Prensa Obrera N° 485

Sólo la Naranja enfrenta a la burocracia gráfica. Pero otras ‘listas’ también quisieron salir al ruedo. Una pomposa ‘coordinadora gráfica’, constituida por la “lista Marrón” (agrupación de jubilados del PC “la corriente”), la lista Bordó (monoagrupación del PL) y la “agrupación independiente de diarios” (un monodesprendimiento de la Marrón), decidió formar... la lista Granate (ya no quedan colores). Convencida de encarnar la unidad misma, con tanta agrupación amontonada, ‘intimó’ a la Naranja a formar un frente paritario (Naranja-Granate), reservándose poder de veto sobre el programa. La Naranja, con todo, los invitó a luchar en conjunto por una lista de Comisiones Internas antipatronales y antiburocráticas y debatir diferencias en un plenario común, en el que el activismo reunido votara programa y candidatos. Pero la ‘coordinadora’ no asistió. La ‘coordinadora’ lanzó la ‘Granate’ con el visto bueno de la burocracia, que les deja correr una lista incompleta con tal de remontar un globo divisionista. Pero el globo se pinchó en el intento. Les cabe una reflexión de fondo a estos compañeros: no jugaron ningún papel en la lucha de clases del gremio. Pagaron el precio de no luchar por una Asamblea General en La Nación, que deliberó durante meses hasta aceptar las 12 horas, ‘ablandada’ por la burocracia. Pagaron el precio de hacerle de taparrabos a la “Comisión de Jubilados” de la burocracia, sosteniendo la bandera de un sindicato vendido a la jubilación privada.

A fines del año pasado, Telefónica concentró las mesas de prueba de la zona Centro en la oficina Parral. Pero los que fueron trasladados se encontraron que tenían que cumplir funciones de operadores de 114 (Reclamos), a los que el convenio les fija un horario de 7 horas efectivas, pero con jornadas de probador (7,45 hs. efectivas). También extendieron la atención personalizada, hasta las 2 de la mañana, por lo que hubo cambios de horario y de rotaciones. Como esto pasó, comenzaron a presionar a los revisadores para que, aparte de las tareas de reparación, se convirtieran en vendedores de los servicios adicionales que ofrece la empresa. A los pocos días comienzan a llamar presionando para ‘retiros voluntarios’, incluso bajo amenazas de despidos con causa, a sectores afectados al mantenimiento y construcción del plantel exterior, ya que era más ‘económico’ dárselos a las contratistas. Esto generó una reacción en las oficinas afectadas, pero a pesar de ello el sindicato jugó a dilatar cualquier respuesta, con lo que terminaba aceptando la política de la empresa. Frente a ello, los sectores de la oposición al guillanismo en la zona montaron una movilización frente a la empresa para el 6 de marzo, para presentar un petitorio donde se rechazan las medidas empresarias y donde los delegados de los afectados exigen discutir con Telefónica la situación. El día anterior a la movilización, comienzan a llegar por fax a todas las oficinas comunicados del sindicato, donde se dice que se levanta la movilización para supuestamente no entorpecer la discusión con la empresa. En el mismo se incluyen firmas ‘truchas’ de delegados que avalan esta posición. Paralelamente, Telefónica recrea el sector de Líneas, cesa con los llamados a los ‘retiros voluntarios’ y no pide más a los revisadores que vendan. A pesar del operativo conjunto Guillán-empresa, la movilización se realizó con una importante cantidad de compañeros (300). Acto seguido, se marchó al sindicato a exigir el plenario de delegados del gremio para discutir las medidas a adoptar frente a los temas pendientes (horario en las Mesas, etc.). Si bien los dirigentes se comprometieron a realizar uno en marzo, todo indica que no van a cumplir llamando a deliberar a un cuerpo que no manejan. La oposición, nucleada en el Plenario de Trabajadores Telefónicos, tiene que discutir en plenario la línea de acción, para defender a los trabajadores frente al total vaciamiento a que fue sometida la organización gremial.

En la edición de Prensa Obrera de hace dos semanas se advertía sobre la inminencia de un crack financiero mundial, que se ha vuelto a poner en evidencia en la caída de la Bolsa de Nueva York. El viernes 8, en un solo día, los valores que se cotizan en Wall Street cayeron en un 3%, una pérdida de 350.000 millones de dólares, que arrastró tras de sí a las bolsas de todo el mundo. La caída fue endilgada al crecimiento “más rápido del esperado” de la economía norteamericana y a la reducción de la tasa de desempleo (Clarín, 8 y 10/3). Estas afirmaciones, sin embargo, se contradicen con una serie de importantes indicadores: en enero, y por novena vez en los últimos doce meses, volvió a caer el índice de los principales indicadores económicos (The Wall Street Journal, 8/3); las ventas minoristas están en baja, como lo revela el hecho de que “esta navidad fue la peor de los últimos treinta años” (Ambito Financiero, 26/12); el pulpo Wal Mart –la mayor cadena minorista norteamericana– registró pérdidas en el cuarto trimestre del año pasado ... después de 99 trimestres continuados de beneficios (The Wall Street Journal, 8/3). Otro hecho que contradice la tesis que mayoritariamente registró la prensa, es el estado “desfalleciente” de un mercado tan importante como es el de la computación (Financial Times, 2/3). El crack en ciernes –caracterizábamos hace dos semanas– tiene como marco general la creciente tendencia a la quiebra de importantes pulpos bancarios e industriales. Esta tendencia está mostrando que la acumulación capitalista se desarrolla en un marco de declinación económica prolongada. La bancarrota mexicana, que fue enfrentada mediante un socorro de 50.000 millones de dólares, demuestra que la crisis arrastra a los propios Estados. La crisis bursátil, en resumen, se limita a reflejar un proceso de bancarrota de conjunto de la economía capitalista. Para hacerle frente, el imperialismo mundial deberá ir mucho más allá de los ‘remedios monetarios’: será necesaria la conquista de nuevos mercados, especialmente en China, Rusia y los países atrasados, mediante medidas políticas e, incluso, militares. Guerra informática y Japón Entre los mayores pulpos de la informática acaba de desatarse una ‘guerra de precios’. La comenzó Compaq –el mayor productor mundial de PCs y utilitarios para redes– como consecuencia de que sus ventas en el mercado norteamericano fueron en febrero “muy inferiores a las esperadas” (Financial Times, 2/3). “Todavía es demasiado temprano –dice Financial Times (2/3)– para decir que el mercado de las computadoras personales está en graves problemas. Pero las evidencias se acumulan”. La ‘guerra de precios’ reducirá los beneficios de todos los participantes en el negocio, y los de sus proveedores, en particular, los fabricantes de semiconductores. Esta perspectiva puso fin a la suba de las ‘acciones tecnológicas’, una de las bases del derrumbe de Wall Street (Financial Times, 4/3). Al día siguiente del anuncio de la reducción de sus precios, las acciones de la Compaq ¡cayeron un 17%! Los ‘problemas se acumulan’: las norteamericanas Apple y AST Research y las europeas Bull, Olivetti, ICL y Escom, acaban de registrar pérdidas algunas de ellas como la alemana Escom, “mucho mayores que las esperadas” (ídem). A las ventas “desfallecientes” en Estados Unidos hay que agregarle la “depresión” del mercado alemán de PCs. La AT&T norteamericana anunció recientemente que despedirá a 40.000 empleados en los próximos tres años, como consecuencia de las pérdidas que le provocó su copamiento de la informática NCR (International Herald Tribune, 3/1). La ‘guerra de precios’ preanuncia una ola de quiebras de alcance mundial: “Los pequeños fabricantes aperecen vulnerables. En particular, los fabricantes regionales tales como Escom” (Financial Times, 4/3). En la ‘guerra’ abierta, la industria informática europea parece ser la primera víctima. A fines de 1995, la crisis financiera desatada en Japón, por el hundimiento de la especulación inmobiliaria parecía superada. Pero la reciente quiebra de la Equion, una de las mayores instituciones financieras no bancarias del Japón, hundió todas esas ilusiones. Como los bancos comerciales otorgaron préstamos a los especuladores inmobiliarios por más de 200.000 millones de dólares, ha crecido el temor a una “reacción en cadena” que arrastre a los grandes bancos. El ocaso de la industria naval europea En estos días, Alemania asiste al hundimiento de uno de sus mayores pulpos industriales: los astilleros Bremen-Vulkan, su mayor constructor naval. Con 23.000 obreros, y talleres en toda la costa del Báltico, Bremen-Vulkan acaba de entrar en convocatoria de acreedores, después de declarar pérdidas por 700 millones de dólares y acumular una deuda bancaria –impagable– de otros 1.000 millones. Bremen-Vulkan fue a la quiebra después de dilapidar subsidios oficiales y créditos garantizados por el gobierno por varios cientos de millones de dólares. También quebró Burmeister & Wain, el mayor y más antiguo astillero dinamarqués; el gobierno griego anunció la privatización de los astilleros oficiales, y los Astilleros Españoles –estatales– enfrentan una “difícil reestructuración” (Financial Times, 22/2), después de acumular deudas por más de 3.000 millones de dólares. También “los astilleros suecos están arruinados” (Le Monde, 21/2). Entre 1982 y 1994, la producción naviera mundial permaneció virtualmente estancada ¡pero la participación europea en el mercado mundial cayó del 40 al 20%! Su capacidad de producción se redujo –mediante quiebras y fusiones sistemáticas– de 8,5 a 3 millones de toneladas anuales, ¡una caída del 65%! El personal empleado cayó de 460.000 trabajadores a menos de 120.000 (ídem). El retroceso es todavía más agudo si se toma en cuenta que la industria naval europea recibió, en todos estos años, “demasiado dinero de impuestos para financiar la capacidad de sobreproducción durante demasiado tiempo” (Financial Times, 20/2). Pero, como declara un constructor naval, “sin el apoyo gubernamental la industria habría sido devastada” (ídem). Derrumbe armamentista El gobierno francés acaba de anunciar la privatización del pulpo electrónico Thomson y la fusión de las aeronáuticas Dassault y Aerospatiale para –dice– formar alrededor de ellas “una base tecnológica e industrial de la defensa” (Le Monde, 23/2). Se trata de una denominación pomposa para referirse a la quiebra de los grandes pulpos –privados y estatales– del armamento en Francia: Dassault (privada) trabaja a pérdida desde hace varios años; las compañías estatales de armamento “carecen de presupuesto para financiar sus proyectos” (Le Monde, 20/2). Lo que está en juego –señala Le Monde (20/2)– es nada menos que “la supervivencia de la industria francesa de armas ... (que) sufre la competencia norteamericana, la reducción de presupuesto y la caída de sus exportaciones”. En apenas cinco años, las exportaciones francesas de armas cayeron en un 60% (ídem). Para Francia, se trata de una catástrofe industrial enorme: es el segundo exportador mundial de armas, después de los Estados Unidos. “Los anuncios del gobierno francés –dice el Financial Times, 22/2– son una medida de la crisis que atraviesa la industria europea de la defensa”. También la DASA alemana (subsidiaria de Daimler Benz y fabricante de los aviones de combate del ejército alemán) está reduciendo aceleradamente su capacidad de producción, después de sufrir pérdidas por más de 1.500 millones en 1995; la Fokker holandesa –adquirida hace pocos años por la DASA– quebró, y la British Aerospace se vio obligada, hace pocos años, a reducir a la mitad su capacidad de producción, además de vender varias subsidiarias. Sin embargo, como nada de esto alcanzó, se perfila “una reestructuración total de la industria europea de la defensa mediante fusiones y alianzas”, con miles de despidos. La industria de armamentos europea –“fragmentaria y peligrosamente ineficiente” (Financial Times, 22/2)– no logra sostenerse sobre ‘bases nacionales’, pero tampoco parece que pueda lograrlo sobre ‘bases comunitarias’. Airbus –el consorcio europeo de fabricación de aviones– anunció que deberá “reducir las prestaciones y performances” de su proyectado avión de transporte militar ATF, como consecuencia de “problemas financieros” (Le Monde, 6/3). Francia “no tiene los medios” (ídem), y aunque los restantes seis países del consorcio –Alemania, Gran Bretaña, España, Italia, Bélgica y Turquía– parecen dispuestos a financiar el ATF, Le Monde sostiene que se trata, apenas, de “una declaración de intenciones”. Un fracaso en el plano militar –en el que compite con la Lockheed norteamericana– sería mortal para Airbus, después de los golpes sufridos a manos de la Boeing en el campo de la aviación civil. Por el mismo ‘calvario’ de fusiones que ahora se prescribe para las armamentistas europeas ya pasaron, en los últimos años, las empresas norteamericanas: “tres de los cinco mayores grupos nacieron de fusiones realizadas después de 1994” (Le Monde, 20/2), que significaron el despido de medio millón de empleados, más del 20% de los trabajadores de la industria. Bancos franceses: “París es un coto de caza ...” Los dos mayores bancos de inversión de Francia –el Paribas y el Suez, que controlan decenas de bancos, compañías de inversiones y bursátiles– acaban de registrar “las peores pérdidas de su historia” (Financial Times, 1/3). Las razones: el derrumbe del mercado inmobiliario (que ya entró en su cuarto año), la recesión, el retroceso en los mercados internacionales y su participación en compañías en quiebra. Entre estas últimas, la del Eurotúnel es un ‘ejemplo’: en los últimos diez años sus acciones cayeron de 119 a 6,5 francos (¡un derrumbe del 95%!). “Los problemas del Paribas son comunes a todos los bancos franceses” (ídem).Tanto lo son, que el propio presidente francés, Chirac, en gira por Asia, se vio obligado a reconocer que “la situación del sistema bancario (francés) es inquietante” (Le Monde, 1/3). Para los ‘standards’ internacionales, los beneficios de los bancos franceses son “miserables” (The Economist, 24/2). El rescate gubernamental del Credit Lyonnais ha resultado ser “más largo y penoso de lo previsto” (Le Monde, 1/3); la situación del Credit Foncier –considerado hace mucho como “una institución nacional”– provoca “pesadas incertidumbres” (Le Monde, 19/11) y la “Companie des Assurances Nationales se encuentra en tan mala situación que se verá obligada a vender el Credit Industriel y Commerciel” (The Economist, 24/2). No es de extrañar que las principales calificadoras de riesgo hayan degradado a los bancos franceses y pronostiquen que “la situación empeorará en 1996” (ídem). Más que las cifras, la caracterización que formula Le Nouvel Observateur (22/2) es suficientemente gráfica: “no hay ejemplo reciente de un retroceso de tal magnitud de todo un sector a nivel mundial ... París se convirtió en un coto de caza de las instituciones financieras de todo el mundo, especialmente norteamericanas ... los bancos franceses quedan reducidos al papel de bancos provinciales a nivel mundial”. Las aerolíneas europeas ... vuelan a ninguna parte “En 1994, las aerolíneas comerciales europeas, casi sin excepción, fueron salvadas de la quiebra” por monumentales subsidios estatales (Financial Times, 23/2). A pesar de esta gigantesca masa de dinero, poco más de un año después, “(las aerocomerciales) se encaminan nuevamente hacia complicaciones mayores” (ídem). A la cabeza del pelotón se encuentra Alitalia, para la cual un auxilio estatal de 950 millones de dólares parece ser “la última oportunidad de evitar la quiebra” (ídem). La aerolínea italiana, sin embargo, no necesita sólo dinero, sino además, “la cooperación de los sindicatos para reducir el exceso de personal” (ídem). “Más o menos como Alitalia –es decir, al borde de la quiebra– se encuentran Air France, Olympic (Grecia), TAP Air (Portugal) e Iberia” (ídem). Pese a haber recibido una ‘inyección de capital’ oficial –subsidio– de 700 millones de dólares y de haberse desprendido de parte de sus ‘activos latinoamericanos’, la aerolínea española sigue al borde de la quiebra. Alemania, Francia, Bélgica: la recesión europea A este cuadro de catástrofes sistemáticas de la industria europea, podría sumársele el de la industria automotriz: Daimler-Benz (el mayor fabricante europeo) registró pérdidas récord en 1995; las terminales alemanas amenazan con 100.000 despidos en los próximos cinco años (Gazeta Mercantil, 1/2); las “dificultades (de la francesa Renault) son más complejas que la simple coyuntura (porque) pierde plata en la rama automotriz” (Le Monde, 21/2); en Suecia, “cada vez son menores las esperanzas” (Financial Times, 23/2) de que la Volvo y la Saab puedan evitar su desaparición. El retroceso europeo retrata la ruinosa competencia provocada por la desvalorización del yen –como consecuencia de las maniobras monetarias concertadas por los Estados Unidos y Japón– y la recesión que se ha instalado en los principales países. En Alemania, la caída del gasto en construcción –3% respecto del año anterior– y el crecimiento del desempleo hasta alcanzar el récord desde la posguerra, indican sin lugar a dudas que “el país está en la recesión” (International Herald Tribune, 6/3). La propia cámara de la construcción pronostica que “en los próximos años, el 25% de las constructoras irá a la quiebra” (ídem). También Francia entró en la recesión, con una secuela impresionante de quiebras de pequeñas y medianas industrias. “A diferencia de los años 80 –donde también se registró una masiva quiebra de medianas y pequeñas empresas– no se trata de empresas viejas sino de empresas modernas y competitivas que no pueden resistir la competencia internacional (que provoca) la desaparición de sectores enteros: madera y muebles, textiles, juguetes, mecánica y óptica” (Le Monde, 19/2). La caída de Bélgica en la recesión es indicativa de la tendencia económica del continente. Bélgica exporta a Europa las dos terceras partes de su producción; sus exportaciones se componen de materias primas y bienes semi-procesados, “productos que típicamente anticipan la baja del ciclo económico” (Financial Times, 5/3). El cierre de Europa a las exportaciones belgas “refleja una caída productiva más amplia en Europa –y sobre todo, en Alemania” (ídem).

La patronal del supermercado Norte se ha lanzado a una ofensiva negrera, con la total complicidad del sindicato de empleados de comercio. Hay una clara política de desgaste, por medio de traslados, muchas veces a más de 20 kms. del lugar de trabajo original. Cambios de horarios instantáneos y sorpresivos. Está planteado para los próximos meses rotación (en ambos de los aspectos señalados) del personal efectivo, en distintas áreas. Pero lo más destacado, es la imposición a los trabajadores de los depósitos de ir uniformados desde su domicilio, justificando la medida por recientes robos. Violando elementales medidas de higiene y legales, la negrera patronal del Norte nos retrotrae a principios de siglo, cuando un legislador terrateniente presentaba un proyecto de ley para que a los obreros “se los pueda reconocer en la calle”. Todo esto no tiene respuesta —ninguna— por parte del secretario de comercio. Se ha convertido en uno de los gremios más superexplotados del país. La nueva camada de activistas debe encarar la organización de los locales con un programa de reivindicaciones. Pago retroactivo de las extras desconocidas. Rehabilitación de vestuarios. Reubicación de los trabajadores en su lugar. Horario original.

La Unión de Juventudes por el Socialismo de Capital está desarrollando una gran campaña de movilización por el 20 aniversario del golpe. El viernes 1º de marzo, en la Facultad de Sociales, realizamos una charla-plenario de la que participaron más de 80 jóvenes de colegios secundarios y facultades de la UBA. El plenario tuvo un informe central donde se explicó que el golpe fue ideado y orquestado por la burguesía y el imperialismo para frenar el ascenso revolucionario que se había iniciado en el Cordobazo, y tuvo su expresión más importante en las huelgas generales de junio y julio del ’76. En la charla se remarcó que los intereses que defendió la dictadura son los mismos que actualmente defienden Menem-Cavallo, y es por eso que la UJS llama a la juventud a organizarse y luchar para derrotar al régimen hambreador, indultador y enemigo de la juventud. El plenario fue el primer paso en nuestra campaña; en la semana posterior, realizamos dos jornadas de pintadas masivas. Para la segunda semana, con el inicio de las clases, se plantean volanteos y piqueteos de La Caldera en la puerta de los colegios, parques, etc., y por último, asegurar la presencia masiva en la movilización. La campaña está en marcha. Vení con la UJS. El domingo 17/3, a las 16 hs., acto de la UJS-Capital en Parque Centenario

Ante la proximidad del vigésimo aniversario del golpe militar del 76, la dirección del Ptp ha salido a reivindicar “con orgullo” su “línea antigolpista” de 1974-76. En ese período, el Ptp (entonces Pcr) fue un defensor incondicional del gobierno antiobrero, terrorista y proimperialista de Isabel Perón-López Rega. Esto lo llevó a justificar los ataques del gobierno isabeliano contra las grandes luchas del movimiento obrero, como una resistencia de Isabelita y López Rega a un complot golpista. La brutalidad de estas posiciones antiobreras le valió una crisis interna. Llegó a reclamar sólo por la “libertad de los presos antigolpistas”, es decir los suyos, dejando en cana a los compañeros de las otras organizaciones de izquierda y foquistas, a los que consideraba comprometidos con el ala golpista “pro-rusa”. La teoría del cerco Para el Pcr, el gobierno peronista era la expresión de un amplio frente burgués antiyanqui al que había que apoyar sin importarle su carácter antiobrero. En una autocrítica posterior, afirmó haber cometido el error de no diferenciar en este frente antiyanqui a un sector “pro-ruso”, y que luego de la muerte de Perón pretendió “cercar” a Isabelita. El Pcr se propuso, combatir a “los sectores prosoviéticos (que) se trazaron la línea de rodear y aprisionar a Isabel, golpeando para ello, principalmente a López Rega...” (Hoy, 6/3/96). El Pcr justificó, por ejemplo, el apoyo diplomático (y no sólo diplomático) del gobierno peronista al golpe pinochetista, saludando a Isabelita por “impedir el agravamiento de las relaciones con Chile —como querían los prosoviéticos— en momentos en que la situación regional en América Latina era muy difícil para el país” (Hoy, 6/3). El Pcr tenía —dice que tenía— una línea antigolpista en Argentina, pero no en Chile, donde le importaba un bledo la diferencia entre dictadura o democracia, incluso cuando la primera era pinochetista. La teoría del golpe Las “vacilaciones” e “inconsecuencias” que se adjudica la dirección del Pcr fueron “corregidas” por “el Comité Central de noviembre de 1974 (que) ajustó la línea partidaria... y trazó, como eje fundamental de nuestra táctica, la lucha contra el golpe de Estado... y la defensa, frente a este golpe, del gobierno de Isabel Perón” (Hoy, 6/3/96). A pesar de que subraya que la defensa del lopezreguismo se limitaba a la amenaza de un golpe, el Pcr apoyó políticamente al régimen terrorista antiobrero en todos sus ataques contra los trabajadores. Este desbarranque era completamente lógico, esto porque el ataque del gobierno de las tres A contra los trabajadores era moneda corriente, mientras que el golpe era una eventualidad. La línea estratégica debía ser enfrentar al gobierno antiobrero, mientras que un planteo antigolpista debía tener un carácter táctico. Hasta la caída de López Rega, en julio de 1975, la única amenaza golpista venía del propio gobierno, que controlaba la jefatura del ejército (general Numa Laplane). Cuando en abril-mayo de ese año, el gobierno, la burocracia sindical y el ejército decretan a la zona Zárate-Villa Constitución área de lucha contra la subversión, esto para acabar con la huelga de la UOM de Villa, se llega al punto más alto de este intento, que le servirá al gobierno para lanzar en junio el ‘rodrigazo’ y la anulación de las paritarias obrero patronales. Es en este período, cuando toda la burguesía apoyaba los intentos represivos del gobierno peronista para derrotar la resistencia activa de los trabajadores, que el Pcr caracterizó a las luchas de las masas como “golpistas”, apoyando las medidas antiobreras del isabelismo y apartandose de “las riberas de la corriente de ´ultraizquierda´ que de una u otra manera instrumentaban las fuerzas burguesas y terratenientes prosoviéticas” (ídem). Así denominaban los ‘comunistas revolucionarios’ del Ptp a las luchas independientes de los trabajadores contra el gobierno peronista en defensa de sus conquistas y condiciones de vida. El Pcr se jactó, por ejemplo, de la carta que le hizo distribuir a Salamanca (secretario del Smata Córdoba) a fines del 74, defendiendo al gobierno de Isabelita... en momentos en que este gobierno había intervenido el sindicato, encarcelado a dirigentes y activistas e incluso existía un pedido de captura contra el propio Salamanca. O cuando afirma que “en ese período los obreros metalúrgicos de la empresa Santa Rosa, en La Matanza, realizaron un paro de 35 días que trató de ser instrumentado por los golpistas. Nuestro Partido planteó allí la línea antigolpista” (Hoy, 6/3/96). Frente a la huelga de Villa Constitución, Nueva Hora dedicaba sus tapas a la supuesta resistencia antiyanqui de Isabelita y no a la gran huelga. Los sectores que apoyaban la huelga eran acusados de utilizar la lucha obrera para deteriorar a Isabel. Frente a la brutal represión terrorista contra Villa Constitución, el Pcr declarará: “no nos harán confundir acerca de quiénes son los enemigos...” y seguira bregando “en defensa del gobierno de Isabel”. Mártires y política Ante el aniversario del golpe vemos a muchas direcciones pasar una esponja sobre sus responsabilidades políticas, hablando de los mártires de su movimiento. La dirección del Pcr está en primera línea. Frente a los atentados terroristas de las triple A lopezreguistas contra militantes obreros y de la izquierda, el Pcr hablaba de que eran ataques para ‘desestabilizar’ al gobierno de Isabel. Con relación al asesinato de los militantes del Pcr, Winer y Rusconi, a fines del 74 (paralelo al de nuestros compañeros Fisher y Bufano, dirigentes de la fábrica Miluz, y a tantos otros), la dirección del Pcr sigue diciendo al día de hoy “que al igual que otros asesinatos de ese período” fueron “asesinados por bandas instrumentadas por los golpistas prosoviéticos, con el fin... de desestabilizar al gobierno de Isabel”. El hablar de la “heroica conducta” de “nuestros martires” no exime a la dirección del Pcr de su responsabilidad política, del encubrimiento del accionar terrorista asesino antiobrero del gobierno de Isabel.

El asesinato del pibe marplatense Cristian Campos debería disipar cualquier resto de dudas. Lo mismo debería ocurrir con la farsa del juicio oral por el crimen de María Soledad. O con la impunidad de los jefes militares que encubrieron la muerte de Carrasco y el ocultamiento de su cadáver. O con los asesinatos de los chicos Bru, Bulascio, Mirabete, de Ingeniero Budge y tantos otros. El régimen capitalista que gobierna a la Argentina es enemigo de la juventud. Y tiene sólidos motivos para ello. Porque la juventud es la víctima principal de la desocupación, de la destrucción de la educación, de la ‘flexibilidad laboral’, de los bajos salarios y de la miseria de sus familias. La represión tiene un contenido social: defender a los explotadores contra los explotados. Aquí o en Los Angeles; en Nigeria o en la franja de Gaza; contra los indios de Guatemala o de Chiapas; contra los docentes y estudiantes bolivianos o contra los inmigrantes asiáticos, turcos o españoles en Francia, Bélgica, Alemania, Gran Bretaña o Suiza; o contra los chechenos en la Rusia de Yeltsin. La policía y los aparatos armados y de seguridad son los instrumentos de esta represión. La represión de Menem, Duhalde, Sapag, Bussi, Mestre, Juárez, Estabillo, Obeid, responde a la necesidad de defender al régimen de decretos de necesidad y urgencia que los convencionales capitalistas votaron en Santa Fe hace dos años. Pero por sobre todo, defender al régimen que debe pagar la deuda externa y para ello endeudar más al país y por lo tanto hambrearlo. Desde 1983 pasaron muchas cosas, pero dos se mantuvieron constantes con el paso de gobiernos diferentes, de políticas distintas y de ministros sucesivos: el pago de la deuda externa y el indulto al aparato represivo. Son hermanos siameses. Duhalde se ha vuelto a declarar inocente; no es responsable, dice, de los ‘errores’ o de los ‘excesos’ de su policía. Sin embargo, Duhalde no esconde su propósito de convertir a Buenos Aires en un estado policial. La prohibición de la circulación nocturna, a partir de las tres de la mañana, equivale a una declaración de estado de sitio cuya efectivización se entrega a la policía. Equivale a compartir el gobierno con el aparato de represión. Duhalde ha sido responsable directo del esquema de la organización de la represión contra los estudiantes platenses, así como lo son los intendentes de la represión de los trabajadores municipales y lo fue recientemente Obeid en la represión contra los bancarios de Santa Fe. En la mayoría de las barriadas del conurbano existe un gobierno policial, donde los capitalistas pagan protección a la policía y donde ésta obliga a hacer lo mismo a los pequeños comerciantes. En la ‘patria’ de Duhalde rige la más completa arbitrariedad policial. Por eso las concentraciones y manifestaciones previstas para el 23 y 24 de marzo deben levantar como consignas la lucha contra el régimen menemista y sus cómplices y por el juicio y castigo de todos los culpables de los crímenes que este régimen ha cometido y protege. La democracia no es lo mismo que la dictadura, dicen los que no han luchado ni contra una ni contra la otra, ni quieren ver que los explotadores que gobiernan con una y que han gobernado con la otra son los mismos. Pero tampoco son lo mismo un criminal convicto y otro que anda suelto. A este último todavía hay que meterlo preso. Por la independencia nacional: desconocer la deuda externa usuraria. Contra la miseria: salario mínimo de 1.500 pesos, seguro a los desocupados, 82% móvil a los jubilados, igual salario para los jóvenes. Por la libertad y la democracia: derogar el indulto y la obediencia debida; juicio y castigo a todos los culpables. Fuera Menem-Cavallo.

El conjunto de la izquierda (JP, PC, etc.) —y no sólo el PCR— decía a principios de 1974 que se estaba incubando un golpe de estado. Justificaban con este argumento su apoyo al gobierno de Perón, que impulsaba la represión paramilitar (golpe policial en Córdoba, en febrero de 1974, formación de la triple A). El PCR se distinguió del resto por su apoyo al ala más terrorista y represiva, la de Isabelita-López Rega. Política Obrera rechazaba esta posición capituladora. En PO (16/3/74), dos años antes del golpe militar, rechazábamos que estuviera en marcha un golpe contra el gobierno peronista. Decíamos: “¿Cuándo va a producirse el golpe de estado? Si bien en lo inmediato está descartado, el momento del golpe inevitable depende de la evolución de la lucha de clases: la crisis del Pacto Social, la radicalización del movimiento obrero, la crisis del peronismo son los factores que, con su ritmo, determinarán su momento. Lo fundamental es entender que Perón trabaja activamente con la burguesía en la búsqueda de su sucesión política, y que ésta, que está dirigida contra las masas no puede resolverse sino por la vía de la fuerza terminando con la fachada democrática. El golpe de estado no es contra la orientación de Perón: se enmarca en su ofensiva derechista, y él mismo trabaja para ella”. Después de la muerte de Perón, el gobierno lopezreguista intentó un autogolpe: expulsó del gobierno a todas las otras fracciones del peronismo, monopolizó el poder, impulsó la triple A, colocó a un hombre suyo a la cabeza del ejército, militarizó el litoral del Paraná, intervino a los sindicatos ‘no encuadrados’ (UOM Villa Constitución, gráficos, Smata Córdoba). P.O. fue el único que denunció este autogolpe. Pero cuando la Huelga General quebró al ‘rodrigazo’ (junio-julio del 75) y al lopezreguismo, la situación cambió; las masas habían derrotado al gobierno, pero no impusieron su propia salida. Pero mientras P.O. pasa a decir que un golpe está en preparación, el resto de la izquierda ve en el nuevo comandante en jefe, Jorge Videla, a un ‘defensor de las instituciones’ y no al jefe del futuro golpe. En setiembre de 1975, el documento presentado por P.O. a su Iº Congreso decía: “Para impedir el golpe hay que combatir a este gobierno antiobrero. “La primera cuestión es la lucha contra el golpe." En el periódico Política Obrera (8/9/75) se editorializaba así: “En las Fuerzas Armadas se encuentra el estado mayor de la ofensiva antiobrera, y ésta tomará más tarde o más temprano la forma de un golpe militar para sustituir por completo el régimen político basado en el parlamento, las elecciones y la libertad de organización de los trabajadores. La clase obrera debe tener una actitud militante contra el golpismo, porque los propósitos de éste serán en definitiva el aplastamiento de los explotados. Pero en ningún caso la necesidad de la lucha contra el golpe militar debe ser una razón para defender políticamente al actual gobierno. Esto porque el gobierno peronista no sólo es un gobierno antiobrero sino que está en completa descomposición, y detrás de él se preparan las soluciones impulsadas por el imperialismo. Toda conciliación con este gobierno con el pretexto de ‘no provocar’ el golpe significa exactamente atarse las manos para la resistencia antigolpista. Sólo mediante la más enérgica movilización contra el gobierno actual, construyendo en esta lucha los órganos del poder político de los explotados, podrá el proletariado derrotar al golpe militar”.

Con más de 200 testigos se está llevando adelante, en la ciudad de Catamarca, el juicio oral por el asesinato de María Soledad Morales, después de cinco años de las grandes movilizaciones en Catamarca (más de 30.000 personas) y en Buenos Aires, que reclamaron por el esclarecimiento del asesinato y provocaron una crisis en el gobierno provincial decretando que el gobierno nacional lo intervenga. En cada día que pasa del juicio, se hace más fuerte la idea de un encubrimiento del asesinato por parte del gobierno provincial, llegando hasta el propio presidente de la nación. Operativo De las investigaciones participaron más de 6 comisiones policiales diferentes (incluida la de Patti, enviado especial de Menem, que duró sólo dos meses) y cerca de la misma cantidad de jueces. Las declaraciones de la primera semana dieron cuenta de la magnífica tarea llevada a cabo para no esclarecer el caso. Testigos pagados, falsos testimonios, autopsias pagadas, pericias mal hechas, amenazas de muerte. Los testigos que comprometen a Luque (hijo de un ex-diputado amigo del ex-gobernador y posible senador por Catamarca, Saadi) son puestos presos o se los decide descalificar para que no declaren. Además, dos de los jueces del tribunal que ahora juzga la causa, según una denuncia, “responden al ex-gobernador y trabajaron en su administración”. Perejiles La tarea fundamental a la que está llamada este juicio es tapar toda la maniobra política y de compromiso con las bandas del narcotráfico del gobierno provincial y nacional que se esconden detrás del asesinato de María Soledad. Estamos ante un nuevo “juicio a los perejiles”, como en el caso Carrasco; ahora los culpables serían Tula y Luque, como asesino y partícipe necesario del crimen. Pero hasta éstos podrían quedar libres, porque la pena que se les aplicaría sería menor al tiempo que ellos pasaron en la cárcel como procesados. La ‘justicia’ está llamada a garantizar la impunidad de los gobernadores y sus camarillas contra la movilización popular en reclamo de sus derechos más elementales. Frente a esto, la UJS exige que se establezca toda la verdad. Libertad para que los organismos de derechos humanos, organizaciones estudiantiles y populares investiguen todo. Juicio y castigo a encubridores y culpables.

El PTP da señales de progreso, de progreso vergonzante, pero progreso al fin. Cuando el PO denunció que la deuda externa bajo el gobierno de Isabel Perón había alcanzado la suma de 10.000 millones de dólares, y no de 5.189 millones de dólares como había afirmado el secretario del Pcr, Otto Vargas, el Ptp nos acusó de “mentirosos”, insistió con su cifra la deuda, agregó que bajo Isabelita no había firmado ningun acuerdo con el FMI y acusó al PO de negar el carácter antiimperialista del dúo Isabelita-López Rega. Refutando todo esto, volvimos a mostrar con datos y citas que la deuda externa, a marzo de 1976, fecha del golpe, superaba los 10.000 millones, que el mayor endeudamiento se produjo cuando la fracción terrorista de Isabel-López Rega habían copado el gobierno y que los ministros de Isabelita, Cafiero y Mondelli, habían firmado acuerdos públicos y secretos con la banca imperialista y el FMI. Ahora, bajo el engañoso título “¿Por qué miente Prensa Obrera?”, ( Hoy, Nº 600), el Ptp reconoce: 1) Que la deuda externa total a febrero de 1976 era de 9.870 millones de dólares. Ese dato, que ya habíamos dado en Prensa Obrera, no incluye, sin embargo, la deuda de corto plazo, que sumaba 2.060 millones de dólares, como lo consigna la Memoria del Banco Central de 1976, que es la fuente que utiliza el Ptp de “evolución de la deuda externa”. Si se suman esos 2.060 millones de dólares a la cifra del Ptp, la deuda total se empina a los 11.930 millones de dólares. Como a diciembre de 1972 (usamos esta fecha no por ‘lanussismo’, como dice el Ptp, sino porque el Banco Central solo da los datos a diciembre y no a mayo de 1973, cuando asumió Campora) la deuda externa era de 5.092 millones de dólares, surge que con los propios datos del Ptp la deuda externa aumentó entre enero de 1973 y diciembre de 1975, un 93,8% (de 5.092 millones a 9.870 millones), es decir que se duplicó. Como la deuda externa de corto plazo, aumentó un 134,3%, el total de la deuda externa pasó de 5.092 millones de dólares a 11.930 millones de dólares. 2) El Ptp, sin embargo, dice que mezclamos deuda pública con privada, y que a febrero de 1976 la deuda pública, incluidos los intereses, era de 6.402 millones y la privada de 3.378 millones. Si esto es así, resulta lo contrario de lo que pretende probar el Ptp, pues en tal caso la deuda pública subió no un 93%, sino un 167% (de 2.392 millones de dólares, en 1972, a 6.402 millones, en 1976). Pero como también dijimos en Prensa Obrera, la distinción que hace el Ptp entre deuda pública y privada es un fraude, ya que la deuda privada había sido estatizada a través de operaciones de pase y de seguros de cambio. Bajo Isabelita se produjo la primera estatización de la deuda privada, la segunda la hará Cavallo en 1982 al frente del Banco Central. 3) El Ptp dice que la deuda externa era de 9.870 millones y “los vencimientos de ese año 1976 no eran de extrema (sic) gravedad”, y que el país no estaba, por lo tanto, en cesación de pagos. Sin embargo, en marzo de 1976, las divisas disponibles eran de 23 millones de dólares, y los vencimientos de 3.708 millones de dólares (Memoria Banco Central, pág. 8). La deuda equivalía a dos años de exportaciones, es decir, lo que representaría hoy una deuda de 40.000 millones de dólares. Esa deuda era grande para los niveles de deuda de esa época. Si tener que pagar 3.708 millones de dólares y disponer de 23 millones de dólares, no es estar en cesación de pagos... Si la situación era o no de ‘extrema’ gravedad, o sólo de ‘gravedad’, es pura pedantería; en todo caso, refleja el fracaso irrefutable de una política capitalista y antiobrera. 4) Después de haber dicho que bajo Isabelita-López Rega no hubo acuerdos con el FMI y la banca norteamericana, el Ptp reconoce (otro ‘progreso’, de la mentira a la verdad) que sí se gestionó un acuerdo bajo el ministerio de Cafiero y la misión Zalduendo, pero que eso ocurrió cuando Isabelita estuvo enferma (interinato de Luder) y que “todo esto fue rechazado por Isabelita al retornar al gobierno...”. Sin embargo, “se obtuvieron 250 millones” del Fondo Monetario (Guido Di Tella, Perón-Perón, pág. 223), sobre la base de “la firme decisión de mantener la tasa cambiaria devaluada al nivel que se había llegado al cabo del shock anterior” (Rodrigazo, impulsado por Isabel y López Rega). De lo que resulta que Isabelita no rechazó nada, sino que siguió el libreto devaluacionista pactado con el FMI, ya que hubo “devaluaciones pequeñas y frecuentes a intervalos de 10 a 20 días como máximo y en cada ocasión del 3 al 5 por ciento” (Guido Di Tella, ídem, pág. 223). El Ptp no dice que a lo largo de 1975 hubo acuerdos con la banca extranjera, la que prestó “2.124 millones de dólares, el 60% de los cuales correspondía a swaps (operaciones de pase)”. Tampoco dice que hubo “un acuerdo especial concertado con los fabricantes automovilísticos locales —el principal sector de importadores de bienes manufacturados— por el cual se les permitió liberar sus precios antes que a nadie con tal de que obtuvieran financiación a mediano plazo para sus abastecimientos. Así se logró acumular un crédito total de 200 millones de dólares”(ídem, pág. 214). En marzo de 1976, el ministro Mondelli intentó llegar a un acuerdo con el FMI. “Se siguió con el FMI una política nueva, más abierta, se efectuó un intento por optar por un acuerdo formal, llegando al ‘tramo I’, lo que exigió un programa más amplio, pero el Fondo se mostró tan reacio que ni siquiera quiso recibir la proposición, por tener conciencia del inminente golpe militar” (ídem, pág. 229). No fue Isabel la que rechazó el acuerdo con el FMI sino que fue el FMI, el que rechazó el último acuerdo propuesto por Isabel. Final absurdo y revelador En Prensa Obrera señalamos algo muy obvio: que como consecuencia del Plan Rodrigo, que aumentó los precios en un 400%, “los ingresos reales de los asalariados cayeron alrededor del 50%, respecto de los niveles anteriores”. “Cierto” , pero el PO no dice, agrega el Ptp, que “al momento del golpe, en marzo de 1976, después de los aumentos de paritarias de ese año, los salarios de los trabajadores alcanzaron una participación en el total de la renta nacional que tocó casi el 50%, el más alto de la historia argentina, superior incluso a los que llegó en la época de Gelbard”. Tramposo, este Otto Vargas, al adjudicar a las paritarias, y por lo tanto a la huelga general en defensa de las paritarias, un aumento en la participación de los trabajadores en el ingreso nacional, omitiendo que Isabelita había anulado esas paritarias; que por lo tanto, la política de Isabelita era reventar los salarios y que sólo la derrota de Isabelita permitió el aumento salarial previsto en las paritarias. Pero si los salarios reales cayeron un 50%, como consecuencia del Rodrigazo, no puede ser que después de esa caída se haya registrado la más alta participación de los trabajadores en el ingreso nacional. En todo caso, la más alta debió haber sido antes de esa caída, es decir, antes del Rodrigazo, desatado por Isabel-López Rega. Tampoco puede ser que esa alta participación se hubiera alcanzado en marzo de 1976, cuando no hubo paritarias, pero sí tres meses, enero-marzo, hiperinflacionarios. Es decir, la participación de los trabajadores en el ingreso nacional se derrumbó con el Rodrigazo de Isabelita-López Rega, el cual inició una etapa de retroceso salarial de los trabajadores, que aún no se ha detenido. El Rodrigazo marcó el comienzo de dos décadas de furiosa ofensiva capitalista.

Como parte de la campaña de movilización con motivo del veinte aniversario del golpe militar del 76, la UJS de la zona Sur del gran Buenos Aires organizó un pic-nic con la presencia de 120 compañeros. Concurrieron jóvenes de Dock Sud, Budge, Ezeiza y particularmente de Villa Jardín (Lanús). De Varela y Berazategui, hubo una importante concurrencia de estudiantes de las Media 6, del Comercial 1 y de otros colegios del distrito. En el marco de un gran clima de camaradería (se organizó un campeonato de fútbol y otras actividades recreativas), miembros de la UJS aprovecharon la ocasión para explicar la movilización. Con la consigna: “Fuera el régimen menemista enemigo de la juventud”, la UJS llamó a los jóvenes presentes a sumarse a las actividades programadas hasta el 24 de marzo: actos festivales en Ezeiza y Budge, la jornada contra el ‘gatillo fácil’ y la represión policial que tendrá lugar en Varela y, por supuesto, impulsar una gran columna de la UJS en la propia manifestación del 24.

Al gobierno sionista no le importó que los comandos que ejecutaron los atentados ‘suicidas’ en las últimas semanas hubieran partido de localidades de Cisjordania que aún están bajo control de su ejército: igualmente emprendió una represión brutal contra la franja de Gaza, con la colaboración de la policía de Arafat, allanando mezquitas, escuelas, centros de salud y deteniendo a más de 500 palestinos. Asimismo, cerró el paso de los palestinos hacia territorio israelí y entre Gaza y las poblaciones de Cisjordania, confinando en un gigantesco ghetto a millones de personas. Esta represión ha creado una situación de hambre en Gaza, al punto que la ONU dice que “las reservas de alimentos se están agotando y que está considerando una distribución de emergencia” (La Nación, 12/3). A pesar de la disposición de Arafat de secundar ciegamente la persecución sionista contra su propio pueblo, el gobierno de Peres (y, al parecer, el de Clinton) no está satisfecho: quiere el desmantelamiento de todas las organizaciones sociales o de beneficiencia que pudieran estar dirigidas por el grupo Hamas, proscribir a la organización, encarcelar a sus líderes, es decir, convertir a los territorios ‘autónomos’ en una gigantesca cárcel. El planteamiento descarado de esta política criminal tiene lugar cuando los analistas políticos del Medio Oriente coinciden, por unanimidad, sean sionistas o palestinos, en que la inmensa mayoría del movimiento Hamas es partidaria de integrarse al ‘proceso de paz’ y que la “tregua más prolongada de la historia del conflicto árabe-israelí” (Jerusalem Post, dixit) fue rota por el gobierno de Peres al asesinar al líder de Hamas, apodado el Ingeniero, el 5 de enero pasado. La crisis actual y la guerra sin cuartel desatada por el sionismo no tiene nada que ver con los atentados, sino con una escisión interior del ‘establishment’ sionista respecto al ‘proceso de paz’ —una escisión a la que el asesinato de Rabin de ningún modo puso fin. De un lado, está la derecha sionista que quiere ‘congelar’ el ‘proceso de paz’ y que no está dispuesta a levantar los asentamientos de colonos en los llamados territorios ocupados. Pero lo más importante es la actitud del ejército, cuyos principales jefes están obstaculizando un acuerdo general con Siria, a pesar de que el gobierno sirio ya declaró su disposición a establecer embajadas y relaciones económicas en un futuro acuerdo de paz. La dirigencia militar reclama concesiones territoriales de Siria en los altos del Golán y no acepta que la seguridad en la frontera sirio-israelí sea garantizada por Estados Unidos. La posición del ejército tiene paralizado al gabinete de Peres. Es por todo esto que Clinton se ha visto obligado a montar una conferencia internacional que, convocada ‘contra el terror’, está dirigida a salvar al gobierno de Peres y a neutralizar la presión de sus militares. No es necesario reunir a una veintena de jefes de Estado contra Hamas; sí es necesario para que el ejército sionista acepte un tratado de paz con Siria con garantías internacionales. Clinton ha tomado esta iniciativa para salvar su política exterior de los embates del alto mando israelí. El precio de la operación de rescate del moribundo gobierno de Peres, lo habrán de pagar los palestinos, a quienes se les pretende imponer mayores restricciones a su ‘autonomía’ en nombre de la lucha ‘contra el terror’ o de la ‘salvación de la paz’. La creciente descomposición del sionismo se ha transformado en el factor más importante de la crisis en el Medio Oriente.

Al serrucharle el piso a Grisanti, presidente de Encotesa e íntimo colaborador de Cavallo, Menem ha llevado su disputa con el agente de la Fundación Mediterránea al tramo final. Para dejarlo más claro todavía, le retiró al ministerio de Economía el manejo de la privatización del correo y el área de las telecomunicaciones. Cuando todo el mundo aún hablaba del fortalecimiento de Cavallo como consecuencia del respaldo que le dan los banqueros internacionales, Menem le arrancó varias plumas y lo dejó, según los ‘analistas’, en notoria inferioridad política. A esta altura del entredicho, la opinión pública ya debería tener en claro que Yabrán maneja la ‘caja’ del clan menemista, de lo contrario tanta disputa sería ininteligible. Y también debería estar claro que Cavallo no es un simple ministro sino un ‘gestor’. Es así que se lo ve defendiendo la entrega del Correo a Federal Express o disputando el control de varios bancos provinciales, como los de Tucumán y Córdoba; ni qué decir de la centena de millones de dólares involucrados en el ‘affaire’ IBM, es decir la monopolización de los contratos informáticos. La descomposición del proceso político y económico iniciado por el menemismo se está convirtiendo en una guerra de ‘maffias’. El ‘proceso democrático’ amenaza terminar en forma ‘no ortodoxa,’ como consecuencia de sus insalvables contradicciones. Es indudable que Menem decidió avanzar sus piezas al comprobar que el proceso recesivo continúa implacable, que el anunciado regreso de capitales no se produce, que la crisis fiscal se acentúa y que la deuda externa no para de crecer. Cavallo se ha visto obligado a tomar un crédito en marcos, a tasas muy superiores a las de los empréstitos previos, para recomprar próximamente títulos Bocones en circulación y evitar así su caída constante. Como los bancos son los principales tenedores de estos títulos, el gobierno decidió aumentar la deuda externa para evitar mayores perjuicios a los banqueros. Como consencuencia de estas operaciones, Clarín pudo anunciar que la deuda pública externa “ya supera los 95.000 millones”, y Ambito que: “Serio, en seis meses el país se endeudó por 10.000 millones” (11/3). Este crecimiento de la deuda pública y del déficit fiscal se ven agravados por la circunstancia de que la caída de la Bolsa significa que no están disponibles los créditos internacionales para financiar los pagos al exterior o el presupuesto del Estado. “Si se corta el crédito a Cavallo”, como conjetura un analista (Ambito Financiero, 11/3), la vida de este equipo económico y de su política habrán concluido. Se dice que Menem nada sabe de economía, entonces con mayor razón, alguien que sabe le sopló que el momento era adecuado para serrucharle el piso a Cavallo. La crisis política está directamente relacionada con el hundimiento del ‘plan’ económico. Al cierre de esta edición, los mandantes de Cavallo, nucleados en el Consejo Empresario Argentino, le reclamaron a Menem la privatización de Encotesa. Esto significa que la disputa ha entrado en un terreno violento, pues estaría indicando que los grandes bancos y capitanes de la industria, que resistían la privatización del Correo para que no cayera en manos de Yabrán, están dispuestos a ingresar directamente a la lucha para expulsar a Yabrán de este negocio. Las consecuencias de este planteo se harán sentir rápidamente en el Congreso y en la UCR, que deben dictar la ley de privatización, y en los alineamientos para las elecciones de la capital. La descomposición del proceso político menemista es notoria y así lo demuestra también el desenlace de la crisis pesquera con Gran Bretaña, que requirió la intervención del gobierno norteamericano. Ocurre, sin embargo, que los yanquis son los más interesados en un ‘entendimiento’ entre los ingleses y Argentina que ofrezca la ‘seguridad jurídica’ necesaria a los negocios petroleros y pesqueros en el Atlántico sur. Ese ‘entendimiento’ sólo podría tener lugar a costa de los derechos nacionales argentinos. En consecuencia, el margen de maniobra propio del gobierno menemista, frente a los intereses del capitalismo internacional y de sus gobiernos, es igual a cero. En el lapso de poquísimas semanas, el gobierno menemista se ha debilitado en forma brutal, fundamentalmente debido a la ausencia de alternativas económicas y a una agudización impresionante de sus contradicciones.

Clinton se apresta a promulgar una ley votada por amplía mayoría en las cámaras de senadores y de diputados de los Estados Unidos, que refuerza considerablemente el bloqueo de treinta años contra Cuba. Clinton se aparta de este modo de sus reiteradas advertencias de que vetaría la ley, por los perjuicios que causaría a los inversores norteamericanos, y se aparta incluso de su antecesor republicano, G. Bush, quien reiteradamente bloqueó el pasaje de la ley en el senado. El pretexto para este viraje fue el abatimiento de dos aeronaves gusanas, por parte del gobierno de Fidel Castro, que se encontraban violando por enésima vez el espacio aéreo cubano. Las principales disposiciones de la ley en cuestión prohíben el ingreso a los Estados Unidos de mercaderías que contengan azúcar cubano, autorizan a procesar a quienes adquieran propiedades confiscadas por la revolución y prohíben el ingreso a los Estados Unidos a los ejecutivos de las firmas envueltas con la transacción de las propiedades confiscadas. A partir de esta ley, el conjunto de decretos y reglamentaciones que bloquean el comercio con Cuba toma un carácter legislativo, por lo cual ya no podrán ser derogadas por el Ejecutivo, sino que requerirán una ley del Congreso. Clinton, de todos modos, no se ató completamente las manos, ya que la ley lo autoriza a suspender por seis meses, en forma renovable, el artículo que autoriza a procesar a quienes trafiquen con propiedades confiscadas. El voto del Congreso y el cambio de posición de Clinton fueron duramente criticados por los voceros de los intereses norteamericanos en Cuba y por los países que tienen un comercio creciente con la isla. “Muchos analistas, comenta el Financial Times, dicen que dada la fuerza de esta oposición, la nueva legislación podría ser inaplicable y que será ampliamente cuestionada en sede judicial. La presión de la comunidad de negocios norteamericana contra el embargo de Estados Unidos a Cuba se espera que vaya a continuar” (2/3). Para el representante del Consejo de Economía y Comercio Estados Unidos-Cuba, con sede en Nueva York, “los intereses de la comunidad de negocios de los Estados Unidos no van cambiar una jota en tanto la isla continúe reformando su economía” (ídem). Entre los pulpos anti-bloqueo figuran la General Motors, Cargill, Unilever, la tabacalera BAT, la canadiense Sherrit, la minera australiana Western, el grupo agroquímico británico Zeneca, Pernord Ricard, las telefónicas yanqui-mexicanas, etc. Un editorial del Financial Times (7/3) ventila una crítica más amplia a la ley por “ceder una importante decisión de política exterior a uno de los congresos más aislacionistas en muchos años”. Por aislacionismo se entiende en la jerga oficial a los sectores que reclaman una política proteccionista y que se niegan a financiar las intervenciones político-militares en el exterior. Para el diario Le Monde (8/3), la ley “representa una ofensiva política y diplomática sin precedentes de Washington contra La Habana. Marca un freno con relación a la línea seguida desde hace más de dos años por la administración Clinton”. ¿A qué se debe, entonces, este viraje? Dado que los mayores pulpos norteamericanos se han manifestado a favor del relajamiento del bloqueo contra Cuba, es posible que la nueva ley sea neutralizada por la autorización que da a Clinton de suspender procesos relacionados con las propiedades confiscadas y por decisiones de inconstitucionalidad de parte de la justicia. En esta variante, Clinton se habría limitado a sacarles a los republicanos el tema Cuba en un año electoral. Sin embargo, el giro de Clinton se produce en circunstancias internacionales a tener en cuenta: la crisis entre China y Taiwán, de un lado, y la crisis del Nafta, del otro. Con relación a lo primero, Clinton no podía vetar la ley contra Cuba sin dar la impresión de ‘apaciguamiento’ frente a la presión militar del gobierno chino, un aliado de Cuba, contra la isla secesionista. Con relación a lo segundo, el gobierno norteamericano ha estado tomando medidas proteccionistas contra México y, en menor medida, contra Canadá, por lo que no debe descartarse que esté buscando un motivo de pendencia contra estos dos países que se encuentran entre los más activos en el comercio con Cuba. El clima del comercio internacional se encuentra muy tenso y todos los Estados andan a la caza de pretextos para tomar medidas excepcionales en beneficio de sus capitalistas. La cuestión cubana se ha transformado en un asunto de rivalidades y choques entre capitalistas dentro de Estados Unidos y entre diferentes estados imperialistas, que pujan por el mercado cubano y el sometimiento de Cuba, como parte de una puja que los opone a escala mundial.

La carta que el Mst hizo pública la semana pasada para formar un frente de izquierda para las elecciones de Capital, parece, sin embargo, enteramente dirigida a una alianza con el Frepaso. El periódico del Mst transcribe la carta debajo de un artículo que denuncia a Domínguez y a De la Rúa como “candidatos del ajuste”, sin darle ninguna mención al candidato del Frepaso, que pasa a revestir así la condición de candidato contrario al ajuste. Por otro lado, como la mayor parte de las organizaciones que componen el Frepaso se consideran a sí mismas de izquierda y su candidato a intendente es miembro del Partido Socialista, la conclusión es que la propuesta del Mst está dirigida al Frepaso. La propia carta se preocupa en subrayar que “la pelea de fondo es entre De la Rúa y La Porta”, es decir, entre el “candidato del ajuste” y el candidato de otra cosa diferente al ajuste. Cualquier persona con sentido común llegaría a la conclusión que correspondería apoyar a La Porta. Si para la carta del Mst, “la formación de un frente de izquierda sería una gran herramienta para atraer a los trabajadores que luchan contra el ajuste”, ese frente de izquierda debería ser entonces una alianza dentro del Frepaso o con el Frepaso, el cual no representaría el ‘ajuste’ y hasta tendría la ventaja de participar en ‘la pelea de fondo’. La ‘pelea de fondo’ contra ‘el ajuste’, pensamos nosotros, se plantea contra el gobierno menemista, no contra De la Rúa o La Porta, y debe librarse fundamentalmente mediante la lucha, la movilización, la acción directa. En lo que hace a las elecciones, el enemigo más pérfido para la vanguardia de los trabajadores que se esfuerza en orientar la lucha contra el gobierno, lo representa el Frepaso. El Frepaso finge oponerse al ‘ajuste’, pero es en la práctica su cómplice principal, como lo revela el implacable freno que sus representantes o agentes ponen a todas las luchas populares (son los responsables principales de las derrotas de los trabajadores provinciales en Santiago del Estero, Córdoba, Río Negro y Jujuy), y como lo reveló su colaboración activa en la reforma constitucional que le dio a Menem los decretos de necesidad y urgencia. El Mst parece haber olvidado que el ‘Cavallo’ Alvarez y la Fernández Meijide respaldaron al imperialista Cavallo en la anteúltima crisis de éste con el clan menemista. Para el Mst, el Frepaso es una cosa inocua: “sólo una alianza electoral sin un programa alternativo al del gobierno”. Le imputa a Bordón la tentativa de “crear un ‘cavallismo’ sin Cavallo”, esto cuando todo el mundo sabe que sólo los chachistas apoyaron a Cavallo en la crisis Yabrán. Este desvío de responsabilidades refleja que, para el Mst, la salida de Bordón del Frepaso le habría devuelto a éste un áurea izquierdista, al punto de ponerlo fuera del campo de los candidatos del ‘ajuste’. Como de acuerdo a la carta del Mst, Alvarez y los demás dirigentes del Frepaso “Prefirieron una alianza inestable (con Bordón) a convertirse en una verdadera oposición”, ahora que se produjo la ruptura con Bordón, ese ‘defecto’ podría quedar superado. Si la carta del Mst no es un llamamiento al Frepaso, le pega en el poste. Otra particularidad de la carta del Mst es que no hace referencia a la decisión, tanto del Ptp como del PC, de votar por La Porta y, quizás, presentar una lista de estatuyentes propia. El Ptp y el PC coinciden con el Mst en que La Porta no es un ‘candidato del ajuste’ y que, por lo tanto, hay que apoyarlo en la ‘pelea de fondo’ contra los que sí son del ‘ajuste’. Al menos en el caso del Ptp, se plantea una política de “frente único de oposición” al menemismo, lo cual no deja de ser irónico por parte de una fuerza que participó del frente único menemista contra todos los que hoy están en la oposición. Parece que hubiera un empeño en que el espectáculo continúe. La carta del Mst no sirve siquiera para abrir un debate con los partidos de izquierda que pretenden votar por La Porta. Las ambigüedades y contradicciones de los planteos del Mst podrían permitir también que se una a un ‘frente de izquierda’ para la Estatuyente, que otorgue libertad de voto en lo que atañe al intendente. La condición de un frente de izquierda es que exponga una clarísima delimitación del Frepaso, para poder emprender una campaña electoral dirigida a desenmascarar su demagogia.

Juan Pablo Bacherer y Jorge Viaña —los dirigentes del Cabildo Abierto en Defensa de la Educación fiscal, laica, autónoma y gratuita que fue salvajemente reprimido cuando las fuerzas represivas del gobierno boliviano irrumpieron en la Universidad Mayor de San Andrés el 28 de febrero— fueron finalmente excarcelados. La libertad de los compañeros se debió a las movilizaciones que se desarrollaron en Bolivia. El martes 5, la Central Obrera Boliviana realizó un paro general de 24 horas que fue mayoritariamente acatado en protesta por la represión y por un Pliego Unico de reivindicaciones de los trabajadores. En la Argentina, el PO realizó una campaña de solidaridad militante, que culminó el miércoles 6 con una concentración frente a la embajada de Bolivia, en Corrientes y Florida. Allí se obligó a que los funcionarios recibieran a una delegación integrada por Graciela Molle y Christian Rath, que reclamó enérgicamente la libertad de los compañeros y amenazó con incrementar las movilizaciones. El consejero de la embajada se comprometió a transmitir al gobierno boliviano el reclamo y reconoció la existencia de una grave crisis social y política en Bolivia. En el curso de la campaña se recibieron adhesiones del diputado comunista Floreal Gorini, del Pts y de organizaciones de derechos humanos y estudiantiles. La excarcelación de los compañeros Bacherer y Viaña no significa su libertad; el gobierno boliviano les ha iniciado un proceso que comenzará en su faz operativa dentro de 20 días. Llamamos a todas las organizaciones obreras, de izquierda y democráticas a pronunciarse enviando telegramas al embajador y al gobierno boliviano.

En el día de ayer (jueves 7/3), cientos de vecinos fueron reprimidos violentamente por la Gendarmería, por oponerse a la instalación de torres de alta tensión (132 Kw) en la puerta de sus casas. Desde enero, cuando presentaron un recurso de amparo, los vecinos vienen recopilando documentación que pone en tela de juicio la ‘inocuidad’ de esta obra, mostrando como probable que la radiación electromagnética que se produce por la circulación de electricidad, ocasiona leucemia y cáncer entre otras enfermedades, y trastornos inmunológicos. Y, además, mostrando que el tendido de la red podría pasar por otra zona, ya que Ezeiza es en su mayor parte rural, y no por los barrios más densamente poblados del distrito, como pretende Edesur. Pero la gendarmería, el juez que le dio intervención y la Intendencia actúan en función de los apetitos de la empresa privada. Y utilizan el marco que Duhalde pretende imponerles a los bonaerenses: Un estado policial. Porque lo que ocurrió aquí fue precedido por la represión de los estudiantes en la ciudad de La Plata, y antes, la represión a los municipales. Pretenden enfrentar la rebelión popular con reglamentaciones, gases y balas. Pero los vecinos no retroceden. Este round de la pelea terminó (luego de 8 horas de resistencia vecinal), con el retiro de la gendarmería y los responsables de Edesur de la zona donde pretenden seguir colocando las columnas. Al cierre de esta crónica, se reunía el Concejo Deliberante de Ezeiza, para discutir la prosecución de las obras, y los vecinos iban a concurrir a la sesión para manifestar a viva voz su oposición. La pelea continúa.

Varios compañeros internados con heridas de bala (de goma y de las otras), dos en terapia intensiva, decenas de contusos, fue el saldo de la represión desatada contra trabajadores del Banco de Santa Fe movilizados contra su privatización. Mientras en la calle, los casi 700 manifestantes eran apaleados a mansalva, los senadores del PJ (Obeid-Reutemann) votaron el proyecto que ahora pasa a Diputados. La Bancaria dispuso un paro de repudio para el viernes 8, que fue cumplido masivamente pero sin que las ‘centrales’ sindicales —CGT, CTA— propusieran algo más que palabras. Como en cada una de las provincias, también en Santa Fe el banco fue vaciado por los grandes capitalistas provinciales, que tomaron préstamos por cientos de millones que jamás devolvieron. El desfalco y el uso actual de los fondos del Banco fue descripto cínicamente por el miembro informante del PJ en el Senado: “500 o 600 vivos tomaron los créditos y no los devolvieron... (ahora) el Banco tiene 300 deudores con el 56 % de los créditos, entonces, ¿qué me vienen a hablar de fomento a las pymes?» (La Capital, 8/3). A raíz del vaciamiento, la provincia transfiere anualmente al Banco de Santa Fe 70 millones de pesos y hay 250 millones que el Estado no puede tocar para no provocar su quiebra, es decir que financia con fondos destinados a la provincia las obligaciones de los grandes capitalistas y la banca internacional con el banco provincial. La salida del gobierno para ‘sanear’ el Banco no es el cobro compulsivo de los créditos ‘mal dados’, sino su entrega a quienes lo vaciaron. El proyecto no fue votado por la UCR y el PDP. Esta ‘oposición’, incluye al Frepaso, que se ha hecho duhaldista. Pone como ejemplo al Banco Provincia de Buenos Aires ‘estatal’, y los afiches de la propia Asociación Bancaria reivindican a Frigeri (del banco bonaerense) contra Garnero, el cavallista ministro de Economía de Obeid. Desde ya que ambos proyectos plantean el despido y la flexibilización laboral para los trabajadores bancarios.

Desde octubre del año pasado, los obreros de la planta de Caseros son víctimas de una seria reducción salarial: se les ha impuesto el turno reducido de 6 horas. El clima en la fábrica es de gran incertidumbre, dado que prácticamente les advierten con una diferencia de horas cuando deben quedarse alguna hora más. Lo que no se ha reducido es el ritmo de producción. Durante comienzos de marzo han comenzado a llegar los telegramas citando a los compañeros para ‘arreglar’. La oferta consiste en renunciar ahora con el pago de 8.000 pesos o ser despedidos el 31 de marzo con 3.000 pesos de indemnización (tomando un caso como ejemplo). Mientras tanto, afuera de la fábrica hay largas colas de jóvenes convocados para ser tomados bajo contrato de aprendiz (3 meses, sin cargas sociales, despidos sin indemnización), y en Planta Sur se trabajan 12 horas por turno, empleando mujeres bajo el sistema de tercerización (otro grupo empresario hace el trabajo dentro de la planta). También se está preparando la “privatización” (tercerización) de estampado. Esta patronal, que tiene sus ganancias aseguradas dado que tiene los autos vendidos antes de fabricarlos (a través del sistema de ahorro previo), cuenta con el amparo del gobierno, que le permite que actúe con total impunidad contra los trabajadores (horarios, despidos, ritmos). La dirección gremial de la fábrica lo único que atina a plantear es “que agarren el arreglo” y continúan con su tarea de soplones al servicio de la patronal.

Como viene explicando pormenorizadamente Prensa Obrera, el convenio Fiat-Smata es la piedra de toque de una escalada patronal contra las conquistas de toda la clase obrera argentina. Mucho antes del asentamiento de la Fiat en el país (previsto para operar en 1997), ya las patronales mecánicas y metalúrgicas invocan el acuerdo podrido de José Rodríguez con los italianos para avanzar en la esclavización de los trabajadores y la destrucción de los convenios. En Sevel Palomar este proceso ha dado un salto, tras el acuerdo firmado por Macri y la UOM estableciendo suspensiones y el “compromiso” de no despedir hasta el 31 de marzo. Macri sufre un inexorable retroceso como productor automotríz a raíz de la conjunción de la crisis de la industria y los acuerdos entre Argentina y Brasil, privilegiando a los pulpos automotrices con terminales en ambos países (Sevel pierde la representación de Fiat), y pretende zafar parapetándose en la línea Peugeot y procurando incrementar la explotación absoluta de los trabajadores de Sevel, en la misma línea del acuerdo Fiat-Smata. En materia de “horario variable”, mientras este acuerdo plantea un preaviso para cambiar o ampliar el turno del trabajador (desorganizando su vida y la de su familia), en Sevel esto se aplica con 24 horas y ¡hasta en el día! No hay derecho al pataleo, so pena de suspensión o ‘arreglo’ (despido). En muchos casos, implica perder los micros y tener que pagarle 1 peso a los truchos. El acuerdo con la UOM eliminó el comedor, con la reducción a 6 horas y su reemplazo por puertas de expendio de comida de baja calidad, y por supuesto no se repone para los que trabajan 8 o más horas. “Limpieza” de los supervisores para adaptarse al trabajo en ‘cédulas’ y control mutuo de los trabajadores (botonaje), previstos en las acuerdos del Smata con Fiat y GM. De las dos empresas de limpieza sólo subsiste la que atendía las máquinas (propiedad de Nilo García, miembro de la CI y dirigente de la UOM Caseros). Ahora les toca a los operarios la tarea de limpiar. Violación práctica del “compromiso” de no despedir; la empresa presiona a los compañeros para ‘arreglar’, a un ritmo de 10 a 15 compañeros por día, bajo amenazas de suspensiones hasta el 31 de marzo y después rajarlos. “Tercerización” de sectores enteros de fábrica con contratados a salarios de hambre. Mientras la burocracia no sale de su cueva, la fábrica es una usina de rumores, a cual peor. El 26/2, recomenzaron las suspensiones y se habla de centenares de despidos para después del 31/3. Pero todavía falta la ‘perlita’: la reducción salarial; el convenio Fiat-Smata contempla 3,71 para el operario múltiple, que en Sevel cobra 4,78 pesos. Esto implica despidos y “recontratación” del personal. En la planta el temor comienza a dejar paso tímidamente a la idea de que “estamos jugados”, pero no hay una orientación. De aquí la gran recepción en las secciones que han tenido los dos volanteos masivos del PO en puerta de fábrica, planteando la posibilidad de derrotar el pacto infame sobre la base de la movilización, unida de las principales concentraciones obreras, y la necesidad de una campaña nacional para derogar el convenio Fiat-Smata. El reciente triunfo de Mercedez Benz, imponiendo la reincorporación de 150 compañeros tras una sucesión de asambleas, muestra que es posible torcerle la mano a la patronal. ¡Cuánto más una acción mancomunada de los sectores afectados! Con esta perspectiva, hay que avanzar en la organización: ¡Ningún despido! ¡No a la rebaja salarial!

La empresa ha comenzado a poner en marcha la ‘reorganización’ que describiéramos en Prensa Obrera (ver PO Nº 483) Los trabajadores del sector ‘despacho’ han sido “invitados a renunciar” para incorporarse a una empresa “que prestará ‘servicios’” a Aurora. La patronal, concretamente, plantea que el personal afectado acepte la mitad de la indemnización que le corresponde por ley prometiéndole a cambio una remuneración de 300 pesos por semana, el doble de lo que vienen percibiendo en la actualidad. ¿A qué se debe semejante oferta? A través de la ‘tercerizacion’, el trabajador de Aurora pasa a perder la antigüedad, las categorías y por sobre todo, la estabilidad laboral, para entrar en una empresa fantasma cuyo directorio y composición accionaria se desconocen y, por encima de todo, bajo un régimen de contrato precario, en el cual puede ser despedido en cualquier momento y bajo las condiciones laborales que se le ‘canten’ a la empresa. Pero hay algo más que no debe perderse de vista. ¿De dónde salen los 300 pesos semanales, si la empresa había declarado que estaba en “crisis” y no podía abonar los sueldos y vacaciones? Quiere decir que la plata está. Pues entonces, que esas sumas que ofrecieron se las otorguen a los trabajadores de Aurora, respetando su estabilidad y su convenio. La ‘tercerización’ no debe ser aceptada, pues significa despidos encubiertos.

PO: ¿Qué características tiene esta lista? IL: Se ha formado una lista muy combativa, que recogió 1.300 avales en casi 70 talleres. Ahora hay una alternativa, con muchos compañeros que se han sumado de talleres importantes. PO: ¿Qué talleres se sumaron? IL: Zupan I, Zupan II, Lorilleaux, Perfil, Estrada, Rotográfica, que son talleres que no estaban representados en el ’92; ellos se sumaron a Atlántida, Unión, Clarín, Letta y otros que integran la Naranja hace años. Se han sumado varios delegados de la Violeta y otros apoyan, como en IVISA o Celoprint. Esa fue una lista que sacó alrededor de 500 votos hace cuatro años. PO: Pero... esa lista, tenemos entendido, fue un desprendimiento de la burocracia... IL: Sí. Sus dirigentes eran elementos de la Verde y de la Calipo, y Dogna, el que fue candidato a secretario general por la Violeta en el ’84, representativo de los 25, aliados en aquel entonces al Partido Comunista y apoyados por el Mas. Esos se borraron del gremio, están de funcionarios en el Sindicato de garajistas. Con nosotros se han integrado delegados de taller netamente antipatronales. FC: Creo que acá tiene que ver la historia. La Naranja lleva más de 12 años de lucha y de estar al frente de cada conflicto. Cuando la Naranja estuvo en Comisión Directiva, quedó a las claras la diferenciación con la Verde. La Naranja fue a los talleres a organizar cada lucha, batalló por el plenario de delegados, organizó huelgas contra el despido de activistas, estuvo al frente de grandes luchas como Tiempo, La Razón, Clarín, y eso pesa, los activistas nos ven como el único canal. PO: ¿Y cómo marcha la campaña? IL: Mirá, en muchos talleres llegamos y nos conocen hasta los que no nos conocen, porque algún compañero les habló de nosotros, o la propia burocracia, y nadie está confundido sobre nuestra característica antiburocrática. PO: ¿Cuál es el papel que puede jugar la Naranja? IL: La ofensiva patronal es terrible, como en todo el movimiento obrero. Peor va el plan económico, más cosas quieren sacarnos. El gremio está vaciado, los conflictos aislados y la burocracia va a negociar salidas que en general terminan con despidos. Por ejemplo, el caso de Anthony Blank, donde la Naranja ha intervenido tratando de revertir la situación y denunciando ante el conjunto del gremio la política traidora de la burocracia. Nos encontramos con un gran campo abierto a nuestra intervención. FC: Denunciamos también el apoyo de Ongaro a la Ley del Libro, que es la bandera de las patronales. La burocracia aplaudió el impuesto al libro importado, que hace pagar dos veces al lector, los impuestos en el país de origen y aquí. Son subsidios. Y esa plata no irá a inversiones, la fugan, especulan, por la recesión y la caída de las ventas. Nosotros sabemos que esto no lleva a la apertura de nuevas fuentes de trabajo. PO: ¿Qué planes tienen, qué esperan el 19? IL: Llegar a las 124 empresas en las que se vota es difícil, pero llegaremos. Confiamos en seguir sumando adhesiones que después fiscalicen la elección con nosotros. FC: En el ’92 sacamos la minoría, a pesar de la presentación de la Violeta, que se llevó casi un 10%. Esperamos progresar, le peleamos de igual a igual a esta burocracia que cuenta con el ‘aparato’ de jubilados, de Obra Social y con el apoyo del gobierno. Queremos la conducción del Sindicato para cambiar la historia del gremio. PO: ¿En qué están haciendo eje? IL: Muy importante. Que la crisis la paguen las patronales, unir las luchas a través del cuerpo de delegados, defender la Obra Social contra los brutales aranceles que están cobrando, que preparan su privatización... FC: ¿Puedo agregar algo? PO : Claro... FC: Es tal la cantidad de compañeros piolas que estamos conociendo, que los invitaremos a formar con nosotros un comando electoral conjunto, en el que decidan como si estuvieran en la lista, que nos conozcan, que sientan la agrupación como propia, que nos vayamos formando en el debate político... PO : Suerte compañeros...