Prensa Obrera N° 491

El jueves pasado, el burócrata Pardo —del secretariado nacional del Smata— ‘bajó’ a diferentes sectores de la Ford (evitando una asamblea general) para ‘interiorizar’ a los trabajadores de las conversaciones del sindicato con la patronal acerca de la modificación del convenio de trabajo. Está claro que han empezado las maniobras para imponer en General Pacheco el convenio Fiat. Ese mismo día, el Partido Obrero volanteó masivamente el turno mañana rechazando al convenio negrero y llamando a un plan de lucha, lo cual impactó al conjunto de la fábrica, en estado de deliberación. A la salida del turno, mientras Pardo todavía discutía en los sectores, el Partido Obrero piqueteó el folleto sobre el convenio Fiat-Smata, que fue rápidamente agotado. El ánimo generalizado de los trabajadores era de un repudio absoluto a la entregada burocrática. Mientras el folleto se iba vendiendo como pan caliente, los obreros expresaban su bronca contra la burocracia. En las discusiones en puerta de planta, el partido presentó la necesidad de reclamar asambleas generales de fábrica en todas las terminales, así como un plan de lucha de conjunto. Los planteos del PO, incluido el de una coordinadora regional, fueron escuchados atentamente por los compañeros que se pararon a comprar el folleto. El Partido Obrero está instalado en la terminal automotriz para luchar, con su agitación y con su intervención, contra el pacto infame firmado por la burocracia del Smata.

La Coordinadora de Desempleados de la provincia de Córdoba, considera que la impoisición del pacto Fiat-SMAT, a a ser extensiva a todos los puestos de trabajadores, creando mayor recesión económica, al caer los salario, por lo tanto se ve peligrar más fuentes de trabajos e incrementar la masa obrera desempleada. Como única salida nos queda afianzar la lucha obrera y hacerla más enérgica en sus reclamos, por eso adherimos al reclamo del P.O. y desde nuestra humilde posición de Coordinadora proclamamos una Huelga Nacional por tiempo ilimitado, en defensa de nuestros derechos. De la Coordinadora de Desempleados de la provincia de Cordoba Carta de un Desocupado Hoy escuché al presidente Menem hablar de que pidió mediar entre Israel y Palestina porque hay más de cien mil palestinos que pasan hambre. Pero no se acuerda que aquí hay más de cinco millones de ARGENTINOS que pasamos hambre y miseria, porque estamos desocupados. Sin contar que además de nosotros —los desocupados— están nuestras familias. Pero a este señor no le importa, porque a él lo que le importa es figurar en el exterior y señorearse con su falsedad e hipocresía, mintiendo que aquí estamos bien... Sí, bien cagados de hambre y represión. Porque este gobierno disfrazado de democracia está al servicio de los intereses de los pulpos capitalistas nacionales y extranjeros, y del FMI. Porque este señor liberal es antiobrero y antinacional. La única manera de terminar con esta brutal situación es reconstruir la organización de trabajadores desocupados, que a fines del ‘95 rodeó la municipalidad con mil manifestantes y embretó al intendente. Esta organización se creó para agrupar a todos los desocupados en un frente de unidad bajo el siguiente programa: - Subsidio de 500 pesos para todos los desocupados. - Reposición de todos los medidores retirados de Eseba y la Pampeana. - Plan de Obras Públicas para dar trabajo a 30.000 personas - Construcción de viviendas populares con fondos provinciales y municipales y control de los trabajadores. ¡Por un Frente de Luchadores Desocupados! ¡Fuera Menem-Cavallo-Duhalde y sus socios zonales!

“O la UOM firma el convenio Fiat o los trabajadores van a perder la fuente de trabajo” La amenaza corresponde a Jorge Aguado, ex gobernador de la dictadura y director de Sevel, y forma parte de la declaración general de guerra de las patronales automotrices y metalúrgicas publicadas en Clarín (14/4). Horas después, el presidente de la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Córdoba planteó que “las exigencias de entrega en ‘just in time’ (entrega de insumos ‘justo a tiempo’), sumadas a la flexibilización de horarios de trabajo que impondrá Fiat, obligará a los proveedores a adoptar un régimen laboral equivalente”. Esto incluye salarios ‘a la medida’ del acuerdo Fiat-Smata, de 2,35 la hora para el operario o 3,78 para el oficial múltiple, liquidación de las horas extras, “cambios de puestos de trabajo y turnos y división de las vacaciones entre julio-agosto y diciembre-febrero” (La Nación, 17/4). La patronal autopartista ha planteado formalmente la derogación del convenio firmado por el secretariado de la UOM para la rama automotriz, luego de traicionar la lucha del 94. Este acuerdo, que convalidó la negociación por ‘ramas’ y dejó las manos libres a las empresas para continuar con la política de ‘flexibilidad laboral’, para las patronales está ‘superado’. La exigencia, ahora, es ‘igualdad de trato’ con la Fiat. Lo que no dice el patrón metalúrgico es que la destrucción del convenio colectivo va unida a la cesantía de miles de trabajadores metalúrgicos. “Hace un año, CORMEC —hasta ahora la filial local de la Fiat— contaba con mas de 120 proveedores directos... actualmente la lista apenas supera los 80”. Ahora “la automotriz italiana trabajará en Córdoba con alrededor de 25 proveedores estratégicos”, siguiendo una tendencia mundial por la cual las terminales se relacionan directamente con empresas que les deben entregar “componentes complejos”, es decir partes armadas del vehículo (La Voz del Interior, 15/4). La perspectiva es una feroz concentración de las plantas de autopartes, “cuyo número total no llegará ni a la mitad de las existentes”, y bajo el dominio de los grandes pulpos automotrices. La ‘reorganización’ de la industria que plantea la Fiat incluye como alternativa “la asociación directa (de autopartistas locales) con sus pares italianas” o “contratos de transferencia tecnológica y trabajo bajo licencia... que supone compra de tecnología extranjera a cambio del acceso a créditos internacionales”. Este proceso de expropiación capitalista está llevando a una compra acelerada de autopartistas locales por firmas extranjeras y sólo en Córdoba “se estima que arribarán unas 14 empresas” (La Voz del Interior, 18/4) La clave es la importación Ni los despidos, ni la reducción de salarios, ni la destrucción del convenio colectivo aseguran un horizonte de expansión de la industria nacional. El régimen automotriz argentino ya permite un 40% de componentes importados, además de que “las inversiones en bienes de capital realizadas por las terminales son consideradas como exportaciones a los efectos de los mecanismos de compensaciones con las importaciones” (La Voz del Interior, 26/2) La Fiat, con solo anunciar una inversión de 600 millones de dólares “puede importar vehículos hasta ese valor aunque no haya exportado ni una unidad” (ídem), lo mismo vale para el resto. Cuando la conducción de la UOM traicionó la lucha del 94 y firmó los convenios que hoy la patronal metalúrgica llama a reemplazar por el acuerdo Fiat, dijimos: “(el secretariado) traicionó esta huelga, pero paradójicamente ha comenzado su cuenta regresiva. Mas que nunca hay que plantearse un aumento del 60%, no aceptar ninguna norma flexibilizadora y armar una agrupación antiburocrática organizada y militante” (PO nº 424). De esto se trata.

El comienzo del año lectivo mostró varias caras (te la Reforma. Una de ellas fue la aplicación del decreto 4457, que establecía LA NO APERTURA DE CURSOS, en la provincia de Buenos Aires Los estudiantes del secundario y de los terciarios fueron apiñados en aulas de a 50 ó 60, o debieron permanecer en “listas de espera”, o como en el caso de San Martín, tenían un día de clase un grupo y otro día el restante. Esto generó una rápida movilización de alumnos, padres y docentes que se autoconvocaron y en varios casos ganaron las calles. En Escobar, más de 100 en una escuela en Matanza, más de 500 movilizadas por las calles de San Justo, en San Martín, en Ituzaingó. En todos los casos, la inspección debió autorizar las aperturas. Es que ante el temor de que la lucha se generalizara y tomara el reclamo de la anulación de la reforma en su totalidad, prefieren ceder a los reclamos. Duhalde y el gobierno en su conjunto son incapaces de soportar los reclamos que echen por tierra la aplicación de la Ley. En esto reside nuestra perspectiva.

La mesa redonda que organizó el Partido Obrero en la Facultad de Derecho de Córdoba para debatir el convenio Fiat-Smata, fue un acontecimiento llamado a trascender en el futuro del movimiento obrero. Se trató, ni más ni menos, de la primera deliberación popular contra ese acuerdo y del primer resultado general de la campaña del Partido Obrero contra el convenio. La realización de la mesa convocó a cerca de un centenar y medio de personas, entre las que se encontraban trabajadores y agrupaciones de los sindicatos metalúrgico y mecánico y también viejos dirigentes sindicales y activistas que se destacaron en las grandes luchas pasadas en la provincia. Las características del auditorio se reflejarían en el debate posterior. A la mesa concurrió el secretario adjunto de la UOM de Córdoba, A. Salluso, acompañado de otros directivos de la seccional, lo que naturalmente sorprendió a la mayoría de los asistentes e hizo decir a uno de ellos, Miguel Contreras, antiguo dirigente sindical de Córdoba, que el impacto del convenio Fiat se podía medir por la participación oficial de la UOM en una actividad organizada por el Partido Obrero. El conjunto de las presencias fue muy destacada, ya que al lado de Lucio Garzón Maceda, conocedor como pocos de la realidad laboral, se encontraban Omar Córdoba, de la Interna del Banco Provincia y por lo tanto protagonista de luchas recientes muy importantes, Luis Reinaudi, antiguo dirigente sindical y abogado laboralista, y A. Bissi, dirigente histórico del Sitrac-Sitram (los sindicatos de Fiat luego del ‘cordobazo’). Jorge Altamira participó por el Partido Obrero. La mesa hizo las veces de un laboratorio de ideas y permitió comenzar a ver las alternativas y las tendencias que se plantean frente al convenio Fiat. La posición de Salluso, que concentraba naturalmente las expectativas de los panelistas y del auditorio, fue subrayar que el preconvenio que firmaron los paritarios de la UOM con Fiat había sido rechazado por el consejo directivo del sindicato y que hubo una falta de acuerdo en el secretariado nacional para presentarlo al congreso de la UOM que tuvo lugar el año pasado. Salluso denunció que mientras la discusión del preconvenio entre Fiat y la UOM había llevado varios meses, el Smata había llegado a un acuerdo en sólo cuatro días y que le había introducido 44 modificaciones, todas negativas para los asalariados. Salluso no especificó, sin embargo, cuál había sido la discrepancia de la UOM con el convenio, en particular si la divergencia se limitaba a la cuestión de los salarios, pero admitía la flexibilización laboral y los contratos de aprendizaje. La impresión que quedó fue que existía ya un semi-acuerdo, esto porque el Consejo Directivo había instruido a proseguir las negociaciones con Fiat. La intervención inicial de Salluso en la mesa produjo la conclusión de que la UOM confiaba en el resultado de una negociación con Fiat, que fue abortada por la intervención del Smata. En ese caso el problema de la UOM era cómo coordinar el desfasaje entre los salarios previstos en el convenio y los que se pagan en otros sectores de la industria y particularmente en Cormec, que pertenece a Fiat, y en Sevel. La dirección del Smata resolvió este problema cuando firmó, en 1994, el convenio con General Motors, mediante la limitación de la rebaja salarial a esta empresa (que ocuparía pocos obreros y aún le faltaba instalarse). Salluso no dijo nada de cómo la UOM encaraba ahora la perspectiva de una rebaja salarial en la industria y en esas fábricas a partir del convenio de Fiat con el Smata. Cuando llegó el turno de las preguntas de los asistentes, Salluso hizo algunas precisiones. Responsabilizó de la crisis que se le creó a la UOM a los paritarios que negociaron el pre-convenio con Fiat, lo que indicaría una fractura al nivel del secretariado del gremio. Por otro lado, indicó, con relación a un planteo de Altamira de reclamar paritarias y la negociación colectiva por industria, que la UOM no había podido re-negociar aún el suyo, vigente desde 1975, sin hacer ninguna mención al levantamiento del plan de lucha, por parte de la UOM, a mediados de 1994. También interpretó que el convenio Fiat inauguraba una nueva etapa, que obligaba a revisar las políticas y las alianzas existentes de las direcciones sindicales e incluso aceptó abrir una discusión acerca de la creación de un nuevo frente político, luego que Omar Córdoba responsabilizara al sindicalismo y menemista por la situación creada. Lucio Garzón Maceda, que publicó un extenso análisis del convenio, hizo hincapié en que no estábamos en presencia de un convenio debido a que la parte sindical, los obreros de la fábrica que se va a instalar, no se encuentra presente. Que este hecho representa una anomalía jurídica profunda en materia de derecho laboral, lo que da un amplio margen para apelar judicialmente el acuerdo. Garzón Maceda destacó, por otro lado, que la crisis suscitada con la UOM, la intervención del gobierno y la intervención de la justicia, habían afectado la imagen empresarial y dificultado la actuación de Fiat, lo que facilita el cuestionamiento del acuerdo si se lo generaliza al conjunto de la sociedad. En la discusión con el público subrayó la necesidad de mantener en el candelero la denuncia del convenio. Reinaudi y Bissi efectuaron aportes diferentes al tema, en el caso de Bissi reivindicando la política de Sitrac-Sitram, contrapuesta al sindicalismo actual. El ángulo que tomó Omar Córdoba fue el de responsabilizar al sindicalismo verticalista y “traidor” por la situación que viven los trabajadores, al cual opuso un sindicalismo que se construye de abajo hacia arriba, sin especificar si estaba reivindicando las elecciones directas del CTA. En el espectro político de los panelistas, Omar Córdoba se puede decir que condicionó la posibilidad de una resistencia efectiva a los convenios Fiat-Smata y a la política antiobrera en general, a una previa modificación del cuadro sindical presente y al progreso de un movimiento político alternativo que “verdaderamente” impulse la “soberanía política, la justicia social y la independencia económica”. La intervención de Altamira giró en torno a tres puntos. Negó que el convenio en cuestión tuviera que ver con los costos de producción que la empresa dice que quiere reducir, sino que responde a una ley inexorable del capitalismo a la maximización de los beneficios. Que era importante señalar que el enfrentamiento era salarios versus ganancias (y no eficiencia económica versus despilfarro), porque esto desmiente la fatalidad de la reducción de los salarios y lo condiciona a la capacidad de lucha de la clase obrera. Dijo que las rebajas salariales dispuestas en el convenio y los contratos de aprendizaje desmentían que estuviéramos en presencia de un condicionamiento tecnológico, sino que asistíamos a una cruda manifestación de superexplotación. Altamira caracterizó que el convenio Fiat anunciaba una avalancha de tentativas de reducción de salarios y de liquidación de las ocho horas en todos los sindicatos, del cual nadie podría “zafar”, y el envío de una legislación al Congreso para liquidar toda forma de contratación colectiva. A partir de esto concluyó en la importancia y actualidad que tenía el reclamo de paritarias y convenio por industria, para reivindicar aumentos salariales y la defensa de las ocho horas, para unir al movimiento obrero contra la ofensiva capitalista. Altamira dijo que planteaba esta consigna como una orientación a los trabajadores preocupados por la situación creada, que les sirviera como un factor de movilización. Por eso propuso también la convocatoria de congresos de delegados con mandatos de asamblea. Una asistente reclamó a Salluso por la falta de información a los obreros de Cormec. Otros asistentes propusieron que la agitación contra el convenio prosiguiera con plenarios abiertos; un viejo activista sindical llamó a unir por abajo a los metalúrgicos con los mecánicos. La lista blanca del Smata presentó una adhesión a la mesa. Otros asistentes estimaron que podría ser importante la consigna del reclamo de paritarias para unir a los trabajadores en la lucha. La observación final fue la ya mencionada acerca del hecho excepcional de que la UOM participara en un debate organizado por el PO.

Con una diferencia de horas, los directivos de Chrysler y Toyota han informado que el convenio que están discutiendo con el Smata será una copia del firmado con la Fiat. En una entrevista con el gobierno de Córdoba, Chrysler “confirmó que a principios de l997 estará en condiciones de comenzar su producción... y aplicará un régimen laboral y salarial similar a lo acordado por Fiat con el sindicato de mecánicos (Smata)”. La relación laboral “prácticamente será la misma”, confirmó el ministro de Trabajo (La Voz del Interior, 9/4). Las nuevas autoridades de Toyota Argentina anunciaron el lanzamiento en diciembre de la pick-up Hilux, “construida íntegramente en la planta (en construcción) de Zárate”. “Con qué sindicato han firmado el convenio para la planta”, les pregunta una periodista. “Estamos en conversaciones... a mediados de este año deberemos emplear a muchos operarios en Zárate y por ello antes de esa fecha llegaremos a un acuerdo con un sindicato. Esperamos llegar a un acuerdo mejor que el de otra terminal (en clara alusión a Fiat), por lo cual imagínense ustedes con qué sindicato estamos conversando”, respondió el presidente de Toyota (La Nación, 17/4). Los plazos para obtener “el mismo acuerdo” en Chrysler o incluso “algo mejor” son breves. “Antes de mediados de año” es el plazo de la Toyota, “entre julio y agosto” el de la VW (Clarín, 14/4), el de Chrysler aun antes. La “creación de puestos de trabajo” con que el Smata justifica la entrega de conquistas laborales históricas no resiste el menor análisis. “GM ocupa unos 200 operarios y ensambla las camionetas”, Toyota ‘planea’ crear 800 puestos de trabajo pero por ahora “la inversión estimada es de 150 millones de dólares”, una cifra irrisoria que corresponde a una planta de armado (Página 12, 29/3). Simultáneamente, Scania (Tucumán) plantea el despido de 120 operarios sobre la base de imponer la ‘flexibilización’ contenida en el acuerdo Fiat. En las autopartistas se avecina una catástrofe social, a partir de la feroz concentración de proveedores de la industria automotriz, que, en el caso de la Fiat, “no llegará ni a la mitad de los actuales” (La Nación, 17/4). La guerra declarada de las patronales automotrices plantea una respuesta urgente: asambleas generales para que los trabajadores den una respuesta de conjunto y reclamen un congreso de delegados de todas las fábricas. Al convenio negrero hay que oponer la convocatoria de paritarias y la discusión del convenio por industria, para arrancar el salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, la defensa de la jornada de ocho horas, la estabilidad laboral y el reparto de las horas de trabajo frente a los despidos.

La reciente interna del PJ de la capital fue un fracaso. La votación fue bajísima, no suscitó ningún interés y reveló fuertes choques de aparato de las distintas fracciones. Cada sector repartió boletas mutilando los candidatos adversarios, los propios candidatos (Güilo, Ikonicoff) denunciaron fraude y aparateo, y el escrutinio estuvo matizado con escenas de pugilato. La función de las internas fue ‘instalar’ al candidato de Menem, ‘topadora’ Domínguez. Domínguez es un intendente de facto, lo que no ha impedido que “no puede dejar de gobernar hasta el 30 de junio”, condicionando e hipotecando a la ciudad (licitación de la Ciudad Judicial, remodelación de La Boca, un emprendimiento de 100 millones dirigido al turismo de lujo y otros detalles, como la venta del edificio de Inspección General). También Domínguez ha renegociado los contratos de recolección de basura y limpieza con los privados (Manliba y Cliba), renovables hasta fin de año. Domínguez oculta el verdadero déficit del municipio. Se ha denunciado que el Banco Ciudad se ha hecho cargo, desde 1992, del pago a los contratistas, sobre la base de los certificados de servicios que les otorga la municipalidad, acumulando una deuda que la municipalidad no paga y que tampoco aparece a su nombre. Ahora, Domínguez la aumentó para pagar ‘obras’ de campaña electoral y la refinanció, con vencimientos en el cornadas ’97, bajo el futuro gobierno. El Banco Ciudad ha quedado con un descubierto ‘critico’, según el Banco Central. Y entre otras medidas, sigue en marcha (denuncia del ombudsman Cartañá) el revalúo de propiedades, con aumentos de hasta el 800% y 5 años de retroactividad, para elevar la base de los impuestos (Clarín, 15/4). Complicidad de la ‘oposición’ La protesta de radicales y frepasistas no ha pasado de los comunicados de prensa. De la Rúa propone que el Estado se haga cargo de la deuda, otorgando vía libre a Domínguez (el planteo supone transferir millones de dólares al resto del país).

Niños sepultados bajo toneladas de escombros; bebés con sus miembros seccionados por las explosiones; ancianos y mujeres decapitados por las bombas; familias destrozadas; cientos de refugiados asesinados: esta bárbara masacre es el saldo de los masivos bombardeos sionistas sobre los campamentos de refugiados y las poblaciones civiles del sur del Líbano. Después de diez días de operaciones, los objetivos civiles resultaron ser el verdadero y casi único blanco de los bombardeos sionistas: la artillería y la aviación israelíes alcanzaron dos campos de refugiados de la ONU, casas de familia, una usina civil en las cercanías de Beirut, la capital libanesa, y hasta una ambulancia. La marina israelí bloquea y bombardea los puertos de Tiro y Sidón. El éxodo forzado de más de 400.000 civiles hacia el norte del país —el 10% de la población— provocó una verdadera catástrofe humanitaria: los refugiados no disponen de luz, de energía eléctrica ni de alimentos; el agua está racionada. Fracasada en su intento de acallar las baterías del Hezbollah, la ofensiva israelí se ha convertido en una gigantesca operación de terrorismo estatal contra la población civil libanesa. La ‘cumbre anti-terrorista’ montada en marzo por Clinton en Egipto tuvo por objeto respaldar la campaña terrorista israelí —con la complicidad de Arafat— contra el pueblo palestino, cerrando los territorios e impidiendo el ingreso a Israel de los trabajadores y las mercancías palestinas. El ataque sionista contra la población libanesa es una consecuencia directa de aquella ‘cumbre’, que respaldó el terrorismo sionista contra los derechos nacionales de libaneses y palestinos. Apenas iniciadas las operaciones, y después de reconocer el ‘derecho israelí a la autodefensa’ (¡contra niños, mujeres y ancianos desarmados!), Washington lanzó una ‘iniciativa de paz’ que se convertía en “un paraguas diplomático para que continúe el ataque israelí” (Página/12, 18/4). La justificación del ataque sionista por la acción de la organización Hezbollah pretende simplemente ocultar sus verdaderas razones, que no son otras que la “desintegración del Ejército del Sur del Líbano” (Financial Times, 19/4), la fuerza mercenaria armada, financiada y entrenada por Israel, que ocupa ilegalmente una franja de territorio en el sur del Líbano (la llamada ‘zona de seguridad’). Las crecientes deserciones en las filas del ESL permitieron al Hezbollah “mejorar su inteligencia” (ídem) sobre los movimientos de los militares sionistas y sus aliados en el territorio libanés ocupado e incrementar la frecuencia y efectividad de sus ataques contra las tropas ocupantes (ídem). El Hezbollah que es presentado por el sionismo y el imperialismo como una ‘banda terrorista’, tiene, esto según los propios voceros imperialistas, una “amplia legitimidad en la comunidad como movimiento de resistencia y el profundo enraizamiento de su red política y social” (ídem). El Hezbollah es un movimiento de masas, de existencia plenamente legal en el Líbano, donde cuenta, incluso, con varios parlamentarios. El ataque contra el sur del Líbano, según el especialista sionista Yossi Melman, fue preparado con varios meses de anticipación, incluso “antes del asesinato de Rabin” (Página/12, 13/4), algo que desmiente la especie de que se trata de un ejercicio de ‘autodefensa’ motivado por el incremento de los ataques del Hezbollah contra el norte de Israel. Antes bien, la afirmación de Melman revelaría que Israel provocó esos ataques para justificar una operación militar en gran escala. Efectivamente, hasta el comienzo de los bombardeos regía un ‘entendimiento’ bajo el auspicio norteamericano, desde 1993, entre Hezbollah e Israel, por el cual ambas partes se comprometían a no atacar las poblaciones civiles; el ‘entendimiento’ contenía una cláusula que autorizaba a tomar represalias contra blancos civiles (¡sic!) en caso de violación del acuerdo. Después de una ‘paz’ de ocho meses, Hezbollah lanzó varios ataques contra blancos civiles en el norte de Israel, denunciando en todos los casos que se trataba de represalias por ataques sionistas previos. Después de uno de estos ataques, “la población de la ciudad israelí de Kiryat Shemona salió a las calles a reclamar ‘acción’ por parte del gobierno y los generales israelíes acusaron al Hezbollah de utilizar el acuerdo del 93 para poner en pie posiciones fijas en medio de las poblaciones civiles” (precisamente, el mismo ‘argumento’ que utilizaron para justificar el bombardeo de los campamentos de refugiados de la ONU). “Al día siguiente, Israel atacó” (The New York Times, 15/4). Descomposición sionista Pero a diez días del comienzo de las operaciones, el gabinete sionista se encuentra “fracturado” (Financial Times, 16/4). Mientras el primer ministro Shimon Peres parece sugerir que “ya se alcanzaron los objetivos estratégicos”, el canciller Ehud Barak, un ex general, y todo el alto mando militar, son partidarios de continuar “hasta causar el mayor daño posible” (Clarín, 19/4). La fractura tomó un carácter público cuando el general Giora Inbar —con mando de tropas en el sur del Líbano— declaró abiertamente que “el ejército no permitirá que Peres lo detenga antes de haber acabado su tarea” (Página/12, 18/4). El enfrentamiento abierto entre una parte del gabinete sionista y el alto mando viene a confirmar la caracterización política que formulara Prensa Obrera hace más de un mes, en ocasión de los atentados en Jerusalén. “Lo más importante —decíamos entonces— es la actitud del ejército, cuyos principales jefes están obstaculizando un acuerdo general con Siria... La dirigencia militar reclama concesiones territoriales de Siria en los altos del Golán y no acepta que la seguridad de la frontera sirio-israelí sea garantizada por los Estados Unidos. La posición del ejército —concluíamos— tiene paralizado al gabinete de Peres” (Prensa Obrera, nº 485, 14/3). La fractura del ‘establishment’ sionista traduce una escisión más amplia respecto de lo que debería ser la culminación del ‘proceso de paz’, la firma de un tratado sirio-israelí. Es que Peres, “—partidario de la línea norteamericana de llegar a un rápido acuerdo con el presidente sirio Assad— enfrenta una verdadera oposición a una retirada israelí a las fronteras de 1967. Esto incluye a todo el alto mando de las fuerzas armadas y varios ministros como Yossi Beilin (encargado del ‘proceso de paz’) y Ehud Barak” (The Jerusalem Post, 10/2). La invasión al Líbano —un virtual ‘protectorado’ de Siria, que tiene estacionados allí a 35.000 hombres— es una consecuencia del rechazo, por parte del alto mando sionista, del acuerdo que estaban tejiendo Peres y Assad bajo el auspicio norteamericano, en el cual el sirio había realizado importantes concesiones: “ajustó las clavijas del Hezbollah en el sur del Líbano y aceptó definir la normalización de las relaciones en los términos amplios exigidos por Israel: establecimiento de embajadas y relaciones de cooperación económica” (ídem). El alto mando sionista rechaza este acuerdo porque descansaría en las ‘garantías internacionales’ que debería proveer Estados Unidos: “Estados Unidos no puede compensar a Israel por un acuerdo inadecuado con Siria... No veo cómo un tratado de defensa pueda reemplazar las fronteras” (ministro Yossi Beilin, en The Jerusalem Post, 10/2). Los militares sionistas quieren ‘fronteras seguras’, es decir, arrancarle a Siria concesiones territoriales y ventajas militares estratégicas en el sur del Líbano y en el Golán, una región de extrema importancia porque es el ‘acceso’ norte de Israel y su principal fuente de agua. El esquema defensivo sionista se completa con el acuerdo de defensa que acaba de firmar con Turquía y por el cual los aviones israelíes pueden utilizar el espacio aéreo y los aeropuertos turcos. Así, se cerraría el ‘cerco’ militar sobre Siria ... El explícito rechazo del alto mando sionista a las ‘garantías internacionales’ viene a explicar porqué fueron bombardeados dos campos de refugiados de las Naciones Unidas: no se trató de ningún ‘error’ sino de un claro mensaje político dirigido tanto hacia Siria como hacia las propias Naciones Unidas. Con la ofensiva sobre el Líbano, los militares pretenden forzar a Siria a aceptar un acuerdo según sus propias condiciones. Al adaptarse a las presiones del alto mando, Peres no abandona un ‘proceso de paz’ en descomposición; al contrario, realiza una jugada en extremo peligrosa para salvarlo del sabotaje a que lo estaba sometiendo el propio alto mando sionista. Pero si fracasa en obtener de Siria las garantías exigidas por el alto mando sionista, se estará condenando a una segura derrota en las próximas elecciones de mayo. Una victoria electoral del Likud, la oposición derechista, crearía un vacío de poder en Israel, porque esa victoria entraría en contradicción con la estrategia norteamericana. A partir de este dato, el alto mando militar emerge como el único árbitro político, lo que plantea la posibilidad de un gobierno dominado por los jefes de las fuerzas armadas y de seguridad. La violencia extrema de la agresión sionista apunta a “exponer los riesgos de violencia e inestabilidad (que estallarían) en el vacío de un fracaso de las conversaciones de paz sirio-israelíes; (por eso) “la campaña puede también llevar a Siria a retomar las negociaciones” (Financial Times, 17/4). En otras palabras, Siria se vería forzada a actuar como ‘salvadora’ de Peres, para evitar un colapso completo de la política imperialista en Medio Oriente. Lea en En Defensa del Marxismo • ‘Con el consentimiento de las víctimas’por Edward Said (nº 8, 9/95)

En 1994, cuando la burocracia del Smata firmó un convenio con General Motors que entregaba todas las conquistas de los obreros de la industria automotriz, aseguró que lo hacía para crear una fuente de trabajo que reforzaría las filas del gremio y que el sindicato no permitiría de ningún modo que esas cláusulas llegasen a ser aplicadas al resto de las terminales de la industria. Después de la firma reciente del acuerdo con Fiat y del que próximamente celebrará con Toyota, los cuales van más lejos aún en la entrega de los intereses de los trabajadores, pues incluyen una rebaja todavía mayor de los salarios y el establecimiento de los contratos de aprendizaje; después de esos convenios, ¿los trabajadores automotrices pueden estar seguros de que la burocracia cumplirá su promesa? La burocracia del Smata enfrenta, sin embargo, con una gran claridad de ideas la situación que su convenio con Fiat le ha creado a los obreros de las fábricas ya instaladas. Así lo demuestran las grandes líneas que ha preparado para rediscutir los convenios laborales con Ford, Volkswagen, Ciadea e Iveco, a partir de julio próximo. De acuerdo al semanario El Economista (19/4/96), “las futuras tratativas (ya fueron) acordadas por el gremio y las empresas. Existe un pacto previo, por el cual el Smata no pondrá palos en la rueda a los reclamos empresarios para flexibilizar el convenio. De hecho, y todavía de manera informal, varios de los puntos que figuran en el convenio con Fiat (cambios de turno o tercerización) son aplicados por las terminales con la venia del sindicato”. Preguntamos: ¿el gremio fue informado de este “pacto previo”? En todo caso, José Rodríguez no lo ha denunciado. ¿En representación de quién negocia José Rodríguez si no ha convocado a ninguna asamblea de fábrica y sus colegas se limitan a ‘tantear’ los sectores, como lo hiciera Pardo la semana pasada en Ford? En cualquier caso, la primera conclusión que se desprende del informe del semanario económico es que los convenios establecerán ‘formalmente’ todas las normas de superexplotación que la burocracia de José Rodríguez aceptó hasta ahora en las plantas en expresa violación del convenio vigente. Los nuevos convenios pondrán ‘en blanco’ lo que la burocracia admitió e impulsó ‘en negro’ durante todos estos años. Difícilmente José Rodriguez desmienta esto. Con todo lo importante que es, las patronales no pretenden circunscribirse a exigir que la burocracia del Smata haga ‘formal’ lo ‘informal’. Para ‘acercarse’ al convenio Fiat, “Rodríguez”, dice El Economista: “habría dado garantías a las empresas de que la flexibilidad horaria, la polivalencia de funciones, la tercerización de operaciones y otros puntos, serán contemplados en los próximos convenios”. La burocracia tampoco ha desmentido esto ni le informó nada al gremio. Los puntos que se entregan entrañan un duro golpe a los trabajadores, porque significan la liquidación de la jornada de ocho horas y del régimen de horas extras que la acompaña, la liquidación de las vacaciones y, aunque no aparezca ‘formalmente’ escrito, los despidos y la baja de los salarios. Ocurre que la ‘tercerización’ significa la sub-contratación de tareas, las que serán realizadas contra el pago de salarios inferiores a los vigentes. Existe en la actualidad una reducción sistemática de los salarios en todo el país por medio del régimen de ‘tercerización’. Es a partir de lo anterior que debe entenderse el tema de las escalas salariales, o como dice El Economista, “El punto de potencial conflicto, gremial y empresario...: la fuerte brecha salarial que fue acordada con los operarios de Fiat y con las escalas de ingresos que hoy tienen el resto de las fábricas” (nota: ‘los operarios’ de Fiat no acordaron nada porque ni siquiera existen, sino que fue la burocracia). En el Clarín del domingo 14, la totalidad de los representantes empresarios declararon abiertamente que se proponían llevar las escalas a un 40% por debajo de las actuales, como las firmadas con Fiat. Sorprendentemente, El Economista dice que la brecha entre Fiat y el resto podría cerrarse, no con una rebaja de los salarios del conjunto de las terminales, sino con el progresivo aumento de los salarios que el Smata se propondría obtener en el futuro en la firma italiana, ya que “el resto de las compañías dan por sentado de que no existen chances de bajar los salarios”. Es evidente que esta ‘versión’ fue largada por Rodríguez para cosechar incautos, y de que el burócrata está dispuesto a hacer una extraordinaria gala de demagogia sindical hasta la firma de los nuevos convenios. Se mencionan demasiados ‘pactos’ entre Rodríguez y las patronales como para creer en la versión de la burocracia de que las patronales se han resignado a no reducir los salarios en forma directa. ¿En qué consistirá, en resumen, la política del Smata? En obtener, primero, el asentimiento de los obreros a la completa ‘flexibilización’ laboral, para tantear recién después la modificación de la escalas salariales de los convenios actuales, sin decirles que las patronales podrán ir imponiendo las reducciones de los salarios, ‘de hecho’, gracias a los medios de presión que le ofrecerá la ‘flexibilizacion’ laboral y la complicidad de la burocracia. El primer campo de experimentación de esta política serán, en julio, los convenios con Ford y VW, que se separaron recientemente. Ceretti, de la patronal de Ford, le dijo a El Economista “que ‘los convenios son vivos’, y por lo tanto existen acuerdos (con el Smata) para mover gente en la planta, e incluso de turno ‘previamente conversado’. Y también para tercerizar algunas operaciones en la planta, que en el pasado estaban penadas”. Pero más ‘clarificador’ aún es lo que está ocurriendo con el convenio que se negocia con la terminal alemana, porque en este caso serán “VW y las asociadas (es decir, las ‘tercerizadas’) (las que) se sentarán a discutir con el gremio el nuevo convenio que, tal como está dispuesto el escenario, no tendrá mucho que envidiar del firmado por Fiat”. ¿Será que las ‘tercerizadas’ son ‘nueva fuente de trabajo’ (no importa que provoquen despidos en las terminales), a las que se ‘incentiva’ con rebaja de sueldos? ¡Pero un convenio común del Smata con VW y ‘sus’ ‘nuevas’ asociadas significará que las escalas salariales serán determinadas por las ‘tercerizadas’, lo que provocará una brutal rebaja salarial en VW! ¡Quizá para Rodríguez, VW y Ford sean ‘nuevas fuentes de trabajo’ ya que la ‘vieja fuente’, Autolatina, desapareció! En definitiva, la burocracia del Smata está jugada a extender el convenio Fiat a toda la industria, apelando a fondo a la perfidia, a la maniobra y a la demagogia para quebrar la resistencia de los trabajadores.

El 19 de abril pasado, más de 3.000 manifestantes marcharon desde Congreso a Plaza de Mayo en el quinto aniversario del asesinato de Walter Bulacio. Como en años anteriores, hubo una abrumadora mayoría estudiantil y también volvió a ser el escenario de una lucha política entre la mayoría de los secundarios, de un fado, y la democratizante Correpi (Coordinadora contra la represión policial) y algunos partidos de la izquierda democratizante, del otro. La presencia de un 80% de estudiantes, la mayoría con la Coordinadora Secundaria, desnudó el fracaso de los democratizantes y su descomunal raquitismo organizativo. El 19 de abril es para los secundarios, una jomada de lucha contra la represión policial y contra el 'gatillo fácil', que se va tomando cada vez más nacional. Este acto, en la ciudad de Rosario, los secúndanos también marcharon por el aniversario de Wálter, para reclamar Juicio y Castigo. Pero contra la tradición de esta jomada, la Correpi y sus acompañantes pretendieron por todos los medios apropiarse de la marcha, es decir, confiscarle él sentido político que tiene para la Coordinadora Secundaria, de lucha contra el aparato represivo y de su Estado, así como de independencia política del movimiento estudiantil. La consigna de la Correpi (por “Walter, por Choque... y por todos”) hacía abstracción del aparato represivo y pretendía sustituir la lucha contra el Estado por la ‘memoria ’de sus víctimas. La Coordinadora Secundaria tenía, en cambio, como consigna, “juicio, castigo y perpetua a los responsables”. El papel de la Coordinadora Defendiendo el carácter estudiantil independiente de la marcha y su consigna, la Coordinadora de Estudiantes Secundarios de Capital y el Gran Buenos Aires se opuso a que le fuese expropiada la dirección de la marcha. Para participar activamente en ella realizó un plenario con más de 50 colegios de Capital y el Gran Buenos Aires, donde se invitó a participar a los abogados de la Correpi, pero éstos impugnaron la ‘perpetua para los ‘gatillo fácil', con el argumento que para ello “había que reformar el Código Penal” (sic). El plenario de la Coordinadora refutó que el reclamo de ‘perpetua' era unánime en los jóvenes en Dock Sud y en Budge; que era el reclamo de las movilizaciones por Cristian Campos de Mar del Plata, y del mismo Walter. El transcurso de la marcha puso de manifiesto el acierto de la Coordinadora Secundaria, porque decenas de colegios se encolumnaron detrás de la gran bandera que reclamaba “perpetua a los asesinos” y dé las restantes consignas por Wálter Bulacio, que responde a la tradición de lucha dé los secundarios. El 19 de abril ya pasó a ser, como el 1$ de setiembre, una jomada nacional de lucha estudiantil. La marcha mostró que crece el número de colegios del Gran Buenos Aires que se integran a la Coordinadora y la división entre los colegios que no se agrupan con ella. La lucha contra los cierres de cursos en decenas de colegios de Capital y Gran Buenos Aires es una nueva oportunidad que lleva a los colegios a integrarse a la Coordinadora, para poder participar de esta gran lucha. El Mas y el Mst reflejaron una brutal pérdida de rumbo y de militantes y mucho espíritu divisionista, pues sus estudiantes no se sumaron a la Coordinadora ni a nadie, pero sí a la Correpi en las consignas. El Mst participó en la marcha con el ´eje´ de hostigar a los secundarios de la Coordinadora desde su inicio mismo. La marcha, además de la lucha política, puso de manifiesto que es válido defender consignas políticas que elevan la calidad de la intervención de esta formidable vanguardia estudiantil qué se esta gestando en la Coordinadora.

La decisión de establecer el 1º de mayo como jornada internacional de lucha de los trabajadores fue establecida por el Congreso Socialista Internacional reunido en París entre el 14 y el 20 de julio de 1889. La convocatoria a un Congreso Obrero y Socialista Internacional en París había sido aprobada en congresos y conferencias obreros y socialistas realizados con anterioridad, tanto franceses como internacionales. No fue posible, sin embargo, realizar un único Congreso a causa de las divergencias entre las dos tendencias fundamentales que dividían por aquel entonces al movimiento obrero francés –los llamados ‘posibilistas’, de una parte; los marxistas, de la otra. Los ‘posibilistas’ constituían el ala derecha del movimiento obrero; su programa no era socialista sino, como se decía en aquella época, ‘radical-burgués’ (hoy serían calificados como centroizquierdistas). Tenían su fuerte en las direcciones de los sindicatos. En el plano internacional, el aliado ‘natural’ de los posibilistas era la burocracia de los poderosos sindicatos ingleses. Engels, que ‘conocía el paño’, escribía así sobre los ‘posibilistas’: “esta gente es cualquier cosa menos un partido obrero. Son en germen lo que es la gente de aquí (Londres) en toda su madurez: la cola del partido radical burgués; no tienen ningún programa obrero. En mi opinión, los dirigentes obreros que se aprestan a preparar un rebaño de votantes obreros de esta clase, es culpable de alta traición” (1). El ala izquierda del movimiento obrero francés estaba constituida por los marxistas, que habían sido expulsados por los ‘posibilistas’ del Partido Obrero Francés en 1882. Engels, que a través de Lafargue (2) seguía de cerca la lucha política que se libraba en el movimiento obrero francés, propició abiertamente la escisión de los congresos: “Lafargue estaba entonces en continua correspondencia con Engels, quien —desde Londres— buscaba el aislamiento de los posibilistas y el ‘reconocimiento’ —es decir el reconocimiento internacional de los guesdistas (3) por medio del congreso disidente proyectado en París” (4). Los marxistas franceses estaban enrolados en la corriente internacional encabezada por el Partido Socialdemócrata alemán, en el que convivían elementos lasalleanos (5), marxistas y reformistas. La delimitación política internacional que se produjo alrededor de los dos Congresos obreros de París permitió al Congreso ‘marxista’ (en el que también participaban otras corrientes de izquierda) proclamar la fundación de la IIº Internacional. En el Congreso ‘posibilista’ –también conocido como ‘congreso de la calle Lancry’– estaban representadas las organizaciones sindicales de Europa en una medida que superaba ampliamente al Congreso ‘marxista’ (también conocido como ‘congreso de la calle Rochechouart’). Su representatividad, sin embargo, estaba debilitada porque no contaba con ningún representante de Alemania y, sobre todo, porque en el congreso ‘marxista’ se encontraban presentes los principales dirigentes políticos del movimiento obrero europeo: Liebknecht (6), Bebel (7) y Bernstein (8) (de Alemania), Adler (9) (de Austria), Guesde y Lafargue (de Francia). La American Federation of Labor (AFL) –la central sindical norteamericana– no adhirió a ninguno de los congresos, aunque envió representantes a ambos. Formalmente, los dos congresos aprobaron iguales principios y hasta la misma consigna central: el reclamo de una legislación internacional que estableciera la jornada diaria de ocho horas, a la que agregaban la limitación del trabajo de las mujeres y de los niños. El reclamo de una limitación de la jornada a un máximo de ocho horas había sido objeto de numerosas resoluciones sindicales y políticas del movimiento obrero de los distintos países y la reivindicación de numerosas huelgas. Las divergencias entre ambos congresos surgieron a la hora de establecer los métodos para imponer esta reivindicación. Mientras que el congreso de ‘Lancry’ no planteó ninguna medida práctica para imponer las ocho horas, el de ‘Rochechouart’ votó en su última sesión, y por unanimidad, la siguiente resolución: “Se organizará una gran manifestación obrera internacional con fecha fija de manera que, en todos los países y ciudades a la vez, el mismo día convenido los trabajadores intimen a los poderes públicos a reducir legalmente a ocho horas la jornada de trabajo y a aplicar las otras resoluciones del Congreso Internacional de París” ... “Visto que una manifestación semejante ya ha sido decidida por la American Federation of Labor para el 1º de Mayo de 1890, en su Congreso de diciembre de 1888 en Saint Louis, se adopta esta fecha para la manifestación internacional” ... “Los trabajadores de las distintas naciones llevarán a cabo esta manifestación en las condiciones impuestas por la especial situación de su país” (10). El congreso rechazó las objeciones de los anarquistas –opuestos al carácter ‘político’ de la manifestación– y el planteamiento de un delegado francés que reclamaba la convocatoria a una huelga general en todos los países. La ‘opinión pública’ burguesa no dio ninguna importancia a esta resolución. Y hasta es dudoso que los propios participantes en el Congreso tuvieran conciencia del paso histórico que acababan de dar ... algo que salta a la vista cuando se considera que llamaron a una única movilización, la que tendría lugar en 1890. La decisión de continuar manifestando todos los 1º de Mayo es posterior al Congreso de París. La lucha política por el 1º de Mayo Desde enero de 1890, los socialistas que habían tomado parte en el congreso de la calle Rochechouart se pusieron a organizar la gran manifestación del 1º de Mayo. El llamamiento central de la convocatoria al acto en Francia explicaba por qué los obreros debían luchar por las ocho horas: “La jornada de ocho horas significa lugar en el taller para los desocupados, a quienes multiplica el fatal desarrollo del maquinismo. “La jornada de ocho horas es la supresión de las desocupaciones periódicas, que os condenan cada vez más a la humillación de las oficinas de beneficencia. “La jornada de ocho horas es el fin de la competencia mortal que suscita luchas entre los obreros y permite a la rapacidad de los patrones reducir por hambre a los trabajadores ocupados en el taller por los sin pan de afuera. “Es el alza necesaria e inmediata de nuestros salarios “Pero la jornada de ocho horas constituye aún otra cosa: representa, gracias a ocho horas de sueño y ocho horas de descanso, vuestro reingreso a la vida humana, la libertad de cumplir vuestras obligaciones hacia vosotros mismos y hacia vuestra clase, que para emanciparse necesita contar con vuestra actividad constante” (11). La agitación socialista encontró un rápido eco porque la crisis industrial que se desarrollaba en aquel momento llevaba a la miseria a los centros obreros, empujándolos a la huelga. La manifestación del 1º de Mayo aparecía así como una medida de lucha práctica frente a las consecuencias de la crisis, y el reclamo de las ocho horas —la reducción de la jornada— como una solución práctica contra el desempleo. Al mismo tiempo, se libraba una dura lucha política contra los ‘posibilistas’. Jules Jolffin, uno de sus jefes, hizo esta triste declaración sobre la jornada proyectada: “estoy persuadido de que será un fiasco ... si la cuestión se hubiera planteado en nuestro congreso de la calle Lancry, yo hubiera tomado la palabra y hubiese demostrado que, vistos nuestro temperamento y los hábitos de nuestros talleres, es imposible paralizar los trabajos en medio de la semana ... no creo tampoco que la manifestación del 1º de Mayo tenga éxito en Alemania ... en cuanto a los grupos del Partido Obrero, sindicatos, círculos de estudio, etc., no se mezclarán en una barrabasada que no puede beneficiar ni a la reducción de las horas de trabajo ni a la República”. Poco después del 1º de Mayo, se produjo una escisión en la tendencia ‘posibilista’ en rechazo al carnereo de sus principales dirigentes a la jornada de lucha internacional. La movilización política por el 1º de Mayo logró quebrar las provocaciones y la represión gubernamental: en las semanas previas al 1º de Mayo fueron detenidos docenas de dirigentes y la movilzación militar y policial con que el gobierno enfrentó la manifestación no tenía precedentes en tiempos de paz. A la hora señalada, la clase obrera mundial respondió a la cita: 100.000 en París; 50.000 en Marsella; 20.000 en Lille; 6.000 en Toulon; 10.000 en Reims ; 15.000 en Calais; 35.000 en Roubaix; manifestaciones en 138 ciudades y pueblos importantes de Francia. Fuera de Francia, un paro del 10% en Alemania (bajo la ‘ley de excepción’ que proscribía a los socialistas); 40.000 en Viena; 50.000 en Budapest; 3.000 en Bucarest; 4.000 en Zurich; millares de huelguistas en Borinage y las otras zonas mineras belgas; 2.000 en Lisboa y 10.000 en Oporto (Portugal); 3.000 en Polonia; 100.000 manifestantes en Barcelona y huelga en 40 ciudades españolas; 300.000 en Londres; 30.000 en Copenhague; 120.000 en Estocolmo. Del otro lado del Atlántico, se reunieron 2.000 obreros en la lejana Buenos Aires. El 1º de Mayo ya había entrado en la Historia. Notas 1 . Carta de Engels a Bernstein, 28 de noviembre de 1882. 2 . Paul Lafargue (1842/1911). Cofundador del Partido Obrero Francés, miembro de la Iº Internacional y organizador de la Comuna de París. Casado con la segunda hija de Marx. 3 . Guesdistas: nombre que recibía en Francia la tendencia marxista en alusión a Jules Guesde, su principal drigente. Jules Guesde (1845/1922). Líder del ala marxista del movimiento obrero francés. En 1879, junto con Lafargue, fundó el Partido Obrero francés, cuyo programa, en líneas generales, fue redactado con ayuda de Marx. Firme opositor a los posibilistas y a los ‘millerandistas’ –socialistas que aceptaban cargos en los gobiernos franceses. Socialpatriota durante la Iº Guerra Mundial y ministro entre 1914 y 1915. 4 . Dommanget, Maurice; Historia del 1º de Mayo, Editorial Americalee, Buenos Aires, 1956. 5 . Ferdinad Lasalle (1825-1864). Dirigente socialista alemán. Fundador en 1861 del primer partido obrero alemán independiente —la Unión General de Trabajadores Alemanes. La política seguida por Lasalle fue criticada por Marx y Engels, aunque no de manera pública. Se oponían, en particular, a sus concepciones como economista y a sus prejuicios sobre las luchas reivindicativas y la acción sindical. Lasalle procuró obtener a través de la monarquía las dos principales reivindicaciones de su ‘Carta Abierta’ de 1863: la vigencia del sufragio universal y el apoyo crediticio estatal a las cooperativas de trabajadores, a través de las cuales —pensaba Lasalle— la economía capitalista serí poco a poco, socializada. En 1875, el partido de Lasalle —que nunca se unió a la Iº Internacional— se unificó con otra organización alemana —encabezada por Willhelm Liebknecht y Augusto Bebel, de tendencia marxista— bajo un programa lasalleano; Marx escribió una severa crítica a este programa —la famosa Crítica al Programa de Gotha. Sólo bajo una enorme presión personal de Engels, los dirigentes del Partido Socialdemócrata Alemán aceptaron hacer pública la crítica de Marx en 1891. 6 . Willhelm Liebknecht.(1826-1900). Prominente figura del movimiento socialista e internacional. Tomó parte en la revolución de 1848/49; miembro de la Liga Comunista. Diputados socialista en el Reichstag, En 1875, la unión de su organización con la de Lasalle dio nacimiento al Partido Socialdemócrata Alemán. 7 . Augusto Bebel (1840/1913). Uno de los fundadores y principales dirigentes de la socialdemocracia alemana; tornero de profesión. Fundador del Partido Obrero Socialdemócrata Alemán y líder de su ala marxista; desde 1867, diputado y desde 1890, presidente de su Comité Ejecutivo. Sufrió numerosas condenas a prisión. Fue “el modelo de líder obrero” (Lenin). 8 . Eduard Bernstein (1847/1932). Dirigente socialdemócrata alemán y desde 1878, líder del ala reformista del partido. Su Requisitos del socialismo, de 1898 se convirtió en el programa del revisionismo alemán e internacional. 9 . Víctor Adler (1852/1918). Fundador y líder de la socialdemocracia austríaca. Uno de los dirigentes del reformismo en la IIº Internacional. 10 . Dommanget, Maurice; Op. Cit. 11 . Idem

En Prensa Obrera (5/5/94) fuimos los primeros en denunciar, hace dos años, ‘el convenio negrero’ que José Rodríguez acababa de firmar con la General Motors. Denunciábamos que el burócrata del Smata era un ‘avanzado’, porque era un convenio para una empresa que no existía; “aún no tiene fábrica ni personal”. “Sólo en este terreno baldío podía José Rodríguez firmar un convenio que incorpora la ‘reforma laboral’ que todavía no pasó por el Congreso”. Efectivamente, la polifuncionalidad, el horario a gusto de la patronal, el recorte en el pago de las horas extras, la descalificación y la descategorización, y una reducción de salarios —respecto a los vigentes en la industria automotriz— caracterizaban a este convenio antiobrero. También desplazaba a la organización sindical de fábrica: los delegados de sección. El PO advirtió entonces —¡en mayo del 94!— el peligro que se planteaba para todas las fábricas mecánicas y para todo el movimiento obrero: “Se trata, qué duda cabe, de un convenio ‘modelo’ que las restantes patronales automotrices querrán imitar. Por supuesto que Rodríguez está más que dispuesto a llevar este ‘hito’ a todas las fábricas automotrices. La tarea de los mecánicos y de todo el movimiento obrero es impedir que este convenio modelo esclavista y negrero tenga vigencia en la propia General Motors”. Después vino el convenio Fiat y actualmente se está preparando el de Toyota. En los dos casos, se ha usado el mismo criterio de pactar un convenio cuando aún la fábrica no se ha instalado y los obreros no están trabajando. Ahora, las patronales de Ford, Volkswagen, Mercedes Benz, Sevel, Ciadea, se preparan para modificar sus convenios y colocarlos a la par del de la GM, Fiat y Toyota.

Los planteos programáticos del Frepaso para las elecciones de Capital, no pueden disimular su carácter ‘cavallista’. La “propuesta institucional del Frente”, para “mejorar la calidad de vida en la ciudad” (Clarín), incluye “la creación de una cobertura integral en materia de salud”, bajo la forma de un seguro de salud con una Rápita accesible”. Esto significa que se acepta la política oficial de sustituir la salud pública y gratuita por un sistema pago, que el menemismo y el Banco Mundial tienen mucho mejor elaborado que el Frepaso, con su ‘desregulación’ de las obras sociales y el hospital de ‘autogestión’. En materia de educación, propone un fondo especial educativo con un “shock de inversión” proveniente de la “renegociación de los contratos municipales”. Recordemos que el intento de recortar los contratos provocó la caída de Grosso y que, por esa razón, radicales y frepasistas acordaron la renegociación de los contratos hasta fines del ’96, para que los sobreprecios de Macri fueran pagados con impuestos a la población. O sea que La Porta y Cía. quieren descargar el financiamiento de la educación (incluida la privada) sobre el bolsillo del pueblo. El Partido Obrero plantea la triplicación del presupuesto educativo para la enseñanza estatal, gratuita y laica, sobre la base de un impuesto extraordinario al gran capital y de la eliminación de los subsidios a la enseñanza privada y confesional. Para “recuperar el perfil productivo de Buenos Aires”, los chachistas postulan “un sistema de privilegios fiscales para el empleo de jóvenes”. Notable parecido con la política menemista (modelo convenio Fiat-Smata), llamada también de “reducción de costos laborales”, que aumenta los beneficios capitalistas sobre la base de la precarización del empleo, la rebaja salarial y la superexplotación de la juventud (contratos y pasantías). La policía La propuesta frepasista en materia de seguridad y policía es “la creación de un organismo civil que intervenga en las políticas de seguridad para la ciudad y la instalación de un número telefónico para asistencia”. Pero Fernández Meijide, en una carta de lectores a Clarín (4/4), sugiere un “control cruzado” por parte de municipios, entidades intermedias y barrios. Permitiría, afirma, ‘ir hacia una policía comunitaria, saliendo de la policía militarizada”. Curiosa concepción ésta de la transformación ‘informática’ de la policía, mediante líneas telefónicas y cruce de información... La policía es la herramienta fundamental de sustento del Estado capitalista, el cuerpo armado, profesional y vertical, que defiende, mediante la represión, los intereses de la minoría explotadora contra la mayoría explotada.. Los cuerpos represivos, por esta naturaleza, no toleran ‘controles democráticos’, como lo demuestra la impunidad de todos los crímenes de ‘gatillo fácil’ y la complicidad de la justicia.

En este 1º de Mayo llamamos a redoblar la lucha por la libertad a Horacio Panario, militante del movimiento de los desocupados de Neuquén, quien no goza de los ‘fueros’ y privilegios de los asaltantes de IBM o del saqueador Angeloz para ser puesto entre rejas sin límite de tiempo por el Estado capitalista. Panario es un símbolo de la lucha de los desocupados, por eso está preso. Pero sobre Panario se ha descargado también el resentimiento centroizquierdista, que no tolera que se libre una lucha práctica contra la desocupación, porque quiere hacer de ella un negocio de sus mandantes de la llamada ‘mediana’ empresa, que se declaran dispuestos a ‘crear empleo’ sólo si antes reciben subsidios con el dinero de los contribuyentes, que son en su inmensa mayoría los trabajadores. Es lo que plantearon De Gennaro y Cía. en un reciente ‘congreso’, adonde no se les ocurrió nada mejor que invitar a Terragno y al ‘Cavallo’ Alvarez, notorios cortesanos de los grandes monopolios. Llamamos a reforzar la lucha por la libertad de Panario y por el desprocesamiento de los casi 600 activistas y trabajadores que tienen abiertas causas penales por su lucha sindical, principalmente contra los despidos masivos. Llamamos a reforzar la lucha por la libertad de Panario y por la organización de los millones de desocupados de este país, para que sean empadronados por los municipios y los estados provinciales y nacional, con la finalidad de recibir un seguro mínimo al parado de 500 pesos por mes. La desocupación en masa es responsabilidad de la clase social que dirige al país. Que ella pague por el flagelo que ha desatado, a través de un impuesto especial a sus fortunas, y para hacer cesar la competencia entre los obreros por un puesto de trabajo, porque ello contribuye a que las patronales bajen los salarios y acentúen la superexplotación.

Los trabajadores del transporte municipal de Marsella acaban de obtener una victoria muy importante. Mediante una huelga que paralizó a toda la red de transporte de la ciudad lograron hacer retroceder a la patronal, que desde 1993 contrata trabajadores con salarios un 15% inferiores al de los trabajadores ‘antiguos’ y obligados a cumplir una‘jornada anualizada’ ... que los lleva a trabajar tres horas diarias más que sus compañeros. Como se ve, la política impuesta por la municipalidad de Marsella tenía muchos de los ‘ingredientes’ del convenio Fiat -Smata. La huelga logró quebrar la diferenciación salarial —impuso un plan de igualación de los salarios entre los ‘nuevos’ y los ‘antiguos’ hasta el 1º de enero del año próximo— y acabar con la ‘jornada anualizada’ ... en favor de una jornada diaria de 7 horas. La victoria llegó después de una lucha muy larga y muy combativa. Durante sus 51 días fue una enorme batalla de clases que partió en dos a la ciudad: los explotadores unificados detrás de la Intendencia; los trabajadores marselleses, en apoyo a los huelguistas. La huelga había arrancado en diciembre, sin solución de continuidad con el gran movimiento huelguístico nacional de los trabajadores estatales contra el ‘plan Juppé’ de destrucción de la seguridad social. La ‘primera etapa’—que duró 34 días— culminó cuando la municipalidad aceptó la igualación de los salarios entre ‘nuevos’ y ‘antiguos’. Apenas se dieron un mes de ‘tregua’ y el 19 de marzo retomaron la huelga. La ‘segunda etapa’ duró 17 días y culminó con el acuerdo sobre la jornada diaria de 7 horas. Durante los 51 días de huelga, la municipalidad recurrió a la ‘policía antimotines’ para desalojar a los trabajadores que ocupaban los talleres y los depósitos de la empresa desde el comienzo de la huelga. La represión fue salvaje y la batalla encarnizada, pero aunque los trabajadores fueron desalojados, la patronal y la policía fracasaron en su intento de quebrar la huelga. La victoria de los obreros del transporte de Marsella precede a las negociaciones colectivas nacionales sobre el tiempo de trabajo en los transportes públicos.

El pomposo ’retiro espiritual’ del equipo económico en el Hindú Club colocó en primer plano la crisis del ’plan' Cavallo. Los que esperaban aun “ministro anunciando una estrategia”, dice El Economista (19/4 ), se “decepcionaron”: el equipo económico simplemente parió una nueva ofensiva fiscal, detrás de la cual se benefició a pulpos imperialistas como la Coca Cola o las multinacionales tabacaleras, que recibieron exenciones impositivas. El aumento del precio de los combustibles (que en algunos casos trepa al 7 por ciento), para “compensar” rebaja en 20 puntos de la alícuota de impuestos internos sobre las bebidas colas (alrededor de 400 millones de pesos) es un golpe fulminante al consumo popular, por el aumento de los precios en los bienes de mayor demanda de la población, como consecuencia del traslado de los nuevos gravámenes a las mercaderías. José Farré, subsecretario de Ingresos Públicos, justificó el aumento de los impuestos ‘‘para sostener la ’convertibilidad™ (Clarín, 11/4) El verdadero motivo del incremento de los impuestos internos a los combustibles es la crisis en la recaudación impositiva y el mayúsculo déficit fiscal “que desvela al ministro” (Clarín, 21/4), aunque nadie da dos pesos acerca del éxito “que pueda arrojar una nueva presión tributaria” (ídem). La famosa moratoria del verano —agrega el diario de la Noble— está actuando como timbre de alarma: más del 40 por ciento de los contribuyentes ha dejado de pagar. "Los límites de la ‘convertibilidad’ en un contexto recesivo han mostrado ser notablemente severos”, dice El Economista al referirse a los motivos que llevaron a Cavallo al aumento de los impuestos internos, una expresión más de cómo se pretende que sean las masas las que paguen la crisis.

Los trabajadores de Argentina recibimos el próximo 1º de Mayo enfrentando una profunda ofensiva capitalista, que tiene cuatro grandes ejes: - la generalización del convenio Fiat a todo el movimiento obrero, lo que significaría una rebaja generalizada de salarios del orden del 40% y una feroz superexplotación laboral; - la creciente represión contra la juventud, principalmente por medio del criminal ‘gatillo fácil’ de la policía, pero también por medio de las prohibiciones a circular durante las noches y a organizarse en los colegios; - la desocupación masiva, que habrá de registrar un nuevo récord estadístico con más de cuatro millones de desocupados y sub-ocupados; - la destrucción de la salud y de la educación para ofrecer, a costa de los trabajadores, nuevos negociados a los grandes pulpos por medio de la privatización, y para proceder a una mayor descalificación laboral de las nuevas generaciones. El Partido Obrero reafirma en este 1º de Mayo: - que el movimiento obrero debe enfrentar de conjunto el convenio Fiat por medio del reclamo de paritarias libremente electas por las bases y convenios por industria, para imponer un salario básico igual al costo de la canasta familiar y la defensa de la jornada de ocho horas. Reclamamos plenarios abiertos, asambleas generales y congresos de delegados con mandato imperativo de las bases. Que la crisis capitalista la paguen los capitalistas. - que la represión policial contra la juventud sólo puede ser enfrentada por una organización político-reivindicativa de la juventud que luche contra el capitalismo y su Estado por sus reivindicaciones, para lo cual llamamos a construir centros y federaciones secundarias masivas, masivas organizaciones de lucha de la juventud en los barrios y una poderosa organización en la Unión de Juventudes por el Socialismo; - que el combate contra la desocupación, exige la organización de masa de los desocupados para exigir al Estado el seguro mínimo al parado de 500 pesos, el que debe salir de las fortunas de los grandes capitalistas mediante un impuesto directo; - para la defensa de la salud y de la educación, llamamos a oponernos a cualquier forma de privatización y de arancelización, exigiendo que la financiación de estos rubros vitales de la vida del pueblo se financie con el no pago de la deuda externa y el desconocimiento de los negociados que se están haciendo con el ‘festival de bonos’ de la deuda pública. El avance de la ofensiva capitalista no se produce como consecuencia de los méritos que le atribuyen sus alcahuetes a sueldo, sino como consecuencia del apoyo que recibe de la burocracia de todos los sindicatos y centrales sindicales y del que le da el centroizquierdismo encarnado en el Frepaso, todos los cuales han pasado a recoger las migajas de los grandes lucros que están obteniendo los pulpos capitalistas. Por eso, en este 1º de Mayo, volvemos a proclamar la necesidad de luchar por una nueva dirección, es decir, por un gran partido obrero. La lucha contra la ofensiva capitalista tiene lugar en el marco de un gobierno financieramente en bancarrota, que sólo sigue en pie por el oxígeno que los grandes capitales y sus gobiernos le brindan en cuenta gotas. Pero esto es precisamente lo que agrava la situación de las masas y empuja a la lucha a las clases medias. Para poner fin a la crisis histórica del país hay que empezar por echar a Menem y Cavallo y abrir la perspectiva de un gobierno de trabajadores. El Partido Obrero no disimula su política sino que la proclama. El Partido Obrero repudia a la izquierda democratizante que se niega a formar un frente de izquierda y de luchadores y que se esconde detrás de ideas y de individuos sin responsabilidad política o popular y completamente ajenos a la clase obrera y al socialismo. En toda su actividad política, el Partido Obrero procura inspirar en los trabajadores y en los jóvenes la confianza en sus propias fuerzas, en una fuerte conciencia política y en la organización. La despolitización y la desorganización son las armas de los explotadores. Viva la unidad internacional de la clase obrera.

A una semana de la intervención del Ministerio de Trabajo en el conflicto de Aurora, resulta cada vez más evidente que la ‘conciliación’ sólo resultó ‘obligatoria’ para la UOM. La patronal no ha cedido un milímetro en su plan de despidos masivos y de hostigamiento a los trabajadores: de acuerdo a la resolución del Ministerio, la empresa debía abonar la segunda quincena de marzo completa el pasado miércoles 17, pero ese día, los trabajadores sólo recibieron un ‘vale’ de cien pesos. Posteriormente, la patronal envió otra tanda de 530 telegramas, reiterando el despido “con causa” (ocupación de la planta y privación ilegítima de la libertad). La patronal de Aurora pretende aplicar ‘a gran escala’ el sistema de causas penales contra los trabajadores, para deshacerse de centenares de ellos sin costo alguno, por la vía del despido con causa. Provocación Aurora, desde el inicio alegó “falta de recursos financieros”. Pero la UOM —ver artículo— acaba de denunciar que recibió préstamos por 20 millones de dólares en los últimos meses. Al mismo tiempo, los distribuidores de sus productos han reclamado por la falta de cumplimiento en las entregas. La patronal ha ‘parado’ deliberadamente la planta de Avellaneda, para desgastar a los trabajadores y concentrarse en este plan feroz de despidos masivos. Quiere “retomar la producción” sobre la base de la polifuncionalidad, del desconocimiento de las horas extras y de la antigüedad. Semejante plan de guerra sólo puede enfrentarse con una respuesta a fondo de la fábrica y de todo el gremio: Ningún despido. Abajo las amenazas penales contra los trabajadores. Pago integral de las quincenas. Ocupemos las plantas de Aurora hasta que se retrotraigan los telegramas y se garantice la vigencia del convenio y la estabilidad laboral.

La reciente suba de la Bolsa hacia arriba y la suscripción de nuevos bonos por parte de los bancos han sido tomadas como un síntoma de la salida de la recesión. Los bancos y fondos del exterior se estarían anticipando a una mayor recaudación de impuestos, al achicamiento del déficit fiscal y a mayores beneficios de las empresas. En verdad, la ‘euforia financiera’ no tiene nada que ver con la reactivación, sino por el contrario, con el agravamiento de la situación económica en su conjunto. Esta contradicción la puso de manifiesto El Economista (19/4), al señalar que “en momentos en que el gobierno está pasando por una época de vacas flacas en lo que se refiere a noticias alentadoras provenientes de cualquier ámbito, la exitosa colocación de las Letras del Tesoro a 90 días, Letes, le otorga una bocanada de aire fresco en el frente financiero”. El gobierno pudo juntar 250 millones de pesos que los bancos le prestaron al 6,92% anual, luego de recibir ofertas por casi 2.000 millones. Si le prestan al gobierno, razonaron varios ‘especialistas’, es porque los banqueros apuestan a una inminente salida a la recesión y a la salud de la convertibilidad. Pero el gobierno salió a endeudarse, ante todo, porque tiene un déficit fiscal de 500 millones mensuales, equivalente al 15% de la recaudación. “En lo que va del año Domingo Cavallo recaudó 3.500 millones de dólares emitiendo bonos en el mercado internacional” (Página 12, 21 /4), una suma que se había previsto para todo 1996. Se estima “que a lo largo de 1996 la deuda del sector público subirá en más de 14.000 millones”, cuando se preveía “un endeudamiento neto de 9.200 millones” (Página 12, 20/4). Los bancos están aprovechando la crisis fiscal para hacer negocios con la deuda pública, en momentos en que no prestan al comercio o a la industria debido a la insolvencia de estos. “El número de morosos se multiplicó alarmantemente durante el último año y el pánico cunde entre las entidades financieras, comerciales e industriales”, puntualizó La Nación del viernes 19. El monto de los créditos irrecuperables “pasó de 786,2 millones a 3.841,3 millones”, de enero 1995 a enero 1996. Los créditos normales pasaron del 71.86% a sólo el 54.64% de la suma total, en sólo un año. “Esto significa que casi la mitad de los fondos correspondientes a la cartera de créditos del sistema financiero registrada se encuentran en situaciones cuyas calificaciones van de riesgo potencial a irrecuperable” (La Nación, ídem). En esta circunstancia, “era lógico que los bancos —con la cantidad de fondos excedentes que tienen invertidos a 5,5 % anual en el mercado interbancario— aprovecharan esta operación para hacer una ganancia interesante” (El Cronista, 18/4). La reciente emisión de títulos, o sea deuda pública, en pesos, descolocó a muchos ‘analistas’ cuando recibió la calificación máxima de parte de Standards and Poor‘s, una importante calificadora de riesgos norteamericana. Pero esta calificación responde a que se ha comprobado que Cavallo emite pesos cuando lo necesita, sin respetar el régimen de la ‘convertibilidad’, lo cual dignifica una garantía de que no se dejará de cumplir con los vencimientos. “Hasta hoy el Banco Central emitía pesos sin respaldo”, ratifica Clarín (17/4), el cual agrega que “Hacienda colocaba deuda nueva en el exterior para que las reservas formales no quedasen bajo el 80% legal de la masa monetaria”. Lo que surge de esta ‘bicicleta financiera ’ es que Cavallo está obligado a ofrecer negocios a los bancos para evitar que éstos incurran en fuertes pérdidas... como consecuencia de la falta de negocios. Fuera del ‘sector público’, los bancos no tienen dónde meter la plata. De manera que se puede concluir que las ‘dificultades’ de Cavallo para bajar el gasto público y el déficit fiscal, no son tales, sino una necesidad para evitar el colapso bancario. Esta política tiene sin embargo límites muy precisos. Con una deuda externa pública y privada superior a los 120.000 millones, con una recesión profunda (“no nos engañemos, vivimos el peor ciclo recesivo de los últimos 10 años”, según Broda en Ambito Financiero, 12/4), un déficit fiscal anual de 6.000millones (“hay que descreer de las cifras oficiales. En marzo inventaron un ingreso de 120 millones de dólares el último día”, nuevamente Broda), la política cavallista se asemeja a la ruleta rusa. El contexto latinoamericano estrecha aún más los márgenes cavallistas. “Las perspectivas mexicanas son negativas... pero la nerviosa mirada de los consultores no está colocada sobre México sino sobre Brasil”, que podría “entrar en una crisis bancaria y en un default (cesación de pagos) con su deuda” (El Economista, 19/4).

Las organizaciones abajo firmantes repudian las masacres que el ejército de Israel viene ejecutando contra los refugiados de las Naciones Unidas en el Líbano, contra la población civil y contra el conjunto de la nación libanesa. Estas masacres son el resultado directo de la reciente ‘cumbre antiterrorista’ celebrada en Sharm-el Sheik bajo la dirección del imperialismo norteamericano. Convocamos a una movilización de repudio frente a la Embajada de Israel, Avda. de Mayo 701, el miércoles 24 a las 18 horas, para reclamar el cese de la agresión israelí, el retiro de las tropas y el fin de la opresión sionista contra la nación palestina. PARTIDO OBRERO- MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES- PARTIDO COMUNISTA-MOVIMIENTO AL SOCIALISMO Con este llamamiento se ha convocado a concentrarse en Avda. de Mayo y Lima, a las 18 horas, para desde allí marchar a la Embajada. Participan también Orientación Socialista y el Movimiento contra el Racismo, la Xenofobia y la Discriminación.

El pasado jueves 18, la UOM de Avellaneda convocó a un plenario de delegados “abierto”, con el propósito de deliberar sobre los “conflictos de la zona”. Belén, adjunto de la seccional, inició su informe calificando al gobierno de “antinacional, liberal y conservador”, responsable de una “política económica sujeta a los vaivenes de los monopolios”. Luego, saludó la movilización bancaria por las Obras Sociales y criticó a la conducción de la CGT. En relación al panorama de los metalúrgicos en la zona, Belén informó sobre despidos de delegados (CIMPSA), reducciones salariales (Canale) y cierres de empresas (Rioplatense) y, principalmente, los 530 telegramas de despido enviados por Aurora a sus trabajadores. Belén denunció que Aurora recibió 20 millones de dólares en préstamos de octubre hasta hoy, aunque “ la plata no se vio ni en salarios ni en materia prima”. (Para el primero de esos préstamos, según informaron en su momento los delegados de Aurora, intercedió la propia UOM seccional ante el gobierno de Duhalde). Belén concluyó señalando que la UOM Avellaneda “va a tomar medidas, y se dispone a luchar hasta el final”. Abierto el debate, las intervenciones reflejaron el clima de las principales fábricas de la zona: el delegado de Guillemi recordó que él ya había denunciado esta situación en el Congreso deMar del Plata. Caracterizó a la situación de “insostenible” y llamó a “mandatar a la directiva para la preparación de un plan de lucha”. Mato, secretario de la Interna de Aurora, caracterizó que “los delegados ya no tienen respuestas para dar ante las bases”. Luego, se preguntó si Avellaneda y Ushuaia eran las únicas seccionales con conflictos, “como si en las otras seccionales los trabajadores no tuvieran los mismos problemas”. “No somos un puñado de siglas” Uno tras otro, los delegados reclamaron la concreción de un plan de lucha. Un delegado de SIAT reclamó que ese plan se iniciara con un paro con movilización. El representante de Astra/Evangelista señaló: “la UOM no es un puñado de siglas sin sentido. Las letras quieren decir: Unión obrera. Sin la unión de los trabajadores en una sola lucha, no vamos a poder enfrentar esta situación”. El plenario resolvió un “cuarto intermedio” hasta el jueves 25, cuando la directiva seccional presentaría una “propuesta de plan de lucha”. La mesa del plenario omitió, sin embargo, cualquier planteo de lucha dirigido a la UOM nacional; esto, a pesar de tratarse de la segunda seccional metalúrgica del país, y cuando el conflicto de Aurora abarca a cuatro de ellas (Avellaneda, Capital, Catamarca y Ushuaia) y a más de mil quinientos trabajadores. ¿Al ‘congelar’ al gremio otra semana, la UOM Avellaneda quiere mantenerse dentro de los términos de la ‘conciliación’ dictada por el ministro de Trabajo, aunque la misma haya sido violada sistemáticamente por la patronal. La intervención del Partido Obrero El Partido Obrero distribuyó al plenario una declaración que plantea que “hay una salida, mediante la respuesta colectiva de los trabajadores: la UOM nacional debe lanzar un plan de lucha. Que la UOM convoque a un Congreso de Delegados con mandato de fábrica para imponer, a escala de todo el gremio, un convenio colectivo único”. Al mismo tiempo, planteamos este programa para la zona: “Ningún despido. Donde haya caída de la producción, que se repartan las horas de trabajo sin afectar el salario. Ocupar toda fábrica que cierre o despida”. Los delegados zonales tienen la responsabilidad de imponer, el próximo jueves, un plan de lucha para que la UOM deje de ser “una sigla”.

Con el final de la crisis institucional desatada en la facultad, que llevó a la renuncia de la decana Córdova “por presiones políticas de Franja”, según sus palabras, puede verse con más claridad lo que se ocultaba detrás. El Consejo Directivo, monopolizado por los radicales, acaba de votar una reestructuración de las carreras de la facultad, aludiendo a una “forma de mejorar la excelencia académica y adaptarse a los nuevos paradigmas científico-tecnológico”. Para ello se pretende unir las actuales seis carreras y los respectivos departamentos en tres áreas (dos carreras por área) y reducir como consecuencia, autoridades, personal administrativo y, en el futuro, docentes en forma masiva, además de unificar materias de las carreras que estén relacionadas, es decir, cerrar cátedras. El punto de partida de la reestructuración es que hay que, pagar una vieja deuda de 756.000 pesos y con estas medidas el Consejo Directivo pretende ahorrar unos 400.000, otros 100.000 mediante un descuento salarial a los docentes y otro tanto con el desconocimiento a las categorías de los no docentes (rebaja salarial). Y todo esto fue urdido en las vacaciones, para que nadie influyera sobre las decisiones o se organizaran contra ellas. La Franja Morada ya ha avanzado mucho en la implementación de la ley del Banco Mundial en la facultad, ya que a todo esto se suman aranceles generalizados, convenios con empresas, cupos a las materias, etc. Frente a este avance destructivo, la UJS, junto a un grupo de compañeros estudiantes, docentes y no docentes, hemos lanzado una campaña con volantes, carteles, mesas de agitación, para denunciar estas porquerías y exigir que se abran las cuentas de la facultad, para saber cómo se emplean los 12 millones de pesos del presupuesto y cómo se generó la deuda actual. Contra los despidos y las rebajas salariales. No a los cupos y cierres de cátedra. Que se discuta en asambleas la solución a la crisis presupuestaria.

Las patronales de la industria automotriz se han valido del Clarín del domingo pasado (14/4) para declararles la guerra a los trabajadores del Smata. Era previsible: sólo un ciego incurable podía dejar de ver que el convenio que la burocracia de José Rodríguez firmó con Fiat (y más de un año antes con General Motors) se aplicaría al conjunto de la industria automotriz. El convenio Fiat reduce los salarios en un 40%, descalifica a los trabajadores a la condición de ‘aprendiz’ y, entre otras cosas, liquida la jornada de ocho horas, la estabilidad laboral y el régimen de vacaciones. Junto con la jubilación privada y la modificación de la ley de accidentes de trabajo, constituye una descomunal confiscación de los trabajadores a manos de los capitalistas. Horacio Losovitz, el patrón de la Asociación de Fabricantes fue muy claro: “Aspiramos a que todas las empresas lleguen a la flexibilización lograda por Fiat”. En marzo de 1997 vencen los distintos convenios de las fábricas automotrices, por eso Clarín informa que las empresas van a “desplegar un intenso ‘lobby’ hacia mediados de año”. Rodolfo Ceretti, de Ford, “consideró que Smata... tiene que entender que las condiciones pactadas con Fiat tienen que llegar a las demás empresas”. En cuanto a Volkswagen, su gerente, Juan Kramer, dijo que para julio o agosto quiere “introducir elementos claves como la polifuncionalidad y la flexibilidad horaria”. La reducción de los salarios la dejarían para la renegociación del convenio. Pero incluso la UOM, que oficialmente declara no estar de acuerdo con las reducciones salariales previstas en el convenio Fiat, deberá enfrentar la amenaza que lanzó Jorge Aguado, director de Sevel: “Si los costos no bajan”, dijo el ex gobernador de la dictadura, “los trabajadores van a perder en definitiva la fuente de trabajo”. Cuando firmó, en 1994, el acuerdo con General Motors, José Rodríguez justificó la aceptación de la ‘flexibilidad’ laboral y la reducción de salarios que allí se establecía, con el argumento de que servía para incentivar la creación de nuevos puestos de trabajo, pero que en ningún caso ello afectaría a los trabajadores de las empresas ya establecidas. Impulsó incluso una movilización de los mecánicos para protestar contra el intento del gobierno de dictar una ley de empleo que imponía la ‘flexibilización’ a los trabajadores con antigüedad. Jorge Campbelloni, de la regional Córdoba del Smata, esgrimió la misma excusa con el convenio Fiat. Ahora les ha llegado el momento de la verdad, porque las patronales ya han dispuesto una ofensiva conjunta para extender ese convenio a toda la industria. La declaración de guerra, que en forma pública y simultánea han lanzado las patronales automotrices, justifica ampliamente que se reclame al Smata un congreso de delegados de todas las fábricas, con realización de asambleas generales en cada una de ellas, para que los trabajadores den una respuesta de conjunto. La directiva de Rodríguez no ha abierto la boca ante el planteo patronal, quizá por aquello de que quien calla, otorga. A partir de un congreso de delegados con mandato de asambleas será posible realizar la unidad con la UOM contra el convenio Fiat, superando en la lucha común la división destructiva de sus burocracias. La lucha por acabar con este convenio negrero debe ser la bandera común del movimiento obrero, porque la tentativa de aplicarlo se extiende a ramas tan diversas como el transporte colectivo o la administración pública. Al convenio negrero opongamos la reivindicación de la convocatoria de paritarias y la discusión de convenios por industria que tengan por base el salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, la defensa inconmovible de la jornada de ocho horas, la estabilidad laboral y, contra los despidos, el reparto de las horas de trabajo.

El gobernador provincial, ante la inminencia del paro de 48 horas, ha convocado a una mesa de concertación, donde plantea que se puede discutir todo excepto... la rebaja salarial, es decir, nada. El gobierno pretende dividir a los trabajadores con esta convocatoria ‘trucha’ porque al mismo tiempo que habla de ‘diálogo’ aprueba la ordenanza 1070/96, por la cual reduce la asignación de 200 a 150 pesos que percibe cada desocupado. Asignación contemplada en la ley provincial 2128, que fuera aprobada cuando los desocupados ocuparon la Casa de Gobierno. Posteriormente a esta convocatoria, el plenario provincial docente ratificó el paro de 48 horas y la movilización para el 24 y 25 de abril. Mientras, desde Cutral-Có, segunda ciudad de la provincia, por la presión de lo que prácticamente se constituyó en una asamblea popular (más de 500 asistentes), el Concejo Deliberante declaró el “rechazo total” al decreto provincial. La convocatoria del gremio docente debe extenderse al conjunto de los gremios nucleados en la coordinadora y a los privados; asambleas con los padres en las escuelas y los estudiantes, para garantizar el éxito del paro de 48 horas convocado.

La crisis política en la Universidad de Buenos Aires acaba de tener otra manifestación, como resultado del ingreso de 4.500 estudiantes a Medicina —1.500 provenientes del CPI (el curso de ingreso instaurado por el decano menemista Ferreira, de acuerdo a las facultades que le otorga la nueva Ley de Educación Superior) y otros 3.000 provenientes del CBC (el curso de ingreso establecido por el rectorado radical para todas la£ facultades de la UB A). Ferreira ha desconocido hasta ahora, olímpicamente, la resolución del Consejo Superior de la Universidad, que declaró la nulidad del CPI y hasta del fallo de un juez de primera instancia que estableció la inconstitucionalidad del artículo 50 de la ley universitaria (precisamente, el que le permitiría montar un curso de ingreso 4particular’ para Medicina). Con esto, Ferreira ha creado un hecho político consumado y puesto en evidencia la incapacidad del rectorado radical de la UBA para imponer sus decisiones. Ferreira cuenta con el amplio respaldo del gobierno menemista, lo cual explicaque el ahora ‘primerministro’ Jorge Rodríguez haya amenazado a los radicales con que los títulos de la UBA no tendrán validez en el Mercosur si la Universidad no adapta sus estatutos a la ley universitaria... como ya lo han hecho decenas de universidades de todo el país regenteadas por los radicales. Para zanjar la disputa, el gobierno cuenta con la complacencia de la Corte Suprema. Conciliación ¿Cuál es la política de la dirección radical de la UBA? Los diarios informaron sobre una serie de reuniones entre Ferreira y el rector radical. Shuberof para llegar a un ‘acuerdo’", voceros de la UBA hicieron saber de la ‘buena voluntad’ de ambas partes y de su ‘compromiso’ de respetar las resoluciones judiciales. Otra expresión, quizá más grosera, de la tendencia de la dirección radical de la UBA a la capitulación frente al menemismo, es el ‘taller’ convocado por el decano de Agronomía para debatir “alternativas que permitan modificar la actual estructura del CBC” en las facultades del área biológica (Agronomía, Veterinaria, Farmacia, Medicina, Odontología y Ciencias Biológicas de Exactas), en el que participarán los decanos de todas estas facultades, incluido el propio Ferreira. Al respecto, el decano convocante señaló que “no existe ningún reparo entre los decanos de la UBA para sentarse a discutir en una misma mesa la reformulación del CPI con el titular de la Facultad de Medicina, Luis Ferreira” (La Nación, 19/4). Los de canos del área biológica ‘no tienen reparos’ en sentarse a discutir con Ferreira porque el objetivo de la convocatoria al ‘taller’ es “promover la discusión sobre el replanteo del CBC para que cada facultad pueda tener mayor injerencia en el dictado del curso de ingreso y en el diseño de sus contenidos” (La Nación, 19/4, subrayados del PO). Los ‘motivos´ de los decanos radicales están en línea con las exigencias de la nueva ley universitaria: ‘independizar’ a los decanos y a las trenzas profesorales de cada facultad, para convertirlos en ‘gerentes de administración’ de los ‘contratos de servicios ’ y otras formas de financiación que establezca cada facultad con empresas y fundaciones privadas. Así, casi subrepticiamente, el programa de Ferreira pasa a convertirse en el programa oficial de la UBA. Limitacionismo feroz Después de haber ‘limpiado’ a más de 25.000 aspirantes al CPI, Ferreira espera ‘deshacerse*en el curso del primer año de más de 3.000 ingresantes... para dejar ‘en carrera’ apenas a 700 alumnos, exactamente la cifra que pretendía alcanzar al imponer al CPI. Por eso, con el inicio de las clases, estableció un nuevo régimen de cursado ferozmente limitacionista, con el obvio objetivo de ‘corregir’ rápidamente el ‘exceso’ de alumnos en Medicina. Se establece una nueva materia para primer año -Salud Mental-, en la cual sólo existen 1.800 vacantes; los alumnos provenientes del CBC denuncian que son discriminados en la inscripción (La Nación, 16/4). Se anulan los tumos de exámenes de mayo y setiembre. Se establece un nuevo sistema de promoción para las materias de primer año: los parciales pasan a ser eliminatorios; el recuperatorio se rendirá una semana después del parcial (y no al finalizar la cursada, como hasta ahora), de manera que si el alumno do aprueba, no podrá seguir cursando la materia. Se establece un requisito de presentismo del 80% de las materias. Con todo esto, Ferreira espera ‘descongestionar’ rápidamente las aulas. Para ‘pintar’ el ‘diseño’ de la carrera, Ferreira anunció que este año comenzara un sistema de ‘asistencia a prácticas en hospitales’ para los alumnos de primero y segundo año al que sólo podrán acceder 300 estudiantes, apenas el 6% del total de los ingresantes... pero casi exactamente la mitad de los 700 que quiere Ferreira en primer año. ¿Y el centro de estudiantes? ¿Y la FUA? El presidente del Centro de Estudiantes de Medicina, Ariel Biain, acaba de calificar como “un hecho menor” (textual, La Nación, 16/4) que “algunos ingresantes vieran con sorpresa que sólo podrían cursar el próximo año una de las tres materias de primer año” (ídem). Según Biain, “el peor de los cambios” es el cambio de la materia Semiología de anual a semestral, con la consiguiente reducción de horas de cátedra. Como semiología es una materia de cuarto año, la conclusión que surge es obvia: el Centro no considera la masacre que se viene en el primer año como ‘el peor de los cambios’... En Medicina se han concentrado todos los elementos de la crisis universitaria: el desmoronamiento de la dirección universitaria radical ante los embates del menemismo y el gran capital financiero mundial; la parálisis de la dirección universitaria, subordinada a los rectores en retroceso, y la concentración de una gran masa de estudiantes que, a contramano de todos los afanes limitaciónistas, está dispuesta a defender su derecho a estudiar.

Vandefil es una de las textiles más grandes de la zona —500 trabajadores. Ubicada sobre la ruta 5 de la localidad de Luján, esta patronal ha venido reduciendo personal e imponiendo la flexibilización laboral. Los obreros de algunas secciones han intentado enfrentar esta situación imponiendo algunas medidas de fuerza de carácter espontáneo y en reclamo de los pagos de los eternos atrasos de las quincenas, aguinaldos, premios y viáticos. Todo esto desembocó, la semana pasada, en una huelga decidida en la puerta de fábrica en el primer turno. Ante esta situación, la patronal amenazó con telegramas de despido, lo que radicalizó aún más al núcleo más activo. Tanto en la fábrica como en la delegación del Ministerio de Trabajo —que corrió presuroso hasta la misma empresa—, los trabajadores denunciaron el carácter negrero del grupo empresarial, al que desenmascararon ante toda la opinión pública de Luján. Los argumentos de la ‘crisis empresa’ fueron desmantelados por la denuncia de que la patronal era subsidiada y que sus exportaciones ya estaban cobradas de antemano con las prefinanciaciones. Al segundo día de huelga, la patronal formalizó una propuesta de pagar la totalidad de la quincena, abonar antes del día 10 de mayo la casi totalidad de los haberes adeudados, y cancelar todo para el 20 de mayo. Este planteo generó una Asamblea dentro de la fábrica, que mostró un gran ánimo combativo por parte de un nuevo activismo, boicot de parte de la Interna y la confusión de otro sector, que consideraba que ya se había conseguido lo pretendido. Aunque en Vandenfil se obtuvo una victoria y se han abierto perspectivas de reagrupamiento para los textiles de Luján y para todo el movimiento obrero zonal, la última palabra no está dicha, ya que la patronal es muy probable que no cumpla lo pactado. La dirección sindical de la AOT Luján no está planificando las medidas organizativas para profundizar la lucha, que debe prever la toma de la planta ante cualquier maniobra patronal.

Con la excusa de la desocupación (que su partido, junto al PJ, supieron generar), el diputado Nicoliche presentó, a fines del año pasado, un proyecto de ley con el cual barre en la práctica todos los convenios laborales, estatutos profesionales y de empleados públicos en nuestra provincia. En los fundamentos se refiere al alto índice de desocupación existente, pero al desarrollarlo crea las condiciones para mayores despidos, tanto en el ámbito privado como estatal. En consonancia con la tendencia general de las patronales a descartar a los obreros y empleados con derechos, con garantía de estabilidad en el empleo, con descansos y vacaciones, Nicoliche plantea crear un “seguro de desempleo” muy particular los supuestos beneficiarios del mismo, que cobrarían 200 pesos se verían obligados a prestar servicios en instituciones públicas o privadas. Los casados percibirían salario familiar, pero hasta 3 hijos y por un monto varias veces inferior al de ley. El diputado, luego de presentarse ante las asambleas de desocupados a mediados del año pasado, prometiendo legislar para los desocupados, lo que presenta es un proyecto que legisla para los modernos señores feudales, los cuales pretenden superexplotar a sus obreros y no tener ningún tipo de responsabilidad sobre los mismos. El proyecto, que también lleva la firma de la diputada Riera, o sea que forma parte de una decisión orgánica de la UCR, es peor que el convenio firmado por el burócrata José Rodríguez. Pareciera que los representantes de los distintos grupos patronales, sean éstos políticos o gremiales, están corriendo una carrera contra el reloj para ver quién logra imponer una condición más negrera de trabajo a los desempleados. Cuando el proyecto se refiere a las prestaciones que sus ‘beneficiarios’ deberán cumplir, plantea como opción no sólo el trabajo, sino que también habla de capacitación para futuras tareas, dando como ejemplo la de estibador en la futura zona franca, entre otras, y aquí también los diputados delatan su compromiso de clase, al pretender congraciarse con los futuros dueños de la torta grande de Santa Cruz (según su visión de las cosas), entregándole obreros entrenados con fondos del Estado, de hacerse realidad este proyecto. Luego, en su reglamentación, irán mas lejos y los estudiantes se verán obligados a realizar sus prácticas en las empresas, con lo cual las mismas contarán con personal dócil sin pagar un peso. El Frente de Unidad Trabajadora denuncia la intención de superexplotar a los trabajadores y fundamentalmente a la juventud, que tiene este proyecto, al tiempo que reafirma una vez más su reclamo de un seguro de desempleo de 500 pesos para todos los desocupados a partir de los 16 años. Denunciamos que está en marcha una campaña por parte de todas las patronales del país para desconocer los derechos adquiridos de los trabajadores y hacemos un llamado a organizar la resistencia ante esta ofensiva, que cuenta con el aval de los partidos patronales y la mayoría de la dirigencia gremial.

La Naranja obtuvo la minoría (20%) en las elecciones gráficas. Un hecho de exclusivo valor político, porque se trata de la representación ante un congreso que no fue convocado nunca en los cuatro años precedentes. En los talleres, la Naranja alcanzó el 26% y, en los más grandes, un 36,5%. La Verde, en cambio, obtuvo sólo un 55% en las urnas de fábrica. El resto es de jubilados, Obra Social y urnas de sede, donde el voto verde “creció” a pesar de que hubo 700 votantes menos que en el 92. El 30% del total de la burocracia (1.226 sobre 4.000) emanó del aparato y jubilados. La gran movilización de 77 fiscales naranjas circunscribió la posibilidad de fraude a la sede. Allí, el Ministerio de Trabajo convalidó que activos y jubilados voten sin recibo de sueldo, lo que dejó fuera la posibilidad de controlar el padrón de votantes. Pero la tentativa de fraude más aberrante fue la acción conjunta de burocracia, ministerio y patronal para que no vote el 4º turno de Atlántida, batalla que terminamos de ganar a la madrugada del sábado, después de neutralizar un último intento del presidente de la Junta Electoral de impugnar toda la urna. Triunfamos en una decena de talleres, entre los que se destacan Unión, IVISA, Ministerio de Educación, Alfa Beta e IRSISA, además del plebiscitario 80% de Atlántida —contando los 25 fiscales que salieron del taller. Otra decena de empates (Perfil, Negri, Diario Popular, Russ, etc.) completan los mejores resultados antiburocráticos, con progresos importantes en Muresco, Impresora Americana, Estrada, Rioplatense, entre otras. Con todo, la burocracia hizo una gran elección, luego de cuatro años de entrega. La Naranja retrocedió 2 puntos respecto del ’92 y la Verde se quedó con el porcentaje de la disuelta Violeta (8,5%). El incontrastable progreso naranja en los cuerpos de delegados —Perfil, Unión, Rotográfica Argentina, Estrada, IVISA, Zupan, B. Amorosi, Morvillo— no se tradujo en un crecimiento electoral. Al punto que en Perfil, 10 días después de ganar la interna por 7 a 3, empatamos la general. En cierto grupo de talleres (Lenci, Prensa Médica, B. Amorosi, A. Blank), propensos a votar a la Naranja, se impuso el miedo a quedar marcados ante el aparato sindical, asociado a las amenazas patronales. El problema crucial de esta elección es que el “perfil bajo” de Ongaro, que integra la CGT menemista sin aparecer en los núcleos centrales del menemismo sindical, crea la sensación en la base de que esta burocracia sería una víctima más, impotente para detener la ofensiva capitalista. Es en este cuadro que se valoró el crecimiento de los aranceles de la Obra Social como “un mal generalizado”, como los peajes o las tarifas telefónicas. La caída de la Naranja en Diarios, al 25%, donde triunfamos en el 88 y sacamos un 40% en el 92, es indicativa de las derrotas de este sector y Ongaro pudo captar la base centroizquierdista que hoy gira hacia el Frepaso en los sectores más calificados del movimiento obrero. A esta confusión aportaron delegados frepasistas y ex morenistas enrolados en la “izquierda” de la Verde, tan vieja e infructuosa como el ongarismo mismo. Los nuevos activistas que surgen en las internas, los delegados que integraron la Naranja y los que la apoyaron desde afuera, en cambio, son una extensa base de crecimiento del clasismo en el gremio. De lo expuesto surge que el 20% está concentrado en el sector más obrero y en los epicentros de las luchas, y se trata de una preparación de fuerzas del gremio gráfico para librar la batalla contra el convenio Fiat-Smata, que Ongaro intenta e intentará imponer en el sindicato como un vulgar José Rodríguez

Entre el gobernador de Córdoba, Ramón Mestre, y la recientemente electa conducción del SEP, acaba de sellarse un pacto. Como Mestre dijo que no está en sus planes derogar la estabilidad del empleado público, el SEP suspendió en respuesta las medidas de fuerza. ¿Es que acaso el gobierno dio marcha atrás? Nada de eso. Ocurre que la ‘estabilidad’ no es el primer objetivo del plan del gobierno. Mestre pretende reemplazar la ‘emergencia’ actual, que ha reducido la jornada laboral y los salarios en el orden del 40 y 50%, por un nuevo estatuto que ‘flexibilizaría’ tareas, reduciría la jornada laboral , fijaría criterios de ‘productividad’ y rebajaría los salarios a partir de un nuevo piso de 200 pesos al mes, unificando todas las escalas actuales en cinco o seis categorías, con carácter permanente. Desde el inicio de la ‘emergencia’ fueron cesanteados más de 5.000 contratados, y aún está pendiente la situación de otros 500. El gobierno está transfiriendo hospitales y centros de salud a las intendencias. Luego de esto. el tema del plantel no es el primer punto de la agenda de Mestre, aunque llegado el momento condicionará la ‘estabilidad’ al cumplimiento de los objetivos de ‘productividad’. Los estatales ya están en el mismo barco que los metalúrgicos y mecánicos, el convenio Fiat. La política de conciliación de Pihén no puede ofrecer nada. Llamamos a luchar contra el plan del Banco Mundial y a reclamar y organizar plenarios abiertos de delegados y activistas.

Siete meses pasaron desde la última gran movilización, bancaria, cuando 15.000 compañeros ganaron las calles contra la destrucción del ISSB. La marcha realizada el 10 de abril, fue muy masiva: entre 6.000 y 9.000 compañeros, según los distintos cálculos, pero apreciablemente menor. Vale la pena preguntarse: ¿por qué? La respuesta es una sola: la política de la burocracia no apunta a generar un proceso real de movilización, sino a concretar una alianza con un sector del gobierno (Menem y el ala ‘política’) y también de la patronal (los bancos chicos y medianos). Los hechos son claros: el zanolismo acompañó la intervención de Alderete al frente del ISSB, designó dos asesores gremiales (Peralta y Ruffino), obligó a levantar las tomas y canceló todo tipo de movilización desde octubre a esta parte. Sus consignas también son transparentes al respecto, y lo mismo los discursos en la última marcha: “...estamos de acuerdo en la transformación —léase despidos masivos— pero no en la política de tierra arrasada” —léase lleguemos a un acuerdo con el gobierno que le permita a la burocracia salvar la ropa... y sobre todo algo de los fondos. No sólo eso: Zanola ya abandonó la consigna de defender el 2%, reclamando el mantenimiento exclusivo del 1% que le corresponde a la obra social bancaria (el otro 1%, el Anses lo redistribuía entre otras obras sociales). La burocracia encara la lucha por la defensa de las obras sociales como un maniobreo para salvar su tajada de beneficios. Estos siete meses de desmovilización no pasaron gratis para los bancarios: miles de compañeros del ISSB tuvieron que acogerse al despido ‘voluntario’, se suspendieron los reintegros por los gastos de los afiliados, se eliminaron los médicos y odontólogos de zona, las farmacias siguen sin atender las recetas, etc... Es decir, la intervención ya está liquidando al ISSB, sin esperar a que el 1º de julio entre en vigencia la suspensión del aporte patronal. El manifiesto firmado por varias gremiales opositoras (entre ellas el Patricios, el Credicoop, el Mayo, el Tornquist, el Boston) fue muy bien recibido entre los compañeros, precisamente porque fue la única voz que planteó en el marco de la lucha una política contraria a la de la burocracia. La Lista Naranja va a llevar adelante la propuesta de convocatoria, con todo el trabajo y la preparación necesarios, de un Encuentro abierto de comisiones gremiales, agrupaciones y activistas. En ese sentido, la popularización y debate de la consigna de PLAN DE LUCHA DEBATIDO EN UNA ASAMBLEA GENERAL DEL GREMIO BANCARIO empieza a ser una de las necesidades del momento y debe ser asumida por el conjunto de la oposición. La CGI del ISSB acaba de hacer un llamamiento a discutir cómo seguimos adelante con la movilización. Esta será la propuesta de la Naranja.

Se realizó en Neuquén el paro y la movilización más importante de las realizada hasta la fecha contra los decretos de rebaja salarial y la ola de intimidaciones y amenazas desatadas en la provincia. Más de 5.000 compañeros, entre estatales, docentes, y a estudiantes se concentraron sobre la Ruta 22 y Avda. Olascoaga cortando el tránsito por casi dos horas. Al punto de concentración confluyeron 4 columnas, que marcharon previamente desde distintos puntos de la ciudad. Tres columnas compuestas por docentes y estudiantes marcharon desde el Parque Industrial y Centenario, la zona del aeropuerto y de la confluencia, mientras que la restante, constituida por trabajadores estatales (la menos numerosa) recorrió el centro de la ciudad. Una vez nucleados en la concentración tras la bandera de la Coordinadora de Estudiantes Secundarios, nuevamente la columna estudiantil pasó a ser una de las más numerosas de la marcha. Se marchó en primer lugar hacia la Legislatura provincial, donde en el marco de una densa humareda por la quema de cubiertas a escasos metros de la puerta, los dirigentes del CTA veían fracasar su maniobra de que los presidentes de los distintos bloques de diputados dirigieran su palabra a los trabajadores movilizados. Fracasaron porque prácticamente todos los diputados estaban, junto al gobernador de la provincia, en... los actos del aniversario de la policía provincial. En medio de un fuerte dispositivo montado por la brigada antidisturbios, sólo a dos diputados que accedieron a ‘dar la cara’ ‘encontraron’ los dirigentes del CTA: uno del Frepaso y otro del partido provincial. El diputado del Frepaso inició su discurso planteando que el proyecto de ley presentado por los gremios (de derogación de los decretos) recién tomaría estado parlamentario el próximo mes de mayo, lo que originó una fuerte silbatina y abucheos, mientras que a gritos se le exigía que tome posición frente a los decretos y las privatizaciones. En forma muy ambigüa, el máximo referente del Frepaso en la región intentó explicar que su organización proponía proceder a una “transformación”, “reestructuración” de las empresas provinciales, lo que dejó al desnudo el doble discurso de los frepasistas, terminando de rematarla cuando aseguró que su partido “no impulsa la derogación de la Ley Federal de Educación”. Esto provocó una indignación generalizada y el retiro de la movilización; el diputado terminó “pidiendo respeto” y hablando prácticamente solo. La masiva columna, luego de recorrer el centro de la ciudad, llegó a Casa de Gobierno. Allí se exigió que una delegación (compuestas por los representantes de los gremios nucleados en la Coordinadora de Gremios y por dos estudiantes de la Coordinadora Secundaria) fuera recibida por un funcionario. Ante el intento de la policía de impedir el paso de la delegación, se inició una fuerte presión por parte de los compañeros, por momentos, la puerta de Casa de Gobierno estuvo a punto de ser derribada, fueron desplazados algunos policías e ingresó la delegación. Reunidos con la secretaría general de la Gobernación, la delegación no obtuvo ninguna respuesta (“solamente ironías y chicanas”), tal como lo destacan los medios de la región. Una vez en el exterior, los delegados estudiantiles denunciaron la actitud prepotente y soberbia de la representante del gobierno quien, en el transcurso de la reunión, llegó a acusar a los dirigientes de la Coordinadora Estudiantil de “tener un cassette en la cabeza” por su reclamo de que se deroguen los decretos, incluyendo el 215, que “prohíbe el retiro en las horas libres”. A su vez, la dirigente del gremio docente provincial expresó “que ante la intransigencia del gobierno era necesario profundizar el plan de lucha hasta lograr la derogación de los decretos”, ratificando el paro de 48 horas convocado por el gremio docente para los días 24 y 25 de abril con “vigilia” frente a la Casa de Gobierno. 19 de abril, nueva marcha contra las amenazas Ante la amenaza de la colocación de un bomba en la facultad de Humanidades de la Univesidad Nacional del Comahue, nuevas amenazas telefónicas y contra la aplicación de amonestaciones y diversas sanciones a los chicos que se organizan en los colegios, se realizó una nueva marcha en la que participaron alrededor de 1.000 compañeros, la gran mayoría estudiantes secundarios. La marcha se dirigió al comando de la VIª Brigada, custodiados por efectivos de la Policía Federal. La indignación estudiantil se expresó duramente contra la policía y el ejército, reflejada en consignas como: “Lo mataron a Carrasco, lo mataron a Ramírez (joven asesinado por la policía de Neuquén), los milicos y la ‘yuta’ sólo saben matar pibes”. La columna se desconcentró en el monumento a San Martín, donde se leyó un documento responsabilizando al gobierno provincial por la inseguridad de la población.

En PO Nº 487 informamos sobre la organización, programa y actividades de los desocupados de Barrio Argentina. En la segunda asamblea, el 31 de marzo, a pesar del mal tiempo y la lluvia persistente, la concurrencia fue mayor —más de 50 vecinos— y también mayor fue el debate, ya que un integrante de la comisión (Frepaso) intentó infructuosamente levantar el programa votado en la Asamblea anterior. Vázquez (Frepaso) informó a la Asamblea el “documento” girado a los miembros integrantes de la comisión de desocupados, que: 1) Desconoce la organización de los desocupados, al plantear la formación de un ente entre el gobierno, los empresarios, la Iglesia, los sindicatos y los inversionistas, etc. 2) Encubre el subsidio a las empresas privadas y públicas, detrás del reclamo “reactivación de la obra pública y privada”. 3) Cambia la consigna de 500 pesos a los desocupados a partir de los 16 años, por el reclamo de que se repartan... comida y útiles para los desocupados y sus hijos. La comisión desenmascaró estos planteos, explicó su rechazo y llamó a defender el programa votado. La organización se extiende Un grupo de vecinos lindante al Barrio Güemes convocó el pasado 14 de abril a una asamblea de desocupados, a la cual concurrieron más de 40 vecinos. Se formó una comisión y se votó el mismo programa que en Barrio Argentina. En posterior reunión de enlace de comisiones, nos enteramos que el Frepaso estaría convocando a otra Asamblea con ‘su’ programa en el Güemes. Se resolvió recorrer el barrio con el petitorio, volantes y megáfono, dando a conocer la comisión y el programa, convocando para el 21 de abril a la Asamblea del barrio San Mauro, donde se formaría otra comisión. Los ‘demócratas’ frepasistas se revelan como lo que son, divisionistas del movimiento obrero y se cagan en lo resuelto en la Asamblea; para colmo, vienen con un libreto plagiado al menemismo y harto impotente. Ataque en regla El intendente justicialista Infanzón ha “privatizado” el cobro de las deudas impositivas a los contribuyentes de Berazategui, creando un negociado para un grupo de abogados, que cobrarán sus honorarios por intimar a los morosos, que ascienden a más de 35.000, 52% del total. Ejemplo: por una deuda de 3 años de 450 pesos, reclaman 2.000 pesos entre honorarios e intereses. Los honorarios son de 600 a 800 pesos, a esto hay que sumarle el masivo corte de servicios que los vecinos vienen sufriendo por verse imposibilitados de pagar. Hay una salida Para reactivar la obra pública y privada; * Subsidio de 500 pesos a todos los desocupados a partir de los 16 años. * Aumento salarial a trabajadores y jubilados. * Eximición de impuestos a jubilados y desocupados. * No al corte de servicios a jubilados y desocupados. * Por impuestos progresivos a las ganancias capitalistas. ¡Que la crisis la paguen ellos! Así lo entendimos, así lo votamos.

Un juez cordobés acaba de pedir al Senado el desafuero de Angeloz para enjuiciarlo por enriquecimiento ilícito durante sus varios mandatos como gobernador de Córdoba. Pero lo que para el juez es “semiplena prueba” de aprovechamiento indebido de los fondos públicos, para la ciudadanía cordobesa es “sentencia firme” desde hace mucho tiempo. Angeloz jamás pudo hilvanar una defensa del origen de la monstruosa fortuna que amasó en diez años. Es importante, por eso, poner de relieve que el enjuiciamiento de Angeloz es fruto de un operativo político. La causa se inició a partir de las denuncias de la Asociación Bancaria y la Coordinadora de Gremios Estatales. Las burocracias de estos sindicatos fueron claves para desarmar la lucha de los trabajadores contra la sanción de la ‘ley de emergencia’ de Mestre y son, hasta el día de hoy, un puntal de su gobierno y del clero. El proceso produjo una crisis en las filas del radicalismo, entre los restos del ‘Estado angelocista’, un ejército de funcionarios alimentado por la ‘caja chica’ de los bancos provinciales, DIPOS (Obras Sanitarias), EPEC y la Caja de Jubilaciones, y el gobierno mestrista. Mientras el grueso del aparato partidario (con Angeloz) jugó todas sus fichas a lograr el desestimiento sucesivo de los jueces a cargo del proceso (lo que lograron con el juez Pescetti), el mestrismo se empeñó en que la causa siguiera. El objetivo fue tener al angelocismo en calidad de rehén político y producir el reemplazo ‘ordenado’ de los angelocistas de los primeros puestos públicos del Estado. Este tironeo aun sigue en pie. El enjuiciamiento de Angeloz le conviene al mestrismo para amparar en la ‘honestidad’ su ataque al movimiento obrero y a la salud y educación públicas.

Quiero dirigirme a todos los compañeros del partido, a los simpatizantes y a los lectores de Prensa Obrera, pero en forma particular a los compañeros delegados de fábrica, para contarles mi experiencia en la campaña de suscripciones de Prensa Obrera. Trabajo en una fábrica plástica de la zona norte del Gran Buenos Aires, donde soy miembro de la comisión interna. La empresa tiene 80 trabajadores, 30 de ellos son contratados, a los cuales no les planteé suscribirse por el grado de inestabilidad laboral de los compañeros y por temor a comprometerlos y que puedan ser sancionados o despedidos. De los 50 compañeros efectivos, 12 ya aceptaron y pagaron la suscripción, y tengo 5 compromisos para la próxima quincena, faltando discutir el tema con muchos compañeros; puedo decir que la respuesta es excelente. En la fábrica, algunos compañeros compran Crónica o Clarín y estos diarios después se reparten para leer las noticias del día. Para suscribirlos, yo les explico que Prensa Obrera no sólo trae las noticias actuales sino que fundamentalmente hace pronósticos sobre la situación de los trabajadores, previniéndonos y ayudándonos a organizarnos contra el ataque de las patronales y el gobierno. Pongo tres ejemplos a los compañeros de esto. El primero es la campaña, que con mucha anticipación, hicimos de la jubilación privada, que después fue verificándose cuando vinieron las AFJP a la puerta; esto fue visto por pocos compañeros, porque aún no pasaba muchos periódicos en la fábrica. El segundo ejemplo que doy es el de la privatización de la salud; acá me ayudó mucho que anteriormente había vendido a 50 centavos 30 folletos editados por Prensa Obrera, además, en el último plenario de delegados nos venimos a enterar que la dirección de nuestro gremio se unió con tres gremios más y una empresa norteamericana, arancelizando toda nuestra Obra Social y sacándonos los actuales consultorios, lo que levantó una ola de indignación en la planta. El tercer ejemplo que doy para la suscripción es el de la campaña Fiat-Smata, pues cuando empecé a comentarlo y a explicarlo nadie lo conocía, hasta que apareció en el Clarín que querían hacer lo mismo todas las patronales. En nuestra fábrica la empresa pretendió hacernos una rebaja salarial, disfrazada de ‘turnos americanos’, donde querían eliminar los sábados, domingos y el pago de las horas extras, que rechazamos. Explicando que el periódico sirve para no dejarnos sorprender por los patrones y para armarnos en la lucha contra la explotación, he tenido una muy buena respuesta, que pienso que llevándola adelante en fábricas mucho mayores que la nuestra, nos puede dar un gran resultado en la campaña de suscripciones.

Más de 20 campesinos sin tierra, entre los que se cuentan mujeres y niños, fueron asesinados por la Policía Militar en el amazónico estado de Pará; otros 60 fueron heridos, muchos de ellos de extrema gravedad. Varias decenas se encuentran ‘desaparecidos’ y se teme que hayan sido asesinados en plena selva. Todo esto según las propias cifras oficiales; los dirigentes del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierras (MST) denunciaron que el número de víctimas sería todavía mucho mayor. La matanza se produjo cuando una pacífica columna de 1.500 campesinos que se dirigía hacia la capital del estado con la intención de entrevistarse con el gobierno estadual y el instituto encargado de la ‘reforma agraria’, fue cercada por la Policía Militar. Los campesinos fueron fusilados en medio de la noche con ametralladoras y armas pesadas. Las evidencias y testimonios desmintieron inmediatamente la ‘historia oficial’, según la cual los policías habrían sido ‘agredidos’ por los sin tierra. Muchos cadáveres han sido destrozados por disparos realizados a corta distancia con armas de grueso calibre y, según la propia información oficial, al menos diez presentan disparos en la nuca o en la espalda efectuados a menos de un metro de distancia. Los muertos presentan un promedio de cuatro balas, algo que difícilmente ocurra en un ‘enfrentamiento’. Varios testigos y sobrevivientes denunciaron que uno de los dirigentes regionales del MST fue acribillado por los policías después de haber sido detenido, esposado y apaleado. La masacre de Pará es la respuesta ‘oficial’ de los latifundistas a la creciente movilización de los ‘sin tierra’. En el mismo momento en que la Policía Militar asesinaba a los campesinos en Pará, se registraban en todo el país 967 ocupaciones y conflictos por la tierra, algunos de enorme magnitud, como la ocupación de una gran estancia (80.000 hectáreas) en Río Bonito de Iguazú por 7.500 colonos. Al amparo de la impunidad ‘democrática’, se sistematiza el asesinato indiscriminado de ocupantes de tierras —y la matanza selectiva de sus dirigentes y abogados— a manos de la Policía Militar y las ‘guardias blancas’ armadas por los latifundistas: en los últimos diez años han sido asesinados más de 1.000 campesinos, algunos en carnicerías tan resonantes como la ocurrida en agosto pasado en Rondonia. Ninguno de los responsables, instigadores o ejecutores de estas masacres ha sido sometido a juicio; mucho menos, condenado. Los dirigentes del MST denuncian que bajo la cobertura de la ‘democracia’ existe una planificada política de exterminio de los sin tierra. El gobierno de Cardoso ha intentado ‘despegarse’ de la masacre pero su responsabilidad es evidente. Porque permitió que los masacradores actuaran impunemente una y otra vez y porque su publicitada ‘reforma agraria’ ha resultado ser un completo fracaso. Durante la campaña electoral, Cardoso prometió asentar a 40.000 familias por año; a ese ritmo, tardaría más de un siglo en asentar a las casi cinco millones de familias sin tierra. Pero Cardoso no ha cumplido ni siquiera con esa promesa miserable: en 1995 fueron asentadas apenas 5.000 familias... El propio presidente del Supremo Tribunal Federal, José Sepúlveda Pertence, debió reconocer que “al gobierno le falta voluntad para ejecutar una verdadera reforma agraria y para prevenir las violaciones de derechos humanos por parte de los organismos de seguridad” (Clarín, 21/4). El motivo de la ‘falta de voluntad’ oficial obedece a que los gobiernos estaduales y los de los municipios rurales son dependencias directas de los latifundistas, que ejercen un poder de veto en la designación de gobernadores, alcaldes, jueces, diputados y jefes policiales; la bancada ‘ruralista’ cuenta con más de 150 diputados y el propio Ministerio de Agricultura federal está en sus manos. Cardoso gobierna en alianza con el derechista y ‘ruralista’ PFL. Las 180 millones de hectáreas que, según el MST, podrían expropiarse de las 400 millones de hectáreas cultivables, bastarían para resolver la cuestión de los sin tierra. Los recursos necesarios para hacerlo son insignificantes: según el propio Banco Mundial, bastaría con una suma equivalente al 0,7% del PBI para acabar con la marginalidad de 17 millones de campesinos sin tierra y ‘favelados’ (habitantes de las ‘villas miseria’) (Folha de Sao Paulo, 21/4). Las limitaciones que enfrenta Cardoso no son de fondos sino de clase: acaba de gastar el triple de esa suma en el rescate a sus bancos... La masacre de Pará, como antes la de Rondonia, ponen en claro la completa incapacidad de la ‘democracia’ para dar la tierra a los campesinos, por la sencilla razón de que la ‘democracia’ es el régimen de los latifundistas y de sus bandas armadas.

La campaña de suscripciones a Prensa Obrera incluye la posibilidad de una suscripción adicional a la revista En Defensa del Marxismo, por un total de 30 pesos al año, lo que significa 47 periódicos y 8 números de la revista. Con relación a ésta tenemos la información de que se han superado las cien suscripciones, lo que revela el interés de los activistas y de la juventud por las cuestiones teóricas. Que se ponga de manifiesto no significa necesariamente que nos debamos sorprender, ya que es lógico que el agravamiento constante, no ya de la situación de las masas, sino de las dificultades políticas de la clase obrera para ponerles remedio, obligan a un sector cada vez más numeroso de luchadores a replantearse gran cantidad de asuntos y a procurar ir a las raíces de los problemas. Lo que hay que destacar es que estos compañeros esperan encontrar en En Defensa del Marxismo la respuesta a las cuestiones apremiantes de programa, seguramente porque ya han podido aquilatar por medio de la experiencia la calidad de la política del Partido Obrero.

Hace poco menos de dos meses, la Central Obrera Boliviana declaró una huelga general acompañada de ayunos masivos, para oponerse a la privatización de YPFB y de las jubilaciones y para reclamar un petitorio salarial. La huelga en ningún momento logró paralizar al país, ni tampoco impulsar la ocupación de los campos, refinerías e instalaciones petroleros, gremio que ocupaba un lugar estratégico en la lucha. La burocracia de la Federación de Petroleros logró un entendimiento con el gobierno para no privatizar algunos ductos y refinerías, a lo cual se llegó muy rápidamente dado que el interés principal de la privatización pasaba por el control del negocio gasífero de Bolivia a Brasil. Algunas semanas más tarde, el gobierno logró que levantara la huelga el gremio de la salud, aun sin reconocerle el pago de los días caídos. Al final, la COB no se limitó a levantar la huelga y dejar en pie la perspectiva de reanudar la lucha por las reivindicaciones, sino que firmó un acuerdo con el gobierno, que por supuesto no satisface ninguno de los reclamos e impone la casi totalidad de los planteos oficiales, pero que restablece la colaboración entre la COB y el Estado. Este cierre de la huelga tipifica una clara traición política. Los aumentos salariales que se acordaron fueron los ofrecidos por el gobierno, el cual descontará los días de huelga cuando éstos no sean compensados con trabajo adicional. La cuestión fundamental es que no hubo una real huelga general y que en ningún momento la lucha escapó a los límites trazados por la política de la burocracia de la Central Obrera, muchos de cuyos dirigentes son también dirigentes de partidos que pertenecen a la coalición de gobierno. Durante la huelga se produjeron manifestaciones masivas e incluso un sector combativo ganó la dirección del importante sindicato de la metalúrgica Vinto, de 3.000 obreros, el cual, sea dicho, no firmó el levantamiento de la huelga. Pero este empuje popular no se materializó en organizaciones de base que escaparan a la dirección de la burocracia, ni en el surgimiento de nuevas direcciones. Parece ser que las consignas referidas a una nueva dirección y a la formación de organismos que respondieran a las masas en lucha, estuvieron ausentes. También se recibe la impresión de que los luchadores bolivianos han mistificado el método de la huelga de hambre masiva, que por norma general refleja la debilidad política de las masas combinada con la desesperación. Dos jubilados murieron como consecuencia de las huelgas de hambre, sin que ello hiciera pestañar al gobierno. En lugar de ver cómo ayudar a las masas a darse una nueva dirección en medio de la lucha, se produjo en la izquierda boliviana un principio de debate sobre la consigna de la COB al poder, sin percibir que la dirección de la COB y de la mayoría de los sindicatos eran el principal obstáculo, no ya para tomar el poder, sino para ganar la huelga reivindicativa. En Bolivia pareciera que “el pasado oprime el cerebro de los vivos”, como si cualquier conflicto importante entre las clases no pudiera ser más que una repetición de la revolución de 1952. La unidad del movimiento sindical en la COB es respetada religiosamente, porque se cree que sus ‘ampliados’ son una especie de soviet nacional; por eso, ni las direcciones más combativas impulsaron la superación de la dirección cobista durante la fase más activa de la huelga. Durante la huelga se puso en evidencia un fortalecimiento del Condepa, un partido sin programa, tradición o principios, que refleja el largo desmembramiento que ha venido sufriendo el nacionalismo boliviano. El Condepa ha usado en forma demagógica la oposición a la privatización de YPFB, y más especialmente, a la entrega de los ferrocarriles a una empresa chilena. La demagogia anti-chilena también mostró las debilidades de la huelga y sirvió para desviar la atención de la entrega petrolera. El Condepa no es una alternativa de recambio de la burguesía, porque se trata de un conglomerado aventurero, pero su fortalecimiento durante la huelga, o mejor, a medida que la huelga entraba en un callejón sin salida, demuestra que las masas del altiplano aún deben madurar para poder alcanzar el estadio de una acción revolucionaria. Un periodista boliviano caracterizó descuidadamente al gobierno de ese país, en un artículo en uno de los principales diarios, como “un gobierno débil con un programa fuerte”. Si el periodista hubiese explicado la fuerza de ese ‘programa’ por el respaldo que le prestan la casi totalidad de los partidos, no digamos ya del que recibe del imperialismo y la burguesía nativa, habría dado en el clavo de la situación política de Bolivia, la cual demuestra que incluso un gobierno ‘débil’ puedar llevar adelante toda la ofensiva capitalista cuando está ausente una fuerte vanguardia obrera y un claro programa político de los explotados. No siempre la existencia de gobiernos burgueses ‘débiles’ debe ser interpretada como sinónimo de una situación revolucionaria; incluso puede ser interpretada como un ‘lujo’ que se da el imperialismo cuando no existe la perspectiva inmediata de que se creen esas situaciones revolucionarias. Lea en En Defensa del Marxismo •Sobre la caracterización de la situación revolucionaria• “Un ‘comité de enlace’ que apoya a los frentes populares y disemina la confusión”, por Jorge Altamira, nº11, abril/96.

Se ha producido un salto en la venta de LA CALDERA, la revista de la UJS. Al llegar a su número 12, se rindieron 2.500 ejemplares. Luego de algo más de un año de su aparición, podemos decir que LA CALDERA tiene una presencia nacional entre la vanguardia de la juventud. Más de 80 en Tucumán; 120 entre los secundarios rosarinos y de San Lorenzo, que la agotaron; 305 entre secundarios y universitarios platenses, que largamente triplicaron la venta al calor de las luchas estudiantiles contra la policía; otras 80 en Córdoba. LA CALDERA llega a decenas de colegios del interior y a decenas de barrios que se organizan y luchan contra la destrucción de la educación pública y de la propia juventud reprimida y explotada. En Capital Federal se superaron 1.000 Calderas; se destacan el Nacional Buenos Aires, Mariano Moreno, Pellegrini, Pueyrredón, Otto Krause, Fader, y también en los CBC, la UTN y en las universidades de Filo, Arquitectura y Socio. En el Gran Buenos Aires, las también casi 1.000 Calderas reflejan una gran llegada a la vanguardia, que está poniendo en pie los centros de estudiantes en los colegios del conurbano, destacándose San Martin con 250, Norte con 150, Varela-Berazategui con 110 y Morón con 100. Como resultado, la dirección de la UJS amplió las páginas de LA CALDERA para dar cabida a una página exclusiva de las luchas provinciales. LA CALDERA avanza con el desarrollo de la UJS. Los objetivos para LA CALDERA número 13, que acaba de aparecer, son llegar a las 3.000 y a las 5.000 para el Congreso Nacional de la UJS de mediados de año. La campaña de suscripciones del partido debe estar ligada al aumento de LA CALDERA. Incentivando la lectura y la formación de los jóvenes, promovemos que a todo compañero de la juventud que se suscriba al PO se le entregue en forma gratuita por un año LA CALDERA. Elevar la calidad de la lectura, es elevar la calidad de la lucha política por construir una UJS de masas, que es uno de los grandes objetivos del póximo congreso juvenil.

El proceso político paraguayo ha tomado un ritmo vertiginoso. La movilización campesina del 15 de marzo fue precedida de continuas movilizaciones y de un importante movimiento de ocupación de tierras. Una de las consecuencias de este movimiento, que ya anuncia otra movilización para mayo, fue el desplazamiento del ministro de Agricultura. El 28/3, la Huelga General paralizó al país por 2 días (el viernes 29, día siguiente a la huelga, Asunción estaba literalmente ‘muerta’). La huelga tuvo un acatamiento del 100% en la docencia —aunque tres sindicatos no llamaron a parar—, transportes, bancos, empresas públicas y centros de salud; superior al 90% en el resto y fue acompañada por los campesinos con cortes de ruta. Pero no son éstas las únicas manifestaciones de la agudización de la lucha de clases en el Paraguay. En el medio, la designación por “concurso” de una directora ligada al Partido Colorado en el Centro Regional de Educación de la ciudad de Concepción, generó un masivo repudio de la población y una batalla campal entre los manifestantes (2.000) y la policía, que terminó con medio centenar de heridos, pero que impidió su asunción en el cargo (ABC, 22/3). El día de la huelga, el gobierno ordenó el acuartelamiento militar. Y la masiva movilización de trabajadores, que realizaron un acto en el centro de Asunción, fue ‘contrarrestada’ con el anuncio de “marchas administrativas” de unidades castrenses coincidentes con el paro, dispuestas por el general Lino Oviedo (diario Norte, 29/3). Para la movilización campesina, toda la policía paraguaya estaba acuartelada desde 24 horas antes, y 9.000 efectivos (el 60%) ‘custodiaron’ la marcha (ABC, 25/3). La movilización obrera y campesina se da en el marco de una creciente crisis económica y financiera. En 5 años, el guaraní se devaluó un 100%. La recaudación impositiva del primer trimestre del año cerró con un déficit de 15 millones de dólares, un 25% menos de la meta fijada (ABC, 3/4). El déficit presupuestario para este año se estima en 280 millones de dólares y de “sólo 100” si se implementa la “Reforma del Estado”, contra un déficit de 25 millones del año 1995 y un superávit de 90 en 1994, según expuso en la Cámara de Comercio Paraguayo Americana, el asesor económico del gobierno, Carlos Mersán Galli (ABC, 22/3). La conferencia de Mersán Galli estaba destinada a explicar los detalles del proceso privatizador paraguayo, que incluye empresas públicas (la de Telecomunicaciones ANTELCO, entre las más importantes) y el sistema previsional, que seguirá ‘el modelo chileno’, además de nuevas leyes financieras y de bancos y la reducción de la planta administrativa. Una ‘ley de emergencia’ de entidades financieras ya en vigencia, impulsa una contracción del 40% del ‘mercado de dinero’ vía fusiones y adquisiciones(ABC, 15/3). Pero mientras se articula este gran ataque a la población paraguaya, el gobierno prepara el urgente salvataje de 59 empresas vinculadas al quebrado Banco General, por un valor de 97 millones de dólares (ABC, 22/3). Las privatizaciones, sin embargo, han generado un choque mayúsculo entre camarillas y denuncias cruzadas de corrupción —que involucran al gobierno, al Partido Colorado, a la oposición y a empresas extranjeras— que han empantanado el proceso, pero que obviamente no detienen su curso general. En este marco, la reivindicación de las centrales obreras de convocar a un referéndum sobre las privatizaciones es una política endeble, máxime teniendo en cuenta la inmensa red de fraude electoral que existe en Paraguay. Para participar de las municipales de este año, hay que inscribirse portando cédula de identidad, en un nuevo padrón electoral, y a la existencia de decenas de miles de indocumentados, se suman las maniobras y demoras en el otorgamiento de miles de cédulas, según denuncia el PLRA (ABC, 15/3). La disgregación del Partido Colorado y del gobierno es ostensible. Pero a su salvataje ha concurrido toda la oposición política burguesa con la bandera de la “defensa de las instituciones contra el golpe”. Lo que no ha logrado la intimidación militar-policial, es ahora objetivo de los ‘demócratas’. Fruto de la Huelga General, fueron inmediatamente convocadas rondas de diálogo político entre el gobierno, la ANR y la oposición. Para Domingo Laino (PLRA), “el gobierno precisa que existan acuerdos porque estamos viviendo momentos difíciles” (Norte, 31/3). Para Caballero Vargas, del Encuentro Nacional, su eventual postulación presidencial para el ‘98 “no debe ser obstáculo para una alianza general de fuerzas políticas...”, donde deben quedar “para el 2000 ó el 2002, la confrontación de supremacías partidarias” (Norte, 30/3), todo con el fin de “consolidar la democracia”. De las negociaciones también participan el Partido Revolucionario Febrerista y la Democracia Cristiana. Esta oposición da curso a los rumores de golpe de Estado como una manera de justificar su accionar y de inmovilizar a las masas. Menos disimuladamente, el ministro del Interior, Diógenez Martínez, aclaró que “esta especie de cogestión con la oposición” es una manera de concretar “el gran proyecto de Reforma del Estado” (Norte, 31/3). Pero la oposición burguesa no es la única en ‘recalcar’ el peligro de golpe. Un comunicado de la Conferencia Episcopal Paraguaya del 29/3 señala que “El crecimiento de la pobreza, el campesinado que reclama la reforma agraria de fondo y las movilizaciones sociales que inquietan a la población podrían poner en riesgo al proceso democrático”. Mientras tanto, la democracia no se priva de nada. Usando una provocación montada el día de la huelga por sindicalistas ‘colorados’, la justicia ordenó el pedido de captura del presidente de la ‘colorada’ Central Paraguaya de Trabajadores, Gerónimo Morales.