Prensa Obrera N° 492

El Frente de Unidad Trabajadora denuncia que la verdadera intención que subyace detrás de la supuesta crisis de Río Turbio es el intento patronal de borrar de un plumazo y para siempre el convenio colectivo de los mineros de Río Turbio. Según informaciones periodísticas, Taselli anunció a los políticos con los que se reunió el pasado viernes, “que la Concesión estaría atravesando una situación difícil, la cual sólo podría superarse con la colaboración de los trabajadores”. Habló de supuestos recortes en el subsidio y de deudas del Estado provincial, pero fundamentalmente se refirió a que “sobran 500 trabajadores”; hizo mención al también supuesto incumplimiento del contrato existente con la usina de San Nicolás y que de persistir éste durante el año en curso, se cancelaría dicho contrato.

“Este año nos llegó la reducción de aportes. Nos favorece porque el elemento humano es un costo clave en una compañía de servicios. Pero no es suficiente para compensar las rigideces de la legislación laboral como antiguas cláusulas de los convenios” (Clarín, 17/3/96). Estas declaraciones, pertenecientes al presidente de Aerolíneas Argentinas, Manuel Morán, muestran que esta empresa está metida de cabeza en la tendencia desreguladora del pacto Fiat-Smata. En agosto se concretará el cambio de dueños de AA. Esta y LADECO han sido compradas por la sociedad Andes Holding, en la que participan Teneo y Bankers Trust y Merrill Lynch. Es así que, utilizando como pretexto el cambio de patronal, quieren liquidar el convenio colectivo. Desde su privatización se ha ido imponiendo a los trabajadores una política de flexibilidad laboral. Esto es claro con respecto a los técnicos aeronáuticos, donde las actas-acuerdos firmadas con el gremio (APTA) establecieron la eliminación de categorías, la pérdida de los premios por temporada alta, la reducción de personal producto de los despidos (retiros voluntarios), el aumento de los ritmos de trabajo y la polifuncionalidad. Ahora, intentan borrar definitivamente las “antiguas cláusulas del convenio” que aún rigen y que según Morán serían las causantes de la crisis de AA. Pero la ‘crisis’ de AA no es por la vigencia del convenio y los ‘altos’ costos laborales (recordemos que el aumento de la productividad de los últimos años no significó aumento de salarios). Lo que ha hundido a AA son los altísimos costos patronales, producto del inmenso negociado que significó la privatización y la gestión de Iberia. Detrás de todo el palabrerío de Morán se esconde la sistemática pretensión de la patronal de disminuir los salarios para aumentar las ganancias. A esto se resume el problema. Los nuevos dueños de AA, como en su momento lo hizo Iberia, pretenderán presentar la ‘crisis’ de la empresa para pedir nuevos ‘sacrificios’ a los trabajadores. Y los nuevos sacrificios no son otros que la eliminación del convenio y la desregulación total. En base a esta perspectiva debe abrirse el debate entre los delegados y el conjunto de los trabajadores de AA. La defensa del convenio debe transformarse en la consigna central. Que la crisis de AA no la sigan pagando los trabajadores, sino sus responsables.

La celebración de la jornada del 1º de Mayo permite delimitar con bastante exactitud las diferentes posiciones políticas que existen en la actualidad en el movimiento obrero. La burocracia que dirige la CGT volvió a darle la espalda a la jornada del 1º de Mayo por razones que cualquiera puede comprender, la primera de las cuales es su asociación con los negociados capitalistas de la jubilación privada, los seguros de accidentes de trabajo y la próxima privatización de la salud. En la inauguración del Consejo del Empleo, que tuvo lugar horas antes del 1º de Mayo, la burocracia cegetista propuso incorporar a los convenios la anulación de la jornada de ocho horas y la liquidación de las vacaciones, y dio a entender que aceptaría una reducción de los salarios a partir de la celebración de “convenciones colectivas articuladas” que permitirían convenios especiales por empresa. En resumen, la burocracia de Gerardo Martínez, José Rodríguez, Armando Cavalieri, Lescano, Ongaro, etc., etc., está dispuesta a llevar su entrega a las patronales a un nuevo extremo, o sea, firmando la aplicación del convenio Fiat-Smata para el conjunto del movimiento obrero. Otro sector de la burocracia cegetista, integrada principalmente por el MTA y la UOM, realizó un plenario durante la mañana del 1º en la Federación de Box, que reunió a más de cuatro mil personas. Los que llevaron el mayor número de asistentes fueron el sindicato de camioneros y UTA. Los oradores (habló incluso Lorenzo Miguel) abundaron en los ataques al núcleo que dirige la CGT, pero sólo ofrecieron como alternativa el reclamo de la convocatoria de un Comité Central Confederal. No hubo ninguna propuesta de huelga ni de movilización, a pesar de que los sindicatos reunidos tienen la fuerza suficiente para llamar a un paro general (conjuntamente con el CTA) y a pesar de que la seccional Avellaneda de la UOM se encuentra aplicando un “plan de movilización”, de que la seccional metalúrgica de Córdoba enfrenta el problema de la aplicación del convenio Fiat a la planta de Cormec y de que numerosas patronales de colectivos están exigiendo a los delegados y a la UTA la reducción de salarios y la flexibilización de la jornada laboral. El planteo de que se convoque a un Confederal delata que la burocracia que se reunió en la Federación de Box cree, o pretende hacer creer, que existe un amplio margen de negociación para obtener del gobierno una especie de ‘pacto social’, cuyo aspecto central sería, sin embargo, que se le reconozca alguna tajada en la llamada reforma del sistema de salud. Este sector de la burocracia no objeta el encarecimiento de la salud, que prevé el plan del Banco Mundial y que ella misma ya está aplicando, ni la completa arancelización de las obras sociales, pero quiere mantener cautiva a su clientela actual o la posibilidad de negociarla en acuerdos de privatización, como ocurrió con la jubilación privada. En lo que hace al convenio Fiat-Smata, debe tenerse presente que la UOM había firmado un pre-convenio con Fiat que iba muy lejos en las concesiones a la patronal y que la burocracia de UTA está exhortando a los choferes a que acepten las exigencias flexibilizadoras de las patronales. El plenario de la Federación de Box resultó más un acta de defunción que un certificado de nacimiento. El CTA no convocó a ninguna movilización nacional, sin reparar que esta nueva deserción político-sindical desmiente que sea la única central democrática y mucho menos que sea la central alternativa. Una alternativa que no se presenta en la práctica como alternativa, no es una alternativa. El acto de la izquierda democratizante (Ptp, PC, Patria Libre, Mst) no satisfizo ni por lejos la expectativa de público con el que pretendió justificar un acuerdo que no tiene programa ni principios (menos de tres mil personas, aunque muchísima prensa, quizás por la atracción mediática que despierta el ‘Perro’ Santillán). Es incorrecto decir que fue un acto proletario, porque no tuvo como propósito la organización y movilización del movimiento obrero como clase independiente, sino servir de plataforma al lanzamiento de un frente electoral que, hasta poco antes del acto, iba a ser encabezado por el ex nacionalista de derecha, Alejandro Olmos. Según lo que se recogió en el acto, Olmos no habría aceptado el ‘honor’ que se le ofreció, como tampoco lo había aceptado antes David Viñas. Esto significa que las personalidades que debían disimular la condición izquierdista de los frentistas, así como la burguesía en general, no consideran a este bloque como un negocio lo suficientemente viable o rentable para justificar una inversión. De cualquier manera, el frente electoral será bautizado con el nombre de “izquierda popular”, para que no se pierda para nada su expectativa de emparentamiento con la burguesía; la expresión ‘popular’ significa que la política de esa izquierda consiste en subordinarse a la política de las clases no obreras. En el acto democratizante apenas se rozó el convenio Fiat-Smata. El planteo central de los oradores fue reivindicar al CTA y al MTA como centrales obreras alternativas. La Corriente Sindical del Ptp y del ‘Perro’ Santillán ya integraron una Mesa con el CTA y el MTA, que sirvió para encubrir la política de esta burocracia de liquidar por completo la Marcha Federal y rematar las luchas de Córdoba y Jujuy detrás de multisectoriales con grandes capitalistas y el clero. Ningún orador pudo denunciar, por lo tanto, la complicidad de las burocracias del CTA y del MTA con la aplicación del convenio Fiat en los gremios que ellas regentean o en las regionales en las cuales participan. El acto democratizante fue unánime en reafirmar el sometimiento político de los convocantes a la burocracia sindical que se finge opositora. Los oradores del acto democratizante se empeñaron en diferenciar a los burócratas ‘empresarios’ (CGT) de los que todavía no serían empresarios, aplicando el curioso argumento de que el menos criminal debe ser considerado como progresivo o incluso como una ‘alternativa’. Pero les sería imposible a los sostenedores de esta tesis, probar que existe alguna burocracia que no esté ligada a negocios capitalistas. En el acto del Partido Obrero, al que asistieron 1.500 personas (lo cual es poco), se refutaron todos estos planteos por anticipado. Se pronosticó que ninguno de los sectores en que se encuentra dividida la burocracia sindical es capaz (y desde hace bastante tiempo) de tomar una iniciativa que pretenda frenar la ofensiva capitalista u ofrecer un marco de resistencia a los trabajadores. Esta incapacidad se ha agravado con el derrumbe del ‘plan Cavallo’, porque ese derrumbe ha acentuado la ofensiva antiobrera del gobierno capitalista. Sólo una masiva irrupción de las masas, que se producirá a partir de la clase obrera, con independencia de la burocracia sindical, para enfrentar el convenio Fiat-Smata, será capaz de poner un freno a la ofensiva capitalista y de cambiar el cuadro político general en el que actúa la burocracia sindical. Como lo dijo Néstor Pitrola, la burocracia del plenario de la Federación de Box “pretende cambiar el ‘discurso’ no su política”, es decir hacer demagogia y ponerse en mejor situación para desviar las luchas obreras que se producirán. El acto del PO explicó pedagógicamente a la concurrencia cómo está progresando en las fábricas automotrices y metalúrgicas la agitación y la movilización que impulsa el PO contra el convenio Fiat; cómo esta agitación ya está acorralando a la burocracia de los sindicatos; cómo la inquietud se extiende a nuevos sectores obreros; cómo la lucha contra este convenio infame encierra cuestiones de sobrevivencia y de principios para la clase obrera. En el acto del PO se planteó que la debilidad de la clase obrera y de las masas ante los explotadores y el Estado, en medio de una situación de gigantesca convulsión social y de bancarrota financiera y económica del gobierno, de los bancos y de los capitalistas, obedece a la ausencia de una política de clase clara, y que esta ausencia no puede suplirse con el amontonamiento de siglas, sellos o aparatos, los cuales son los responsables de la grave crisis que atraviesan los trabajadores. El acto del PO confirmó la vigencia de las consignas con las que fue convocado; contra el convenio Fiat-Smata, por paritarias libres y un básico salarial igual al costo de la canasta familiar; por la organización de masa contra el ‘gatillo fácil’; por el seguro de 500 pesos a los desocupados y la aplicación de los fondos de la deuda externa a un plan de obras bajo control de los trabajadores; contra la privatización de la salud y de la educación, por que sean estatales y gratuitas financiadas por los capitalistas; por la ocupación de las empresas que despidan o cierren; por un plan de lucha de conjunto y la huelga general.

El plenario de la UOM Avellaneda, que se reunió el pasado jueves 25, no discutió un plan de lucha como lo había prometido la directiva en un plenario abierto anterior. Simplemente la dirección declaró que el gremio entraba en “estado de alerta y movilización” y que habría “asambleas por establecimiento y paros sorpresivos”. El acuerdo entre los directivos de la seccional sustituyó el debate del plenario de delegados. La diferencia entre un método y otro tiene una gran importancia. Cuando el planteo anunciado en el plenario se puso en marcha, con paros sorpresivos en los lugares de trabajo, el gremio informó a los diarios que éstos eran “en protesta por 700 despidos y numerosas suspensiones en el sector” (ver Crónica, 30/4). Cualquiera se puede dar cuenta, sin embargo, que la ‘protesta’ no va a detener los despidos, ni tampoco los paros de 15 minutos; la UOM viene fracasando hace mucho tiempo con planteos de estas características. Los metalúrgicos necesitan un programa para apoyar su lucha, no pueden limitarse a la ‘protesta’; se debe decir qué salida oponemos a las cesantías y suspensiones de la patronal. La ausencia de debate en el plenario ha impedido que se establecieran las reivindicaciones. Con respecto a los despidos y suspensiones, que las patronales justifican por caídas de ventas y de producción, los sindicatos deben reclamar el reparto de las horas de trabajo entre todo el personal, sin afectar el salario. Las patronales pueden hacer frente a este reclamo con sus ganancias acumuladas; si no son capaces de mantener su fuente de trabajo, esas patronales deben ser expropiadas, y las empresas, estatizadas, funcionar bajo control obrero. La reivindicación de la escala móvil de horas de trabajo introduciría un cambio fundamental en las perspectivas de un plan de lucha. Establecería un objetivo cierto y permitiría dar una respuesta preventiva del movimiento obrero a amenazas de despidos y suspensiones más o menos próximos. Esta reivindicación motivaría a los compañeros que no sufren despidos en forma inmediata. Otra reivindicación fundamental es que se pague el salario de convenio y las horas extras como tales, esto porque el alargamiento de la jornada laboral sin pago de extras significa que se quitan puestos de trabajo a otros compañeros. Los paros de 15 minutos no constituyen un medio serio de presión contra patronales dispuestas a imponer la ‘flexibilización laboral y salarial’, ni tampoco se compadece con una situación de caída de ventas y producción. Es necesario proceder de otra manera. Con relación a las fábricas que despiden, hay que ocuparlas en reclamo de la reincorporación y del reparto de las horas, sin afectación del salario; lo mismo hay que hacer con las que incumplen con el pago de los salarios. Con relación a la situación en su conjunto es necesario un plan de lucha que radicalice las medidas de fuerza, a partir de paros generales activos, hasta la huelga general, incluso con ocupaciones generales de empresas. Los graves ataques patronales se manifiestan en todo el país, no son privativos del sur del Gran Buenos Aires. Un plan de lucha que quiera triunfar y que quiera abandonar para siempre los fracasados planes de la UOM de la última década, tiene que tener un carácter de conjunto, es decir de toda la UOM. No lleva a buen puerto limitar un plan de lucha a una seccional sola. Lo que se plantea en la UOM Avellaneda es la necesidad de convocar a un nuevo plenario de delegados que vengan con mandatos de asamblea, para definir las reivindicaciones con las que se va a enfrentar la política de despidos y para definir los métodos de lucha correspondientes. La UOM tambien debería convocar a todos los sindicatos de la zona sur para aplicar conjuntamente un plan de lucha intersindical en toda la región.

El miércoles 24/4, unos 100 compañeros participaron en la movilización reclamando la cárcel y el castigo para el policía Martínez, asesino de Néstor. Se hicieron presentes un grupo de jóvenes del barrio, una delegación del centro de estudiantes del Dorrego, de Morón, la Comisión de Derechos Humanos de Hurlingham, la APDH de Morón, la UJS y otras agrupaciones políticas. La adhesión de la UJS, leída en el acto, llamó a redoblar los esfuerzos y continuar la lucha por la cárcel, el juicio y la perpetua para el asesino de Néstor. El 18 de mayo se realizará un festival en el barrio.

La amenaza por parte de la gerencia de mantenimiento de echar a dos mecánicos porque un Airbus “debió retornar a tierra”, generó una rápida reacción de repudio. Una asamblea del sector Turno Especial se mantuvo reunida desde las 12 horas hasta las 15 del día 22 de abril. El turno tarde siguió con el corte de colaboración. Al día siguiente volvió a trabajar, pero continuó la discusión con la gerencia, que no aflojaba. Esto determinó que el miércoles se planteara una reunión con el sector Recorrida Mayor, que también decidió solidarizarse, retomando de conjunto el quite de colaboración. El paso siguiente resuelto era llegarse hasta Línea para que se extiendera la medida. No fue necesario. Con una tercera sección que se plegara, los cuatro aviones en inspección no saldrían a volar. En media hora la gerencia convocó a reunión con delegados y personal. El mismo gerente que el lunes amenazó con ajusticiar a dos trabajadores, se retrotrajo diciendo: “Trabajen tranquilos, no habrá ningún tipo de persecución”. Este triunfo abrió un debate entre los compañeros, que volvieron a reunirse. Se planteó encarar la lucha por una serie de reivindicaciones pendientes, como una deuda por horas nocturnas, aumento salarial y categorías.

El lunes próximo una misión del Banco Mundial dará el impulso final a la privatización de la salud y a la liquidación de las obras sociales. Un préstamo de 375 millones de dólares será usado para pagar las indemnizaciones del personal que sea despedido y las facturas impagas de las obras sociales en quiebra y del Pami. La liquidación de las obras sociales y la privatización del Pami abrirán el camino para la ‘desregulación’ del sistema de salud, el cual significará un encarecimiento sin precedentes de la atención médica. El aporte que se hace en la actualidad a las obras sociales se verá fuertemente incrementado y sólo servirá para recibir una atención mínima, mientras que los servicios de mayor complejidad requerirán el pago de aranceles adicionales hasta niveles absolutamente prohibitivos. La burocracia sindical decidió hace mucho no defender las obras sociales ni el hospital público, sino asociarse a la privatización del sistema. Esto ha beneficiado a algunos sindicatos con numerosos afiliados como Comercio, la Construcción o Luz y Fuerza, que han buscado el apoyo de capitales privados para explotar a la salud como un negocio. Ya hace tiempo que han elevado el aporte para la Obra Social y diferenciado los aranceles por servicio. Para la inmensa mayoría de las obras sociales, esta política ha significado que desaparecerán, no sólo por una cuestión de competencia comercial sino porque tampoco podrán hacer frente a las exigencias del “programa médico obligatorio” que han establecido el Banco Mundial y el Ministerio de Salud. La burocracia sindical que se ha lanzado a este negocio, peleó durante un tiempo el derecho al monopolio del servicio entre los afiliados sindicales, como ocurre con los negocios del Banco Provincia de Buenos Aires (AFJP, ART y Salud), que tienen cautiva a la clientela de los empleados provinciales. Pero ante la posibilidad cierta de que la ‘desregulación’ sea total, esa burocracia anunció que formaría una “red integrada de servicios” para mantener su clientela laboral. Lo que el anuncio no aclaró es que: a) el costo de la atención médica será extraordinariamente más elevado que en la actualidad; b) que la red integrada pretende absorber a las obras sociales que deberán desaparecer, con sus afiliados respectivos. Armando Cavallieri, de Comercio, ya comenzó con esta labor de absorción hace un cierto tiempo, lo que provocó que fuera denunciado por un conjunto numeroso de sindicatos. La política de los burócratas grandes de comerse a los chicos, es lo que ha provocado la nueva división en la CGT, aunque no solamente los grandes sino también los chicos aceptaron en la práctica la privatización de la salud y, por lo tanto, la liquidación de las obras sociales. La puja por la participación en este negociado no ha quedado clausurada por esta división, como lo demuestra el caso de la Asociación Bancaria: alineada con los ‘chicos’ a partir de la reducción de los aportes que Cavallo impusiera al Instituto de Servicios Bancarios, la burocracia de Zanola acaba de contratar, sin embargo, por 200.000 dólares, a una consultora norteamericana para reorganizar al Instituto y embarcarse en la privatización y desregulación de la salud. No existe la menor evidencia de que algún sindicato pretenda resistir estos planes antiobreros y sí muchas manifestaciones de que pretenden negociar alguna tajada del negocio. Las obras sociales que resulten inviables pueden evitar su disolución mediante la fusión con alguna grande o incluso asociarse a la que está montando Duhalde con el Banco Provincia. Para los trabajadores, el interés de los burócratas grandes o chicos no contempla para nada sus necesidades como usuarios del sistema de salud. El único que puede cubrir ‘universalmente’ a los explotados es un sistema estatal gratuito, bajo control obrero. La salud del pueblo y el lucro privado son incompatibles.

El FUT repudia los despidos que viene llevando adelante YCRT; los concesionarios de YCF intentan imponer sus condiciones a los mineros y para ello arman todo tipo de provocaciones, tanto sobre sus trabajadores como con la población de la cuenca y con el propio gobierno provincial. El despido de González es a todas luces ilegal y revela la intencionalidad de provocación; por un lado, la patronal viola la ley al despedir a un trabajador que cuenta con protección gremial, y también por cuanto la empresa está en un período de conciliación obligatoria que la inhibe de tomar ningún tipo de medida de esa naturaleza. Este no es el único despido; hace pocos días despidieron a otro trabajador; el cual también cuenta con protección gremial al ser vocal de la CD de ATE. Llama la atención el silencio de la Directiva de ATE ante estos atropellos, cuando casi todos los días podemos oír o ver al Sr. Rivolta pidiendo por el mantenimiento del subsidio a sus patrones de YCRT. Por otro lado, Taselli ha declarado que es la intención de este consorcio despedir a 500 mineros, para lo cual abrieron nuevamente el retiro voluntario y están presionando para que la gente se vaya. El despido de González y el silencio cómplice de la Directiva de ATE tienen consecuencias graves para todos los trabajadores de Santa Cruz; detrás de aquél se encuentra la decisión estratégica de todas las patronales del país de imponer el convenio Fiat-Smata al conjunto de las actividades productivas. Lo que Taselli persigue no es un secreto, pues él lo ha declarado a los 4 vientos: es imponer una versión empeorada de este convenio negrero, a la que denomina terceriarización. Esta palabrita difícil quiere decir simplemente sacarse de encima toda responsabilidad sobre sus trabajadores, quedarse con el subsidio y subcontratar todo, pagar por metro de avance, por kilo de carbón, por km. recorrido, etc., etc. Esta metodología ya la están aplicando en un frente que tienen subcontratado, el de servicio de transporte, e inclusive lo han impuesto en el ferro; el resultado es fabuloso para la empresa: según declara el propio Taselli de un costo promedio por obrero de 1.500 pesos, con la nueva modalidad pasan a gastar 450. Y lo desastroso para sus trabajadores va más allá de la simple diferencia aritmética, pues los mismos carecen no sólo de salario sino de estabilidad laboral, y en algunos tipos de subcontrato son los propios trabajadores los que se convierten en patrones, por lo cual deben afrontar los pagos impositivos. De imponerse esta modalidad, se impondrá la jornada de 12, 14 ó 16 hs. sin descanso ni vacaciones; cuando decimos muy grave, es porque este régimen es peor aún que la esclavitud. Los esclavos tenían garantizadas la casa y comida, estos señores feudales modernos sólo garantizan superexplotación y su propio enriquecimiento. Es por esto que lo despiden a González, porque quieren imponer un convenio negrero y despedir a más de 500 mineros; por lo tanto, su defensa incondicional es una tarea en defensa propia. El Frente de Unidad Trabajadora llama a todos los trabajadores de Santa Cruz a dar los pasos organizativos necesarios para evitar éste y nuevos despidos que prepara la patronal de YCRT, al tiempo que denuncia la parálisis cómplice de la Directiva de ATE.

Han pasado más de 20 días desde que se ‘cerrara’ el conflicto del hospital de Morón y Rousselot-Duhalde siguen imponiendo su política. Los 130 compañeros reincorporados no han cobrado un peso y ni siquiera han sido repuestas sus tarjetas para fichar. El pago de enero y febrero cada vez es más incierto. La Corte Suprema de la provincia votó en contra del fallo de la jueza Ragonese que planteaba la reincorporación, y el decreto de reincorporación firmado por Rousselot no dice una palabra sobre el pago de ese período. Además, para el intendente, los despedidos reincorporados ya cobraron sus sueldos del fondo solidario. Con respecto al pago de marzo y abril hay muchos rumores y nada de efectivo. Como ocurrió durante todo el conflicto, cuando muchos compañeros ‘abandonaron’ la lucha en busca de trabajos alternativos para sostener a sus familias, ahora esa situación se repite con aquellos que fueron reincorporados y que a pesar de cumplir tareas diariamente, no han visto un peso. Si la situación se extiende, vamos a ver cómo los compañeros reincorporados se van a ir sumando `voluntariamente’ a la lista de los 120 despedidos. Como era de esperar, la reducción de personal se traduce en la superexplotación de los que quedaron y en la merma de servicios para la comunidad. La situación vuelve a replantear la lucha, en primer término por el pago de todo lo adeudado. Pero esto no es todo. Los 120 despedidos del hospital y los cientos de despedidos municipales del 30/12 aún no han cobrado su indemnización, y en algunos casos existen deudas salariales. Un sector de ellos se moviliza diariamente frente a la municipalidad reclamando el pago, y hasta ahora sólo se ha conseguido una promesa verbal de que se abonaría el 3/5 y en cuotas. Está claro que el plan de guerra de Rousselot-Duhalde contra los trabajadores sigue su curso. Habiendo impuesto una parte importante de su plan de reducción de personal, es obvio que el intendente Rousselot volverá a la carga contra los trabajadores. Ya se ha anunciado públicamente que hacen falta 1.500 despidos para ‘ordenar’ las cuentas. Ante esta perspectiva, el PO plantea que hay que organizarse y unir la lucha de todos. Los compañeros del hospital de Morón, los recolectores despedidos y ahora contratados (¿hasta cuándo?) por la empresa Orange, los despedidos y los próximos despedidos del conjunto de las dependencias municipales, todos juntos, deben poner en pie un frente de lucha y resistencia para quebrar la política de Rousselot-Duhalde e impedir que sigan descargando nuevos golpes sobre los trabajadores.

Las autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba están provocando un caos deliberado en las facultades. Levantamiento de cátedras, clases de hasta 600 alumnos (el 80% queda afuera de las aulas), despido de docentes (el 83% de los JTP de Trabajo Social), suspensión del dictado de materias (Introducción a la Psicología, por ejemplo), entre otras cosas, son las novedades con que se inició (?) el ciclo lectivo de 1996. ¿Qué se pretende con todo esto? Evidentemente, provocar la desmoralización y la deserción del estudiantado y, de hecho, un cupo de ingreso y los argumentos para cobrar altos aranceles como salida. Se trata, por lo tanto, de una acción deliberada y pérfida para implementar la ley de educación superior, la que ya afecta a los docentes —‘flexibilizando’ condiciones de trabajo, cursos hacinados, bajos sueldos, etc.— y no docentes. Las direcciones de la FUC y de los centros de estudiantes miran impotentes cómo se está desmoronando la Universidad. Franja Morada ha ido detrás de las autoridades, se ha sumado a la reforma de los estatutos, ha permitido la arancelización ‘disfrazada’ (contribución obligatoria —5/90—, el cobro de los cursos de posgrado), se ha convertido en socia del derrumbe provocado. La situación ha transformado a las facultades en hervideros, con convocatoria a asambleas y planteamientos de lucha. La elección de delegados, que se está produciendo en algunas facultades, o la elección de comisiones de lucha, puede ser un poderoso instrumento de organización para marchar a una acción común de todo el estudiantado. La Unión de Juventudes por el Socialismo planteó la organización de asambleas por facultades, y la preparación de una marcha al Rectorado y un programa de reivindicaciones para impedir que ningún estudiante quede fuera de la Universidad: • Habilitación de nuevas aulas en forma provisoria y urgente partida de emergencia, hasta tanto se construyan las definitivas. Inmediata habilitación del pabellón de aulas nuevas y de los edificios en construcción. • Creación de nuevas cátedras para que no haya más de 70 alumnos por curso. Designación urgente de profesores interinos bajo concurso. • Dictado de todas las materias del plan de estudio. • Derogación de la 5/90 y de los aranceles a los cursos de posgrado. Gratuidad plena de la enseñanza. Que se abran las cuentas de la Universidad y de cada facultad. • Inmediata triplicación del presupuesto universitario. • Derogación de los estatutos aprobados por la Asamblea Universitaria de febrero.

Si el conflicto del hospital de Morón terminó con la provincialización del hospital y con una reducción del personal, el hospital de San Miguel tuvo un destino peor. De una planta de algo más de 500 trabajadores de la salud, fueron ‘trasladados’ compulsivamente 125, muchos de ellos no fueron aceptados en los nuevos lugares designados, se han impuesto 17 cesantías, incluidos importantes dirigentes de la gremial de médicos, y han sido repartidos entre los otros municipios creados (Malvinas Argentinas y José C. Paz) 60 trabajadores. El golpe es brutal para los trabajadores carenciados que se atienden en el hospital de San Miguel. “Con la decisión de ‘trasladar’ a 125 profesionales y no profesionales de ese hospital, la comuna desmanteló el servicio de Salud Mental, el único gratuito en toda la región, dejando sin atención a medio millar de pacientes psicóticos y neuróticos. Muchos de ellos dejaron constancia en la comisaría de San Miguel que habían sido privados de sus derechos de atenderse en el hospital” (Página 12, 16/4/96). Lo notable es que “El presupuesto destinado por la municipalidad de San Miguel al hospital Larcade alcanza para este año los 11 millones de pesos. La cifra es superior al costo calculado el año pasado por la Dirección de Planeamiento de Salud de la provincia. Se estimó que el hospital necesitaba 10 millones de pesos para funcionar, incluyendo a todo su plantel” (ídem). El ‘plus’ de un millón de pesos demuestra la falacia del ‘ajuste’. El propósito fundamental del gobierno es llevar a la práctica el convenio Fiat-Smata a la salud a través del régimen de autogestión que, como en el caso del nuevo hospital Mercante, permite la privatización del servicio de comedor, de mantenimiento, de vigilancia y de ambulancias, y el establecimiento de convenios especiales privados para intervenciones de alta complejidad. El 80% del personal no tiene efectividad y funciona con un sistema de ‘becas’ de la provincia.

Las autoridades de la Escuela de Psicología (dependiente de la Facultad de Filosofía) resolvieron postergar el comienzo de las clases invocando la resistencia de los docentes a dictarlas por la falta de aulas y la saturación de alumnos, y poner en marcha el proyecto para convertir a la Escuela en Facultad. El director de la Escuela ha expresado que toda la política educativa del gobierno “es un huracán que nos trasciende y sólo podemos administrar sus efectos”, y un consejero del claustro docente explicó que la ‘comisión’ que se encargará de “negociar el nuevo status jurídico” de Psico lo hará “directamente con el ministro de Educación”. El proyecto es la “jibarización” de Psico, por eso viene acompañado de propuestas tales como instrumentar un curso eliminatorio de ingreso o cerrar la matrícula de ingreso a partir de 1997 y por el término de un año, para luego imponer un cupo o restringir la entrega de títulos. Esta fue la pantalla de un ataque inmediato. Aprovechando la postergación del comienzo del ciclo lectivo, la mayoría del Consejo Consultivo propició suspender el dictado de clases por todo el semestre para permitir el “trabajo intensivo” de los profesores abocados al estudio del proyecto ‘Facultad’. Con esto se pretendía mantener a la gran mayoría de los estudiantes fuera de la escuela, para evitar cualquier deliberación sobre el proyecto y promover la deserción. Pero los docentes resolvieron por mayoría no apoyar estas iniciativas y el director de la Escuela y sus aliados perdieron una primera batalla. El capítulo más importante, de todos modos, lo están escribiendo ahora los estudiantes. El inicio de clases se ha hecho en condiciones deliberadamente caóticas y limitativas, con cursos sobresaturados y se ha suspendido el dictado de la materia “Introducción a la Psicología” para los ingresantes. Esto ha llevado a una sucesión de asambleas, un petitorio firmado masivamente exigiendo aulas, docentes y el cursado de “Introducción”, y una movilización que se resolverá en las próximas horas. La UJS plantea un programa que contiene varias reivindicaciones ya votadas por las asambleas: partida presupuestaria de emergencia, habilitación de cátedras paralelas y de espacio físico —terminar el edificio inconcluso de la Escuela de Psico— para garantizar el dictado de clases a todos, renuncia inmediata de toda autoridad universitaria que no garantice los reclamos. Esta batalla contra el limitacionismo está planteada en la mayoría de las facultades, porque el ingreso superó ampliamente los cálculos previos y es una batalla contra la ley y el Banco Mundial en la Universidad. La conducción del Centro de Estudiantes (Grupo de Trabajo, ‘socio’ de Franja Morada) brilla por su nula presencia en el conflicto, esperando una ‘concertación’ entre la dirección de la Escuela, el decanato (que se opone al proyecto ‘Facultad’) y el propio Centro.

El intendente de La Plata, el justicialista Alak, apelando al nuevo Estatuto del Empleado Municipal, acaba de eliminar el pago de todas las bonificaciones. En el caso de los médicos que atienden las unidades sanitarias de los barrios, esto “significó en la práctica una reducción salarial de 300 pesos para cada uno” (El Día, 11/4). Además, se les redujo de 36 a 30 horas la carga horaria semanal. Para “sincerar los altos gastos que en materia de salud se destinan en el presupuesto”, se pretende ahora transferir a clínicas privadas los servicios que se prestan en las unidades sanitarias. En el 95, el municipio ejecutó un 25% menos de lo presupuestado para el área de salud y los comedores municipales. Los médicos y vecinos han juntado miles de firmas en pocos días y se están movilizando. La UCR y sectores del propio oficialismo han planteado, como ‘solución alternativa’, incrementar la carga horaria (44 horas) y concursar una parte de los cargos. A medida que la crisis financiera del municipio se profundice, el intendente seguirá intentando descargarla sobre la población y los trabajadores municipales. La reacción de los vecinos y médicos frente al ataque a las unidades sanitarias barriales es un anticipo de los conflictos que habrán de multiplicarse en la ciudad.

El viernes 26 se conocieron los resultados de las elecciones de consejeros estudiantiles en toda la UNT, que en algunas facultades coincidieron con las directivas de los centros. La Franja Morada acrecentó el número de consejeros, de 13 a17, a expensas principalmente de un agrupamiento derechista de Odontología. Sin embargo, la corriente que obtuvo resultados más significativos fue el Humanismo, donde convergen sectores vinculados al menemismo, la Democracia Cristiana, independientes ‘apartidarios’ y hasta el bussismo (“Fuerza Universitaria”). En algunas facultades hubo importantes resultados de algunas corrientes vinculadas con el Frente Grande, que tuvieron alguna vinculación con el movimiento de lucha del primer cuatrimestre del año pasado (Económicas, Derecho, etc.). La Lista de Delegados (UJS e Independientes) se presentó en tres facultades. En Artes obtuvo 204 votos y logró un consejero. Perdió ante la FM (que obtuvo 247 votos) y superó al UNITE (Ptp y Frente Grande), que obtuvo 147 votos. UNITE rechazó una propuesta frentista de la LD para derrotar a Franja. Esto explica que un sector del estudiantado donde el UNITE tenía predicamento (el año pasado la diferencia a favor de la LD fue de sólo 10 votos) votara a la LD. En Psico, la LD obtuvo 56 votos (un 5%) y en Derecho, donde nos presentábamos por primera vez, logramos 40 votos. El director de la Escuela y sus aliados perdieron una primera batalla. El capítulo más importante, de todos modos, lo están escribiendo ahora los estudiantes. El inicio de clases se ha hecho en condiciones deliberadamente caóticas y limitativas, con cursos sobresaturados y se ha suspendido el dictado de la materia “Introducción a la Psicología” para los ingresantes. Esto ha llevado a una sucesión de asambleas, un petitorio firmado masivamente exigiendo aulas, docentes y el cursado de “Introducción”, y una movilización que se resolverá en las próximas horas. La UJS plantea un programa que contiene varias reivindicaciones ya votadas por las asambleas: partida presupuestaria de emergencia, habilitación de cátedras paralelas y de espacio físico —terminar el edificio inconcluso de la Escuela de Psico— para garantizar el dictado de clases a todos, renuncia inmediata de toda autoridad universitaria que no garantice los reclamos. Esta batalla contra el limitacionismo está planteada en la mayoría de las facultades, porque el ingreso superó ampliamente los cálculos previos y es una batalla contra la ley y el Banco Mundial en la Universidad. La conducción del Centro de Estudiantes (Grupo de Trabajo, ‘socio’ de Franja Morada) brilla por su nula presencia en el conflicto, esperando una ‘concertación’ entre la dirección de la Escuela, el decanato (que se opone al proyecto ‘Facultad’) y el propio Centro.

No podemos dejar de insistir en lo que constituye la cuestión clave de la campaña por 6.000 suscripciones a Prensa Obrera. Nos referimos a que el objetivo estratégico de esta campaña es poner en pie una prensa de la clase obrera que no existe en nuestro país desde hace mucho tiempo. ¿Qué es una prensa obrera? En primer lugar, claro, una prensa que defiende los intereses históricos de la clase obrera. Podría existir y seguramente existen publicaciones que suscitan el interés de muchos obreros, si es que pueden darse el lujo de comprarlas, pero que son ajenas a un interés de clase fundamental como lo es la lucha por la emancipación de la explotación capitalista. Hay naturalmente muchísimos obreros, e incluso una mayoría, que no tienen interés o disposición para luchar por esta emancipación, sino a hacerlo por cosas más inmediatas o ‘tangibles’ —como el salario o un mejoramiento en las condiciones laborales. Pero la experiencia les demostrará, si ya no lo hizo, que la obtención y conservación de estas aspiraciones inmediatas, no hablemos de su mejoramiento, es incompatible con el mantenimiento del régimen capitalista de producción. En segundo lugar, una prensa obrera es una prensa que interese a los obreros y que sea leída por ellos. Esto no puede lograrse al márgen de un partido y de una política de partido, porque lo que permite descubrir aquello que suscita y atrapa el interés de los trabajadores es, por una parte, la participación activa y conciente en sus luchas; y, por la otra, la lucha política y socialista que reclama la atención de los obreros hacia las cuestiones de conjunto de la política nacional y de la lucha entre las clases y los Estados a nivel internacional. Prensa Obrera es un auténtico periódico socialista. La campaña de suscripciones apunta a que pueda ser leída por miles de obreros y de jóvenes. A través de esta propaganda escrita, literaria, intelectual se desarrolla la vanguardia que se ha iniciado y templado en las luchas. Pero, en tercer lugar, una prensa es obrera cuando se ha transformado en una tribuna de los obreros, sea de sus inquietudes, sea de sus opiniones y, especialmente, de sus conflictos prácticos como intelectuales o morales. En una prensa obrera ampliamente desarrollada esa tribuna es permanente e incluso incorpora un numeroso grupo de colaboradores en todo el país. En nuestra Prensa Obrera abundan desde hace tiempo ese tipo de corresponsales y tambien un correo de lectores. Pero, ahora, con las suscripciones en crecimiento es necesario que los compañeros que se han suscripto vean a este periódico como el canal político que pueden utilizar para manifestar sus inquietudes e intereses. Un auténtico partido revolucionario no se plantea objetivos o tareas de aparato, lo que, cuando ocurre, es siempre un síntoma de compromiso con el orden existente. Las tareas que se asigna un partido de esas características deben estar siempre vinculadas a la satisfacción de un interés de conjunto de los explotados y debe ser presentado en forma consecuente. Este es el método que seguimos en la campaña de suscripciones, donde nuestro objetivo es poner en pie lo que los trabajadores de Argentina no tienen hoy ni han tenido en muchísimo tiempo: una prensa de la clase obrera, una prensa obrera. Esto sólo se podrá conseguir con su colaboración. Compañeros, ahora que se suscribieron, escriban para Prensa Obrera.

El viernes 26 de abril por la tarde, una patota del Mst se dedicó a agredir a los militantes de la UJS. Con los métodos de las bandas de López Rega e Isabel, fueron a las facultades donde los compañeros estaban agitando la realización de un Festival de la Juventud y los Trabajadores, preparatorio de la movilización del 1º de Mayo, destruyeron carteles y carteleras de la UJS y el PO y amenazaron a los militantes. En Bellas Artes culminaron la cobarde agresión cuando uno de los matones golpeó a un dirigente de la UJS y luego huyó. La acción lumpen del Mst está en relación directa con la intensa actividad de la UJS y con la impasse en que se encuentra el Acto-fraude convocado por los moreno-maoistas. El PO y la UJS se comprometen a erradicar del movimiento obrero y juvenil a los matones.

1- Los desempleados (desocupados, subocupados, es decir, todos aquellos carentes de un puesto de trabajo) no somos responsables de nuestra situación. La desocupación es propia del sistema capitalista, que mantiene una masa de trabajadores sin empleo como presión sobre los trabajadores en actividad para bajar salarios y eliminar las conquistas obreras en aras de aumentar la productividad (es decir, la explotación). 2- El llamado ‘plan’ Cavallo ha llevado el desempleo a niveles escalofriantes, convirtiéndolo en una verdadera tragedia nacional que afecta a más de 4.000.000 de familias trabajadoras. El desempleo es, en primer lugar, el resultado de la liquidación de las conquistas laborales más elementales (la llamada ‘flexibilización’ laboral), como la jornada de ocho horas de trabajo, las categorías, los convenios colectivos por industria y el valor del salario, entre otras. La ‘filosofía’ oficial que pregona un crecimiento del empleo como resultado de la eliminación de las disposiciones favorables a los trabajadores, ha quedado totalmente desnudada como una verdadera y absoluta falsedad: la desocupación, el trabajo en negro, los contratos han crecido a la par que las patronales embolsan beneficios; a la par que cae el ‘costo laboral’ ha aumentado el ‘costo patronal’ (o sea, la tasa de beneficio capitalista). 3- El desempleo tampoco es el resultado del ‘desarrollo tecnológico’, en principio porque la inversión en tecnología ha sido ínfima. De todas maneras, el avance tecnológico debe traer aparejado el alivio del trabajo humano y, por lo tanto, el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores; en manos capitalistas, se ha convertido en una pesadilla y en una fuente de miseria popular. El aumento de la productividad ha sido logrado a expensas de la explotación del trabajador, vía los infernales ritmos de producción y la eliminación de trabajadores, dejando los puestos de trabajo entre menos trabajadores. 4- Tampoco es la supuesta falta de capacitación la razón de los despidos. El gobierno de Menem-Cavallo ha ido lejos en las pretensiones de banqueros e industrias de liquidar la educación pública y el acceso a la enseñanza de las más amplias capas de la población. Las leyes educativas aprobadas en los últimos años no hacen más que descalificar los títulos, en un intento de desvalorizar aún más la fuerza de trabajo. 5- Denunciamos la superexplotación de los compañeros desempleados que impulsan el gobierno nacional y los provinciales con los llamados “programas de empleo”, para trabajos de obra pública, de tres meses hasta dos años, a cambio de salarios que llegan como máximo a 200 pesos, al servicio de empresas que reciben subsidios de los Tesoros nacional o provinciales. Este régimen pretende valerse de la desocupación para establecer de hecho un ‘salario mínimo’ nacional inferior a 1 peso la hora, para fomentar aún más la caída de los salarios del conjunto de los trabajadores. En oposición a esta superexplotación salvaje, llamamos a la organización de los desempleados y al pago de un seguro mínimo de 500 pesos. 6- El derrumbe del ‘plan’ económico, expresado en la recesión que hoy asola al país, ha planteado la incapacidad de los gobiernos patronales para dar una salida al desarrollo productivo de la Nación. Las fabulosas ganancias que lograron las empresas en los años de las ‘vacas gordas’ (como lo reflejan las Bolsas) no fueron repartidas entre los trabajadores ni tampoco generaron el ‘pleno empleo’; fueron hechas a costa de nuestro sudor y de innumerables subsidios fiscales e impositivos. Ahora, que llegó el turno de las ‘vacas flacas’, debemos pagar con miseria y desocupación la crisis que ellos mismos generaron. La salida al derrumbe capitalista, con su secuela de barbarie, es la planificación y control de la economía en manos de los productores de la riqueza: los trabajadores, es decir, de un gobierno de los trabajadores. 7- Los dirigentes sindicales actúan como representantes de las patronales en el seno de los sindicatos. Firman convenios que legalizan el ataque a las conquistas obreras y al salario (como recientemente el de la General Motors y Fiat), liquidan la fuerza de los trabajadores al negociar por empresa y no por industria. La lucha contra la desocupación, que resulta de esta política, no es asumida por las organizaciones gremiales, dejando a los trabajadores sin trabajo despojados de toda protección. Frente a esta situación, la Coordinadora de Desempleados de Córdoba: 1- Declara su lucha por la organización de los desempleados. Como parte de la clase trabajadora, a la que pertenecemos, nos sumamos a los reclamos y luchas de los trabajadores en actividad contra la explotación, la liquidación de las conquistas obreras y la miseria capitalista. 2- Reafirma la responsabilidad indeclinable del Estado (como representante de las patronales) de hacerse cargo de nuestra situación y por ello exigimos: • Que el Estado pague un subsidio de 500 pesos para todos los desempleados mayores de 16 años, mientras dure la situación que atravesamos. • Que el Estado se haga cargo del pago de los alquileres de las familias sin trabajo, en defensa del techo de los trabajadores. • Que se exima del pago de tasas, impuestos, contribuciones, servicios (agua, luz, gas, teléfono), a todos los desempleados. • Que el Estado garantice la cobertura médica integral de los desempleados y sus familias en forma gratuita, así como la educación. • Que el Estado empadrone a todos los desempleados. • Que se repartan las horas de trabajo existentes entre todos los trabajadores, sin afectar el salario. Córdoba, 20 de abril de 1996

El ataque sionista contra el sur del Líbano culminó en “un doloroso fracaso y un desastre diplomático” (The New York Times, 22/4); “no alcanzó ninguno de sus objetivos” políticos o militares (La Nación, 28/4). El acuerdo del ‘cese del fuego’ que alcanzaron Siria, Israel y el Líbano bajo el patrocinio de Estados Unidos y Francia (y la participación de Irán) restablece la prohibición de los ataques a blancos civiles tanto en Israel como en el Líbano y constituye “esencialmente una actualización del acuerdo de 1993” (Página/12, 27/4). Con esto, Shimon Peres se vio obligado a comerse sus propias palabras: “no aceptaremos volver a la situación reinante en el norte de Israel antes de la guerra” (The Washington Post, 24/4), había declarado a poco del comienzo de las operaciones. El cese del fuego da por sentado “el derecho de la guerrilla libanesa a combatir” en la ‘zona de seguridad’ (Clarín, 27/4) y la “legitimidad de (su) resistencia en el sur del Líbano” (La Nación, 28/4). El acuerdo restablece también las ‘negociaciones de paz’ con Siria y el Líbano, que Israel había interrumpido a principios de marzo. Un furibundo anti-sionista, Irán, se asoció a las negociaciones del acuerdo, incorporándose así al ‘proceso de paz’ que están imponiendo Estados Unidos, ‘el gran Satán’, e Israel. Como consecuencia de todo esto, se puede decir que la derrota política y el fracaso militar de los sionistas en la reciente agresión ha concluido con una victoria de la estrategia del imperialismo yanqui. La República Islámica, dice el corresponsal de La Nación (28/4), “logró su reconocimiento: el canciller iraní fue invitado a sentarse en la mesa de negociaciones y se lo admitió como el más adecuado ‘correo’ entre las potencias y el Hezbollah”. El ‘proceso de paz’ del Medio Oriente ha ganado así un nuevo ‘socio’ ... pero no por ello goza de mejor salud. El fracaso acelera la crisis sionista Israel lanzó el ataque contra el sur del Líbano con el objetivo de imponer a Siria —que ejerce un virtual ‘protectorado’ sobre ese país–— un ‘acuerdo de paz’ en las condiciones dictadas por el alto mando sionista (desmilitarización de la frontera en las alturas del Golán). El alto mando israelí había rechazado el ‘acuerdo de paz’ que estaban discutiendo Siria y el gobierno sionista en los Estados Unidos porque dejaba librada la ‘seguridad’ de la frontera norte israelí a las ‘garantías internacionales’ y a la firma de un ‘acuerdo bilateral de defensa’ entre Israel y Estados Unidos. “El establishment israelí de defensa se ha opuesto ampliamente al tratado (de defensa con los Estados Unidos) preocupado porque dicho acuerdo pudiera atar las manos de Israel en el caso de que deba tomar represalias por un ataque” (Jerusalem Post, 30/3). Pero ahora el alto mando sionista ha debido aceptar la creación de un ‘grupo de supervisión’ del ‘cese del fuego’ —integrado por Estados Unidos, Francia, además de Israel y Siria. Para el diario israelí (de derecha) Jediath Aharonoth esto significa que “el gran vencedor de la operación israelí es Assad (el presidente sirio)” (Le Monde, 23/4), pero en realidad es el imperialismo norteamericano. El fracaso político y militar de la ofensiva sobre el Líbano deberá acelerar todavía más la crisis existente en el seno del ‘establishment’ sionista, la cual se ha manifestado abiertamente en el asesinato del primer ministro Rabin y en el rechazo —y hasta el sabotaje— de los acuerdos que estaba negociando Shimon Peres con Siria en los Estados Unidos. Ahora, en el seno del alto mando militar, “comienzan a cruzarse acusaciones por el fiasco” (Le Monde, 23/4). A un mes de las elecciones, el fracaso de la operación hace todavía más delicada la situación de Peres. El ‘proceso de paz’ se va abriendo camino por medio de crímenes y masacres, y por medio de una verdadera demolición del régimen político israelí.

Un conjunto numeroso de sindicatos, del MTA y de la CGT, convocó a un plenario de delegados para celebrar el 1º de Mayo, lo que dio estado oficial a una nueva división de la burocracia de la CGT. Se destaca en el nuevo frente sindical la Unión Obrera Metalúrgica, que parece haberse decidido a dar este paso luego de su fracaso para mantener a Fiat dentro del convenio de la UOM. El texto de la convocatoria dice que el plenario “elaborará un plan de acción destinado a recuperar la movilización y organización del movimiento obrero”, a la vez que explica la “Convocatoria (por ) la inoperancia de los cuerpos orgánicos de la Confederación General del Trabajo”. También “rechaza la engañosa propuesta de constituir un Consejo del Trabajo y del Empleo, vaciado de contenido...”. ¿Qué posibilidades tiene este nuevo agrupamiento? La trayectoria del MTA y del CTA son muy ilustrativas de la incapacidad de cualquiera de los sectores en que se divide la burocracia sindical para enfrentar los planes capitalistas y del gobierno y de responder a las necesidades de los trabajadores. Las burocracias ‘opositoras’ despilfarraron el potencial de lucha de la Marcha Federal y la insurgencia que se manifestó en numerosas provincias, e incluso las traicionaron (Córdoba). Las paraliza el temor a impulsar una acción decisiva y de conjunto de las masas, así como los intereses y prebendas que las atan con la situación actual. La liquidación de conquistas avanza con tanta o más virulencia en los sindicatos ‘opositores’ que en los oficialistasy cuenta en igual o mayor medida con la complicidad de sus directivos. Es incuestionable que esta todavía no definida escisión, fue provocada por la inminente liquidación de las obras sociales y por la intención de los burócratas de los gremios más fuertes de absorber a las obras sociales más chicas. Junto con el retroceso sindical que van imponiendo los convenios del tipo de Fiat-Smata, esto ha privado de oxígeno financiero a buena parte del aparato sindical. El manifiesto de los sindicatos que convocaron al plenario del 1º de Mayo se destaca por su absoluta falta de referencia a un programa. Menciona, por ejemplo, la “destrucción de las obras sociales” pero no plantea la oposición a que se privatice la salud y a que se encarezca la atención médica. Denuncia la “precarización laboral”, pero no reclama la vigencia de la jornada de ocho horas y un salario mínimo de 1.200 pesos, igual al costo de la canasta familiar. Denuncia el “aumento de la exclusión y la marginalidad”, pero no plantea un seguro al parado de 500 pesos. Denuncia, por último, al Consejo del Empleo, pero no plantea la independencia del movimiento obrero ni la necesidad de una lucha contra el gobierno de Menem-Cavallo. Cuando la protesta no va unida a un programa, ni la denuncia da pie a reivindicaciones concretas, se está mucho más cerca de la demagogia que de la lucha, y también más cerca de la impotencia que de una perspectiva. Los sindicatos que firman el manifiesto no reconocen en ningún momento su responsabilidad en la creación de la catastrófica situación actual; por lo tanto, no cuestionan sus políticas. Entre los convocantes se encuentra la Asociación Bancaria, que denuncia la “destrucción de las obras sociales” mientras les saca 200.000 dólares a los bancarios para que una consultora yanqui la ayude a integrarse al proceso de privatización de la salud y a despedir a los trabajadores del ISSB. Los convocantes saben que en los próximos meses deberán discutir los reclamos patronales para imponer el convenio Fiat en sus sindicatos e incluso una amenaza del gobierno de mandar un proyecto de ley para desregularizar al movimiento sindical, permitiendo los contratos de trabajo individuales. Si este nuevo agrupamiento supone que sería suficiente hacer ‘lobby’ ante el gobierno para ‘moderar’ la presión de los capitalistas, se va a llevar un fracaso más grande que los que recibió hasta ahora. Las características del plenario ratifican nuestra caracterización de que no existe la posibilidad de que las iniciativas desde arriba, es decir. de las fuerzas que están comprometidas por fuertes intereses con el orden actual, puedan modificar la situación del movimiento obrero y del país. Lo que puede y va a hacerlo es la iniciativa desde abajo, que aparecerá seguramente en forma no prevista ni con un diseño políticamente claro. Los ejes para ello son en la actualidad el intento patronal y del gobierno de generalizar la aplicación del convenio Fiat, la lucha contra los despidos y la creciente desocupación, la resistencia al gatillo fácil y la movilización contra la destrucción de la salud y de la educación. A los convocantes del Plenario les planteamos que vayan a los hechos y llamen a un paro nacional activo de 24 horas de inmediato, como inicio de un plan de lucha, para imponer un petitorio de reclamos preciso y concreto por la defensa de las conquistas laborales, el aumento de los salarios y el cese completo de los despidos.

El semanario jerosolimitano Kol Ha-ir (19/4) acaba de publicar en exclusiva el acuerdo logrado entre el movimiento islámico Hamas y dirigentes religiosos judíos de los asentamientos entre ellos el rabino Menahem Furman, de Tegoa, colonia cercana a Belén. El acuerdo fue firmado el 1º de febrero, tres semanas antes de la ola de atentados suicidas en Jerusalén y Tel Aviv. El mismo fue hecho con el conocimiento del primer ministro israelí Shimon Peres, y el acuerdo y la mediación del presidente de la Autonomía Palestina, Yasser Arafat. Entre los ítems del entendimiento figuraban la expresión de buena voluntad por parte de Hamas (punto 1) y el acuerdo básico para la continuación del diálogo (punto 2). El punto 3 comprometía a los firmantes del lado islámico a preparar el ‘ambiente’para su aceptación dentro de la organización y a cesar en la lucha armada. El punto 4 afirmaba que se otorgarán “facilidades para el movimiento entre la franja de Gaza y la Cisjordania con el fin de preparar el entorno (en relación al acuerdo)”. Por el punto 5 se pedía la liberación, antes de la festividad del Ramadán, del Sheij Ahmad Yasin, líder espiritual del movimiento, en muy mal estado de salud. Otros puntos se referían a terminar con las detenciones de activistas islámicos. Cabe recordar que, a principios de año, el servicio de seguridad israelí había asesinado al ‘ingeniero’Yehia Aiash, dirigente de Ez ad-din al-Kasam, la rama militar de Hamas. El asesinato se produjo a pesar de la tregua acordada entre el gobierno sionista y la organización islámica, que en su momento garantizó medio año de inactividad por parte de Ez ad-din al-Kazam. Luego del asesinato, Abu Mazen, lugarteniente de Arafat en la Autonomía Palestina, reveló al diario israelí Ma‘ariv (19/1) que el ‘ingeniero’ estaba por entregarse a las autoridades de la Autonomía y que se había iniciado un diálogo’entre ambos. Esto como parte de las conversaciones que Arafat venía realizando con la dirección de Hamas para integrar a dicha organización en el marco de los acuerdo de Oslo. Estas revelaciones refuerzan la hipótesis de que Aiash fue ‘entregado’ con la complicidad de las autoridades de la Autonomía. Otra versión responsabiliza indirectamente a la dirección de Hamas, por haber abandonado al ‘ingeniero’ al suprimirle ayuda, y así posibilitar su liquidación. Que a menos de un mes de asesinado Aiash, la dirección islámica firmase un nuevo acuerdo con dirigentes judíos, con el conocimiento de Arafat y de Israel, confirma una vez más que la mayoría de Hamas en los territorios es partidaria de integrarse al proceso de paz. La fracción de Hamas que llevó adelante los últimos atentados, titulada “Células ingeniero Yehia Aiash —los nuevos alumnos”, está ligada al parecer con una parte de la dirección islámica residente en Jordania. En un comunicado difundido en Jerusalén oriental luego de los atentado, las “Células ingeniero Yehia Aiash” acusaron a la dirección de hablar “en nombre de los comandos al-Kasam, promoviendo un cese del fuego”. En efecto, la dirección de la rama política y militar publicó luego de los primeros atentados un comunicado por el cual denegaba la responsabilidad de Hamas y llamaba a terminar con los mismos. Los atentados fueron concebidos como una forma de oponerse al curso que la dirección pretende imponer a la organización. Según el comentarista de Kol Ha-ir (19/4), la liberación del Sheij Yasin, un partidario por sí mismo de la tregua, habría sido vista por Israel como “una influencia positiva en el triángulo de las relaciones entre Hamas-Autonomía Palestina-Israel”, es decir, un paso en la sumisión de los islámicos a la política de policía del sionismo, llevada adelante hasta ahora por Arafat. En estos días, según el mismo comentarista, y luego de las persecuciones, encarcelamientos y el cerco de hambre en Gaza y Cisjordania, la dirección islámica participa de “los intentos por renovar los contactos” con los dirigentes judíos. 20/4/96

La patronal de Fiat ha editado un folleto bajo el pomposo título de “fábrica integrada”, que pretende ser la justificación del convenio firmado con el Smata. Pero según un reciente estudio, lejos de ‘integrarse’, los fabricantes europeos y norteamericanos de autos derivan “una parte cada vez mayor de la fabricación de los coches a subcontratadas que, instaladas cerca de las fábricas de ensamblaje, fabrican subconjuntos justo a tiempo en sus cadenas de montaje” (Ambito Financiero, 5/3/96). “Sucede que más de la mitad del valor de una unidad al salir de la fábrica se basa en los materiales, autopartes y sistemas abastecidos por los autopartistas”, según un estudio del Financial Times (setiembre 1994). “Las automotrices transfirieron algunas de sus operaciones a proveedores externos. Así, las terminales pueden concentrarse en el desarrollo de nuevos productos y en el montaje final de la unidad” (ídem). El objetivo de las terminales es contrarrestar la tendencia a la caída de los beneficios que se manifiesta especialmente en los países desarrollados. “Siempre que una automotriz tuvo inconvenientes, su primera reacción fue presionar a los proveedores para reducir costos” (ídem). La tercerización de actividades busca la baja de los salarios sin que por ello las terminales dejen de tener el control de esas fábricas. Básicamente, son proveedores cautivos, que dependen tecnológica y financieramente de las automotrices. El estudio publicado por Ambito Financiero detalla que “en un coche Laguna, Renault sólo fabrica el 22% de las piezas. La marca del rombo viene subcontratando íntegramente la fabricación de sus asientos desde el lanzamiento del R-19 en 1988, y también la fabricación de juntas de goma. Fiat lleva algunos años multiplicando las cesiones: el año pasado vendió su filial especializada en asientos, Sepi, a Lear Seating; en febrero, vendió su línea de frenos en Polonia a Allied Signal” (ídem). Más aún, “los fabricantes dan marcha atrás y reintroducen el trabajo manual. El montaje de las ruedas del Citroën XM, lanzado en 1989, era automático, mientras que el del Xantia, comercializado desde 1993, es mecánico”(ídem). Es que a pesar del crecimiento de la productividad, el costo de las inversiones no se abarata, por lo que las terminales prefieren los sistemas manuales basados en salarios bajos y flexibles. La ‘desregulación laboral’ se convierte así en un recurso que sustituye a la ‘modernización’, desmintiendo a los que dicen que es su consecuencia. En Argentina, esas características se acentúan, ya que las terminales son casi meras fábricas de ensamblaje, principalmente de productos importados. El censo industrial de 1994, que tuvo lugar luego de 2 años de fuerte aumento en la producción, señala que la industria automotriz (terminales y autopartes) tenía una inversión física de 160 millones de pesos, la mitad en inmuebles y el resto en maquinarias y equipos. Estos 160 millones representan apenas el 4,4% de la inversión total de la industria. El Censo aporta otro dato: el valor agregado en el conjunto de la industria —la elaboración propia, deducidos los materiales comprados a otros sectores o importados— bajó del 43,4% en 1986 al 36,3% en 1994. “La derivación de actividades propias a empresas de servicios y a otras empresas industriales del país y del exterior, como así también cambios tecnológicos y de precios relativos, parecen ser los principales factores que explican la disminución mencionada”, dicen los que elaboraron el Censo. En toda la industria automotriz (terminales y autopartes), el valor agregado en 1994 fue del 27,7%, bien inferior al promedio del conjunto de la industria. Pero el valor agregado de las terminales fue más bajo todavía: 22,2 %. ¿Esta es la industrialización que prometen los apologistas del convenio Fiat?

Igual que Tatcher Las primeras nueve palabras ya son una grosería: “Para los milicos significó el fin de la dictadura”. Con esta frase, “La Vence” sostiene la misma posición que M. Thatcher, que ha dicho que los argentinos le teníamos que estar agradecidos a la flota británica por haber puesto fin a la dictadura militar. Para la Vence, no fue el hundimiento político creciente del gobierno militar lo que originó la guerra, en un intento de rescate sino la guerra de Malvinas la que ocasionó el hundimiento de la dictadura militar. Patria Libre se junta así a todos los democratizantes que hace mucho han destacado esta ‘función progresista’ de la victoria del imperialismo. El ‘nacionalismo’ de Patria Libre Sobre el final, el artículo plantea que “sin milicos traidores ni políticos caretas, volveremos y plantaremos nuestra bandera”, Patria Libre esconde de este modo los intereses sociales que llevaron a la guerra de Malvinas, y a la burguesía nacional que apoyó la ocupación argentina de las Islas. Pone a la cuestión nacional por encima de la lucha de clases, revelando un frente político de principios con la acción de la dictadura galteriana. “La burguesía, dice Lenin (Sobre el derecho a la autodeterminación de las naciones), coloca siempre en un primer plano sus reivindicaciones nacionales, y las plantea de un modo incondicional (Patria Libre también, P.V.M.). El proletariado las subordina a los intereses de la lucha de clases” “Al proletariado le importa garantizar el desarrollo de su clase (a Patria Libre también, pero en todo caso sus intereses son ajenos a la clase obrera, P.V.M.)”. “La Vence”, al denunciar solamente “la rendición” y no el carácter de clase de la guerra del lado argentino (del lado británico fue imperialista), mandando como carne de cañón a más de 700 jóvenes; al plantear que con este sistema social hay que volver a “poner nuestras banderas en cada rincón de las islas”; al colocar en sus afiches la reivindicación de “por un estado fuerte”. Patria Libre está planteando un militarismo estatal, y el consecuente reforzamiento de su aparato represivo (FF.AA., Policía, Super-secretaría, etc.). Cuando Patria Libre denuncia una política de desmalvinización, está escamotenado que tanto el gobierno de Alfonsín como el de Menem han puesto a Malvinas en el primer plano, para poder pactar con los ingleses y los yanquis. Lejos de dejarla en el ‘olvido’, lo cual es objetivamente imposible, “oportunamente, podría volver a ser un tema del que se valgan la Burguesía Nacional o el imperialismo para rescatar a algún gobierno en problemas o superar alguna situación de crisis terminal” (Jorge Altamira, PO nº 433). En caso de que la burguesía necesite el Estado militarizado que nos propone Patria Libre, va a ser para defender sus intereses (los del gran capital), para reprimir con todo a los trabajadores, y hasta para defender los intereses del imperialismo. Como vemos, el nacionalismo de Patria Libre no debe confundirse con el antiimperialismo. ¿Qué nos conviene a los trabajadores y a la juventud? A los trabajadores y a la juventud no nos interesa plantear la recuperación militar, por parte de la burguesía, de Malvinas; los jóvenes no queremos ser usados de nuevo como carne de cañón de la burguesía. A los trabajadores y a la juventud no nos interesa un Estado militarizado, porque justamente, la lucha por un seguro al desocupado de 500 pesos a partir de los 16 años, la lucha contra el convenio Fiat-Smata, la lucha por la defensa de la salud y la educación pública y la lucha contra la represión policial son, de conjunto, una lucha contra el Estado. En caso de que se recuperen las Malvinas con este sistema social (lo cual seguramente ocurrirá por medio de un pacto con el imperialismo), los trabajadores van a seguir en iguales condiciones de empleo miserables, por lo tanto, a los trabajadores no les soluciona nada, sino que les entorpece, al contrario, su lucha. La recuperación de Malvinas, los trabajadores debemos plantearla como parte de la revolución socialista y la Unidad Socialista de América Latina, o sea como parte de un planteo internacionalista de la clase obrera. En la cita de Lenin, queda más que claro cómo debemos abordar la cuestión nacional. Patria Libre, al poner en primera plana y con carácter incondicional la recuperación de Malvinas, no está respondiendo a los intereses del movimiento obrero ni de la juventud.

Una noticia casual de La Voz del Interior, de Córdoba (9/4), descorre el velo de un gigantesco subsidio que el arruinado gobierno de Córdoba le brinda a la instalación de una planta de Chrysler en el barrio Ferreyra de esa ciudad. Por extensión podemos imaginar que lo mismo debe ocurrir con Fiat o con Toyota, que tiene previsto instalarse en Zárate. De acuerdo a la información, el ministro de la Producción de la provincia se sentó con los directivos de la patronal norteamericana a “evaluar la marcha de los trabajos que le corresponden al municipio, a Dipas, Epec, Vialidad, para que la parte de infraestructura vaya al mismo ritmo de la construcción de la planta”. Esto significa que el Estado cordobés, que se declaró en ‘emergencia’ y bajó los salarios en más de un 30%, está pagando las obras eléctricas, de agua, sanitarias, caminos que deberán beneficiar a la inversión yanqui. La noticia no dice, lamentablemente, cómo Mestre está financiando estos trabajos, es decir, con cuánto incremento de la deuda pública provincial. Para el consuelo de algún tonto, tenemos la obligación de decir que obran de la misma manera, o incluso en una escala superior, los estados y municipios brasileños que tienen instaladas plantas automotrices. El Estado de Paraná acaba de tirar la casa por la ventana para subsidiar la instalación de Renault cerca de Curitiba; es legendario el subsidio que recibe Fiat del Estado de Minas Gerais; ahora llega la información de que algo similar ocurre con el municipio de Volta Redonda, en el Estado de Río de Janeiro, con la Volkswagen. Pero todo esto simplemente demuestra el grado extraordinario de confiscación económica que supone la llamada inversión automotriz, casi enteramente financiada por subsidios y deuda externa y bajísimos salarios. Cuando los pulpos del automóvil remiten las ganancias al exterior se están llevando esos subsidios, se están embolsando la diferencia entre los intereses que pagan por su deuda y los que cobran al consumidor argentino, se quedan con el beneficio del sobreprecio que cobran en el país con relación al de los autos en el exterior, y se guardan el extraordinario beneficio que supone la elevada tasa de explotación del obrero argentino. Si se considera que el automóvil es una mercancía de consumo personal que tampoco beneficia a los obreros debido a su elevado precio, que no aporta a la reproducción de la economía y al incremento de su productividad, tenemos que las llamadas inversiones automotrices son un gran despilfarro económico que descapitalizan a la Argentina.

La creación del Consejo Nacional del Trabajo y del Empleo provocó mucho ruido en su momento e incluso un choque entre Menem y Cavallo. Muchos lo interpretaron como una ‘criatura corporativa’ para bloquear el ‘plan económico’ y la ‘desregulación laboral’. ¿No era esto suponer demasiada disposición opositora de parte de una burocracia que ha entregado sin pestañear conquistas fundamentales del movimiento obrero? Ahora nos venimos a enterar, gracias a la ceremonia de inauguración del Consejo, que la burocracia cegetista pretende, no oponerse, sino darle una mano, a la ‘desregulación’ que reclaman las patronales, claro que en sus propios términos. De acuerdo a una información de La Nación (29/4), “Los sindicalistas admiten incluso una posible disminución del ingreso del trabajador, en lo referente a suplementos y horas extraordinarias...”. El diario incluso conjetura: “Las diferencias (entre los cegetistas y los empresarios) tal vez queden de lado cuando se debata la necesidad de profundizar los mecanismos de capacitación laboral y de combatir el trabajo en negro”. ¿Pero no es esto el convenio aplicado a nivel nacional? En efecto, el convenio Fiat-Smata modifica en forma sustancial las horas extras cuando ‘desregula’ la jornada laboral para extenderla más allá de las ocho horas y cuando computa las horas extras recién cuando se haya superado un tope de horas de trabajo en el lapso de determinada cantidad de semanas. Es imposible saber lo que los burócratas tienen en la cabeza cuando aseguran que la transformación de las horas extras en parte de jornada legal provocará un aumento del empleo. En realidad, debe ocurrir lo contrario, pues ese cambio abarata la fuerza de trabajo del obrero que se encuentra ocupado. La burocracia de la CGT pretendería igualmente con ese fin, la anualización de las horas de trabajo para permitir que las jornadas más largas se compensen en otro momento con un acortamiento. Esta ‘flexibilización’, que destruye el tiempo diario de reposo del trabajador, también incide en una disminución de la demanda de trabajadores adicionales, esto porque le permite valerse del personal que ya está ocupado para hacer frente a crecimientos imprevistos de la demanda. Esto ocurrirá también incluso si se acepta una disminución de 200 horas de trabajo anuales, con el agregado de que el cumplimiento de las horas de trabajo en una escala anual es imposible de controlar e imponer en la práctica —máxime cuando los bajos salarios presionan al trabajador a aceptar la prolongación de las horas de trabajo. Las referencias a la ‘capacitación’ y al ‘trabajo en negro’ indican que la burocracia está dispuesta a ir muy lejos en la entrega de las conquistas de los trabajadores. En el convenio Fiat, la ‘capacitación’ significa el establecimiento de los ‘contratos de aprendizaje’, que permiten a las patronales establecer un tope de salarios de 400 pesos y recurrir a un subsidio estatal del 50% de esa suma en concepto de ‘fomento del empleo’. Los trabajadores enganchados bajo esta modalidad están muy lejos de ser ‘aprendices’, lo que significa que se les desconoce la capacitación laboral que poseen, es decir, su calificación. Como el convenio Fiat reduce los salarios en más de un 40%, la mención del ‘trabajo en negro’ sólo puede querer decir que el ‘blanqueamiento’ no reconocerá la mayor parte de esas remuneraciones que no se registran contablemente. Los patrones no admitirían otra cosa, por otra parte, pues eso les significaría revelar un giro comercial superior y asumir, por lo tanto, una carga de impuestos y de seguros de trabajo mayor. Cuando a pesar de toda esta convergencia de la burocracia de la CGT con los intereses de las patronales, los diarios hablan de “diferencias” entre unos y otros, ello se debe a que las corporaciones capitalistas dicen querer una ley de ‘desregulación laboral’ que autorice los contratos de trabajo individuales, lo cual equivale al desconocimiento de los sindicatos. La burocracia cegetista pretende mostrarles a los patrones que pueden obtener lo mismo con el concurso de ella y no a pesar de ella. Sin embargo, como lo demuestra precisamente el convenio Fiat-Smata, no existe ninguna evidencia de que las patronales tengan la intención de desconocer a la CGT, mientras se comporte como un perro faldero del menemo-cavallismo. El pulpo Fiat, no lo olvidemos, decidió ‘remunerar’ con 20.000 dólares mensuales los ‘servicios’ de la burocracia del Smata. La referencia del temario a la “negociación colectiva articulada”, a propuesta de la propia CGT, delata la intención de establecer “convenios-marco” que luego puedan ser ‘ajustados’ a las ‘necesidades’ (anti-laborales) de cada empresa; mediante este procedimiento se cuela el sistema de contrato individual. Las patronales han introducido la modalidad del trabajo en ‘círculos’ o ‘módulos’ con el objetivo, precisamente, de imponer una diferenciación de salarios entre diferentes grupos de obreros, aun cuando ejecuten la misma labor. La finalidad es siempre reducir el salario, sea en forma relativa (comparado con la productividad o con el costo de vida) o absoluta (reducción directa). Es decir que la burocracia ha distorsionado por completo la conquista del convenio de trabajo por industria, que fue impuesta por los sindicatos para suprimir la competencia entre los trabajadores, no como pretende ahora la CGT, para acentuarla. Varios sindicatos han reunido en los últimos días a sus respectivos congresos (plásticos, madereros), para obtener la autorización para negociar ‘convenios articulados’; en el sindicato gráfico, la burocracia no quiere reconocer a la lista Naranja su condición de minoría por temor, precisamente, a que los delegados que en esa condición les corresponderían en el congreso del gremio, puedan alertar contra esa intención de la dirección y combatirla. Denunciamos los verdaderos propósitos del Consejo del Empleo y la política antiobrera de la burocracia de la CGT, con el objetivo de desarrollar la oposición de los trabajadores a los convenios que pretenden firmar próximamente las burocracias sindicales y para desarrollar también el reclamo de que los paritarios sean elegidos en asambleas y no designados a dedo; para que los convenios sean únicos por industria y no ‘articulados’; para que el salario básico sea igual al costo de la canasta familiar, de 1.100 pesos, y no de 100 pesos, como se les paga a los desocupados en los programas de empleo, hasta los 400 pesos brutos a los ‘aprendices’ en la industria automotriz.

Los trabajadores de Metrovías (subterráneos) tendrán que enfrentar en los próximos meses la embestida patronal —Benito Roggio— para imponer un convenio tipo Fiat- Smata. En enero último se realizó un plenario del cuerpo de delegados, donde el secretario general, Guaraschi, presentó los 14 puntos de la propuesta empresaria. Entre ellos se incluye el “contrato a jornada reducida o tiempo extendido”, la “posibilidad de fraccionar la jornada”, la “posposición de goce de francos por razones operativas”, la “polivalencia y movilidad funcional”, el “premio por asistencia” y el “premio por cero accidente”, y la “movilidad geográfica”. Esto es, precisamente, el convenio Fiat-Smata aplicado al subte. La dirección de UTA subtes, alineada con Palacios y el MTA, no hizo ninguna observación crítica a la propuesta patronal; al contrario, Guaraschi recomendó ‘analizarla’ para las próximas negociaciones del convenio, que tendrán lugar en octubre. Esta dirección ha guardado silencio además, ante la reciente concesión de los talleres de subterráneos a la multinacional CAF, fabricante de coches ferroviarios (Tren de la Costa), que está contratando operarios bajo las condiciones de los 14 puntos propuestos por Metrovías. Los trabajadores han realizado reuniones y asambleas, en algunos sectores, solicitando un aumento salarial, visto el gran incremento de los beneficios que la propia empresa ha reconocido. Por otra parte, se está produciendo una desafiliación masiva de la mutual, manejada por la dirección de la UTA, que bajo el pretexto de mejorar la prestación de obra social, viene cobrando cuotas altísimas. Lo que está a la orden del día es reclamar al cuerpo de delegados y a la dirección del sindicato, la realización de una asamblea general para discutir : 1. Aumento salarial. 2. Rechazo de los 14 puntos. 3. Elección de paritarios por línea y por taller, para la negociación del convenio y el salario. 4. Control de la Obra Social y elección de sus autoridades por los trabajadores.

“El titular de la terminal (Ciadea) anticipó que ‘este año renegociaremos con el sindicato porque, como Fiat, necesitamos flexibilizar los horarios’”. Pero no sólo los ‘horarios’, pues, agregó, “necesitamos contar con las mismas condiciones (que Fiat) porque, de lo contrario, no vamos a poder competir” (semanario El Economista, 26/4). Esto significa que Antelo pretende reducir los salarios y para ello ya eligió sus argumentos: “la fabricación local del Clío”. La patronal está eufórica con las perspectivas que le ofrece la burocracia del Smata, ya que según el mismo Antelo, “la polivalencia o flexibilidad de horarios para feriados o vacaciones también serían aceptadas por el Smata sin inconvenientes”. La puesta en marcha de este convenio tendría lugar en julio, “una vez terminadas las elecciones nacionales del Smata”.