Prensa Obrera N° 486

La línea 721 de Tigre viene desarrollando un movimiento de bases por la revocación de los actuales delegados, que en el corto período de 6 meses han acompañado todas las entregadas de UTA y agregado por su cuenta algunas más. En este lapso se perdió: el tome y deje, 2 sobre 4 francos, horas extras y un convenio especial de premio, propio de la línea, que la patronal no tenía elemento alguno para anular. También aumentó la prepotencia y arbitrariedad patronales, se despidió a activistas y luchadores, y el retraso en los pagos se ha instalado permanentemente. Contra todo esto fue creciendo un petitorio —que sumó más de 90 firmas—, en el cual se pedía la revocación de los delegados. Dada la división de las burocracias (UTA central y UTA San Andrés) y la masividad del reclamo, luego de un mes y medio de dilaciones, finalmente convocaron a la asamblea, que fue masiva. Más del 75% de los choferes, y salvo dos de ellos, el resto reclamó la cabeza de los vendidos. Luego de dilatarla a más no poder, los representantes del sindicato resolvieron: a pesar del reclamo de todos, girar las actuaciones a la “comisión de ética”, denegando convertir la asamblea en resolutiva (debiendo poner en votación la continuidad de los delegados, y al ser éstos revocados, elegir en el acto a dos en su reemplazo). Algunos compañeros salieron de la asamblea defraudados —fundamentalmente con el sindicato. Es evidente que en este período la empresa y el sindicato han ido tejiendo un acuerdo. Pero más importante aún es el crecimiento y la combatividad de los choferes antiburocráticos y antipatronales. Aun sin haber volteado —por ahora— a los vendidos, los cimientos están trazados. Es necesario construir una agrupación que organice y continúe este movimiento, para reconquistar todo lo perdido y enfrentar los inminentes ataques de la FATAP.

La patronal de “El Halcón” (148) quiere imponer un convenio ‘tipo’ que reduce el salario y pone fin al Convenio Colectivo de Trabajo. El salario básico conformado actual, de 740 pesos, es reducido a 450 pesos, un recorte del 40%. La remuneración por antigüedad, de 11 pesos por año sin límite de edad, se reduce a un 1% sobre el básico de 300 pesos con “un tope de 20 años”. Hasta los 20 años de antigüedad la reducción es casi del 73% (3 pesos por años contra 11 pesos). Para quien tiene 30 años de antigüedad, la reducción asciende al 82% (330 pesos actuales de antigüedad contra 60 pesos). La rebaja salarial promedio con 10 años de antigüedad asciende, así al 50%. Esto es lo que pretenden las Cámaras patronales. El presentismo se pierde ante cualquier inasistencia, no importa la circunstancia (enfermedad, etc.), en una proporción del 10 al 100% entre 1 y 4 inasistencias. En la actualidad, el presentismo no se pierde por enfermedad y otras razones justificadas. En ‘compensación’ se ofrece abonar un viático “no remunerativo” (no se toma en cuenta para la liquidación de las cargas sociales) de 2,50 por “cada día efectivamente trabajado”. También se modifica el actual régimen de liquidación de las vacaciones y licencias especiales y por enfermedad. Mientras que en la actualidad se liquidan en base al promedio de horas de los últimos 6 meses (incluye las ‘extras’ trabajadas), en adelante se pretende “un tope en el pago de estas remuneraciones” equivalente al mínimo de 192 horas mensuales. Sólo se considerará hora ‘extra’ a aquella “que supere dicho ciclo”, lo que significa que el trabajador que trabajó varias jornadas de 12 horas corridas por pedido de la patronal –como suele suceder–, éstas serán convertidas en jornadas simples hasta completar las 192 horas “normales”, en caso de que hubiera inasistencias. El convenio de marras arrasa con el actual régimen de jornada de trabajo continua (8 horas corridas) y establece las “jornadas de trabajo continuas o discontinuas”. Se destruye la obligación actual de 6 francos obligatorios mensuales: “la empresa podrá otorgar en su reemplazo cuatro francos de una jornada y media cada uno”. Se liquida el régimen de trabajo “por libreta”: obligación de las patronales de comunicar con anticipación horarios de presentación, cargando con la responsabilidad por los errores de citación y modificaciones en los diagramas. En adelante las patronales otorgarán sólo a la finalización de la jornada de trabajo “un comprobante donde conste la fecha de la jornada de trabajo, hora de ingreso y de egreso a sus tareas”. El tiempo de espera y las citaciones equivocadas (muy normal en el transporte) deberá ‘bancarlos’ el trabajador. Se implanta un “régimen disciplinario” de sanciones que “bajo ningún pretexto el trabajador podrá negarse a firmar”. El “período de prueba” para el trabajador ingresante (con derecho a despido sin ninguna indemnización y/o preaviso) se extiende a 6 meses. La UTA no ha dicho ni ‘mu’ frente a todo esto, a pesar de que este “proyecto de convenio de crisis conforme lo acordado ante la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires”, está fechado “febrero 21 de 1996”.

Acaba de concluir la llamada ‘cumbre de los pacificadores’, que reunió en un balneario egipcio a una treintena de ‘líderes mundiales’ con el explícito cometido de ‘salvar el proceso de paz’ en Medio Oriente. La premura con que Clinton montó la ‘cumbre’ revela que para el imperialismo mundial no existe una política alternativa a los ‘acuerdos’ entre el Estado sionista y la dirección palestina. Clinton es también el principal promotor de un ‘acuerdo de paz’ entre Israel y Siria, como él mismo se encargó de subrayarlo en la Conferencia, cuando dijo que “Siria (ausente de la ‘cumbre’) quiere la paz con Israel” (Clarín, 14/3). La conferencia fue, por lo tanto, una advertencia a la derecha sionista y al alto mando israelí, que cuestionan los ‘acuerdos’ con los palestinos, para poder obstaculizar las negociaciones con Siria. Luego de la conferencia, Clinton se reunió con el ‘gabinete de seguridad’ en pleno, en el que revistan los jefes de las fuerzas armadas y de todos los servicios de inteligencia sionistas. Fue necesaria tamaña movilización política para respaldar a Shimon Peres, cuyo gobierno parece “desintegrarse por momentos” (Página 12, 7/3). Para inclinar la balanza en favor de Peres que en pocas horas había recuperado la ventaja en las encuestas para las elecciones generales de mayo, que había perdido a manos de la derecha, Clinton anunció una ayuda multimillonaria al Estado sionista y la firma de un acuerdo de defensa entre Estados Unidos e Israel. La llamada conferencia ‘antiterrorista’ sirvió, también, para respaldar la represión terrorista contra los palestinos que, conjuntamente, llevan adelante Arafat e Israel. Cortina de humo A dos semanas de los atentados, quedan pocas dudas de que la mayoría abrumadora del Hamas es partidaria de integrarse al ‘proceso de paz’ y al gobierno de los ‘territorios autónomos’, con el objeto de salvar una vasta red económica y social de escuelas, universidades, clínicas y sus mezquitas. Esto no sólo lo dicen abiertamente los propios dirigentes del Hamas y lo repite la prensa internacional; lo reconocen hasta los propios militares sionistas. Un “oficial militar israelí” (de inteligencia, para más datos), citado por el Financial Times (6/3), declaró que “Hamas está dispuesto a llegar a un compromiso sobre sus actividades militares para preservar su infraestructura civil”. En este cuadro, son muchos los que sostienen que “en vista de los contactos entre bambalinas entre Israel y distintos sheiks (dirigentes del Hamas), una tregua con el Hamas no es imposible” (Le Monde, 5/3). Como una reducida fracción del ‘ala militar’ del Hamas es partidaria de continuar con las acciones armadas ... un analista francés pronosticó que “la guerra civil palestina se librará dentro del Hamas” (Le Monde, 6/3). Entre los principales analistas sionistas y los más importantes voceros del imperialismo –como el Financial Times o The New York Post– reina una sorprendente unanimidad sobre la política a seguir: incentivar la ‘guerra civil’ dentro del Hamas, “continuando las negociaciones con la mayoría deseosa de actuar dentro del marco de los acuerdos de Oslo y abriendo el gobierno de la Autoridad Nacional Palestina a los opositores religiosos o seculares de Arafat (mientras) la coordinación de inteligencia entre Israel y Palestina aplasta sin misericordia a los que estén afuera (del marco de los ‘acuerdos de paz’)” (Financial Times, 5/3). Tamañas coincidencias, sin embargo, ocultan que la verdadera razón por la cual el ‘proceso de paz’ ha caído en una impasse es la creciente descomposición del ‘establishment’ sionista. Oposición del alto mando “Antes que el Hamas, el mayor peligro para el proceso de paz es el juego político interno de Israel” (Página 12, 7/3). Quien hace esta afirmación tan rotunda es nada menos que Uri Mohnaimi, un ex agente del servicio secreto israelí convertido en periodista y con acceso a las fuentes de la vasta ‘comunidad de inteligencia’ sionista. Lo de ‘juego político’ es tan sólo una metáfora: la crisis en el ‘establishment’ sionista ya provocó el asesinato del primer ministro Rabin a manos de un ultraderechista que había trabajado para los servicios de inteligencia y que contó con la complicidad de una parte del aparato oficial de seguridad. La fractura interna del aparato estatal sionista es mucho más profunda de lo que se ve a simple vista. Su línea pasa por el propio gabinete y está relacionada con la firma del ‘acuerdo de paz’ con Siria que impulsa Estados Unidos. Peres –partidario de la línea norteamericana de llegar a un rápido acuerdo con el presidente sirio Assad– “enfrenta una verdadera oposición a un retiro israelí a las fronteras de 1967. Esto incluye a todo el alto mando de las fuerzas armadas y a varios ministros como Yossi Beilin (encargado del ‘proceso de paz’) y Ehud Barak (ex general y ministro de relaciones exteriores)” (The Jerusalem Post, 10/2). El alto mando sionista se opone al retiro israelí a las fronteras previas a la guerra de 1967 porque la meseta del Golán es la ‘llave’ de la seguridad de todo el norte de Israel, y su principal fuente de agua: allí nace el río Jordán y se encuentra el lago Kinneret, el mayor reservorio de agua dulce de la región. Los partidos de la derecha –que se presentan en un frente común en las próximas elecciones– son la expresión política pública de la oposición militar. Esto explica que su campaña electoral esté centrada en la oposición a ‘la entrega del Golán’, a la división de Jerusalén y al desmantelamiento de las colonias ... pero los principales líderes derechistas se han cuidado de dejar en claro que ‘honrarán’ las obligaciones asumidas con los palestinos y que “el proceso de paz continuará con prudencia y en el cuadro de principios establecidos en los acuerdos de Camp David de 1977 por Beguin” (Benjamín Netanyahu, dirigente del Likud, en Le Monde, 1/3). Como señala Dan León, co-editor del Palestine-Israel Journal, “con las elecciones a la vuelta de la esquina, el Likud está siendo forzado a acomodarse a los acuerdos de Oslo” (The Jerusalem Post, 24/2). La oposición del alto mando militar y de los ministros que se alinean con ella, se ha expresado, hasta ahora, de manera más o menos reservada, en sus declaraciones ante el parlamento israelí: “Los sirios deben saber que el agua del Jordán y el lago Kinneret permanecerán en manos de Israel bajo cualquier acuerdo” (canciller Ehud Barak, The Jerusalem Post, 27/1). “Assad percibe la normalización con Israel como una amenaza para su régimen ... prefiere ningún acuerdo antes que aceptar una estación de vigilancia israelí en el territorio del Golán” (general Moshe Yaalon, jefe de la inteligencia interior, ídem). La oposición militar se mantiene a pesar de que, según la opinión norteamericana, Siria “recorrió un largo camino para satisfacer las exigencias de Israel: ajustó las clavijas al Hezbollah en el sur del Líbano, aun a costa de tensar sus relaciones con Irán y aceptó definir la normalización de las relaciones en los términos amplios exigidos por Israel –establecimiento de embajadas y relaciones de cooperación económica” (The Jerusalem Post, 10/2). Incluso, en lo que fue considerado como “un giro político mayor” (ídem), Siria condenó, por primera vez en 25 años, los atentados contra Israel. Para el alto mando sionista, sin embargo, “Siria sólo está repitiendo viejas posiciones” (general Uri Saguy, jefe de la inteligencia militar, ídem), al tiempo que “las afirmaciones color de rosa de Estados Unidos sobre las posiciones de Assad intentan convencer a Peres de que diga públicamente lo que él y Rabin vienen sugiriendo desde hace tres años y medio, que Israel se retirará del Golán” (ídem). La oposición del alto mando israelí al acuerdo con Siria está creando fricciones con el gobierno norteamericano, que empieza a mostrar su “impaciencia” y su “molestia” (ídem) porque Israel no se declara satisfecha a pesar de que Siria se allana a muchas de sus exigencias. Los norteamericanos acusan a Peres de “elevar constantemente el precio del acuerdo” y de “desviar las negociaciones” (ídem). Los opositores al acuerdo, rechazaron incluso la oferta norteamericana de ofrecer “garantías internacionales” a la seguridad de la frontera norte israelí y al suministro de las aguas del Golán. “Estados Unidos –declaró el ministro Yossi Beilin– no puede compensar a Israel por un acuerdo inadecuado con Siria ... No veo cómo un tratado de defensa puede reemplazar las fronteras” (The Jerusalem Post, 27/1). Beilin expresa adecuadamente la complejidad de las contradicciones que desgarran al ‘establishment’ sionista: al mismo tiempo que se presenta como un ‘duro’ con Siria ... “aceptó haber discutido propuestas sobre una futura independencia palestina en conversaciones informales con altos líderes de la OLP” (The International Herald Tribune, 23/2). Como consecuencia de que “nada inaceptable para el ejército (sionista) puede ser ofrecido a Siria” (The New York Times, 2/1), el gabinete de Peres está paralizado. Peres no puede declarar públicamente su disposición a retirarse del Golan, lo que “sería visto como una capitulación” (ídem), mortal en la víspera de las elecciones. Según The Jerusalem Post, la impasse creada en torno a las negociaciones con Siria llevó a Peres a adelantar al mes de mayo las elecciones que deberían haberse celebrado en octubre. En este cuadro, hay quienes llegan a sugerir que Peres autorizó el asesinato del dirigente militar de Hamas conocido como ‘el ingeniero’, a sabiendas de que las inevitables represalias de los islámicos brindarían una excusa de peso para suspender las negociaciones con Siria, algo que efectivamente ocurrió después de los atentados. Como ya se ha caracterizado en Prensa Obrera, la descomposición del sionismo es el motor de la crisis de los ‘acuerdos de paz’ en Medio Oriente.

La patronal de la línea 98 entregó a los trabajadores una nota en la que los pone ante la opción de: “o se disminuye el personal o se rebajan los salarios”. La patronal aduce una caída de los ingresos del 25% entre noviembre de 1994 e igual mes de 1995, y que “de cada peso que ingresa a la empresa se gastan 57 centavos en el pago de los salarios y sus accesorios”. La patronal no ofrece ninguna prueba de lo que afirma, ni explica por qué elige el mes de noviembre como referencia. Se trata de cifras arbitrarias; que en ninguna empresa los costos laborales ascienden a esas cifras. ¿Será que la patronal incluye el pago de la moratoria previsional, iniciada exactamente ese mes, reconociendo sólo en parte el robo durante años de los aportes y retenciones a los trabajadores? El “maúllo” patronal no escatima gestos: “los socios de la empresa no retiran utilidad alguna desde hace más de un año y medio, el sueldo de los directivos y personal superior se encuentra en niveles tan bajos, que hasta resultan impropios con la función que desarrollan”. Nosotros planteamos: ¿por qué no se abren entonces los libros de la empresa, y se permite que los trabajadores investiguen y actúen en consecuencia? No han sido los trabajadores los responsables de la crisis, ni de la gestión empresaria. La patronal señala que la caída de la recaudación obedece principalmente a “la privatización del Ferrocarril Roca, que en poco tiempo, con muy pocas mejoras y con una tarifa desleal, nos está sacando cada vez más pasajeros”. Pero la patronal no dice cuál es su participación en esas ‘privatizaciones’ ferroviarias. Basta de verso. Que se abran los libros patronales. Ningún despido, ni rebaja salarial. Exijamos a la UTA plenario de delegados y un plan de lucha.

1 Abajo el régimen fundido de Menem y Cavallo, que arrastra y quiere arrastrar todavía más a los explotados y al país a su propio hundimiento. 2 Que la crisis la paguen ellos. 3 Que se abran las cuentas del Estado y de los capitalistas. 4 Por un seguro al parado de 500 pesos; por una jubilación mínima de 400 pesos; por un salario mínimo igual a la canasta familiar (1.100 pesos); escala móvil de horas de trabajo; abajo todas las formas de flexibilización laboral y de desconocimiento del contrato colectivo de trabajo; apoyo a todas las reivindicaciones populares. 5 No a la privatización de la salud ni de las Obras Sociales, por una salud estatal y gratuita bajo control y gestión de los trabajadores. 6 Por la unificación de todas las luchas con una plataforma única: huelga general. 7 Fuera Menem-Cavallo y sus gobernadores. 8 Asambleas Populares, congresos de bases y congresos de trabajadores en todas las provincias y el país; denunciamos el planteo de formar ‘multisectoriales’ con las patronales grandes y ‘pequeñas’ , como una política de recambio del sistema, de ‘paz social’ y de derrota de los trabajadores. 9 Reconstruyamos y desarrollemos la organización obrera y de las masas, reventada por la burocracia sindical de todas las tendencias. 10 Formemos una dirección revolucionaria reclutando a la nueva generación de luchadores. 11 Por un gobierno de los trabajadores. Por la unidad socialista de América Latina.

El decreto que crea un inútil Consejo Nacional del Trabajo y del Empleo fue el pretexto que pretendían esgrimir los burócratas cegetistas para levantar inconsultamente el paro que, tambien inconsultamente, habían convocado para el próximo 26 de marzo. Una convocatoria que tardíamente llegó a la radio y a la televisión, pero en ningún momento a los lugares de trabajo. La burocracia de la CGT en ningún momento tuvo la pretensión de que ese paro fuera un éxito; sólo le interesaba como un medio de presión para defender algunos de sus intereses particulares. Los dos reclamos fundamentales de la burocracia se refieren al intento oficial de modificar la ley de convenios de trabajo y al compromiso del gobierno con el Banco Mundial de ‘desregular’ las obras sociales (privatización). La burocracia quiere impedir, en el primer caso, que se establezca la posibilidad del contrato de trabajo individual, que la pondría afuera de la relación obrero-patronal; en el segundo caso, quiere evitar la disolución de la mayoría de las obras sociales sindicales, que serían arrasadas por la privatización de la salud. A la burocracia no le importa en absoluto, por el contrario, que las patronales impongan la reducción de los salarios, los contratos de aprendizaje y la flexibilización laboral en el marco de los convenios actuales, como está ocurriendo efectivamente, y como acaba de ocurrir con el convenio Fiat-Smata. Tampoco le afecta la privatización de la salud y el encarecimiento de la atención médica y farmaceútica, siempre que se le ofrezca la posibilidad de participar en la ‘reconversión’ de las obras sociales a la explotación capitalista privada. El Consejo que se acaba de crear no le garantiza ni una cosa ni la otra, y para colmo ha sido denunciado por la propia UIA, que acusa a la burocracia de trabar la ‘desregulación’ laboral y sanitaria. Otro punto es que Cavallo no firmó el decreto que crea ese Consejo, lo que significa que no ha habido acuerdo para limitar la ‘desregulación’ de las obras sociales. Para las burocracias más fuertes, como las que comandan Cavallieri, Rodriguez o Gerardo Martinez, la inutilidad del Consejo no tiene mayor importancia, porque ellos ya han arreglado la privatización de sus obras sociales con pulpos capitalistas de envergadura, como lo hicieron antes con la jubilación privada y con los seguros de accidentes de trabajo. Para los burocrátas más chicos la situación está perdida; los que están buscando desesperadamente una salida son los burócratas como Lorenzo Miguel. Esto explica que la cúpula de la CGT se haya manifestado a favor de un levantamiento del paro. Ni el CTA ni el MTA han actuado con claridad en esta situación, debido a que a ellos tambien les afecta e interesa la ‘desregulación’ de las obras sociales; no quieren romper los puentes con los privatizadores. Por eso no tomaron en ningún momento una iniciativa independiente en favor de un paro general y de un plan de lucha. Pero como se muestra en estas páginas, los obreros automotrices y metalúrgicos, los choferes y los empleados públicos enfrentan inminentes medidas patronales y gubernamentales de reducción de salarios, en línea con el convenio Fiat-Smata, e incluso de despidos masivos, que apuntan a transformar a los obreros en ‘aprendices’ (en este caso la mitad del salario la paga el Estado, sin que importe para el caso el creciente déficit fiscal). Las grandes fábricas, las principales líneas de transporte y administraciones provinciales como Tucumán, Santa Fe y Buenos Aires, han quedado colocadas en la línea del frente de la nueva batalla contra los ataques capitalistas. Ante la complicidad de las burocracias sindicales con la ofensiva del gobierno y de las patronales, la respuesta de los trabajadores debe orientarse a la coordinación de las principales fábricas, líneas de transporte y reparticiones públicas. Un atisbo en esta dirección la dieron los choferes de las líneas que fueron a la huelga en el verano; es el camino.

La patronal de Talleres Unión acaba de proponer una rebaja del 26% —un adicional por producción del 16 y un premio de asistencia del 10—, en una sugestiva reunión armada con el Sindicato y el asesor jurídico de la Cámara de Industriales Gráficos, un especialista en conflictos, a espaldas de la Comisión Interna. En sucesivas asambleas, los obreros del taller rechazaron una a una las “propuestas negociadoras” sugeridas por el Sindicato, con el tufillo inocultable de que estaban arregladas. El objetivo era que el taller aceptara, como una ‘victoria’, una rebaja menor, del 10%. Todo estuvo armado en ausencia de su secretario general en uso de vacaciones. Pero los compañeros no aceptaron comenzar siquiera la primera asamblea hasta su llegada, celebrada con aplausos. Los delegados que integran la lista Naranja desnudaron las maniobras de la burocracia y se pusieron al frente de la posición abrumadoramente mayoritaria de no aceptar ninguna rebaja, ni siquiera el 5% final al que se ‘estiró’ la empresa tras los rechazos. La última asamblea votó parar si el 20 la patronal rebaja unilateralmente los sueldos y repudió al único delegado de la burocracia, que salió infructuosamente a romper la decisión de los trabajadores. Una numerosa delegación del taller decribió el conflicto en un plenario de la lista Naranja y explicó la disposición del taller a ir a la lucha en defensa de las conquistas salariales que costaron años de lucha y organización de este combativo taller, líder en sus salarios en la rama encuadernación, la más sumergida del gremio. La lista votó reclamar al Sindicato un plenario de la rama encuadernación y de todos los delegados, “sacar el conflicto para afuera”, en particular en la zona, y proponer una coordinadora de Comisiones Internas en Parque Patricios, que proyecte las luchas de esta concentración fabril gráfica.

El régimen capitalista acaba de largar una nueva ofensiva, esta vez para liquidar las asignaciones familiares y arrimarles más fondos, de los trabajadores, a las AFJP. El proyecto, según Clarín (15/3): elimina el salario familiar por esposa (15 pesos mensuales), la asignación por matrimonio (300 pesos), el plus por escolaridad y familia numerosa y la ayuda por escuela primaria de 130 pesos por año. elimina todo tipo de asignación familiar a los que ganan más de 1.500 pesos. O sea, esposa, hijos, escolaridad, matrimonio, nacimiento. Esta poda le permitirá a la ANSeS quedarse con 400 millones de pesos anuales que hoy reciben los trabajadores. ¿Pero por qué quieren arrasar con gran parte de las asignaciones familiares si “en 1995, el sistema tuvo ingresos por 2.214 millones, que financiaron íntegramente los beneficios, cerrando en un ajustado equilibrio” ? (Clarín, ídem). Porque desde enero pasado, “rige el descuento del 30 al 80% en las contribuciones patronales”, lo que provocó el déficit del sistema previsional. Para ‘re-equilibrarlo’, proponen, no eliminar el descuento patronal, sino eliminar las asignaciones. Así de sencillo. Un paso a la privatización de la educación Pero hay más. La escolaridad anual de 130 pesos, que hoy cobran los trabajadores con hijos en la escuela primaria, será sustituida por un fondo que “puede ser administrado por las AFJP”. Es decir que el dinero que hoy cobran por este concepto los trabajadores irá a las AFJP, las que además cobrarán una suculenta comisión por su ‘administración’. La administración de una cuenta en concepto de educación, por parte de las AFJP, significa que sus titulares deberán presentar los comprobantes de gastos que justifiquen su retiro de dinero, facilitando de este modo el pasaje a la arancelización de la enseñanza. La modificación del régimen de asignaciones familiares es una confiscación de los trabajadores en beneficio de los capitalistas, que apunta a una segunda confiscación, por la vía de la privatización de la educación. El Partido Obrero propone: 1) Anulación del descuento a los aportes patronales. 2) Duplicación inmediata de las asignaciones familiares, con cobro mensual directo por el trabajador, sobre la base del financiamiento patronal. 3) Denuncia a las burocracias sindicales, que guardan silencio frente a este descomunal atropello a la clase obrera.

El paro que decretó CTERA para el próximo 21 de marzo, ha sido recogido con una gran incertidumbre en el gremio. Se percibe a la medida aislada, como una acción de desgaste. Algunos sindicatos provinciales, como el de Salta. han resuelto no acatarla y la propia dirección de CTERA no hace nada por organizar la huelga. Frente a esta situación, cuya responsabilidad le cabe enteramente a la conducción del gremio, llamamos a los docentes a reunirse y deliberar, a verse en las escuelas y evaluar la situación, y determinar cómo puede asegurarse el paro, que medidas tomar y cómo se puede organizar la coordinación con otras escuelas. El panorama descripto retrata el fracaso de la política de CTERA, por lo que es necesario un Congreso de bases de CTERA con delegados elegidos y responsables ante las asambleas, que trace un nuevo rumbo.

El fallo de una jueza suspendiendo la aplicación del convenio FIAT-SMATA, no resuelve nada. Como el gobierno, la FIAT, Macri y los capitalistas están resueltos a imponer ese convenio a los trabajadores, revertirán este fallo de una u otra manera. El fallo de la jueza no cuestiona los términos del convenio, que es lo que importa, sino la jurisdicción del Smata “hasta tanto el Poder Judicial de la Nación resuelva... el fondo de la cuestión, si la FIAT puede elegir el sindicato con el cual quiere trabajar o si ... corresponde su encuadramiento con los metalúrgicos” (La Voz, 13/3). Pero ‘el fondo de la cuestión’ es que el convenio establece una reducción lisa y llana de los salarios y que el oficial múltiple de Sevel Caseros, que hoy cobra 5,96 la hora, pasará a cobrar 3,78, casi un 60% menos. El ‘fondo de la cuestión’ es que las patronales se agarrarán del convenio FIAT para imponer una rebaja generalizada de salarios. El ‘fondo de la cuestión’ es que el convenio prevé un ‘contrato de aprendizaje’ a dos pesos la hora, cuyo 50% lo tiene que poner el Estado en concepto de ‘promoción del empleo’. El fallo de la jueza no resuelve nada, porque el convenio FIAT ya está en marcha. En SEVEL (Palomar), la patronal presiona a los compañeros a ‘arreglar’ bajo amenaza de suspenderlos hasta el 31 de marzo, rajarlos y luego ‘recontratarlos’ en los términos del convenio FIAT-SMATA. En Cormec (Córdoba) la patronal se apresta a hacer lo mismo. ¿El secretariado de la UOM tiene alguna política frente a este mazazo? Sí, la de José Rodríguez. No ha hecho otra cosa que guardar silencio y saludar alborozado el fallo de la jueza. Si tuviese que volver a negociar con la FIAT, firmaría todo lo que firmó el SMATA ¿Podemos derrotarlos? Sí. Si las concentraciones obreras más importantes del país —Mercedes, Cormec, Ford, Renault, Sevel— se ponen de pie, el convenio FIAT se hunde en horas. Podemos derrotarlos porque el gobierno está débil, partido en una guerra entre mafias capitalistas y odiado por la mayoría de la población (el 80%, según las encuestas, está en contra del ‘plan’ y de Menem-Cavallo). Es mentira que si se impone el convenio FIAT-SMATA habrá más empleo. Todas las patronales tienen planes de ‘tercerización’ para echar a sus trabajadores permanentes actuales y sub-contratar con empresas, que pagan salarios aún más miserables. Por la jornada de 8 horas, el salario mínimo de 1.500, el reparto de las horas de trabajo entre todos sin afectar el salario, el subsidio al desempleado de 500 pesos. 16/3/96

En una nación de mercado, ¿qué mejor termómetro que una encuesta? De acuerdo a Página 12 (15/3), “Los numerosos sondeos hechos por los principales encuestadores muestran que el presidente no llega al 20 por ciento de opiniones positivas –más de la mitad de la población opina que su gestión es mala o muy mala– y lo mismo sucede con el ministro de economía, que recoge el apoyo del 25 por ciento y el rechazo del 50. Además, la gente piensa que las cosas van a seguir mal, que el plan económico es equivocado y tiene una pésima opinión sobre los hombres que rodean al presidente”. ¿Por qué solamente Página 12 da a conocer el tenor de estas encuestas? ¿Por qué no se revela el nombre de esos numerosos encuestadores? Por una razón muy simple: porque los resultados de las encuestas son revolucionarios. Demuestran que en la democracia patronal gobierna una minoría; que se pisotea la voluntad popular; que no existe la soberanía política. Pero, por sobre todo, porque anuncian un estado de rebelión popular latente contra la política de Menem-Cavallo, la cual representa los intereses de conjunto de la clase capitalista. Es el ‘peligro’ que representa este estado de ánimo popular, lo que lleva a los capitalistas y a sus periodistas a suplicar que cesen las ‘peleas’ entre Menem y Cavallo, o lo que lleva al clero a ‘implorar’ a la Casa Rosada a que destine unos mangos más para la ‘caridad’ con los ‘desamparados’. Las ‘antenas’ que tiene el clero por todo el país registran la creciente bronca de los explotados. Pero es más fácil decirlo que hacerlo. En la propia cumbre capitalista existe ya una definida escisión. El enfrentamiento entre Menem y Cavallo no es un ‘asunto personal’; es una guerra entre intereses acosados. Entre IBM y Unisys por los contratos informáticos; entre Yabrán y Federal Express por el Correo; entre las telefónicas norteamericanas y Telefónica y Telecom, por el mercado argentino de telecomunicaciones; entre los intereses europeos y norteamericanos, como lo acaba de mostrar el pasaje de Aerolíneas de Iberia a los yanquis. La Unión Industrial, azuzada por el grupo Techint, acaba de dar un paso hacia el frente anti-Cavallo, debido a la creciente recesión y a la inminente apertura de las importaciones de acero en beneficio de los pulpos automotrices. En una palabra, se desintegra el frente burgués al compás de la crisis económica y del derrumbe del ‘plan Cavallo’. Pero lo peor vino del ‘norte’, como es natural en una semicolonia. “El mercado no teme la salida de Cavallo”, proclamó sin inhibición The Wall Street Journal (18/3), el pontífice del capitalismo mundial, en un equivalente al mazazo que Tyson le dio a Bruno y que al igual que lo que ocurrió con el inglés, dejó sin reflejos a ‘nuestra’ prensa. Es que el derrumbe del ‘plan’ ya está provocando fuertes pérdidas a los cajeros de Cavallo, por ejemplo al Credit Suisse-First Boston, que se encargó de colocar el Bono Global por 1.200 millones de dólares. Este Bono no ha parado de caer desde el día de su emisión y la misma situación tiene el conjunto de los grandes bancos nacionales, que ha invertido los depósitos de sus clientes en títulos argentinos que se vienen derrumbando desde fines de enero. Estas pérdidas de los financistas del gobierno pueden significar el golpe de gracia para Cavallo, obligado por sus compromisos a tomar medidas que detengan la caída de los títulos o a compensar a sus detentores. Entre estas medidas se encuentra, naturalmente, la devaluación de la moneda y la liberación de las reservas en dólares para aplicarlas a mantener la cotización de la deuda pública. Estamos ante un gobierno anti-obrero feroz que se debilita de día en día. Es en estas condiciones que llamamos a los trabajadores y a la juventud a manifestar por millares en el 20 aniversario del golpe militar, en lo que puede significar el inicio de una nueva acción de conjunto de nuestras masas. En este mismo cuadro llamamos a formar coordinadoras de fábricas, de reparticiones públicas y de líneas de colectivos para enfrentar el intento de imponer el convenio Fiat-Smata al conjunto del movimiento obrero, con todo lo que significa de reducción de los salarios, despidos masivos, alargamiento de la jornada de trabajo y transformación de los contratos de trabajo en contratos de aprendizaje. Los de arriba se pelean. Los de abajo no soportamos más. Es la hora de preparar una acción histórica contra este régimen y su política.

Es un dato de la máxima importancia que el convenio FIAT-SMATA hubiera sido uno de los detonantes de la última crisis de gobierno. “Cavallo reclamó (en la reunión de gabinete, informa La Voz del Interior, 15/3) una activa participación del gobierno para hacer caer el planteo judicial y mantener la vigencia del acuerdo que lleva de la mano, entre otras cosas, la anhelada desregulación laboral”. Confirmando a PO, el diario agrega que el convenio FIAT-SMATA “se ha convertido en un caso testigo que múltiples inversores, tanto del rubro automotriz como de otros sectores, miran con atención” (ídem). Frente al reclamo de Cavallo, Menem, sin embargo, “fué claro en su decisión de mantener el gobierno ajeno a la disputa, en lo que se interpreta como una abstención a la espera de la decisión final de la Justicia Federal”( ídem). La posición de Menem se explica por sí misma, pues fue él quien ‘aconsejó’ a Lorenzo Miguel recurrir a la vía judicial. Tanto Menem como Miguel actúan bajo la presión de Sevel (Macri) antiguo ‘socio’ de Fiat, que salió muy golpeado por la decisión del pulpo italiano de romper la alianza con la familia del presidente de Boca. Pero ni Menem ni Miguel objetan el convenio FIAT-SMATA tal como es, con rebaja salarial incluida, pues en esos mismos términos había sido suscripto por la conducción de la UOM, el 23 de noviembre pasado. Según el presidente de la FIAT en Argentina, “fue firmado... ad referéndum de la opinión de los cuerpos orgánicos de la UOM por expreso pedido del secretario general del gremio” (La Nación, 16/3). El secretariado de la UOM postergó la firma final del acuerdo a instancias del grupo Macri, que tenía en disputa en ese momento la licencia de la FIAT, así como para tomarse tiempo a fin de forzar al gremio a aceptar una rebaja del 60% del salario en dos plantas fundamentales de la UOM. Desde la homologación del convenio FIAT-SMATA, hace dos meses, el secretariado de la UOM no hizo otra cosa que llamarse a silencio y crear expectativa en la “vía judicial”. Su única divergencia con el convenio FIAT es el destino de los 20.000 dólares mensuales de ‘coima’ que ahora van al SMATA.

Aunque ADUNC (Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Comahue) logró que se suspenda la Asamblea Universitaria para la reforma del estatuto de la Universidad en diciembre pasado, el rector Pablo Bohoslavsky continúa por la vía de los hechos consumados. En noviembre de 1995, el Consejo Superior de la UNC dispuso crear una comisión de ‘expertos’ para reestructurar el Centro Universitario Regional Zona Atlántica (CURZA-Viedma, Río Negro), suspendiendo todos los concursos y supeditando la designación de la planta docente al Consejo Superior. También, en diciembre del ’95, el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (Gral. Roca-Río Negro) ‘observó’ (digamos congeló) la designación de 30 docentes. Por otra parte, el Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades (Neuquén) redujo las dedicaciones de sus categorías a 6 docentes, quienes apelaron al Consejo Superior. Recientemente, el Consejo Superior despidió a 3 docentes y redujo sus salarios a 2 docentes regulares (concursados) del CURZA; el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales redujo las dedicaciones (a simples) a 6 docentes y despidió a dos docentes. Mientras, el 4/3/96, el 60% de la planta docente de la Facultad de Humanidades tomaba conocimiento de que los funcionarios de la UNC dispusieron remitir a revisión toda la planta docente al Consejo Superior reteniendo los haberes del mes de febrero (mes trabajado), lo que coloca a 38 docentes interinos en virtual condición de despido y a otros 20 docentes regulares con reducción de sus categorías docentes. La cesantías y reducciones de salarios tienen ya un carácter masivo y amenazan una perspectiva más profunda y generalizada de reducir drásticamente la planta docente. Precisamente, denunciamos que el último Congreso Extraordinario de CONADU aprobó por mayoría NINGUN PLAN DE LUCHA, a partir de la firma de la “paz social” y de la paritaria por universidad por parte del oficialismo de la Mesa Ejecutiva, enterrando de primera los reclamos y el espíritu de lucha de la docencia universitaria. El gremio ADUNC ha convocado en forma urgente a Asamblas, conferencias de prensa y todas las acciones que tiendan a organizar la lucha docente-estudiantil. Está planteado NO INICIAR LAS CLASES. Exigimos : Inmediato pago de los salarios, restitución de las dedicaciones, reincorporación de los docentes cesanteados y el cese de las persecuciones políticas y académicas.

En un ambiente apagado, en el que sólo se destacaba el desánimo de los asistentes, la directiva de la UOM local (que capitanea el ‘Barba’ Gutiérrez) dio un informe sobre dos puntos: el convenio Fiat-SMATA y el paro de la CGT. En relación al convenio, los dirigentes explicaron las gestiones legales que viene realizando la UOM y el recurso presentado ante la justicia, lo que fue seguido con frialdad por un auditorio incrédulo ante semejantes planteos. La ‘política’ de la UOM ha quedado claramente al desnudo en Quilmes, donde el gremio ha sido diezmado y donde no hay planta que no haya sufrido despidos y suspensiones masivas. El caso culminante es el de Sevel- Berazategui que sólo en el lapso de los últimos seis meses se ha quedado con la mitad de su personal, es decir, quedaron en la calle más de 500 compañeros. El ‘Barba’ había presentado como una victoria, en su momento, el acuerdo que había urdido con la patronal de Sevel, que ‘canjeaba’ despidos por suspensiones y reducciones salariales masivas. Ese acuerdo no paró los despidos, pero sí desmovilizó a los trabajadores que estaban dispuestos a enfrentar la avalancha patronal. El descontento que flotaba en el plenario terminó aflorando cuando se abordó el paro de la CGT. Varios delegados, en particular los de las fábricas más importantes, denunciaron el carácter trucho del paro y a sus organizadores, que están haciendo lo imposible por levantarlo, y plantearon la necesidad de un plan de lucha de conjunto del movimiento obrero.

PO ¿Tu nombre? R: Victoria Tello. PO: ¿Por qué razón se concentraron frente a este edificio? VT: Nos encontramos aquí convocando a los compañeros telefónicos para reclamar a la empresa que pare con lo aprietes brutales que está desarrollando en todas las áreas. Con diversos métodos, las patronales telefónicas (Telefónica Argentina y Telecom) quieren forzar a nuestros compañeros a tener que optar por el retiro ‘voluntario’. Otra razón es la violación por parte de las empresas del acta del 21 de julio, donde se comprometieron frente a la organización gremial a no insistir con los aprietes. PO: ¿Quiénes convocaron a esta concentración? VT: Fue convocada por la oposición a la actual conducción del gremio, por los delegados de las oficinas y edificios afectados de las zonas Once y Centro, aunque afectados por las medidas patronales estamos todos. PO: ¿Cuál fue la actitud de la dirección del sindicato? VT: El sindicato no convocó, por el contrario, envió fax a todas las oficinas diciendo que ellos no convocaban, e incluso trucharon firmas de compañeros delegados que ahora se encuentran aquí. Se trata de una actitud traidora. Ellos argumentan que esta movilización entorpece las negociaciones. ¡Yo querría saber qué negociaciones están efectuando! PO: ¿Cómo sigue este reclamo? VT: Bueno, esto es sólo el comienzo, tendremos que deliberar con los compañeros de la oposición, donde también los marrones disidentes ocupan un lugar, cansados de las agachadas de la dirección marrón. Continuamos con otro compañero delegado, Manuel PANAIA PO: ¿Cómo piensan seguirla? MP: Este es el inicio de un plan de lucha, ahora la idea es discutir con los compañeros para ver si vamos o no al sindicato a reclamar el Plenario de Delegados. Igualmente, nosotros nos vamos a reunir la semana que viene y vamos a proponer continuar con otra movilización. PO: ¿Tu nombre? R: Juan Manuel González. PO: ¿Cuál es tu opinión sobre lo que estamos comentando con tus compañeros? JMG: Comparto sus opiniones y sólo puedo agregar que la política de las patronales telefónicas es la misma que impulsan todas las patronales y el gobierno: liquidación de los convenios, flexibilización, precarización del trabajo, etc., y esta movilización apunta a que todo esto no suceda. PO: ¿Cómo recibieron en las oficinas la convocatoria que Uds. hicieron? JMG: Mirá, ésta es una movilización organizada por la propia base. Nosotros, como delegados, sólo hicimos lo que nos pidieron nuestros propios compañeros. Mientras realizábamos estos reportajes, el delegado Sergio Sosto comunicaba a sus compañeros, en una improvisada asamblea callejera, que una delegación de trabajadores ingresaría al edificio a entregar a la jefatura un petitorio con los reclamos que originaron la movilización

El PC apoyó hasta el último minuto al gobierno de Isabel: “no queremos —dijo— el fracaso de este gobierno”. Junto con sus aliados burgueses de la ‘multipartidaria’, reclamaba una “rectificación del rumbo”. Una vez producido el golpe, anunció su apoyo a la Junta Militar. “El Partido Comunista, aunque no comparte todos los puntos de vista expresados en los documentos oficiales, no podría estar en desacuerdo con tales enunciados, pues coinciden con puntos de su Programa, que se propone el desarrollo con independencia económica, la seguridad con capacidad nacional de decisión, soberanía y justicia social” (declaración del CC del PC del 25 de marzo). Una semana después, su vocero oficial Tribuna Popular, ratificó esa posición: “El general Videla no pide adhesión, sino comprensión. La tiene”. Es así que cuando los militares barren con el gobierno de Isabel, el PC altera sin ningún empacho el argumento antigolpista con que justificaba su apoyo al gobierno criminal del peronismo. “La situación había llegado a un límite extremo —dice TP— ‘que agravia a la nación y compromete su futuro’, como dice uno de los comunicados de las fuerzas armadas”. En el análisis del discurso de Videla, “Tribuna Popular” define claramente cómo entiende el PC la misión que le ha asignado la dictadura: “Corresponde, pues, que todos los sectores patrióticos de nuestro pueblo, recogiendo el llamado presidencial, participen en la reorganización democrática y el gran debate que ella suscita en la nueva etapa que vivimos. En lo que a nosotros corresponde, daremos nuestra colaboración opinando”. El final de la declaración del CC del PC es perfectamente explícito: El Partido Comunista —dice— “confía en que las fuerzas armadas sean fieles al mensaje sanmartiniano: ‘Mis promesas a los pueblos por quienes he hecho la guerra se han cumplido: lograr su independencia y dejar a su voluntad la elección de sus gobernantes’”.

En lo que constituye un paso más en la escalada de provocaciones judiciales contra ex delegados y trabajadores del diario, la patronal de La Prensa (Amalita Fortabat) presentó un escrito ante el juez correccional que interviene en la causa, para solicitar que se le impida a Jorge Brodsky la presentación de testigos. Entre los testimonios que Brodsky, el abogado y periodista Pablo Llonto, y más de una docena de renombrados juristas que patrocinaron el ofrecimiento de pruebas y testigos, solicitaron para la audiencia oral y pública al juez, se encuentra precisamente el de la propia Amalia Lacroze de Fortabat, quien no estaría dispuesta, según lo que se desprende del escrito presentado por sus abogados, a declarar en el juicio, pese a la persistente persecución a que somete a antiguos trabajadores del diario. No es de extrañar esta conducta en una patronal que montó el año pasado una farsa de negociación extrajudicial respecto de este caso, con la pretendida finalidad de dividir a los compañeros perseguidos judicialmente, propiciando una salida de tipo individual, precisamente en momentos previos a las elecciones en el sindicato, donde Brodsky encabezó la lista Naranja opositora a la actual conducción en la Utpba. Es la misma patronal que intentó recusar (apartar de la causa) al juez que sobreseyó en tres oportunidades a Jorge Brodsky. Es la misma patronal que montó toda esta artera provocación casualmente un 24 de Marzo, aniversario del golpe videlista, y designó como abogado querellante nada menos que al ex secretario de justicia de Videla. Mientras tanto, la campaña de repudio contra esta persecución judicial ha ganado en amplitud. Entre quienes firmaron el pronunciamiento de solidaridad con Brodsky y demás compañeros del diario La Prensa, se encuentran la senadora Graciela Fernández Meijide, el concejal Eduardo Jozami, Alfredo Bravo (co-presidente APDH), Simón A. Lázara (vicepresidente APDH), Susana Pérez Gallart (vicepresidenta APDH), Rosa Pantaleón (secretaria APDH), Pampa Mercado (secretaria APDH), el ex diputado nacional Hugo Piucill (secretario APDH), el obispo emérito de Avellaneda Jerónimo José Podestá, el pastor José P. De Luca, el padre Pablo Gustavo Montiveros, monseñor Luis Bergonzi Moreno, el padre Néstor García (grupo católico Fraternidad de Jesús), el premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, Eduardo Kimel (periodista recientemente condenado por injurias), Marta Panario (hermana de Horacio Panario), Carlos Jáuregui (Gays y Lesbianas por los derechos civiles), Luis Brunatti, Osvaldo Bayer, el abogado Eduardo Salerno, Carlos Trípoli (Organización Peronista Reconquista), Dr. Jaime Lipovetzky (del Colegio Público de Abogados), Alejandro E. Olmos, Tristán Argañaraz (periodista), Alberto Quiroga (Libres del Sud), Dr. Héctor Masé, Guillermo Quevedo (secretario general Suteba E. Echeverría) y siguen firmas.

El Pts critica el llamado del Partido Obrero a marchar a Plaza de Mayo el 24 de marzo, en el vigésimo aniversario del golpe militar, porque también lo haría el Frente Grande, la UCR y el CTA. No importa que lo hagamos, como dice el propio Pts, “bajo la consigna ‘Abajo el régimen represor, hambreador y entreguista del menemismo’”(Rebelión, 1/3). Es decir que el Pts no se moviliza el 24 de marzo, sin importarle si con ello entrega el monopolio político de la jornada a los cómplices del golpe militar ¿Un amigo de De la Rúa lo podría hacer mejor? El Pts no sabe, ni tampoco importa que lo sepa, que la UCR y el Frepaso demoraron su adhesión a la marcha hasta último momento, porque no desean integrar una oposición callejera al menemismo. Pero se vieron obligados a adaptarse a las realidades políticas, pues la jornada se perfila como una gran movilización popular. No existe ningún precedente histórico ni internacional de que los movimientos revolucionarios boicoteen las movilizaciones populares. El Pts participa en las instituciones del Estado como por ejemplo, las elecciones, pero se niega a hacerlo con planteos independientes en una jornada objetivamente de lucha. La razón de todo esto es muy simple: el Pts no pretende crecer con la vanguardia que lucha sino con los elementos desmoralizados que no creen en ninguna clase de lucha. Es la política de la secta. No como, no fumo, no bebo, no lucho, no me movilizo, ni voy a las elecciones estudiantiles. Soy el parásito consecuente.

Como ya lo sabe el lector (PO del 7/3) la Mesa Convocante de la manifestación del próximo 24 adoptó como su consigna “Por la Memoria, la Verdad y la Justicia”. Este eslogan ya lo dijimos, está totalmente desvinculado de una lucha contra el gobierno, sus planes o el régimen político vigente. Proceder a este vaciamiento de la jornada es un propósito intencional de la Mesa. Confirmado La declaración ‘unitaria’ aprobada para su lectura al culminar la manifestación, confirma esta apreciación. En particular, cuando se refiere a la “complicidad” con la dictadura “de importantes sectores de la dirigencia empresarial, política, sindical y religiosa”. En realidad, los capitalistas fueron los promotores del golpe y actuaron de conjunto como clase; lo mismo vale para el clero y los partidos patronales. Sin programa para la lucha El documento propone cambiar “este modelo de hambre y desocupación”, pero no presenta reivindicaciones de lucha ni dice una palabra del no pago de la deuda externa, del aumento de salarios y de las jubilaciones. Habla de la incompatibilidad de que “ocupen cargos públicos quienes fueron acusados de crímenes atroces”, pero ni se le ocurre reclamar que se vaya Cavallo, funcionario de la dictadura. El documento llama “a mantener la memoria y a trabajar por la verdad y la justicia, dando un paso adelante en la unificación de las luchas del pueblo”, pero es esa unificación la que no concretan los redactores: un paro activo nacional y un plan de lucha consecuente hasta echar a Menem-Cavallo e imponer las reivindicaciones obreras, democráticas y antiimperialistas. No firmamos El PO no avaló esta declaración manipuladora. Marcharemos con nuestras banderas: reclamando por las reivindicaciones del pueblo trabajador y por poner fin al régimen represor, hambreador y entreguista del menemismo.

Desde principios de 1974, el conjunto de la izquierda se valió del argumento del peligro de un golpe militar para apoyar al gobierno de Perón, sin importar su política antiobrera y el apoyo que daba a la represión paramilitar (triple A, golpe policial en Córdoba, etc). En defensa del régimen lopezrreguista El Pc y el Pst (antecesor del Mas, Mst y Pts) tuvieron la misma política. Se integraron al llamado “bloque de los 8” con los principales partidos burgueses de “oposición” (Ucr, Udelpa, etc) para apoyar al gobierno peronista ante las pretendidas amenazas golpistas. El periódico del Pst (20/3/74) decía: “Es necesario y urgente que todos los Partidos Políticos digan su palabra y actúen en este sentido: enérgicamente, para que todo el país quede notificado que ninguna aventura golpista contará con el apoyo de la civilidad”. 10 días después ingresaba a la quinta de Olivos con el PC y 6 partidos patronales. Para el Pst y el PC se trataba de defender ‘las instituciones democráticas’ . El 31/5/75 el Pst saludó “la declaración del radicalismo (una de tantas) nos parece que ayuda a la campaña para terminar con la violencia asesina del fascismo”. El Pst señalaba en mitad de la huelga general de junio y julio de 1975 (5/7/75) que a los obreros “los ha confortado leer que el bloque sindical de la CGT en la Cámara de Senadores y Diputados, apoyado por el Frejuli, la Ucr y todos los representantes partidarios apoyan nuestra lucha..”. El apoyo a la militarización El planteo antigolpista y pro institucional fue, sin embargo abandonado por el Pst cuando Videla fue nombrado comandante en jefe del ejército y la burguesía comenzó sí a preparar con todo una salida golpista. Cuando el gobierno peronista autorizó el Operativo Independencia en Tucumán, el Pc reclamó la constitución de un “gabinete cívico-militar”. El Pst por su parte se negó a reclamar la libertad de los guerrilleros, porque no los consideraba presos políticos. En esta época comenzó a ponerse del lado del alto mando militar, enviando condolencias a “los familiares y colegas” de los militares asesinados por la guerrilla. A fines del 75, el Pst caracterizaba como “impresionista” la posibilidad de una intervención militar. El 5/12/75 “Avanzada Socialista” decía: “La crisis política sigue, pero las fuerzas patronales han sellado, con el plan Robledo, un acuerdo fijando el nuevo terreno para enfrentar al movimiento obrero: el de las elecciones... tenemos que señalar claramente: ahora la lucha contra el gobierno, contra sus variantes y contra las distintas alternativas patronales se va a trasladar al campo de las elecciones. Para luchar en ese campo debemos prepararnos rápidamente”. Por eso cuando 15 días más tarde estalla el pregolpe de Capellini el Pst quedó momentaneamente paralizado. Solo atinó a sacar un comunicado de la “redacción” del periódico que no planteaba la huelga general y no sacaba ningún balance, porque éste hubiera demostrado la complicidad del gobierno y los mandos “institucionalistas” con los golpistas.El Pc, por su parte, seguía insistiendo conque “no queremos el fracaso de este gobierno”, en mitad del auge terrorista antiobrero, reclamando su gabinete de coalición civico-militar y presionando junto a sus aliados burgueses de la “multipartidaria” por una “rectificación del rumbo”. Justificación del golpe Tanto el Pc como el Pst justificaron el golpe del 24/3/76 en términos similares. Para el Pc (Tribuna Popular): “La situación había llegado a un límite extremo que ‘agravia a la nación y compromete su futuro’ como dice uno de los comunicados de las fuerzas armadas”. El Pst por su parte (Cambio, 5/76) planteaba: “En este marco, aguardar otros nueve meses de pesadilla y crisis hasta unas elecciones azarosas resultó imposible. Todo un pueblo clamaba contra el gobierno... La irrupción del 24 de marzo obedece a estas causas. Más allá de las razones principistas que llevan a toda opinión sanamente democrática a oponerse a los golpes de Estado o del juicio concreto que pueden merecer las medidas del actual gobierno, la destitución del peronismo fue un hecho que los militares cumplieron a su manera, después que la marea popular no alcanzó a hacerlo por la defección de sus dirigentes”. “El PC, aunque no comparte todos los puntos de vista expresados en los documentos oficiales, no podría estar en desacuerdo con tales enunciados, pues coinciden con puntos de su Programa, que se propone el desarrollo con independencia económica, la seguridad con capacidad nacional de decisión, soberanía y justicia social” (declaración del CC del PC 25/3/76). Su semanario decía abiertamente: “El general Videla no pide adhesión, sino comprensión. La tiene”. El Pst, por su parte caracterizaba que nos encontrábamos frente a la dictadura más democrática del Cono Sur, frente a una “dictablanda”. El ‘democrático’ Videla El Pc se amparó en la teoría de una lucha entre un ala democrática e institucionalista de las FFAA, representada por Videla, versus un ala pinochetista encarnada en Menendez. “El general Videla es perseverante al abogar en cuanta ocasión tiene de emitir su palabra por este proceso democrático, que es también la meta de todos los argentinos de buena voluntad”. El Pst lo mismo: “La Yesca va a seguir ejercitando su derecho a la libertad. Su permanencia será una prueba de que la brecha democrática se amplie y que la libertad, esa libertad que le hizo decir al general Videla que no aspira a una prensa complaciente, se fortalezca” (La Yesca Nº 1). Ambas corrientes planteaban que Videla era partidario de una institucionalización (elecciones). Para el Pst (Revista de América, mayo 1978), aunque “el plan político de Videla-Viola no ha sido explicitado, por muchos indicios, puede definirse por el objetivo de establecer un gobierno de ‘transición’, ‘civico-militar’, negociado con los partidos tradiconales de la burguesía”. Y aun más: “pareciera que la Marina y Massera presionarían por una apertura política más acelerada que la de Viola-Videla...”. El mismo oportunismo criminal Al promediar la dictadura, ante la perspectiva de su crisis, el Pc planteó diversas alternativas: gobierno civico-militar de transición, salidas gradualistas, institucionalización de las Fuerzas Armadas. El Pst lo mismo. Hacia fines de 1980 impulsó un movimiento pro-amnistía, que fue resistido por los movimientos de presos y desaparecidos, Madres y Familiares que reclamaban juicio y castigo, libertad a todos los presos, aparición con vida.

Una masiva concurrencia de más de 3.000 jóvenes fue al festival contra la represión policial y el gatillo fácil que se realizó en Florencio Varela, al conmemorarse el primer aniversario del asesinato del joven Fernando Gómez por el policía V. Falco. Más de 10 conjuntos musicales animaron la jornada. La madre de F. Gómez habló en representación de los organizadores, y llamó a “terminar con este régimen de mierda y de ratas”. Desde una ‘radio abierta’, familiares de J. Rojas, otra víctima de la represión, llamaron a luchar contra la represión y por el castigo a los asesinos. La hermana de Panario reclamó la liberación de Horacio. El compañero Jorge Brodsky, procesado por la justicia patronal, llamó a luchar por la libertad de Panario y el cese de las persecuciones a los activistas y luchadores obreros y populares. Vinculó esta lucha al combate contra la superexplotación que los capitalistas quieren imponerles a los trabajadores y señaló que hoy más que nunca gobierna la misma clase social que dio el golpe genocida del ‘76. La UJS realizó una gran agitación, distribuyendo sus volantes entre el auditorio presente y vendiendo La Caldera, de la cual colocó 75 ejemplares.

Al PTP no se le ha ocurrido mejor cosa para defender al gobierno isabeliano-lopezreguista de la triple A, que afirmar que “en el momento del golpe, en marzo de 1976... los salarios de los trabajadores alcanzaron una participación en el total de la renta nacional que tocó casi el 50%, el más alto de la historia argentina, superior incluso a los que llegó en la época de Gelbard”(semanario Hoy, nº 600). Se trata, claro, de una mentira monstruosa. Entre marzo de 1975 y marzo de 1976, los salarios aumentaron un 370% y los precios 566%. O sea, que el poder adquisitivo de los trabajadores cayó un 30%. Según un boletín especializado de aquellos tiempos, el Economic Survey, el índice del salario real del peón industrial era, en marzo de 1976, del 85,4, contra un 119,4 en abril de 1975. Es decir, que “al momento del golpe” era un 28% inferior. En el libro “La política económica de Martínez de Hoz”, Jorge Schvarzer dice, con relación a la situación creada a partir del Rodrigazo, en junio de 1975, cuando Isabel y Lopecito ejercían el gobierno a plenitud, que “la baja de los salarios no podía ser compensada por nuevos aumentos nominales en una coyuntura en la que se habían roto, de hecho, los controles de precios implantados en los años anteriores. Los intentos de responder con aumentos salariales a las presiones sindicales aceleraban a partir de entonces la espiral inflacionaria, cercenando todas las posibilidades de mantener la redistribución del ingreso alcanzada en 1973 y 1974. A partir de junio de 1975 los ingresos reales de los asalariados cayeron alrededor del 50% respecto de los niveles anteriores” (pág. 39). De este modo, la participación salarial “cayó de 49,3% en 1975 –afectado en el segundo semestre del año por el rodrigazo- a 32,3% el año siguiente” (Jorge Schvarzer, ídem, pág.40). El punto de partida del desbarranque salarial de los trabajadores, que la dictadura acentuó, fue el Rodrigazo de Isabel-López Rega. Lo demás es cuento ‘chino’.

Ciento ochenta jóvenes se dieron cita en el Festival organizado por la UJS de la zona. La actividad se inscribe en la campaña de movilización de la UJS hacia el 23 y 24 de marzo, bajo la consigna “Fuera el régimen menemista enemigo de la juventud”. El contenido de la campaña fue expuesto a las bandas que participaron del evento, las cuales compartieron el carácter de la convocatoria y sus consignas. De esta manera, el Festival tuvo un acentuado carácter político, con sucesivas intervenciones de compañeros de la UJS. La juventud de Ezeiza está trabajando, gracias al impulso logrado con el festival, por organizar una gran columna de Ezeiza de la UJS, para lo cual se ha fijado el diagrama de salida de los micros.

El desarrollo del juicio por el crimen de María Soledad puso rápidamente en evidencia que las expectativas de que se condenaría a los culpables y a sus encubridores serían una vez más frustradas. El cambio de carátula, el encanamiento de testigos que testimoniaban contra la versión oficial y en perjuicio de Luque, marcaron que todo el juicio iba a concluir en una absolución de los imputados. Por eso, los grupos de personas que espontáneamente se acercaban al tribunal comenzaron a plantearse que era necesario relanzar las “marchas del silencio”, y del intercambio de opiniones surgieron dos reclamos centrales: el de castigo a sus asesinos y encubridores y la protección de los testigos acusados de falso testimonio. Entre la gente fue creciendo la opinión de que es un juicio fraguado, que ya existe una sentencia pactada entre el Frente Cívico, gobernante, y el saadismo, “opositor”, y que en función de ello el tribunal debería actuar para descalificar a testigos y pruebas que pongan en tela de juicio “el crimen pasional”, que fue la versión de la intervención de Patti y del propio Menem. Por otro lado, la indignación popular ha sido aún mayor, porque los testigos presos por falso testimonio eran todos de condición humilde, que fueron apretados a la vista de todos, para llevarlos a contradicciones, y así poder descalificar sus testimonios; ninguna resolución se adoptó contra los que cambiaban sus declaraciones, ahora en favor de Luque, o contra la amenaza de muerte de un pariente de Saadi a la monja Pelloni. Es “vox populi” el mejoramiento económico de los que cambiaron sus declaraciones. Durante el juicio han surgido denuncias de todo tipo sobre apremios ilegales, amenazas y acciones, ya sea de la policía provincial como de la Federal (en época de Patti), que demuestran que desde el primer día hubo una acción oficial dirigida a borrar la más mínima prueba, y la de aplastar mediante la represión cualquier elemento que pudiera emerger y condenar a los culpables. Incluso un abogado ha demostrado que la demora en el juicio es porque iba a ser inevitable que en el juicio surgieran denuncias de los apremios y la negligencia policial, pero que esos delitos ya han prescripto, si llegado el caso se pretendiera investigar y castigar. La reacción popular ante todos estos hechos ha llevado a que a los curiosos de los primeros días se fueran sumando los antiguos activistas y organizadores de las “marchas del silencio”, que se hicieron presentes para aplaudir a la monja y putearlo a Luque, y a que se decidieran a organizar autoconvocatorias que ya han reunido a varios centenares de personas frente al Tribunal. Ahora se piensa dar un paso más, a partir de la formación de una “Coordinadora Contra la Impunidad y el Encubrimiento”, con los elementos más activos de la protesta popular, incluso algunos ligados a la Iglesia, abierta a los partidos de izquierda y movimientos sociales, en particular dirigiendo el accionar sobre los centros estudiantiles y la juventud, con el objetivo inmediato de lanzar una Jornada Nacional de Lucha contra la Impunidad y el Encubrimiento, con epicentro en Catamarca. Es precisamente esta reacción popular, y la conciencia en el gobierno del Frente Cívico sobre lo ocurrido bajo el gobierno de Saadi, sobre el alcance que podría tener la movilización popular, que se pueden explicar varias cuestiones: una, que todas las instituciones y activos reconocidos del Frente Cívico, como la agrupación de “Mujeres Catamarqueñas”, que estuvieron en las marchas del ’91, ahora están completamente borrados y se justifiquen en que “no hay que dar pasto para que la situación se descontrole” y pueda retornar el saadismo a Catamarca. Dos, las declaraciones del diputado provincial Balverdi, del Frente Cívico, ex saadista y ex empleado de Guillermo Luque quien testimonió en contra de Luque, y deschavó la existencia de un Comité Estratégico en el gobierno, que sigue paso a paso el caso y explica que quizá desde allí se haya tomado la decisión de que es preferible condenar levemente a un ‘perejil’, si por medio de ello se logra contener la reacción popular. Esto mismo explicaría el cambio de postura del presidente del Tribunal, y hasta la presentación de una serie de testigos, ex oficiales de la policía, que en medio de la crisis del gobierno saadista, tendieron a diferenciarse de las patotas que mandaba el comisario Ferreyra. Precisamente porque la movilización popular comienza a ser un factor en el juicio es necesario reforzarla, extendiéndola a todos los ámbitos de la población, en especial la juventud, formando comités en los pueblos, en los barrios, porque sólo por medio de la movilización independiente se podrá abrir paso la posibilidad de una investigación sin ataduras, que conduzca a la verdad y con ello a un verdadero juicio y castigo a los culpables y a todos sus encubridores.

El sábado 16 de Marzo se realizó una charla organizada por la UJS con la presencia de 16 compañeros externos, bajo la consigna “A 20 años del golpe: ¡Fuera este régimen menemista enemigo de la juventud!”. La exposición estuvo dedicada a señalar que el golpe tuvo como propósito desarticular las importantes movilizaciones obreras (las huelgas de Junio y Julio de 1975) y sus organizaciones y que una misma clase social gobernó durante los gobiernos militares y bajo la ‘democracia’. La continuidad programática de esos gobiernos es el ataque constante a los trabajadores y a la juventud en todos los planos (educación, súper-explotación, represión). La principal conclusión, es que la mayoría de las derrotas de las luchas se debe a la falta una dirección de las luchas. En este marco, se plantea la necesidad de una organización masiva de la juventud, la UJS, que se proyecta para ese combate (organiza a la juventud en los centros de estudiantes, organiza a los desocupados, lucha contra la represión, etc.). La necesidad de la “UJS de masas”, como una herramienta para obtener las reivindicaciones de la juventud y, a la vez, luchar por derribar a la burguesía del poder e imponer un gobierno de los trabajadores. Finalmente, se hizo un llamado a los jóvenes presentes a sumarse a esta tarea de organizar masivamente a la juventud y a que participen del congreso de la UJS, trayendo cada uno su aporte a la plataforma de reivindicaciones.

Hace unos días, Don Marcos, un compañero de Ejército de los Andes (barrio más conocido como los monoblocks de Ciudadela), falleció cerca ya de los 70 años, a consecuencia de una enfermedad que en los últimos tiempos lo había obligado a suspender su actividad política. Su larga trayectoria militante, que comenzó en su juventud en las filas de la FJC y desarrolló largamente en el PC, lo llevó a militar en los últimos años en el FREPU, en el Mas y, finalmente, luego del desbarranque de este último, en las filas de nuestro Partido Obrero. Que un militante de los años de Don Marcos haya llegado a la conclusión de que el porvenir de la lucha revolucionaria está en un programa partidario y en su organización, nos reafirma en la convicción de que vamos por el camino correcto. Extrañaremos sus anécdotas, a veces tristes y a veces divertidas, que nos descubrían las maneras de construir una perspectiva revolucionaria en una época en la que no estuvimos. El día de la revolución, su recuerdo estará vivo en el corazón de todos los que lo conocimos. ¡Hasta la victoria, compañero!

El miércoles 13 de marzo último y mientras una brigada de la UJS realizaba una pintada llamando a movilizarse el 24 de marzo, un patrullero nos intimó a que dejáramos la actividad, de lo contrario seríamos detenidos por averiguación de antecedentes. Esto se relaciona con un hecho similar ocurrido el 7 de enero, cuando dos compañeros de la UJS fuimos detenidos cuando realizábamos una pintada por un festival contra la represión policial. Esto se debe a la política que está llevando adelante la UJS de denunciar el Estado policial y de sitio que Duhalde intenta imponer en la provincia, y la campaña de intimidaciones que realiza para retirar la legalidad a las organizaciones de izquierda; al rol destacado de agitación política que está desenvolviendo la juventud en toda la regional. La UJS de Varela ratifica, hoy más que nunca, su campaña por las 40 pintadas regionales, llamando a la juventud a movilizarse para acabar 20 años después con este régimen enemigo de la juventud, de los hambreadores y amnistiadores, exigiendo el juicio y castigo a los asesinos de ayer y hoy.

El XIXº Congreso de la FUA realizado en Santa Fe entre el 15 y el 17 de marzo, ratificó la subordinación de la central estudiantil a los sectores y a la política del Banco Mundial. Luego de repetir hasta el hartazgo que la “ley no pasará”, que la “ley no se aplica” y que la “ley se deroga”, la FUA levantó todos los ‘planes de lucha’ para pasar a colaborar con la adecuación de los estatutos universitarios a la ley de Educación Superior. Estas reformas son una condición del Banco Mundial para destinar los fondos del FOMEC a las universidades, con los cuales se está reemplazando el presupuesto público, y constituyen la deuda externa contraída por las propias instituciones educativas. Las reformas implican la pérdida de autonomía de las universidades, controladas por organismos de “evaluación externa” dependientes del gobierno y con participación empresarial; imponen reglamentos limitacionistas, cursos y condiciones de ingreso restrictivas e institucionalizan los crecientes aranceles en trámites, posgrados y —también— cursos de grado. Las reformas acentúan la marginación del conjunto de los estudiantes, docentes y trabajadores, del gobierno universitario y persiguen la consolidación de las camarillas profesorales que dirigen la Universidad y se han constituido en el cuerpo gerencial del Banco Mundial en la misma. A la cabeza de estas camarillas están los rectores agrupados en el CIN, que impulsan la reducción de la planta estudiantil y docente (para liberar fondos utilizados en salarios para subvencionar a la educación privada y clerical, empresas y engrosar pagos de la deuda con el capital internacional), el acortamiento y cierre de carreras y la subordinación general de la Universidad al capital financiero. La oposición y la izquierda ‘morada’ La UJS concurrió al Congreso exigiendo la rectificación de la política de la FUA, es decir, el desconocimiento de las reformas producidas por las recientes asambleas universitarias. Esta posición fue rechazada no sólo por Franja Morada, sino por el conjunto de la ‘oposición’ centroizquierdista y por la propia izquierda. Patria Libre y el Mst movilizaron a varias decenas de militantes para ‘rosquear’ con el Ptp las condiciones de una lista para la renovación de autoridades. Con la consigna de “unir a los que luchan”, el Mst y Patria Libre presentaron resoluciones conjuntas con el Ptp que ni siquiera se refierían a la necesidad de desconocer los estatutos de la ley menemista. Acordaron también con la Franja no cuestionar el funcionamiento burocrático del Congreso y aceptaron que la mesa no les diera la palabra a los delegados en el momento de discusión de las resoluciones. Finalmente, Patria Libre se retiró del acuerdo por diferencias en el lugar que le tocaba en la lista, mientras que el Mst apoyó la lista del Ptp junto con Democracia Avanzada (los seguidores del ex vicerrector de la UBA, Atilio Borón, partidario de los aranceles diferenciales). Por su parte, el Mas exhibió una total desorientación; el Frepaso fue incapaz de disciplinar a varios grupos de sus delegados, que cuestionaban a sus elementos más derechistas, y el PC fracasó en su intento de lograr una secretaría, camuflándose en organizaciones “no partidarias”. La JUP menemista no tuvo necesidad de entrar al Congreso, ya que la Franja ha menemizado la FUA.

Las negociaciones en el marco de la conciliación obligatoria han llegado a un punto muerto. Las pretensiones de la empresa de modificar el régimen de trabajo fueron rechazadas, lo que llevó al Ministerio de Trabajo a extender los plazos de la conciliación, que vencieron esta semana. La patronal decidió unilateralmente pagar con recibos el básico de 450 pesos, lo correspondiente a boletera y premios (que en promedio redondean unos 300 pesos más) fue abonado en negro. La empresa ya había tirado esa modalidad de pago en la mesa de negociaciones, para ‘ahorrarse’, según decían, el pago de las cargas sociales, pero fue rechazada por los trabajadores. Haciendo figurar ‘oficialmente’ sólo el básico, la patronal busca munirse de una herramienta legal para imponer una rebaja salarial y no reconocer en el futuro los 300 pesos que ha abonado este mes bajo cuerda. Los trabajadores de la línea perciben la maniobra, por lo cual cobraron sus sueldos firmando en disconformidad. Pero los representantes del sindicato que intervienen en las negociaciones están presionando para que se acepte la pretensión patronal, bajo el pretexto de la ‘crisis’ que atravesaría la empresa.

“Tres recién nacidos murieron en Cisjordania por falta de medicamentos” (Le Monde, 14/3). Esta es una de las terribles consecuencias del ‘bloqueo de las fronteras’ dictado por el ‘pacifista’ Shimon Peres con la complicidad del no menos ‘pacifista’ Arafat. La situación creada por el ‘bloqueo’ es desesperante, porque los palestinos tienen prohibido, además, establecer relaciones comerciales con Egipto, Jordania o terceros países. En consecuencia, 60.000 palestinos no pueden concurrir a sus empleos en Israel; 10.000 pescadores de Gaza no pueden tirar sus redes en el Mediterráneo; los agricultores no pueden vender sus productos en Israel. De conjunto, “700.000 palestinos se encuentran privados de todo ingreso” (ídem). Tampoco pueden entrar ni salir mercancías. Para obtener las pocas que quedan, “muchos miles de mujeres comenzaron a vender sus alhajas, brazaletes, aros y hasta alianzas matrimoniales para encontrar el dinero necesario para alimentar a sus familias” (ídem). Peres justificó esta masacre social diciendo que “existe un esfuerzo terrorista colectivo contra nosotros” (Le Monde, 14/3), es decir, ... recurriendo a un viejo argumento reaccionario y fascista de las ‘culpas colectivas de los pueblos’. El fraude de la ‘autonomía palestina’ ha quedado al desnudo una vez más.