Prensa Obrera N° 494

En un reciente plenario de la Coordinadora de Secundarios, una abogada de la Correpi pretendió sorprender a los jóvenes allí presentes con el argumento de que la consigna del movimiento secundario, “Cárcel, juicio y perpetua a todos los culpables”, era inviable, porque no estaba contemplada en el código penal. La Correpi no levantó, sin embargo, la consigna que se derivaba de los planteos de la abogada, 25 años de cárcel, durante las manifestaciones por Bulacio, sino otra muy diferente, “Por Wálter, Choque y los otros”, que omite toda referencia a la lucha contra los aparatos represivos y contra el Estado, y que se emparenta más con la lacrimogenia hipócrita del centroizquierda. Sin embargo, de la lectura del código penal surge que a la abogada hay que retirarle el título, y que incluso sus disposiciones pueden ser útiles para luchar contra el Estado capitalista. La prisión perpetua corresponde para los casos de homicidio calificado contemplados en el artículo 80 del Código Penal. Entre estos casos de agravamiento figuran el ensañamiento y la alevosía, el odio racial, la acción concertada de dos o más personas, así como también el asesinato para asegurar la impunidad o para facilitar, ocultar o cometer otro delito. Los casos de ‘gatillo fácil’ están caratulados en su mayoría como “homicidio simple”. Sin embargo, un examen detenido revela que —mayoritariamente— se encuadran en la modalidad del asesinato agravado. Víctor Choque fue muerto por la acción concertada de dos o más personas que dispararon sus armas reglamentarias. Los pibes de Budge, Dock Sud, Christian Campos y tantos otros, fueron fusilados —según testigos y vecinos— por ser “negro y de pelo largo”, configurando un odio de clase fascista. La investigación del caso Carrasco demostró que se lo dejó morir desangrándose para ocultar la brutal golpiza inicial. El pobre nutriero de Dolores fue asesinado para robarle el fruto de su trabajo. Esto revela que bajo el ‘gatillo fácil’ no existe el “homicidio simple”. Se trata, necesariamente, de una acción concertada. ¿O acaso Wálter Bulacio no murió por la falta de atención originada en ocultar la fajada previa? ¿Y el chico incinerado en Mar del Plata para borrar las pruebas? Para los sectores ‘progresistas’ y del centroizquierda la condena por homicidio, a secas, constituye un triunfo ‘posible’. Según este enfoque la perpetua estaría imposibilitada por problemas ‘técnicos’ del ‘encuadramiento jurídico’. Efectivamente, la justicia, al calificar de “simple” el crimen, borra la principal de las huellas: la acción de encubrimiento y concertación que está detrás del asesinato. Pero la conducta de adaptarse o no denunciar ante la sociedad este hecho es una forma de consentir. A esto se suma que este ‘posibilismo’ implica —nada menos— que el asesino salga en pocos años en libertad condicional, algo que no permite el homicidio agravado. La falta de aplicación del agravante no es un problema técnico. La burguesía —que se dice ‘horrorizada’ y lloriquea en sus editoriales por estos crímenes— no quiere —en la práctica— condenas severas, porque esto resquebrajaría el aparato represivo. Para convertir al país en un gran convenio Fiat-Smata, hacen falta los policías. El fondo de todo este debate destaca la justeza del planteo de la Coordinadora de Estudiantes Secundarios exigiendo perpetua. No se trata de un ‘delirio juvenil’, responde a la más estricta realidad. Pero la misma realidad revela que para imponer esta justa reivindicación no basta lo que diga, o deje de decir, el código penal. Hace falta lucha, organización, movilización de masas. Y, sobre todo, ni un ápice de confianza en las lágrimas de cocodrilo de burgueses y centroizquierdistas.

“Este es el fraude bancario más grande de la historia argentina por el número de damnificados y por el monto que hay en juego” (La Nación, 10/5/96). Y no es para menos. La quiebra fraudulenta del BID (Banco Integrado Departamental), de la que participaron no sólo los directivos del banco sino el presidente del Banco Central, Roque Fernández, el superintendente de Entidades Financieras, Eugenio Pendás, y el director del BCRA, Pedro Pou, dejó a 137.000 ahorristas en la lona con una deuda total de 700 millones de pesos. Si, según todos los diarios, el patrimonio del BID suma 3,25 millones, ¿cómo fue que la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras y el propio BCRA no se percataron de que el BID marchaba a la quiebra? En realidad fueron sus promotores. El BID, un banco que a comienzos de 1995 fue suspendido porque estaba en ‘rojo’, fue obligado por el Banco Central a absorber a otros dos bancos quebrados, el Aciso y de la Ribera. “Me obligaron por escrito, por una resolución, a quedarme con los dos bancos... Cuando el BID estuvo suspendido, en junio, el Central nos intimó a aprobar la absorción de los dos quebrados y, si no lo hacíamos, nos liquidaban a nosotros”, dijo Roberto Cataldi, ex-gerente del BID (El Cronista, 8/5). Río, Francés, Feigin, Galicia... Otra revelación de Cataldi es que previamente se arregló “para que los bancos Río y Francés se cobraran operaciones de canje de valores con el ex-Aciso, a través de la Red de Seguridad del Nación” (El Cronista, 9/5). Además, el Banco Central le dio 50 millones al Banco de Galicia, a cuatro años y medio (54 meses) sin intereses, para que se quedara con 40 sucursales del ex-BID (ídem). Es decir que los préstamos del BCRA al BID sirvieron de ancla para el salvataje del Río, Francés y Galicia. Este ‘affaire’ está en la Justicia. “La investigación fue abierta a partir de una curiosa sucesión de acontecimientos. Primero el BID recibió buenas calificaciones de las empresas Broda, Domínguez, Econsult, Duff & Phelps y Magister” (Clarín, 11/5). Luego, fue calificado como triple B por Risk Analisys, que dirige Diana Mondino, esposa del superintendente Pendás. Estas ‘reputadas’ calificaciones, a un banco a todas luces quebrado, revela toda una operación orquestada de vaciamiento. Pero esto no es todo, porque también se abrió una investigación “por presuntas irregularidades ocurridas durante el proceso de liquidación del ex-Banco Feigin” (Ambito, 8/5), y hay otros dos procesos, que también involucran al Banco Central, en relación a las quiebras fraudulentas del Banco Austral y Basel. Tanto el BID, el Austral, el Basel y el Feigin están acusados, además, de estafas a través de convenios de comercio exterior con Uruguay. “Un acuerdo firmado en el marco de la ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración) establece que los bancos centrales de los países miembros son los garantes de las operaciones entre los bancos privados” (Noticias, 4/5). Estos bancos no devolvieron préstamos a entidades financieras uruguayas, conseguidos por medio de operaciones fraguadas de comercio exterior, dejándole un ‘muerto’ de 86 millones de dólares al Banco Central argentino. Ahora, “el Banco Central de la República Argentina aceptó pagar 50 de los 86 millones que adeuda a su similar de Uruguay por exportaciones realizadas en el marco del convenio de pagos de la ALADI” (El Cronista, 6/5), lo que originó un conflicto diplomático y bancario con Uruguay por los 36 millones restantes. Sencillamente, el Banco Central de Uruguay amenaza con llevar al BCRA a las cortes internacionales. Carlos María Ganduglia, ex-titular del Banco Austral, reveló que otros 14 bancos realizaron operaciones similares con Uruguay y que el Banco Central solamente denunció al BID, Austral y Basel. Ganduglia amenazó con dar los nombres de esos bancos, como prenda de negociación para salvarse de ir en cana. La cosa no termina aquí, porque también está saltando una operación fraudulenta con las privatizaciones de los bancos mendocinos, anuladas por el gobernador, que habían ganado el grupo Magna y el Banco República. Se dice que es para dárselos al Banco Galicia. Quiebra Estas estafas bancarias salieron a la luz como consecuencia de la envergadura de la crisis bancaria. Mientras Cavallo se pavonea diciendo que el sistema bancario argentino es más sólido que el brasileño, el cual está salpicado por toda clase de fraudes, el presidente, medio directorio del Banco Central y toda la Superintendencia de Entidades Financieras, incluida la mujer del superintendente y el gurú Broda, están calificados legalmente para ir a Devoto. El propio Cavallo utilizó 120 millones del Banco Nación y se los dio a la Tesorería el 30 de abril, para abultar los ingresos de la Tesorería y presentar las cuentas fiscales ‘en orden’. Sucede simplemente “que casi la mitad de los fondos correspondientes a la cartera de créditos en el sistema financiero se encuentran en situaciones cuyas calificaciones van de ‘riesgo potencial’ a ‘irrecuperable’ ” (La Prensa, 21/4). En consecuencia, los bancos ya no pueden disimular sus pasivos ocultos ni las operaciones fraudulentas ni la connivencia del Banco Central. El ‘plan’ Cavallo es un gigantesco fraude que debería dirimirse en los Tribunales.

No hay salidas capitalistas: vote trabajadores Las elecciones para jefe de gobierno y Estatuyente de la ciudad, se dan en un cuadro de crisis capitalista sin precedentes, que el gobierno descarga sobre la población laboriosa. En momentos en que las masas viven una extrema miseria salarial, una desocupación sin precedentes, la amenaza a los convenios de trabajo y a conquistas laborales históricas, y la destrucción de la salud y la educación estatales, el Partido Obrero-Frente de Unidad Trabajadora es la única organización que declara que su propósito en estas elecciones, es el de llevar al seno de la próxima Estatuyente la lucha por las reivindicaciones de la población laboriosa, contra la patronal-capitalista y su Estado. Esta es nuestra plataforma Abajo la política menemista de desocupación, de ataque al salario y a las conquistas de los trabajadores. • Abajo el convenio Fiat-Smata y todos los similares, vigencia plena de los convenios por industria, jornada de 8 horas, salario mínimo igual al valor de la canasta familiar (1.200 pesos); derogación de todas las cláusulas de ‘productividad’ y superexplotación del trabajo; aumento salarial del 50%. En caso de mermas de la producción, reparto de las horas de trabajo entre todos los trabajadores, sin afectar el salario. Seguro al desocupado de 500 pesos a partir de los 16 años. Que la crisis la paguen los capitalistas que la crearon. Apertura de las cuentas de los monopolios capitalistas. Control obrero. Contra la destrucción de la escuela estatal y la privatización de la educación. • Establecimiento de un sistema educativo nacional, público, único, laico y gratuito. Prohibición de la explotación comercial de la educación. Supresión de todos los subsidios a instituciones privadas o confesionales. Exclusión de la Iglesia de las funciones educativas. Desconocimiento de la Ley Federal de Educación. Contra la política oficial de privatización de la salud, de destrucción del hospital público y de las obras sociales. Contra la llamada ‘autogestión’ hospitalaria, que significa el arancelamiento y la privatización de los hospitales, con expulsión de la población más necesitada y cesantía de sus trabajadores. • Sistema de salud único, estatal, universal y gratuito bajo control de los trabajadores de la salud y los usuarios, financiado con aportes patronales e impuestos a las grandes fortunas. • No al plan de salud del Banco Mundial. • Derogación de la ‘autogestión’ hospitalaria, que encubre la privatización del hospital público. Anulación de todos los aranceles y privatizaciones ya realizadas. • Estatización bajo control de los trabajadores de los pulpos sanatoriales y farmacéuticos privados, que han esquilmado las obras sociales y el bolsillo de la población, para integrarlos al sistema público de salud. • Desconocimiento de los decretos 292 y 492, que reducen los aportes patronales y liquidan las obras sociales y el PAMI. Contra la política de los impuestazos y de la revaluación fiscal arbitraria de pequeñas y medianas propiedades. • Sistema impositivo basado en impuestos al patrimonio, el capital y la ganancia. • Derogación de los impuestos al consumo. Basta de desalojos y viviendas inaccesibles. • Derecho a la vivienda propia para todos los habitantes de la Capital. • Prohibición de los desalojos de villas, viviendas ocupadas e inquilinatos, que dejan a las familias en la calle. • Radicación de las villas, entrega inmediata de las tierras a sus habitantes, urbanización a cargo del municipio: calles, cloacas, escuelas, plazas, centros deportivos, servicios, etc. • Plan de construcción de viviendas populares bajo control obrero. Créditos para el acceso a la vivienda cuya cuota no exceda el 10% del salario mínimo, con moratoria para trabajadores desocupados o incapacitados. • Tope de 10% del salario del jefe de familia para el alquiler de una vivienda tipo. • Expropiación de las viviendas de lujo desocupadas con fines especulativos. • Municipalización del suelo urbano, es decir, que el suelo de la ciudad sea declarado propiedad del municipio; gravar las propiedades empresarias y viviendas de lujo, para financiar programas de viviendas populares, educación, recreación y medio ambiente. ¡Paremos el hambreamiento de los jubilados! Oficialistas y ‘opositores’ han apoyado la reforma previsional y la privatización de los aportes previsionales (AFJP). Nosotros decimos: • Derogación de la jubilación privada. • Rango constitucional para los derechos de los jubilados. • Haber mínimo que cubra la canasta familiar. • Cajas públicas con garantía del 82% y jubilación a los 60 años, dirigidas por los jubilados y aportantes. • Remunicipalización de la caja del personal municipal, ‘nacionalizada’ por Cavallo, y restitución de todos sus derechos a los aportantes. • Fuera las manos del Estado del PAMI, fuera la intervención. Restitución al PAMI de su presupuesto, confiscado por Cavallo. • PAMI bajo la dirección de jubilados y aportantes. Prohibición de cualquier injerencia estatal o empresaria en la conducción del Instituto. Investigación del destino de los fondos por los jubilados y castigo a los responsables. Terminar con la policía de gatillo fácil y la justicia cómplice. • Cárcel, investigación y perpetua para los asesinos policiales de Bulacio, Mirabete y de cualquier joven o trabajador. • Derogación de los edictos policiales. • Autoorganización de masas en los barrios, colegios y lugares de trabajo, contra la represión policial. • Desmantelamiento de los aparatos represivos. • Suspensión y anulación de todos los juicios y sentencias dictadas contra los trabajadores, por razones de actividad gremial y política. • Investigación de los jueces y de la justicia, a cargo de trabajadores judiciales y organizaciones obreras y de derechos humanos. • Elección popular de los jueces y derecho a revocarlos. • Suspensión e inaplicabilidad de la legislación (leyes y decretos) que afecte, o haya afectado, derechos adquiridos de los trabajadores, activos y jubilados, como la de reforma laboral, de quiebras, de riesgo de trabajo, indemnizaciones, juicios laborales, cláusulas de flexibilidad laboral, de privatización de la jubilación, de ‘solidaridad previsional’. Desconocimiento e investigación de la deuda de la ciudad. El nuevo régimen ‘autónomo’ de la ciudad nace como rehén del gobierno nacional y de la banca, porque una deuda multimillonaria somete financieramente a la ciudad. Deuda que incluye el pago de las autopistas de Cacciatore y que los Cavallo de turno usarán como un arma de sojuzgamiento del nuevo régimen porteño. El Partido Obrero plantea el desconocimiento de la deuda, la apertura de las cuentas de la ciudad y una comisión investigadora que revele el destino de los fondos y los responsables de su manejo, ya que todos, militares, radicales, grossistas y menemistas, están sospechados de malversación de fondos. El saqueo a las finanzas públicas ha sido tremendo, como lo demuestra la concesión de los servicios a contratistas privados como Macri, Roggio, Techint y Cía., que sobrefacturan a precio de oro servicios de cuarta, con la consecuencia de mugre, inundaciones y deterioro de la ciudad, especialmente de sus barriadas más humildes. Decimos, los contratos deben ser anulados y remunicipalizados los servicios bajo control de los trabajadores. Los culpables del saqueo deben ser confiscados sin indemnización y procesados. El hecho de que la ‘oposición’ de radicales y frepasistas reconozca la deuda y acuerde con la ‘renegociación’ de los contratos, es una prueba contundente del sometimiento de estos partidos al menemismo y la comunión de ideas y propósitos en la defensa de los intereses y negocios de los capitalistas, contra los intereses de los trabajadores. La ‘autonomía’ que nos quieren vender es una puja entre estos partidos por el control de los grandes negociados en marcha en la Capital (Ciudad Judicial, Proyecto Retiro, remodelación de La Boca). El Partido Obrero desconoce los condicionamientos y mordazas de la Estatuyente. Las próximas elecciones del nuevo gobierno ‘autónomo’ de la Capital, han sido totalmente condicionadas. Leyes y decretos del menemismo han determinado lo que se puede y lo que no se puede resolver en la Estatuyente (constituyente de la ciudad) que va a ser elegida. En ese cuadro, no será una asamblea soberana, ni tendrán cabida en la Estatuyente los gravísimos problemas que agobian a la clase trabajadora. El Partido Obrero repudia y desconoce todos los condicionamientos gubernamentales colocados para amordazar a la Asamblea Estatuyente y llama a todos los partidos a pronunciarse en este sentido, como cuestión clave, previa al debate constitucional de la ciudad. El Partido Obrero llama a todos los trabajadores, los activistas sindicales y de la juventud que lucha, a las organizaciones de los trabajadores, a dar una lucha política contra los condicionamientos y las maniobras de reparto del botín en estas próximas elecciones de la Capital, y dar batalla para llevar a la Estatuyente la voz y el programa de los sectores explotados de la ciudad. SE ACABARON LAS SALIDAS CAPITALISTAS, VOTE TRABAJADORES. FUERA MENEM-CAVALLO, GOBIERNO DE LOS TRABAJADORES.

Apenas cerraron las urnas, anunciaron 60/40; una hora más tarde, 57/43; finalmente, tres horas depués de terminada la votación, con poco más del 53% de los votos a su favor, el intendente Elio Aprile se apresuró a anunciar que había ‘vencido’ en el plebiscito organizado para autorizar el aumento de los impuestos municipales en Mar del Plata. Así se fue desinflando la ‘victoria’ del intendente que quiso emular a Margaret Thatcher. En efecto, el impuesto que pretende imponer el radical Aprile –con el apoyo de Duhalde– es similar al famoso ‘poll tax’ que quiso imponer la británica y que le costó una rebelión popular: un ‘impuesto por cabeza’, cuyo monto es casi por completo independiente de los ingresos o del valor de las propiedades de los contribuyentes. Así, los propietarios cuyas viviendas tengan una valuación inferior a los 200.000 pesos, pagarán 3 pesos mensuales; los que tengan propiedades valuadas en más de esa cifra, pagarán ... 4 pesos mensuales. Un trabajador que tiene una pequeña vivienda de 20.000 pesos, deberá pagar una carga impositiva… ¡20 veces superior! a la de un ricachón que posea una mansión de medio millón. Pero esta carga es todavía superior si se considera quiénes serán los beneficiarios de las ‘obras’ que piensa encarar el intendente Aprile: iluminación de las playas céntricas, reasfaltado de 350 calles del centro, paseos interbalnearios. Los barrios obreros y populares no verán un peso de las obras que, sin embargo, están obligados a financiar. La ‘victoria’ de Aprile, sin embargo, se asemeja mucho a una derrota, lo que explica que no tenga garantizada la aprobación del impuesto en el Concejo Deliberante. En primer lugar, porque de los 400.000 votantes potenciales, sólo 160.000 (apenas el 40%) concurrieron a las urnas. Es decir, que tan sólo dos de cada diez votantes-contribuyentes aprobaron su impuesto. En segundo lugar, porque el voto por el sí se impuso holgadamente en el centro de la ciudad (¡obvio!) y “descendió en los barrios” (Crónica, 13/5). Más aún, “el No venció en algunas mesas de los barrios más pobres” (ídem). Más aún: “Para los profesionales de las encuestas, a medida que aumentaba la concurrencia de votantes, se achicaban las diferencias y señalaban que si en lugar del 42% se hubiera llegado al 50% (de concurrencia), se habría producido un ‘empate técnico’. Superada esa asistencia, el No habría vencido” (ídem). Aprile no tiene ningún mandato popular para meter un impuestazo que castiga al pueblo trabajador marplatense.

Duró pocos minutos la reunión entre la delegación de la ‘Izquierda Popular’ y el Partido Obrero, que comprobó la imposibilidad de llegar a un acuerdo político. La ‘Izquierda Popular’ planteó que su frente era inamovible en cuanto a candidaturas y programa y que se trataba solamente de tomarlo o dejarlo. En honor a la verdad , la ‘Izquierda Popular’ aún no tiene un programa, pues tuvo que improvisar un remedo de declaración para poder inscribirse en la justicia electoral; en lo que se refiere a las candidaturas, sus principales figuras (David Viñas y Alejandro Olmos) habían resuelto desistir de la nominación, aunque nunca habían sido consultadas con antelación. De modo que la actitud chantajista con la que la delegación de ‘Izquierda Popular’ se presentó ante el Partido Obrero era una monumental estafa política, ya que se negaban a debatir un programa que no tenían y a discutir candidaturas que acababan de improvisar. Detrás de este antagonismo se esconden divergencias políticas de fondo. Durante el mes de abril, el Partido Obrero participó de varias reuniones destinadas a conformar un frente de izquierda, pero se topó con el obstáculo de que el resto de los asistentes (PC, Mpl, Mst y Ptp) ponían como condición ineludible de que el eventual frente estuviera encabezado por el escritor liberal David Viñas y el ex nacionalista de derecha Alejandro Olmos, o ineludiblemente por figurones extra-partidarios. La negativa terminante a que el Frente de Izquierda fuera encabezado por militantes organizados de la izquierda, determinó nuestra ruptura de las negociaciones. Para el Partido Obrero, un frente electoral encabezado por personas aisladas, con alguna recepción en la ‘opinión pública’ burguesa y pequeño burguesa, significa una subordinación política al capitalismo y al democratismo de contenido patronal, así como una abierta proclama en favor del arribismo y en contra de la militancia y lucha organizadas. Los individuos que tienen alguna trayectoria de lucha y quieren incorporarse a una acción organizada, deben ser invitados en calidad de soldados y militantes, no para pavonearse en los medios de comunicación y mucho menos para darle la fisonomía al frente ante la masa del pueblo. El recurso a las ‘personalidades’ es un viejo truco del que se valía el stalinismo para promover sus puentes hacia la burguesía. Ahora ha vuelto a encontrar un ‘caluroso’ apoyo en el Mst. La ‘Izquierda Popular’ inscribió, el pasado 30 de abril, ante la justicia electoral, una lista encabezada de la siguiente manera (textual): “Jefe de Gobierno a Alejandro Olmos”. Pero tanto éste como David Viñas renunciaron al honor de la nominación por la presión de sus ‘entornos’ respectivos, que son frepasistas. Por eso no es una injuria decir que la ‘Izquierda Popular’ no quiso discutir programa y candidaturas con el PO, para poder preservar su carácter frepasista vergonzante. Eso es la IP, no un frente de izquierda. Pero no hay razones para sorprenderse por este resultado, que sólo ha servido (lo cual no está mal) para que queden claras las respectivas posiciones políticas. No hay que sorprenderse, porque la demora en la formación de esta izquierda ‘popular’ se debió a que el Ptp estuvo negociando durante un mes el apoyo a La Porta a cambio de la posibilidad de llevar una lista propia para estatuyentes. Durante el tiempo que duró esta negociación, los posteriores aliados del Ptp no se limitaron a papar moscas; el Mst reclamaba desde su periódico un frente de izquierda contra De la Rúa y Domínguez, es decir que colocaba al Frepaso como un aliado electoral; el PC evitaba tomar cualquier posición, dejando creer a todo el mundo que votaría en blanco, que es lo que había hecho en las elecciones para senador, apoyando de hecho a Fernández Meijide. Si se tiene presente el papel que jugaron el PC y el Ptp en la gestación del frente del sur y del frente grande, la calificación de vergonzante a su posición frepasista es casi un elogio. Por eso, la delegación tripartita de la IP no quiso discutir (el Ptp no asistió, quizás porque la vergüenza le impide dar la cara). De cualquier manera, la ‘Izquierda Popular’ presenta una cierta novedad. Consiste en que ‘comunistas’, ‘trotskistas’ y ‘mao-clasistas’ han dejado esa condición para transformarse en ‘populares’. No es que un partido clasista o socialista no pueda en ciertas circunstancias celebrar acuerdos con los populistas o partidarios de la unión nacional entre las clases. Pero no puede transformarse él mismo en un abanderado de la ideología, el lenguaje y las banderas de los colaboracionistas de clase, que es lo que ha hecho la IP. La ‘Izquierda Popular’ representa a partidos que no tienen identidad, o sea que no saben lo que quieren. Otra manifestación del populismo de la ‘Izquierda Popular’ es su incapacidad para denunciar el carácter de clase de la oposición que ejercen la UCR y el Frepaso, a los cuales se refiere como “los llamados partidos de oposición” y no como una oposición capitalista, antiobrera y proimperialista. Pero la IP tampoco dice cuál es el carácter de la oposición que ella misma representa, pues se refiere a sí misma como la “verdadera oposición” y no como una oposición clasista. Para no dejar sombra de dudas sobre el tema, los ‘populares’ se presentan como los verdaderos opositores “al ajuste, la entrega y la corrupción”, pero no como opositores a la explotación capitalista. Es razonable (pero injustificable) que los partidos de la IP pretendan evitar cualquier discusión política que pueda desenmascarar su propia duplicidad. La voluntad de actuar como segundones de alguna de las clases explotadoras se manifiesta en que la declaración que inscribieron en la justicia electoral no plantea una perspectiva de poder. La IP es una alianza entre autotitulados revolucionarios que no plantea, siquiera como perspectiva, destruir el poder existente y establecer uno nuevo de los explotados. El verdedero carácter de la ‘Izquierda Popular’, sin embargo, se encuentra abiertamente declarado, no por las pavadas que están plagando el derrumbe completo del Mst (que enfrenta una nueva crisis interna, ahora con Luis Zamora), sino por las posiciones contundentes formuladas en público por el Ptp. Antonio Sofía, el número 2 del partido ex isabeliano y ex menemista, dijo lo siguiente en una Mesa Redonda que tuvo lugar el pasado 1º de Mayo, y que reproduce el periódico del Ptp, Hoy (8/5): “Tenemos el derecho y el deber de presentar una verdadera oposición. Hoy es electoral. Hemos llegado hasta aquí con la Unidad de la Izquierda Popular. Para derrotar a los enemigos del país y del pueblo habrá que hacer algo mucho más amplio; acá tienen que participar todos aquellos del pueblo que tienen contradicciones con la política de Menem y Cavallo...”. Sofía no deja nada para el desperdicio. La ‘verdadera’ oposición ya no es tal; es sólo electoral; la verdadera llegará cuando la ‘izquierda popular’ se una a los demás adversarios de Cavallo y Menem, es decir a los Yabrán, a los Macri, a los Techint, a la UIA, a una parte del clero —claro que habrá que esperar a que estos adversarios se decidan a sacar los pies del plato. Lo central está aquí: en una crisis política general, como ya efectivamente se está formando, habrá que hacer bloque con la burguesía pro-imperialista, es decir, un bloque anti-obrero para ahogar la iniciativa independiente de la clase obrera y a la propia clase obrera. Estamos ante la formulación completa de la colaboración de clases en todo su contenido contrarrevolucionario. ¿Y la ‘Izquierda Popular’? Llegó hasta aquí, dice en lenguaje provocador Sofía, no tiene perspectiva, ya tiene escrita el acta de defunción. Por esto no quisieron discutir con el PO algo que es de pleno derecho, o sea el programa y las candidaturas del frente a integrar. Por esto el Ptp no vino y los demás actuaron como mandaderos.

“¡Armas para Bosnia!”. Pocas veces una consigna ha sido llevada a la práctica con tanta rigurosidad y humillado tanto a sus propulsores: el Mst, el Mas y el Pts. Quien la puso en práctica fue el mismo a quien recurrió Zamora cuando era diputado con un proyecto de resolución: el gobierno menemista. Y no lo ha hecho solo, sino como parte de un ‘esquema’ montado por el imperialismo norteamericano. El gobierno menemista hizo llegar armas al gobierno bosnio –‘rompiendo’ el bloqueo impuesto por la Onu. Es así que lo que los grupos morenistas presentaron como “la primera obligación de los revolucionarios”, era, en realidad, una de las variantes de la política concreta del imperialismo. En Prensa Obrera previmos que la consigna morenista de “¡Armas para Bosnia!” no era un llamado a la acción de los pueblos, sino a la intervención del imperialismo (que es el que tiene las armas y el que controla las rutas de acceso que deben recorrer esas armas). Naturalmente, estaba cantado que si el imperialismo ponía las armas –como lo hizo– iba, además, a imponer su política –como también lo hizo. El escándalo del contrabando menemista de armas puso en evidencia, sin que pueda quedar lugar a dudas de ninguna índole, el carácter proimperialista de la consigna central y estratégica que levantaron el Mas, el Mst y el Pts frente a la guerra en la ex Yugoslavia y, por lo tanto, el contenido proimperialista de toda su política frente a la guerra.

Los trabajadores de la línea El Halcón, de la zona Sur, han interpretado con suma claridad una de las cuestiones por las que el Partido Obrero viene librando una gran batalla. Desde Prensa Obrera, desde la misma firma del convenio Fiat-Smata, venimos denunciando que el objetivo del gobierno es que este convenio se aplique a todo el movimiento obrero. Al colocar la nota de Clarín en su boletín, con un comentario adjunto, han demostrado una profunda interpretación política de los planes patronales y por lo tanto, del propio rol a jugar por la vanguardia de los choferes para impedirlo.

La burguesía argentina ha dado una nueva prueba maestra de hipocresía y cinismo frente a las imágenes de la miseria extrema que impera en las villas rosarinas. Funcionarios nacionales, diputados, concejales, intendentes –después de cruzarse acusaciones varias de haber ‘desviado’ los fondos destinados a la asistencia social– y hasta‘comunicadores sociales’, se declararon sorprendidos y hasta ‘avergonzados’ ante los límites a que ha llegado la miseria popular provocada por el régimen social que todos ellos defienden. ¿Avergonzados? No. ¡Sinvergüenzas! ¿Recién ahora se dan por enterados que la desocupación en las villas rosarinas supera el 80%? ¿Que el Estado sólo da de comer a 28.000 de los 200.000 habitantes de esas villas? ¿Que la pobreza creció en más del 50% tan sólo en el último año? ¿Que la desindustrialización y la flexibilización dejaron a decenas de miles sin trabajo y sin ninguna cobertura social? ¿Que la destrucción del sistema jubilatorio condenó a la miseria extrema a otros cientos de miles? ¡Sinvergüenzas! Todos los que hoy se sienten ‘avergonzados’ apoyaron la flexibilización, la reducción de los salarios, la liquidación jubilatoria y la destrucción hospitalaria y educativa. ¿O acaso todos ellos no votaron las leyes flexibilizadoras y privatizadoras? ¿Y el Chacho Alvarez –uno de los más ‘avergonzados’– no se arrepintió públicamente de no haber votado la ley de convertibilidad? La ‘vergüenza’ que sienten los capitalistas puede medirse en las medidas que han adoptado: el gobierno anunció la creación de ¡un! comedor en ¡una! de las villas de Rosario. ¡Pero Rosario no es más que la punta del iceberg! Lo mismo sucede en las inmensas barriadas del ‘segundo cordón’ del Gran Buenos Aires, en las villas del Interior y hasta en la propia Capital. La ‘vergüenza’ que todos estos ‘demócratas’ dicen sentir no les alcanzó para reconocer la amplitud que ha alcanzado la miseria extrema. Pero, en realidad, lo que ha impactado a todos estos ‘avergonzados’ no es la imagen de los chicos hambrientos, condenados de por vida por la desnutrición crónica, ni la desesperación de los desocupados que no pueden alimentar a sus familias. No es la miseria extrema lo que ha impactado a todos esos bienalimentados funcionarios, concejales, diputados y ‘comunicadores sociales’, porque esa miseria es la consecuencia natural, inevitable y necesaria del pago de la deuda externa, de los subsidios a los capitalistas, de la flexibilización, de la reducción salarial y de la demolición de las conquistas sociales. Lo que los ha llenado de miedo es que han visto de frente el enorme e insuperable abismo social que los separa de los ‘pobres’ y de los explotados –la inmensa mayoría de la población– y el gigantesco barril de pólvora sobre el que se asienta su régimen de explotación y miseria.

La semana que acaba de pasar ha sido escenario de una ola impresionante de manifestaciones, cortes de ruta, ocupaciones y paros. Los trabajadores rechazaban así los pagos postergados de los salarios, que en algunos casos (municipios y comunas) llegan a los tres meses; los despidos (más de 4.000 en toda la administración pública); la transferencia de la Caja; el cierre de reparticiones y la disponibilidad de su personal, el que será jubilado y retirado “voluntariamente”. Sólo 15 días antes, todos los grandes agrupamientos (CGT, CGT ‘auténtica’, Asamblea de Trabajadores) se hallaban completamente paralizados. Pero los municipales de la capital, que en marzo habían recibido cheques sin fondo, comenzaron a realizar manifestaciones diarias y masivas, al grito de “Paso, paso, se viene el Tucumanazo”. Luego, los estudiantes terciarios de los magisterios (IES) realizaron una manifestación coordinada contra el achique presupuestario, y ello empujó a otros colegios (Normal, Lola Mora) a ganar la calle y a organizar cuerpos de delegados, mientras en los técnicos se montaban ollas populares. El martes pasado se produjo una explosión de movilizaciones, cuando una manifestación convocada por APEN, AMET, SADOP y un sector de ATEP, con la presencia masiva de estudiantes secundarios (incluso de colegios privados y religiosos, afectados por los recortes en los subsidios) y delegaciones de padres, se unieron con otras de los municipales, que se sumaron a la manifestación docente convocada por ATEP. Coincidentemente, en varios pueblos se realizaban marchas masivas (Tafí del Valle, Simoca, la Cocha, etc.) con apoyo de la población. En los días subsiguientes, otros sectores fueron ganando la calle: los trabajadores de Construcciones Escolares y de las comunas amenazaron con invadir la Casa de Gobierno; algunas comunas del interior fueron ocupadas; lo mismo ocurrió con la Dirección del Agua, ante un rumor de cierre, y con el ingenio Ñuñorco, ante la incertidumbre sobre la zafra. Por su lado, los de vialidad cortaron algunas rutas ante el anuncio de privatización de las rutas provinciales. Una crisis de fondo Esta virtual rebelión de los trabajadores y de la juventud enfrenta a un gobierno que se cae en picada libre ante la opinión pública (una reciente encuesta de la Gazeta demostró una baja del 60% en la confianza en el gobierno); el propio Bussi insinuó que renunciaría si la situación se agravara aún más. El gobierno está buscando refinanciar los pasivos, que mantienen hipotecados a casi la totalidad de los fondos coparticipables (en mayo, la provincia sólo recibiría 2 millones de pesos). El gobierno ha llevado la emisión de bonos de 30 a 80 millones de pesos, ha emitido otros 75 millones en cheques diferidos (con los que pagó octubre pasado y el medio aguinaldo). A partir de abril tiene que rescatar mensualmente una parte de los mismos, al igual (pero cada tres meses) que los bonos Independencia, emitidos bajo la Intervención Federal. El descalabro financiero ha llevado al cierre de los comedores escolares, al atraso y rebaja general de los salarios y de las jubilaciones, al vaciamiento hospitalario; el gobierno sólo garantiza, y con atraso salarial, el funcionamiento de la policía. El Banco Provincia permanece cerrado, y de apuro se está armando un nuevo negociado privatizador (que dejaría a dos tercios del personal afuera). Una comisión legislativa acaba de enviar a la justicia un informe sobre la privatización del agua, que podría mandar en cana a varios funcionarios del actual gobierno, del anterior y al propio Ortega, y llevar a la anulación de la privatización. La bancarrota financiera del Estado tiene su correlato en la bancarrota industrial y agraria (el ingenio San Pablo fue liquidado definitivamente, y hay otros tres ingenios que no molerían este año), afectados por el enorme endeudamiento, la falta de crédito y la recesión generalizada. Esto es aprovechado por las patronales para disminuir los salarios y despedir. Aunque todas las bancadas (UCR, FE y PJ, FR) votaron recientemente un paquetazo de ‘ajustes’, y la Suprema Corte convalidó el traspaso de la Caja, el giro que está tomando la situación está obligando a todo el mundo a reubicarse. Lo mismo está ocurriendo con los burócratas sindicales. Paso, paso, se viene ... Impulsada por la Asamblea de Trabajadores (ATEP, ATE, etc.), se está organizando una marcha desde el interior a la Plaza Independencia para el próximo 17 de mayo. Cuenta con el apoyo del CTA, del MTA, de la CGT ‘auténtica’ y de la CGT. Pero tanto la Asamblea de Trabajadores como la CGT ‘auténtica’, están promoviendo reuniones con los Delegados Comunales, intendentes, concejales, legisladores, diversos sectores de la iglesia y de las llamadas fuerzas vivas (cámaras comerciales, cañeros, etc.) para que se sumen a la marcha “de la familia y para todos los tucumanos”. La CGT, por su lado, propone una ‘concertación’ para que los sindicatos puedan ‘supervisar’ el ajuste. La burocracia quiere contener la radicalización de los trabajadores por medio de las ‘Multisectoriales’ que integraría con las patronales y los monopolios. Apunta a condicionar los intereses de los trabajadores ‘a los de Tucumán’, y no los de Tucumán a los trabajadores. Estamos ante un recurso político contra las masas para salvar al gobierno de Bussi, o preparar el terreno para una intervención federal. Esta política de ‘Multisectoriales’ es apoyada por el Ptp y por el resto de la izquierda, y a la que algunos sectores de la UCR y el Frepaso pretenden darle la forma de un Frente Cívico. Un ala del PJ estaría promoviendo la intervención federal. En este marco convulsivo, el Partido Obrero impulsa un paro activo provincial, la convocatoria a Asambleas Populares y a un Congreso de Bases y la Huelga General. Sólo así se conseguirá el pago al día de los salarios, la reincorporación de los despedidos, el cese de las privatizaciones, un seguro de 500 pesos al parado, el aumento de los salarios y la defensa de la Caja de Jubilaciones.

Ya ha sido abundantemente probado y comprobado que el gobierno argentino vendió ilegalmente armas a Ecuador y Croacia. Que no hubo operaciones de ‘triangulación’ sino que las armas salieron directamente de Ezeiza hacia sus destinos; que oficiales ecuatorianos recorrieron los arsenales argentinos verificando la calidad del armamento que estaban comprando; que el gobierno siguió adelante con todas las ‘operaciones’ a pesar de las ‘advertencias’ que le llegaron antes de los embarques –desde el exterior y desde sus propios subordinados–; que las armas enviadas a Croacia y a Ecuador provienen tanto de las plantas de Fabricaciones Militares como de los arsenales del Ejército, con la complicidad de su alto mando (hubo contrabando); que el principal implicado en el ‘affaire’, el riojano Luis Sarlenga, presidente de Fabricaciones Militares, es un ‘íntimo’ de la camarilla menemista. Esta catarata de evidencias y pruebas ha paralizado al régimen político porque la consecuencia natural de todas estas revelaciones debería ser la exigencia de un inmediato juicio político a Menem, firmante de los decretos secretos que ordenaron la venta de armas y mentor del traficante Sarlenga. El temor de que todo esto desemboque en un juicio político al presidente paraliza al oficialismo. “Ministro, por favor renuncie. No explique más nada, porque si sigue hablando va a terminar involucrando al presidente”, le rogó el diputado peronista José Luis Castillo a Camilión (El Cronista, 13/5). Pero también paraliza a la oposición, que finge exigir la renuncia de Camilión. A esta altura, sin embargo, por la envergadura de las maniobras y las cifras en juego y por las conexiones internacionales que han salido a relucir, es evidente que Camilión es sólo un ‘chirolita’ ... cuya renuncia sólo servirá para salvaguardar a Menem. La oposición deja en un piadoso segundo plano las ventas de armas argentinas a Croacia, porque allí el gobierno menemista actuó como cómplice del imperialismo norteamericano. Efectivamente, Clinton dio ‘luz verde’ para que un conjunto de países –entre ellos ¡Irán! y la Argentina– proveyeran de armamento a Croacia y para que esas armas atravesaran el territorio croata para llegar a las milicias bosnias, según acaba de reconocer el propio consejero de seguridad nacional norteamericano, Anthony Lake (El Cronista, 13/5). Los propios “dirigentes bosnios indicaron que armas y fondos para la compra de armas fueron suministrados en 1993, a través de una red turca, por Arabia Saudita, Malasia, Brunei y Pakistán, y que otros envíos de armas procedían de la Argentina y Hungría” (ídem). El gobierno menemista es, en consecuencia, un cómplice directo de las atrocidades cometidas contra los pueblos de los Balcanes. Argentina e Irán, dos de los proveedores de los croatas y los bosnios, tenían una muy vieja relación en el tráfico de armas. Durante la guerra con Irak, Argentina le vendió al régimen de los ayatollahs una enorme cantidad de armamento propio y actuó como ‘bisagra’ de la ‘triangulación’ de armas provenientes de Estados Unidos, Europa e Israel (sí, Israel) con destino a Irán (Página/12, 12/5). Quizás haya sido por estas antiguas ‘relaciones de negocios’ que la empresa aérea norteamericana que trasladó las armas argentinas a Ecuador haya sido la misma que estuvo involucrada en el ‘affaire Irán-contras’ (por el cual Reagan proveyó de armamento proveniente de Irán a los contras nicaragüenses ... que era pagado con dinero del narcotráfico) y que Argentina le haya ofrecido a Ecuador entregarle armas iraníes en compensación de los embarques que no llegaron a materializarse por el estallido del escándalo. En todos estos ‘negocios’, el gobierno menemista siguió el camino abierto por el radical ... lo que explica la poca voluntad de los radicales de ‘mover el avispero’. La oposición también ha sido muy ‘cauta’ en otro aspecto decisivo: se preocupa por el destino de las armas... pero no por el destino del dinero con que esas armas fueron compradas. Que muchas de las armas vendidas provengan de los arsenales del Ejército revela que nos encontramos –además de una venta ilegal y clandestina— frente a un contrabando de armas sustraídas o ‘distraídas’ porque, que se sepa, el ejército no vende armas. Todo esto nos lleva en una sola dirección: el affaire de las armas ha puesto en evidencia una de las ‘cajas’ de la camarilla riojana. Sarlenga fue puesto a dedo por el propio Eduardo Menem cuando Erman González fue ministro de Defensa; cuando llegó al ministerio, Camilión intentó desplazarlo ... pero debió dar marcha atrás, porque se lo habría exigido Eduardo Menem (Página/12, 12/5). Pero Sarlenga no era el único. Karim Yoma, cuyo cargo era el de secretario de Asuntos Especiales de la cancillería, intentó vender aviones y material bélico a Siria e Irak (algo que fue parado en seco por la embajada norteamericana y que quizás haya estado en el corazón del escándalo del Swiftgate); Amira Yoma, cuyo cargo era de secretaria de audiencias de la presidencia, peregrinó junto con Erman González por Egipto, Arabia Saudita, Bahrein, Dubai y Siria en una gira para vender armamento. Finalmente, el conocido Al Kassar (el sirio que recibió su pasaporte en pocas horas, gracias a la ‘influencia’ de Amira) fue comisionado por el gobierno para venderle submarinos a Polonia (Página/12, 2/5). Si se considera que las comisiones de los intermediarios pueden encarecer hasta cinco veces el precio final de las armas, tenemos que, al lado de esta ‘caja’, la ‘caja mediterránea’ del escándalo IBM-Banco Nación es chaucha y palito. El escándalo de las armas ha sacado a la luz toda la podredumbre de la ‘democracia’ menemista: operaciones ilegales, contrabando, ‘cajas’ negras, complicidad con el imperialismo en la masacre de los pueblos. El juicio político a Menem y a todo su gabinete está a la orden del día

Como corolario de la conciliación obligatoria, el pasado 2 de mayo, la conducción Verde de ATE, con la presencia del mismísimo De Gennaro, firmó con YCRT un acta lamentable: en dicha Acta se acuerda un compromiso de producción, por parte de los trabajadores, de 85.000 toneladas por mes, que de no cumplimentarse implicará el descuento de prácticamente un mes de sueldo (se trata del castigo con que YCRT viene amenazando a sus trabajadores desde la huelga de mayo del ‘95). Lo increíble, además, es el hecho de que la producción no depende de los trabajadores, sino de la organización operativa de la empresa. ATE ha firmado como si la empresa estuviera bajo su dirección, haciéndose cargo de cumplir la producción en nombre de los trabajadores. El Acta en cuestión ha sido firmada sin consultar a los mineros, en momentos en que la empresa ha publicado listas de despidos que incluyen a unas 250 personas, entre trabajadores afectados en su salud, obreros a los que les falta poco para jubilarse y personal que simplemente “no está en los planes de YCRT”, según lo manifestado por las autoridades de YCRT, a quienes se invita a tomar el “retiro voluntario”. En esta última categoría de “indeseables”, están varios de los principales dirigentes y activistas de la ocupación de la mina de hace dos años. No es casual que ni se mencione en el acuerdo la situación del ex dirigente de ATE, Luis González, quien ha sido despedido precisamente en abierta violación de la conciliación obligatoria. El Acta implica un compromiso de paz social, que es continuidad del compromiso que ha pactado la dupla Rivolta-De Gennaro con el gobernador de la provincia. Para aplicar su plan de ajuste, la empresa ha invitado a ATE y ATE ha aceptado, integrar una Comisión Empresa-Gremio, en medio de la ofensiva empresaria más cruda desde que se instaló la concesión. ¿Qué tiene que envidiarle ahora De Gennaro a los popes de la CGT, integrados al Consejo del Trabajo y el Empleo? El abandono de la lucha como método para defender los derechos sociales, ha llevado a la dirección degennarista de ATE a su completa descomposición como dirección obrera. Se impone rodear de solidaridad a los mineros ante la inminente crisis, para defender los puestos de trabajo y el futuro de la cuenca, comenzando por la reincorporación del compañero González.

Causa Operaria acaba de obtener dos muy importantes victorias políticas en el movimiento sindical brasileño: la primera, en el sindicato de Correos de Brasilia; la segunda, en el sindicato docente de San Pablo, el mayor del país. Espectacular victoria en Correos (DF) La lista Ecetistas en Lucha (ECT es el nombre de la empresa estatal de correos) –integrada por militantes de Causa Operaria y activistas independientes– acaba de obtener una espectacular victoria en las elecciones del sindicato del Distrito Federal: obtuvo el 32% de los votos, relegando al segundo lugar a la lista apoyada por el PT (21%). La lista de la actual dirección del sindicato, del PCdoB, salió cuarta (y última), con apenas el 18% de los votos. El resultado traduce el balance del activismo con una dirección que –habiendo asumido con un programa combativo– sólo podía acreditar, después de tres años, huelgas derrotadas, retrocesos en las conquistas, persecución de los activistas y una marcada burocratización. La actual directiva –que como ya se dijo, estaba integrada mayoritariamente por elementos del PCdoB– contaba en sus filas con cuatro compañeros de Causa Operaria, que defendieron el programa votado en las elecciones de 1992. Por eso, fueron perseguidos por la mayoría que, después de una intensa campaña de calumnias, intentó montar un ‘plebiscito’ para expulsarlos. La maniobra falló y después, en las elecciones, la directiva, que pretendía expulsarlos, fue vapuleada por los trabajadores. La victoria de Ecetistas en Lucha –corriente nacional de los trabajadores del correo de CO– marca un paso fundamental dado por los trabajadores del correo, en el sentido de construir una nueva dirección para el sindicato en el ámbito nacional. Consolidación de la Oposición en el sindicato de los docentes paulistas El gremio de los docentes del Estado de Sao Paulo –el sindicato con mayor número de afiliados en el país– está dirigido por el PT y el PCdoB; en la oposición revistan un conjunto de tendencias de izquierda. Este Movimiento de Oposición se ha consolidado como una alternativa de dirección frente a la política de derrotas de la dirección y ha logrado agrupar a varios centenares de activistas. Con vistas a las próximas elecciones del gremio, el Movimiento de Oposición realizó un numeroso plenario con el propósito de aprobar un programa y formar una lista. Todo el plenario, sin embargo, estuvo polarizado por la pretensión del PSTU (morenista) de disolver la oposición para marchar a una alianza con uno de los sectores de la directiva, el encabezado por el PCdoB (que se presenta por separado como consecuencia de la competencia electoral nacional entre el PT y el PCdoB). Los profesores de Causa Operaria estuvieron a la cabeza de la defensa de la Oposición contra el intento morenista de disolverla detrás de la burocracia. Después de dos votaciones sucesivas –en las que fracasó en su intento de disolver a la Oposición detrás de la burocracia– el PSTU decidió retirarse del Movimiento de Oposición ... sin lograr arrastrar a nadie tras de sí. El Movimiento de Oposición decidió continuar adelante, aprobando un Manifiesto y la formación de una lista clasista para las elecciones. Las últimas informaciones procedentes de Brasil nos indican que José Luis, de Causa Operaria, fue elegido para encabezar esta lista.

El plenario de secretarios generales de UNTER, que se reunió a principios de abril, no planteó congreso ni plan de lucha sino que invitó a llevar a cabo medidas para “acumular fuerzas”. Algunas de esas medidas eran: salir a los medios, hacer asambleas de padres, movilizaciones locales, etc. En El Bolsón, una alejada población rionegrina, donde el sector docente es el único que agrupa a más de 500 trabajadores, la seccional de UNTER (independientes) dio contenido a este dilatorio documento convirtiéndolo en elemento organizador logrando, en el transcurso de una semana la realización de una asamblea docente, la reunión del cuerpo de delegados, asambleas de padres en 3 o 4 escuelas y, finalmente, el llamado a una Asamblea Popular en la que se propondría discutir acciones de conjunto entre docentes y padres, y la entrega de un petitorio a las autoridades municipales. La actividad fue agitada a través de volanteos masivos, entrega de un volante a los niños en las escuelas, aparición en los medios locales de comisiones de docentes que denunciaban la situación. Así se superó una experiencia del año anterior, en que un intento de Asamblea Popular fue copado por punteros radicales y peronistas, y la asamblea se convirtió en tribuna de la burocracia de UPCN. En esta oportunidad fue presidente de la asamblea uno de los padres presentes y la conformación social estaba dada por madres y docentes de las escuelas más carenciadas de la localidad. Se denunció la situación de las escuelas: falta de calefacción, falta de partidas para comedores escolares, aumento de familias desocupadas que demandan de la escuela atención social. El sector docente también planteó su situación: falta de pago de salarios, pago en bonos, modificación del Estatuto Docente, cierre de cargos, etc. Planteada en la Asamblea la responsabilidad del gobierno en la situación de la educación, se firmó un petitorio que fue entregado por un grupo de docentes y padres, al día siguiente, en una conferencia de prensa que daban autoridades nacionales y provinciales sobre el proyecto del canal bioceánico. La actitud de las autoridades frente a la presencia de los trabajadores fue vergonzosa. Aclararon permanentemente que no estaban allí para hablar de educación, que habían sido interrumpidos irrespetuosamente, etc. Luego de esta jornada, comenzaron por los medios debates entre distintas autoridades municipales acerca de quién es responsable o no y, finalmente, apareció la partida para comedor y calefacción en la Escuela Hogar. Lamentablemente, las seccionales celestes de UNTER no llevaron adelante medidas de este tipo y el siguiente plenario de UNTER continuó diciendo: “la gente no da”. Se votó un congreso para el 3/5 y posteriormente, con igual argumento, se suspendió para el 7/5 aun cuando se habían llevado a cabo movilizaciones locales y regionales importantes.

En relación a la campaña de suscripciones, quiero aportar lo siguiente. La campaña de suscripciones sirvió para abrir un padrón de discusión con relaciones establecidas fundamentalmente en el sindicato docente. Al ser ésta una población muy pequeña y alejada de las ciudades importantes, también la actividad política es reducida. Lo que no exime a los trabajadores de aquí de la problemática general que origina el sistema. El argumento con el que me acerqué a los compañeros refleja básicamente esta situación. La necesidad de que los trabajadores tengan acceso a información que no provenga de la burguesía y que pueda orientar la discusión para definir acciones. Los compañeros se mostraron gustosos de colaborar con este objetivo y en pocos días se lograron 8 suscripciones y 5 compromisos serios. El precio fue considerado accesible y la seguridad de recibir la prensa semanalmente permitió considerar necesario y posible establecer una discusión periódica, fundamentalmente con aquellos compañeros que ya participan en alguna organización y con los cuales he realizado algunas actividades en conjunto (acto 24/3, asambleas, marchas, asamblea popular, etc.). Ahora está planteada la posibilidad de una reunión con compañeros de la regional para principios de junio.

El viernes 10 de mayo, estudiantes y padres de los dos colegios públicos y gratuitos de Capital dependientes de la Universidad, el Nacional Buenos Aires y el comercial Carlos Pellegrini, junto a la Facultad de Ciencias Sociales, se movilizaron con una gran marcha de 2.000 estudiantes, que tuvo como destino la sede del rectorado de la UBA y que recibió una amplia cobertura periodística. El motivo de la marcha está presente desde hace ya tiempo en las páginas de Prensa Obrera: la intención de las autoridades de ambos colegios de eliminar el sexto año, es decir, el ingreso directo a la Universidad, y en el caso del Buenos Aires, también liquidar el curso de ingreso anual. En el Pelle, la iniciativa se lanzó en la primera reunión de delegados, que contó con la participación de ochenta estudiantes, y se sometió a votación en masivas asambleas por turno. En el Buenos Aires, una asamblea de doscientos padres votó, entre otras cosas, apoyar la movilización y organizar sus propios delegados por año y turno. Una vez que las columnas llegaron a destino, una delegación de seis compañeros de cada Centro (entre los que se contaban los que suscriben) se entrevistaron con el Rector de la Universidad, Oscar Schuberoff, al cual se le hizo entrega de las cartas firmadas por la totalidad de los padres del Buenos Aires (en base a un modelo difundido por el CENBA) y se le planteó el reclamo unánime de los estudiantes: que se nos garantice la continuidad de sexto y del curso de ingreso. Schuberoff nos tuvo que atender, pero no sólo no nos dio una respuesta sino que pretendió desmovilizarnos con el argumento de que las denuncias efectuadas sólo serían un rumor, pese a que el rector del Pelle presentó el año pasado un proyecto en el Consejo Asesor de su colegio para eliminar sexto, y que ya cerró una de sus orientaciones (Ingeniería). Es evidente que sólo nuestra movilización y organización garantizará que se respeten nuestros derechos.

La iniciativa de la campaña de suscripciones generó un permanente debate en el equipo partidario del INTI, que se centró (aunque no fue el tema excluyente) en la cuestión de cómo combinar la intervención gremial (dentro y fuera de la comisión interna de la UPCN) con la concreción de las suscripciones. Nos pareció que era una oportunidad para dar un salto político. Discutimos con los compañeros, uno por uno y, en algunos casos, con divisiones o sectores enteros de trabajo. En el camino, sumamos a alrededor de 15 compañeros que, tradicionalmente, recibían el periódico, quienes también suscribieron a sus familiares y amigos. Es así que, para el 25 de abril, teníamos entre suscripciones concretadas y a cobrar unas 35, y alrededor de otros 90 compañeros a los cuales ya les habíamos ofrecido la suscripción, con distintos resultados. El resultado de la campaña al día de hoy (9/5) es que ya hemos suscripto a 56 compañeros y hay 20 próximos (durante el mes) a suscribir. En total, ya hemos visto a unos 150 compañeros (del INTI, mayoritariamente) y para fin de la campaña aspiramos haber conversado el tema con 250 compañeros. En la medida que esos números se concreten, estaremos en presencia de un salto cualitativo respecto a lo que ha sido la acción de difusión de la prensa del PO. Ahora estamos, más que antes, en condiciones de convertir a la prensa del PO, dentro del INTI, en un auténtico vehículo de debate para los profesionales, técnicos y demás trabajadores del Instituto, para que sus denuncias sobre el creciente deterioro que está sufriendo nuestra obra social (OSPCN) sean compartidas por muchos compañeros, así como sobre el papel que están jugando las actuales autoridades, etcétera. Todas ellas tendrán un espacio en la prensa.

Los días 26 y 27 de abril se llevó a cabo, en Mar del Plata, el congreso nacional de los trabajadores plásticos (UOYEP). Asistieron 800 delegados y los dos temas centrales del congreso fueron la Obra Social y las Paritarias. En el punto Obra Social se informó a los delegados (ya estaba decidido) que se produjo una fusión de las obras sociales de los plásticos, del vidrio, pintura, caucho y mineros, con una empresa norteamericana llamada IMG, que tendrá el 20% de las acciones. El afiliado, a partir del 2 de mayo, deberá abonar un arancel de 3 pesos por consulta y 20 pesos por internación. Ante el hecho consumado, hubo preguntas de por qué una empresa norteamericana venía a administrar la obra social y por qué los dirigentes gremiales habían aceptado la reducción de los aportes patronales. Con mucha ofuscación, Mastrocola, el actual secretario general del gremio, respondió que la empresa norteamericana “en realidad” no administraría la obra social, que se realizaría a través del UNASS (Unificación Nacional del Sistema de Salud) y que los gremios solamente se habían asociado a IMG porque las demás obras sociales no podían ya cubrir los gastos. Que de ahora en más, el 28% de la Obra Social es de los plásticos, el 20% de IMG y el 52% de los otros cuatro gremios restantes. Respecto a por qué los dirigentes gremiales habían aceptado la reducción de los aportes patronales, que confisca el salario y que obliga a arancelizar la obra social, el secretario general nos respondió que ellos son respetuosos del sistema democrático y que esto fue votado en el Congreso. Luego, sin ningún tipo de votación, dando por aprobado el primer punto, se planteó el tema de las paritarias. Mastrocola pronunció un largo discurso, señalando que no hay que darle magnitud a los hechos negativos que están sucediendo, que hoy se necesita un sindicalismo pensante, que sólo los ‘loquitos’ quieren llevar a una lucha sin salida a los trabajadores, que hay que adaptarse a las nuevas realidades y que los delegados tienen que ser conscientes de estos nuevos tiempos en las discusiones paritarias. Luego de Mastrocola, pidió la palabra un ‘invitado especial’, Jorge Triaca, quien en realidad sigue dirigiendo el gremio entre bambalinas. Triaca señaló que los ‘planes de lucha’ para obtener mejoras no llevan a ningún lado, que la lucha en realidad debía ser política para, primero, restaurar el peronismo histórico, porque Menem estaba ‘rodeado’ de dirigentes corruptos, y segundo, que para restaurar el peronismo histórico, los dirigentes sindicales debían ocupar un lugar decisivo en el Congreso, donde se hacían las leyes. Los compañeros de San Luis preguntaron por qué el gremio había permitido la reducción salarial de los plásticos de la provincia, lo que también fue contestado en el sentido de que fue la Legislatura provincial la que la votó y que ellos nada podían hacer. También sin votación alguna, se dio por aprobado el punto de paritarias.

La aceptación de las suscripciones a Prensa Obrera es una respuesta a los años de lucha política que venimos desarrollando en el diario, el resto del gremio y en nuestra actividad política cotidianana. Los compañeros han hecho una experiencia con nuestras posiciones políticas (jubilación privada, Obras Sociales, Reforma Constitucional, convenio Fiat-Smata), y algunas conclusiones que se han sacado permitieron por ejemplo: que llevemos dos períodos al frente de la Comisión Interna del diario, que hayamos ganado en forma abrumadora a la lista de la conducción de la UTPBA en las últimas elecciones del gremio y que se concretaran, hasta el momento 15 suscripciones y 6 compromisos que abarcan no sólo a Diario Popular; también, a Télam, Clarín, colaboradores, el CTA —a través de su secretario de Difusión y Comunicación— y que ha impulsado ese otro padrón de relaciones que abarca desde familiares hasta conocidos. Importante de destacar es la suscripción de compañeros gráficos (en Diario Popular, la Naranja Gráfica empató con la lista de Ongaro). Paso a paso hemos comprobado con los compañeros el acierto de nuestra caracterización y programa; la idea es seguir trabajando con ellos desde su comprensión política o su solidaridad, paralograr el objetivo de las 6.000 suscripciones. La prensa revolucionaria es el primer militante en la organización política independiente de los trabajadores. de difusión de la prensa del PO. Ahora estamos, más que antes, en condiciones de convertir a la prensa del PO, dentro del INTI, en un auténtico vehículo de debate para los profesionales, técnicos y demás trabajadores del Instituto, para que sus denuncias sobre el creciente deterioro que está sufriendo nuestra obra social (OSPCN) sean compartidas por muchos compañeros, así como sobre el papel que están jugando las actuales autoridades, etcétera. Todas ellas tendrán un espacio en la prensa.

El congreso plástico fue un reflejo claro de la descomposición de la burocracia sindical. Los burócratas de los sindicatos chicos se fusionan como socios menores de las grandes compañías de salud porque ven amenazadas sus posibilidades de seguir controlando los recursos de sus obras sociales. Con esta medida, sin embargo, se acaba la Obra Social como beneficio para el trabajador y comienza un negociado para la empresa norteamericana IMG. Además de la arancelización de las atenciones médicas, se fusionan los consultorios externos, mientras que la burocracia vende propiedades para ingresar con más capital a la nueva sociedad. El resultado es que el sindicato pierde propiedades, que pasan a una sociedad privada, y los trabajadores tienen ahora por zona centros de atención médica cada vez más caros y distantes de sus domicilios. La discusión de paritarias del congreso fue de ‘ablande’. Las empresas plásticas quieren modificar radicalmente los viejos convenios. En líneas generales, en Córdoba, San Luis, San Juan y la zona Norte bonaerense, quieren imponer los sistemas “americanos” , que liquidan el viejo sistema de extras y vacaciones. El trabajador por contrato ocupa ya un 35% de los trabajadores del gremio, muchas patronales ya imponen nuevas formas de trabajo a los contratados. Además, como lo denunciaron los compañeros de San Luis, el gremio acepta una rebaja salarial. Estamos a menos de un mes de las nuevas elecciones del gremio. La lista opositora no abrió la boca en el congreso, mientras denuncia en sus volantes que los dirigentes son corruptos. Es necesaria una coordinación de los delegados que están surgiendo, para impedir que en el gremio plástico también se imponga el convenio Fiat-Smata. Y para echar a los Mastrocola y compañía que sólo son títeres de Triaca.

Las estadísticas demuestran que ‘no sólo’ somos un “país empobrecido”... también somos un “país envejecido”, ya que tenemos un 13% de población mayor de sesenta años, con gran tendencia a crecer, como consecuencia del bajo porcentaje de nacimientos. Esto parece que ha ‘logrado conmover’ al gobernador Duhalde que, a través del “Consejo provincial de la familia”, del cual su esposa es presidenta honoraria, ha ideado cursos de capacitación laboral (para mujeres) en la provincia de Buenos Aires. Con cursos de tres meses de teoría y tres meses de práctica, el gobierno de la provincia pretende ‘mejorar’ la ‘calidad de vida’ de la población anciana del conurbano bonaerense. Capacitar a una persona para trabajar en programas para la tercera edad lleva por lo menos cinco años. Demostrando ‘su total’ falta de respeto por la educación... en un país donde se cierran escuelas, se despide a los docentes... en un país donde se dice ‘estar en el primer mundo’, donde se estudia ‘sin libros’, ya que por su elevado costo, se debe ‘recurrir’ a las fotocopias, el Consejo provincial de la familia, en un proyecto experimental que se llama ‘vivir en casa’... ha lanzado a un grupo de mujeres a trabajar en Fiorito (Lomas de Zamora) con ancianos carenciados de la zona, bajo la supervisión de la “Casa Solidaria” de Fiorito. Es evidente que al gobernador le importa muy poco el ‘daño psicológico’ que puede causar a estas mujeres, que cuentan con una muy ‘deficiente preparación’ para enfrentar una realidad muy cruel. La mayoría de estos ancianos se encuentra en “total emergencia social”, lo cual no hace más que aumentar, la “angustia e impotencia” de estas mujeres, que se encuentran con las contradicciones de lo aprendido en dicho curso, que las preparó para ‘lo ideal’ y no para ‘lo real’ de una sociedad, donde los ‘viejos provocan rechazo’ e ‘indiferencia’ en los funcionarios de un gobierno capitalista que ha destruido el derecho a una jubilación digna, condenándolos a vivir en la “miseria más cruel”. ¡Mentira! ¡Corrupción! ¡Desocupación! ¡Hambre y represión!, etc... ¡Realidad de un país que se debate entre las garras del capitalismo, sin poder salir ya que “no encuentra” la dirección política que se atreva a orientar a la clase trabajadora a encontrar el camino de salida para sus luchas! Realidad que me lleva a enfrentarme con ¡mi propia vejez!... y a asumir que de aquí en más esto debería llamarse ‘morir en casa’.

El acuerdo firmado por el SEP y el gobierno de Córdoba ha naufragado como consecuencia de la amplia resistencia de los trabajadores al recorte salarial (eliminación de bonificaciones). Se ha desarrollado a lo largo de la pasada semana un reguero de paros, asambleas y movilizaciones de distintas reparticiones; el estado de ‘efervescencia’ en la base del gremio ha obligado a la burocracia de Pihén a declarar un paro y movilización para el miércoles 15, a convocar a un plenario de activistas y delegados y a declarar que no va a continuar en la ‘mesa de concertación’. La respuesta de los trabajadores ha sido repudiar a la burocracia y a su política. Los trabajadores de Casa de Gobierno resolvieron en asamblea (después de varias movilizaciones dentro del edificio) “rechazar totalmente el acta firmada, adherir a la jornada del miércoles, la creación de un cuerpo de delegados de Casa de Gobierno, el levantamiento de la ley de Emergencia en forma total y la convocatoria a una asamblea general de empleados públicos”. Para La Voz del Interior, “el ajuste de Mestre ha logrado motorizar a esos empleados, tradicionalmente remisos a participar de asambleas y mucho menos de protestas callejeras” (11/5). En la Dirección de Educación, los trabajadores plantearon en asamblea un básico de 500 pesos y la incorporación de los adicionales al básico, así como la exigencia de asamblea general (llegando incluso a condicionar su participación en la jornada del 15 a la convocatoria de la misma). El reclamo de asamblea general se ha convertido en una cuestión vital, porque existe un declarado rechazo en la base del gremio a la política de la Directiva. Las resoluciones de las asambleas de repartición están dando un programa de acción que apunta directamente a la derogación de la ley de emergencia y, por lo tanto, a rechazar la modificación de los estatutos y del escalafón salarial a la que la burocracia se había comprometido en la ‘mesa de concertación’ con el gobierno. A pesar de que Pihén acusa al gobierno de una “lectura perversa del acta”, los trabajadores la han acometido contra la directiva, a quien consideran responsable de la entregada. El conflicto plantea un viraje en la situación política provincial, pues Mestre se preparaba a aplicar ‘alegremente’ el dictamen del Banco Mundial de reducir los salarios a 200 pesos, eliminar las actuales bonificaciones por un premio a la productividad y asistencia, y liquidar las conquistas del actual estatuto. Ahora enfrenta un cuadro conflictivo general que incluye a los trabajadores de Dipas (que culminaron una semana de paros y movilizaciones), judiciales, etc. La Coordinadora de Gremios Estatales, sin embargo, se ha cuidado de no generar ninguna acción. Bazán, del Sipos, que criticó esta actitud de la Coordinadora, el viernes levantó la lucha de Dipas a cambio de entrar en una ‘mesa de concertación’ con el gobierno, dividiendo así a los trabajadores dentro de la empresa y separándolos del resto de los empleados estatales. En Córdoba, toda la situación impone la necesidad de una lucha común en defensa del salario y de las conquistas obreras (convenios y estatutos), tanto de los estatales como de los privados (atacados por la versión industrial del dictamen del Banco Mundial: el convenio Fiat-Smata). Es decir que está planteado el paro activo provincial y la convocatoria a un plenario general de activistas y delegados de todos los gremios para resolver un plan de lucha y un programa de acción. En este sentido está colocada la convocatoria al plenario del 31, efectuada por varias agrupaciones sindicales antiburocráticas.

Neuquén, 1º de Mayo de 1996 Para los compañeros de Buenos Aires, les quiero hacer llegar mis opiniones. Nosotros, como militantes del PO y a la vez dentro de la Coordinadora, estamos con los desocupados. Quiero decir que cada actividad que hacemos llegamos con más acierto lo que es la desocupación, porque vas demostrando. Para mí, sacar la Asamblea en la Escuela Nº 150 del Barrio Islas Malvinas, porque antes siempre se hacía en Bº Independencia. Por toda esta actividad están participando más vecinos y cada vez que fuimos a ver las Cuadrillas nos decían que hiciéramos reuniones en cada Barrio. Pero de todas maneras están los vecinos contentos, porque antes tenían mucho miedo. También el 30 de abril incorporamos dos compañeras al PO. También, cuando estábamos en la Legislatura y lo dejaron hablar al compañero Jorge Mora como Coordinador Desocupado fue buenísimo. La verdad, salieron vecinos que nunca fueron a una movilización y estaban con nosotros con el cartel de la Coordinadora de Desocupados. Hubo cánticos que decían “Sapag compadre la concha de tu madre”. Bueno, compañeros de Buenos Aires, un beso para ustedes de MARIA RIOS, de Neuquén

Hoy los trabajadores de El Halcón podemos decir orgullosamente que si no hubiésemos actuado como lo hicimos, siguiendo el ‘lineamiento’ de nuestra conciencia y de nuestra dignidad ante los ideólogos de la flexibilización en esta empresa (Geyser-Povolo), el gobierno estaría festejando a costilla nuestra la polivalencia de tareas, la rebaja salarial, vacaciones fraccionadas, ‘el clima de paz social’ y toda la aberración de un convenio de esclavitud total en el transporte. Pero no tomaron en cuenta que los trabajadores de El Halcón, por más solos e indefensos ante las leyes que estemos, estamos unidos y no estamos dispuestos a ser los conejitos de la India de nuestro gremio. (Extraído del ‘Boletín de Informaciones del Cuerpo de Delegados de El Halcón’, nº 2, abril de 1996).

La información brindada por los diarios no dice toda la verdad de lo que acaba de firmar José Rodríguez con Chrysler. No es cierto que el salario inicial de Chrysler sea de 575 pesos. La categoría 1 del “empleado polivalente” cobrará una remuneración fija de 450 pesos, lo que dividido por las horas mensuales da un jornal horario de 2,55 pesos, prácticamente lo mismo que en el caso del convenio Fiat (2,35 pesos para el operario calificado) y un 40% menos de lo que cobra esa categoría en Cormec o Ciadea. Los mencionados 575 pesos incluyen un premio a la ‘productividad’ del 10% de la “remuneración fija”, que se podrá obtener “siempre que se cumplan plenamente los objetivos fijados” (medidos en cantidad de piezas producidas sin defectos en horas-hombre y cumplimiento de la calidad exigida). Fuera de esto, hay un vale alimentario de 80 pesos que no forma parte del salario. El comunicado de prensa sobre el convenio oculta que la empresa se reservó el derecho a “realizar distintas tareas a través de proveedores, ya sea que éstas puedan efectuarse dentro o fuera de Chrysler”. En acta anexa, la empresa y el Smata acuerdan que serán tercerizadas la provisión de partes, el manejo y despacho de materiales, el mantenimiento, la seguridad, la higiene industrial, etcétera. El comunicado de prensa omite que se pactó un “período de prueba” de seis meses, en el que la patronal puede echar al trabajador sin pagarle un peso (además de habilitar todas las modalidades de trabajo temporario planteadas en la Ley de Empleo). El convenio con Chrysler es aún más negrero que los de GM o Fiat. Se fija una jornada de trabajo “anual” de 2.080 horas promedio, lo que significa la flexibilización horaria más extrema lograda hasta ahora para “situaciones de discontinuidad en el ciclo productivo, desabastecimiento, fluctuaciones económicas... o la necesidad de optimizar recursos disponibles”. La empresa puede acortar o extender la jornada de trabajo sin límite. El convenio establece la formación de “equipos de calidad” sobre la base de trabajadores “polivalentes”, sujetos a “movilidad funcional”. Se fijan cuatro categorías y el ascenso de una a otra queda totalmente en manos de la patronal: “todas las promociones se realizarán a través de las evaluaciones que efectúe Chrysler”. Antihuelgas El convenio Chrysler-Smata ‘innova’ , al anular el derecho de huelga cuando éste pueda afectar la exportación. “Teniendo en cuenta la vital importancia que poseen los acuerdos de exportación... se conviene en considerarlos como actividad de máxima prioridad e interés general, preservándoselos de toda eventual afectación que pudiera generarse por una interrupción o disminución en el ritmo normal de los programas”. Chrysler ya ha anunciado que el grueso de su producción en los primeros años irá al exterior. El convenio coloca al propio Smata bajo tutela de la patronal: “los transparentes, dice, deben ser exclusivamente utilizados para comunicaciones oficiales del Smata... suscriptas por miembros de su comisión directiva” (no la interna), pero en cualquier caso, Chrysler evitará “que se coloquen documentos conteniendo términos agraviantes o que no cumplan los requisitos establecidos”. Se establece una “representación sindical conforme a... la ley 23551”, es decir, “una representatividad gremial de un delegado cada 100 operarios, (en oposición) a uno cada 50” (Clarín, 9/5). Para ‘moverse’ en la planta, los delegados deberán “coordinar con los otros integrantes de la célula, la oportunidad para dejar sus tareas”. No es casual que el propio comunicado de prensa destaque la “satisfacción especial” del ministro Caro Figueroa por este nuevo acuerdo, “que coloca a Smata... en la cabeza de la modernización de las relaciones laborales en nuestro país”. Qué más.

La Verde-Bordó nuclea a todos los sectores antiburocráticos del gremio. Presentó 200 candidatos y más de 1.000 avales, quebrando los intentos proscriptivos de la burocracia menemista de Ingenieri-Daer. Conversando con José acerca de las declaraciones de West Ocampo en favor del aumento de la jornada laboral, nos manifiesta: “West Ocampo firmó hace ya 4 años con la Fundación Favaloro un convenio por empresa con jornadas de 12 horas fijas día por medio y con categorías múltiples (por ejemplo, un enfermero es a la vez extraccionista, tarea que en el Convenio de Clínicas y Sanatorios pertenece a la sección laboratorio). West Ocampo es realmente un adelantado en ‘flexibilidad laboral’ “Los diarios han comenzado a difundir lo que nosotros decíamos desde la AGRUPACION ASIS y la Verde-Bordó sobre las condiciones de los convenios Fiat, Chrysler, firmados por Smata, y los compañeros comentan en los sectores que venimos recorriendo que ‘era tal cual’, ‘que no es un discurso de la izquierda’ como quiere hacer creer la gente de la burocracia que responde a West Ocampo. Ellos lo ocultan porque su intención es implementarlo también en Sanidad. “Los compañeros van viendo que si en el Hospital o en el gremio no se consiguen cosas, no es porque la Comisión Interna o los trabajadores no luchen, sino porque el Sindicato marcha al compás del gobierno y la CGT está entregando día a día las conquistas de los trabajadores. La mayor riqueza de la Verde-Bordó es tratar de clarificar los problemas que estamos enfrentando. Es un hecho que la Celeste maneja la Junta Electoral, adelantaron las elecciones (y recién entregarán el Sindicato a las nuevas autoridades a fin de año) para evitarse el desprestigio de una derrota menemista en la Capital el 30/6. Así como José Rodríguez firmó convenios que dan legalidad a la liquidación de conquistas, así en Sanidad cambiaron el Estatuto para legitimar maniobras fraudulentas: la Junta Electoral ya no se elige por asamblea, ellos monopolizan padrones, etc. La Celeste y Blanca explica que en el gremio no se hacen Plenarios de Delegados porque es muy oneroso mandar tantos telegramas a delegados, y ahora están haciendo una campaña impresionante de cientos de pasacalles, afiches carísimos, folletos, etc., con nuestros fondos, que no se usan para apoyar ningún conflicto. En el Santa Isabel dejaron pasar la extensión de la jornada laboral en 1 hora por el mismo sueldo y que de 5 turnos quedaran 3, eliminando un turno noche y los franqueros. El sindicato no convocó ni a un plenario de delegados para unificar al gremio y organizar la resistencia. En 4 años con esta conducción sindical no se encaró ninguna lucha por el salario. “Al revés, se dejan pasar reducciones salariales: no reconocimiento de francos compensatorios; horas extras llamadas suplencia, pagadas como normales, etc. Cuando el 6 de septiembre, el sindicato convocó a marchar con la CGT a Congreso, estuvimos presentes sabiendo los límites que había en aquel momento. Nosotros fuimos a pedir plenario de delegados para encarar un plan de lucha que unifique al gremio en defensa de la Obra Social, repudiando el aumento de aranceles, denunciando los decretos de desregulación y que se tomen los problemas de los trabajadores: no más despidos y por un salario que cubra la canasta familiar. Luego no se hizo nada, la dirigencia transó con el gobierno. A eso lo llaman ‘no hacer política’, cuando su política es dejar pasar la del gobierno, mientras franelean con los patrones y le ocultan al trabajador lo que pasa. “Si no tenemos un sindicato independiente de los gobiernos de turno, los trabajadores no vamos a lograr nada. La Verde-Bordó es un instrumento para recuperar la vida gremial en Atsa, para llevar a los trabajadores a defender las conquistas. “Nos hemos unido para que la Obra Social no sea más un servicio arancelado. Para que la Obra Social esté al servicio de los trabajadores, no como ahora, que sirve para los negociados de los dirigentes. Por ejemplo, existe un plan Materno-Infantil con entrega de leche, pero te dan la que tienen ellos (posiblemente la más barata, o la que es fruto de un acuerdo con patronales de algún laboratorio), no la indicada, con la excusa de que no hay plata. En el mes tenés un cupo de 4 bonos en la chequera que abonás. Si te falta, tenés que pagar $1 cada una más un arancel por la práctica. Si esto es así ahora, cuánto peor va a ser con la desregulación de las Obras Sociales; será un sistema bien diferenciado en prestaciones de acuerdo al salario y con mayores descuentos. Así pasó con la jubilación, desapareció la plata de los aportes jubilatorios que se robaron los gobiernos de turno y nunca se revisó. Se hacen las AFJP, con las que no hay garantía. “Nosotros queremos una Obra Social donde los beneficiarios tomen las decisiones y no haya arancel. Los problemas sociales de los trabajadores son creados por el gobierno con la política económica que lleva adelante, que tiene la tasa de desocupación más alta de la historia; por eso, este gobierno es cada vez más odiado por la gente, que se va dando cuenta. Para enfrentar a las patronales y su gobierno, llamo a organizarnos y votar por la Verde-Bordó”.

Un nuevo plenario de delegados de la UOM Avellaneda, la semana pasada, dejó sin continuidad el ‘plan de movilización’ que había resuelto semanas atrás. Ninguno de los problemas planteados en la seccional y, principalmente, el de Aurora, había sido resuelto, sin embargo, en el ínterin. En las asambleas y los paros que se realizaron, los trabajadores reclamaron una acción gremial de conjunto frente al panorama que vive el gremio (despidos, reducciones salariales, liquidación del convenio). Pero como sucediera con tantos otros ‘planes’ de la UOM, éste de Avellaneda se despidió con el debut. El plenario de delegados ‘facultó’ a la Comisión Directiva a resolver ‘una movilización’, sin fecha y sin programa. Mientras tanto, continuaban las negociaciones con la patronal de Aurora y el Ministerio de Trabajo, en torno del pago de las quincenas adeudadas y de los despidos ‘con causa’ (500 telegramas enviados por la patronal). El lunes 13, vence la “conciliación obligatoria”. Al levantar el “plan de movilización”, la UOM ha renunciado a la más elemental presión contra la patronal.