ Fiat-Smata, los obreros de CIADEA saben que los despidos no son el fin sino el inicio de una ofensiva que incluye la ‘tercerización’ y la renegociación del convenio con el mismo fin. La burocracia está tan aislada en un caso como en otro. La del Smata Córdoba viene de perder las elecciones en la planta por escándalo; la de UTA sabe que tiene la desconfianza y aun el rechazo en una gran franja de trabajadores del transporte. Existe una única y gran diferencia, una vanguardia obrera de características independientes enfrenta tenazmente los planes patronales en el transporte y los hizo retroceder en varios casos (El Halcón, Río de la Plata); activistas que actuaron a pesar y en contra del sabotaje burocrático y que ‘CREEN’ que se puede tener una política victoriosa contra los chupasangres capitalistas. Ese activismo obrero también está presente en CIADEA, sólo que adormecido por una política de la oposición, donde está presente toda la impotencia y el derrotismo propios del CTA —aunque algunos de sus protagonistas no lo sepan. De la decisión de lucha y la delimitación respecto a esta política y esta corriente (cómplice del ascenso del mestrismo, enterradores de la Lockheed) dependerá el surgimiento de una dirección obrera en uno de los centros del proletariado cordobés.

PO —¿Cómo se generó el conflicto? CM —Esta es una situación que se viene dando desde hace un par de años. Consiste fundamentalmente en demoras cuando llega el momento del pago de los aguinaldos y eventualmente hubo problemas con el pago de los sueldos. Vale decir que, comparando nuestra situación con la de los compañeros de TDO, la nuestra no tiene la gravedad de la de ellos en este momento. Pero ha llegado a ser conflictiva porque ya vienen de larga data con este tipo de problemas. PO —¿La medida de fuerza que tomaron resolvió el conflicto? CM —Sí, nos tomó un par de días. Esto comenzó el día viernes. Y bueno, en el medio hubo ofertas y contraofertas, que en su momento no contaron con nuestra aceptación, porque considerábamos que no estaban encuadradas dentro de lo que era lógico y justo. PO —¿Por qué la patronal decía que no tenía plata y después la sacaron ‘de donde no la había’? CM —La patronal hace un manejo ‘diferente’ del dinero. El hecho es que nos ofrecieron pagar inmediatamente a medida que los compañeros fueran retomando las tareas y la totalidad del aguinaldo que se adeuda. En este momento se sigue pagando y yo calculo que para el fin de esta semana se va a pagar por lo menos a un noventa y pico por ciento de la gente. Todo lo que pasó con nosotros y con los compañeros de TDO nos da la pauta de que hay algo orquestado a nivel empresarial, que atacan siempre donde más duele: al bolsillo de los trabajadores. Nosotros somos el fusible que salta, que no tiene otro motivo que alcanzar lo que ellos pretenden, que es el aumento tarifario. PO —¿Qué medidas deberían tomar a nivel regional? CM —Nosotros nos mantenemos permanentemente en contacto con los compañeros de TDO y seguimos estudiando la posibilidad de adherirnos a ellos de alguna manera más rotunda, que se sienta más. Porque esto, evidentemente, es una cosa que no escapa a la razón de nadie: hoy ellos, mañana nosotros, pasado otras líneas. Porque está todo orquestado y tenemos que revertir esta situación.

Duhalde no descubrió nada. En el tema de la ‘nocturnidad’ juvenil, como en todos los asuntos de alguna importancia social, el gobierno menemista obra con un cerebro lavado por el imperialismo norteamericano, es decir que es cipayo hasta los tuétanos. El 30 de mayo pasado, el presidente norteamericano, Clinton, urgió a extender a nuevos pueblos y ciudades de los Estados Unidos el toque de queda que, para él, permitiría combatir la ‘delincuencia juvenil’. En la actualidad, ese toque de queda se aplica en 146 de las 200 principales ciudades norteamericanas, lo que significa que la policía puede arrestar a cualquier menor que transite por las calles a partir de la medianoche. En la ciudad de Nueva Orleáns, donde Clinton pronunció su discurso, existe un toque de queda “desde el atardecer hasta el amanecer”. En Dallas, en 1995, fueron arrestados por violar el toque de queda alrededor de 4.000 jóvenes (The New York Times, 3/6/96). En un editorial sobre este asunto, el mencionado diario norteamericano señala que esos toques de queda “podrían ser inconstitucionales” y que “la Corte Suprema aún no se pronunció al respecto”. Destaca “que el riesgo de una aplicación selectiva es alto, y que no es difícil adivinar cuáles serán los vecindarios o barriadas a los que la policía prestará mayor atención”. Es decir que incluso la prensa imperialista no tiene dificultades para ver que el toque de queda está dirigido contra los trabajadores, los pobres, los negros o los latinos. Tenemos entonces que en la democracia capitalista más desarrollada del mundo, una tercera parte de la población carece de garantías y derechos constitucionales para una tercera parte su jornada. La amplitud que tiene la aplicación del toque de queda está indicando que estamos ante una estrategia política —la de una sofisticada represión social. La pesadilla que George Orwell describió en su libro “1984” tiene plena vigencia en los Estados Unidos: “El gran hermano te vigila” (Big Brother is watching you) es ley en el imperio de la democracia. Es incuestionable que Duhalde está buscando una política frente a las tendencias explosivas que se acumulan en el Gran Buenos Aires por la misma vía que la del “gran hermano”. Incapaz de detener el empobrecimiento masivo de la población, la miseria social creciente y, de conjunto, la descomposición del capitalismo en todos los planos, la burguesía procura desarrollar un “Estado policial con rostro constitucional”. A esta misma tendencia responde la seguidilla de juicios y persecuciones que se ha entablado contra activistas y luchadores sindicales. Lo que ocurre en Estados Unidos permite poner en una adecuada perspectiva el decreto que cierra los boliches a las tres de la mañana. No son las ‘disco’ lo que le preocupa a Duhalde (quien extendió la prohibición a todos los “lugares de reunión pública”), ni vamos a ser nosotros, los socialistas, los que nos pongamos a defender el negocio capitalista del embrutecimiento nocturno de la juventud. Duhalde quiere abolir el derecho de circulación, la libertad; quiere convertir a la policía en dueña absoluta de la noche. Para impedir que consiga tal cosa hay que promover una profunda movilización política por la derogación del decreto y reclamar la triplicación y cuadriplicación del presupuesto cultural, para que el Estado construya toda la infraestructura para el esparcimiento físico y el desarrollo moral de los jóvenes, bajo el control y dirección de las organizaciones de masas de la juventud y de la cultura.

El viernes 5 de julio, alrededor de 1.500 docentes y estudiantes recorrieron las calles del centro de Caseros en un hecho inédito en el distrito. La movilización fue la continuidad del proceso iniciado hace más de un mes contra la articulación y que, en San Martín, significó la realización del Campamento Blanco contra la Ley Federal. Queda claro que es posible derrotar la reforma educativa, ya que los docentes de Tres de Febrero tuvieron que sortear las maniobras de la burocracia del Suteba para lograr el éxito de la concurrencia. Era necesario que los docentes salieran a la calle para que reaparezcan las banderas del Suteba, que intentó desnaturalizar el carácter de base del movimiento colocándolo bajo su tutela, pero no está dicha la última palabra, como lo advirtieron numerosos docentes. Fue notable el contraste entre la clásica generalidad “En defensa de la escuela pública” del Suteba, con los carteles y banderas que venían desde los colegios: “No a la Ley Federal”, “Derogación...”, “Defensa de la escuela técnica”, “No a la privatización de la enseñanza”, etc., y una bandera que intentaban tapar todo el tiempo, que aparecía como una denuncia, la de “Docentes Autoconvocados”. Docentes, padres y alumnos de casi todas las escuelas secundarias y varios de primarios, protagonizaron una de las movilizaciones más importantes contra la Ley Federal, que volvió a dar lugar a la creación de varios centros de estudiantes, como ocurriera en San Martín hace 20 días, y fue una muestra del odio de cientos de jóvenes contra Duhalde, a quien insultaron hasta el cansancio en las narices de Hugo Curto. Debido al clima reinante, el Suteba tuvo que desistir de cerrar la movilización con un orador de la directiva del sindicato, ya que no era propicio para reclamar “la participación y el consenso” en la reforma. Los Autoconvocados de San Martín realizaron una intensa actividad para apoyar la movilización, bloqueando con una declaración varias colas de cobro. El camino recorrido debe ser rubricado por la unificación de ambos distritos, para evitar la injerencia de la burocracia, que se ha convertido en la condición para derrotar la reforma educativa.

Durante la movilización del sábado de los choferes de TDO, se acercaron a la plaza de Morón delegaciones de diferentes gremios, que hicieron llegar su adhesión a la lucha de los compañeros. Estuvieron presentes delegados de APTA (Asociación del Personal Técnico de Aerolíneas Argentinas), del Suteba, etc. Además, se hicieron presentes estudiantes de la Coordinadora de Estudiantes Secundarios y una delegación del Hospital Posadas, que se encuentra en conflicto. Sin embargo, fue significativa la ausencia de representantes del grueso de gremios de la zona y de los “políticos” locales, a quienes seguramente habrá ‘asustado’ el frío y el mal tiempo imperantes.

Me parece muy importante que exista una prensa obrera que exprese el acontecer, la vida diaria de los trabajadores desde el punto de vista propio del movimiento obrero... sobre todo en este momento, que por sus características, se presenta confuso y difícil. Los trabajadores no podemos vernos reflejados en las páginas de la prensa burguesa, es una prensa mercenaria, responde a los intereses de la burguesía nacional y de las multinacionales... Entonces que exista una prensa proveniente del movimiento obrero, que refleje su acontecer político y sindical, es un elemento de trabajo muy importante... Mi experiencia con Prensa Obrera me ha resultado muy buena, al ver que en ella se plantean salidas concretas para los problemas del movimiento, planteadas de un punto de vista de clase. Yo le agradezco a los compañeros que me han permitido retomar contacto con Prensa Obrera, con el partido. Me alegra ver nuevamente a los compañeros y comprobar que las posiciones y los objetivos que en su momento llevamos juntos en Política Obrera, en la Coordinadora Metalúrgica, continúan en pie ... Me resultó de enorme utilidad acceder al análisis del carácter de la etapa que hizo el VII Congreso. Hasta ese momento yo consideraba que atravesábamos una situación contrarrevolucionaria o al menos no-revolucionaria. El ver esto desde otra óptica, ver la debilidad del gobierno, cambiar ese análisis, me ha dado mucho empuje en mi actividad. La campaña de suscripciones declara que Prensa Obrera no se queda con lo que tiene al luchar por ser masiva. Así supera claramente al resto de las corrientes, que se encuentran sumergidas en la mediocridad de su sectarismo... Tener una prensa masiva garantiza que los problemas del movimiento obrero se vean reflejados con minuciosa fidelidad.

El decreto 625/96, que jubila de ‘oficio’ a más de 2.800 docentes y no cubre esas vacantes, fue el detonante para que el martes 25 de junio, cerca de 2.000 docentes se movilizaran al “Complejo Pedro de Vega”, sede de la delegación del Ministerio de Educación en Rosario. Escuelas enteras con su personal directivo, desobligación de los alumnos (paro ‘de hecho’), presencia del “cuerpo de supervisores” completo, todo esto retrata la impresionante movilización. El diario La Capital de Rosario, 26/5, tituló: “2.000 docentes cercaron a la ministra”. Es que, presente en el Complejo, fue obligada a dar explicaciones del decreto que desmantela y vacía las escuelas. Al reafirmar la vigencia de la medida, la reacción de los compañeros fue un abucheo general. En medio de una reacción histérica, tuvo que retirarse. El acto que se realizó previamente, mostró la presencia de importantes delegaciones de los departamentos de la zona sur de la provincia, en particular de San Lorenzo. Su numerosa delegación se hizo sentir en los cánticos y con un gran cartel que reclamaba un Congreso de delegados de base para votar un ¡¡Plan de Lucha Ya!!, posición luego sustentada desde la tribuna por Miguel Martorell (delegado seccional del departamento San Lorenzo). Con características similares, al día siguiente se realizó en la ciudad de Santa Fe, en la sede del Ministerio de Educación, una movilización que contó con una asistencia de más de 3.000 compañeros, incluyendo a delegaciones de los departamentos del norte de la provincia. Aquí la nota destacada fue la presencia de cerca de 1.000 alumnos de las escuelas secundarias, que fueron desobligados y se sumaron a la concentración que luego marchó a la Casa de Gobierno, para repudiar al gobernador Obeid y exigir la derogación del decreto de reducción de cargos. Ya en el mes de enero hubieron importantes movilizaciones frente al bicicleteo en el pago de sueldos. Antes fue una movilización de docentes y alumnos de escuelas de adultos por las amenazas de cierre. El caos que provoca la Ley Federal en Santa Fe fue advertido por la base docente, que en las recientes jornadas gremiales, a diferencia de las del año pasado, se pronunció por rechazar la ley. Luego de estas impresionantes movilizaciones, la Asamblea Provincial de Amsafe, que funcionó el 27/6 y el 3/7, no pudo resolver ninguna acción para enfrentar el desmantelamiento de las escuelas (en los últimos días, abiertamente) por parte del Ministerio de Educación, eliminando cargos de vicedirectores, bibliotecarios, secretarios, etc., en aplicación del mencionado decreto. Para superar este bloqueo, Tribuna Docente adhiere a la campaña lanzada por Amsafe San Lorenzo por un Congreso provincial de delegados de escuela con mandato, para resolver un plan de lucha hasta la derogación del decreto y por las reivindicaciones pendientes.

El clima de unidad vivido durante las jornadas de movilización del sábado y el lunes frente a la Subsecretaría de Trabajo bonaerense, en Morón, fue de lo más destacable de la lucha, al punto que los choferes de las distintas empresas —TDO y GSM— pedían que sus respectivos delegados hablaran al conjunto de los trabajadores cuando salían de las discusiones con la patronal y los representantes del gobierno de la provincia. Fue una constante que los compañeros reclamaran la “unidad de acción del gremio” para afrontar los problemas comunes y, mucho más, en esta situación concreta. Además, varios choferes sostenían que “solamente si actuamos en unidad con todos los trabajadores vamos a poder enfrentar los ataques que se vienen, y que ya estamos sufriendo, contra toda la clase trabajadora”.

La titular del ministerio de Educación, Susana Decibe, arribó la semana pasada a un acuerdo con dirigentes empresarios del Grupo de los 8 (Asociación de Bancos, Unión Industrial, Sociedad Rural, etc.), que según informa La Nación (26/6), permitirá a las empresas “derivar a la capacitación profesional fondos que tendrían que ir a la DGI”. El mismo matutino explica muy claramente los alcances del acuerdo: “Una empresa que paga dos millones de pesos al año en salarios dice que quiere aplicar 20.000 pesos a un curso (por ejemplo, para ‘capacitar’ estudiantes secundarios o jóvenes que buscan su primer empleo). Justifica los costos, duración, etc. y (recibe) un certificado de crédito fiscal que puede presentar a la DGI para reemplazar el pago de impuestos”(ídem). ¿Qué tal? Menem/Decibe han organizado, entonces, una vía ‘legal’ para la evasión fiscal. Como cualquiera puede imaginar, la iniciativa no está regida por criterios pedagógicos o académicos, sino por otros más prosaicos. El asunto, sin embargo, es de un calibre más vasto, pues se inscribe en la tendencia, que no es de modo alguno una ‘excepcionalidad argentina’, a concentrar en un sector muy reducido de la población las posibilidades de enseñanza integral, en tanto que reserva para las mayorías la formación precaria de ‘especialidades’ y ‘oficios’, calificada por sus apologistas como “educación con salida laboral”. Expresión de esta tendencia es, por ejemplo, el régimen de las llamadas ‘pasantías’, donde el joven ‘pasante’ no realiza ningún tipo de tarea vinculada con su ‘capacitación’, pero sí exime a las empresas del pago de aportes patronales, indemnización, preaviso, etc. Más recientemente (ver PO nº 500), el rector de la UBA, Schuberoff, anunció un plan que formalmente sustituyó la formación universitaria por dos “ciclos cortos” con “inserción laboral”, esto es, la transformación de la Universidad en un simple reservorio de mano de obra barata. La ‘novedad’ que introduce el acuerdo de la Decibe con ‘los Ocho’ es que, además, los ‘mecenas’ de la UIA podrán obtener susbsidios del gobierno para ‘invertir’ en ‘capacitación’, o sea que el presupuesto público será destinado a una política de explotación social y negociado económico. No es correcto, entonces, lo que dice el director del Centro Interamericano de Investigación y Documentación sobre Formación Profesional, Pedro Weinberg, de que “las escuelas (deberían) dejar de pedir y empezar a ofrecer más, estar al servicio del proceso productivo” (Página 12, 8/6) (es decir, por un lado, de la recesión y la desocupación masiva, y por el otro, de la proliferación ilimitada de capital especulativo). Pretender que la educación debería ser adecuada al proceso productivo, equivale a transformarla en una fuente de beneficio capitalista. Al revés, debería procederse a ‘adecuar’ (es decir, mejorar, elevar) la organización social al acervo científico y tecnológico alcanzado por el desarrollo de la humanidad, es decir, suprimir el freno que representa el capitalismo al aprovechamiento integral de las fuerzas productivas (en primer lugar, del hombre). La ministra Decibe, que a falta de otros atributos tiene, a veces, la virtud de ser clara, sostuvo que “nuestros trabajadores deben competir con países donde se dan niveles casi de esclavitud” (La Nación, 26/6). Así que imaginémonos qué puede depararnos la continuidad de los planes menemistas en materia ‘educativa’.

El 28/6, alumnos, docentes y padres de la EET Nº 4 Ernesto Longobardi, de Avellaneda, se autoconvocaron para denunciar los desmanes que está produciendo la aplicación de la Ley Federal y la Reforma Educativa Provincial. Asistieron masivamente docentes de Bahía Blanca, Matanza, Lomas de Zamora , Lanús y alumnos de diferentes colegios del distrito, para debatir sobre el camino a seguir para parar esta ofensiva. En el tapete estuvieron: la reducción salarial; la capacitación docente; la responsabilidad civil; la estabilidad laboral; la ley universitaria; reviente de la secundaria. Surgió como propuesta: 1- La formación provisoria de una coordinadora, hasta la formación de una coordinadora en primer término provincial y luego nacional. 2- Apoyar una movilización frente al Consejo con el Suteba, para exigir a las autoridades la derogación de la ley, y al Suteba exigirle un plan de lucha que los Autoconvocados llevarán hasta las últimas consecuencias. 3. Se acordó la realización de un encuentro provincial para el cual todas las escuelas deben llevar su posta, el día 16/7 a las 17 hs., en la EET Nº 4 Ernesto Longobardi. 4- Se acordó el compromiso de todos los presentes de asistir con mandatos por escuela a una asamblea el 6/7 a las 14 hs., en Constitución 627 (altura Lavalle al 400), Avellaneda.

Me dirijo a ustedes por este medio porque creo que es el único por el cual puedo llegar a todos mis compañeros en general. La razón de esta carta abierta es para que de una vez por todas pongamos fin a esta situación creada por la supuesta crisis empresarial. No los estoy convocando a ponernos en rebeldía sino simplemente para que paremos el manoseo y el autoritarismo por parte de la empresa, y creo que la mejor manera de hacerlo es ponernos de acuerdo sobre las futuras medidas a tomar. Ellos quieren imponernos que después de las 7,40 hs. de trabajo terminemos el turno con la famosa planilla amarilla, que solamente sirve para seguir degradando nuestro salario, ya que con esto desaparecen las horas extras y el promedio de nuestro aguinaldo se cae por el piso. Todos somos conscientes de que la plata no alcanza, pero por hacer 4 ó 5 pesos después del turno no nos vamos a salvar y con esto lo único que hacemos es consentir que la patronal llegue a su tan ansiado objetivo: la rebaja salarial. No crean esa farsa de que la situación de la empresa es caótica, de que no hay esto, no hay lo otro, porque todo es más que nada un trabajo psicológico, o sino qué mejor ejemplo que éste: si un coche recauda diariamente entre 500 y 700 pesos, no lo voy a dejar tirado una semana porque no hay correas o aceite para el motor porque es totalmente ilógico. Por eso, no nos dejemos engañar, las distintas situaciones que se viven en la Empresa son causadas para atemorizarnos y creamos que la mano viene mal, y como nunca le presentamos batalla y bajamos la cabeza, ellos siguen avanzando. Primero, si querés extras trabajalas en negro. ¿Querés trabajar un franco? Hacélo en negro, y de última nos van a rebajar el sueldo y nos van a decir: “Trabajás por estas monedas y si no, te vas”. Ahora más que nunca tenemos que unirnos y ser protagonistas, dejar de lado el “no te metás” y defender nuestro derecho, siempre del lado de la ley, ya que en definitiva estamos luchando por nuestro futuro y el bienestar de nuestras familias. Gracias a todos los que me han leído y espero que comprendan lo que aquí he querido transmitirles. Los insto a concurrir a la asamblea convocada para el viernes próximo a las 22 horas por el Cuerpo de Delegados.

Solidaridad Socialista, periódico del Mas (nº 524 del 20/6/96), publica una nota sobre la participación de mujeres del Mas en el Encuentro Nacional de Mujeres. La compañera Marina —que suscribe el artículo central— participó, o por lo menos relata lo que habría pasado, en el taller “Mujer joven: salud y sexualidad”. El Mas considera que “la opresión de la mujer y en particular… su opresión sexual, implica revalorizar el goce pleno de las mujeres, el derecho que todas tenemos al orgasmo”. El planteamiento “socialista” —“enfocado como una revolución total”, Marina dixit— implicaría reivindicar el derecho al orgasmo. ¿Será por esto que el Mas considera que la “problemática específica” de la mujer está “más allá de la política del gobierno actual”? El reclamo del “derecho al orgasmo para todas” no estaría dirigido contra los Menem y Cavallo, o sea, contra el Estado capitalista, es decir que se trataría de una reivindicación apolítica y asocial. Sin embargo, y aunque puede sonar ridículo, el derecho al orgasmo tiene que ver con ellos —con los Menem y Cavallo. La posibilidad de disfrutar de unas horas de tranquilidad junto con la pareja en un lugar apropiado y con la seguridad de que no será interrumpida la velada —condiciones en general elementales para el orgasmo reclamado— también implican un dinero y condiciones sociales del que hoy los trabajadores carecen. Imaginemos las posibilidades del orgasmo en una pieza compartida con los chicos, sin estufa, con hambre y cansados de trabajar durante doce horas. Por otro lado, no veo porqué el orgasmo —Mas mediante— se ha convertido en una reivindicación “femenina”. En la medida en que afecta al goce de una relación con otra persona, masculina, sería una reivindicación que trasciende lo femenino. Por último, la compañera Marina declara que su actividad está en el “camino de construir un movimiento de mujeres socialistas”. Pero el movimiento socialista es siempre y antes que nada un movimiento de clase, de unidad de explotados de ambos sexos. Es necesario organizar un frente de lucha de las mujeres por sus reivindicaciones con el conjunto de los trabajadores. Las mujeres de los choferes de la Río de la Plata, que fueron un factor en el triunfo de la lucha, son un ejemplo de lo que pretendemos. La lucha por las reivindicaciones de las mujeres , como la de los oprimidos en general, es en primera y última instancia, la lucha por derrocar al régimen social y político capitalista. En esa medida es socialista. Nota aparte merece el recuadro —en la misma página 10— sobre el crimen de 113 puñaladas de Carolina Aló. El reclamo final es “Ni una más Carolina Aló”. Acá, aunque muy confusamente, la compañera socialista —en este caso Inés— comete la torpeza de plantear una lucha contra los hombres, que se creen dueños de hacer lo que quieren con su propiedad: la mujer. Los casos de violencia familiar son extremos de la violencia social que es, además de machista, clasista. No es una reivindicación exclusivamente femenina, sino también masculina. Carolina quizás tenga padre o hermanos. Se trata de unir la lucha de hombres y mujeres oprimidos para terminar con la violencia propia del sistema capitalista. No de emprenderla contra los hombres. No más Carolina Aló, claro que que sí, pero tampoco no más Fabián Tablado.

Daniel Sánchez y Eduardo Mazzucco, secretarios general y adjunto, respectivamente, del sindicato telefónico de Córdoba (SOETC), acaban de ingresar de lleno al “mundo de los negocios” de las telecomunicaciones, al convertirse en contratistas de Telecom por medio de la empresa “Microemprendimientos Córdoba Sociedad de Hecho”. Pero a su condición de empresarios le agregan otra ‘perla’: la misma Telecom los ha propuesto como dos de sus testigos en el juicio iniciado contra esa patronal por parte del compañero Claudio Sosa, en referencia al despido que sufriera en abril de 1994. Esta circunstancia ilustra, sin dudas, acerca de las “relaciones carnales” que vinculan desde hace tiempo a la negrera Telecom con la ‘progresista’ conducción del SOETC. El compañero Claudio Sosa había sido elegido vocal de la comisión directiva del SOETC para el período 1990-1993. Tanto él como el compañero Guillermo Gómez, ambos de la antiburocrática lista Naranja y militantes del Partido Obrero, fueron expulsados del sindicato en marzo de 1992 a instancias de Sánchez y de Mazzucco, quienes buscaban, de ese modo, eliminar obstáculos en el desarrollo de su política propatronal. Contaron en dicha oportunidad con el indisimulado apoyo del menemista Ministerio de Trabajo. Este es, por cierto, el principal antecedente que llevó a la empresa a proponerlos como testigos en el juicio, por medio del cual un compañero telefónico despedido, ex-delegado gremial y ex-integrante de la comisión directiva, reclama su legítima indemnización. A las puertas de un proceso electoral a través del cual el secretario general busca su segunda reelección (histeria propagandística, maniobras de aparato y demagogia mediante), el entrelazamiento con la patronal y el vaciamiento sindical constituyen, por lejos, el rasgo fundamental del SOETC, de la mano de Sánchez y Mazzucco.

En Prensa Obrera (30/5) publicamos un “revelador informe empresario” donde se decía que el directorio de TDO pretendía transformar a la empresa en una “sociedad anónima pura”, o sea acaparar a los ‘componentes’ más pequeños de la patronal. El directorio se jactaba, según el informe, de que “se ha logrado una reducción cercana al 30%” en los gastos salariales y que pretendía seguir avanzando por este camino... Pero la comisión interna vio este proceso y se preparó para detenerlo. Ya el 5 de mayo, una Asamblea General aprobó una “abstención de tareas” a partir de la 0 hora del día 7 si no se pagaba. También “se votó que no se aceptaría el pago parcial a los trabajadores” (ver PO 30/5). ¿Qué fue lo que pasó entonces? “Que apareció la guita a partir del martes 6... y, por primera vez, en billetes grandes. Normalmente se paga con la recaudación diaria...”. Como la empresa pretendía seguir por este camino, el conflicto estaba anunciado.

La denuncia formulada por una empleada del cementerio de Escobar sobre la existencia de fosas comunes con restos de NN muertos en enfrentamientos con fuerzas de seguridad durante la pasada dictadura militar, pone sobre la mesa las consecuencias nefastas que tuvo para los trabajadores de nuestro país la dictadura genocida. Intentar separar la represión contra los trabajadores y la juventud durante los distintos gobiernos militares, del ‘76 hasta el ‘82, de la problemática económica, significaría intentar ocultar el verdadero objetivo de la represión de aquellos años y caer en la teoría elegida por la burguesía y los militares de que fue una guerra entre dos bandos, los militares contra la guerrilla. La burguesía nacional, verdadera dueña de las decisiones políticas que se toman en nuestro país junto al imperialismo, llegó a la conclusión de que sólo un golpe militar sangriento podría llevar adelante sus objetivos económicos (saquear al país). Para esto debía lograr su objetivo político (aplastar a los explotados). La decisión de impulsar el golpe militar llegó luego de la derrota sufrida por Isabel y López Rega en manos de los trabajadores durante las huelgas de junio-julio del ‘75. Pasada la dictadura del ‘76, el saldo en vidas fue cientos de muertos, miles de presos políticos y treinta mil desaparecidos. Al mismo tiempo, las consecuencias del saqueo del país se reflejaban en el aumento de la deuda externa, que llegaba a una cifra superior a los treinta mil millones de dólares. Estos son datos más que contundentes que confirman lo ligado de la represión con la problemática económica. Desde el ‘83, muchas cosas han pasado en este país, pero dos se han mantenido en forma ininterrumpida: el pago de la deuda externa y la impunidad del aparato represivo. Lógicamente que la burguesía no fue a buscar entre los familiares de los desaparecidos o las víctimas de la represión el acuerdo político para llevar adelante su objetivo de dejar impune el aparato represivo. Se valió, para esto, tanto de los radicales como de los justicialistas, a través de leyes como “el punto final” y “la obediencia debida”, durante el gobierno de Alfonsín, y el indulto menemista. Pero como no hay dos sin tres también el Frepaso colaboró en esta línea apoyando las declaraciones del “arrepentido Balza” para enterrar ese “pasado terrible”. La verdad es que los milicos no gobernaron por su cuenta, sino que lo hicieron en favor de los capitalistas nacionales y el imperialismo. Cavallo estatizó la deuda en el ‘82 y hoy es el encargado de que la paguemos. Para luchar contra el aparato represivo responsable del asesinato de los desaparecidos de la dictadura y de los asesinados de la democracia (Bulacio, Bru, Campos, Choque, Nuñez y demás compañeros), es necesaria la organización de los trabajadores y la juventud, para impulsar la lucha por “el juicio y perpetua” a todos los asesinos al servicio del régimen capitalista: Por la derogación de las leyes del punto final y obediencia debida. Abajo el indulto menemista. Juicio, cárcel y perpetua. No al pago de la deuda externa. Fuera Menem Cavallo.

La muerte ‘accidental’ (criminal) del compañero Reynoso fue el detonante de la bronca acumulada. El pueblo estalló y hasta los intendentes, que actúan como gestores de la empresa contra los mineros en cada conflicto, se vieron obligados a decretar ‘asueto’ y a marchar el jueves 4. Los mineros reclaman la efectivización de los contratados; el respeto por las normas de seguridad, incluida la preparación de los compañeros nuevos; la eliminación de los compromisos de producción que pesan sobre los trabajadores a partir de actas firmadas por Ate en conflictos anteriores. Luego de entregar a la jueza una petición para que se esclarezcan los hechos, Ate llamó a desconcentrar, pero un importante grupo de manifestantes ocupó el Concejo Deliberante, arrancando a los concejales una declaración de ‘personas no gratas’ en la localidad a los principales personeros de la empresa YCRT. Desde la ocupación de la mina a fines del ´94, la iniciativa estuvo en manos de la empresa, que cerró sectores, despidió personal y ha intentado desconocer derechos laborales. Los dos paros prolongados de mayo del ´95 y abril del ´96 fueron cimbronazos que no modificaron esta tendencia, en un cuadro de creciente colaboración de la dirigencia sindical verde de Ate con el gobierno provincial y la dirección de YCRT. Pero los acontecimientos de esta semana replantean la iniciativa popular. El reclamo de la estabilidad laboral y la inclusión de los contratados en el convenio es crucial, porque los contratados, que ganan la mitad y no tienen cobertura legal, eran hasta ahora la punta de lanza para liquidar el convenio laboral vigente. Su efectivización significaría la quiebra de todo el plan de esta empresa parásita, que vive de la explotación obrera y de los subsidios del Estado. La fuerza de la movilización masiva del pueblo puede lograr este objetivo, con la condición de no depositar ninguna confianza en los ‘políticos’ ni en la conducción verde de Ate.

Cuando la jueza federal, al comando de 300 gendarmes armados hasta los dientes, se declaró incompetente para reprimir el ‘delito’ del corte de ruta, anunció ‘otro delito’, que llamó de “sedición” y corresponde por lo tanto a la jurisdicción provincial. ‘Concluida’ la pueblada, la jueza federal precisó en un canal local que “si bien el delito había cesado, la causa seguía abierta”. En tanto que ante 20.000 movilizados el gobernador se comprometía a “no tomar represalias de ningún tipo” y la jueza federal y los gendarmes reculaban, comenzaba a montarse la represión ‘legal’. Ante esta perspectiva, en el “Encuentro Contra la Represión” que estaba convocado, el Partido Obrero propuso que se emitiera un comunicado de prensa exigiendo el cierre de la causa en el fuero federal, lo que fue aprobado. Ese mismo día, “el fiscal en lo penal, Santiago Terán, intimó a la jueza Beatriz Martínez para que investigue por presunta instigación a cometer un delito...” a un dirigente del sector opositor del MPN y a los dos intendentes, imputándoles “... haber propiciado el corte de las rutas nacional 22 y provincial 17, durante la reciente pueblada” (Río Negro, 4/7). Como “no tenemos nombres”, señaló el fiscal, “estamos investigando quiénes formaban parte de aquellos grupos que obstaculizaban la circulación”, y “requirió la colaboración de los medios de comunicación, en este caso de dos canales de televisión locales, para que aporten material fílmico” (ídem). El fiscal cubre su ataque a los piqueteros, amagando procesar a los popes locales. ¡Hay que entender que estamos ante un proceso judicial contra los piqueteros y proceder en consecuencia!

Una rápida lectura de los diarios de la última semana permite constatar que los capitalistas, sus políticos y sus periodistas han comenzado a deliberar sobre el pos-menemismo, sin importarles los tres años que aún los separan de las elecciones del ‘99. Esta anticipación es un síntoma de que la crisis está llegando sin pausa a su punto intolerable. Menem también se adelantó a su propio final, a su manera, al anunciar en la reunión de gabinete de hace diez días que excluía la intención de buscar una segunda reelección. Para Morales Solá, en La Nación, “Comenzó la carrera por el poder”. Dice también que “Más que la derrota (electoral) lo sorprendió (a Menem) la prueba cabal de la ruptura de la alianza social que lo mantiene en el poder”. Alude de esta manera a la división producida por Béliz, a los reclamos de que renuncie Cavallo y a las afirmaciones que salieron del propio oficialismo de que la derrota en la Capital reflejaba una situación de alcance nacional. A diferencia de lo que ocurrió hasta las elecciones de 1994, en que los sectores populares que se enfrentaban a la política cavallista estaban ubicados políticamente en la oposición al gobierno, las puebladas de Tucumán, Cutral Co o La Matanza fueron protagonizadas por el electorado popular del menemismo. Esta anticipación del pos-menemismo le puso los (escasos) pelos de punta a Morales Solá, porque llega a decir que “No sólo la nueva reelección de Menem se frenó; toda la política argentina se asienta sobre cimientos azarosos”. Es decir que Menem está acabado pero no tiene sustituto visible, por lo cual la burguesía está obligada a sostenerlo aunque esto agrave la fenomenal crisis nacional. Que los politicólogos no atribuyan el inconfundible debilitamiento del gobierno a los resultados de la Capital, es una prueba de que tienen sus neuronas en buen estado. Estas elecciones han sido, incluso, una especie de salida para esa crisis, en la medida que sirvieron para esbozar lo que podría llegar a ser un liderazgo opositor. Pero ya el asunto de los negociados inmobiliarios capitalinos, como las autopistas, los terrenos de Puerto Madero y del Aeroparque o la aeroísla, han provocado una crisis con el ‘intendente electo’; otro factor de crisis, pero con el pueblo, lo provocará el inminente tarifazo de los ferrocarriles, subtes y colectivos. Para Juan Carlos Casas, el re-cavallista columnista de La Prensa, “se van perfilando en el horizonte cambios políticos y económicos de gran importancia —la imagen de Carlos Menem cayó al piso del 20 por ciento y Domingo Cavallo apenas supera esa performance, ambos en su peor momento de desgaste”. Es decir que las puebladas no sólo sacudieron a los Bussi y a los Sapag. Por eso, el ‘consultor’ Broda, que acaba de pasar su estudio a una firma extranjera, creyó oportuno decirle a Ambito, ahora, que “La mayoría de los economistas y muchos (pero no la mayoría, claro) de los empresarios ya criticábamos la primera reelección de Menem”. Además, los “datos de junio indican que se frenó la reactivación”, informa Ambito Financiero. “Las ventas de autos bajan 4,6%; la producción, 12%”. Incluso, “la exportación de automotores en junio registró una disminución de 17,5% con relación a mayo”. Las medidas proteccionistas que tomó Brasil con los textiles y con los juguetes, y la nueva devaluación del real, dejan planeando una crisis cambiaria que deberá afectar el comercio en el Mercosur. Brasil le ha dejado a la Argentina una porción minúscula del mercado automotriz. Las medidas aventureras de endeudamiento a las que ha apelado el desmoronado ‘plan Cavallo’, con el fin de producir una reactivación, han fracasado por completo y han dejado una hipoteca que bloquea la posibilidad a mediano plazo de una recuperación de las inversiones. Hay una crisis fiscal, como lo prueba el pedido de Cavallo de que se revise el presupuesto de 1996, y una crisis de balance de pagos, como lo prueba el pedido de renegociación de los acuerdos con el FMI. Para el registro, agreguemos que el reciente derrumbe del mercado internacional del cobre ya ha paralizado las inversiones mineras en Chile y afectado, en consecuencia, las posibilidades fiscales del gobierno y las posibilidades de negocios de sus AFJP, recientemente autorizadas a invertir en las empresas mineras. Así es como se presenta el nuevo ‘aliado’ del Mercosur. Y algo más, la persistente suba de la tasas de interés de largo plazo en los Estados Unidos está anunciando que la especulación bursátil ha llegado a un tope, lo que provocará quiebras y desórdenes monetarios en todo el mundo. Es que tomar un préstamo para especular ya resulta más caro que el rendimiento de las inversiones especulativas. Es altamente didáctico que esto ocurra luego de la reciente reunión ‘de los 7’, donde sus miembros se comprometieron a mantener el presente equilibrio monetario internacional. Un curioso equilibrio, por cierto, que permite a los yanquis financiar la especulación con una emisión monetaria del 16% anual y a los japoneses con una tasa que la duplica. El panorama de la economía señala que el pos-menemismo se encuentra acelerado por el pos-cavallismo. Los alcahuetes de la ‘convertibilidad’ están reclamando que un impuesto al gas-oil cubra las pérdidas provocadas por las rebajas de los aportes patronales a las cajas y la evasión patronal de los impuestos. Pero por esta vía se acentuaría la recesión y la desocupación, salvo que se esté pensando en devaluar y emitir moneda en mayor escala. Es lo que va a ocurrir también con el inminente tarifazo del transporte, sin el ‘consuelo’ de que pueda servir para aliviar la crisis fiscal. La situación exige un giro en la política económica que ningún sector se atreve a plantear en forma pública, porque entrañaría un dislocamiento político y económico de proporciones. El Episcopado, sin embargo, en una reciente reunión en Mar del Plata, reclamó taxativamente el abandono de la ‘convertibilidad’. Menem ha elegido transformarse en árbitro de las distintas internas que se preparan en función de la sucesión, por eso dispara elogios y críticas en varias direcciones. Sugestiva fue su denuncia de la evasión impositiva de los frigoríficos, puesto que como la mayoría de los acusados están instalados en la provincia de Buenos Aires, está escupiendo sobre el ministro de la Producción, Carlos Brown, y sobre Eduardo ‘toque de queda’ Duhalde. El ala de la gran patronal, representada por La Nación, se ha lanzado a experimentar las posibilidades de un frente UCR-Frepaso. “El éxito de la lista del Frepaso”, dice en un reciente editorial, “contribuirá a promover la coincidencia de las dos agrupaciones más votadas en la empresa de armonizar democráticamente sus puntos de vista”; el laboratorio de la experiencia será el estatuto que elaboren para Buenos Aires. El ‘Cavallo’ Alvarez, en un reciente programa de Grondona sobre desocupación, se desvivió por demostrarle al ‘gurú’ Broda que el Frepaso no imaginaba apelar al estatismo para atenuar la desocupación, ni en la más loca de sus fantasías —lo que no impidió que Broda lo acusara a él, al cura Laguna y al clerical Grondona de incitación a la violencia y a atentar contra la propiedad. La gran burguesía ve planeando en el horizonte cercano amenazas muy serias y se esfuerza por advertírselo a los ‘opositores’. El escenario de enfrentamientos muy grandes está virtualmente montado. La vanguardia de los trabajadores estará obligada a organizar en poco tiempo un fuerte polo político de la clase obrera para conducir a la mayoría nacional a la victoria.

PO: ¿Cómo se llega al conflicto? CP: La situación era de mucha bronca por los atrasos en los pagos y los continuos aprietes a los compañeros, con traslados de cabecera. La Comisión Interna tuvo el acierto de explicar que se pretendía poner en marcha la aplicación de un convenio Fiat-Smata para nuestro gremio. Cuando empezamos esta campaña de esclarecimiento, los compañeros no podían creer que se podía producir una reducción salarial. Decían que era inconstitucional. Sólo después del conflicto en la 148, con el que nosotros nos solidarizamos y seguimos paso a paso (sacamos un volante de apoyo) y del conflicto en la Río de la Plata, los compañeros empezaron a entender. Hace un mes, la Comisión Interna informó en distintas Asambleas el significado de los constantes atrasos salariales como camino para una próxima reducción salarial. Hace 3 meses hicimos asambleas con los talleres, donde explicamos cuál era el propósito patronal con la ‘tercerización’ de los mismos: rebajar los salarios a la mitad. A este conflicto se llega con una larga preparación. La Comisión Interna ha alertado y explicado pacientemente. PO: ¿Qué medidas se tomaron? CP: Desde que estalló, los compañeros nos superan en las iniciativas. Nuestras propuestas no sólo son aceptadas sino que se incrementan. Casi espontáneamente se formaron los piquetes. El primer día hicimos una sentada y no salió ningún colectivo, ni los de los socios. Implementamos un Fondo de Huelga que se sostiene con las colaboraciones del ‘peaje’ que cobramos, voluntariamente, en la ruta, a los camioneros y automovilistas, y especialmente a los colectivos ‘truchos’ , que están haciendo su agosto con nuestra huelga. Aparte hemos recibido aportes de comerciantes y gente solidaria, así como víveres para sostener la Olla Popular. PO: ¿Qué papel jugó el gremio? CP: Públicamente apoya nuestro conflicto, como se puede evidenciar a través de los medios de prensa y de su presencia en nuestras Asambleas. Pero lo que nosotros reclamamos es solidaridad activa. Desde la primera Asamblea hemos reclamado que se convoque al plenario de delegados zonal, para implementar un plan de lucha de conjunto. Y esa respuesta está siendo dilatada. PO: ¿Qué actitud van a adoptar frente a los despidos? CP: La votada en la primera Asamblea y que ahora tiene más vigencia que nunca: ¡ni un despido! ¡Cuando entremos a trabajar lo haremos cobrando lo que nos adeudan y todos! PO: El Ministerio de Trabajo, ¿decretó unilateralmente la conciliación obligatoria? CP: No hemos recibido ninguna comunicación al respecto. La única mención fue una velada amenaza en tal sentido que escuchamos ayer, ante el hecho de que no se había arribado a ningún arreglo. PO: ¿Qué pasos tienen pensado dar? CP: Hoy (martes 9), a las 16 horas, realizaremos una Asamblea General. Allí vamos a proponer un conjunto de resoluciones para fortalecer nuestra lucha: mantener y ampliar la comisión de prensa y difusión. Formar comisiones para recorrer las otras líneas de la zona, para coordinar un plan de lucha que lleve al triunfo. Y reclamar un plenario URGENTE de la UTA zonal para que este plan se efectivice. Vamos a reclamar a la UTA regional que, en lo posible, esta noche misma se convoque al secretario nacional de la UTA a que se haga presente en el conflicto, a que saque una solicitada apoyando nuestra lucha, a que nos dé apoyo económico y a que decrete un paro general del gremio en apoyo a nuestra lucha y en defensa de las conquistas de los choferes. Está en juego no sólo el sueldo y aguinaldo de los trabajadores de TDO, sino las condiciones de trabajo de todos los trabajadores de la UTA. Que no nos bajen el salario, que no nos quiten el convenio. Está en juego la misma organización sindical de los trabajadores del automotor. Si los choferes de TDO somos derrotados, ni siquiera va a haber convenio. Van a hacer arreglos entre las patronales y cada trabajador individualmente. Por eso hay que ganar este conflicto.

El nuevo presidente de la agencia de noticias Télam, encargado de proceder a su liquidación, Amílcar Antognoni, acaba de reafirmar en declaraciones a la agencia Reuter, por si quedaba alguna duda, que no va haber venta, “sino cesasión, fin”. La liquidación de Télam, que cuenta con unos 700 empleados, se enmarca en el decreto menemo-cavallista 660, por el cual el Congreso otorgó poderes especiales al gobierno para modificar la estructura de la administración pública. Sin embargo, la conducción centroizquierdista-radical del sindicato de prensa (UTPBA) intenta llevar a los trabajadores al suicidio, al centrar todas las expectativas en lo que resuelva una comisión bicameral del Congreso, que tiene un poder de veto que no ha ejercido nunca (ni ejercerá) sobre las iniciativas de achicamiento de la administración pública del gobierno. No es de extrañar esta orientación en una conducción políticamente subordinada a las distintas vertientes patronales de ‘oposición’, que jamás ha convocado, y menos movilizado, al gremio en ninguno de los conflictos ni sangrías anteriores (casos más recientes: El Expreso, despidos en La Prensa, en La Unión, etcétera), y que ahora está centrando sus principales esfuerzos en la privatización de la obra social de prensa. El peligro reside en que la comisión interna de Télam, recientemente electa, siga al pie de la letra esta política. ¿Pero a dónde puede conducir esta política, si el gobierno y la oposición estuvieron totalmente de acuerdo en la privatización de la publicidad de las empresas del Estado, que antes pasaba por Télam? Unos y otros quieren liquidar el sector de publicidad de la agencia y reducir sustancialmente el sector periodístico, para generar una nueva empresa “reestructurada y no deficitaria”, es decir, súper flexibilizada, según palabras del flamante presidente liquidador de Télam. Quiere decir que en Télam no sólo están en riesgo los puestos (y la fuente misma) de trabajo, sino también las condiciones de trabajo, esto es, el convenio colectivo de prensa. Desde la Lista Naranja de Prensa llamamos a pegar un giro de 180º en la orientación que propone la conducción de la Utpba, para que la interna apunte a desmarcar a los trabajadores de cualquier salida parlamentaria. ¿O acaso las comisiones parlamentarias fueron efectivas alguna vez en impedir los latrocinios de las privatizaciones? Télam, como una de las principales empresas del gremio, está en condiciones de generar un reagrupamiento que cambie de punta a punta la situación en Prensa. Pero para esto es necesario adoptar, en primer lugar, un programa de lucha, que comience por plantear: Abajo la llamada Segunda Reforma del Estado, que no es otra cosa que la aplicación en la administración pública de los planes del Banco Mundial. Abajo la flexibilidad laboral y las rebajas salariales en Prensa. Respeto irrestricto del convenio colectivo de trabajo. No a los despidos. Reparto de las horas de trabajo entre todos los compañeros sin afectar el salario. Reestatización de la publicidad de las empresas y organismos del Estado, a través de Télam. Este principio de programa, que al calor de la lucha se podrá ir desarrollando, debe ir acompañado de un plan de movilización, en el que los trabajadores de Télam deberán realizar todo el esfuerzo posible para vincularse con el resto del gremio, sin dejar de exigir por eso que la Utpba convoque a una Asamblea general para aprobar este programa y una masiva concentración, en primera instancia, frente a Casa de Gobierno y el Ministerio de Economía. El gobierno, corroído por graves crisis internas y golpeado por la movilización de los trabajadores (¡Cutral Co!), puede ser derrotado. Télam, en Prensa, se encuentra en una situación de privilegio para triunfar. ¡Adelante, compañeros!

El miércoles 3, una delegación del PO integrada por Jorge Mora, Norberto Calducci y Rafael Santos se entrevistó con Horacio Panario en Zapala. El compañero es el único detenido en una pequeña delegación de la policía de tránsito sobre la ruta, en las afueras de Zapala. Tiene una celda reducida, en la que estuvo confinado los primeros 45 días; ahora tiene media hora diaria para salir al patio. Hace falta gastar bastante dinero y viajar unas 3 horas desde Neuquén para poder visitarlo los miércoles, viernes y domingos, desde las 14 hasta las 16,30 horas. En esta situación, lleva ya más de 9 meses. La delegación le entregó los últimos periódicos y la revista (el comité de Neuquén resolvió realizar suscripciones solidarias a nombre de Panario y Christiansen para garantizar que la prensa les llegue semanalmente). La delegación del PO le brindó a Panario un informe de la actividad de nuestro Partido para arrancar su libertad. Le relató con detalle el desarrollo del Encuentro Provincial de Desocupados realizado el 24 de mayo y la importancia que éste votara, por primera vez a nivel provincial, luego de una aguda batalla política, la lucha por su libertad y la de los otros compañeros detenidos. La delegación le planteó también al compañero Panario la visión sobre la marcha de la causa judicial y las diferentes propuestas del PO (reclamo de salir a trabajar —artículo 288bis del código penal de Neuquén—; inscripción y reclamo del subsidio en la 2128; presentación ante la Corte Interamericana; etc.). La claridad de la lucha en el plano judicial, le dijimos, es absolutamente fundamental para la lucha política por su libertad. El compañero se quedó con la convicción de que el PO va a luchar con toda energía por su libertad y la de los otros compañeros. Hace mucho hemos solicitado la posibilidad de visitar al compañero Christiansen, alojado en el Penal de Parque Industrial.

“Hace más de dos meses, en medio de un conflicto gremial que los directivos de YCRT consideraron ‘caprichoso’, se produjo una denuncia por parte de los trabajadores acerca de los riesgos que se planteaban en el interior de la mina. A esto, el señor Taselli (presidente de la empresa) contestó afirmando que la seguridad estaba garantizada. ¿Quién le devuelve la vida al compañero Oscar Reynoso? Hasta ahora, la experiencia nos había mostrado algunas consecuencias de la privatización: el negociado y la entrega de recursos, que implica la pérdida de puestos de trabajo, la anulación de derechos laborales, etcétera. Pero ahora se ha comprobado el desprecio de los privatizadores por la misma vida humana. Según las informaciones, el compañero Reynoso no había recibido ninguna capacitación previa en los temas de seguridad y, como a los otros, se lo había obligado a ingresar en la mina en la cinta transportadora, lo cual ocasionó su muerte. “Este verdadero crimen tiene responsables… El hecho no debe quedar impune. “Desde el FUT manifestamos nuestra total solidaridad con la movilización emprendida… “Llamamos a constituir comités de seguridad en todas las empresas, ya que también hemos tenido la muerte del compañero Subiabre, de la construcción, hace pocos días en Río Gallegos. La nueva Ley de Accidentes de Trabajo anula la ‘responsabilidad civil’ del patrón, a cambio del pago de un seguro (ART), lo cual agravará el riesgo que ya corre la vida de los trabajadores. “Luchar contra el plan de Menem-Cavallo es hoy más claramente que nunca una cuestión de vida o muerte para el pueblo trabajador”.

El día 28 de junio, con una presencia de más de 100 activistas, se realizó una Mesa Debate “Contra la Represión”. Los abogados Mario Alvarez (General Roca), Gustavo Palmieri (Neuquén), Carlos Segovia (Cipolletti) y León Zimmerman (Correpi-Bs.As.) expusieron sobre la represión en las cárceles, el ‘gatillo fácil’ y sobre la situación de los compañeros Horacio Panario, Alcides Christiansen y Basilio Estrada, detenido en la fecha. En el caso puntual de Panario, tanto en la exposición como a la hora del debate, fueron notorias las limitaciones de la defensa y la falta de perspectiva por parte de los organizadores. A instancias de compañeros de la Coordinadora de Desocupados, el abogado Palmieri, que actúa como defensor, reconoció que había apelado el delito de “coacción agravada” oponiendo en su lugar un delito de menor grado. Palmieri solicitó en esa oportunidad, como saliera en el diario Río Negro del 3/12/95, que la causa se modifique por la de “atentado y resistencia contra la autoridad”, e incluso en el caso de que la Cámara no hiciese lugar, se considere la “coacción” en grado de “tentativa”. Ante la incomodidad que le causara la pregunta de si era correcto lo que decía el Río Negro, Palmieri agregó que cualquier abogado actúa de esa forma, es decir, ofrece un delito menor para lograr la libertad del imputado. Quedó clara la coherencia del abogado con la política que apoya esta ‘defensa’. Tanto el Mas como el Mst se fueron de la Coordinadora de Desocupados considerando un error político la movilización del 2 de octubre (¡cuyas características ellos decidieron!) y, consecuente con esto, su abogado sale a admitir delitos a los verdaderos delincuentes. Ninguno de ellos se ha percatado todavía que desde el más pequeño al más grande de los delitos, los defensores parten de rechazar la acusación y sin ofrecer delitos alternativos piden la absolución del cliente. ¡Cuántos casos de asesinatos hemos visto en que el abogado pide la libertad argumentando que no hubo asesinato! Hasta los asesinos de lesa humanidad como Videla, Massera, Agosti, etc., no reconocieron nunca un delito. En nombre de la Coordinadora de Desocupados se trató de echar luz sobre esta situación. Planteamos en primer lugar el acierto político de haber mantenido en pie la tarea de organizar a los desocupados y si bien es sobre esta política de organización y movilización de los propios trabajadores que están las verdaderas posibilidades de arrancar de la cárcel a los compañeros, tal cual se ha demostrado con la pueblada de Cutral Co y Plaza Huincul, el aspecto legal no es un problema menor, pero tal como está la situación es necesario pegar un viraje y pasar a la ofensiva. El 2 de octubre no cometimos ningún delito. Los delincuentes están en el gobierno, responsables de la miseria y de la desocupación, responsables de la desnutrición infantil, responsables de no pagar el “subsidio”, responsables de despilfarrar los fondos públicos en favor de los empresarios. Hay que acusarlos a ellos de ‘coacción agravada’ por obligarnos a vivir el hambre y miseria que no queremos. Como propuesta concreta, planteamos que como la Ley no describe con precisión las características de los actos que puedan considerarse como “coacción”, denunciar ante los organismos internacionales y al Tribunal de Derechos Humanos del Pacto de San José de Costa Rica la ilegalidad del artículo 149 del Código Penal, que como prueba de ser un cheque en blanco para que los tribunales lo utilicen en forma discrecional contra los trabajadores: a Panario se le aplica por instigador y a Christiansen porque su sola presencia es una amenaza. Así también dejamos planteada la necesidad de formar una Comisión Unica y Abierta de Abogados para defender la causa, ligando la represión del 2 de octubre con el intento fracasado de reprimir a los compañeros de Cutral Co y Plaza Huincul. En este mismo sentido, el PO fue el único que planteó sacar un comunicado público exigiendo que se cierre la causa abierta en la pueblada.