Prensa Obrera N° 488

Con la aprobación, por parte de la mayoría de los trabajadores de las plantas de frenos de la GM en Dayton (Ohio), del acuerdo alcanzado entre el sindicato —la United Auto Workers (UAW)— y la patronal, llegó a su fin la huelga más importante de la industria automotriz desde 1970: la huelga de Dayton paralizó a 26 de las 29 plantas terminales y a 18 fábricas de autopartes de la GM en Estados Unidos, Canadá y México. Según la información brindada por el sindicato, el acuerdo establece el compromiso patronal de crear alrededor de 300 empleos en las dos plantas en los próximos años, así como también el pago de las indemnizaciones correspondientes a las 600 denuncias sindicales sobre violaciones de los convenios de seguridad e higiene dentro de las plantas. El sindicato, sin embargo, guardó silencio sobre la cuestión clave que desencadenó la huelga: la pretensión patronal de subcontratar la fabricación de frenos a la alemana Bosch, que en sus plantas norteamericanas emplea trabajadores no sindicalizados. Según todos los indicios, la cuestión de la subcontratación ha sido trasladada a setiembre, cuando se negocie la renovación del convenio colectivo para los próximos tres años. La política patronal de subcontratar la fabricación de ciertos componentes o procesos productivos enteros se ha convertido en el ‘punto caliente’ de los conflictos y las negociaciones colectivas a todo lo largo y ancho del movimiento sindical norteamericano. El 86% de los más grandes monopolios norteamericanos —como IBM, Dupont o GM— ‘externalizan’ servicios; la ‘industria de los subcontratistas’ ya mueve anualmente 100.000 millones de dólares. Mediante este mecanismo, las grandes compañías pretenden abaratar sus costos —y engordar sus beneficios— ya que las subcontratistas emplean trabajadores no sindicalizados, que son sometidos a una flexibilidad feroz. En una economía virtualmente estancada, el crecimiento “explosivo” de los subcontratistas está indicando un agudo retroceso de las condiciones de trabajo del conjunto de los asalariados norteamericanos. La burguesía tiene la iniciativa política y un plan de largo plazo para imponerla. Según el Financial Times (23/3), “la industria automotriz empleará 200.000 nuevos trabajadores en los próximos siete años para reemplazar a los que se jubilen”; lo mismo prevé la Boeing —otra empresa que recurre masivamente a la ‘subcontratación’. El objetivo de este recambio es “que muchos de los salarios y beneficios ganados por la vieja generación de trabajadores norteamericanos no podrán sobrevivir”. Frente a esta tendencia del capital, la huelga de la Boeing de fines del año pasado,—la más larga de su historia— logró imponer un control sindical sobre las ‘subcontrataciones’, pero no eliminarlas (la empresa ‘terceriza’ el 50% de su producción); la huelga de Caterpillar, de dos años de duración, concluyó con una derrota de los trabajadores; la de GM pospuso hasta setiembre la discusión de la cuestión. Las huelgas victoriosas logran detener solo temporalmente la aplicación de la ‘tercerización’, mientras que donde se registran derrotas la embestida patronal es fulminante. A poco de derrotada la huelga de Caterpillar, la patronal anunció el cierre de una de sus fábricas de autopartes en Pennsylvania, que dejará a 1.000 trabajadores en la calle. La consigna de “no a las subcontrataciones” no alcanza a dar una respuesta de conjunto, que requiere convenios colectivos por industria, salarios similares al nivel de los trabajadores mejor remunerados y la sindicalización masiva.

La burocracia de la AFL-CIO acaba de anunciar su apoyo a Clinton en las próximas elecciones presidenciales de noviembre. Incluso, “es la primera vez que la central sindical norteamericana anuncia su respaldo a un candidato a la presidencia con una anticipación al comicio de seis meses” (El Cronista, 26/3). En la convención de la AFL-CIO convocada al efecto, Clinton fue ovacionado por los 500 delegados presentes cuando se presentó en la tribuna en compañía de John Sweeney, recientemente elegido presidente de la central. La burocracia justifica su política en la necesidad de eliminar la mayoría republicana en las cámaras para viabilizar dos reivindicaciones estratégicas del movimiento sindical: la prohibición del reemplazo permanente de trabajadores huelguistas, la herramienta más utilizada por las patronales para quebrar las huelgas obreras y depurar los planteles de activistas sindicales, y elevar el salario mínimo. Clinton, sin embargo, tuvo mayoría parlamentaria en los dos primeros años de su mandato y no hizo ni una cosa ni la otra. Durante la presidencia de Clinton, los trabajadores norteamericanos sufrieron, de conjunto, una sistemática declinación de sus condiciones de trabajo. La proporción del ingreso nacional que reciben hoy los trabajadores es la más baja en décadas y continúa reduciéndose. El gobierno que encabeza Clinton está plenamente comprometido con la política patronal de liquidar los sindicatos y las conquistas de los trabajadores, mediante la agudización de la competencia entre los propios trabajadores. En el plano interno, el auge de la ‘subcontratación’ (ver aparte) ha convertido a decenas de miles de empleos en empleos flexibilizados, sin cobertura social y con salarios de miseria. El apoyo de la burocracia de la AFL-CIO a Clinton coincide con posiciones similares de parte de otros movimientos —los negros, femenismo, derechos civiles. La ofensiva republicana se toma como pretexto para apoyar a una de las alas del imperialismo. Todo esto apunta, sin embargo, más arriba: a bloquear las iniciativas que existen, incluso en la AFL-CIO, en favor de formar un partido de trabajadores. No hace falta decir que la política de la AFL-CIO habrá de fracasar y que pondrá en grave crisis a su dirección, que habrá demostrado que no es capaz de llevar a buen fin los objetivos para los cuales fue elegida.

“Puede ser peor que el Sida”. Con este pronóstico, el microbiólogo John Pattison definió la perspectiva de la propagación de la “enfermedad de Creutzfeld-Jakob”, una infección cerebral degenerativa que inevitablemente ocasiona la muerte. La enfermedad es provocada, al parecer, por el consumo de carne y leche proveniente de vacas infectadas por el “síndrome espongiforme bovino”, la llamada enfermedad de la ‘vaca loca’. El centro de propagación de la enfermedad es Gran Bretaña, donde se detectaron casi 160.000 casos de ‘vacas locas’ en los últimos diez años. El alcance de la enfermedad es, sin embargo, mucho más amplio: por cada vaca enferma que es sacrificada, existen dos vacas infectadas congeladas a la espera de consumidores humanos (Le Monde, 26/3). El anuncio del gobierno británico de que la enfermedad de la ‘vaca loca’ podría transmitirse a los seres humanos provocó, de inmediato, “un cataclismo económico y social” (Financial Times, 25/3), el estallido de una guerra comercial entre los ‘socios’ de la Unión Europea y una crisis política que está haciendo tambalear al débil gobierno de John Major. Mercado La enfermedad es provocada por un virus –llamado prion– que originariamente se encontraba sólo en las ovejas. El mecanismo que llevó el virus a las vacas –y de éstas a los humanos– no obedece a ningún “desastre natural”, como sostiene el Financial Times ; por el contrario, es un mecanismo enteramente social: el ‘mercado’. Por eso, el semanario británico The Observer señala que “no es sorprendente que la crisis haya tenido lugar en Gran Bretaña, punta de lanza de la desregulación” (Le Monde, 26/3). A fines de 1985 se registró el primer caso de la enfermedad de la ‘vaca loca’ en Gran Bretaña. Seis años antes, el gobierno de la Thatcher había relajado todos los controles sobre la sanidad animal y alimenticia con el ‘argumento’ de la ‘desregulación’. Por ese entonces, el ministro de agricultura thatcheriano declaraba que la ‘desregulación’ “refleja el deseo de los ministros de que la industria determine ella misma la mejor medida para producir productos de alta calidad” (ídem). El ‘motor’ del capitalismo, sin embargo, no es la ‘calidad’ sino la ganancia. Los productores de alimentos para ganado vacuno comenzaron a bajar sus costos –es decir, a aumentar sus beneficios– utilizando despojos de ovejas infectadas (y más tarde de vacas) para fabricar las harinas con que se alimenta al ganado inglés. Para ahorrar combustible redujeron la temperatura a la que se procesa la carne para producir estas harinas (lo que impedía la eliminación del virus). Obtuvieron así un proceso de producción “mucho más barato” (Financial Times, 24/3). La sistemática utilización de alimentos infectados no sólo extendió el virus de las ovejas a las vacas sino que, además, lo hizo más dañino y violento (ídem). El gobierno conservador es señalado como responsable de la propagación de la enfermedad. Sólo en 1989, tres años después del primer caso de ‘vaca loca’, prohibió la utilización de animales infectados para la fabricación de harinas para el consumo del ganado vacuno (y sólo hace pocos días la prohibió para la fabricación de alimentos para cerdos y aves). Tardó todavía más (bien entrada la década del 90) en prohibir la venta de cerebros vacunos (donde se concentraban los virus) para consumo humano. Pero como el gobierno no reembolsaba a los ganaderos el costo de las vacas infectadas que éstos debían sacrificar, “a los primeros síntomas de la enfermedad, los ganaderos enviaban el ganado al mercado en lugar de sacrificarlo” (International Herald Tribune, 25/3). La razón de la ‘parálisis’ oficial es que un ataque a la enfermedad hubiera herido los intereses del lobby ganadero y de la industria agroalimentaria, que cuentan con poderosos apoyos en el partido conservador. La muerte de diez personas en 1995 como consecuencia de una variedad extremadamente dañina de la enfermedad de Creutzfeld-Jakob, provocó la crisis actual, al obligar al gobierno a anunciar la posibilidad de transmisión de la enfermedad de las vacas a los hombres. Aun con estos antecedentes, el viceprimer ministro Michel Heseltine y una parte considerable de los ministros se opusieron vivamente a que el gobierno reconociera la posibilidad de la transmisión de la enfermedad a los seres humanos (ídem). Claro está, para no arruinar el negocio de los ganaderos ... Guerra comercial y “cataclismos macroeconómicos” Con el anuncio gubernamental se desplomaron las ventas internas de las carnes británicas y se cerraron sus mercados de exportación. La resolución de la Unión Europea de prohibir la exportación de carne británica a todo el mundo es el poco disimulado inicio de una guerra comercial agropecuaria entre los ‘socios’ europeos. Los británicos reclaman que la Unión Europea financie una de las eventuales soluciones —la matanza de los millones animales potencialmente infectados o mayores de 30 meses—, que podría insumir hasta 30 mil millones de dólares. Francia, Alemania y Holanda se oponen tajantemente. La disputa por los fondos del ‘programa agropecuario común’ —utilizados habitualmente para sostener a la agricultura y la ganadería europeas cuyas producciones no encuentran lugar en el mercado— es el nudo de la ‘guerra’ entablada entre Gran Bretaña y Europa. El “colapso de los mercados externos” (Financial Times, 23/5) y la desaparición de consumidores internos han provocado una caída del 15% en los precios de la carne; las acciones de las compañías procesadoras de alimentos han caído hasta en un 30% en pocos días (Newsweek, 1/4). Gran Bretaña perderá 1.000 millones de dólares anuales por sus exportaciones de carne; sin embargo, “el mayor cataclismo macroeconómico” (Financial Times, 24/3) provendrá de la importación de leche, uno de los pocos rubros en que Gran Bretaña era autosuficiente. La necesidad de importar leche agregará más de 1.500 millones de dólares anuales al ya abultado déficit comercial británico. La matanza de los animales infectados provocaría una prolongada y profunda depresión económica, cuyo paso inicial sería la pérdida de 350.000 empleos en las industrias directamente relacionadas (alimentos, fabricación de maquinarias agrícolas, mataderos) y la quiebra de numerosos ganaderos. Hay que agregar, además, la perspectiva de un crecimiento sistemático del déficit fiscal, para financiar la matanza de animales infectados. El capitalismo no puede escapar a sus leyes: el ‘mercado’ hundió al ‘mercado’. “Un gobierno infectado” La crisis desatada ha puesto al gobierno al borde del Knockout. Para la inmensa mayoría de la población, los gobiernos conservadores —el de Thatcher primero y el de Major después— son responsables no sólo por la propagación de la enfermedad sino también por el sistemático ocultamiento de sus gravísimas consecuencias. La ‘historia oficial’, repetida una y otra vez desde 1985, fue que la carne era “segura”... Lo que le ha dado su envergadura a la crisis, sin embargo, es la perspectiva de una colosal crisis económica y financiera y de una guerra comercial con Europa, que afectará fundamentalmente a los ganaderos —una de las bases electorales del partido conservador— y a la gran industria agroalimentaria. Entonces, habrá llegado la hora en que el ‘mercado’ hunda al gobierno de los defensores del ‘mercado’. La amenaza de “cientos de miles” (Newsweek, 1/4) de seres humanos infectados y la matanza de varios millones de cabezas de ganado son consecuencia de la insaciable voracidad capitalista por el beneficio. El capitalismo, se ha demostrado por enésima vez, es la barbarie.

Para el Pts (29/3), “las masivas movilizaciones del sábado 23 y el domingo 24 son una muestra elocuente que algo está cambiando”; que “la indignación y el odio de los trabajadores y el pueblo, contra el gobierno, contra la policía asesina... se expresó en las calles. En el acto del 23 de marzo y también en el del 24”. Bastante bien. Pero entonces: ¿por qué el Pts apenas se hizo presente en el festival de Madres, el 23, y no fue a la marcha del 24? Para el Pts, las Madres representaban una ‘política diferente’ a la de los organizadores de la marcha del domingo. ¿Es así? Tanto la jornada del 23 y la del 24 fueron organizadas por sectores democratizantes que pretendían vaciar en un festival una manifestación política masiva. La misma música, las mismas canciones, los mismos conjuntos y la misma falta de consignas contra el menemismo, caracterizaron a ambos festivales. En el festival reivindicado por el Pts, Hebe Bonafini dijo que la salida a la crisis nacional “la van a dar los marginales, los que han perdido todo; ni los intelectuales ni los trabajadores: unos se hacen buches con la democracia y los trabajadores han tenido muy malos ejemplos, una burocracia sindical que los llevó a esta hecatombe, un peronismo que no les enseñó a pelear sino a esperar del sindicalismo que los negoció y los entregó... pero la marginalidad va a contribuir para que las cosas cambien, y nosotras vamos a ayudar para que se solidaricen y aprendan”. Esta es la política que reivindica el Pts: la condena al activismo obrero, que, dicho sea de paso, pobló como nadie las listas de los desaparecidos. Todas las limitaciones políticas de Madres han estallado abiertamente en este discurso reaccionario. El Pts dice que “el domingo 24, 50 mil personas poblaron la Plaza” (el Pts asume la versión policial de la concurrencia). También dice que “la Ucr y el Frepaso intentaron expropiar las demandas democráticas” de los que marcharon. Pero lo que no dice el Pts es que al cederle la calle al centroizquierda en una jornada de lucha nacional, el Pts fue cómplice de estos intentos. Para el Pts, “la única forma de luchar consecuentemente contra la represión y el plan de hambre es, en primer lugar, rompiendo con estos partidos de los patrones y los yanquis”. Esto es un ultimátum dirigido a las masas: si ustedes no rompen con el menemismo, el Frepaso, el CTA y aun el PO, no voy a niguna marcha, me quedo en casa y ustedes se seguirán jodiendo. ¡Qué política revolucionaria, ¿no?! Pero es colocándose al frente de las luchas de las masas, de la forma más consecuente, que la vanguardia y las masas podrán asimilar su experiencia política y adherirán a la idea de organizarse en forma independiente de la burguesía en un partido obrero. El apoyo del Pts a los planteos políticos de los organizadores del festival del 23, expresa su pasaje, viejo pero seguro, hacia el lumpenismo.

Sólo la represión patronal, guiada por la burocracia, pudo impedir que Editorial Perfil tuviera hasta ahora una dirección clasista. Desde el ’93, con el apoyo de la Naranja, los delegados antiburocráticos (minoría) Cardozo y Luján, libraron una batalla decisiva contra la jubilación privada; impusieron una autoconvocatoria de delegados con Atlántida y La Nación; impulsaron la asamblea de fábrica ante cada ataque patronal; elaboraron un programa de categorías sección por sección; estuvieron a la cabeza del rechazo del taller a un intento de ‘flexibilidad laboral’ de cambiar el sábado por un franco el lunes; defendieron la estabilidad laboral ante los cierres de sectores, como foto y algunos turnos de offset. La mayoría de los delegados se dedicó, en cambio, a tratar de voltear a estos luchadores, apoyando incluso una suspensión con desafuero a Cardozo, hoy candidato a Secretario Adjunto por la Naranja. Toda esta podredumbre estalló en una asamblea general de fábrica, el lunes 18 de marzo. La burocracia, ante la inminente renovación de delegados, aceitó el aparato y propuso lista cerrada para excluir “a estos dos compañeros que han empantanado el taller”. La asamblea los empantanó a ellos: por más de 90 votos a 23, se plebiscitó a estos dos activistas y se aprobó una vez más el sistema de lista abierta para que salgan los más votados. Al cierre de esta edición, la Verde retiraba a sus candidatos de la pugna electoral ante el “papelón anunciado” que les tocaría en suerte. La tarea del momento: crear un nuevo activismo que reemplace al que quedó en la calle hasta la última tanda de despidos en diciembre pasado. Pero el ascenso antiburocrático no es monopolio de Perfil. La Comisión Interna de Muresco, que ha inclinado su apoyo a la Naranja sin haber alcanzado a integrarla, denunció que en diciembre, tras una votación similar, se aprobó ir por lista; se presentaron dos y ganó la que nadie votó ante el asombro de la masa de fábrica. Un elemento de ellos denunció el fraude, se forzó la renuncia de los burócratas y ganó por muerte la actual interna de activistas. En una actitud inédita y sin argumentos, Ongaro, en persona, negó licencia gremial para hacer campaña electoral a los candidatos de la Naranja. Están nerviosos. Se explica, hay un ascenso y viene de atrás.

Padres y docentes de 25 jardines de infantes de Córdoba capital decidieron convocar a una movilización para el martes 2 al ministerio de Educación y la toma de todos los jardines de infantes el miércoles 3, en reclamo de la reapertura de las salas de 4 años cerradas por el gobierno de Mestre en el marco de la ‘reforma educativa’. Los padres siguen el camino de los jardines maternales, que con la movilización y ocupación, lograron la reapertura de 2 de ellos. La decisión de Mestre dejó sin escuela a más de 9.000 chicos de 3 y 4 años, provocando un retroceso en el ciclo formativo de los chicos. La lucha de los jardines se desarrolla en un momento de retroceso en el gremio docente. El paro provincial del 11 fracasó y el paro nacional del 21 fue convertido en un paro de 1 hora que tampoco fue cumplido. Todo esto es el resultado de la política de la directiva de UEPC, que está negociando la reforma de los estatutos docentes, que se ‘opuso’ a la reforma sólo porque se hacía “muy apresuradamente y sin consultar a los docentes”, es decir, una directiva que actúa como agente del gobierno mestrista en el seno de los docentes. La movilización del martes y la lucha encarada por los padres de los jardines son una oportunidad para reorganizar la lucha docente frente al ataque que en todos los terrenos (salarios, estabilidad en el cargo, estatutos, cierre de escuelas, turnos y grados) está llevando adelante el gobierno.

La apelación de Menem a la Corte Suprema para que declare la vigencia del acuerdo Fiat-Smata ha llevado a pique la política de la burocracia de Lorenzo Miguel. Nadie duda que la Corte hará ahora lo que le exigen Menem, Cavallo, la Fiat y el embajador norteamericano. El secretariado nacional de la UOM había pretendido frenar este convenio anti-obrero con un recurso de no innovar que tuvo éxito en primera instancia. El convenio Fiat-Smata significa la reducción salarial para todos los trabajadores metalúrgicos y mecánicos que se encuentren ganando por encima de lo establecido en ese convenio. Los primeros que habrán de sufrir esas consecuencias son los compañeros de Cormec (Córdoba) y Sevel (Palomar). En Mercedes Benz ya está en marcha un intento para reducir los salarios. Las grandes patronales esperan la luz verde del convenio Fiat-Smata para proceder a reemplazar los actuales contratos de trabajo por contratos de aprendizaje y a sus trabajadores por aprendices. Esto entraña una rebaja salarial de más del 50%. La burocracia de la UOM no sabe para dónde disparar. En una reciente solicitada, Hugo Curto, directivo de la UOM de Tres de Febrero, reconoce que la Corte hará lo que le exigió Menem. Lo que Curto no menciona es que Lorenzo Miguel se confió al recurso judicial luego de que se lo ‘aconsejara’ el propio Menem en una reciente reunión en Olivos. El Partido Obrero planteó, en cambio, luego del ‘éxito’ de la UOM en la primera instancia, que “El fallo de la jueza no resuelve nada”. No fueron Fiat ni el Smata los que recurrieron a la Corte; tampoco lo hizo la UIA. Mandaron al frente a Menem. Esto no es casual. Significa que para los pulpos capitalistas ese convenio no es un ‘asunto privado’. Es una cuestión de Estado. Liquidar al movimiento obrero como tal es, ciertamente, una cuestión que supera las posibilidades de una o varias patronales aisladas. Esto demuestra la debilidad estratégica del gran capital frente al movimiento obrero considerado como conjunto. Por eso requiere la violencia propia de la intervención estatal. El recurso del gobierno ante la Corte prueba que Menem es un títere de los explotadores. A eso se reduce la ‘magistratura’ presidencial. La política del secretariado de la UOM ha fracasado por completo. Curto, en la solicitada, pide “Que nadie deduzca de mis palabras que estoy en contra de la radicación Fiat Auto y de la inversión que anuncian”. Dice esto a pesar de que, según sus propias palabras, “la capacitación de los trabajadores de Fiat la pagará el Estado”; a pesar “del subsidio del gobierno nacional a Fiat”; a pesar “de los miles de trabajadores que pueden quedar desocupados en Caseros”; a pesar de que “Los puestos laborales que Fiat Auto Arg. S.A. promete no son más que eso”; y a pesar de que “Fiat no habrá de generar un aumento de la masa salarial total de la Argentina”. Si esto es así, y es efectivamente así, por qué Curto y el secretariado no se oponen a la inversión de Fiat? El remedio a la desocupación no lo va a encontrar una inversión capitalista aislada sino una política económica de conjunto que sea diseñada por los trabajadores y en beneficio de los trabajadores. Hay que enfrentar el convenio Fiat en toda la línea; Curto y el secretariado no abandonan la esperanza de firmar ellos mismos un convenio con Fiat. El secretariado nacional de la UOM debe responder por su fracaso ante los trabajadores metalúrgicos. El convenio Fiat-Smata tampoco es para los obreros un ‘asunto privado’; también para los obreros es ‘una cuestión de Estado’, es decir, estratégica. Ese convenio, además de reducir los salarios, significa descalificación laboral, desconocimiento de los conocimientos y aptitudes laborales de los trabajadores, liquidación de la jornada de trabajo, destrucción de la vida familiar, usura física y psíquica de cada uno de los obreros. El secretariado de la UOM debe responder ante un congreso de delegados y ante una asamblea general, para que uno y otra elaboren un plan de lucha que liquide ese convenio miserable. El recurso de Menem ante la Corte delata que el convenio Fiat está diseñado para todo el movimiento obrero. Es, en efecto, lo que intentan imponer las patronales del transporte, las gráficas, las del plástico, las de la alimentación, todas, chicas y grandes. El movimiento obrero se tiene que unir para enfrentarlo. Contra la reducción del salario: aumento del 50%. Contra la flexibilización de la jornada laboral: jornada de 8 horas; 45 semanales. Contra la polifuncionalidad: reconocimiento de las categorías y calificaciones profesionales y laborales. Contra la ‘desregulación’ sindical-laboral: convocatoria de paritarias y convenios colectivos anuales por industria. Contra los despidos: reparto de las horas de trabajo disponibles sin afectar el salario. Contra la desocupación: seguro mínimo de 500 pesos al desocupado; plan de obras públicas bajo control de los trabajadores. Contra la desprotección de la salud y la vida de los trabajadores: derogación de las leyes de jubilación privada y accidentes de trabajo, defensa de las obras sociales bajo control obrero, jubilación mínima de 500 pesos, 82% móvil.

Luego de protagonizar una masiva movilización en el aniversario del golpe, los secundarios rosarinos salieron a la lucha en defensa del medio boleto estudiantil, que el Ejecutivo municipal (Binner, Frepaso) pretendía cercenar a través del pago anticipado de los boletos, carnets tarifados, limitación del uso a cuatro empresas, etc. Más de 200 estudiantes juntaron unas 2.000 firmas en sólo 24 horas y se movilizaron al Concejo Municipal, donde ocuparon las gradas y ejercieron una presión directa sobre todos los concejales mediante cánticos y silbatinas. Todos los concejales, incluyendo el oficialismo, terminaron votando la Ordenanza reclamada por los secundarios. La UJS tuvo una activa participación en esta lucha. Esta victoriosa movilización refuerza el ascenso político de la juventud y las posibilidades de poner en pie los centros y la coordinadora de estudiantes, y desarrollar la organización política de la juventud en una UJS de masas.

La nueva ley de accidentes de trabajo es una calamidad para la clase obrera. Para las llamadas incapacidades graves, como la incapacidad absoluta o la muerte, producidas en o por el trabajo, sustituye el pago de la indemnización por una renta mensual que varía según la edad del trabajador damnificado y el sueldo. Para un trabajador con un sueldo de 500 pesos, esa mensualidad ronda los 150 pesos y para quien gana 1.000 pesos, menos de 300 pesos por mes. Es decir, la incapacidad absoluta o la muerte por un accidente de trabajo, por causas ajenas a la responsablidad del trabajador, vale para la clase capitalista el 30% del salario miserable. Algo similar sucede con las incapacidades menos graves —cuando afectan la capacidad laboral del trabajador en menos del 50%. En esos casos el trabajador recibe una indemnización por única vez —suma fija— que puede rondar de los 3.000 a 15.000 pesos, también según la edad, sueldo del trabajador e intensidad de la incapacidad. Una verdadera miseria (que reduce todavía más las ya bajas indemnizaciones que se pagaban por las anteriores leyes de accidentes de trabajo —en especial, a partir de las modificaciones introducidas en 1991— que ahora quedan derogadas). A cambio de esta ‘indemnización’ del 30% del sueldo, el trabajador tiene prohibido realizar juicios laborales, porque la determinación de la incapacidad queda reservada a las comisiones médicas, ni tampoco puede recurrir a la vía civil, lo cual “es discriminatorio en cuanto priva a las víctimas de infortunios laborales de acceder a la tutela civil para la reparación que gozan todos los habitantes, conforme al derecho común” (ponencia del Dr. Isidoro Goldenberg, en las Jornadas sobre accidentes del trabajo de la Asociación de Abogados Laboralistas). La ley reconoce solamente un limitado número de enfermedades profesionales. No están las várices ni la lumbalgia, que son los casos más numerosos de enfermedades reconocidas por la Justicia. “El listado de enfermedades profesionales, aprobado por el Comité Consultivo Permanente, es confuso pues toma en cuenta el agente productor del daño, como elemento principal, omite algunas enfermedades profesionales y por supuesto excluye las enfermedades accidentes, que durante años, nuestra jurisprudencia sabiamente había terminado por aceptar” (ponencia de Luis Enrique Ramírez, ídem). Oposición patronal ¿Si todo esto es así, por qué la patronal de la Unión Industrial ha puesto en crisis al sistema al reclamar por la postergación indefinida de su entrada en vigencia? Hay dos razones. Primero, considera que la ley debería ser más reaccionaria aún. Por ejemplo, debería achicar las rentas de las enfermedades graves, con el argumento de que el trabajador con incapacidad absoluta o la viuda de un trabajador que fallece por el accidente de trabajo podrían cobrar la pensión por invalidez o muerte, es decir, “dos beneficios”. También critica que la ley permita al trabajador ir a juicio en caso de que el accidente se hubiera producido por ‘dolo’ de la patronal. Para la Unión Industrial esto dejaría un resquicio por donde los trabajadores podrían iniciar juicios. En resumen, para la gran patronal la ley debería ser más antiobrera. Pero la segunda cuestión es incluso más decisiva. Sucede que el nuevo seguro estará a cargo de las ART (Aseguradoras de Riesgos del Trabajo), que cobrarán a las patronales por ese seguro una tarifa mensual (póliza). Según los diarios, el precio promedio de esa tarifa sería del 4% mensual de los salarios de la nómina de trabajadores asegurados, lo que arrimaría a las cajas de las ART unos 1.500 millones de dólares por año. Pero la gran patronal no quiere ni en sueños transferirles semejante suma a los grupos financieros y bancarios que entraron a este nuevo negocio. Cuando planteó el permiso de un ‘auto-seguro’ para las grandes empresas, las ART pegaron el grito en el cielo por la parte de la torta que perderían. El gobierno prometió autorizar el autoseguro, pero con restricciones, lo que llevó al ‘patrón’ de la Unión Industrial, Blanco Villegas, a decir en un violento comunicado que la ley encarecía los costos laborales y violaba acuerdos anteriores. Al mismo tiempo, abrió una crisis en la Unión Industrial con los representantes vinculados a los grupos financieros, que han amenazado con escindir a la cámara patronal. El lunes pasado, M. Macdur, de la Unión Argentina de la Construcción, amenazó con el retiro del ‘grupo de los 8’ de la flamante Comisión del Empleo y del Trabajo, si la ley de seguros de riesgo no se modificaba. Ante la divergencia entre los distintos sectores capitalistas, el gobierno se comprometió a laudar en dos semanas. Pero como se espera que convalide el planteo de las ART, el otrora ultracavallista patrón de la Unión Industrial, Blanco Villegas, es ahora blanco de ataque de los cavallistas y de los grupos financieros.

Luego de la descomunal derrota del imperialismo yanqui en Vietnam, los politicólogos norteamericanos idearon una hilarante recomendación para cuando su gobierno se volviera a encontrar en situaciones similares: “declarar la victoria y rajarse”. ¿A quién se le hubiera ocurrido imaginar que la dirección del Ptp terminaría recurriendo, con el tiempo, a ese hipócrita consejo? Pues eso es lo que hace el periódico Hoy en su última edición, al sustituir con un par de calumnias su falta de respuesta a las denuncias de este periódico de las descomunales mentiras con que ha justificado su apoyo al régimen de las tres A de López Rega e Isabel. A nuestra irrefutable demostración de que ese régimen redujo los salarios, elevó la deuda externa, pergeñó el primer ‘plan Cavallo’ de las últimas dos décadas, intentó liquidar las conquistas laborales y actuó como fuerza paramilitar del ejército y de la CIA, el periódico Hoy responde que “la dirección nacional de esta organización (PO) habría decidido ‘una campaña’ contra el PCR”, y no desde ahora, qué va, sino desde hace 30 años. Naturalmente que todo esto es mentira; lo único cierto es que el Ptp abandona el cuadrilátero porque no puede contestar las irrefutables evidencias que hemos presentado contra ellos, a propósito del carácter anti-obrero, terrorista, pro-imperialista, cómplice del pinochetismo y hambreador, del gobierno Isabel-López Rega. Y porque no puede responder a nuestra acusación de que el ‘rodrigazo’ isabeliano inauguró la estrategia imperialista que habrían de seguir luego, con mayor éxito, Martínez de Hoz y Cavallo. En su minúscula nota de rendición incondicional, el Ptp se atreve a decir que el PO ataca “siempre a la izquierda y no al enemigo de clase”. Los autores de este desatino indudablemente no la pensaron dos veces antes de escribir, o quizás la pensaron con mucho cuidado. Porque el único significado que tiene esa diatriba en el contexto de la polémica, es que Isabel, López Rega y la triple A son de izquierda y amigos de la clase obrera. La acusación del Ptp contra el PO se transforma, de este modo, en el epitafio del Ptp y en un excelente resumen de sus posiciones. Los amigos de siempre de los carapintadas y del lopezreguismo, y hasta hace poco del menemismo, y ahora del frepasismo y del clero, pretenden darle al PO una lección en materia de defensa y ataque de los “enemigos de clase”. Lo cual demuestra que sin una fuerte dosis de falta de vergüenza es imposible el macaneo político. La supuesta “campaña contra el PCR” es, en realidad, la cortina de humo con la cual el Ptp pretende ocultar su campaña contra el frente de izquierda, que fue el origen de las polémicas entre el PO y el Ptp en el último año y medio. Desde la “autoconvocatoria” de fines de 1994 para formar ese frente, la dirección del Ptp se opuso por todos los medios a la discusión de un programa y defendió a rajatablas las reivindicaciones sociales capitalistas, como el subsidio económico a los pequeños y medianos explotadores, incluso el reconocimiento de la deuda externa usuraria (en pesos), además de no plantear la expropiación de los latifundios o de la oligarquía agraria. El Ptp se empeñó luego, en hacer frentes con Molinas (quien en 1976-82 se mantuvo dentro del PDP que apoyaba a la dictadura) y con Solanas (quién votó la intervención menemo-cavallista a Santiago del Estero), y en impulsar multisectoriales con la oligarquía azucarera jujeña, y ahora quiere integrar un frente de apoyo al ‘chachista’ La Porta. Lo que dio origen a la polémica fue la política del PO de impulsar un frente de izquierda, y la del Ptp, contraria a este frente, para promover en su lugar un “frente opositor” bajo el liderazgo de la burguesía proimperialista de la UCR y el Frepaso (como en 1989 integró el frente del proimperialista Menem contra Angeloz). De este “frente opositor” tampoco fueron excluidos los ‘carapintadas’; en la polémica denunciamos la posición del Ptp de recuperar Malvinas “por todos los medios”, como un planteo de rearme de las Fuerzas Armadas y de militarización del país. La tenacidad con que el Ptp encaró la polémica, el cambio constante que hizo de sus temas y las maniobras que utilizó, demuestran que el seguidismo a la burguesía nacional pro-imperialista es para el Ptp un asunto estratégico, que se remonta precisamente al apoyo al régimen terrorista anti-obrero de Isabel y a la integración del frente menemista hasta bastante después del ’89. El Ptp “tira la toalla” porque está lanzado a un nuevo seguidismo y porque la polémica ha desenmascarado una política completamente perjudicial para los explotados.

Más de 300 compañeros —el total absoluto de los presentes— votaron en Asamblea General el rechazo a un nuevo intento patronal de imponernos un convenio Fiat-Smata. El núcleo del planteo patronal es un sistema de débito-crédito de horas y la multifunción intersectores —desplazamiento de una sección a otra. Rechazamos ambas cosas en un debate de hora y media de asamblea. Denunciamos el objetivo estratégico de flexibilidad laboral perseguido por la patronal para disponer de nuestra vida en función de las salidas de las revistas, de los flujos y reflujos de los tirajes, de los adelantos o atrasos de las ediciones de acuerdo a las primicias periodísticas o deportivas. El activismo caracterizó también que la multifunción agravaría la crisis de ocupación que atravesamos por la caída de la actividad (18% según cifras patronales que no parecen distar demasiado de la realidad). con ella tendríamos más horas en blanco de las que ya tenemos. Precisamente, denunciamos que la patronal aprovecha la posibilidad de suspensiones —que nos llevó a un régimen de emergencia en octubre— para tratar de quedarse con un desconocimiento definitivo del convenio en su división de ramas, aunque momentáneamente no afectara nuestra escala de categorías internas superior a la del convenio gráfico en un 200%. La lucha, sin embargo, no empezó ahora. En el 94, cuando impusimos el cuarto turno, practicamos un plan de lucha (trabajo a convenio) para obtener un aumento que la empresa quería dar en cuatro premios: al desperdicio, a la calidad, al presentismo y a la productividad. Una copia en aquel momento del convenio General Motors. Derrotamos esta variedad de salario a destajo e impusimos un aumento del 8,15% en efectivo y 3% en ticket canasta. En el verano que acaba de terminar, intentaron mandar compañeros de encuadernación a rotativas. Nos negamos. Se intentó también en montaje y fotografía que hiciéramos horas en exceso que la empresa devolvería más adelante. Lo impidió la organización de fábrica y lo negó cada compañero presionado por la jefatura. Por eso, este rechazo de hoy, con todos los peligros que entraña —se reafirmó la huelga si tocan a alguien—, es el resultado de una maduración política y de lucha del taller, que se apoya en el programa de la lista Naranja Gráfica, hoy tomado como bandera por decenas de talleres del gremio. Las manos se levantaron también para repudiar la posición del sindicato, que cuestionó ante el ministerio nuestro régimen de 4 turnos. Se resolvió exigir que quienes firmaron la flexibilidad laboral de las Pymes sin consultar siquiera un plenario de delegados, respeten la voluntad de la Asamblea General de Atlántida. Enviamos esta resolución a Prensa Obrera en apoyo a su campaña nacional contra el convenio Fiat-Smata, que debería tomar el conjunto de las organizaciones obreras. Queremos hacer pública también nuestra postura en favor de una coordinadora de los gráficos de la zona: Ciccone, A y C, Aluex, Supapel, etc., y en favor de una coordinadora obrera de toda la zona norte por encima de oficios y gremios para luchar contra la flexibilidad laboral y las reivindicaciones del movimiento obrero.

Durante la semana pasada, la huelga general boliviana mantuvo sus características principales: gran cumplimiento de docentes rurales y urbanos, apoyo de los barrios y de los estudiantes, más el agregado de una gigantesca manifestación de 40 mil personas en la Plaza de San Francisco en el centro de La Paz. En Cochabamaba, una manifestacíón reunió a 30.000 personas. En Potosí, 15.000. La huelga fue desencadenada por el propósito del gobierno de privatizar YPFB y el sistema previsional, de entregar los ferrocarriles nada menos que a un pulpo chileno y por un pliego de salarial de la Central Obrera. La burguesía está empeñada en construir un gasoducto a Brasil que reportaría 400 millones de dólares en concepto de exportaciones, para lo que dice necesitar el apoyo del Banco Mundial y de la petrolera Enron. Esta circunstancia le da un carácter estratégico a la huelga resuelta por el sindicato petrolero. Es, sin embargo, la huelga petrolera la que pone al desnudo la debilidad de la huelga, ya que los pozos y las refinerías no han sido ocupados, permitiendo que siguieran operando bajo la dirección de los supervisores. Durante la semana pasada, la dirección del sindicato de YPFB decidió no profundizar la huelga, luego de una negociación con el gobierno. Esto cuando en más de diez departamentos del distrito Camiri los trabajadores han abandonado los equipos de perforación. Sin embargo, en Valle Hermoso, cerca de Cochabamba, las actividades fueron normalizadas por orden de la dirección sindical. En el Chapare tiene lugar una huelga de hambre sin dejar de trabajar y la refinería de Valle Hermosos fue entregada a los profesionales y técnicos para no paralizar las actividades. Además de esto, las direcciones sindicales de petroleros y la COB decidieron suspender la huelga en los pozos hasta el lunes 1 de abril. La política vacilante de la Federación Petrolera y de la COB no está a la altura de una lucha que debe enfrentar la decisión estratégica de privatizar el petróleo para construir el gasoducto y condiciona de conjunto a la huelga general resuelta por la COB.

El 4 de octubre del año pasado, en una de las movilizaciones gremiales más importantes de los últimos años, 15.000 bancarios marcharon contra la liquidación de su obra social dispuesta por el gobierno. Pese a esta masividad y combatividad, la burocracia desde el vamos se opuso a plantear la derogación de los decretos gubernamentales. No se opuso en cambio a la designación del interventor Alderete, de la UCD, sino que colaboró designando a dos asesores gremiales en la presidencia del ISSB. Se enfrentó con los propios compañeros del ISSB cuando éstos plantearon ocupar los principales edificios de la obra social. Durante meses, su único camino de ‘lucha’ fueron los reclamos en los estrados judiciales. Entretanto, desde octubre a la fecha, alrededor de 1.500 compañeros optaron por el ‘retiro voluntario’ desmoralizados por la falta de perspectivas. Como la consigna de la burocracia es la “transformación” del ISSB, coincide en que es necesario el ‘ajuste’: miles de compañeros despedidos, cierre de servicios, tercerización de las prestaciones, arancelización, etc... La disputa no tiene que ver con la salud de los bancarios, sino con el manejo de los fondos. La situación en estos meses parecía encontrarse en una especie de empate. El instituto seguía intervenido pero los banqueros debían mantener su aporte a la obra social del 2% sobre los intereses y comisiones. Pero el decreto que elimina el aporte lleva la situación del ISSB al colapso. La preocupación entre los trabajadores bancarios es grande. El Cuerpo de Delegados de la Seccional Buenos Aires tomó la iniciativa de la manifestación a las puertas del Sheraton durante la asamblea del BID. Los compañeros del ISSB han ocupado los edificios y se votó una marcha para el lunes 1º de abril. Zanola convocó para una marcha nacional del gremio el 10 de abril al ministerio de Economía.

Hace 13 días se conformó el primer piquete de Huelga de Hambre universitario a nivel nacional; con un grupo de universitarios se declaró en Huelga de Hambre dura (sólo consumiendo agua). Ellos manifestaron en un documento de “declaratoria en Huelga” que asumían esta extrema medida reivindicando el pliego único de la Central Obrera Boliviana, en defensa de la autonomía universitaria, por un presupuesto acorde a las necesidades del sistema universitario boliviano y en contra de la política neoliberal en su conjunto. Por el delicadísimo estado de salud, los otros huelguistas fueron evacuados del piquete por decisión de las bases estudiantiles, y sólo permanece en esta heroica actitud la compañera Susana Bacherer, estudiante de la carrera de Historia. Susana ha sido dada de baja varias veces por su extrema debilidad y los graves efectos de la huelga de hambre. Una asamblea decidió sacarla por la fuerza pero ello se negó. Reproducimos su: Mensaje a la juventud Enflaquecida y débil, pero con los ideales reafirmados y con la convicción de que sólo la juventud luchadora, firme y militante logrará unirse a los explotados para la emancipación de nuestros pueblos oprimidos, quiero decir a los jóvenes de Bolivia: 1º) Es la juventud la que vive y sufre los peores golpes de la decadencia del capitalismo, un sistema podrido que sólo trae la penuria de la desocupación y miseria, un sistema que extirpa de nuestro país y de nuestra juventud toda posibilidad de un mañana. Somos nosotros los que levantamos las banderas del socialismo y gritamos que esta lucha, si bien hoy es de unos cuantos, mañana será de miles y miles. Estamos llenos de vigor y fuerza para defender la ecología, para acabar con la opresión de las naciones oprimidas, de la mujer y de los niños; en fin, para emprender la estructuración de la vanguardia internacional bajo la bandera de la revolución socialista mundial. 2º) La lucha que libra el pueblo boliviano en las calles y en los caminos, con la acción directa y las huelgas de hambre contra el neoliberalismo, muestra claramente que los explotados de Bolivia han dicho basta y se han puesto a luchar porque prefieren morir antes que esclavos vivir. Las huelgas de hambre a partir de ahora deben ir acompañadas de una juventud masiva organizada de forma activa y creativa. Los estudiantes no deben irse a sus casas ni venir a perder el tiempo; en épocas de huelga deben armarse para la lucha teórica discutiendo en las aulas de política revolucionaria y práctica, en las calles bloqueando y luchando para así apoyar de manera militante la lucha de las mayorías bolivianas. 3º) La traición de los burócratas sindicales es imperdonable y muestra su política entreguista y claudicante rifando el esfuerzo y la lucha del pueblo boliviano; la juventud implacable y vigorosa, denuncia y condena a estas direcciones cupulares pro-oficialistas y reformistas. No debemos descansar hasta superar a estas direcciones enquistadas para expulsar a la burguesía corrupta e incapaz y a su gobierno títere de los yanquis. Los universitarios estudiantiles luchamos para defender la educación gratuita, fiscal y laica y no permitiremos la aplicación de la reforma educativa, es hora de impedir la capitalización de YPFB, exigir un salario que cubra la canasta familiar, un presupuesto que cubra las necesidades de la universidad, en fin, por el pliego único de la COB. ¡Viva la juventud, fuego de la revolución!

El viernes pasado por la noche se registró un sismo político. Fue cuando miles de personas salieron a marchar desde Jujuy a Tierra del Fuego para protestar contra la suspensión de la televisación del juicio por el crimen de María Soledad. Esta irrupción popular tuvo lugar apenas cinco días después de la marcha del 24 de marzo, en la que 100.000 personas protagonizaron la mayor concentración popular de los últimos quince años. La protesta contra la decisión del tribunal de Catamarca constituye una dura lección para los que defienden al menemismo en nombre de la democracia. Ocurre que el 70% del aparato encargado de la protección jurídica de la democracia fue nombrado por la dictadura militar y defiende un vasto cuerpo de leyes que fue dictada por las dos últimas dictaduras militares. La movilización popular contra la censura televisiva está relacionada con la convicción mayoritaria de que el aparato judicial no pretende castigar a los asesinos de María Soledad. Pero también existe la convicción de que el mismo encubrimiento realizan Menem y los partidos patronales. Con independencia de que la población saque o pueda sacar todas las conclusiones de lo que está ocurriendo, su movilización es un ataque al Estado burgués. Cuando la gente aún no había ganado la calle, el ministro de Justicia, Rodolfo Barra, tuvo tiempo de pronunciarse en apoyo a la censura televisiva del juicio. Es decir que la censura fue promovida por Menem. A Barra no le faltaron argumentos; dijo que la posibilidad de que el fallo judicial no coincidiera con el fallo del pueblo entrañaba un gran riesgo para el ‘estado de derecho’. Lo mismo había dicho Guillermo Luque en el programa de Grondona, cuando dijo que se asistía a la confrontación entre el juicio popular y el juicio legal. Barra y Luque han expresado con toda claridad a la burguesía, que ve en la movilización popular un fenómeno político cuyo alcance puede ser mayúsculo. El tribunal que dictó la censura tuvo que renunciar; quedó eliminado de nuevo un equipo encubridor de los tantos que se designaron durante estos cinco años en Catamarca. Sin embargo, es perceptible que se quiere usar esta renuncia para dilatar la reanudación del juicio hasta conseguir un reflujo del movimiento popular y rearmar un acuerdo entre las distintas fracciones políticas. Esto último es una condición para que los pulpos televisivos se integren a una política de autocensura. A pesar de la enormidad de la crisis, el Congreso no ha abierto la boca, es cómplice del encubrimiento y del juicio trucho. Los políticos patronales que protestaron contra la censura no se pronuncian sobre el juicio trucho, que está armado para evitar la condena de los culpables. En el marco del poder judicial es imposible satisfacer el reclamo del castigo a los asesinos, porque ello entrañaría una crisis política mayúscula. El encubrimiento de los criminales es responsabilidad de todos los poderes del Estado. La movilización popular forma parte de la lucha contra la policía, provocada por los constantes asesinatos de chicos y por los intentos de Duhalde de implantar un estado policial en Buenos Aires. Menem. Congreso, justicia, policía —los pilares del Estado. Menem, y el partido justicialista han estado reteniendo los diplomas de los senadores electos de la oposición hasta conseguir los votos necesarios para que Saadi, o un saadista, ingrese al Senado. La movilización popular también forma parte de la enorme agitación que causa cada vez más el derrumbe del ‘plan’ Cavallo. La población argentina siente que vive en un régimen que le ha cerrado todas las salidas. La causa de María Soledad tiene una única salida. El encarcelamiento inmediato de los principales sospechosos de ejecución y complicidad del crimen, hasta que quede fehacientemente establecida su situación; la elección de un tribunal por el pueblo de Catamarca; la formación de una comisión especialmente electa por el pueblo, con plenos poderes, para investigar el crimen; el juicio y la cadena perpetua a los culpables.

Después de todo el cruce de bravatas, y de las tensiones militares, China y Taiwán ‘bajaron el tono’ apenas concluyeron las elecciones en Taiwán. El primer ministro de la isla, Lien Chan, anunció que su gobierno “buscará una política de distensión” e “incluso propuso que se retome el diálogo con las autoridades de Pekín, congelado desde hace varios meses” (Ambito Financiero, 26/3). El gobierno de Taiwán, sigue la información, “abandonó sus amagues independentistas ... moderó su retórica y ofreció a China una reunificación en un plazo de cuatro años ‘bajo un sistema democrático’ ...” (ídem). La misma ‘moderación’ se repitió del otro lado del estrecho. Un vocero de la cancillería china sostuvo que “ambos lados deben mantener una cumbre de alto nivel entre sus respectivos líderes” y reiteró que el objetivo de China es la “reunificación pacífica” (Financial Times, 25/3). China y Taiwán seguían así el ‘libreto’ dictado por el gran capital mundial. “Lee (el presidente de Taiwán) debe negociar con China y China debe aceptar negociar con él” (ídem). La base de un acuerdo es la aguda interpenetración económica entre la isla y el continente. China es el primer destinatario de las exportaciones taiwanesas —una gran parte de las cuales son, luego, reexportadas a Estados Unidos— por un monto de 15.000 millones de dólares anuales. Taiwán controla el 10% de las inversiones externas en China y las filiales de sus compañías en el continente aseguran, por sí mismas, casi el 10% de la producción industrial china. Las 27.000 empresas taiwanesas radicadas en China invirtieron, sólo entre 1991 y 1995, más de 5.400 millones de dólares. La interpenetración económica es tan pronunciada que incluso “las grandes empresas estatales de Taiwán —como la Chinese Petroleum Co. y la Taiwanese Power Co.— han hecho saber que continuarían sus inversiones en el continente ... aun a pesar de la tensión actual” (Le Monde, 23/3). “La crisis, en realidad, terminó hace más de dos semanas”, delata espectacularmenteThe New York Times (25/3). A principios de marzo, nos venimos a enterar ahora, hubo una reunión de ‘alto nivel’ y en la cual los funcionarios norteamericanos se comprometieron a “usar su influencia sobre Taiwán para restringir cualquier nuevo movimiento hacia la independencia” y los chinos se comprometieron a no usar la fuerza militar contra la isla. Aunque no se han dado a publicidad los términos de estas negociaciones, la prensa informa que “ambos países comprenden que un acuerdo de largo plazo es necesario para estabilizar las relaciones entre China y Taiwán” (ídem).

Neuquén, 31 de marzo de 1996 El viernes 29 de marzo se realizó la marcha de las antorchas, convocada en un principio sin fecha por la Coordinadora de Gremios Estatales, y efectivizada por la asamblea masiva de la seccional ATEN capital, la semana pasada. Esta nueva movilización multitudinaria (los medios de difusión hablan de 7 cuadras), se suma a la que el domingo 24 se realizó en repudio a los 20 años del golpe militar, y que también se caracterizó por su masividad. Durante la semana se produjeron una serie de hechos intimidatorios, que volcaron a la marcha de las antorchas a miles de jóvenes y familias. En la movilización del 24 de marzo se filmó desde las ventanas del Comando a los manifestantes. La denuncia causó un verdadero escándalo que llegó hasta la cúpula misma del Ejército. Varios estudiantes secundarios y universitarios recibieron amenazas e intimidaciones anónimas, que fueron ampliamente denunciadas por los medios locales. Sobre el mismo fin de semana, se agregó a la indignación popular la negativa a seguir transmitiendo el juicio de María Soledad. Desde las barriadas, en los micros dispuestos por ATEN, llegaron acompañando a los docentes de los distritos, las familias con sus pequeños hijos a cuesta, dando la tónica de una verdadera pueblada. La movilización pasó por la Casa de Gobierno y luego de recorrer el centro de la ciudad y cortar la ruta, culminó en un acto masivo, de los más importantes de los últimos años. Los estudiantes y docentes corearon repetidas veces consignas referidas a “parar la provincia” si el gobierno no anula los decretos y las amenazas no cesan. El compañero que habló en nombre de la Coordinadora de Estudiantes Secundarios, que llevó una gran columna a la marcha, remarcó que “no es casualidad que ahora que empezamos a organizarnos comiencen las amenazas” y convocó a responder con “mayor organización y lucha”. Todo este ímpetu desde la base contrasta con la política de las direcciones sindicales, que marcan el paso en el mismo lugar, sin extender la lucha a nuevos gremios. El lunes 1º de abril está convocado un nuevo plenario de la Coordinadora de Gremios.

Un masivo paro general —el tercero contra el gobierno de Wasmosy—, convocado conjuntamente por las cuatro centrales sindicales paraguayas, incluida la CPT, controlada por el oficialista Partido Colorado, acaba de paralizar al Paraguay. Los dos reclamos fundamentales de los huelguistas fueron un aumento general de salarios y la convocatoria a un plebiscito sobre la privatización de las empresas públicas. Los organizadores convocaron a una nueva huelga, esta vez de 48 horas, para principios de mayo. La huelga se produjo apenas 15 días después de que tuvo lugar la mayor concentración campesina de la historia paraguaya: 50.000 campesinos convergieron sobre Asunción en reclamo de la expropiación de los grandes latifundios, la legalización de las ocupaciones de tierras, el abandono del Mercosur y el subsidio a la producción agrícola. Los manifestantes denunciaron la “pobreza generalizada” en que viven, como consecuencia de la agudísima concentración de la propiedad de la tierra: mientras el 85% de las tierras están en manos de un muy pequeño grupo de grandes latifundistas, 250.000 familias carecen de un pedazo de tierra para alimentarse. En algunas regiones, como el nordeste, cuatro de cada diez familias campesinas carecen de tierra para cultivar. Los integrantes del movimiento de campesinos ‘sin tierra’ anunciaron su decisión de continuar con las ocupaciones de tierras “hasta imponer la reforma agraria”. La convulsión social en el campo y en las ciudades paraguayas empalma con una crisis política mayor en la cumbre del partido colorado. La fracción del partido colorado encabezada por el ‘stronissta’ José María Argaña llamó públicamente a la “rebelión” contra el gobierno después de que la justicia anuló las elecciones internas del partido. Wasmosy también enfrenta la abierta oposición del general Lino Oviedo, jefe del ejército y autoproclamado candidato colorado a la presidencia. La fractura en el oficialismo ha dejado al gobierno huérfano, al punto que “en la actualidad casi se sustenta más en la oposición que en sus correligionarios para intentar algunas políticas de salvamento”, según la gráfica expresión del latifundista Guillermo Caballero Vargas, ex candidato presidencial centroizquierdista (La Nación, 29/3). La fractura oficialista obedece a las disputas en torno a los ‘negocios’ de la privatización de las empresas públicas, monopolizados por la camarilla de Wasmosy.

En Berazategui, ‘capital nacional del vidrio’ (como reza la propaganda del PJ), la desocupación supera ya el 50%, según estadísticas corroboradas por la comisión de desocupados en su recorrida por el barrio. El índice de desocupación por sí sólo manda a la basura la ‘calidad de vida’ que propagandizan Duhalde y Mussi (ministro de Salud). Día a día se suman más compañeros a ese batallón de desocupados, como los obreros metalúrgicos de Sevel, de la construcción del acceso Sud, de los docentes, jóvenes, etc. Sin respuestas por parte del gobierno patronal y entreguista responsable de llevarnos a la miseria, e imposibilitados tan siquiera del derecho a trabajar, a ser explotados, se ha organizado en Barrio Argentina una Comisión de Desocupados, fruto de una asamblea de más de 30 compañeros. Se debatió la propuesta de elevar un petitorio a las autoridades reclamando que se efectivicen los derechos consagrados en la Constitución Nacional y... la ONU, la cual fue criticada por no tener reivindicaciones concretas; finalmente se votó un programa de lucha de 500 pesos a los desocupados a partir de los 16 años, no al corte de servicios a desocupados y jubilados, eximición de impuestos a los mismos, protección a la niñez, reactivación de la obra pública y privada. Con estas reivindicaciones se está recorriendo el barrio y se han puesto mesas en lugares de mucha concentración como la feria, el centro de salud Sábato, levantando firmas en un petitorio y repartiendo mariposas convocando a otra asamblea para el 31/3. Se está discutiendo la conveniencia de una movilización para entregar el petitorio y también se está discutiendo sobre un rumor de que a la próxima asamblea vendrían concejales de distintos bloques con distintas propuestas; una de ellas sería la de utilizar a los desocupados como carne de cañón para impulsar la rebaja del salario en la zona, a través de un subsidio miserable a cambio de prestación laboral en las fábricas. “Porque no comemos vidrio, que la crisis la paguen ellos”.

Caseros, 28 de marzo 1996 Sr. Director: A raíz de haber asistido a la charla de Altamira en San Martín, donde se habló largamente sobre el conflicto de las automotrices de Estados Unidos y de cómo una pequeña fábrica puede parar la producción mundial, es que quiero hacer un aporte a este periódico. Conozco a un compañero que trabaja en Grinfa S.A., fábrica autopartista. Gana 3,50 pesos la hora con categoría mecánico. Está contratado por una agencia. No le proveyeron ropa de trabajo ni zapatos de seguridad ni (y esto es lo más ridículo) herramientas, por lo que ha tenido que llevar las suyas, que luego se han ‘perdido’. Le hacen los descuentos para la UOM, pero quiso hacer la afiicación y descubrió que la agencia no aporta al sindicato. Por supuesto, no tiene aportes jubilatorios. ¿Y el seguro por accidentes de trabajo? Explotación por tres: automotrices que fijan los precios de las autopartes; autopartistas que explotan a los obreros y agencias de trabajo que superexplotan, pues cobran tres veces más la hora que el que trabaja. Es que el convenio Fiat-Smata tiene un alcance mucho mayor del que nos imaginamos. ¿No será que ya se aplica como modelo de superexplotación? Luchar para modificar esas condiciones se puede y se debe (Ejemplo: Daytona). Quedo a sus órdenes para ampliar información.

El mediodía del lunes 1º de abril se realizó en la puerta de la fábrica Mercedes Benz una asamblea con más de 800 compañeros de la empresa, para repudiar los 152 despidos efectuados por la patronal de la empresa Zf, fabricante de cajas de origen alemán. Zf es una de las dos empresas que entraron en el proceso de tercerización (la otra es FAE) iniciado por Mercedes. Los problemas con la patronal de Zf datan de noviembre del ’95, cuando intentó presentar un “proceso preventivo de crisis”, con el objeto de reducir personal, al que la Justicia no dio lugar por considerar que los datos presentados por la empresa eran insuficientes. Allí mismo, y con el aval del ministerio de Trabajo, la directiva del Smata suscribió un acuerdo de ‘estabilidad laboral’ hasta fines de setiembre de 1996, o lo que es lo mismo, hasta pasadas las elecciones del Smata. Lo que a todas luces pretende ser presentado como un problema de la empresa Zf es una ‘reconversión’ de la patronal de Mercedes Benz (como ya lo veíamos en PO nº 482), para transformar a la planta en una línea de ensamble de autopartes en su mayoría importadas de Alemania, España y Brasil. El plan de despidos, suspensiones y retiros ‘voluntarios’ pretende imponer las condiciones de superexplotación establecidas con el acuerdo entre Smata y Fiat. La respuesta leguleya del gremio, consistente en una denuncia al Ministerio de Trabajo y un recurso de amparo en Tribunales, no contempla la posibilidad de profundizar el conflicto. La política del Smata son los acuerdos por empresa, mientras Blanco Villegas (UIA) reclama la ‘nacionalización’ del acuerdo de Córdoba. En la asamblea del lunes, el descreimiento de las bases respecto al plan del gremio era muy grande. Los compañeros comentaban su desconfianza en la Justicia. El comentario unánime era “aquí no hay gente de Zf de un lado y de Mercedes del otro, Mercedes somos todos y si tenemos que parar hasta que reincorporen a todos lo vamos a hacer”. Para terminar con los planes de superexplotación patronal, para terminar con los despidos y suspensiones, es necesaria la organización de plenarios y asambleas que voten un plan de lucha nacional para expulsar el acuerdo Smata-Fiat. La lucha de las grandes fábricas como Mercedes, Sevel y Cormec son la clave en esta lucha.

El gobierno acaba de pedir a la Corte Suprema de Justicia que resuelva a favor de la vigencia del convenio Fiat-Smata, anulando un fallo de no innovar de una jueza de primera instancia. Sustituye a la Fiat y a la burocracia del Smata como lógicos actores de un recurso de apelación, en un claro sometimiento a las exigencias del pulpo italiano o de todos los pulpos que quieren la vigencia de un convenio que rebaja los salarios y reduce a los obreros a la condición de aprendices. Es decir que se ha convertido al convenio en una ‘cuestión de Estado’, porque, como dijo Cavallo, el convenio “lleva de la mano a la anhelada desregulación laboral” que reclaman los banqueros extranjeros, los industriales ‘nacionales’y las pymes. Antes de la presentación, Blanco Villegas, titular de la UIA, había reclamado que el convenio Fiat pueda ser extendido a todo el movimiento obrero y que la posibilidad de rebajar los salarios e imponer ‘contratos de aprendizaje’ a dos pesos la hora, no sea un ‘privilegio’ de las ‘multinacionales’. Al fundamentar su apelación, el gobierno dice que el fallo de la jueza “omitió tener en cuenta que Fiat Auto es una entidad de reciente creación —marzo 1995— confundiéndola con otras firmas y sociedades... para las que sí resulta de aplicación la convención colectiva 260/75 suscripta por la UOM”. Pero los 2,35 la hora que según el gobierno regirían para “una planta en construcción” y no al resto de los trabajadores, vale, primero, para “todas las plantas Fiat Auto”, lo cual incluye a Cormec o a cualquier otro establecimiento que la Fiat pudiera incorporar. Segundo, el convenio pasa a ser ‘testigo’ para todas las patronales automotrices y autopartistas, al margen de cuál sea su “ámbito”. Los máximos directivos de Renault acaban de declarar que “las futuras inversiones en el país se encuentran limitadas por el costo de los fletes, la presión impositiva y la disputa laboral planteada entre Fiat y los sindicatos” (Clarín, 31/3). La Fiat no pone un mango El argumento central de las patronales y del gobierno es que la oposición al convenio negrero “pone en riesgo un ambicioso plan de inversiones de Fiat Auto con importantes consecuencias en cuanto a la elevación del nivel de empleo, mejora de la competitividad de la producción nacional y el aumento de las exportaciones” (La Nación, 28/3). ¿Qué salto en el empleo? Los cinco mil puestos de trabajo prometidos no se cubrirán nunca —como no se están cubriendo los de General Motors—, porque “la empresa tiene programado para dentro de dos años el traspaso de los 1.800 trabajadores de la fábrica de motores Cormec —Córdoba Mecánica— a la nueva empresa”. ¿Qué salto en la inversión? “Con el acuerdo del Smata tampoco habrá una nueva masa salarial, ya que con la misma suma de dinero que en la actualidad se utiliza para pagar a esos 1.800 operarios se buscará pagar a los 5.000” (Página12, 29/3). ¿Qué salto exportador? La Fiat por ahora sólo importa: “es la primera automotriz autorizada a importar autos con 2% de arancel (un privilegio que sólo tenían las automotrices instaladas) antes que comience a producir en el país” (Cronista, 15/2). Luego tendrá intercambio con su planta en Brasil, compensando las exportaciones con importaciones. La perspectiva, más adelante, de ensamblar el 178 —‘auto mundial’—, convertiría a las terminales en armadurías y distribuidoras. De todos modos, cuando los voceros capitalistas ponderan la ‘creación del empleo’, la ‘inversión’ o la ‘exportación’ ocultan la superexplotación, la descalificación laboral, la confiscación de los ingresos de las masas para subsidiar el proyecto, las superganancias de los capitalistas, el beneficio. Hay una salida Una solicitada firmada por Hugo Curto, intendente municipal de Tres de Febrero y dirigente de la UOM de Caseros, denuncia que “los trabajadores de Sevel Palomar ven peligrar sus fuentes de trabajo y ésa es la realidad, agravada por la rebaja salarial que la empleadora exigirá para situarse al nivel del acuerdo Fiat-Smata”. Se ve obligado a admitir lo que el PO dijo desde un primer momento: “¿el pueblo sabe que la capacitación de los trabajadores de Fiat la pagará el Estado? ¿Saben del subsidio del Gobierno Nacional a Fiat?”. Pero la denuncia de Curto no lleva a nada, porque el secretariado de la UOM no plantea una sola medida de acción. La UOM no cuestiona el convenio, sino que le hayan dado la ‘jurisdicción’ al Smata. Por eso, en su reclamo judicial, la UOM “invoca el acuerdo que celebró con Fiat el 23 de noviembre de 1995”, que contenía punto por punto lo que luego firmó José Rodríguez y con el cual el secretariado de la UOM no tuvo ni tiene diferencia de ‘principios’ alguna. Es necesario un plan de lucha nacional y de las principales fábricas automotrices y metalúrgicas afectadas por el convenio Fiat-Smata, para rechazar sus términos, reclamar paritarias por industria, un convenio colectivo de trabajo que establezca las categorías (certificación) de los trabajadores, un aumento salarial del 50%, la jornada de 8 horas y 40 semanales, y el rechazo a las leyes de aseguradoras de riesgo y de jubilación privada.

La destilería del pulpo Shell, en Dock Sud, es conocida por la amenaza ecológica que representa contra la población de la zona. Pero en esa cuestionada planta de coque, la patronal obliga también a los trabajadores a combinar tareas operativas y de mantenimiento, barriendo con las categorías del convenio colectivo. La patronal ya ha anunciado su intención de extender la ‘polifuncionalidad’ a toda la refinería. El argumento es suprimir los “tiempos muertos” del personal operativo. Pero es evidente que la sobrecarga de trabajo afectará las condiciones de seguridad en que opera la refinería, aumentando la posibilidad de accidentes y aun de explosiones que podrían derivar en una tragedia como la que, meses atrás, vivió Río Tercero. La patronal busca un achatamiento salarial y la descalificación del personal: junto con la “multiplicidad de tareas”, hace tiempo que no se llenan las vacantes de quienes renuncian o se jubilan. Para las tareas menos calificadas se recurre crecientemente a contratistas. La ‘polifuncionalidad’ que se acaba de anunciar podría ser el primer paso de un plan de despidos. El pasado viernes 29, una asamblea de los trabajadores de la refinería resolvió rechazar la polifuncionalidad e iniciar un plan de movilización. La Comisión Interna de la refinería iniciará una campaña dirigida a las comisiones internas, a la población de la zona, sociedades de fomento y organizaciones ambientales, llamando a apoyar la lucha contra una ‘flexibilidad’ que convierte a Dock Sud en una bomba de tiempo.

La patronal hace rato que viene intentando aplicar un régimen de “compensaciones” horarias, que significaría la destrucción de la jornada ‘normal’ de trabajo y la eliminación de las horas ‘extras’. Por este motivo, las asambleas rechazaron reiteradamente la ‘propuesta’ patronal, que cuenta desde el principio con el ‘aval’ de la burocracia. En 1995, ante la caída de las horas de trabajo disponibles, los trabajadores arrancaron que las “suspensiones” que impuso la patronal se pagaran al 75% y a no despedir. En Deutz, fruto de las luchas, el personal se encuentra “efectivizado” en su inmensa mayoría. Pero la burocracia ha vuelto a la carga en favor de la ‘flexibilización’ horaria. Quevedo fue directamente a meter miedo (“miren Uds., lo que está pasando afuera”) y a reivindicar los convenios de General Motors y Fiat, a los que presenta como “defensores de las fuentes de trabajo”. “Concediendo lo que ellos reclaman —dijo Quevedo, refiriéndose a los reclamos patronales— garantizamos lo fundamental, que vengan las inversiones y que no falte el trabajo... esos convenios no tendrían después validez en la realidad, ya que los trabajadores impondrían salarios más altos. Por eso, es preferible aceptarlos ahora, aunque perdamos algo, porque luego ... redundará en más fuentes de trabajo”. La respuesta, en muchas secciones, fue contundente. En “mecanizada” y “montaje” se atacó la política burocrática de los convenios por empresa, y criticó duramente los casos de GM y Fiat. Muchos delegados gremiales se han apartado de la política de la burocracia. Los trabajadores de Deutz recuerdan las “chanchadas” que la burocracia del Smata les ha hecho, cuando por ejemplo les hizo pasar el régimen de trabajo de la ‘calidad total’ en nombre de “mejoras” que vendrían después. Pero la patronal incrementó brutalmente los ritmos de producción y los trabajadores no vieron un mango (los salarios están congelados desde hace 5 años). En lugar de compensaciones, que se descongelen los salarios.

Prensa Obrera no tiene otra financiación que la que le brindan sus lectores. No la subsidia el Estado ni goza de los beneficios de la publicidad capitalista. Esta autofinanciación representa mucho más que la independencia política del periódico de los intereses de los grandes y pequeños explotadores. Representa, por sobre todo, un método fundamental de desarrollo de una prensa obrera, que sólo es realmente obrera si gana el interés de los obreros, penetra en los conflictos que los sacuden, se transforma en su vocero y, más que nada, es capaz de generalizar sus experiencias políticas en términos de conclusiones, teoría y programa. Prensa Obrera no se regala, no se ‘distribuye’ ni se ‘difunde’; se vende, es decir que sale por el esfuerzo, el sacrificio y la conciencia de clase de una parcela de la clase obrera. El objetivo de las 6.000 suscripciones establecido en la campaña iniciada hace una semana, aplica con todo rigor el método mencionado. Con la venta asegurada de 6.000 periódicos, Prensa Obrera se autofinancia al precio de 15 pesos la suscripción, lo cual equivale a 30 centavos el ejemplar. La campaña de suscripciones apunta a reducir en forma considerable el costo que representa la compra del periódico por parte de los trabajadores y de los jóvenes, y a conquistar una difusión mucho mayor. Nada demuestra con mayor elocuencia la importancia de Prensa Obrera como periódico proletario que la discusión nacional y la crisis política en torno al convenio Fiat-Smata. Prensa Obrera no sólo lanzó esta cuestión antes que nadie en el movimiento obrero, sino que aún hoy es la única que la trata y la desarrolla en todos sus aspectos, registra los conflictos que crea, informa de las reacciones que provoca en las bases obreras, analiza la política de las burocracias y da, por sobre todo da, una salida. El resto de la izquierda ignora virtualmente esta candente cuestión, porque su espíritu pequeño burgués la tiene confinada a una denuncia del ‘ajuste’; sustituye la crítica a la explotación capitalista y a las contradicciones que engendra por la ilusión de que los desgarramientos del país tienen que ver con la distribución de los fondos públicos. ¿Cuál es la conclusión? Que tenemos que suscribirnos a Prensa Obrera y colaborar para que otros compañeros se suscriban. Es un deber, en la lucha contra la explotación capitalista y la miseria creciente que está engendrando, que la literatura socialista entre en los hogares obreros; que los jóvenes obreros aprendan a apreciar esa literatura, a necesitarla, a valerse de ella, a luchar por su difusión. Debemos colaborar con la campaña de suscripciones porque la literatura revolucionaria es necesaria, o mejor, insustituible, para que los explotados desarrollemos una conciencia clara de nuestra situación, de las condiciones históricas que la determinan y de los objetivos y métodos que nos plantean como clase. Llamamos a suscribirse y ganar a otro más para que se suscriba.