Prensa Obrera N° 484

El sábado 2 de marzo se realizó en el CTA un plenario nacional para organizar una Marcha en oportunidad de cumplirse el 24 de marzo el vigésimo aniversario del golpe que instauró a la dictadura militar. Asistieron unos 200 representantes de organismos de derechos humanos, sindicales (en su mayoría del Cta), asociaciones culturales, partidos políticos, y centros estudiantiles. El plenario planificó la marcha nacional del domingo 24 de marzo, que partirá a las 18 horas desde Congreso hasta Plaza de Mayo. Contenido La Mesa Convocante resolvió que la consigna central de la manifestación fuera “Marcha por la Verdad y la Justicia”. Este slogan pretende darle a la movilización un carácter abstracto, es decir, totalmente desvinculado de una lucha contra el gobierno, sus planes o el régimen político vigente. Esto permitirá, claro, la ‘adhesión’ de quienes dictaron la “obediencia debida” y el “punto final”, y que incluso fueron una de las patas civiles de la dictadura militar, como Alfonsín, la dirección de la UCR de la época o los burócratas del peronismo. Muchos informes volcados al plenario señalaron que se prepara a la jornada con características conmemorativas y culturales. Un representante de la directiva de ATE Capital se enorgulleció porque su gremio ha constituido una... murga, mientras que el diputado comunista Floreal Gorini informó que ha presentado un proyecto al parlamento para que el 24 de marzo sea instituido como “día de reflexión” en las escuelas. El PO planteó una jornada de lucha contra el régimen político actual, que profundiza la política antiobrera y proimperialista del régimen político militar (ver recuadro). Sin embargo, aunque el ‘el hombre propone’... en el plenario se manifestaron otros reclamos y planteos de lucha con referencia a la situación actual. El CTA de San Luis informó que realizará un acto y una marcha el 22 de marzo en la Plaza Pringles, que incorpora la protesta contra el intento de reducir el 50% de las jubilaciones y pensiones. El representante de la Correpi enmarcó la jornada del 24 en un plan de movilización contra la represión y el gatillo fácil (6 de marzo, huelga de hambre frente a Tribunales de los familiares del asesinado soldado Ramírez; 10 de marzo, festival y marcha en Florencio Varela por el asesinato de Fernando Gómez; etcétera). Venga con el PO El 24 de marzo, venga a manifestar en las columnas del PO y la UJS. La movilización por los 20 años del régimen genocida debe ayudar a impulsar la unidad de la resistencia de los trabajadores y explotados. “Abajo el régimen represor, hambreador y entreguista del menemismo”. El PO saldrá de sus locales y se concentrará desde las 17 horas en Callao y Rivadavia.

Horacio Verbitsky, atacó, el domingo 25/2, las movilizaciones estudiantiles de La Plata, acusando a sus protagonista de no “discernir las diferencias entre 1976 (bajo la dictadura) y 1996” y de “reivindicar involuntariamente el 24 de marzo”. Los dos demonios de Storani Verbitsky ensalza en cambio a ‘Freddy’ Storani (ex presidente de la FUA y actual del bloque de diputados de la UCR), quien acusó a la extrema izquierda y a la represión policial de ser “dos pinzas de la misma tenaza que se cierne sobre aquellas universidades que el menemismo no puede controlar, con el propósito de presentarlas como ingobernables y favorecer su intervención”. Como en 1974/6, se pretende responsabilizar a la resistencia de los trabajadores y estudiantes a los planes antiobreros y proimperialistas, por una hipotética intervención a las universidades. Aunque nadie demostró hasta ahora que una complacencia del pueblo con los verdugos lopezreguistas hubiera evitado el golpe de Videla (en realidad, éste se produjo ¡cuando la derrota popular era un hecho!), para los Verbitsky el arte de la política se reduce a aceptar morirse de hambre en democracia, o sea permitir que los objetivos imperialistas se impongan sin necesidad de golpes. Verbitsky hace suya la teoría de ‘los dos demonios’, que esgrimió Videla durante todo su mandato. Es la misma de la que se vale el revisionismo histórico en Alemania (el peligro bolchevique) para justificar a un hitlerismo que, sin embargo, no reivindica. El arte de la hipocresía se ha refinado mucho últimamente. A Verbitsky no le importa que el régimen menemista no pretenda intervenir las universidades, que están dirigidas por su socio pactista. El alfonsinismo está ejecutando los planes menemistas para la Universidad. La intervención es el pretexto del cobarde Storani para capitular ante la ley privatista. Facismo en defensa de las instituciones Verbitsky sale en defensa de las Asambleas Universitarias encargadas de adecuar los estatutos a la ley menemista, en nombre, claro, de la intangibilidad de las instituciones. Finge olvidar que todos los totalitarismos modernos se enseñorearon del Estado con el apoyo de estas instituciones (Videla con la Corte y los partidos). Repudia los ‘abrazos’ estudiantiles que intentaron impedir que se votara la ley universitaria. Ex oficial montonero, no ha abandonado sus costumbres, porque ahora exige que se defiendan a las instituciones del Estado contra las manifestaciones de rebelión (qué hubiera preconizado Verbitsky contra el Santiagueñazo no lo sabemos, pero sus amigos del Frepaso y la UCR mandaron a la gendarmería con el cavallista Schiaretti). En el caso de La Plata, era partidario de organizar una milicia de los decanos y la ‘conducción radical’ para romperles la cabeza a los jóvenes que pretendían impedir la realización de la Asamblea, es decir, una versión payasesca de la Liga Patriótica y de las S.A. Lamenta que la ‘milicia’ no hubiera visto la luz debido a “las divisiones internas en Franja Morada y a la actitud vergonzante del rector Lima”. Verbitsky quiere demostrar que la Asamblea radical, sesionando bajo la custodia de los represores, era más sensata y realista que la acción de los apaleados. “La (asamblea) de La Plata decidió que no lo haría (adecuarse a una pretendida ‘hiperreglamentación’ de la ley menemista) y ratificó la gratuidad de la enseñanza”. Pero lo que aprobaron los radicales (con la ayuda de Piotti) en La Plata es la “venta de servicios a terceros” como fuente de financiamiento, es decir, la privatización universitaria; la restricción al ingreso; el arancelamiento de carreras y cursos de posgrado; el monopolio de la representación del claustro docente para los profesores titulares; etcétera. Es decir, siguió las orientaciones del Banco Mundial “de implementar los cambios en forma gradual logrando consenso en las reformas...” (Informe Nº 13835-AR). Ocurre que Verbitsky es partidario liso y llano de la reforma menemista, ya que defendió una Asamblea platense del año pasado, donde se votó aceptar “una línea de préstamos del Banco Mundial, administrados por el Fomec, un ente especial del Ministerio de Educación, para cursos de posgrado, becas para estudiantes en el exterior y retribución para profesores invitados... el Consejo superior entendía que era un aporte imprescindible para que la universidad pública pudiera competir con las privadas”. El problema para el ‘rana’ Verbitsky (y el rector radical Lima) es que había que “buscar la forma de endosar esa deuda al Estado nacional”. El ex-montonero, devenido en defensor del orden y las instituciones, reclama que el Frente Grande discipline a sus bases estudiantiles para que hagan causa común con la Franja Morada radical, para aislar a la ‘extrema izquierda’. Con Duhalde y la Federal Verbitsky se opone a los que “consideran que la conducta policial... fue una advertencia deliberada contra quienes se oponen a la profundización del ajuste... Este razonamiento prescinde de las diferencias de intereses entre la administración nacional... y la provincial”. Es decir que Duhalde es ‘popular’, ‘hace obras’. Verbitsky es ‘perceptivo’: distingue a Menem de Videla, a Duhalde de Menem, a Storani de Duhalde y de Menem, a Verbitsky ‘monto’ del Verbitsky agente del demócrata Clinton; como dicen los franceses, “corta un pelo en cuatro”. Por medio de este pronunciamiento, lo que Verbitsky busca es que los oprimidos sean furgones de cola de algunos de los grupos que forman el bloque de la burguesía. El periodista concluye que “la única explicación sería el descontrol de un aparato represivo que, a diferencia de la Policía Federal, carece de un cuerpo especializado para el control de disturbios urbanos”. Fueron también ‘disturbios urbanos’ el asesinato de Bulascio y la represión salvaje a la marcha 150 de los jubilados, por ejemplo, o la represión de Duhalde contra los trabajadores estatales concentrados frente a la legislatura, a fin de año, para protestar contra las leyes antiobreras, o los comandos Albatros usados para desalojar a los trabajadores del Astillero. ¿Cómo quiere Verbitsky que sean los ‘cuerpos especializados’? ¿Como los que apalea el ‘primer mundo’ en Los Angeles? El derecho a la rebelión contra la injusticia Para Verbitsky “el mundo cambió” y ahora hay que cambiar a los menemistas (o a los ‘malos’ gobiernos) mediante los procedimientos democráticos. Pero esos ‘procedimientos’ están controlados por los Citibank, Boston, Techint, Macri, Fortabat y los capitanes de la industria. Ellos controlan los procedimientos y los medios de la democracia: los diarios (bien debiera saberlo Verbitsky), las radios, la TV, la educación, la justicia. Contra la prédica de los que se han vendido a las ‘instituciones’, se levantan quienes defienden los derechos democráticos y sociales de las masas trabajadoras contra un capitalismo en descomposición.

PALACIO DE GOBIERNO LA PAZ BOLIVIA En nombre del PARTIDO OBRERO reclamamos ante su gobierno el cese de los castigos y la libertad inmediata del profesor Juan Pablo Bacherer y del estudiante Jorge Viaña. Repudiamos la brutal represión desatada el miércoles 28 contra el Cabildo Educativo en Defensa de la educación fiscal, laica, autónoma y gratuita, realizado en la Universidad Mayor de San Andrés.

Hace veinte años, un 24 de marzo, una camarilla militar se apoderó del poder para instaurar la dictadura más criminal de la historia del país. No lo hizo por su cuenta sino a cuenta. A cuenta de los grandes capitalistas nacionales y del imperialismo mundial, los principales responsables de la tragedia, aunque nunca hayan ido al banquillo de los acusados. No hay golpe sin dinero, no hay dictadura sin una bolsa que la financie. Los Pérez Companc, los Techint, los Acindar, los Fortabat, los Citibank, la Sociedad Rural, la UIA, los gobiernos imperialistas, financiaron ese golpe militar que acabó con la vida de 30.000 luchadores, principalmente jóvenes. Para realizar su cometido, no sólo se valieron de los militares, sino también de la ‘justicia’ que los avaló, de los partidos políticos tradicionales (patronales) que los respaldaron, de la ‘comunidad internacional’ que los reconoció y del clero que los bendijo. Con Alfonsín y con Menem cambió el escenario, pero no el libreto. La ‘democracia’ ha proseguido con mayor fervor aún que los militares con la tarea de entregar al país y destruir los derechos de los trabajadores y de la juventud. Un funcionario de la dictadura, Domingo Cavallo, ejecuta hoy los designios de los grandes pulpos y monopolios, como lo hiciera en aquellos años. Cavallo estatizó en 1982 la deuda externa y hoy es el encargado de que la paguemos. Bajo la dictadura, el clero ponía a los ministros de educación y el FMI a los de economía, lo mismo ocurre ahora. La consecuencia es la desocupación y los bajos salarios y la destrucción de la educación. La dictadura militar asesinó a una parte de la juventud. La ‘democracia’ capitalista le impone el trabajo gratuito (‘aprendizaje’), la enseñanza arancelizada, el desconocimiento de las calificaciones técnicas (polifuncionalidad), la superexplotación (‘flexibilidad laboral’), un ejército de desocupados para reducir los salarios a niveles de hambre, la negación de la salud y del esparcimiento entregados al lucro capitalista. Y la policía de gatillo fácil y hasta los autos sin patente y la prohibición de circular. Hay que reconocerlo. Los explotadores han sido más capaces que nosotros, los explotados. Supieron cambiar de régimen político, cuando la dictadura se había agotado, y supieron ponernos otro parcialmente diferente, pero siempre bajo su control y dirección. Los explotados, la juventud, hemos fracasado hasta ahora porque nos ha faltado programa, organización y dirección adecuados. La UJS te llama a movilizarte el 24 de marzo contra este régimen de hambre. Nuestra finalidad es construir una organización masiva de la juventud para parar la ofensiva contra nuestros derechos y nuestras vidas por medio de la movilización. El único homenaje a los que cayeron luchando, es la lucha. Junto a la clase obrera, a los trabajadores, a los explotados y oprimidos, decimos: Fuera Menem-Cavallo. Por un gobierno de los trabajadores y de la juventud. 5 de marzo de 1996

El miércoles 28, una movilización de padres y docentes reclamó contra el cierre de 537 salas de pre jardín para niños de 4 años (119 en la capital, el resto en el interior). Dos de los jardines cerra­dos se mantienen ocupados. El cierre significa la expulsión de 9.000 niños de las aulas y la ‘disponibilidad’ de 700 docentes. Es la aplicación al pie de la letra de la Ley Federal de Educación, porque los jardines de 4 años no entran en la “enseñanza obligatoria”. En las escuelas no hay maestras su­plentes, porque el gobierno sólo autoriza su incorporación en situaciones excep­cionales. Esto significa el retiro forzoso de unos 6.000 docentes. Para dictar el tercer ciclo de la Ense­ñanza General Básica (EGB) —que se correspondería con el séptimo de la pri­maria y los dos primeros de la secunda­ria— el gobierno anunció un plan de ampliación de escuelas secundarias. Ahora resulta que los trabajos se encuen­tran atrasados y “no se llega al inicio de las clases”. Esta catástrofe revela el hundimien­to del ‘plan’ Cavallo, porque toda la gestión del ‘gobierno’ se reduce a una guerra sistemática contra los trabajado­res y a un plan de negocios y endeuda­miento en beneficio de los pulpos que vaciaron el Estado. El proyecto del Ban­co Mundial para el “saneamiento” de Córdoba prevé ahora una “grilla sala­ria) única”, sobre la base de un salario de 200 pesos y premio al ‘presentismo ’, en particular para los docentes. La dirección de UEPC se limita a pedir la ‘suspensión’ de la reforma mientras ésta se aplica de modo san­griento (“no queremos que la reforma fracase”, dice). Tribuna Docente ha lanzado una campaña por la asamblea general abierta de docentes y padres, para resolver una lucha de conjunto por los 700 pesos, la reapertura de los jardines, la derogación de la reforma y la defensa del estatuto. El esfuerzo, además, es poner en pie coor­dinadoras de docentes y padres en cada zona, para impedir la destrucción coti­diana de la educación pública.

El miércoles 28, una movilización de padres y docentes reclamó contra el cierre de 537 salas de pre jardín para niños de 4 años (I I9en la capital, el resto en el interior). Dos de los jardines cerra­dos se mantienen ocupados. El cierre significa la expulsión de 9.000 niños de las aulas y la ‘disponibilidad’ de 700 docentes. Es la aplicación al pie de la letra de la Ley Federal de Educación, porque los jardines de 4 años no entran en la “enseñanza obligatoria”. En las escuelas no hay maestras su­plentes, porque el gobierno sólo autoriza su incorporación en situaciones excep­cionales. Esto significa el retiro forzoso de unos 6.000 docentes. Para dictar el tercer ciclo de la Ense­ñanza General Básica (EGB) —que se correspondería con el séptimo de la pri­maria y los dos primeros de la secunda­ria— el gobierno anunció un plan de ampliación de escuelas secundarias. Ahora resulta que los trabajos se encuen­tran atrasados y “no se llega al inicio de las clases”. Esta catástrofe revela el hundimien­to del ‘plan’ Cavallo, porque toda la gestión del ‘gobierno’ se reduce a una guerra sistemática contra los trabajado­res y a un plan de negocios y endeuda­miento en beneficio de los pulpos que vaciaron el Estado. El proyecto del Ban­co Mundial para el “saneamiento” de Córdoba prevé ahora una “grilla sala­ria) única”, sobre la base de un salario de 200 pesos y premio al ‘presentismo ’, en particular para los docentes. La dirección de UEPC se limita a pedir la ‘suspensión’ de la reforma mientras ésta se aplica de modo san­griento (“no queremos que la reforma fracase”, dice). Tribuna Docente ha lanzado una campaña por la asamblea general abierta de docentes y padres, para resolver una lucha de conjunto por los 700 pesos, la reapertura de los jardines, la derogación de la reforma y la defensa del estatuto. El esfuerzo, además, es poner en pie coor­dinadoras de docentes y padres en cada zona, para impedir la destrucción coti­diana de la educación pública.

Un gran proceso de luchas se ha desarrollado en Mendo­za contra los ataques del gobierno provincial (marchas de más de 10.000 trabajadores, etc.). El gobierno provincial que asumió el 10 de diciembre, sólo es nuevo desde el punto de vista legal. En realidad, es la continuación de la misma camisilla menemista del ex gobernador Gabrielli (ahora, senador nacional). El que fuera ministro de Economía, se trocó en vicegobernador. En el parlamento, a un equipo lo sucede otro con casi las mismas caras. De la pésima situación provincial no le pueden echar la culpa a nadie, llevan 8 años de gobierno. ¿Y la CGT? La CGT oficialista, aunque debilitada, sirvió una vez más de freno para las masas. La Coordinadora de Gremios Estatales lo hizo de tal forma, que la derrota —aunque provisoria— era previsible. Fue minada por la quinta columna menemista de la burocracia de ATSA, a la que no se atrevió a denunciar frente a los trabajadores. Obligado a enfrentar al gobierno, el aparato sindical se preocupó de ‘negociar’ la ‘disciplina’ de la marcha del 25 de enero, prometiendo actuar contra ‘activistas infiltrados ’. Recién el 27, en una solicitada llamando a manifestar el 29, se pronuncia contra la política general: “Si la Caja da pérdidas, por qué la Nación se interesa tanto. Hay un gran negocio, en el que la ‘coronita’ es la transferencia de la Caja”. El carácter gremial limitado dado a las marchas favoreció el desgaste de la movilización, junto a la traición de las direcciones sindicales burocráticas menemistas encabezadas por ATSA, que se sentaron a nego­ciar con los ministros la aplicación de los ataques contra los trabajadores. La Coordinadora El 8 de febrero, en un “Mensaje a los trabajadores estatales argentinos”, la Coordinadora de Gremios Esta­tales y Jubilados de Mendoza saca como balance que “a 5 años del inicio del plan de convertibilidad, los esta­tales argentinos, lejos de beneficiarnos con el paraíso que nos prometieron, hemos perdido sistemáticamen­te derechos laborales, previsionales y salariales y aho­ra nos encontramos frente a un enemigo común de extraordinarias dimensiones y fatales consecuencias: el pacto fiscal federal III... , que en realidad es la esencia de la concepción unitaria, regenteada por el Gobierno Central en nombre de las pautas impuestas por el FMI y el Banco Mundial”. La Coordinadora considera que “El reclamo sindical aislado ha perdido casi totalmente su eficacia históri­ca ante la manifiesta insensibilidad social de los go­biernos provinciales sometidos casi incondicional­mente al poder central... Lo cierto es que en la actualidad los trabajadores carecen de representación política que expre­se y defienda sus derechos con efica­cia”. De este balance abstracto, la Coordinadora extrae con­clusiones políticas igualmente abstractas, pues plantea que “este diagnóstico simple nos impone una consigna elemental: la unidad de los sectores agredidos por el modelo socioeconómico imperante”. Lo concreto es que para triunfar, había que marchar decididamente hacia la huelga general y reclamar, al CTA, MTA y a la CGT, el paro activo nacional. Esto fue lo que hicieron, en su momento los trabajadores metalúr­gicos fueguinos. Balance y organización El gobierno ganó la pulseada. Logró echar gente, dejar en nada el aporte gubernamental a la OSEP, trasladar la Caja. Pero se ha cavado una fosa con la población traba­jadora. Ahora se trata de sacar las conclusiones con los activistas y... prepararse. El PO mendocino sacó 5 volan­tes regionales durante este proceso de luchas y ha acerca­do a una cantidad de contactos de entre los trabajadores.

La victoria de los choferes de “El Halcón” —línea 148 de la zona Sur del Gran Buenos Aires— (comentado en PO Nos. 482 y 483) contra las pretensiones patronales de modificar unilateralmente el convenio y mantener los salarios atrasados, no ha cerrado el conflicto, pues... el acta firmada con la empresa incluye la apertura de la discusión del convenio. Según la Cámara Empresaria del Autotransporte Automotor (CEAP), en 1995 las ventas de pasajes cayeron un 20%, repitiendo la performance del ’94, y las empresas del sector están endeudadas en 580 millones de dólares. En la última moratoria admitieron deudas previsionales por 250 millones (de los aportes descontados del salario de sus trabajadores). Sin embargo, de acuerdo al titular de la Comisión Nacional del Transporte, Cipollatti, “es mentira que los empresarios pierden plata, aunque los balances no muestren ganancias maravillosas” (Página 12, 3/3). Lo concreto es que las patronales usan el argumento de la crisis para descargar su incapacidad sobre los trabajadores: “una de las alternativas que barajaron algunas empresas del sector fue la de renegociar el convenio colectivo de trabajo con la UTA para introducir una flexibilización laboral a través de la incorporación de jornadas discontinuas” (El Cronista, 23/2). Las patronales pretenden dividir la jornada de 8 horas en dos tramos de cuatro, para adaptar al trabajador (¡y a los usuarios!) a horarios de mayor tráfico de pasajeros. La patronal del Expreso Caraza explicó que “las tareas discontinuas son una necesidad en este momento... (para) poner toda la carne al asador entre las 5 y 10 de la mañana y a partir de las 17” (ídem). Los patrones pretenden que el trabajador esté a disposición de la empresa todo el día (de 5 a 10 y a partir de las 17 horas) y despedir masivamente a trabajadores. Frente a esto, la UTA ha intervenido en distintas oportunidades a favor del planteo patronal, lo que indicaría que está dispuesta a revisar (para atrás) el convenio. Es necesario que se convoque de inmediato a un Congreso Nacional de delegados con mandatos de Asamblea en defensa del convenio de trabajo, ante el cual la dirección de la UTA informe y se tomen medidas para defender a los compañeros que vienen resistiendo —como en la 148— estos intentos patronales, y elaborar un plan de lucha de conjunto que imponga las reivindicaciones de los trabajadores (pago en término, recuperación del “tome y deje”, etcétera).

La represión contra el movimiento estudiantil y contra los docentes que no se encuentran dentro de las cliques profesorales, no solamente tiene lugar en torno a las Universidades de Córdoba o La Plata. En la mañana del pasado jueves 29 de febrero, la policía boliviana invadió el atrio de la Universidad Mayor de San Andrés, en la ciudad de La Paz, para reprimir de modo brutal el desarrollo de un Cabildo Educativo que discutía una política de defensa contra los planes de destrucción de la educación pública que promueve el Banco Mundial. Durante la represión, fueron detenidos Juan Pablo Bacherer, docente, y Jorge Viaña, estudiante de Economía. El lunes 3 de marzo, Juan Pablo Bacherer fue pasado a la justicia ordinaria con el cargo de “sedición e instigación a delinquir”, lo que puede significar una condena a tres años de prisión. El ‘orden jurídico’ funciona a la perfección cuando se trata de castigar a los Panario y a los Bacherer, y con mucha mayor eficacia aún cuando se trata de mirar a otro lado con los Cavallo y los Angeloz, o con sus equivalentes bolivianos, Paz Zamora o el actual presidente Sánchez de Lozada. Llamamos a todas las federaciones y centros de estudiantil y a las organizaciones docentes de todo el país, a reclamar la libertad de Juan Pablo Bacherer y a condenar la represión contra el movimiento educativo antiimperialista boliviano. Es necesaria una unión internacional de estudiantes y docentes contra los gobiernos que aplican la política del Banco Mundial.

PO: ¿Qué acuerdo obtuvieron después de dos días de intensa lucha? A: Habíamos decidido una abstención de tareas porque la empresa había recortado nuestros sueldos unilateralmente. En la audiencia, los empresarios nos plantearon lo de siempre: la situación financiera, que los jueces, los acreedores y todas esas cuestiones técnicas que nosotros, los trabajadores, mucho no las entendemos. Bueno, nosotros reiteramos la postura de que no vamos a salir a trabajar hasta que no cobremos. El secretario de Transporte dice que la empresa tenía una propuesta, que nosotros trajimos a la gente para que la escuche pero no firmamos nada. PO: ¿En qué consistía la propuesta? A: Nosotros pedimos que respeten nuestros 750 pesos de básico. La empresa ofrece respetar nuestro convenio y sueldo del mes de enero y pagarnos las horas extras, pero pone como condición que se forme una comisión entre trabajadores y patronal para seguir negociando, ya que la empresa está intervenida y el juez le manda aplicar un artículo de la ley de quiebra, por el que los convenios desaparecen y hay que formar una paritaria para hacer un convenio de crisis ante esa situación; el cuerpo de delegados en conjunto, con gente que nos acompañó, decidió no firmar, ya que nosotros tenemos un convenio y no tenemos por qué hacer una paritaria. Después de una charla con los abogados del gremio (y por consejo de ellos) traemos la propuesta a la gente para que resuelva en una asamblea; nosotros no firmamos nada pero trajimos la propuesta y se discutió en asamblea. El responsable de la UTA, el señor Fernández, le explica bien a la gente el tema de la comisión que se formaría; dice que esto es un formulismo y que el secretario de Transporte exige que esto se destrabe por ahora, ya que por lo menos se cobraría enero de acuerdo al actual convenio y que se da un vale de adelanto de 100 pesos. La gente decide levantar la medida, pero si la empresa intenta violar nuestro convenio, volvemos a la lucha. PO: ¿Ustedes estaban concientes de que esto era una prueba piloto para aplicar después la rebaja salarial a todo el gremio? A: Nosotros creemos que más allá de la UTA, ésta es la política global del gobierno de reventar los sueldos, de aplicar la flexibilización laboral. Nosotros estamos concientes de que esto no terminó, esto recién empieza; la patronal no va a ceder tan fácilmente en su intención de rebajar los sueldos, de meter sus nuevos convenios. Nosotros no ganamos la batalla pero hemos dado un pasito: los compañeros van a cobrar su sueldo de enero y sus horas extras. Queremos decir a nuestros compañeros de la UTA que esta lucha va a seguir, que permanezcamos en estado de alerta, que sigamos al gremio y que se convoque a un plenario de delegados regional, porque nosotros fuimos el conejito de Indias de un plan más importante. PO: ¿Recibieron solidaridad de otras líneas de transporte? A: Se hicieron presentes más de treinta cuerpos de delegados de La Plata, de zona Norte, de Capital. Nosotros hemos ido a la UTA Central y hemos reclamado al compañero Fernández que llame al Congreso de delegados, y más allá de que lo hagan o no, nosotros estamos trabajando en eso. Llamamos a los trabajadores del transporte y a todos, en general, para que juntos contraataquemos a esta política patronal, que es parte de la ofensiva del gobierno contra los trabajadores.

Una apreciación de conjunto de la situación política exige tener en cuenta lo siguiente: Hacia fines del año pasado el gobierno menemista había logrado una importante victoria política al derrotar las movilizaciones de trabajadores, e incluso rebeliones, en Río Negro, Córdoba y Jujuy. Aunque hizo, naturalmente, uso de la represión, su arma principal fue la completa incapacidad de las direcciones de esos movimientos para dar una respuesta de conjunto al hundimiento de los gobiernos provinciales y al derrumbe del ‘plan Cavallo’. Las derrotas de esas provincias, como antes ocurriera con Santiago del Estero, fueron una muestra acabada de las limitaciones de la política del CTA y de sus aliados como el “Perro” Santillán o el sanlorencino Quiroga, que pretenden sustituir la organización de la huelga general indefinida y el reclamo de que la crisis la paguen los capitalistas, con llamados ‘comunitarios’ a los empresarios y al clero. Esas derrotas no le dieron un respiro al ‘plan Cavallo’, pero sí al gobierno menemista. El ‘plan’ ya no responde al entorno económico de crisis industrial y bancaria que ha creado, ni al elevado endeudamiento externo que produjo. El retroceso de los trabajadores desde poco antes del verano, hizo alimentar en el oficialismo y en los alcahuetes que lo respaldan, ilimitadas ilusiones en el ingreso de un torrente de capital extranjero. Con esa finalidad impusieron el convenio negrero Fiat-Smata, que tiene pendiente su extensión al conjunto de la industria automotriz y metalúrgica. Pero como se encarga de mostrarlo la realidad cotidiana, la declinación económica prosigue y la resistencia popular asume características de mayor intensidad. Así lo muestran las movilizaciones de choferes en varias líneas, que consiguieron parar momentáneamente los intentos patronales de reducir los salarios y ‘flexibilizar’ las condiciones de trabajo. O lo que ocurre en Neuquén, donde las movilizaciones de estatales son crecientes y donde se destaca la actitud de los activistas sindicales, que empiezan a señalar las limitaciones de la política del CTA. La recaudación fiscal sigue cayendo y el déficit aumentando; la caída de la producción industrial es sencillamente brutal. Ahora son los propios bancos los que critican la ‘convertibilidad’, para pedir que se tomen medidas que permitan el aumento del crédito. La caída de la Bolsa, en febrero, les ha representado pérdidas importantes, y en ausencia de clientes su tasa de beneficio se ha reducido considerablemente. La crisis económica ha reabierto heridas sin cicatrizar, como los enfrentamientos del menemismo con Cavallo, y ha provocado el estallido de una guerra con bombas entre distintos clanes capitalistas en Córdoba. Lo que puede precipitar los acontecimientos es la relación con Brasil, por dos motivos. Uno, es la posibilidad de una ruptura del acuerdo automotriz, como consecuencia de la decisión de Brasil de subsidiar la importación de materias primas y partes para la industria, lo que dejaría fuera de competencia a las empresas radicadas en Argentina. Si el menemismo optara por recurrir él también a los subsidios, afectaría seriamente a los autopartistas y a la siderurgia. En la UIA, Techint ya está liderando un ‘lobby’ contra ese subsidio a la importación. El otro motivo tiene que ver con la crisis en Brasil, donde es ostensible que el sector devaluacionista está intentando derrocar al presidente del Banco Central y al ministro de Economía, a los que involucra con los negociados perpetrados por fuertes bancos que fueron a la quiebra. Los devaluacionistas apuntan alto, puesto que están amenazando al propio presidente de Brasil. No hay que dejar de lado la situación en el campo financiero internacional, donde la inestabilidad de Japón y Alemania y la crisis presupuestaria en Estados Unidos amenazan convertirse en el detonante de un derrumbe financiero. El incidente pesquero con los ingleses ha desnudado los pies de barro de toda la política internacional del menemismo y el desprecio con que es tratado este régimen por las principales potencias capitalistas. Las condiciones político-sociales se han transformado, al final del verano, en más convulsivas aún de lo que eran al principio, a pesar del retroceso de los trabajadores. Al cierre de esta edición, los obreros de Mercedes Benz obligaban a la patronal alemana a reincorporar a los compañeros que acababa de despedir. Las direcciones sindicales siguen, sin embargo, mirando hacia atrás, como lo demuestran los congresos de CTERA y Conadu, realizados la semana pasada, que fueron incapaces de acercar una idea siquiera para enfrentar la política destructiva del oficialismo, o la persistencia de la CGT en seguir hablando de un paro que nadie sabe en qué consiste, mientras negocia su levantamiento a cambio de concesiones para sus negociados con las obras sociales. Las luchas parciales van a crecer inevitablemente y se van a hacer más exasperadas, pero lo que hace falta es una acción de conjunto. Tenemos que aprovechar la conmemoración del vigésimo aniversario del golpe militar del 24 de marzo, para impulsar una manifestación masiva que haga las veces de ensayo general de una lucha de conjunto.

Frustrada por los estudiantes la primera convocatoria de la Asamblea Universitaria, el 22 de diciembre pasado, el rector y los decanos decidieron reformar los estatutos custodiados por una espesa barrera policial desde tres días antes de la sesión de la asamblea. La reforma, que fue aprobada (97 contra 56), fue impulsada por el decano de la Facultad de Medicina, Carlos Oneti, en nombre de un frente homogéneo entre los decanos, Franja Morada y parte del estamento de profesores. La aprobación tuvo lugar sin discusión de los artículos. La reforma establece la dictadura de las trenzas profesorales a través de los decanatos para apropiarse de los fondos del Banco Mundial y de los que origine la privatización de servicios de la Universidad. La incorporación de los once profesores adicionales al Consejo se hará vía elección indirecta, es decir, por sus pares titulares y adjuntos de los Consejos Académicos. Los docentes auxiliares o jefes de trabajos prácticos, que hoy consituyen la gran masa docente, están prácticamente proscriptos del gobierno de la Universidad. La reforma de los estatutos prolonga el mandato de los decanos de dos a tres años. Se incluye un artículo que prevé la formación de un “Tribunal Universitario”, cuya función es llevar a cabo juicios académicos (!) y que actuará en cuestiones ético-disciplinarias que involucren al personal docente (!!). Se trata de un viejo proyecto del Dr. Delich (ex rector de la UNC) y de Franja Morada, que nunca había podido ser aprobado, llamado “control de la gestión docente”. Los jueces de estos tribunales son los mismos que defienden la LES y llevaron adelante esta reforma, y sus fallos se aplicarán contra aquellos docentes que atenten “contra la moral y las buenas costumbres”, que propicia la ley. Franja Morada, escondida detrás del cordón policial, se ha convertido en una eficiente administradora de la política menemista.

Los tres bloques patronales (Mopof, PJ, UCR) votaron en la legislatura una ley de ‘emergencia’, que pretende borrar de un plumazo el conjunto de las conquistas de los trabajadores públicos fueguinos, al tiempo que preserva los privilegios de la casta gobernante y de los capitalistas que la sustentan. Se mantiene, por ejemplo, el pago de los fabulosos alquileres de los altos funcionarios. Contra los trabajadores La ley 278 impone: -reducciones salariales que van de un 8 a un 20%. Es importante hacer notar que si algún trabajador cuenta con más de un trabajo, se le suman los montos para aumentar el descuento que se realiza a los mayores salarios. Esta medida afecta en particular a los docentes; - reglamentación esclavista del presentismo; - “disponibilidad”, eliminación de vacantes y despidos- “retiros voluntarios”; - anulación de los convenios colectivos vigentes. Eliminación de los sistemas de enganche salarial, inclusive quedan congelados los adicionales por antigüedad; - fracciona en 5 cuotas el pago del aguinaldo y de las asignaciones familiares especiales (en la Patagonia Sur, de gran importancia económica) Robo organizado - Se privatiza del Banco provincial, la empresa de energía y todo organismo privatizable. - Se autoriza a emitir bonos por valor de 100 millones de pesos. - Se reduce en un 20% la coparticipación a los municipios, pretendiendo forzarlos a que despidan trabajadores y aumenten los impuestos. - Se legaliza la evasión de los aportes previsionales, suspendiendo el pago de los aportes a las Cajas y votando que la ‘deuda’ que se generará se pagaría en cómodas cuotas a partir de julio del 97. Se autoriza a los organismos estatales a pagar como quieran las deudas que tienen con la Obra Social Provincial y con el Instituto de Previsión. - Se autoriza al IPPS a ‘invertir’ sus fondos en compra de inmuebles, campos, bonos, etc. Este punto, sumado al anterior, liquida las superavitarias cajas previsionales. Se ven obligadas a comprar bonos y letras del gobierno. Y son campo propicio para que compren algún “campito” de la oligarquía fueguina que detenta el poder (con su lógica coi-misión). En qué anda el CTA Esta ‘emergencia’ no es una ‘sorpresa’; se rumoreaba hace meses. Pero el secretario general de ATE, Portel, se negó a adoptar algún tipo de medida para evitar que saliera. Hace meses que está trenzado en un romance con el Mopof. En la última campaña electoral, se negó a realizar denuncias en contra del gobernante Mopof y censuró a los trabajadores que las llevaron adelante. Luego mantuvo un silencio cómplice frente a los primeros ataques a la administración pública, alegando que sólo se tocaban cargos políticos. Llegó a la aberración de enviar una carta personal pidiendo perdón por las movilizaciones de Semana Santa. ¿Son estas disculpas las que le valieron para que fuera desprocesado? En las próximas semanas van a ser juzgados cinco dirigentes sindicales, procesados para justificar la represión policial. ¿Participación? Ate reclama ‘participación’ de los sindicatos junto al gobierno para enfrentar la crisis. Trajeron desde Buenos Aires a un técnico del Idep, quien luego de ‘estudiar’ la realidad regional, anunció que “no queda claro las verdaderas causas del ajuste”, y al momento de plantear la “alternativa”, se pronunció por aumentar el impuesto inmobiliario y automotor y discutir la estructura del Estado. Pide paritarias... para reducir las plantas y analizar cómo se sigue subsidiando a los sectores económicos (¿a los capitalistas piratas que se llenaron los bolsillos con la promoción industrial?). Portel plantea que es necesario comprar, con el dinero del IPPS, acciones del Banco provincial a privatizar, para tener un control sobre los fondos. Los déficits del banco hay que buscarlos en los terratenientes, industriales, importadores, que no han devuelto los préstamos. En lugar de plantear que se investigue y encarcele a los defraudadores, plantea subsidiarlos con fondos de las cajas, con la presencia de algunos burócratas sindicales como ‘socios’. La ‘participación’ es complicidad, sino corrupción. El PO reclama la derogación lisa y llana de la ley 278 y sus reglamentaciones, la apertura de los libros y la investigación de las cuentas gubernamentales, del banco, del IPPS y de los grandes capitalistas. ¿Adónde fueron a parar los aportes previsionales descontados a los trabajadores? Organizar la huelga general Apenas los sindicatos convocaron a una marcha, sin mucho entusiasmo, los trabajadores fueguinos ganaron las calles en forma masiva tanto en Ushuaia como en Río Grande. El lunes, los docentes iniciaron las clases con un paro que fue acatado por el 90%. Es necesario golpear con toda la fuerza de los miles de docentes y estatales, y de los metalúrgicos amenazados de ser víctimas de la desocupación, de los gastronómicos, los empleados de comercio, etc. Es necesario convocar a un plenario abierto, donde concurran delegados con mandato de asambleas, para votar un inmediato paro activo provincial y la preparación de la huelga general para barrer con la 278. 27/2/96

Los días 23, 24 y 25 de febrero se realizó, organizado por la UJS regional Córdoba, un Campamento que tuvo lugar en Cavana, una localidad cercana a la Capital. El propósito del Campamento fue transmitir las experiencias del Campamento Nacional de la UJS y de los distintos campamentos, charlas y cursos que vienen realizando las distintas regionales de la UJS, y llevar adelante sus resoluciones. Por esto, los compañeros de Córdoba que participaron del Campamento de Miramar vieron la necesidad de discutir en su zona la situación nacional y los problemas de organización de la juventud. El curso contó con la participación de cerca de 15 compañeros, todos ellos activistas (Universidad Nacional de Córdoba, secundarios, desocupados), algunos recién acercados a la UJS, que demostraron enorme avidez y preocupación sobre la lucha contra los cursos de ingreso en la Universidad, la organización de actividades por el 24de marzo y la puesta en pie, en los colegios secundarios, de centros de estudiantes y agrupaciones que defiendan los derechos de los estudiantes y luchen contra las leyes anti-educativas. En este camino, la UJS de Córdoba resolvió en el Campamento las campañas de agitación en la Universidad por el ingreso irrestricto; la convocatoria a toda la periferia a las charlas sobre el 20º aniversario el día 15/3, y sobre el movimiento secundario el 9/3; la intervención en tres importantes colegios de la zona, y la campaña de agitación por la Marcha del día 22/3. También se resolvió la realización de plenarios periódicos para verificar las actividades y campañas, en vista de la convocatoria del Congreso de la UJS.

El gremio docente de Neuquén se halla en pleno ascenso. Desde que se inició la lucha contra los decretazos de Sapag, cada asamblea crece en número. En cada movilización de estatales, los docentes constituyen el contingente más numeroso y combativo. En este marco, se realizó el martes 27 de febrero una nueva asamblea masiva (alrededor de 500 compañeros) de la seccional capital. Esta asamblea debía votar la “modalidad” que adoptaría el no inicio de clases que había votado la asamblea anterior. El ímpetu tiene un doble mérito, ya que es boicoteado por la Comisión Directiva de la seccional (Mas, Mst y‘bolcheviques-clasistas’). Antes de la asamblea, la Comisión Directiva había promovido una encuesta-consulta, en algunas escuelas, sobre la “modalidad” del no inicio. La encuesta (reducida a 300 encuestados, es decir, un número menor aún que el de participantes de la asamblea) estaba inducida a favor de la que luego sería la propuesta del conjunto de la Directiva. Esta la utilizó en la apertura de la asamblea para “informar” a los presentes que los docentes ya se habían pronunciado mayoritariamente por un paro de 24 horas, contraponiendo así el resultado de una encuesta a la deliberación de la asamblea. Este recurso de la encuesta también fue utilizado en el gremio bancario por la burocracia zanolista local, para ‘demostrar’ que la mayoría de los bancarios del Banco Provincia (en tren de privatización) “acepta la rebaja de salarios”. El bloque de la directiva seccional se opuso a la propuesta de paros progresivos (24 horas, 48 horas...). La propuesta del Mas-Mst y ‘bolcheviques-clasistas’ (así lo explicitaron) buscaba “armonizar” con el paro de 24 horas de CTERA, es decir, acomodarse a una estrategia liquidacionista de la burocracia. Este hecho pone al descubierto que la Rosa es cada vez menos “rosa” y más Celeste. Según la Directiva, toda acción no “armonizada” con la dirección oficial y la organización ‘madre’ sería una acción de ruptura de la organización sindical. En definitiva, serían numerosos ya los sindicatos provinciales que, al haber lanzado la huelga indefinida, habrían ‘roto’ el sindicato. Liliana Obregón (secretaria general) invitó a retirar una moción a favor de 500 pesos para los desocupados, con el argumento de que “el plenario de secretarios generales de ATEN ya tenía posición tomada en favor de reclamar pleno empleo”. Aun con todas estas maniobras, el resultado final en favor del paro de 24 horas fue de 196 a 176. Muchos docentes se retiraron descontentos porque la impresión fue que, en realidad, ganó la moción de paros progresivos, pero como el conteo lo realizaba ‘oficialmente’ la propia directiva y estalló en vítores apenas anunció el resultado, quedó la duda, redondeando así una actuación típicamente marisanchista. Neuquén, 28/2/96

La Paz, 2 de marzo de 1996 Compañeros: 1) La brutal represión de la dictadura Gonista no ha logrado doblegar la lucha revolucionaria de los explotados, que han paralizado La Paz y las ciudades del interior. 2) Nuevamente me han detenido por órdenes expresas del Ministerio de Gobierno que pretende escarmentar en mi persona al movimiento universitario. Se me acusa de “instigación a la sedición”; yo ratifico que la política gubernamental está destruyendo al país, entregando nuestra economía a los pulpos transnacionales y al imperialismo norteamericano. Si triunfa el neoliberalismo, se acabará de destrozar la salud, la educación y la vida de las grandes mayorías. 3) Convoco a los universitarios y al pueblo de Bolivia a unificar la lucha por el Pliego Unico de la COB, que tiene como eje central la lucha contra la capitalización de YPFB y las empresas estatales; contra la ley 1008 y por el libre cultivo, comercialización e industrialización de la coca. 4) La lucha se resume en doblegar la política global del gobierno que es sirviente de los intereses imperialistas para ello debemos efectivizar, después del paro de 24 horas y la movilización del martes 5 de marzo, la huelga general indefinida, el bloqueo de caminos y la paralización total del país. En esta lucha se juega nuestro presente y nuestro futuro.

La intendencia radical de Bahía Blanca ha presentado 26 proyectos de trabajo para incorporar a unos 650 desocupados al nuevo ‘Plan Trabajar’. Este plan es la versión ’96 del caduco “Plan Proas”. Como su predecesor, el “Trabajar” es presentado como un “programa de asistencia social...”. ¡Las pelotas! El ‘Plan Trabajar’ es una violenta superexplotación de los trabajadores desocupados. Estas son algunas de las ‘innovaciones’: 1) Se trata de jornadas de 4 a 8 horas diarias (incluidos los sábados). Son contratos por 3 meses, sin aportes y con una remuneración de “hasta 200 pesos”. 2) La “comisión evaluadora” examinará los proyectos presentados por el municipio, pero también los proyectos de “particulares”. De esta forma, el “Plan Explotar” realiza el sueño e ideal de todo capitalista: se abaratan los ‘salarios’ hasta un peso la hora, y se delega en el Estado (su Estado) la tediosa obligación de pagarlos... Organicemos el reclamo por los 500 pesos de subsidio El ‘Plan Trabajar’ ha provocado el repudio de las organizaciones de desocupados bahienses. Este rechazo resalta el carácter explotador de estos planes y simultáneamente, la necesidad de abrir una salida a la desocupación masiva, en un municipio donde el desempleo es récord. Es más, la celeridad con que la intendencia presentó los 26 proyectos al Ministerio de Trabajo, responde no sólo a la intención de explotar mano de obra semigratuita, sino que es también una medida preventiva para bloquear la reorganización de un movimiento de desocupados de masas, como aquel que el año pasado ocupó por semanas la plaza y movilizó a más de 1.000 compañeros. El Partido Obrero de Bahía Blanca impulsa la organización de un movimiento unitario de desocupados por los 500 pesos de subsidio y denuncia la hostilidad de la intendencia radical, el CTA-MTA, incluido el Partido Comunista, que atacan este reclamo elemental. Luchemos por un subsidio de 500 pesos para todos los desocupados y por la inmediata efectivización en la municipalidad, de todos los trabajadores que prestan servicio en el “Plan Trabajar”.

El viernes previo a las elecciones generales españolas, el alza de la Bolsa de Madrid mostraba la euforia de la burguesía española ante el anunciado triunfo del derechista José María Aznar sobre Felipe González. “Nunca en la España post-franquista, ningún partido político recibió de parte de los empresarios un respaldo público tan explícito como el Partido Popular” (Financial Times, 20/2/96). Sin embargo, en sus trece años de gobierno, González abarató los despidos e impuso una salvaje ‘flexibilización laboral’ que duplicó la desocupación (a pesar del crecimiento económico español) y precarizó por completo la situación de los trabajadores. Hoy, más del 35% de los trabajadores son ‘contratados’ a seis meses (o menos) de plazo. Como lo reclamó la burguesía española (y en contra de sus propias promesas electorales), Felipe González mantuvo a España dentro de la Otan. Como lo reclamó la burguesía, González llevó adelante una política de ‘mano dura’ contra la ETA y los separatistas vascos que llegó, incluso, al montaje de un aparato terrorista de Estado –los llamados GAL, versión española de la ‘Triple A’ lopezreguista. Esta política rabiosamente capitalista le valió al PSOE español el apoyo de los explotadores españoles y del imperialismo mundial. No existían entre Aznar y González diferencias políticas de fondo. Aznar había prometido un ‘manto de olvido’ para el escándalo del terrorismo estatal y había llegado a un ‘acuerdo de caballeros’ con González para mantener un ‘pacto de silencio’ sobre la cuestión jubilatoria hasta después de las elecciones, un síntoma seguro de que ambos pretendían meterle la mano en el bolsillo a los trabajadores. ¿Qué llevó entonces a la burguesía española a “saltar el cerco” (Financial Times, 20/2) y dar su apoyo a Aznar? Según los propios capitalistas españoles, la necesidad de un gobierno con mayoría parlamentaria propia, que tuviera la ‘autoridad’ necesaria para aplicar el programa que ambos candidatos compartían. Aznar, sin embargo, no consiguió la mayoría; sólo obtuvo 157 bancas, muy lejos de las 176 necesarias. Entonces, la victoria se convirtió en derrota y la euforia bursátil en crisis política. El gobierno que debía ser ‘fuerte’ por obligación ha quedado a merced de los partidos nacionalistas vasco y catalán, a los que necesariamente deberá recurrir si quiere formar gobierno. “Pero –advertía el Financial Times dos semanas antes de las elecciones– será extremadamente difícil que el PP logre atraer a esos partidos a alguna forma de entendimiento, menos todavía a una coalición”. Tan precaria es la situación del ‘vencedor’ Aznar, que cabe la posibilidad —evocada por el propio González— de que el PP ni siquiera pueda formar gobierno.

Curuzú Cuatiá, 13/2/96 El caprichoso comportamiento de la naturaleza muchas veces nos muestra situaciones verdaderamente horripilantes; es el caso del conocido reptil saurio de aguas cálidas que engulle a los pequeños miembros de su propia especie, sin importarle en lo más mínimo la magnitud de su sanguinario accionar. En estos días de elevada sensación térmica, de crisis, decretazos y de confiscación salarial, todos los partidos políticos comprometidos con el ‘plan’ Cavallo: PJ-UCR-Frepaso, han imitado a nuestro querido caimán americano, ofrendando a la población una importante cuota cúbica en lágrimas de yacaré; en la recurrente pretensión de querer lavar sus complicidades políticas con el ajuste. Las expresiones condenatorias a las medidas dictatoriales de Tato Romero Feris eleva y potencia la hipocresía mundana de estos partidos, porque en las provincias donde ellos ejercen el poder político han realizado éstas y peores medidas expropiatorias contra la población; basta como ejemplo, entre otras, las provincias de Córdoba, Río Negro y Buenos Aires. La crisis político-institucional desatada en nuestra provincia ha puesto al descubierto la descomunal podredumbre de coimas, sobrefacturaciones, ñoquis, deudas fantasma y otras innumerables defraudaciones que han sumergido a la provincia y a las comunas del interior en una crisis de proporciones gigantescas. Este descalabro político-social y financiero, ha propiciado un entrecruzamiento de acusaciones y denuncias entre el gobernador y los legisladores, con dimes y diretes que no van más allá de un mero fuego artificial de consecuencias nulas. El enfrentamiento ficticio entre el gobernador y los legisladores tiene el único propósito de generar una cortina de humo para encubrir el acto delictivo de expropiar a los trabajadores provinciales el 25% de sus salarios. La tercera pata de esta mesa pestilente la componen los burócratas sindicales, con el archicaduco recurso legal, que ya ha demostrado su inutilidad en conflictos similares en provincias como Córdoba, Río Negro, Jujuy y otras. Este operativo político, llevado adelante por todo el arco dirigencial, comprometido con el ‘plan’ Cavallo, manifiesta en su desarrollo el carácter inocultable de distraccionismo puro. En este sentido, los trabajadores no debemos comprar entrada en este circo-minué; estamos llamados a superar el repudio administrativo y leguleyo de partidos y burócratas sindicales, dividiendo aguas, responsabilidades y objetivos: “Que la crisis la paguen ellos”, el tándem Menem-Cavallo y sus acólitos compañeros de ruta; la clase obrera debe enfrentar esta crisis con esta consigna precisa, para delimitarse políticamente y no asumir costos ajenos. Esta caracterización política deberá desenvolverse confiando plenamente en nuestras propias fuerzas y en un plan de lucha y movilización discutido democráticamente en cada gremio, hasta coronar una gran asamblea pueblera que unifique y coordine en un solo puño un plan de lucha general por nuestras más sentidas necesidades reivindicativas.

Hace sólo un mes atrás tuvieron lugar las elecciones en las zonas adjudicadas a la “Autoridad Palestina”, y la satisfacción que su desarrollo y resultados produjeron entre sus promotores de la OLP y de los gobiernos sionista y norteamericano llevó a que el propio gobierno sionista tomara la iniciativa de presentar en forma más abierta el diseño de un futuro (seudo) Estado palestino y la admisión de que “algunas colinas periféricas de Jerusalén” pudieran convertirse en su capital. Aunque el progreso del así llamado ‘proceso de paz’ incluía abiertas violaciones a los acuerdos firmados hace tres años en Oslo, la capital de Noruega, como por ejemplo el mantenimiento en prisión, por parte de Israel, de varios centenares de militantes palestinos, el inicio de una discusión de paz entre Israel y Siria parecía señalar que se abrochaba finalmente un proceso político muy caro al imperialismo mundial. Por primera vez en la historia, el gobierno sirio condenó el atentado cometido el 25 de febrero pasado por un comando Hamas (IHT, 29/2). La ‘paz’ en el medio oriente se lograba en definitiva pisoteando los derechos nacionales de la nación palestina (al extremo de que los habitantes de Gaza, por ejemplo, sólo tienen acceso al 10% del agua que brota de sus napas, en tanto que los colonos sionistas se llevan todo el resto). Las masacres de las últimas semanas, que se han cobrado por ahora la vida de casi 60 israelíes, perpetradas por militantes palestinos que se inmolan en la realización de los atentados, amenazan la continuidad de este proceso por varios motivos. De un lado, porque pone de manifiesto que ese ‘proceso de paz’ ha dejado un profundo resentimiento en una parte considerable de la población palestina, que se estima en el orden del 20 al 30 por ciento. Igualmente, refleja las contradicciones de los aspectos internacionales de ese ‘proceso’, por ejemplo en la lenta negociación con Siria. Pero fundamentalmente porque vuelve a poner al desnudo la fractura en el campo sionista, donde los opositores al acuerdo han progresado en las intenciones de voto de cara a las elecciones generales de mayo, esto a pesar de encontrarse comprometidos con la responsabilidad del asesinato del primer ministro, Rabin. La derecha sionista imputa al ‘proceso de paz’ la responsabilidad por una resistencia palestina que el sionismo no pudo liquidar en los últimos treinta años, a pesar del empeño y de los recursos que puso en esa empresa. Una fracción menor de la organización islámica, Hamas, que se ha adjudicado la autoría de los atentados, ha dicho que son una represalia contra el asesinato de su jefe más importante en libertad, perpetrada por los sionistas a principios de enero. Este crimen fue ejecutado a sabiendas de que existía una tregua que todo el mundo estaba respetando desde setiembre de 1995. Es indudable que el actual primer ministro sionista, Peres, autorizó el atentado para responder positivamente a la presión derechista e incluso de EE.UU. (IHT, 28/2). Se transformó de este modo en el principal responsable por el sabotaje a su propio ‘plan de paz’. La reacción del gobierno sionista a los últimos dos atentados ha sido anunciar que ingresaría en los territorios autónomos para liquidar a los terroristas, aún a sabiendas de que cuenta con la colaboración de Arafat, y aun cuando los terroristas no salieron de Gaza sino de Hebron, bajo control sionista. (IHT, 28/2). La puesta en práctica de este anuncio significaría desenmascarar oficialmente la vacuidad de todo el ‘proceso de paz’ y la descomunal mentira de la autonomía palestina. Sin embargo, hasta las elecciones de mayo no cabe esperar del gobierno sionista más que una escalada represiva sin paralelo. ¿Está muerto entonces el ‘proceso de paz’? Ciertamente, no. El terrorismo islámico no tiene la capacidad para cuestionar, mucho menos para superar, el planteo político del imperialismo y de la alianza OLP-sionismo. Habrá que esperar hasta las elecciones. Es precisamente con vista a ellas que hay en marcha una recomposición de fuerzas en la derecha, que se apresta a formar una coalición en la que participan elementos dispuestos a seguir la política oficial de Washington. El jefe del Likud, B. Netanyahu, dio seguridades de que no anularía los pasos que ya se han dado con la OLP; sólo retrasaría indefinidamente la concreción del (seudo) Estado palestino (IHT, 29/2). Un disidente del Likud, David Levi, afín a los yanquis, ha reclamado el ministerio de relaciones exteriores como condición para no presentar un candidato propio. Las elecciones israelíes de mayo contemplan por primera vez la elección directa del primer ministro, lo cual colocaría al jefe del gobierno en el futuro por encima de las reyertas parlamentarias. El ‘centroizquierdismo’ israelí concurre dividido entre sus diferentes partidos. La seguidilla de atentados tuvo lugar luego de conocerse la posición de la mayoría de la organización Hamas en favor de negociar su propia integración al ‘proceso de paz’; hace apenas una semana ofreció incluso deponer cualquier resistencia a cambio de una negociación directa con Israel. El ‘pacifista’ Peres rechazó estos avances e incluso, como se dijo, mandó asesinar al principal líder de Hamas. Clinton y Peres han pedido a Arafat la cabeza de cien militantes de Hamas (IHT, 28/2). Mientras apoya la política de arrestos masivos que está realizando el sionismo conjuntamente con Arafat; la demolición de los hogares de las familias de los terroristas; y la multiplicación de los muros de alambre que separan a los territorios palestinos de los que ocupa Israel; el imperialismo, sin embargo, no ‘pierde la cabeza’. Es así que Financial Times (5/3), es decir el gran capital financiero y la diplomacia anglo-norteamericana, reclama que Israel cumpla a rajatablas con los acuerdos de Oslo, incluíida la liberación de los prisioneros palestinos que debían haber sido liberados en mayo de 1994, al concluir la primera etapa prevista en esos acuerdos; y que Arafat negocie con la mayoría de Hamas la incorporación de sus representantes al gobierno de la Autoridad Palestina. Esta negociación ya tiene lugar, desde hace varios meses y ha producido “un compromiso entre la dirección política interior de Hamas y el jefe de la Autoridad palestina” (Le Monde, 27/2). Entre cadáveres, represión, desconocimiento de las aspiraciones nacionales, arbitrariedades, opresión, hambre y miseria, el ‘proceso de paz’ continúa.

Después de la firma del convenio Fiat-Smata, que tendrá consecuencias negativas enormes para los trabajadores de la UOM, se podía pensar que la tarea a la que se abocan los miembros del secretariado nacional es resolver este delicado problema. Sin embargo, Naldo Brunelli, ex titular de la CGT y uno de los principales miembros de la dirección de la UOM, ha salido en varias noticias radiales y gráficas por motivos que nada tienen que ver con la lucha contra el acuerdo Fiat-Smata, sino con la defensa de varias empresas del propio Naldo Brunelli. Ocurre que Brunelli acaba de ser acusado de hacer ‘lobby’ para la sanción de una nueva ley de bancos que favorece ampliamente al Banco de Boston, el principal ‘gestor’ de la deuda externa argentina (desplazó al Citi). Recientemente, ‘movilizó’ a los depositantes del quebrado banco BID, desde Ramallo y San Nicolás, para presionar a favor de la ley en cuestión, que autoriza al Banco Central a refinanciar las deudas impagas de los clientes del ex BID. De acuerdo al legislador radical, José Dumont... “Según informes que nos acercan las propias autoridades del BID, las empresas SIMSA, Centro de Emergencias Médicas, Loberaz SA, JURANFER SRL, Establecimiento gráfico EDUCA, Fundación Acero General MNS, Brunelli Nelson Aníbal Julio y la firma IEPSISA pertenecen al diputado nacional Brunelli” (Página 12, 27/2/96). Estas empresas de Brunelli adeudan la friolera de 4,5 millones de dólares. Brunelli las armó a partir de empresas de viandas que proveían a la ex SOMISA, de las gráficas que daban cuadernos a los obreros a través del sindicato, de los servicios médicos que también contrataba el sindicato, armó una empresa de chatarra con los desechos que ‘casualmente’ le vendía la ex SOMISA, e incluso una inmobiliaria. Brunelli lucró con la representación sindical, confirmando los rumores nunca desmentidos de que Brunelli era dueño de medio San Nicolás. Brunelli sólo argumentó en su defensa lo siguiente:, “No creo que constituya ningún delito tener empresas ni gestionar créditos, si no habría que acusar a todos los deudores del país” (Página 12, 27/2), pero no explica cómo pasó de delegado gremial a ser uno de los principales patrones de San Nicolás. La acción de Brunelli demuestra en lo que anda el secretariado de la UOM.

The New York Times ha sido generoso con el gobierno de Cuba. El 27 de febrero pasado reveló que los pilotos de la organización ‘gusana’ Hermanos para el Rescate se habían comprometido a desobedecer cualquier intimación a aterrizar que se les hiciera cuando violaran el espacio aéreo cubano. “Si morían”, dijeron, “era por elección propia”. Lo que hizo la fuerza aérea cubana hace diez días fue entonces casi una fatalidad. Pero al día siguiente, el “Times” fue bastante más lejos. En un editorial reconoció “el derecho de Cuba, como el de cualquier otro país, a la autodefensa y a la seguridad de su espacio aéreo” y hasta admitió la legitimidad de la “paranoia” del gobierno cubano en vista de la historia de intentos norteamericanos para derrocarlo. De los Hermanos para el Rescate, denunció su “conducta provocativa y su determinación de hacer subir las tensiones entre Washington y La Habana”. Señaló también que los controladores aéreos cubanos advirtieron a los pilotos de las aeronaves que ingresaban en espacio prohibido. ¿Cuál es la conclusión, entonces? Primero. Sería dañino para Estados Unidos retirar a sus diplomáticos de La Habana. Segundo. Es un error apoyar la legislación que castiga a las compañías no norteamericanas que hacen negocios con Cuba. Esto apartaría aún más a los Estados Unidos de sus aliados. Tercero. Hay que reclamar a Cuba métodos de intercepción ‘menos letales’ (textual). Nuestra conclusión: el capitalismo puede seguir viniendo a Cuba, incluso invadirla, mediante vuelos regulares de línea.

Además de establecer un fuerte retroceso de salarios y de imponer el ‘contrato de aprendizaje’ para la mayoría de los trabajadores, el convenio Fiat-Smata incorpora “nuevas técnicas de organización del trabajo” con un “convenio propio” dentro del convenio. ¿De qué se trata? ‘De sol a sol’ De acuerdo al convenio, “en todos aquellos puestos de trabajo... en los que la empresa considere necesario la presencia continua, temporal o definitiva... podrá articularse la actividad normal en tres turnos diarios rotativos durante los siete días de la semana, con francos compensatorios”. Con esto, el trabajador afectado a los “equipos continuos rotativos” pierde la jornada máxima de 44 horas semanales y pierde el descanso dominical, porque los francos “semanales” pueden ser fijados por la empresa a su arbitrio, “uno, dos o tres días corridos”. La empresa está obligada a “respetar” la jornada máxima de cuarenta y cuatro horas semanales en base a un promedio en un ciclo de ocho semanas, el más largo que se haya firmado en convenio alguno. En la jornada diaria, sin embargo, el operario del “equipo continuo” está obligado a trabajar mucho más que las ocho horas diarias que supondrían los “tres turnos diarios rotativos” y además debe hacerlo sin recibir compensación. “Estos equipos... en razón de la presencia necesaria continuada, tienen veintidós minutos diarios por turno, en los que coincide el equipo entrante con el saliente... Vale decir que un equipo comienza veintidós minutos antes que el equipo prececente haya terminado y finaliza veintidós minutos después que un tercer equipo haya comenzado” (Lucio Garzón Maceda y Asociados). Por esta sola razón se impone casi una hora de extensión de la jornada laboral. El convenio prevé, además, una prolongación de la jornada diaria de cada equipo hasta 3 horas, ya que en razón de la “naturaleza continua” de las tareas, ningún trabajador puede dejar su puesto sin haber sido reemplazado. El convenio prevé incluso una extensión mayor —más de tres horas— cuando no se haya podido efectuar el relevo. Conclusión: la jornada de trabajo puede superar las doce horas en cualquier turno. ¿Y las horas extras? En este punto, siempre referido a los equipos en “ciclos continuos”, el convenio ‘innova’ una vez más porque “no clarifica si ambas prologanciones (hasta tres horas y más de tres horas, luego de las nueve que el trabajador ya tiene en el ‘equipo’) serían consideradas horas extraordinarias” (ídem, Estudio Garzón Maceda). Podría sostenerse que estas cláusulas afectan sólo a un sector de los trabajadores, cooptado al régimen del “trabajo continuo”, pero “tal como está redactado en el convenio, podría extenderlo la empresa a todo puesto de trabajo” (ídem). Un régimen carcelario El convenio es muy preciso al plantear la organizacion del trabajo. Los “tiempos de trabajo” son comunicados por los superiores verbalmente y por medio de plantillas, “teniendo derecho el trabajador para pedir aclaraciones y, en su caso, exponer su oposición debidamente fundada, que no tendrá carácter suspensivo”. El ‘trabajo en equipo’ se revela tal cual es: quien cuestione los ritmos de trabajo impuestos por la dictadura patronal podrá “exponer su oposición”... y trabajar a ese ritmo, si no lo echan. Para que el trabajador esté permanentemente ‘monitoreado’, el convenio dispone “el uso por parte de los trabajadores de las cartas de control, que permitirán gobernar el proceso productivo”. Las pérdidas de tiempo van por cuenta del trabajador: el convenio llega a plantear que “las líneas d producción pueden ser detenidas cuando se adviertan anomalías de producción... superado el problema, podrá imprimirse hasta un 10% de mayor volocidad a las líneas para recuperar el tiempo perdido”. Suspensiones al 75% El convenio ‘innova’ también al descargar sobre los trabajadores las crisis de la patronal, o cualquier paralización del trabajo en las plantas. Se establece “el pago del 75% del salario básico neto y del vale alimentario (un 50% del salario de bolsillo) cuando se produce paralización o suspensión de la jornada de trabajo por causas ajenas al trabajador”. El Partido Obrero llama a movilizarse contra este convenio infame, que cada patronal comenzará a invocar para ir a un arrasamiento de los salarios y la estabilidad.

Ocurrió lo previsto: Major concluyó aceptando el reclamo de la comisión internacional, que preside el senador norteamericano G. Mitchell, de establecer una fecha cierta para el inicio de una negociación sin exclusiones para la paz en Irlanda. Lo que se obstinó en evitar durante 18 meses, se lo impusieron dos atentados del IRA instrumentados políticamente por el gobierno de Clinton. A pesar de todas las denuncias contra el ‘terrorismo’, el gobierno yanqui nunca retiró la visa al jefe del Sinn Fein, brazo político del IRA, para ingresar a los Estados Unidos. John Major retiró también la condición de que el IRA deba entregar primero las armas para tener el derecho a sentarse a la mesa de la negociación. Durante todo el período de desconocimiento del cese del fuego por parte del IRA, el gobierno inglés siguió reuniendose con los representantes del movimiento republicano irlandés. A quienes sostenían que Major no cedería ante el IRA porque dependía de los votos de la derecha protestante norirlandesa en el parlamento británico, la realidad les dio un cachetazo: el gobierno inglés arriesgó la pérdida de los votos de este sector (y lo perdió) para lanzar su propuesta de negociación. Aunque Major logró que el gobierno de Irlanda y los partidos nacionalistas le aceptaran la propuesta de realizar elecciones en el norte ocupado por los británicos, no consiguió un acuerdo acerca de la modalidad de esas elecciones, lo cual las hace inciertas. El interés de Major en ellas es poder mostrar una mayoría protestante defensora de la permanencia del norte de Irlanda en Gran Bretaña y, eventualmente, movilizarla. Para acentuar el clima de capitulación, The Economist (24/2) se interroga sobre “el silencio (del partido conservador) ante las bombas” y concluye que “la mayor parte de los representantes ‘torys’ apoyan cualquier acuerdo sobre Ulster que los partidos y el pueblo de Irlanda del norte sean persuadidos a aceptar”. Esto depende, naturalmente, de los ingleses y los ingleses dependen de los yanquis. Porque no hay que confundirse: Major capituló, no ante el IRA, sino ante Clinton, que exige, en sus propios términos, un cese del status colonial de Irlanda del norte y de la división de Irlanda.

Entrevistamos al compañero Jorge Brodsky, miembro del Partido Obrero que participó de la delegación que viajó a Neuquén en campaña por la libertad de Horacio Panario. “Es indudable que la lucha por la libertad de Horacio Panario ha dado un vuelco importante. En un primer momento, a partir del 2 de octubre, hubo que soportar una terrible caza de brujas contra la Coordinadora de Desocupados, como el despliegue represivo en los barrios, las intimidaciones y el aislamiento, provocado por el incesante hostigamiento de la prensa oficial y patronal, con la complicidad de toda la ‘oposición’ patronal (UCR, Frepaso) y de las distintas variantes de la burocracia sindical (CGT, CTA y MTA). Fue clave para revertir el aislamiento la actitud de la Coordinadora de Desocupados, que salió a dar su lucha política en cada asamblea u oportunidad que tuvo. De esa manera —comenzando por un plenario del sindicato docente, ATEN Capital, donde logró derrotar por abrumadora mayoría a un sector de la directiva que quería expulsar a los docentes que habían participado de la marcha de los desocupados—, se empezaron a generar las condiciones políticas para romper el bloqueo. En los últimos plenarios de la Coordinadora de Gremios, distintos delegados sindicales impusieron la exigencia de la libertad de Horacio Panario y el cese de las persecuciones contra Christiansen, Barriga, Sandoval, Basilio, Chiguay y Etchebaster. De todas formas, la burocracia sindical sigue solidaria con las instituciones ‘democráticas’ que violentan todos los días las libertades de los trabajadores y pisotean sus condiciones de vida. PO-¿Cómo estuvo compuesta la delegación que partió desde Buenos Aires? R:Hubo compañeros de las distintas corrientes de izquierda y de organismos de derechos humanos. Totalizábamos unos 50 compañeros, aproximadamente. Algunos vinieron de Tierra del Fuego. Panario resaltó esta unidad que, según nos confesó, le multiplicaba la confianza en la lucha por la recuperación de su libertad. Se lo veía muy afirmado anímicamente. PO:¿ Qué actividades desarrolló la delegación? R: No bien llegamos a Neuquén, al mediodía del viernes 23/2, se brindó una conferencia de prensa a la cual asistieron importantes medios locales, a los que se les explicó la aberración de la figura que le imputan a Panario, “coacción agravada” contra el entonces gobernador Sobisch. Como bien explicaron en la conferencia de prensa los abogados Palmieri y Zamorano, nadie puede concebir en su sano juicio que desocupados acompañados de criaturas, cargados con mamaderas y pañales, puedan obligar a un gobernador —protegido por 60 policías armados hasta los dientes y que ni siquiera estaba en ese momento en Casa de Gobierno—, a actuar contra su voluntad. Al término de la conferencia de prensa, me dirigí junto al diputado Floreal Gorini y el abogado Marcelo Parrilli a la radio de la Universidad, donde explicamos en un reportaje los motivos de nuestra actividad en Neuquén. A la tarde de ese mismo viernes 23, hubo un acto en el centro de la capital, que convocó a varios centenares de personas. Una de las intervenciones más destacadas fue la de una compañera de la Coordinadora de Desocupados, que tras exigir la libertad de Panario, proclamó la continuidad de la lucha por los 500 pesos de subsidio, sin exclusiones de ninguna naturaleza, y exigió que el subsidio tenga el mismo carácter que el que se les brinda a los capitalistas, a quienes no se les exige, a cambio de los suculentos favores fiscales que reciben, una contraprestación laboral. La mujer de Panario, por su parte, resaltó el valor de lo hecho por la Coordinadora de Desocupados en relación a la lucha por la libertad de su compañero. El sábado 24 a la mañana, la delegación se dirigió en micro a la comisaría camino a Zapala, donde se encuentra detenido Panario. Su alegría fue inmensa cuando se encontró con los 60 compañeros (se sumaron al micro algunos neuquinos) que viajaron especialmente tantos kilómetros para verlo. La policía habilitó un lugar especial en el que no sobraba ningún espacio. Panario recordó a los compañeros que están prófugos en la misma causa, de quienes dijo sentirse afectivamente más cerca. PO: En definitiva, el balance del charter es muy positivo... R: Por supuesto, sería deshonesto de mi parte si no señalo que, cuando ya finalizaba el acto en el centro de la capital neuquina, a eso de las 21 horas, los promotores del viaje anunciaron que el micro hacia Zapala salía a las 7 de la mañana, lo que impidió la salida de un micro de la Coordinadora de Desocupados con 40 compañeros de los barrios periféricos de Neuquén. Hay una política contra la organización que el propio Panario ayudó a gestar.

En una operación fulminante, el gobierno dispuso el relevo del presi­dente y el directorio del Banco de la Provincia. Antes, el presidente salien­te del Banco había anulado un contrato delictivo con la aseguradora ITT Har­tford, por el que la provincia desem­bolsó la suma de 2.472.349 pesos sólo en el período abril-setiembre de 1995. Según Trecco, el funcionario echado, la norteamericana ITT pretende vaciar el Banco a través de este tipo de contra­tos y finalmente “quedarse con él”, y acusa a este pulpo por la renuncia del directorio. Bajo Angeloz, el gobierno de la provincia se convirtió en socio de la AFJP Claridad, a través del Banco de la Provincia y del Banco Social de Córdoba. Los otros socios fueron la ITT Hartford Cénit Seguros, Mastellone y las burocracias de Sanidad (West Ocampo) y de la Construcción (Gerar­do Martínez). El desfalco en favor de la ITT no comenzó con el contrato que ahora provocó la crisis. En noviembre del ’94, Angeloz dis­puso que las pólizas complementarias de los empleados públicos, que hasta ese momento estaban a cargo de la Caja de Ahorro y Seguros, se contrataran directamente —sin licitación— con la ITT Hartford Cénit. El ministro de Eco­nomía en ese entonces, Jorge Caminotti, señaló que como la Caja de Ahorro había sido privatizada y los bancos ofi­ciales de la provincia estaban asociados con la ITT, ‘la elección era obvia, nos inclinamos por nuestros (!!!) ban­cos” (La Voz del Interior, 12/11/94). Lo de “nuestros” era una manera de ocultar el traspaso compulsivo de las pólizas en favor de una compañía de seguros privada, asociada al gran capital internacional, por el que Ange­loz, obviamente, recibía la correspon­diente ‘comisión ’. La segunda fase del ‘negocio’ era asegurarse el enganche de los empleados públicos en cuentas de seguros, y la tercera, pasar a AFJP Claridad-ITT, los aportes jubilatorios regulares de estos empleados al mo­mento de transferencia de la Caja (que no puede hacerse hasta 1999, según la Constitución provincial). Sin poner un mango, con una ofi­cina convenientemente alfombrada, un teléfono y una secretaria, la ITT Hartford se alzó con un negocio de miles de millones de dólares, basado en la confiscación del ahorro de los trabajadores. Esto, de todos modos, fue sólo el ‘aperitivo’. Operación vaciamiento A fines de 1994, el Banco acuerda con ITT la creación de la ‘cuenta Dotal Bancor’. Se le regalaba a todo depositante de plazo fijo en el Banco de Córdoba, una póliza de seguro to­tal, que sería cobrada después de los 65 años. “Un cliente de 40 años, que colocara 20.000 pesos a plazo fijo a 30 días, con una tasa del 10%, al finalizar cobraba 20.200, más el producto de la cuenta Dotal Bancor con vencimiento a 25 años, de 30 pesos”. Estos 30 pesos quedaban for­malmente en el Banco durante años, pero el Banco “estaba obligado a pagar a ITT el 40% de los intereses generados por el depósito”. Por este concepto, el Banco de Córdoba pagó a la ITT casi dos millones y medio de dólares sólo en el período abril-se­tiembre de 1995. Además, “en cuan­to a las primas, el Banco le entregó a ITT 1.516.000 pesos entre abril de 1995 y enero último por el seguro constituido sobre los saldos deudo­res” (La Voz del Interior, 23/2/96). - En palabras del presidente rele­vado, “con el mero paso del tiempo el banco pasaba a depender exclu­sivamente de esa compañía inter­nacional (la ITT)”, por el peso de las deudas acumuladas. “A la gente de ITT no le interesa la privatización del banco porque saben que pueden hacer mejores negocios con un banco oficial”, re­trucan directores del Provincia ‘cerca­nos’ al gobernador. Qué es el Estado ¿Quiénes fueron los responsables de los ‘negocios’ de la ITT? “José Dorflinger, Marcos Aksel y Raúl Spilla, que actualmente son las per­sonas que tienen el sueldo más alto en la provincia de Córdoba. Uno de ellos es presidente de Claridad (AFJP) y dos están en ITT Har­tford”. Todos ellos, puntales del ‘esta­do angelocista’ y ejecutores del pulpo yanqui: “todas o la mayoría de las personas que en su momento repre­sentaron al Banco de Córdoba en la firma del acuerdo con ITT Hartford ahora están en cargos de conducción de ese holding de origen norteameri­cano o lo representan en la AFJP Claridad”, reconoce una editorial de La Voz del Interior (25/2). Toda la artillería del gobierno está puesta en enlodar a Angeloz, pero “las acusaciones del funcionario renun­ciante (por anular uno de los contratos de la ITT) no son compartidas por el gobernador de la provincia, lo que hace pensar que tras el relevo produ­cido en la conducción del banco se retomará la otrora fluida relación entre esa entidad y la empresa de origen norteamericano” (La Voz del Interior, 25/2), En la lista de vaciadores del Banco, junto a la ITT, están varias de las empresas de la Fundación Me­diterránea, los bancos Feigin, Mariva, Columbia y la Compañía Financiera Extrader. Sobre esta verdadera red delictiva se guarda el más absoluto de los silencios y las causas están rigurosamen­te cajoneadas por la administración Mos­tré y la justicia’ angelocista-mestrista. El relevo de las autoridades del Banco Provincia, para no chocar con la banca internacional, reconoce otra causa: el gobierno Mestre necesita apelar urgentemente al endeudamien­to, para sostener una administración que se cae a pesar del bárbaro ataque a los trabajadores.

Los miembros del charter a Neuquén firmaron un pronunciamiento “en contra de la persecución penal a los delegados y trabajadores del diario La Prensa, Jorge Luis Brodsky, Adrián Alvarez y Ernesto Gutiérrez, por considerar que derivar un conflicto eminentemente gremial al contexto del fuero penal constituye un precedente sumamente peligroso y grave, ya que significa lesionar derechos fundamentales consagrados por nuestra Constitución Nacional”, y solicitaron “se dé curso a las apelaciones de las condenas establecidas contra dichos trabajadores y el cese de las acciones judiciales contra Jorge Luis Brodsky”. Floreal Gorini (diputado nacional), Dionisia López Amador (Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas), Arnaldo M. Franzani (Centro de Estudiantes del Joaquín V. González-DD.HH.), Eliana de Panario (madre de Horacio Panario), Débora Villanueva y Verónica Lara (HIJOS Capital), Fabián Troitero (HIJOS La Plata), Margarita Cruz (Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos), Marcelo Ferrarotti (CALPP-Comisión Argentina por la Libertad de los Presos Políticos), Blanca Ester Barreras (esposa de Horacio Panario), Oscar Leguizamón (delegado general Banco Mayo-Secc. Bs. As.), Cristina B. Canelles (Comisión Gremial Interna Bco. Credicoop), Julián Monteros (Correpi), Antonio Alac (PC), Ricardo Napurí (periodista), Nora Ciapponi (Mas), Vladimir Jantus Castelli (Centro de Estudiantes Fac. Bellas Artes La Plata), Verónica Kreimer y Gustavo Muñiz (Mst), Mariano Kachanovzky y Déborah Joel Barceló (Js-Mst), Gustavo Palmieri (abogado de Horacio Panario), Susana Sacchi (Pts), Eduardo Saab (Comité Ejecutivo Jir-Te), C. Comari (Corriente Patria Libre), J. Forlino (PL), Esteban Latorre (MTP), Gregorio Jaimovich (Corriente Clasista y Combativa-Neuquén), M. Cambio (Ptp), Leonardo Malvestiti (Prl), Silvia Etcheber (docente UNTER), Gustavo San Martín (no docente UBA), Eloísa Prado, Marta Pequeño, Juliana García y siguen firmas.

Un gran proceso de luchas se ha desarrollado en Mendo­za contra los ataques del gobierno provincial (marchas de más de 10.000 trabajadores, etc.). El gobierno provincial que asumió el 10 de diciembre, sólo es nuevo desde el punto de vista legal. En realidad, es la continuación de la misma camisilla menemista del ex gobernador Gabrielli (ahora, senador nacional). El que fuera ministro de Economía, se trocó en vicegobernador. En el parlamento, a un equipo lo sucede otro con casi las mismas caras. De la pésima situación provincial no le pueden echar la culpa a nadie, llevan 8 años de gobierno. ¿Y la CGT? La CGT oficialista, aunque debilitada, sirvió una vez más de freno para las masas. La Coordinadora de Gremios Estatales lo hizo de tal forma, que la derrota —aunque provisoria— era previsible. Fue minada por la quinta columna menemista de la burocracia de ATSA, a la que no se atrevió a denunciar frente a los trabajadores. Obligado a enfrentar al gobierno, el aparato sindical se preocupó de ‘negociar’ la ‘disciplina’ de la marcha del 25 de enero, prometiendo actuar contra ‘activistas infiltrados ’. Recién el 27, en una solicitada llamando a manifestar el 29, se pronuncia contra la política general: “Si la Caja da pérdidas, por qué la Nación se interesa tanto. Hay un gran negocio, en el que la ‘coronita’ es la transferencia de la Caja”. El carácter gremial limitado dado a las marchas favoreció el desgaste de la movilización, junto a la traición de las direcciones sindicales burocráticas menemistas encabezadas por ATSA, que se sentaron a nego­ciar con los ministros la aplicación de los ataques contra los trabajadores. La Coordinadora El 8 de febrero, en un “Mensaje a los trabajadores estatales argentinos”, la Coordinadora de Gremios Esta­tales y Jubilados de Mendoza saca como balance que “a 5 años del inicio del plan de convertibilidad, los esta­tales argentinos, lejos de beneficiarnos con el paraíso que nos prometieron, hemos perdido sistemáticamen­te derechos laborales, previsionales y salariales y aho­ra nos encontramos frente a un enemigo común de extraordinarias dimensiones y fatales consecuencias: el pacto fiscal federal III... , que en realidad es la esencia de la concepción unitaria, regenteada por el Gobierno Central en nombre de las pautas impuestas por el FMI y el Banco Mundial”. La Coordinadora considera que “El reclamo sindical aislado ha perdido casi totalmente su eficacia históri­ca ante la manifiesta insensibilidad social de los go­biernos provinciales sometidos casi incondicional­mente al poder central... Lo cierto es que en la actualidad los trabajadores carecen de representación política que expre­se y defienda sus derechos con efica­cia”. De este balance abstracto, la Coordinadora extrae con­clusiones políticas igualmente abstractas, pues plantea que “este diagnóstico simple nos impone una consigna elemental: la unidad de los sectores agredidos por el modelo socioeconómico imperante”. Lo concreto es que para triunfar, había que marchar decididamente hacia la huelga general y reclamar, al CTA, MTA y a la CGT, el paro activo nacional. Esto fue lo que hicieron, en su momento los trabajadores metalúr­gicos fueguinos. Balance y organización El gobierno ganó la pulseada. Logró echar gente, dejar en nada el aporte gubernamental a la OSEP, trasladar la Caja. Pero se ha cavado una fosa con la población traba­jadora. Ahora se trata de sacar las conclusiones con los activistas y... prepararse. El PO mendocino sacó 5 volan­tes regionales durante este proceso de luchas y ha acerca­do a una cantidad de contactos de entre los trabajadores.

El congreso de CTERA no abrió ninguna perspectiva, en vísperas del comienzo de las clases, para enfrentar el gravísimo cuadro que soporta la docencia y la educación en general. Las delegaciones del interior se limitaron a ‘esperar’, y por supuesto, a ‘aceptar’, la propuesta que les ‘tiró’ Marta Maffei y la junta ejecutiva. Como se preveía, resultó ser un paro nacional para el próximo 21 de marzo, que no está enmarcado en ningún plan de lucha. A los periodistas que le preguntaron si no era insuficiente un “paro de un día”, Maffei les contestó que se “continuará” apoyando las luchas provinciales. ¿Cómo? ¿Sólo ‘las provincias’ tienen graves problemas? La conducta de los congresales de CTERA sólo se puede explicar por el agudo vaciamiento que se viene registrando en la organización. Los ‘congresales’, en términos generales, no están en condiciones de invocar la representación de los docentes, por la sencilla razón de que las reuniones previas en las jurisdicciones fueron una parodia o no se hicieron. La consigna de un plan de lucha de conjunto que conduzca a la huelga general sigue plenamente vigente, dado el colapso general de la educación. El paro del 21 debe ser aprovechado para impulsar esta perspectiva.