Prensa Obrera N° 489

Durante 24 horas, desde las 12 horas del jueves 28, cientos de docentes “autoconvocados” de los distritos de Merlo, Moreno e Ituzaingó se reunieron en un campamento en el centro de Merlo para repudiar la ley federal de educación. Participaron alrededor de 700 docentes y fue animado permanentemente por artistas y actividades diversas; a las marchas de inicio y cierre se sumaron muchos estudiantes. La “Coordinadora” que convocó al campamento reúne a 14 escuelas medias, con una destacada presencia de las “técnicas”. El Suteba de Merlo, ausente prácticamente hace tiempo de la vida gremial, se acercó a la concentración, no así el Suteba de Moreno, en manos de la ‘oposición’ blanca. Los “cuadros directivos” de la Escuela Media han actuado como factor de impulso, pero hizo su aparición un nuevo conjunto de activistas, que es el que organizó este “campamento”.

Lo hemos dicho en los periódicos precedentes: la tarea de lograr una suscripción masiva a Prensa Obrera, es una de las más vitales en la lucha para desarrollar una clase obrera con independencia y conciencia políticas. El éxito de la campaña de suscripciones en que se encuentra empeñado el partido obrero, servirá para que la literatura política de los trabajadores enraice más profundamente en las masas y para que evolucione como una verdadera tribuna del proletariado. A razón de 15 pesos la suscripción anual, se facilita la posibilidad de que un número creciente de compañeros, al costo de 35 centavos el ejemplar, pueda convertirse en lector de Prensa Obrera y en contribuyente lúcido de una prensa de trabajadores y socialista. No se trata solamente de que los trabajadores se suscriban sino tambien de que Prensa Obrera brinde la información detallada de la marcha de esa campaña y que haga su análisis político. En última instancia, la verificación del éxito de la suscripción a un periódico obrero consecuente es al mismo tiempo la verificación tambien de la victoria política de las ideas que ese periódico representa y un indicador fundamental de la marcha del movimiento obrero conciente. Es lo que, progresivamente, comenzaremos a hacer desde el próximo número. Los primeros pasos, como se sabe, son los más difíciles, pero los estamos dando, porque hacia fines de la semana pasada se llevaban registradas más de 200 suscripciones. Lo meritorio es que ellas no correspoden a los lectores regulares de Prensa Obrera, los cuales han quedado ‘para el final’ en el diseño de la campaña. Como se observa en otra nota en esta página, la inventiva de los compañeros ya ha comenzado a manifestarse para superar los obstáculos en apariencia más dificiles, como son los de orden económico. Es así que se han formado ya las primeras ‘cooperativas’ de dos o tres familias, en los barrios, o de dos o tres compañeros, en los lugares de trabajo, para abonar una suscripción anual a Prensa Obrera. A estos compañeros y a los que vengan, les decimos: escriban para el periódico. Denuncien, opinen, critiquen. Elevar la calidad de las ideas del movimiento obrero es elevar la calidad, y la posibilidad de éxito, de su lucha política.

A fines de marzo concluyó el CPI, el curso de ingreso a la facultad de Medicina de Buenos Aires. De los 27.000 alumnos que comenzaron el curso, tan sólo 3.300 lograron aprobarlo: 1.400 inscriptos para medicina y los restantes para carreras paramédicas (kinesiología, nutrición, enfermería, etc.). El 90% de los inscriptos quedó en el camino ... pero aun esto no le parece ‘suficiente’ al rector menemista Ferreira: personalmente anunció que el año próximo ingresarán tan sólo 700 alumnos a Medicina. Limitacionismo, privatización y crisis política Sólo el 10% de los egresados secundarios podrán iniciar estudios universitarios: el ‘ingreso’ a Medicina ilustra acabadamente el extremo limitacionismo que significa la nueva ley de educación superior. El CPI fue creado gracias a un artículo ‘a medida’ de la ley —el 50—, que autoriza a las facultades con más de 50.000 alumnos a determinar sus propios cursos de ingreso. El CPI —que nació en oposición al CBC (el régimen de ingreso universitario establecido por el gobierno radical) y a la conducción radical de la UBA— aparece como la ‘vanguardia’ de la aplicación de la nueva ley. Shuberoff, el rector radical de la Universidad de Buenos Aires, ‘anuló’ el CPI y el gobierno nacional en pleno intervino activamente en la disputa. “El ministro Rodríguez fue un protagonista destacado en el conflicto CPI-CBC en la defensa de las posiciones del gobierno contra la UBA” (La Nación, 3/4). El propio Menem intervino en el conflicto al “instruir a los ministros Rodríguez y Barra para que inicien acciones judiciales para determinar la legalidad de las medidas de la UBA” (Clarín, 28/3). El ‘ascenso’ de Rodríguez al cargo de ‘ministro coordinador’ es una obvia ‘recompensa’ por sus afanes en la privatización de la educación y torna todavía más delicada la situación del rectorado de la UBA. La nueva ley de educación superior —cuyos principales impulsores son la gran banca y el clero— pretende imponer la privatización universitaria mediante la arancelización de los cursos y, por sobre todo, mediante el reemplazo del presupuesto estatal por la financiación privada. Las universidades y cada una de sus facultades se verán obligadas a firmar contratos de ‘investigación’ y de ‘prestación de servicios’ con los grandes pulpos capitalistas y sus ‘fundaciones’ . Los rectores y profesores titulares se convertirán en virtuales ‘gerentes’, administradores de los fondos provistos por las grandes empresas y fundaciones y hasta en ‘promotores de ventas’ de nuevos servicios. La política de los rectores radicales La política de los rectores radicales ha sido de rastrera adaptación a la ley. Una a una, la inmensa mayoría de las universidades modificó sus estatutos para cumplir con sus exigencias, que están sujetas a la aprobación del Ministerio de Educación. Las modificaciones de los estatutos aprobadas por dos de las tres universidades más importantes dirigidas por el radicalismo —La Plata y Córdoba— son ilustrativas. En Córdoba, un frente de decanos, parte del claustro profesoral y la Franja Morada impuso la incorporación de once docentes —elegidos sólo entre los titulares y adjuntos, excluyendo a la masa docente— al Consejo Superior; la prolongación de dos a tres años del mandato del decano y la creación de un ‘tribunal ético’ encargado de juzgar la conducta política —y hasta moral— de los docentes. En La Plata, por su parte, fue aprobada la “venta de servicios a terceros” (el corazón de la privatización), el monopolio de la representación de los docentes por los profesores titulares, la elevación de los requisitos para la representación estudiantil, el arancelamiento de los posgrados y la posibilidad de dos reelecciones más (ya va por la primera) para el actual rector. También en la UBA, con el arancelamiento de posgrados y los contratos de venta de servicios, el curso privatista ha avanzado mucho. Sin embargo, el rectorado radical de la UBA se resiste a modificar los estatutos y a aceptar el CPI. El propio ministro Rodríguez echó más leña al fuego al amenazar con “no validar los títulos de la UBA si no se modifican los estatutos” (Página 12, 3/4). Para impugnar el CPI menemista y evitar la modificación de sus estatutos (como exige la ley menemista), la dirección de la UBA ha recurrido a la justicia ... menemista. Los fallos judiciales son, hasta ahora, contradictorios: la misma sala de apelaciones —la I— “anuló la resolución de la UBA que había dejado sin efecto el CPI (‘Caso Monges’)” (Clarín, 1/4), al mismo tiempo que dictó una medida cautelar que suspende la aplicación de la ley universitaria en el ámbito de la UBA hasta tanto la justicia se pronuncie sobre la inconstitucionalidad de cinco artículos de la ley, entre ellos el que crea el CPI. La cuestión, en definitiva, será resuelta por la Corte Suprema, ante la cual “el ministro de Justicia Rodolfo Barra hace un fuerte lobby en favor de la casa de estudios (Medicina) ... (y) donde varios de los ministros menemistas podrían ver el planteo de la facultad con simpatía” (La Nación, 25/3). Una política sin salida La dirección radical de la UBA se bate por una política perdida; hasta sus propios comelitones del resto del país ya han modificado los estatutos de sus propias universidades. De las 33 universidades nacionales, 24 ya modificaron sus estatutos o se aprestan a hacerlo. Sólo ocho universidades (Buenos Aires y la UTN, entre las importantes) lograron una postergación judicial. Bajo la presión de la gran banca y del menemismo, asistimos a un fenomenal descalabro político del gobierno radical de las universidades: el año se inicia sin un régimen universitario único en todo el país y con una crisis política abierta en la principal universidad, la de Buenos Aires. El descalabro político amplificará y agudizará el descalabro presupuestario, que ha convertido en una ‘costumbre’ el pago atrasado de los salarios docentes y el deterioro vertical de la calidad de la enseñanza en muchas universidades del interior. Como en la jubilación privada, en el caso de los teléfonos o la electricidad, la destrucción del ‘servicio público’ es un requisito para ‘crear el consenso social’ que permita hacer avanzar los planes privatizadores. Los rectores radicales y los dirigentes de Franja Morada han intentado justificar su política con el argumento de que las modificaciones a los estatutos universitarios no atacan la gratuidad de los estudios. Si así fuera, ¿por qué la UBA se niega a modificarlos? ¿Y por qué el Ministerio de Educación privatizador aprueba las modificaciones? Pero incluso si la afirmación de los rectores radicales fuera correcta, ¿el Banco Mundial, el gran capital financiero y el clero van a solventar esta pretendida política radical? La presión capitalista no se agota con la modificación de los estatutos universitarios, por sobre todo se canaliza a través de la asfixia presupuestaria que ha impuesto el menemismo. Frente a esta intensa presión social capitalista, la política de los rectores radicales no tiene futuro. O se convierten en el vehículo de la privatización universitaria —es decir, en agentes plenos del menemismo y del Banco Mundial— o serán desplazados. La crisis política que se desarrolla en la universidad encierra una paradoja. La dirección radical de las universidades se menemiza mientras la masa de docentes y estudiantes marcha por un rumbo opuesto al menemismo. Las últimas elecciones estudiantiles en la UBA con un ejemplo: el menemismo fue desplazado de Medicina por Franja Morada, Franja Morada fue desplazada por corrientes del centroizquierda en varias facultades, como Ingeniería y Exactas; la izquierda revolucionaria avanzó entre los docentes del Comahue. Todo esto está indicando que bajo la presión contradictoria del gran capital, de una parte, y de la masa de estudiantes y docentes que defienden su derecho a estudiar y a enseñar, el arbitraje político del radicalismo en las universidades se está desmoronando. La tarea de la hora es preparar la organización independiente de los estudiantes y de los docentes para los inevitables y brutales choques que se están incubando. La derogación de la ley privatista y el desconocimiento de las modificaciones de los estatutos son las vigas maestras para construir esa organización independiente.

En el barrio La Paloma, de Tigre, vecinos que recibían irregularmente el periódico, querían comenzar a recibirlo semanalmente, pero no podían cubrir individualmente el monto de la suscripción. La solución que encontraron, ponerse de acuerdo, pared por medio, para pagar por mitades la suscripción y ‘pasarse’ el periódico. En otro caso, el ‘pool’ fue de tres. En dos escuelas, una de Morón, otra de General Sarmiento, el mismo problema: cada docente por separado no ‘llegaba’ al monto de la suscripción. Se pusieron de acuerdo entre dos en un caso, tres en otro y el periódico llega semanalmente a cada escuela, pagado por un ‘pool’ de docentes. Los vecinos de La Paloma y las docentes no sólo aseguraron la llegada del periódico al barrio y a las escuelas, sino que abarataron aún más el costo del periódico —a 15 pesos por un año, a cada compañero/a le sale 0,35 peso cada ejemplar, dividido por dos, 0,17; por tres, 0,12. Si hay ideas nuevas, la campaña va...

¿Quién dijo que ‘la justicia es lenta’? La Corte no necesitó esperar el canto del gallo para decirle sí al reclamo de Menem que exigía la aprobación del convenio Fiat-Smata, que fuera cuestionado judicialmente por la UOM. Este convenio reduce en un 50% el salario de convenio de los metalúrgicos y del Smata; establece los contratos de aprendizaje, que rebajan aún más los salarios; dispone retribuciones por ‘productividad’, que la empresa determina; otorga a uno de los pulpos más poderosos del mundo un subsidio del Estado argentino equivalente a la mitad del salario de los ‘aprendices’; establece la jornada de 12 horas y las vacaciones fragmentadas; desconoce las calificaciones y categorías laborales; autoriza una ‘cometa’ de 20.000 dólares mensuales, de parte de la patronal, en beneficio de la burocracia del Smata. Para los capitalistas, la vigencia de este convenio es una ‘cuestión de Estado’, porque sienta el modelo o norma que los explotadores quieren imponer al conjunto de la clase obrera e incluso a los empleados públicos. Un convenio firmado, recientemente, con el Banco Mundial, establece el mismo nivel de reducción salarial y de ‘flexibilidad’ laboral para los trabajadores de las administraciones provinciales. En las empresas de transporte las patronales quieren hacer lo mismo con los choferes. Porque es una ‘cuestión de Estado’ para los capitalistas, la Corte se apresuró a aprobarlo. ¿Significa esto que se ‘agotaron los recursos’ para lograr la derogación de ese convenio? Responder que sí significaría admitir la fatalidad de la superexplotación, de las reducciones de salarios y de la miseria creciente. La vigencia del convenio Fiat significará en un plazo muy corto la revisión de los salarios que se están pagando en otras metalúrgicas y automotrices, donde aún rigen las escalas de convenio. Significará que habrá que aceptar el salario de ‘aprendiz’ o ser sustituido (despido) por otro trabajador que acepte esa condición. Significará jornadas agotadoras cuando ‘haya producción’ y la reducción de la jornada y del salario, o el despido, en los frecuentes períodos de crisis, ni qué decir del ‘premio a la productividad’. ¿Qué va a hacer ahora la UOM ante el fracaso de su recurso judicial? Algunos dicen que va a apelar a la Organización Internacional del Trabajo. Pero el secretariado de la UOM ni siquiera disputa legalmente las condiciones de superexplotación del convenio, sino su jurisdicción gremial. En las diferentes empresas del gremio acepta los reclamos de ‘flexibilización’ de las patronales, tanto salariales como laborales, con el pretexto de la ‘crisis’. ¡Pero gran parte de la ‘crisis’ se debe a la caída del consumo que provoca la reducción de los salarios (y el pago de la deuda externa y la especulación capitalista)! Existe una salida, pero el secretariado de la UOM no la busca , es impotente para encontrarla o no tiene interés en ella. Esa salida pasa por convocar al conjunto del gremio a una lucha por todo lo contrario de lo que el convenio Fiat impone: por un aumento de salario; por la jornada de 8 horas; por una capacitación laboral a cargo de las empresas, en horario de trabajo y con el salario corriente; por categorías conformes a las calificaciones laborales. Para esto necesitamos la convocatoria de PARITARIAS POR INDUSTRIA Y UN CONVENIO COLECTIVO para toda la industria. Con esta bandera se podría movilizar a los compañeros de las automotrices y desenmascarar el significado del convenio que firmó la burocracia del Smata. Sólo la vigencia de un convenio único puede enfrentar las presiones de las patronales para imponernos las condiciones establecidas en las empresas que peor pagan y que más explotan. Contra la puja y la competencia entre los obreros que promueven las patronales, cuya finalidad es acrecentar sin límite la explotación, opongamos paritarias y convenio único por industria para establecer un aumento salarial y el cese de la ‘flexibilización’ laboral. Convirtamos a estas reivindicaciones en reclamo común de todo el movimiento obrero. Fuera el convenio Fiat-Smata, por convenios únicos por industria. Por un plan de lucha de la UOM. Por un plan de lucha de la CGT, MTA y CTA. Congresos de delegados con mandatos de asamblea.

Los datos de todo tipo de contribuciones obreras aparecidos en Pravda (La Verdad, periódico del Partido Obrero Socialista de Rusia) son, en términos generales, interesantísimos. Por primera vez nos proporcionan datos muy precisos sobre los más diversos aspectos del movimiento obrero y de la vida de los demócratas obreros rusos... Los grupos de obreros han hecho 504 contribuciones para su prensa a Zvezdá (revista del partido) y Pravda. El único fin que perseguían al hacerlo era el de crear y sostener su prensa obrera. Por eso precisamente un resumen verídico y sencillo de estos datos de seis meses proporciona un valiosísimo cuadro de la vida de los demócratas obreros en Rusia. Las monedas de cinco y diez kopeks reunidas en común y acompañadas por la indicación correspondiente —“de un grupo de obreros de la fábrica tal”— permitieron apreciar los sentimientos de los obreros y su conciencia de clase, su cohesión y su disposición a impulsar la causa obrera. Por eso este hábito de realizar colectas de grupos de obreros que surgió con el ascenso de abril y mayo debe ser continuado, desarrollado y ampliado; y no hace falta decir que la información acerca de dichas colectas, como la que siempre se publicó en Pravda, es también necesaria. Este hábito tiene un enorme valor, tanto desde el punto de vista de la estabilidad de la prensa obrera como del de los intereses comunes de los demócratas obreros. Hay que desarrollar la prensa obrera y proporcionarle bases más firmes. Y esto exige dinero. Sólo a condición de que los obreros realicen constantemente colectas de masas, con un trabajo tenaz, será posible organizar de manera satisfactoria la publicación de periódicos obreros en Rusia. En Norteamérica hay un periódico obrero (“Appeal to Reason”) que tiene más de medio millón de suscriptores. Parafraseando un bien conocido dicho, podríamos decir que malo será aquel obrero ruso que no espere alcanzar y sobrepasar a su compañero norteamericano. Pero hay otro aspecto de la cuestión, de importancia incomparablemente mayor que el financiero. Supongamos que cien obreros de distintas secciones de una fábrica entregan un kopek cada uno, el día de pago, para su prensa. En total serán dos rublos por mes. Supongamos también que diez obreros bien retribuidos, que se encuentran por casualidad, entregan diez rublos de una vez. Los primeros dos rublos son más valiosos que los otros diez. Esto es tan evidente para cualquier obrero, que no hace falta explicarlo con atención. Hay que crear el hábito de que cada obrero entregue cada día de pago un kopek para el periódico obrero. Que las suscripiciones se hagan como siempre y que quienes pueden contribuir más, que lo hagan, como acostumbraban a hacerlo. Pero además es muy importante establecer y difundir el hábito de “un kopek para el periódico obrero”. La importancia de estas recaudaciones dependerá ante todo de que sean realizadas regularmente cada día de pago, sin interrupción, y de que un número cada vez mayor de obreros participe en estas recaudaciones regulares. Las informaciones que se diesen en el periódico podrían ser muy sencillas: “tantos kopeks”, es decir, tantos obreros de determinada fábrica han cotizado para el periódico obrero; y luego, si existen contribuciones mayores, se podría agregar: “además, tantos obreros contribuyeron con tanto”. "Si se consolidara este hábito de un kopek para el periódico obrero, los trabajadores rusos no tardarían en elevar sus periódicos al nivel adecuado. El periódico obrero deberá ofrecer información más abundante y variada, suplementos dominicales, etc.; tendrá que contar con sus propios corresponsales en la Duma, en todas las ciudades de Rusia y en las más importantes del extranjero. El periódico obrero debe progresar y mejorar constantemente, y ello no puede lograrse, a menos que el mayor número posible de obreros reúna regularmente dinero para su prensa”.

El intendente de Mar del Plata, el radical Aprile, convocó a un plebiscito para el 12 de mayo para que le voten un aumento de las tasas municipales de entre 3 pesos y 5 pesos por mes. Aprile denuncia que el anterior intendente, el menemista Russak, dejo una deuda de “40 millones de dólares” y que necesita la recaudación para la realización de ‘obras públicas’ que ayudarían a paliar la desocupación. Pero Aprile no esperó el plebiscito para reducir el salario de los municipales en un 10%. El conjunto de los partidos políticos marplatenses apoya, ‘critica’ o incondicionalmente, el ajustazo. Clarín (23/3) se pregunta “¿nadie por el No?”. El PARTIDO OBRERO se ha pronunciado por el NO. Las paredes están cubiertas con gigantescos NO. El PO plantea: NO al impuestazo ‘democrático’. Que la crisis la paguen ellos: que se suspendan los pagos de la deuda de Russak. Que se triplique el impuesto a la gran propiedad. Por un plan de obras publicas bajo control de los trabajadores para hacer frente a los míseros salarios y la superexplotación y para que sirvan a los barrios humildes.

Aunque el martes pasado, un paro de 24 horas de los transportistas fue acompañado de una manifestación de 80.000 personas en La Paz, la huelga general va perdiendo fuerza como consecuencia de los acuerdos espurios que ha ido estableciendo la burocracia del sindicato de los petroleros con el gobierno. La huelga general había sido decretada para enfrentar el intento de privatizar YPFB, la empresa de ferrocarriles y la previsión social, y para reclamar un aumento salarial superior al 25 por ciento. El centro estratégico de la huelga eran, precisamente, los petroleros, ya que de ellos dependía el funcionamiento del país y la viabilidad de la privatización. La burguesía boliviana apoya la entrega de la empresa de petróleo a los norteamericanos, para obtener el financiamiento que permita la construcción del gasoducto a Brasil. El acuerdo al que en principio habría llegado la burocracia de la Federación Petrolera con el gobierno, excluiría de la privatización a algunas refinerías, plantas de almacenaje y la comercialización interna. Mientras el acuerdo se encontraba en discusión, la Federación se había comprometido a asegurar el abastecimiento de carburante, lo que significó un duro golpe a la huelga general, y a no incrementar el número de los piquetes en huelga de hambre. También la dirección de la Central Obrera se encuentra en negociaciones con el gobierno. Según lo denunció el sindicato de los maestros, la burocracia de la COB ya habría aceptado el marco general de la privatización de YPFB, con el pretexto de la necesidad de financiar la construcción del gasoducto a Brasil. Mientras tanto, algunos ayunadores han ingresado en estado de pre-coma, en una terrible señal de la impasse política en la que se encuentran las masas del Altiplano.

“Se cumplen 5 años de la detención de Wálter Bulacio por la policía y su posterior asesinato. Desde entonces, cada 19 de abril, los secundarios hemos salido a la calle a reclamar el castigo a los criminales, contra la policía de gatillo fácil y la impunidad. Es una jornada de movilización ya histórica, como el 16 de setiembre —‘La noche de los lápices’... Llamamos, entonces, a organizar este nuevo 19 de abril una gran marcha secundaria”. La convocatoria a ganar la calle, hecha pública por la Coordinadora de Estudiantes Secundarios de la Capital y Gran Buenos Aires, denuncia el sobreseimiento reciente del titular de la Comisaría en la que Bulacio fue asesinado y acusa al gobierno por su política de complicidad y encubrimiento con los victimarios de la juventud: los criminales están en libertad “mientras persigue y encarcela a trabajadores y estudiantes que luchan por defender sus derechos”, recordando el caso reciente de los estudiantes de La Plata y la prisión de Panario, del movimiento de desocupados de Neuquén. La Coordinadora recoge la denuncia de los chicos de Mar del Plata sobre el vaciamiento de la consigna de “juicio y castigo”, porque se pretende resolver el caso del joven Christian Campos, masacrado días atrás, con penas irrisorias: “por eso reclaman ahora cárcel, juicio y perpetua a los policías fusiladores”. “Hacemos nuestra esta consigna” —afirma el llamamiento. Finalmente, la Coordinadora señala la situación desesperante que están viviendo los secundarios y el estado de “rebeldía e indignación” que recorre a la juventud, expresado en la jornada del 23 y 24 de marzo, así como en la movilización popular contra el juicio ‘trucho’ a María Soledad: “nos están reventando la vida y la educación: se cierran divisiones, nos hacinamos en aulas de más de 50 alumnos, se cobra en forma obligatoria la cuota de las cooperadoras, se impone una disciplina represiva... Basta. Organicemos nuestros centros y cuerpos de delegados y reclamemos que los municipios y el Estado garanticen el espacio físico para poder estudiar y para que las escuelas funcionen... Llamamos a todos los centros, delegados y compañeros que se movilizan en los colegios a desenvolver en común esta gran lucha”. El 19 de abril, por lo tanto, marchamos con los secundarios desde Congreso a Plaza de Mayo.

¿Cuál es la posición de la FUA frente a la crisis política cada vez mayor en la universidad? En su reciente Congreso —celebrado a mediados de marzo—, la FUA confirmó su decidido apoyo a la política de los rectores radicales. Franja Morada —la corriente mayoritaria en la FUA— defiende la participación del claustro estudiantil en las asambleas convocadas por los rectores para ‘poner en línea’ los estatutos de las universidades con la ley privatizadora. La participación de la Franja en esas asambleas, claro, no es para ‘oponerse desde adentro’ como afirma. La FM cordobesa votó en favor de los nuevos estatutos privatistas (ver aparte) y el nuevo presidente de la FUA, el franjista Sergio Veljanovich, apoya sin retaceos las resoluciones que aprobó la asamblea de La Plata, mientras cientos de estudiantes eran detenidos y apaleados por la policía de Duhalde. En lo que intenta ser una caracterización de conjunto de la situación, el ya mencionado Veljanovich llegó a afirmar que “la ley de educación superior pierde legitimidad” (Clarín, 25/3). No hay peor ciego ... La novedad del Congreso de la FUA fue la fractura del Frepaso. Según un medio generalmente bien informado acerca de las vicisitudes del centroizquierda, “el Frente salió del congreso al borde de la fractura” (Página 12, 18/3). Un ala del Frepaso —el MNR (PSP) y los frentegrandistas que respondían a las directivas oficiales— apoyó abiertamente la política de los radicales. Graciela Fernández Meijide y el propio Chacho Alvarez viajaron al congreso de la FUA para “disciplinar” a sus militantes, pero no pudieron evitar que los frentegrandistas de Córdoba, Cuyo, Mar del Plata, el Nordeste y una parte de los de La Plata abandonaran el congreso reivindicando su oposición a la ‘línea oficial’ de participar —es decir, avalar— en las asambleas que modifican los estatutos universitarios. Según la prensa, el derrumbe del Frepaso universitario les daría a los radicales una ventaja importante en las elecciones para la intendencia porteña. Sin embargo, más que un motivo de alegría, la fractura del Frepaso debería ser una señal de alerta para Franja Morada. Esto porque el fracaso del ala derecha del Frepaso para aglutinar sus fuerzas detrás de una política identificada con el radicalismo es un indicador del desmoronamiento general de la política de la Franja en la universidad. Que en el marco de un congreso regimentado y burocrático, un importante sector del activismo haya rechazado la política franjista —incluso en su versión centroizquierdista— es, también, un indicador de la mayor importancia para la izquierda, de cara a las movilizaciones y luchas que se avecinan. El derrumbe del Frepaso dejó en el segundo lugar a una alianza encabezada por el Ptp. Aun cuando su programa es formalmente opuesto al de los radicales —el Ptp se opone a participar en las asambleas convocadas para modificar los estatutos—, el curso ‘franjista’ del Ptp es más que evidente. En el congreso de la FUA inmediatamente anterior (celebrado en 1994), el Ptp propuso una ‘lista de unidad’ que incluyera a la Franja Morada ... es decir, una ‘lista de unidad’ con los agentes de los rectores. En los dos años que el Ptp se desempeñó al frente de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la FUA, la “Franja Morada privilegió al Cepa (la corriente del Ptp) para entorpecer el crecimiento del Frente Grande” (Página 12, 18/3). El ‘entendimiento’ entre franjistas y petepistas llegó a ser tan pronunciado que “la Cepa llegó a sugerir que FM le prestara cinco votos para evitar el triunfo del Frepaso” (ídem). El estallido del Frepaso hizo innecesaria la componenda ... pero salta a la vista que una oposición que ‘llega’ gracias a los votos del oficialismo es, por voluntad propia, una ‘oposición de su majestad’. Este frente ‘de izquierda’ —que el Mst no dudó en presentar como la ‘unidad de los que luchan’ por la sencilla razón de que obtuvo un puesto en él— se guardó muy bien de denunciar el carácter burocrático y de aparato del Congreso y su negativa a convocar a cualquier movilización contra la ley de educación superior. Esto, claro, porque como señaló una cronista presente en el congreso, “la disputa estuvo centrada en el reparto de los cargos y no en la definición de un plan de lucha” (Página 12, 18/3).

El Partido Obrero de la provincia de Buenos Aires intervino militantemente en la larga semana que duró la rebelión carcelaria. En Mercedes, una de las cárceles donde la represión fue más violenta y brutal (un muerto y varios heridos), se formó una comisión de familiares de los reclusos, que reclamó ante el juzgado por la integridad física de los presos. A instancias de la comisión, un médico legista constató las heridas de bala que recibieron los amotinados. Cabe agregar que una vez retomado el penal, decenas de presos fueron encerrados en las celdas de castigo en condiciones de extremo aislamiento. Frente al penal, los familiares denunciaron también las durísimas condiciones de vida en esa cárcel: Mercedes tiene la mayor superpoblación carcelaria de toda la provincia (lo que no deja de ser un ‘excelente negocio’ para los que viven del tráfico de visitas —una visita extra le cuesta a los familiares alrededor de 50 pesos). En La Plata, una brigada del PO que, con banderas y bocina, llamaba a movilizarse el próximo 19 por el castigo y perpetua para los asesinos de Bulacio y Bru, denunció al gobierno de Duhalde como responsable del hacinamiento de las prisiones y de la arbitrariedad que desató el motín: en la provincia no se aplica el ‘2 x 1’ o dos días reconocidos por cada uno sin condena. En Olavarría, donde está el penal de Sierra Chica, el Comité Regional del PO sacó una declaración y un comunicado de prensa solidarizándose con el reclamo del ‘2x1’ y exigiendo la formación de una comisión independiente integrada por las organizaciones de derechos humanos, los familiares y los partidos obreros y populares para investigar las gravísimas denuncias hechas por las familias de los amotinados. El levantamiento carcelario con epicentro en el territorio bonaerense, consigna que el ‘turno de la provincia de Buenos Aires’ llegó también a las cárceles, donde más del 70% de los presos se amontonan sin condenas (esto explica la rápida generalización del motín y del reclamo unificador del ‘2x1’ ). Que todo esto haya ocurrido en las barbas de Duhalde tiene el mérito extra de haber desmistificado a la ‘gente de trabajo’... La verdad es que el gobierno provincial ha dejado pudrir la situación carcelaria, mientras convierte a la provincia en un Estado policial a merced del ‘gatillo fácil’.

El Estado policial de Duhalde está dejando como saldo cientos de jóvenes asesinados. Prácticamente no existe barriada del Gran Buenos Aires que se salve. Durante el mes de febrero de 1996 se conocieron 9 casos. Uno de ellos fue Néstor Zubarán, de veinticinco años, vecino de William Morris, Hurlingham, que por salir a comprar cigarrillos y pedir fuego fue asesinado por la espalda por Alberto Martínez, un policía chofer del jefe de la Federal. A pesar de haberse comprobado que la bala de 9 mm salió de su arma, este policía fue dejado en libertad “por falta de mérito”. Los familiares y vecinos de Héctor, junto con abogados de Derechos Humanos, han realizado las denuncias por el asesinato, reclamando cárcel, juicio y ahora también perpetua para Martínez. El 29 de marzo se realizó una movilización y se programa otra para el 24/4. Han comenzado a acercarse a la casa de Héctor otros familiares víctimas de la represión, centros de estudiantes y el sábado habrá una importante asamblea en el domicilio para resolver los detalles organizativos de la movilización. Es una oportunidad para que los Centros de estudiantes y los jóvenes de la zona discutan también su presencia en la Marcha por los 5 años del asesinato de Wálter Bulacio, que se hará en Congreso el próximo 19. Además, para el 20 de abril, los vecinos de Hurlingham por los Derechos Humanos convocan a Talleres para analizar la violencia policial, para jóvenes estudiantes y trabajadores. La violencia ejercida por el Estado contra los trabajadores y la juventud ha generado una respuesta implacable por parte de las víctimas. La organización de Comisiones contra la violencia policial y contra la represión, las incesantes marchas cada vez que aparece un caso, lo demuestran.

El levantamiento del motín en el penal de Sierra Chica determinó que se fueran levantando los motines y las huelgas de hambre que, durante más de una semana, sostuvieron 11.500 presos en las cárceles de todo el país. El epicentro estuvo en Buenos Aires pero, rápidamente, se extendió a Tierra del Fuego, Trelew, Córdoba, Mendoza, Rosario, Río Gallegos —tanto a cárceles dependientes de los servicios penitenciarios provinciales como del federal; incluso a las cárceles de mujeres. En Devoto y en Caseros, los presos presentaron petitorios. Por su amplitud, el levantamiento carcelario impidió que las fuerzas policiales y penitenciarias retomaran los penales mediante la represión. Clarín (7/3) relata los desesperados esfuerzos que realizaron Corach y Duhalde para evitar que se cumpliera la orden dada por un juez de ‘recuperar’ el penal de mujeres de Ezeiza mediante el uso de las tropas de Gendarmería. La rebelión que acaba de culminar es la mayor de toda la historia penitenciaria del país. Se trata, por lo tanto, de un hecho plenamente político, que denuncia las atrocidades del conjunto del sistema penitenciario y judicial argentino. El motín puso sobre el tapete las terribles condiciones de hacinamiento que se viven en las cárceles. (La población carcelaria supera en un 42% (Clarín, 8/3) la capacidad de las cárceles). Según datos oficiales, en Buenos Aires, en los últimos 24 años, se triplicó la población carcelaria, mientras se mantuvo constante el número de ‘plazas’ en los penales. Sólo en los últimos diez años, creció en un 80% el número de presos como consecuencia de la tendencia de los jueces a dictar prisiones preventivas en masa. Todo esto llevó a que miles de presos estén alojados en comisarías –en condiciones infrahumanas– y a que se entremezclen ‘novatos’ y reincidentes, lo que convierte a las cárceles en ‘escuelas de delincuentes’. En este cuadro de hacinamiento, las posibilidades de educación o de trabajo de los internos son nulas. La rebelión carcelaria también puso en evidencia el brutal trato a que son sometidos los internos –y sus familiares– por los guardiacárceles. Las golpizas, los maltratos, las requisas, las exacciones (los internos deben pagar para obtener ciertas ‘comodidades’ de los guardiacárceles) y las revisaciones vejatorias a las visitas son la norma. El temor de los internos a los castigos y represalias está tan extendido que la cuestión que más demoró el acuerdo final entre las autoridades y los amotinados fue la de las garantías de que no habría represión después del levantamiento de los motines. En este sentido, hay que señalar que los rehenes recibieron un trato mucho más civilizado por parte de los presos que el que habitualmente reciben los presos de parte de sus guardiacárceles. Como en todos los motines que se registraron en los últimos años, uno de los reclamos fundamentales fue la aplicación de la ‘ley del 2 por 1’, que establece que se compute como doble el período en que el interno está detenido sin que se dicte sentencia. El objeto de esta ley –que tiene rango constitucional porque está incluida en el Pacto de San José de Costa Rica– es el de acelerar los procesos: en Buenos Aires son muchos los detenidos que llevan más de dos años a la espera de sentencia. Se trata de una cuestión decisiva: al 70% de los presos no se les ha dictado condena y se encuentran detenidos en virtud de las ‘prisiones preventivas’ dictadas por los jueces. El dictado de la ley del ‘2 por 1’ fue obtenida hace ya tiempo ... pero los jueces han encontrado la forma de negarla en la práctica: fijan fianzas de decenas –y hasta de cientos– de miles de pesos para evitar que los detenidos puedan salir. El sistemático empeoramiento de la situación carcelaria y judicial hace decir a los especialistas que los motines que acaban de finalizar eran perfectamente previsibles. Síntomas no faltaban: en los últimos años se registró un promedio anual de 23 motines, huelgas de hambre y desórdenes en las cárceles, ¡una cifra que en 1996 se alcanzó en los tres primeros meses del año! (Clarín, 8/3). Finalmente, el motín sirvió para dejar en claro el sistemático régimen de guerra civil contra los explotados que rige bajo la ‘democracia’. Según cifras oficiales, más del 90% de los presos son analfabetos o apenas pudieron terminar su educación primaria; el número de detenidos que tiene título secundario no llega al 4%; los que tienen un título universitario son apenas el 1% (Clarín, 8/3). Esto demuestra, una vez más, que sólo los pobres —los que no pueden pagar ‘buenos’ abogados, ni cuantiosas fianzas— van a la cárcel en la Argentina. En las cárceles no se va a encontrar a los Luque ni a los estafadores del Banco Nación ni, claro está, a los policías de ‘gatillo fácil’. Como, además, el 70% de los presos no tiene sentencia, tenemos que el sistema penitenciario es un depósito de pobres ‘sospechosos’. Los motines y huelgas de hambre fueron una rebelión –que como toda explosión de rebelión, no fue ‘civilizada’ ni ‘democrática’ en sus formas pero sí en sus objetivos– contra el carácter crudamente clasista y opresor de la justicia y el sistema penitenciario y, por eso, forma parte del movimiento general de los explotados contra sus explotadores.

La enfermedad de la ‘vaca loca’ –una infección cerebral que ataca al ganado vacuno y que es sospechosa de transmitirse a los humanos, causando la mortal “enfermedad de Creutzfeld-Jakob”– desató una crisis sanitaria y económica de enormes proporciones en Gran Bretaña. La crisis más profunda, sin embargo, es la política, ya que según todos los observadores, es “la peor que haya sufrido un gobierno conservador en los últimos diecisiete años” (International Herald Tribune, 27/3). La causa de la crisis es el propio gobierno de Major. Voceros de la Unión Europea han dejado trascender oficiosamente su “poca confianza en la habilidad del gobierno de Gran Bretaña para enfrentar la crisis” (Financial Times, 30/3). Con un lenguaje más directo, la Unión Nacional de Productores (NUF), la mayor organización británica de productores agrícolo-ganaderos y tradicionalmente muy próxima al partido conservador, acusó a Major de encabezar “un gobierno inepto, incapaz de adoptar medidas severas, draconianas y desesperadas” (International Herald Tribune, 29/3) para resolver la crisis. Tanto la Unión Europea como los productores británicos acusan al gobierno de Major —y a su antecesor, el de la Thatcher— porque “arrastraron el problema durante diez años y sólo lograron empeorarlo” (Financial Times, 30/3). Major fracasó en toda la línea en su intento de ‘devolver la confianza’ a la carne británica, tanto entre sus connacionales como en Europa. Sus anuncios de que los métodos utilizados para la producción de alimentos son “seguros” y de que “la probabilidad de contraer la enfermedad de Creutzfeld-Jakob por consumo de carne vacuna es menor que la de ganar la lotería” (¡textual!), han hecho caer aún más las ventas de carne ... a pesar de que los precios se redujeron a la mitad. “En menos de una semana, el pánico arruinó a la industria británica de la carne, alienó a millones de consumidores, posiblemente hizo inelegible al gobierno conservador y dañó seriamente su relación con sus socios europeos” (International Herald Tribune, 29/3). El pánico se extiende a toda Europa. Francia, Alemania, España y Bélgica reportaron caídas de hasta el 30% de las ventas de carne vacuna a pesar de la brusca reducción de su precio. Los países importadores del Medio Oriente prohibieron el ingreso de carne europea, una medida que podría extenderse a otros importadores. Europa teme que Estados Unidos –que atraviesa un período de sobreproducción ganadera– aproveche la oportunidad para desplazarla de sus mercados habituales. Esto explica que la Unión Europea haya tendido un rígido ‘cordón sanitario’ alrededor de Gran Bretaña: prohibió la exportación a cualquier lugar del mundo de carne británica y de una amplia gama de productos sospechosos de utilizar sus derivados, desde cosméticos a medicamentos. Los intentos británicos de obtener el levantamiento de la veda han fracasado estrepitosamente. Ante la magnitud de sus fracasos, el gobierno de Major parece dispuesto a abandonar su rechazo inicial al sacrificio de animales y a aceptar ahora una “matanza selectiva” de hasta 15.000 cabezas por año. La Unión Europea financiará el 70% de las compensaciones a los ganaderos; el costo de la matanza recaerá, por completo, en manos del gobierno británico. La Unión de Productores, sin embargo, exige llevar la matanza “más allá de lo que reclama la ciencia” (International Herald Tribune, 28/3) para restaurar la confianza de los consumidores: plantea sacrificar 800.000 cabezas, ‘mucho más allá’ de lo que el gobierno está dispuesto a admitir. Para los ganaderos, el sacrificio masivo de animales —infectados o no— es la única manera de obtener algún ingreso por animales que son invendibles en cualquier mercado. La razón de fondo de la crisis es que “la veda no va a ser levantada (porque) incluso con una matanza muy extendida, difícilmente se restaure la confianza” (Financial Times, 27/3). Esto porque “no hay método para garantizar la ausencia de BSE (síndrome espongiforme bovino, nombre científico de la enfermedad)” y porque “se necesita mucho tiempo (después de la matanza) para garantizar que no han quedado animales infectados” (ídem). La política de ‘desregulación’ promovida por los gobiernos de Thatcher y Major –que en nombre de la ‘reducción de costos’ permitió la masiva utilización de animales infectados y autorizó la utilización de métodos ‘más baratos’ para la producción de alimentos para ganado que permitieron la sobrevivencia de los virus causantes de la enfermedad– hundió por un largo período a la ganadería británica. El gobierno de Major, sin embargo, se resiste —todavía— a llevar adelante la matanza extendida que le reclaman los ganaderos por el temor a la depresión económica prolongada, al enorme crecimiento del déficit fiscal que provocaría y al descalabro financiero que le seguiría. “El gobierno británico —editorializa el Financial Times (27/3)— no tiene alternativas sensibles para reasegurar a los consumidores, compensar a los productores y eliminar la enfermedad tan pronto como sea posible”. Un gobierno que ‘no tiene alternativas’ para enfrentar su ‘mayor crisis en diecisiete años’ es un gobierno condenado. La ‘vaca loca’ ha convertido a los ganaderos británicos, al ‘establishment’ de la industria alimenticia y a los bancos relacionados con ella —tradicionales bastiones del partido conservador— en la oposición que terminará derrocando al gobierno de Major.

“Es cruel decirlo, pero es la realidad: si ellos (por la jueza Malere y su secretario) no estaban adentro, se hubiera reprimido”. ¿Y los guardiacárceles? “La vida de los guardiacárceles cada vez vale menos para los motines; si mueren será cumpliendo con su deber” (de un oficial del Servicio Penitenciario a Clarín, 8/4). Este diálogo desnuda la hipocresía de la “línea blanda” proclamada por el ministro Citara: la masacre no se produjo por el enorme costo político y de ninguna manera por un cambio de actitud ante los reclamos carcelarios por parte del gobierno. Naturalmente, y más allá de la orquídea enviada por Duhalde a la jueza liberada, por lo bajo no son flores los adjetivos que se le dirigen por su error de haberse dejado tomar como rehén. La jueza Malere fue quien en su fallo admitió que la muerte del pibe Cristian González a manos de la policía provincial a la salida de un partido de fútbol en Olavarría no había sido intencional, porque la bala “rebotó en la parte trasera de un camión y luego mató al chico”, por lo que ningún policía fue a prisión. Tampoco encarceló a nadie tras la violación múltiple de una deficiente (el “caso Paulina”), en donde los sospechosos eran ‘nenes bien’ de la sociedad azuleña. Las cárceles argentinas Los datos morbosos en torno a la dinámica interna del motín no lograron ocultar dos hechos fundamentales: por un lado, la solidaridad inmediata de gran parte de la población carcelaria provincial y hasta nacional (15 establecimientos) unificando reclamos y, por otro lado, la difusión del estado del sistema carcelario: “El 70% de los 26.000 presos que hay en el país son procesados sin condena. La edad promedio de los presos es hoy de 21 años, contra 31 hace una década. La superpoblación carcelaria supera el 40% en Buenos Aires” (Clarín, 6/4). “Además (existen) fallas en el sistema de salud, serios problemas de trato —con un inadecuado régimen de sanciones disciplinarias y maltrato físico—, junto con fallas en el sistema educativo, la higiene y la alimentación” (Informe Anual 1994/95 que el Procurador Penitenciario Alberto Freixá presentó al Congreso Nacional) (ídem). El que está en crisis es el régimen político Dentro de un contexto de desocupación y de hambre, “¿a dónde va a laburar un ex convicto?”, fue la pregunta que nos hizo un familiar y que de algún modo explica el crecimiento estadístico de condenados que reinciden en el delito: “del 25,6 de los presos en 1983 al 36,3 en 1992 y superaría el 40% en 1995” (Clarín, 6/4). No es la crisis del sistema carcelario, sino la crisis del sistema político y el derrumbe del ‘plan’ económico los que llevan a la reincidencia por falta de expectativas. Cómo garantizar el cumplimiento del acuerdo de Sierra Aunque el gobierno se comprometió a acelerar las causas judiciales, ampliar los beneficios del 2x1, el estudio para posibles conmutaciones de penas (reincidentes, proyecto para derogar el régimen referido al robo de autos); a no reprimir a los internos luego de la entrega de rehenes y a la formación de Comisiones de seguimiento por departamento judicial, existe una lógica desconfianza: la emergencia carcelaria bonaerense está decretada desde noviembre del ’94, pero los cambios no se ven. Por otra parte, familiares de los internos temen que una vez retirados de Sierra Chica medios de comunicación y familiares, se desate contra los internos la acostumbrada represión post motín. Aunque los medios locales no dieron cuenta de la posición del partido, los familiares e internos se mostraron de acuerdo con nuestra propuesta de conformar una Comisión de Supervisión integrada por agrupaciones sindicales, estudiantiles, de Derechos Humanos, partidos políticos y familiares para garantizar el cumplimiento del acuerdo. El mismo gobierno que indulta a los genocidas condena al hacinamiento, a la falta de garantías legales y transgresión de códigos procesales a miles de ciudadanos —en su inmensa mayoría adolescentes y jóvenes— que se pudren en institutos y cárceles a la espera de sentencia. El mismo gobierno, que en favor de un puñado de capitalistas nacionales e internacionales lleva a grandes masas de trabajadores a la desocupación, a la miseria, a la desesperanza, pretende dar clase de moral a la hora de justificarse por las vejaciones y la situación infrahumana que motiva la rebelión en las cárceles. Una vez más no hay dudas: son ellos o nosotros. ¡Fuera Menem-Duhalde-Cavallo!

El cuadro político La asamblea realizó la siguiente caracterización: existe un estado de movilización de masas en todo el país. Las movilizaciones contra la impunidad en el juicio al crimen de María Soledad, la movilización popular del 23 y 24/3 y, antes, las reacciones populares contra los asesinatos del “gatillo fácil” y la movilización estudiantil de La Plata contra la represión del Estado-policial de Duhalde, tipifican una verdadera “explosión democrática”. En este cuadro, tendrán lugar las próximas elecciones de la Capital. La estatuyente estará compuesta, previsiblemente por una mayoría de partidos ‘opositores’, lo que puede alimentar las ilusiones democráticas de las masas en que ese parlamento produzca reformas que frenen la ofensiva menemista y satisfagan sus reivindicaciones. La estatuyente amordazada El Partido Obrero plantea, sin embargo, que de no mediar una intervención de la clase trabajadora, la estatuyente va a consagrar cada una de las pérdidas y avasallamiento de conquistas que las masas sufrieron bajo este régimen. El gobierno ha condicionado totalmente el alcance y las atribuciones de la estatuyente mediante leyes y decretos (ley ‘Cafiero’, decreto de convocatoria). La ‘oposición’ frepasista y radical ha demostrado, de mil maneras, que se subordinará a esos condicionamientos menemistas; ha aceptado (sin pasar del comunicado de prensa de protesta), tanto aquella legislación como las sucesivas postergaciones de las elecciones por parte del gobierno. Y ha presentado proyectos de reforma política de la Capital, tan reaccionarios como los del oficialismo. Votar y ejecutar las reivindicaciones El Partido Obrero plantea llevar a la estatuyente las reivindicaciones de los trabajadores y el pueblo explotado: el salario mínimo de mil pesos; la jornada de 8 horas; el seguro al desocupado de 500 pesos, a partir de los 16 años; el 82% para los jubilados; el desconocimiento de las cláusulas de superexplotación y del trabajo por contratos precarios; la anulación de las privatizaciones y la municipalización de los servicios bajo control de los trabajadores; la eliminación de todo tipo de aranceles y privatizaciones en la salud y la enseñanza; el acceso a la vivienda por el 10% del sueldo del jefe de familia y la municipalización del suelo urbano. El PO plantea el desconocimiento de la ley Cafiero y de toda otra norma y legislación ‘mordaza’. Desenmascarar a la ‘oposición’ La asamblea caracterizó también la situación contradictoria del centroizquierda en las próximas elecciones, pues ella es receptáculo, por un lado, de aquellas ilusiones democráticas de un amplio sector de masas, y absolutamente impotente, por otro, para satisfacerlas, por su naturaleza patronal y su subordinación al ‘plan Cavallo’ De aquí, la necesidad política de desenmascarar su política real y sus compromisos de clase. Denunciando su sometimiento a los condicionamientos de la estatuyente y su negativa a plantear las reivindicaciones inmediatas de las masas. En función de este planteamiento, la asamblea resolvió iniciar una campaña para que los candidatos a estatuyentes provengan de las filas del activismo, sindical, juvenil y vecinalista. Especialmente de los compañeros que han realizado una experiencia con las direcciones centroizquierdistas en sus frentes, para sumarse a una alernativa propia de trabajadores, independiente de la patronal oficialista u opositora. Como pre-candidatos a jefe de gobierno y primer estatuyente se designó, respectivamente, a los compañeros Sergio Villamil y Pablo Rieznik.

El convenio Fiat-Smata, además de establecer un retroceso de salarios y de imponer el “contrato de aprendizaje”, establece un Premio a la Competitividad del 15% del básico, como máximo, si se alcanzan “los índices de cada indicador considerados medianamente aceptables y normalmente alcanzables”. Este 15% ‘máximo’ para un salario de 450 pesos (2,70 la hora para el “empleado polivalente principiante”) representa 67,5 pesos al mes.¿Cuál es el régimen al que debe someterse el trabajador para obtener este ‘premio’? La respuesta la tenemos en Brasil, donde la Fiat Auto y el sindicato metalúrgico de Betim e Igarapé acaban de suscribir un acuerdo que detalla las características del ‘premio’. Se establecen tres criterios: calidad, presentismo y producción. “El indicador de calidad tiene un peso de 45 puntos en una tabla de 100; (obtener) la meta de producción global de vehículos prevista para el año vale 40 puntos. El presentismo en el trabajo tiene un peso de 15 puntos” (Gazeta Mercantil, 9/10 de marzo). Si el trabajador alcanza entre 91 y 100 puntos, obtiene el máximo del premio, que baja al 40% si obtiene entre 50 y 60. Por debajo de los 50 puntos no hay premio. Para acceder al ‘máximo’, que significarían 405 pesos al cabo de seis meses para el ‘principiante’ argentino (el ‘premio’ se paga por semestre), el trabajador debe cumplir tres condiciones. En materia de presentismo “los 15 puntos (de los 100 de la ‘tabla’) son concedidos a quien no tenga ninguna falta, y los empleados que falten hasta dos veces recibirán 12 puntos”. Pero además, “nada dice el convenio (argentino) sobre el pago del premio en ocasión de licencias por enfermedad y vacaciones” (Consultoría Derecho Colectivo del Trabajo, Lucio Garzón Maceda y Asociado). Supongamos que el trabajador estoicamente tuvo ‘asistencia perfecta’ y obtuvo sus 15 puntos. Debe además obtenerse la “meta de producción” global de Fiat, que en el caso de Brasil es de 462.000 vehículos en el año y 231.000 promedio en el semestre. Esto significa una producción de 24,3 autos por trabajador en el año —la Fiat Brasil tiene 19.000 empleados. En nuestro país, el promedio era de 9,46 autos/hombre/año en 1991, en marzo de 1995 ese indicador llegó a ¡23,95! (La Voz del Interior, 27/6/95). Supongamos que el trabajador tuvo ‘asistencia perfecta’ (15 puntos) y que el objetivo de producción de la Fiat se cumplió (40 puntos). Queda sin embargo, la ‘calidad’, que suma 45 puntos y cuya ‘valoración’ queda en manos de la “Unidad Tecnológica Elemental” (UTE), un grupo ‘elegido’ en función de su compromiso con la patronal y en el cual, “el team líder tiene la responsabilidad del proceso de decisión”. Si se cumplen todas estas ‘condiciones’, el trabajador ‘principiante’ de Fiat Auto tendrá su premio de 405 pesos en el semestre u 810 en el año, desde ya que con jornadas de sol a sol, ‘polifuncionalidad’ y vacaciones partidas.

En la edición de la semana pasada adjudicamos al discurso que Hebe de Bonafini pronunció el 23 de marzo en la Plaza, conceptos que en realidad desarrolló en una entrevista al diario La Capital de Mar del Plata, el 13 de febrero pasado. Los términos de ese reportaje fueron reproducidos en un folleto especial por la Asociación Madres de Plaza de Mayo. En la entrevista, Hebe descalifica a los trabajadores, es decir a la clase obrera, como “posibilidad de una salida” y reivindica a “la marginalidad... para que las cosas cambien”. Estos planteos no nos sorprenden ni alarman, sólo los señalamos en el marco de una discusión con el Pts, que pretendía que el festival del sábado 23 correspondía a una “política distinta” a la del festival del 24 —sin reparar, claro, en el carácter despolitizador de los actos públicos que se reducen a festivales ni en el carácter político de la manifestación que precedió al festival del domingo. De todos modos, lo dicho por Hebe de Bonafini importa porque representa a un movimiento político aunque actúe como representante de las Madres de compañeros desaparecidos; lo mismo vale para el flamante movimiento HIJOS. En la entrevista dice que “la actividad de Madres sigue siendo básicamente popular, ya que no creemos tanto en lo jurídico...sino en la fuerza de los que estamos en la calle...”. Es en esta condición que Hebe de Bonafini descalifica al proletariado como una alternativa política, a partir de “la hecatombe”, dice, a la que los “llevó la burocracia sindical (y) un peronismo que no les enseñó a pelear sino a esperar del sindicalismo que los entregó y negoció..”. Independientemente de la validez de la afirmación acerca de lo que enseñó y dejó de enseñar el peronismo, pretender que la clase obrera no peleó en este país es simplemente ignorar la historia más elemental; habría que decir más: que la clase obrera fue la única que jugó un rol protagónico de envergadura, incluso desde el surgimiento del peronismo. La protesta contra lo que algunos llaman ‘marginación’ y otros ‘exclusión’, es común a un cambalache bastante amplio de corrientes políticas, no solamente de izquierda o centro-izquierda, sino incluso del peronismo y del radicalismo. Denuncian la marginación capitalista pero no la explotación capitalista; consideran un paria social al desclasado, pero no al obrero, al que casi ven como a un privilegiado, e incluso soslayan que la inmensa mayoría de los desocupados pertenece a la clase obrera. Junto con el clero, promueven como solución la ‘asistencia social’ o el ‘empleo’, es decir la explotación, pero no denuncian la ‘flexibilidad laboral’ ni la reducción de los salarios. Proponen remediar los males del capitalismo pero no combatir a este régimen de explotación, simplemente porque ignoran que la pobreza creciente y la formación de un ejército de desocupados cada vez más numeroso son una consecuencia de las contradicciones de la acumulación capitalista, y no de una desmedida ambición de riquezas de unos pocos —como asegura Hebe de Bonafini en el diario marplatense. La sustitución de la explotación por la marginación como el fenómeno sobre el que se asienta el actual régimen social, conduce a privar de carácter de clase a la política de las masas, a privar a los desposeídos de un programa y, por lo tanto, a ponerlos a merced de los demagogos y de los arribistas. La marginación social sólo puede ser suprimida con la abolición de la explotación social, no al revés. La atenuación de la marginalidad bajo el capitalismo sólo ocurre como un fenómeno transitorio y localizado, es decir, en las naciones más ricas, y siempre como una consecuencia de las grandes luchas del proletariado. Los sectores sociales desclasados carecen de una perspectiva homogénea, por eso no podrían constituir nunca un gobierno propio y están obligados a depositar su lealtad política en el oportunista de turno, como lo han hecho con harta frecuencia en el curso de la historia. La conciencia de clase emerge (y sólo puede emerger) al cabo de una experiencia política, que sólo puede darla una lucha organizada. Es un grave error enfrentar a las diversas clases que son víctimas de la sociedad capitalista, con la clase obrera; hay que enseñarles, en cambio, que la superación de la crisis presente sólo es posbile por medio de un gobierno de trabajadores y de un Estado obrero. En esta medida, el planteo de Hebe de Bonafini es reaccionario.

La UOM acaba de firmar un nuevo convenio con la empresa Sevel con vigencia hasta el 31/3/97 para todas las plantas del grupo Macri. El acuerdo no ha sido debatido en ninguna asamblea ni en plenario de delegados, pero en líneas generales repite el que se encontraba en vigencia. El acuerdo vencido establecía que en caso de baja de producción la empresa se comprometía a no producir despidos y disponer una jornada de seis horas diarias que pagaría con siete y media. La burocracia había presentado a este acuerdo como una “defensa de la fuente de trabajo”. Había accedido también al sistema de “trabajo variable”, por el cual los obreros son informados el día anterior, el turno que harán al día siguiente, y las horas que deberán trabajar. La UOM también había aceptado la supresión del comedor de planta, que fue suplantado por máquinas expendedoras de gaseosas. Otro punto que impuso la empresa fue la tercerización de la limpieza y del mantenimiento preventivo. El convenio anterior produjo una violenta explotación de los trabajadores, pero no por ello paró los despidos, pues 450 obreros de Sevel Palomar se quedaron en la calle. Para ello la empresa no necesitó violar el acuerdo, ya que los disfrazó de ‘retiros’. Por eso los trabajadores de Sevel ya saben muy bien en qué consiste esta ‘estabilidad’ firmada por la burocracia con el nuevo convenio. El nuevo acuerdo de la UOM con Sevel deja en concreto una pérdida de las conquistas y la novedad de que habría una rebaja salarial del 3% al 2% en los premios a la producción. No es el convenio Fiat-Smata, pero Curto y el Barba Gutiérrez han hecho esfuerzos importantes para que se le parezca. En oposición a esta entregada reclamamos reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario y la vuelta a los turnos establecidos en los convenios anteriores, la vuelta al comedor de planta y la elección de paritarios en asambleas para liquidar la ‘flexibilidad laboral’.

En un congreso convocado por la UOM San Martín horas antes de conocerse el fallo de la Suprema Corte en favor del convenio Fiat-Smata, un bloque importante de delegados reclamó que la UOM salga a la lucha. El temario incluyó tres puntos —levantamiento del paro de la CGT, convenio Fiat y Obra Social—, y fue en el primer punto donde se produjo el debate. Yáñez —secretario general— informó que el levantamiento del proyectado paro cegetista contó con la oposición de la UOM, cerveceros, químicos y cementerios, que reclamaron la convocatoria al confederal. Planteó la necesidad de convocar al MTA y de desplazar a Gerardo Martínez de la secretaría de la CGT. En el debate que siguió intervinieron con posiciones disímiles distintos delegados de la Lista Azul (de la burocracia). Un delegado de Polimecánica acentuó la crítica a Martínez y planteó sustituirlo por el Barba Gutiérrez. Denunció a la UOM por los despidos sistemáticos que se están produciendo en la planta de Sevel Caseros. Un delegado de Bosch planteó que había que irse de la CGT y reclamó un plan de lucha por el salario convocado por la UOM y extensivo al CTA y al MTA. Varios plantearon la necesidad de una Marcha a la CGT organizada por la UOM. Un delegado objetó que “no podemos ir a la rebelión loca” y otro le respondió de inmediato que no había otra salida (que la “rebelión”). Otro planteó el retiro del apoyo al gobierno. Otro se pronunció por un plan de lucha de la UOM con sectores dispuestos a pelear y la necesidad de terminar con la ‘organicidad’ para salir a pelear en serio. Estos planteos no fueron llevados a votación, ni surgió un plan de acción de la UOM San Martín. Cerró Yáñez defendiendo la ‘organicidad’ y pronunciándose contra la Marcha a la CGT porque “la gente no va a ir”. Llamó a parar en cada fábrica si surgían problemas grandes, lavando las manos de la directiva seccional. Sobre Fiat Auto planteó que el preacuerdo fue suscripto por la UOM, es decir por el secretariado (“fue firmado por mí”) y rechazado por el consejo directivo (56 miembros, secretarios de seccionales) debido a que establecía la diferenciación salarial. El texto original del acuerdo fue el que firmó el Smata. Informó que la resolución del problema era “político”, y dejó entrever un fallo contrario a la UOM por presión del gobierno. De darse este caso, aseguró que se apelaría a la OIT. El objetivo del plenario fue preparar al cuerpo de delegados ante la inminencia del fallo de la Corte Suprema. Pese a la menor concurrencia respecto a otros congresos (180/90, 240/50 en anteriores) y al tono más calmo de los debates, parece acentuarse la tendencia a la fractura de la Azul, ante el brutal fracaso del miguelismo. El fallo pone a los delegados entre la espada y la pared, ante la previsible presión patronal que provocará la parálisis del secretariado la UOM. Aunque es inevitable una pelea de camarillas, fruto de la descomposición del secretariado, lo que importa es la deliberación abierta entre todo un sector de delegados.

El ‘sistema cooperativo’ se ha extendido en el gremio del pescado a un 70% de los trabajadores en actividad. Sabiamente, los obreros del pescado de Mar del Plata han bautizado a este curro patronal como las ‘coopetruchas’. Las ‘coopetruchas’ son un infierno para los obreros y una avivada para los capitalistas que pagan en negro y desconocen la relación laboral existente tanto como la antigüedad que corresponde. Según la revista Redes —órgano de la Cámara Patronal del Pescado— las razones para el “salto exportador del 95” habría que buscarlas en los ‘estímulos’” del gobierno (subsidios y reembolsos), pero principalmente en los convenios por productividad y en la ‘cooperativización’ de casi todo el sector. Resistencia obrera El rechazo a este sistema negrero se está generalizando. En Sur-Trade, luego de una larga lucha, la Subsecretaría de Trabajo tuvo que reconocer que se estaba trabajando en negro y en consecuencia la patronal debió hacerse cargo de la deuda jubilatoria. Krill-Coop, Punta Grilla, Marfil, Los Acantilados, Venceremos, FP, Posadas, son algunas de las ‘cooperativas’ donde sus trabajadores han comenzado a enviar cartas-documentos para denunciar el trabajo en negro. Saravia: Ley Pymes y otro fraude Saravia y la burocracia del SOIP marplatense dejaron correr el ‘sistema cooperativo’ hasta fundir al sindicato y fracturar al gremio entre efectivos, contratados y cooperativizados. La negativa de Saravia a defender a los obreros cooperativizados —con el argumento de que ahora son ‘patrones’— revela hasta qué punto corrió la ‘plata dulce’ de las patronales y también el grado de corrupción de este burócrata menemista. El saravismo es responsable de todos los males que sufren los trabajadores del pescado, incluida la quiebra de la obra social. Según Saravia, la obra social quebró por la baja cantidad de afiliados que quedaron después de haberse generalizado las cooperativas... Esto no le impidió en su momento truchar los padrones e inflarlos para consumar el fraude en las elecciones del sindicato (en meses, ‘desaparecieron’ más de 2.000 afiliados). Por un convenio único para todos los trabajadores del Pescado Las empresas han acumulado superbeneficios a costa de la explotación obrera y del fraude cooperativo. Este es el momento para organizar el movimiento de los ‘cooperativos’ y un cuerpo de representantes de las plantas en lucha para multiplicar la campaña de cartas-documento y las denuncias del trabajo en negro e ilegal. Un movimiento unitario y de conjunto con los efectivos, detrás del reclamo de un aumento salarial para todos y del convenio único para terminar con el curro ‘cooperativo’ y los convenios por planta. La meta es arrancar un plan de lucha y la Asamblea General para reconquistar el Convenio Único.

La resistencia a los aprietes por retiros voluntarios y por una mayor polifuncionalidad en algunas especialidades en Zona Centro, generó una movilización al margen de la dirección gremial que frenó a Telefónica en esa zona. Ahora prueba en otro lado: Sur Capital. Como la resistencia se organizó fuera del control del guillanismo y la oposición, articulada en el Plenario de Trabajadores Telefónicos, trabajaba para presentar los reclamos en forma directa a las empresas, la dirección sindical llamó al Consejo de Delegados Generales. Este órgano, cuyas funciones son limitadas (aconsejar a la Comisión y llamar al Plenario de Delegados), ‘aconsejó’ una movilización a Avenida La Plata donde funciona la jefatura de la Zona Sur, y el llamado al Plenario de Delegados para el 15/4/96. ¿Movilización sindical o de la oposición? Para la movilización, el sindicato se limitó a sacar el comunicado, llevar los permisos gremiales y movilizar a sus ‘afines’ de la zona. El 80 u 85% restante lo puso la oposición, pero ellos fueron los que entraron a discutir con la empresa. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Que la existencia de la oposición hizo fracasar el intento de desarticular la resistencia por la vía de cerrar los canales sindicales por donde se expresan normalmente los trabajadores; este ‘giro’ del guillanismo lo único que pretende es estrangular el movimiento desde adentro. El plenario del 15 de abril La intención de la burocracia es clara. La posición del Plenario de Trabajadores es clave. De la voluntad política de disputar la dirección va a depender la resistencia. No se puede votar una movilización a las empresas, la denuncia pública a sus enjuagues, las consignas sobre la estabilidad (planta permanente, reducciones horarias, terminación de los contratos precarios, etc.) y dejárselas para que las organice el guillanismo. La estructuración de Comisiones de Movilización responsables frente al Plenario de Delegados es el paso necesario para empezar a definir el rumbo.

El viernes 22, un Frente de Comisiones Internas y Agrupaciones de más de 30 establecimientos oficializó la Lista Verde-Bordó, para enfrentar a la burocracia de West Ocampo, Ingenieri y Cia. en las elecciones del gremio de la Sanidad de Capital (ATSA), el 23 de mayo próximo. El frente Bordó, que salió en segundo lugar en las elecciones de hace tres años, lo integran el Mst, el PO, el Mas, y el PC, en tanto que Lista Verde, cuarta en aquella oportunidad, responde al Cta y a sectores independientes. A pesar de la reforma antidemocrática del estatuto, del despido de activistas opositores, de las normas arbitrarias para presentar la lista, etc., la Verde-Bordó consiguió reunir a los 200 candidatos y centenares de avales exigidos por la Junta Electoral burocrática. En el panorama gremial han desaparecido otras opciones burocráticas del pasado, y se ha establecido la actual polarización. La Agrupación Sindical Independiente (Asis) ha jugado un rol fundamental en poner en pie este frente.

Durante 24 horas, desde las 12 horas del jueves 28, cientos de docentes “autoconvocados” de los distritos de Merlo, Moreno e Ituzaingó se reunieron en un campamento en el centro de Merlo para repudiar la ley federal de educación. Participaron alrededor de 700 docentes y fue animado permanentemente por artistas y actividades diversas; a las marchas de inicio y cierre se sumaron muchos estudiantes. La “Coordinadora” que convocó al campamento reúne a 14 escuelas medias, con una destacada presencia de las “técnicas”. El Suteba de Merlo, ausente prácticamente hace tiempo de la vida gremial, se acercó a la concentración, no así el Suteba de Moreno, en manos de la ‘oposición’ blanca. Los “cuadros directivos” de la Escuela Media han actuado como factor de impulso, pero hizo su aparición un nuevo conjunto de activistas, que es el que organizó este “campamento”.