Prensa Obrera N° 483

El Consejo Directivo Nacional de la UTA se ha fracturado en dos. Babino, ex mano derecha de Palacios, que dirige la Mutual “10 de Enero”, ha denunciado un desfalco contra la Obra Social, que ésta “le cortó (a la Mutual) todos los servicios médico asistenciales y farmacéuticos, dejando a la deriva a miles de compañeros”. Babino y sus seguidores denuncian ahora, tardíamente, “el negocio de los que dirigen la Obra Social (Fernández-Palacios)... que vaciaron primero y entregaron después a dos clínicas, que antes de tomar la concesión exigieron que se cierren UTA Avellaneda, UTA Paraguay y el Materno-Infantil de Villa Martelli” (de un volante de mediados de febrero, firmado por “trabajadores y delegados asociados a la Mutual 10 de Enero”). Los denunciantes se preguntan “qué es lo que te impide (Fernández y Cía.) defendernos, por qué nos pagan cuando quieren, nos echan, nos toman por contrato, nos quitan el toma y deje, nos inhabilitan, y cuando paramos para defender nuestros derechos vos mandás a tus secuaces a desinflar para que levantemos el paro...” (de un volante sin firma de principios de febrero, que la mayoría del Consejo adjudicó a Balbino). Como solución al desfalco, Babino recurrió al expediente, sin consultar a nadie, de aumentar la cuota casi al doble (de 20 pesos a 38 pesos) “para darnos una cobertura digna” (del primer volante). Con salarios que promedian los 600/650 —y que las patronales quieren rebajar (¡El Halcón!) —esto significa que el 10% del magro salario se va para la atención de la salud, un caso único en el país (a los 38 pesos hay que sumar el 3% de aporte obligatorio).

A comienzos de enero, la UOM de Avellaneda pactó con la patronal de Aurora la suspensión de todos los trabajadores, seguida por las vacaciones anuales. De este modo, la planta permanecerá cerrada hasta comienzos de marzo. Para la burocracia de la UOM, este acuerdo era una ‘victoria’ que evitaba despidos masivos, aunque dispusiera una reducción salarial y limitará el compromiso de ‘no despedir’ hasta el 4 de marzo. Sin embargo, la patronal no pagó el aguinaldo, las quincenas adeudadas y las vacaciones antes del ‘licenciamiento’. Esto llevó a la Comisión Interna y al Cuerpo de Delegados a la ocupación de la fábrica. La toma se desarrolló en medio de una gran tensión entre los trabajadores y la dirección sindical. Cuando la patronal concretó el pago de la última quincena de enero, la Comisión Interna resolvió (sin asamblea) el levantamiento de la toma. Una semana después, se pagaron las vacaciones. Pero simultáneamente, la patronal cercenó parte de las vacaciones del personal de más antigüedad, o las transfirió a “algún otro momento del año”, con el argumento de “reiniciar el trabajo”. Lo que está en juego Los trabajadores terminan el verano con las vacaciones mutiladas y con la misma amenaza de despidos masivos. El nuevo directorio (dominado por la Grundig) quiere llevar adelante una ‘reorganización’: varios compañeros ya han sido “invitados a renunciar”, para incorporarse a “empresas” que prestarán “servicios” a Aurora (despacho, mantenimiento), con la pérdida completa de la antigüedad y la categoría. Necesitamos la asamblea general: hay que imponerle a la patronal la estabilidad laboral y la vigencia integral del convenio.

En agosto de 1987 se produjo un derrumbe simultáneo de todas las Bolsas del mundo, que hizo pensar en la inminencia del largamente anunciado ‘replay’ de la crisis de los años 30. ‘La crisis del 30’ fue la más catastrófica de la historia del capitalismo, fue una causa fundamental del ascenso del fascismo y condujo finalmente a la segunda guerra mundial. En 1987, la Bolsa de Nueva York perdió en un solo día un billón de dólares. La salida a la crisis fue dictada por una intervención excepcional del Estado norteamericano, que otorgó su aval a todos los préstamos de socorro que fueran necesarios para evitar una bancarrota generalizada. A los que sostienen que los tiempos que corren han consagrado la subordinación del Estado al mercado, no sólo habrá que recordarles que eso es tan antiguo como el capitalismo sino que, cuando más se manifiesta la subordinación es en la crisis, cuando el Estado sale a reemplazar al mercado en el rescate de los capitalistas (fenómeno que es conocido como ‘estatismo’). ¿El ‘replay’ que no tuvo lugar en el ’87 puede producirse ahora? Es lo que parecería traslucirse de los titulares de los principales diarios financieros. “Dedos sobre el botón del pánico”, “Wall Street sufre un ataque de nervios” (Financial Times, 22 y 24/2); “¿Se va a pinchar la fiesta cuando se seque el dinero japonés?” (The Economist, 17/2); “¿Es posible un nuevo crac financiero a nivel mundial?”. “Lunes negro en mercados” (Ambito Financiero, 21 y 27/2). Derrumbe instalado El tiempo futuro con que se conjugan esos titulares está fuera de lugar. Desde hace bastante tiempo, el capitalismo mundial viene registrando una serie de explosiones atómicas en todas las ramas de la industria y del comercio. Los bancos han visto caer de su pedestal al Credit Lyonnais y a Baring Brothers, entre otros; la industria militar alemana y francesa están en bancarrota, con anuncios de cierres y fusiones; la industria naval europea se encuentra en convocatoria de acreedores, clamando por una guerra comercial contra Japón; la ATT tuvo que despedir a 40.000 personas; la industria automotriz alemana acaba de anunciar un plan para eliminar cien mil puestos de trabajo; “la quiebra de empresas medianas, con un giro de más de 20 millones de dólares, ha aumentado fuertemente en 1995” (Le Monde, 18/2); la automotriz Volvo está a punto de desaparecer; en la aeronáutica, Alitalia, Iberia y Air France sobreviven por medio de subsidios estatales; en la industria aeroespacial, el emprendimiento Airbus está a punto de sucumbir y su socio alemán, Aerospatiale, de la Mercedes Benz, probablemente cierre; el conjunto del sistema financiero japonés se encuentra en una sala de terapia intensiva a cargo de los principales bancos centrales. La lista es considerablemente más larga; la especulación capitalista, y la financiera en particular, tiene lugar en un marco de estallidos sistemáticos del régimen capitalista. Del pico al pozo Lo que ha estado inquietando a los especuladores internacionales ha sido la meteórica suba de la Bolsa norteamericana, cuyo ritmo ha superado por lejos el crecimiento de las ganancias empresarias. De manera tal que, con la suba de las acciones, su rendimiento ha ido cayendo. Según The Economist, el promedio de las acciones que se cotizan en Wall Street está rindiendo 5,5 centavos por dólar y una caída por debajo de los 5 centavos sería considerada como una señal de peligro. Este promedio oculta, sin embargo, que el rendimiento de las compañías más grandes se encuentra por debajo de la línea, por cuanto sus acciones fueron las que más han subido. Durante varios meses, el optimismo de los especuladores se vio alimentado por el hecho de que los intereses de los títulos públicos de los Estados Unidos estaban cayendo, lo que hacía rentable sacar préstamos a menor interés para comprar acciones de rendimiento mayor. Sin embargo, desde hace más de un mes los intereses de los bonos han comenzado a subir y hasta se han colocado por encima del rendimiento accionario. De persistir esta situación, se producirá una venta masiva de acciones y un derrumbe de este mercado para poder pagar los préstamos contraídos. Los rendimientos de las acciones han caído tanto como consecuencia de la inflación de sus precios, que el negocio bursátil ha dejado de ser ese rendimiento y ha pasado a ser la expectativa de que un crecimiento de los beneficios empresarios y una caída de las tasas de interés promueva un crecimiento continuo de los precios de las acciones en su poder. Esta variante, sin embargo, obliga al tenedor de las acciones a venderlas si quiere realizar su beneficio en dinero, algo que en caso de producirse en forma simultánea produciría el efecto de derrumbar los precios que estaban subiendo. Por eso, la mayor parte de las ganancias que se adjudican los especuladores no son tales, sólo figuran en el papel, y están amenazadas por un derrumbe de las cotizaciones. Desequilibrio mundial Los mercados de títulos y de acciones subieron en los últimos meses más allá de lo que autorizaban las ganancias empresarias, como consecuencia de una política concertada entre Estados Unidos y Japón para evitar el derrumbe bancario japonés. Este pacto autorizó a Japón a comprar masivamente títulos americanos para levantar la cotización del dólar y bajar relativamente la del yen, y devolver competitividad a la industria japonesa amenazada por un yen sobrevaluado. Los títulos norteamericanos subieron, la tasa de interés bajó y el mercado de acciones se fue para arriba. Una parte de los especuladores norteamericanos tomaba préstamos en Japón al 0,5% anual y lo invertía en títulos o acciones en Estados Unidos, que tenían un rendimiento diez veces superior. En las últimas semanas, este mecanismo dejó de funcionar, ya que el dólar empezó a caer. Los depositantes japoneses, por otro lado, han comenzado a retirar su dinero de los bancos japoneses, presionando así a una suba de la tasa de interés. Alemania se vio perjudicada por este juego, ya que la desvalorización del yen la dejó fuera de competencia, en particular en la golpeada industria naval. La Unión Europea amenazó a Japón con represalias si no dejaba de manipular su moneda. “Entrar en una carrera de devaluaciones competitivas con Japón”, dice un analista que sabe (Financial Times, 24/2), “no es una política instintiva propia del duro banco central alemán. De todo, modos, es intrigante pensar en las consecuencias en caso de que los bancos centrales europeos comenzaran a forzar una revaluación de la divisa japonesa... Los cracs podrían comenzar a aparecer”. Una crisis monetaria seguramente descabezaría a las Bolsas, toda vez que la sola expectativa de una desvalorización del dólar provocaría una huida de capitales de Estados Unidos. Advertido de esta situación, un reciente editorial del Financial Times (24/2) declara oficiosamente: “Podrían presentarse tiempos turbulentos para los activos en dólares, pero los americanos pueden quedarse tranquilos de que los bancos en Europa continental y Japón van a hacer todo lo que puedan para evitar un desastre”. Es decir, bajar aún más sus tasas de interés, emitir más moneda, recurrir a la inflación. Pero esto es lo que ya están haciendo los gobiernos de Europa y Japón. “Hubo una vez”, dice el mencionado comentarista, “que los bancos centrales buscaban estabilizar los mercados, pero ahora... están ansiosos por vender la deuda pública de sus gobiernos al precio más alto posible, lo que significa inclinarse ante los deseos de los especuladores”. En efecto, la especulación está alimentada por una gigantesca deuda pública, que se renueva en forma constante, presionando a la creación de un masa monetaria creciente destinada a fines especulativos. Esta política ha inflado los títulos y las acciones y desvalorizado consecuentemente sus rendimientos, preparando así las condiciones de un crac. Los bancos centrales se han transformado en grandes transfusores de sangre para la especulación internacional, agotando los recursos económicos de todos los países. El aspecto último de la crisis financiera que se visualiza es el retroceso que han vuelto a tener las ganancias empresarias, incluso en las de tecnología de punta, lo cual se debe en todos los casos a un exceso de capacidad de producción con relación a la demanda, que obliga a reducir los precios. Esto significa, que luego de veinte años de ‘reestructuración’ internacional, despidos masivos, superexplotación y concentración económica, el capitalismo no ha logrado superar la tendencia declinante de la tasa de beneficios a largo plazo. La recesión en curso en Alemania, Japón, Francia, y la que se vislumbra en Estados Unidos, se presenta entonces como el factor final que contribuye a la expectativa de un crac financiero.

El convenio firmado por el ‘patrón’ del Smata, José Rodríguez, y la Fiat, no se limita solamente a fijar salarios de 400 pesos mensuales, o a rebajar a los trabajadores a la categoría de‘aprendices’, o a establecer horarios flexibles, de mañana, tarde o noche, a total antojo de la patronal. También es un golpe demoledor a la organización sindical de fábrica. El convenio fija que la Comisión interna será de 3 miembros hasta los 1.500 trabajadores y de 4 cuando supere este número. Si se cumple el propósito declarado de ocupar a 5.000 trabajadores, la Comisión interna se reducirá a sólo 4 personas, una cada 1.250 trabajadores. En cuanto al número de delegados, dice que “corresponderá al establecido por la legislación específica vigente”, la cual las patronales quieren modificar para llevar la proporción de delegados a 1 cada 100 trabajadores. El convenio define las relaciones obrero-patronales como un sistema “orientado hacia la ampliación de los momentos y de los ámbitos del diálogo”, que priorice “la participación, la capacitación y la información”. El sindicato deja de defender a los trabajadores en beneficio de la ‘participación’ con la patronal. En función de esto, el convenio define “procedimientos de conciliación interna que preceden a los previstos por la ley”. Que “preceden a la ley” significa que la violan. Estos procedimientos consisten básicamente en eliminar el rol del delegado como portavoz de los reclamos de los trabajadores de su sección. El trabajador no podrá acudir directamente al delegado ante cualquier problema, como por ejemplo una suspensión o despido; deberá hacerlo “ante el empleador o la persona que éste designe”. De no obtener satisfacción, deberá dirigirse al responsable de la sección. Sólo después de fracasar en estas dos instancias, podrá convocar al delegado gremial para que trate el problema con la empresa. Sólo en el caso de persistir el reclamo, podrá ser girado a la Comisión Interna. Pero otro artículo del convenio, establece que “en todos los casos el temario a ser tratado en las reuniones programadas deberá ser presentado por escrito con una anticipación de 48 horas” y que las partes “deberán actuar en coherencia con los principios de participación que inspiran el presente acuerdo”. No obstante, “queda sobrentendido que hasta la conclusión del procedimiento las partes se comprometen a abstenerse de toda acción de carácter colectivo o individual que afecte los intereses de cualquiera de ellas vinculado a la controversia cuyo procedimiento todavía está en marcha”. Entre el inicio del reclamo y la finalización del procedimiento interno pueden transcurrir tiempos infinitos, ya que el convenio no establece plazos ni fechas para su resolución. Este mismo ‘procedimiento’ se encuentra en el acuerdo de José Rodríguez con la General Motors, lo que muestra que se trata de una política nacional de la burocracia. En el convenio de GM se dice que “cuando un empleado considere que una situación lo afecta en forma personal, deberá referir la misma... al responsable de la sección. De no satisfacerle la respuesta, o no ser contestada en un plazo razonable, el empleado deberá elevar la cuestión a consideración de Recursos Humanos de GM. De subsistir la inquietud, el empleado deberá requerir la intervención del Director de Relaciones Industriales, el cual, por sí o por intermedio de la persona que él indique, deberá convocar al delegado gremial, a fin de que en forma conjunta, atiendan y consideren la situación planteada. De no hallarse una solución justa y equitativa, agotada la instancia prevista, se labrará un acta, que firmarán las partes y el empleado, donde se dejará constancia de la situación planteada y la posición de los intervinientes, la que podrá ser elevada para su tratamiento a la comisión mixta, quien hará todos los esfuerzos posibles para arribar a una definición, la que si no se alcanzara, se decidirá de acuerdo al sistema establecido por la legislación vigente en la materia”. El PO ha lanzado una campaña nacional contra los convenios de GM y Fiat. Los ejes de esa campaña son: * Jornada máxima de 8 horas. Pago de las horas extras * Salario mínimo de 1.500 pesos * Respeto integral de las categorías * Vacaciones en verano * Ningún despido, reparto de las horas de trabajo entre todo el plantel obrero sin afectar el salario * Un delegado cada 30 trabajadores

1 • Abajo el régimen fundido de Menem y Cavallo, que arrastra y quiere arrastrar todavía más a los explotados y al país a su propio hundimiento; 2 • Que la crisis la paguen ellos; 3 • Que se abran las cuentas del Estado y de los capitalistas; 4 • Por un seguro al parado de 500 pesos; por una jubilación mínima de 400 pesos; por un salario mínimo igual a la canasta familiar (1.100 pesos); escala móvil de horas de trabajo; abajo todas las formas de flexibilización laboral y de desconocimiento del contrato colectivo de trabajo; apoyo a todas las reivindicaciones populares; 5 • No a la privatización de la salud ni de las Obras Sociales, por una salud estatal y gratuita bajo control y gestión de los trabajadores; 6 • Por la unificación de todas las luchas con una plataforma única: huelga general; 7 • Fuera Menem-Cavallo y sus gobernadores; 8 • Asambleas Populares, congresos de bases y congresos de trabajadores en todas las provincias y el país; denunciamos el planteo de formar ‘multisectoriales’ con las patronales grandes y ‘pequeñas’ , como una política de recambio del sistema, de ‘paz social’ y de derrota de los trabajadores. 9 • Reconstruyamos y desarrollemos la organización obrera y de las masas, reventada por la burocracia sindical de todas las tendencias; 10 • Formemos una dirección revolucionaria reclutando a la nueva generación de luchadores; 11 • Por un gobierno de los trabajadores. Por la unidad socialista de América Latina.

A pesar de la continuación de los atentados del IRA, funcionarios del gobierno británico se reunieron el lunes 26 con representantes del Sinn Fein, la rama política del IRA. Martin McGuinness, jefe del Sinn Fein, declaró que el propósito de la reunión era “examinar la posibilidad de reconstruir el proceso de paz” (Financial Times, 26/2). Se confirma de este modo la caracterización de la crisis de esas negociaciones efectuada en estas páginas (Prensa Obrera, 20/2). La crisis fue desatada por el gobierno inglés al exigir el desarme del IRA previo a cualquier negociación y al plantear la realización de elecciones en Irlanda del Norte (Ulster), que tendrían como consecuencia crear un gobierno de hecho de la mayoría local, partidaria de mantenerse en Gran Bretaña. Estos planteos fueron vivamente criticados por una comisión encabezada por el senador norteamericano George Mitchell, lo que dejó al desnudo, otra vez más, el violento enfrentamiento que opone a Clinton y Major. La mayoría pro-británica gobernó Irlanda del Norte hasta 1972, cuando los ingleses la sustituyeron por una administración directa de Gran Bretaña, para hacer frente a la creciente guerra civil. El Sinn Fein procura ‘reconstruir el proceso’ en momentos en que los otros partidos nacionalistas de Irlanda del Norte y el gobierno de la República de Irlanda (Sur) parecen aceptar el planteo inglés de convocar a elecciones en su colonia del norte. Major ha logrado mantener en pie su propuesta al aceptar también la propuesta de los nacionalistas de que se forme en forma paralela una mesa de negociación con todas las partes involucradas, probablemente paritaria. Es decir que el IRA entra a la nueva fase con más condicionamientos que antes. La semana que pasó, el gobierno norteamericano había negado informes de prensa que aseguraban que “pretendía rechazar la renovación de la visa de ingreso para Gerry Adams, al cual se espera en Washington para las celebraciones de la fiesta de San Patricio el próximo 17/3” (Financial Times, 22/2). Esta posición de los yanquis no ha cambiado hasta el momento a pesar de la campaña de la prensa inglesa denunciando que el IRA juntó un millón y medio de dólares en Estados Unidos con un destino impreciso. Está claro que el imperialismo yanqui no ve a la ‘pacificación’ de Irlanda con los lentes ingleses. Para la burguesía norteamericana, es un arma para desplazar a sus competidores británicos de Irlanda y para reforzar sus medios de penetración en Europa. El pueblo de Irlanda no sigue indiferente los acontecimientos. El 28 de enero pasado, más de diez mil personas marcharon en Derry, en el norte del país, para protestar contra la exigencia de Major de que el IRA deponga las armas antes de iniciar conversaciones. El domingo pasado, varias decenas de miles marcharon en distintas ciudades para reclamar negociaciones sin condiciones previas.

El régimen menemo-cavallista se encuentra verdaderamente acorralado. La economía nacional ha caído nuevamente en enero en un catastrófico 13 por ciento. La recaudación de impuestos sigue en picada y, como consecuencia, sube el déficit fiscal y el endeudamiento del Estado. La moratoria impositiva y previsional de fines del año pasado, exaltada como un éxito supremo, no es cumplida en un 40% ya en su segunda cuota. Se anuncian índices de desocupación y de subocupación que sobrepasan el 35% de la población activa, o sea, más de cuatro millones de personas. Por último, la famosa Bolsa, los famosos bonos y las famosas acciones se van cayendo a un ritmo superior al que les marca la crisis financiera mundial. Los especuladores internacionales se han transformado en parte del problema del ‘plan Cavallo’, no de sus soluciones. Ante el aluvión de descalabros, para peor inesperados, los voceros y representantes de las grandes patronales dicen que la salida es reforzar el ataque a los trabajadores. El déficit previsional, de casi cinco mil millones de dólares, provocado por la crisis económica y la rebaja y la evasión de los aportes patronales, puede remediarse aumentando la edad de jubilación de la mujer, modificando la fórmula de cálculo de las jubilaciones, no pagando lo que determinan las sentencias judiciales. El descomunal déficit de las provincias, de 15.000 millones de dólares, puede resolverse despidiendo y bajando salarios. La incapacidad tecnológica de la industria argentina y la debilidad económica de la burguesía en términos internacionales, tiene una salida pagando salarios de aprendices, desconociendo la calificación técnica de los obreros, disponiendo del tiempo de éstos de acuerdo a la marcha de la crisis y despidiendo en masa. Esta política ha fracasado y seguirá fracasando. El ‘modelo’ de sociedad de ellos es una tragedia para la mayoría del pueblo. Se impone entonces una lucha de conjunto, pues sólo ésta puede torcerle el brazo a este régimen.

Los sindicatos mineros de Ucrania levantaron la semana pasada la huelga que mantuvieron durante dos semanas, sin obtener ninguna satisfacción a sus reclamos. El gobierno se mantuvo firme en sus compromisos con el FMI, a pesar de la seria crisis energética que provocó la huelga en medio del invierno boreal. El retroceso de los trabajadores arroja luz sobre los daños que causa la división con los mineros rusos, que sí consiguieron hacer retroceder a Yeltsin en varias cuestiones, al punto que el FMI se declaró preocupado de que “las promesas presupuestarias de Yeltsin puedan socavar las reformas de mercado en Rusia” (The New York Times, 31/1). De cualquier manera, la situación laboral en Rusia está lejos de apaciguarse, mientras siguen las protestas y movilizaciones de varias categorías de trabajadores.

El pasado jueves 22 de febrero se realizó la movilización provincial contra el ‘ajustazo’ de Sapag. Más de 4.000 compañeros, con delegaciones de todas las localidades del interior, nos concentramos en el monumento a San Martín, para desde allí marchar primero a la sede del Consejo Provincial de Educación y luego realizar un masivo acto frente al despacho mismo del gobernador. Los docentes constituyeron por lejos la columna más importante, contrastanto con la escasa columna que aportó la Comisión Directiva de ATE. También se movilizaron los judiciales, municipales, legislativos, docentes universitarios, la Coordinadora de Desocupados y partidos de izquierda. Fue la movilización más numerosa y la más combativa desde que asumió Sapag. La dirigencia de los gremios estatales ha tenido que ponerse a la cabeza de esta lucha, luego de haber apoyado en un principio los primeros decretos sapagistas. Es así que inició un proceso de organización y unidad de los gremios y de ocupados y desocupados, en los plenarios de la Coordinadora de Gremios. Los plenarios han ido creciendo de 150 a más de 250 delegados y activistas, y han ido sumando a trabajadores de otros gremios (bancarios, etcétera). Las primeras medidas de lucha en enero, provocaron un retroceso del gobierno, el cual tuvo que reinstalar bonificaciones salariales que habían sido anuladas. Queda el sector docente como el más golpeado por la rebaja salarial y el quite de conquistas laborales. En docentes es creciente la participación en las asambleas y en las movilizaciones. Los docentes sufren también la reducción de la mitad de la bonificación por zona desfavorable, la quita del pago de proporcional de vacaciones a todo un sector, la prórroga para junio del llamado a ingreso a la docencia, la prohibición de convocar a un docente suplente si la licencia a cubrir no es superior a los diez días, etcétera. Sapag va instrumentando así la aplicación de la Ley Federal de Educación y preparando el terreno para la municipalización y cierre de escuelas. En este sentido, otro de los decretos modifica la bonificación por ubicación desfavorable que gozan muchas escuelas del interior y de parajes alejados, donde se han llegado a cerrar escuelas (caso reciente en la zona de Piedra del Aguila), en tanto en otras se ha dejado cesante al personal de porteros. La directiva de ATEN capital ha planteado el “no inicio normal”, es decir que propicia el inicio de clases ‘anormal’. La secretaria de CTERA, Marta Maffei, estuvo en la movilización y habló en el acto, y si bien dijo que hay muchas provincias con docentes en lucha... no planteó ningún plan de lucha nacional. El reclamo de un plan de lucha de conjunto y nacional surge a cada paso que da el movimiento. Es posible que el próximo plenario de la Coordinadora de Gremios vote un paro provincial. Como dice un folleto de nuestro partido, el gobierno de Sapag no es un gobierno ‘fuerte’ (a pesar del 60% de votos), sino un gobierno debilitado por sus rencillas internas. La rápida movilización de los trabajadores en pleno enero acentuó las luchas entre las camarillas en la Legislatura y empantanó la salida de la ley de ‘emergencia’. El gobierno ha debido retroceder en la quita de bonificaciones a sectores de la administración y de salud, y no ha conseguido dar respaldo ‘legal’ a los decretazos. También anunció presuroso el cronograma de pago del subsidio a los desocupados, ante la amenaza de éstos de movilizarse ante el atraso en los pagos. Cuestiones más generales, como el rechazo al incremento del boleto, que crece en las barriadas, y otros temas, van marcando la confluencia de un movimiento reivindicativo, que en la medida que encuentre su cauce, abrirá curso a la rebelión popular. Esto recién comienza. No hay triunfadores ni derrotados, sólo avances o retrocesos parciales.

El rector radical Lima y la Franja Morada necesitaron de la policía de Duhalde-Piotti para adaptar los Estatutos de la Universidad a la Ley de Educación Superior impuesta por el Banco Mundial. La ‘Asamblea’ sesionó mientras una parte de los asambleístas opositores estaban presos (consejeros estudiantiles), lo cual la descalifica jurídicamente y demuestra la hipocresía acerca del ‘disenso democrático’ en el marco del ‘funcionamiento de las instituciones’. Los radicales chantajearon con la tesis de que si ellos no hacían la ‘reforma’, venía la intervención del gobierno a la Universidad, sin percibir que el actual régimen universitario la hace innecesaria. ¿Qué se votó? Adentro de la Biblioteca de la Universidad y al amparo de los gases lacrimógenos, se votaron: 1) Los artículos que impulsan la “venta de servicios a terceros” como fuente de financiamiento, el corazón de la privatización educativa. 2) La restricción al ingreso, al dejar en pie el módulo de admisibilidad de Medicina (que deja afuera a más de la mitad de los aspirantes todos los años) y el limitacionismo en toda la Universidad. 3) El monopolio de la representación del claustro docente para los profesores titulares, pues los auxiliares y jefes de trabajos prácticos, que son mayoría, votarán en un subclaustro. 4) Elevar los requisitos para ser representante estudiantil a condiciones proscriptivas, y otorgar dos reelecciones más —va por la primera— al actual rector. 5) Avalar los aranceles de las carreras y cursos de posgrado en la línea del Banco Mundial “de implementar los cambios en forma gradual logrando consenso en las reformas...” (Informe Nº13835-AR).

El “paro comunitario” anunciado por la multisectorial de Morón para el viernes 23 brilló por su ausencia, y el acto frente a la intendencia fue un fracaso en términos de movilización. ¿Estamos en presencia de una ‘tirada de toalla’ de la dirección de esta lucha, que responde al CTA-MTA y al bloque ‘liberal’ de la Iglesia? Al cabo de 60 días de lucha, es claro que el “paro a la japonesa” y la “mediación eclesiástica” con Duhalde y Rousselot no han dado ningún resultado. El gobierno ha explotado a fondo las limitaciones insalvables de la dirección del conflicto. Agotados prácticamente los recursos de las colectas y rifas de las Asociaciones de Profesionales reunidas en torno a la CICOP, ahora están cuestionados los pagos de los haberes de los compañeros despedidos que siguen trabajando. Estos vienen defeccionando crecientemente ante la ofensiva del Sindicato Municipal menemista, el cual ha pasado a prometer “reincorporaciones” a cambio de la deserción. A esto, Lascaleia y Cía. no le han dado una respuesta y se han negado a desenvolver a fondo la acción de Comités de Vecinos para impulsar un Fondo de Huelga. Han transformado asimismo el “paro a la japonesa” en un calvario para activos y los desocupados, que siguen trabajando en el hospital. Es que el mantenimiento de todos los servicios con más de 130/150 compañeros que han desertado, los ha obligado a recortar los francos y a ejercer una política “flexibilizadora” y “racionalizadora”. Es necesario un cambio radical de política. Es necesario ocupar activamente el hospital y paralizarlo completamente hasta la total reincorporación de todos los despedidos. Hay que plantear un paro regional.

Ni siquiera el gobierno norteamericano desconoce que las avionetas derribadas por un caza cubano, sobrevolaban el espacio aéreo de Cuba. El diario de los grandes capitalistas, The Wall Street Journal, informó que “No cabe duda que Hermanos del Rescate, grupo de exiliados propietario de los aviones derribados, había provocado a Castro. Dos veces este año, el grupo sobrevoló la capital cubana y lanzó volantes anticastristas. Y por lo menos uno de los aviones del grupo de tres que fue atacado penetró en el espacio aéreo cubano, dicen funcionarios gubernamentales” (27/2). Esta incontrovertible admisión de responsabilidades da crédito a las afirmaciones de Ricardo Alarcón, presidente de la Asamblea Nacional de Cuba, de que “las dos avionetas estadounidenses que fueron derribadas por un Mig-29 estaban sobre su espacio territorial y que Estados Unidos sabía de esto” (Página 12, 27/2). La ayuda humanitaria a los balseros que alegan como pretexto los merodeadores del espacio cubano, también delata su finalidad provocadora, debido a que existe un acuerdo de emigración legal hacia los Estados Unidos, que fue firmado hace un año, para poner fin a la salida clandestina de quienes quieren abandonar la isla. La cuestión política que plantea el incidente es, sin embargo, por qué el gobierno de Cuba no recurrió a medidas “no letales” contra las avionetas, sabiendo que su derribamiento entrañaría represalias norteamericanas. Por otro lado, por qué el gobierno de Clinton decidió cancelar medidas económicas que había tomado para impulsar la penetración capitalista en Cuba, cuando sabe perfectamente que los cubanos actuaron conforme a derecho. Todo parece indicar que Fidel Castro tomó la decisión más drástica de las que disponía en función de contrarrestrar una presión creciente de Estados Unidos y de la Unión Europea para proceder a una ‘democratización’ política. El gobierno cubano sigue en este asunto la línea del chino, que consiste en alentar la restauración capitalista sin permitir la menor alteración en su monopolio del poder o el menor cambio en su régimen político. Pocas horas antes de este incidente, las fuerzas de seguridad de Cuba desmantelaron una reunión prevista por un frente de organizaciones disidentes, Concilio Cubano, arrestando a numerosas personas que tenían la intención de participar. Una portavoz del ministerio de relaciones exteriores de Cuba acusó a los Estados Unidos de “apoyar y financiar al movimiento disidente”. Financial Times (24/2), que da la noticia, agrega que “la Unión Europea ha urgido al presidente Fidel Castro a considerar la reforma política del sistema comunista cubano como parte de las conversaciones previstas para un futuro acuerdo de cooperación entre Europa y Cuba”. La Unión Europea ha juzgado irrelevante que el derribamiento haya ocurrido en aguas cubanas, pues lo condena “independientemente de las circunstancias” (La Nación, 27/2). La medida del acercamiento entre Estados Unidos y Cuba en los últimos tiempos, como consecuencia de la presión que ejercen los grandes capitales internacionales y norteamericanos, lo ofrece la cifra de 800 millones de dólares anuales en que han sido evaluadas las transferencias que recibe la isla por diferentes conceptos. Estos importes, sin embargo, están muy lejos de compensar los perjuicios que el bloqueo yanqui le causa a la economía cubana. Lo ocurrido el fin de semana pasado ha sacado a luz una dura negociación internacional en torno a Cuba y servirá como ocasión para replanteos que en ningún caso cuestionarán la decisión estratégica de reconvertir a Cuba en una arena de acumulación del capitalismo mundial. Es natural que el gobierno de Cuba considere a la incursión de las avionetas como una provocación, cuando una reciente ley cubana autoriza a los exiliados a participar de los procesos de privatización y a viajar libremente a la isla, además de otorgarles garantías impecables en lo relativo a la propiedad privada. Un importante sector del imperialismo norteamericano comparte con Castro la tesis de que la penetración capitalista no debe ir acompañada de la llamada ‘democratización’ política; el año pasado el Pentágono emitió un documento en el que señala que la permanencia del régimen actual es la única garantía de una ‘transición pacífica’ en Cuba.

En medio de la cadencia embriagadora de los redoblantes, bombos y maracas, las amañadas scolas do samba de nuestro subtropical suelo correntino, por un instante en un alocado y frenético ritmo, catalizan y disimulan el agudo conflicto político-social que ahoga a la provincia. Pero en el desenfrenado éxtasis de la endiablada danza, donde se confunden desocupados, trabajadores y pudientes, Rey Momo (el gobernador Romero Feris) no está. El y su corte de bufones comparseros, los legisladores, justicialistas, radicales y chacho-bordonistas, refugiados en sus respectivos clubes privados: El ejecutivo y el parlamento tejen y entretejen, en un aparente enfrentamiento, la confiscación salarial de los trabajadores provinciales. Rey Momo (Romero Feris) amenaza aplicar un decretazo al estilo Menem, que le permitiría sustraer de los bolsillos de los trabajadores el 25% de sus salarios; por su parte, los legisladores del PJ-UCR y frepasistas alientan una política de consenso y quite proporcional, es decir, el ajuste anestesiado con aspirinas de la conocida farmacopea parlamentaria. A estas máscaras de conocida trayectoria nacional, no podían estar ausentes el CTA y el MTA, proponiedo la repodrida posición de recurrir a la justicia en el caso de producirse la expropiación salarial, vía decreto, sin el guiño parlamentario. En este marco político de alternativas nulas, en cuanto a las fuerzas que intervienen, se jugará la suerte de los trabajadores provinciales. La oposición al ajuste es general pero carece de una expresión política organizada que pueda jugar un rol político importante en esta circunstancia; en la mayoría de los municipios, el atraso salarial es moneda corriente que manejan los trabajadores; el repudio y la bronca sólo se manifiesta de manera dispersa y atomizada. El núcleo de los compañeros del PO de Curuzú Cuatiá ha hecho oír su voz en los medios locales, emitiendo un comunicado de prensa, donde llamamos a rechazar la expropiación salarial, convocando a organizar una asamblea popular que discuta un plan de lucha para enfrentar y derrotar el saqueo; propusimos el acceso y apertura contable de los libros de los municipios, de la provincia y del Banco de Corrientes S.A., que echaría luz a la crisis existente, permitiendo conocer dónde están los recursos negados a los trabajadores. La crisis política de nuestra provincia está lejos de cerrarse con el decreto del Rey Momo (Romero Feris); el paréntesis abierto en esta etapa desafía, una vez más, a los trabajadores correntinos, a buscar en el terreno de la lucha la independencia política que les permita sacudirse la política leguleya de los burócratas sindicales. Al cierre de esta nota (28/1) se estaría terminando de confeccionar el decreto de necesidad y urgencia, por el ejecutivo provincial.

El rector radical Lima y la Franja Morada necesitaron de la policía de Duhalde-Piotti para adaptar los Estatutos de la Universidad a la Ley de Educación Superior impuesta por el Banco Mundial. La ‘Asamblea’ sesionó mientras una parte de los asambleístas opositores estaban presos (consejeros estudiantiles), lo cual la descalifica jurídicamente y demuestra la hipocresía acerca del ‘disenso democrático’ en el marco del ‘funcionamiento de las instituciones’. Los radicales chantajearon con la tesis de que si ellos no hacían la ‘reforma’, venía la intervención del gobierno a la Universidad, sin percibir que el actual régimen universitario la hace innecesaria. ¿Qué se votó? Adentro de la Biblioteca de la Universidad y al amparo de los gases lacrimógenos, se votaron: 1) Los artículos que impulsan la “venta de servicios a terceros” como fuente de financiamiento, el corazón de la privatización educativa. 2) La restricción al ingreso, al dejar en pie el módulo de admisibilidad de Medicina (que deja afuera a más de la mitad de los aspirantes todos los años) y el limitacionismo en toda la Universidad. 3) El monopolio de la representación del claustro docente para los profesores titulares, pues los auxiliares y jefes de trabajos prácticos, que son mayoría, votarán en un subclaustro. 4) Elevar los requisitos para ser representante estudiantil a condiciones proscriptivas, y otorgar dos reelecciones más —va por la primera— al actual rector. 5) Avalar los aranceles de las carreras y cursos de posgrado en la línea del Banco Mundial “de implementar los cambios en forma gradual logrando consenso en las reformas...” (Informe Nº13835-AR).

En una columna de “opinión”, el diario La Hoja, del municipio bonaerense de San Miguel, publica en su edición del 21 de febrero pasado, una aguda denuncia de la situación del Hospital Larcade, firmada por el Foro Regional Multisectorial, el que concluye su análisis con un llamado a “abrir las cuentas”. Carta Abierta En vez de cerrar los números hay que abrirlos; queremos saber qué pasa con las cuentas municipales. Doscientos cuarenta y nueve despidos efectivizados y otros doscientos ochenta traslados potenciales desde el Hospital Larcade al Mercante (provincial), son justificados por el intendente De Luca con la frase “los números tienen que cerrar”. ¿Se cierran los servicios para cerra números? La tan mentada convertibilidad desde 1992 debiera haber garantizado la estabilidad: igual cantidad de servicios –igual cantidad de gastos– igual cantidad de ingresos. Ahora se achica y cierra un servicio básico municipal como es el de salud, porque los números tienen que cerrar. Solamente un pensamiento cerrado en la obediencia no tiene en cuenta: - Que el hospital Larcade de San Miguel es el único polivalente de toda la región, caracterizado como hospital zonal por la Región Sanitaria V de la provincia de Buenos Aires. - Que durante el mes de enero de 1996, el 64% de todas las parturientas atendidas y el 63% de los internados provienen de los municipios vecinos. - Que el hospital Mercante, pese a su inauguración, todavía no está totalmente habilitado. - Que los hospitales similares al Larcade de la provincia de Buenos Aires tienen un mayor número de agentes por cama que el nuestro, que gastan por egreso de pacientes y consultas externas igual o más y que es la misma Zona V —organismo dependiente del ministerio provincial de Salud— la que, en estudios realizados el año pasado, prevé la “necesidad de crecimiento de las prestaciones” del hospital de San Miguel. - Que de efectuarse finalmente el achique para que las cuentas cierren, se destruirán servicios esenciales como Neonatología, Pediatría, Clínica Médica, Maternidad y Guardia. - Que después de más de 6 años de su planificación y propuesta, los 37 nuevos consultorios externos que se anuncia serán inaugurados, necesitarán el personal especializado y entrenado (mucamas, enfermeras y administrativos) que ahora, paradójicamente, se expulsa. - Que por disentir con el plan gubernamental y advertir sobre la destrucción de un servicio social básico, son perseguidos con cesantías y sumarios profesionales y no profesionales de vasta experiencia adquirida, cuyo entrenamiento fue una inversión de toda la sociedad. Creemos que en vez de cerrar, llegó la hora de abrir las cuentas.

El miércoles 21 se tomó la Facultad de Ciencias Sociales local, en solidaridad con los estudiantes platenses y contra la Ley de Educación Superior. Alrededor de doscientos manifestantes recorrieron las calles céntricas y realizaron una sentada que cortó el tránsito por veinte minutos. Los estudiantes fustigaron a la dirección franjista de la Universidad de La Plata: “Denunciamos —dice un comunicado de la oposición (Utopía 18)— la complicidad de esa dirigencia que, mientras se reprimía a los compañeros, facilitaban la imposición de la Ley de Enseñanza Superior en esa Universidad. Tanto la dirigencia de la FUA como Franja Morada demostraron una vez más su accionar traidor frente a la lucha de la resistencia estudiantil”. La dirección del Centro de Estudiantes de Ingeniería (Franja Morada) se ‘borro’. Está prevista una nueva manifestación en quince días con la participación de otras agrupaciones estudiantiles y facultades de la Universidad del Centro.

La situación educativa y de los docentes es muy grave. No hay provincia que escape al cuadro de reducción de salarios, atrasos de los pagos, pago en bonos, cesantías, eliminación de miles de horas-cátedra y no renovación de contratos, supresión parcial o total del estatuto del docente. El hundimiento del ‘plan’ Cavallo ha acentuado la bancarrota de la educación, como lo testimonian las reducciones presupuestarias, las municipalizaciones, los cierres de cursos y de establecimientos. El magisterio soporta la política oficial por partida doble: ya no sólo sus objetivos retrógrados, sino también por el dislocamiento del ‘plan económico’. Cómo responder La política de aislamiento de las luchas seguida por CTERA ha concluido en el más rotundo fracaso, y se puede decir que es co-responsable de la desesperada situación en que nos encontramos los docentes. La naturaleza misma de la ofensiva menemista exige una respuesta de conjunto. La multiplicidad de problemas que vivimos es la prueba de que estamos en presencia de un colapso general. Esto plantea la necesidad de una respuesta a escala nacional. Política y programa El Congreso extraordinario de la CTERA, que se reunirá antes del comienzo de las clases, debe votar un plan de lucha de conjunto y una huelga indefinida, con reivindicaciones extremadamente precisas. Anulación de la reforma educativa. Defensa del estatuto del docente. Aumento salarial. Ante el hundimiento nacional provocado por el gobierno es necesario abrir una perspectiva para la docencia, que hoy no la tiene. Esta perspectiva es el reclamo de un básico de 700 pesos para el cargo testigo de maestro de grado. Llamamos al Congreso de la CTERA a votar un plan de lucha nacional y una huelga indefinida, y a convocar a un Congresso especial con representantes de la bases, elegidos en Asamblea. Tribuna Docente pondrá todo su empeño en lograr el éxito de esta política

El domingo 7 de enero, en las primeras horas de la noche, una brigada de 9 militantes de la UJS y el PO que realizaba pintadas en el centro de Merlo denunciando la política de despidos de la gobernación y la intendencia y reclamando la libertad de Panario, fue detenida por personal policial,y encarcelada durante casi 12 horas la privación de su libertad en ‘averiguación de antecedentes’. Los uniformados actuaron —según dijeron— por orden del intendente. Días más tarde, la compañera Karina Borchia, detenida en aquella oportunidad, sufrió en su casa —y luego en la de su padre, un conocido luchador del PO de Libertad— un operativo intimidatorio de personal civil que fotografió ostensiblemente ambas viviendas. El PO zonal realizó inmediatamente una vasta campaña de denuncias y un reclamo formal ante el Ministerio del Interior. La intimidación a los militantes populares y el cercenamiento de los derechos democráticos en el distrito responden al creciente malestar creado en la zona de que Othacehe prepara un ‘ajuste’ similar al de su vecino Rousselot y sufre los ataques de G. Green ex-intendente de Merlo, , quien denuncia “la circulación de narcotraficantes como es público y notorio” (Tribuna del Oeste, 6/2). Othacehe respondió mediante un ‘decretazo’ (sic) insólito, imitado luego por Patti en escobar: “sí o sí, los integrantes del Ejecutivo merlense deberán someterse a una rinoscopía” (ídem). Hay que mandar entonces en ‘averiguación de antecedentes’ a los perseguidores de los militantes populares. Libertad para la acción política, cana para Othacehe y su pandilla.

Hace veinte años, un 24 de marzo, los militares tomaron el poder con el apoyo de todos los banqueros, industriales y terratenientes, grandes y pequeños; con el apoyo de todos los imperialismos y de las burocracias stalinianas; de todos los partidos políticos patronales —incluido el justicialista, que estaba en el gobierno. El objetivo de ese golpe fue emprender una lucha contrarrevolucionaria estratégica contra la clase obrera y las masas explotadas. ¿Qué tenemos veinte años después? Tenemos que bajo una forma política diferente gobierna la misma clase explotadora que impuso el golpe militar y también tenemos que se vale para sus menesteres anti-populares de los mismos partidos que fueron cómplices del ascenso de la dictadura y de otros que se han agregado. La conmemoración del aniversario del golpe debe ser concebida entonces como una lucha contra el régimen menemista, que no sólo gobierna por medio de Menem-Cavallo, sino que lo hace por medio de un conjunto de instituciones, relaciones y representantes que defienden a los grandes intereses capitalistas dominantes. El Partido Obrero y la UJS han organizado una campaña para conmemorar el aniversario, que culminará el día 24, en una manifestación a la plaza de Mayo. Nuestra consigna es Abajo el régimen represor, hambreador y entreguista del menemismo. Bajo esta consigna agrupamos las grandes reivindicaciones de los explotados, en la actualidad, contra la superexplotación capitalista, la entrega al imperialismo y el cercenamiento de los derechos históricos de los trabajadores, laborales y políticos. Llamamos a integrar nuestras columnas en la manifestación del 24. Para las organizaciones centroizquierdistas y la burocracia del CTA, que pretenden monopolizar las conmemoraciones, el contenido de éstas no debe ser la lucha contra el régimen menemista sino un recordatorio del pasado. Resumen su planteo en la consigna de Memoria y Participación, precisamente para soslayar la lucha contra el opresor actual, el entregador actual, el represor actual y el superexplotador actual. La jornada del 24 es concebida así como una acción de complicidad con los agentes capitalistas de turno —algo que demuestra una completa falta de memoria, un nulo conocimiento del pasado, una completa ignorancia de la situación presente y, por sobre todo, intereses creados para que la conmemoración del 24 no pase de ser un saludo a la bandera. Que el régimen menemista haya ido más lejos que cualquier tentativa de la dictadura en la liquidación de conquistas obreras históricas, es algo que tiene sin cuidado a los que maman de la leche de la democracia, es decir, que ganan sus buenos sueldos, ‘reservados’ o no, medrando en la situación actual. Derraman lágrimas de cocodrilo “en defensa de la democracia”, pero identificándola no con las libertades para los explotados sino con el conjunto de instituciones que los oprimen. Se juntan en esta empresa intelectuales de éxito comercial, burócratas que han hecho un éxito de su constante fracaso sindical, ex izquierdistas subidos súbitamente a una banca y toda la laya de los que creen que la lotería también les tocará a ellos. Llamamos a la juventud sin trabajo, a los que reclaman el derecho a la educación, a la clase obrera que sufre y combate la ‘flexibilización laboral’ y la reducción de salarios, a la ciudadanía que reclama el derecho a la salud, a movilizarse el 24 de marzo para repudiar al golpe militar del 76 y para luchar contra el régimen menemista. La movilización por los 20 años del golpe militar debe ser otra oportunidad para impulsar la unificación de las luchas a nivel nacional y para poner fin a la ofensiva capitalista, organizando una huelga indefinida del conjunto de los trabajadores. Esto es lo que reclama el presente momento político y social de la clase obrera.

La bárbara represión a los estudiantes platenses no es un hecho casual, ni un exceso. Hace pocas semanas, la misma policía de Duhalde apaleó a los trabajadores estatales y municipales que protestaban frente a la Legislatura bonaerense contra la negrera reforma de los estatutos para la administración pública, salud y municipalidades Prosigue el encubrimiento del asesinato del estudiante Miguel Bru, que cumple ya tres años. Las pruebas abrumadoras sobre la responsabilidad policial han sido ‘cajoneadas’ sistemáticamente por la ‘justicia’. El secuestro del obrero Núñez sigue sin esclarecerse. Lo mismo ocurre con la muerte, hace seis meses, del pibe Alderete, de Villa Rosa, secuestrado por la policía a la salida de una fiesta. En el Gran Buenos Aires hubo, en 1995, 123 ‘víctimas fatales’ a manos de la policía de ‘gatillo fácil’ (informe del CELS). Hace sólo unas horas, un policía bonaerense mató de un balazo a un padre que llevaba a su hija al Hospital Fiorito para internarla de urgencia. Duhalde está convencido de que la situación desesperada de las masas de la provincia se va a agravar aún más y que para hacerle frente no le van a alcanzar los dineros de ningún ‘fondo histórico’. El presupuesto de la provincia ha entrado en estado de coma como consecuencia del hundimiento del ‘plan’ Cavallo. Por eso Duhalde despide trabajadores de todo el territorio. Para enfrentar la rebelión popular que ya está provocando su política, Duhalde está armando un Estado policial. Las movilizaciones de vecinos, trabajadores y médicos contra el desmantelamiento y privatización de los hospitales; la movilización de los municipales contra los despidos en masa; la lucha de los sin techo; el movimiento de los desocupados; la resistencia de los docentes y los padres al desmantelamiento de la educación pública; la organización creciente de los estudiantes secundarios; contra esto Duhalde levanta su Estado policial. A falta de soluciones sociales, represión. Esta política explica el obstinado empeño de Duhalde de prohibir el funcionamiento de bares, restaurantes y discos a partir de las 3 de la mañana. Pretende limitar la libre circulación de las personas para dar piedra libre a las ‘identificaciones’ y detenciones de las ‘patrullas’ bonaerenses. Todo régimen de Estado de Sitio se caracteriza por el “toque de queda” nocturno. La “seguridad “ de Duhalde se lleva casi el 20% del gasto público provincial —sin contar los ‘fondos reservados’ — y por eso existe desde hace tiempo una “orden interna” que premia “a los efectivos que participen de enfrentamientos armados”. Se acabó la ficción de la ‘isla’ duhaldista ‘al margen de la crisis’. Duhalde acumula una deuda pública gigantesca; el grueso del ‘fondo de reparación histórica’ va a los bolsillos de los contratistas y a la publicidad de sus ‘obras’. Duhalde se ha empeñado en despedir a 40.000 estatales; en privatizar la salud, la educación y lo que queda de las empresas públicas. Con esto quiere ganarse el apoyo capitalista para el ’99 y ‘hacer caja’ para su promoción electoral. Por eso va a pasear con el interventor yanqui James Cheek. El PO plantea: investigación y castigo a los represores, impulsar la organización popular contra el Estado policial, fuera Menem-Cavallo y sus gobernadores. Asambleas Populares que impulsen la huelga general para que la crisis la paguen ellos. 23/2/96

Cuando vemos a los burócratas del Smata, la Uom, Uta y otros empeñarse en firmar convenios de flexibilización laboral y reducción de salarios; o a todos ellos en hacer campaña por las AFJP y las ART; o en mirar hacia otro lado frente a los planes del Banco Mundial contra los trabajadores provinciales; cuando se ve todo esto, surge la pregunta de ¿por qué esos burócratas cegetistas plantean un paro nacional e incluso le ponen una, lejana, fecha? La razón es siempre la misma —una disputa en torno al destino de las Obras Sociales. La burocracia sindical reclama que la privatización de la salud contemple algunas prerrogativas que obliguen a los pulpos privados a buscar la asociación con los sindicatos. En función de ese objetivo ya han aumentado los aranceles de salud de las Obras Sociales y se van acercando al establecimiento de un nomenclador del tipo de la medicina privada. Pero el Banco Mundial, que financia la reconversión del sistema no está de acuerdo y exige la privatización o disolución de las Obras Sociales sin términos medios. Es por esto que la CGT plantea un paro nacional. El conflicto entre los planes del Banco Mundial y los negocios de la burocracia encubre, sin embargo, una cuestión más amplia, que es la pretensión del gran capital de reducir los sindicatos a un cáscara. La burocracia cegetista pretende salvar sus privilegios mediante una negociación en la que está dispuesta a vender todos los derechos de los trabajadores e incluso gran parte de los propios, pero también está presente la posibilidad de una ruptura. En este caso, la crisis política del régimen menemista incorporaría un nuevo protagonista. Cualquier ilusión en los alcances del planteo cegetista rayaría en la idiotez. Los trabajadores necesitan un paro nacional y una huelga general para luchar por sus reivindicaciones: aumento de salarios, cese de los convenios de ‘flexibilización’, defensa de las obras sociales bajo control obrero y de la gratuidad hospitalaria estatal. Luchemos por estos objetivos y podremos aprovechar las fisuras en la ciudadela enemiga que provocan los apetitos entre sus buitres.

A fines del año pasado alertamos desde Prensa Obrera que le había llegado “El turno a Buenos Aires”. La crisis en la comuna de Capitán Sarmiento había puesto al rojo el quebranto del 50% de las comunas de la provincia. Señalamos entonces que la provincia de Buenos Aires comenzaría a recorrer el mismo camino de crisis y luchas sociales de las demás provincias argentinas. En los primeros días del año, estalló la gran lucha del hospital de Morón. General Sarmiento, al igual que Morón, otro de los distritos ‘divididos’, acaba de despedir a centenares de trabajadores municipales. Duhalde planea despedir a miles de estatales y rebajar los salarios en una provincia donde ya existen cerca de dos millones de desocupados y subocupados. Un Estado policial Se agotó el tiempo de la ‘campaña de obras’. Para ello Duhalde ‘equipó’ hasta los dientes a la policía provincial con armas, vehículos, carros de asalto y tecnología que le llevan más del 20% del presupuesto provincial. También ha dejado que se instale en la mayoría de los barrios una impresionante fuerza para-policial que los vecinos son obligados a financiar para su ‘protección’. Los resultados de todo esto son catastróficos. El CELS acaba de denunciar que bajo la administración Duhalde, la policía ha producido la friolera de 123 casos de ‘víctimas fatales’. Pararle la mano Existen dos ejemplos de cómo pararle la mano a Duhalde. Cuando los obreros del Astillero Río Santiago enfrentaron la intención de desalojarlos con los “Albatros” y los estudiantes platenses, que han arrancado de la cárcel a sus compañeros con una gran movilización. Es necesaria una campaña sistemática contra el Estado policial duhaldista, contra los Piotti, Patti, Otacehe, Rousselot, por el desmantelamiento del aparato represivo.

Casi cuatro mil personas se movilizaron el pasado viernes, en Río Grande y en Ushuaia, contra la ley de ajuste que establece una brutal reducción de salarios de los trabajadores estatales. En Río Grande se realizó tambén un paro de choferes. Al igual que lo que ocurre con otras luchas similares en el resto del país, el problema que se plantea es cómo profundizar la lucha para obligar al gobierno a dar marcha atrás. La experiencia de las derrotas en Río Negro, Córdoba o Jujuy, donde los gobiernos lograron imponer sus planes a pesar de enfrentar inmensas movilizaciones, demuestra que la limitada o parcial protesta no rinde frente a una estrategia oficial que se toma todo el tiempo necesario para imponer el desgaste de los trabajadores. Es decir que está planteada la organización de una huelga indefinida activa del conjunto del movimiento obrero por la anulación de las leyes antisalariales. A las afirmaciones oficiales de que no hay plata, hay que responder con el reclamo de que los gobiernos y los capitalistas abran sus cuentas para establecer adónde ha ido a parar el dinero que han sustraído mediante la explotación de los trabajadores.

Las intendencias peronistas y radicales del interior de la provincia de Buenos Aires están aplicando el “Estatuto negrero” de Duhalde (votado por la Legislatura bonaerense). En Brandsen, fueron cesanteados 22 trabajadores y se recortaron las bonificaciones a los profesionales y médicos del Hospital Municipal. En la intendencia radical de Saavedra, se colocó en disponibilidad a los médicos del Hospital de Pigüé y se les redujo la carga horaria de 48 a 24 horas semanales. La lista de despidos incluye a municipales de Azul, de Campana, de General Villegas, donde también se ha reducido la jornada laboral de 35 a 30 horas semanales, y de Tres Arroyos. En Mar del Plata, la Intendencia redujo los salarios municipales en un 10%. Crisis financiera Una descomunal crisis financiera está hundiendo a los municipios bonaerenses. Según Clarín, “los municipios de la mayor provincia argentina tendrían un déficit cercano a los 600 millones de pesos... equivalente al 10% del presupuesto provincial”; 60 comunas están al borde del colapso. En el ranking de municipios fundidos, se colocaron varios del interior bonaerense. La Intendencia de Chivilcoy (UCR) decretó la “emergencia económica” (bancarrota). En Mar Chiquita, la deuda con los proveedores, ESEBA, OSBA y las cooperativas eléctricas, asciende al millón y medio de pesos. Los fondos coparticipados de Ensenada están hipotecados. Impuestazos Las medidas de “saneamiento financiero” promovidas por Duhalde y las intendencias se remiten a despidos, reducciones de salarios, destrucción del Hospital Público e impuestazos generalizados que duplican las tasas municipales vigentes. En Mar del Plata, el radical Aprile anunció una suba del 100% para las tasas de los barrios periféricos ¡Así quiere pagar el muerto dejado por Russak! En Ensenada, 250 vecinos colmaron la sede del sindicato municipal para rechazar el impuestazo del intendente Beto Del Negro (¡150% promedio!). Esta lucha entronca con el paro por tiempo indeterminado de los médicos del Hospital Cestino, que reclaman el pago de los sueldos, y con la movilización de los municipales ensenadenses en solidaridad con los de San Miguel. También en Brandsen las tasas se fueron por las nubes, y en Junín la suba rondaría el 20%... La caída de la recaudación tributaria es del 40% en el interior y del 45% en el Conurbano; es el derrumbe del ‘plan’ Cavallo en acción. La desocupación crece en el Gran Buenos Aires y espectacularmente en algunas ciudades del interior: 22 y 20% en Mar del Plata y en el Gran La Plata. La refinanciación de deudas municipales a ocho años, mediante certificados municipales y bonos provinciales emitidos por el Banco Provincia, obliga a los municipios a hipotecar los fondos de coparticipación. De esta manera, se borran hasta las apariencias de autonomía municipal. Buenos Aires se ha integrado al pelotón de provincias en quiebra. Esto explica la brutalidad represiva y planificada del gobernador-candidato. El PO lucha por la movilización y organización de los trabajadores y vecinos. ¡Abajo los estatutos negreros! ¡Luchemos contra los despidos y cesantías! ¡Basta de cesantías! ¡Basta de impuestazos! ¡Que la crisis la paguen ellos y no los trabajadores! Llamamos a extender, unificar y centralizar esta lucha, promoviendo la deliberación popular, el Paro Activo y la Huega General.

La bancarrota del sistema previsional estatal está asumiendo proporciones de catástrofe. Clarín informó que en 1995, el déficit de la ANSES fue de 2.700 millones. Sin embargo, es una consecuencia deliberada de la política oficial y cuenta con el apoyo de la clase capitalista. La magnitud del déficit nos está anticipando que el gobierno se apresta a retrasar el pago de las jubilaciones, subir aún más los impuestos, acelerar la liquidación de las Obras sociales y arancelizar la salud y aumentar la deuda externa. En el folleto del PO, ‘La Bolsa o la Vida’ , advertimos que con la reforma previsional que instauraba la jubilación privada, “la jubilación oficial quedará completamente desfinanciada... lo que originaría un déficit al sistema público ininterrumpido de 23.000 millones de dólares hasta después del año 2010” (pág. 7). En realidad nos quedamos cortos, porque el dúo Menem-Cavallo acentuó aún más esta perspectiva de quiebra previsional: 1) Dispuso una rebaja en los aportes patronales que van a las Cajas oficiales, del 30 al 80 %. Según FIEL, que apoya toda esta política destructiva, “la pérdida de recursos en este caso respecto del régimen vigente hasta 1993 (anterior a la reforma) se puede estimar para el corriente año en unos 2.300 millones de pesos” (El Economista, 16/2). 2) La presencia de las AFJP le restó aportes al sistema estatal, que FIEL calcula “en 2.200 millones para 1996”. FIEL concluye que “ambas reformas implican pues una pérdida de unos 4.500 millones de pesos en 1996, respecto del régimen plenamente vigente hasta 1993”. Si se agrega la absorción de los déficits de las Cajas provinciales, “la pérdida de ingresos por reformas sumada al incremento de déficit se ubica en 5.000 millones de pesos cada año”. FIEL, sin embargo, no computa lo que pierde el sistema previsional por la aplicación de las llamadas “nuevas modalidades de contratos laborales”. Por estos contratos, las patronales no pagan los aportes sociales (jubilación, salario familiar, obra social, etc.). El privatista Santiago De Estrada reconoce que esos contratos, “que no pagan contribución previsional”, ya tienen una “extensión que ha avanzado más allá de lo prudente” (La Prensa, 14/2). La crisis del régimen previsional estatal no cae entonces del cielo. El quebranto que tuvo la ANSES en 1995, de 2.700 millones, se hubiera transformado en superávit de no haber sido por los 5.000 millones de pérdidas ocasionadas por las ‘reformas’. Lo que el gobierno pretende con esta política deliberada de bancarrota de la ANSES es: 1) Justificar el no aumento de las jubilaciones, por el déficit. 2) Suplantar por completo el aporte patronal con un impuesto general que pagará todo el pueblo. 3) Arancelizar y privatizar el sistema de salud. El Partido Obrero denuncia esta política de destrucción y llama a luchar por: 1) Jubilación mínima de 500 pesos. Por el 82% móvil financiado con el aporte exclusivo de las patronales 2) Anulación de la jubilación privada y transferencia de sus fondos a la ANSES. 3) Por un sistema estatal único, bajo administración y control de trabajadores y jubilados.

Privatista En los próximos días, Duhalde viajará a Europa para vender ESEBA, la empresa de energía provincial, que tiene un mercado cautivo de 1.300.000 usuarios y una facturación anual de 850 millones de pesos. Su pasivo es asumido por el Estado bonaerense, incluido el ‘muerto’ millonario que dejó la construcción de la Central Luis Piedrabuena. La privatización asegura un “marco regulatorio” para que los compradores dispongan un precio de monopolio en toda la provincia. La privatización de ESEBA debutará con un aumento del 10% del impuesto eléctrico. La otra gran privatización es la de OSBA (Obras Sanitarias). Por medio de la descentralización y la autogestión se están privatizando los hospitales, se arancelizan los servicios y se da la atención sanitaria a los pulpos y mercaderes de la salud. IOMA —la Obra Social de los estatales bonaerenses, que agrupa a un millón y medio de afiliados— es parte del “botín”. Cesanteador El vice Romá acaba de declarar que los próximos seis meses serán “definitorios” en materia de “racionalización del gasto público”. Esto significa que al congelamiento salarial se agregarán las disponibilidades masivas, la rescisión de contratos, los exámenes de “competencia e idoneidad” para echar trabajadores, los traslados compulsivos y la rebaja de los salarios (los Estatutos negreros reducen las licencias y las bonificaciones por antigüedad). Explotador El “Plan Quinquenal” incluye un ‘costado social’: obras públicas para “darles trabajo a 100.000 bonaerenses y en forma inmediata a 30.000 desocupados” (Duhalde). Este “costado social” (30.000 puestos) significará un conchabo temporario de 4 horas diarias sin obligaciones previsionales y con un ‘salario’ de 100 pesos. Duhalde y las intendencias han encontrado el ‘modus operandi’ para súper explotar a los desocupados. El resto de los puestos de trabajo está atado a las ‘grandes obras’. Pero la provincia tiene una deuda reconocida de 3.000 millones de pesos y sus cuentas están en rojo. Desmistificando el verso duhaldista, un informe recientemente publicado denuncia la altísima contaminación de aguas que existe en el Gran Buenos Aires, causante de diarreas y enfermedades infecciosas.

El reciente ataque de la patronal de ‘El Halcón’ (ver Prensa Obrera Nº 482) es un ‘plan piloto’ que cuenta con el aval de la Cámara patronal (el asesor legal lo es de ambas). Las grandes patronales enfrentan una caída del pasaje y una insolvencia creciente para saldar las deudas bancarias con las que renovaron el parque de unidades a partir de 1993/4. En función de una renegociación de esa deuda, las patronales pretenden imponer el trabajo discontinuo, la derogación del Convenio Colectivo de Trabajo, el derecho al convenio individual, cargar la responsabilidad civil sobre la unidad al chofer, etcétera. Esto ya rige en algunas líneas y fue la causa de la lucha de la 148 y de otras empresas (86, 98, 161, La Independencia, etcétera). El “pequeño” empresario, o “componente”, que hasta hace unos pocos años era el tipo de capital dominante en el transporte automotor, ha comenzado a ser desplazado por grandes capitales. Ahora el “componente” vuelve a trabajar (para compensar la caída de sus beneficios) en desmedro del chofer asalariado. ¿Cuál es la conducta de la UTA frente a esta crisis? Ante un Cuerpo de Delegados en pleno, un importante dirigente declaró que “las empresas con muchos socios no van más”. Por esto, no es casual que la burocracia avale todas las normas que, desde la Secretaría de Transportes, alientan este proceso de concentración capitalista. Así sucedió con el control “psico-físico”, que fue derivado a empresas “privadas” que han inhabilitado a 5.000 trabajadores en los últimos dos años, despidos “justificados” (con el 50% de la indemnización), en un gremio donde el ‘stress’ deja secuelas inevitables, transformando al 90% de los trabajadores en parias humanos a temprana edad. La burocracia acepta el régimen de personal “contratado”; no ha dicho ni una palabra ante la liquidación del régimen del “tome y deje” (robo de media hora diaria del salario, 15 minutos antes y después de tomar y dejar el servicio); no dice nada ante el descuartizamiento del gremio que están provocando las empresas que ‘tercerizan’ los talleres de mantenimiento (y cuyos trabajadores son derivados no casualmente al Smata); ha hundido la Obra Social, y se ha negado sistemáticamente a convocar a plenarios. Acusada de ‘inmoralidad’ (ver nota) por sectores que hasta ayer la acompañaban, no ha dudado, en cambio, en montar fraudulentos “Comités de ética” para destituir Cuerpos gremiales que no le respondían.

El convenio firmado por José Rodríguez (Smata) y la Fiat es la línea maestra de un profundo ataque patronal contra el conjunto de los metalúrgicos, mecánicos y todo el movimiento obrero. Ese convenio establece la reducción lisa y llana de los salarios respecto de los convenios existentes: un operario recibe un salario básico de 2,35 pesos la hora (450 por mes) cuando por igual tarea cobra el doble en cualquier planta automotriz. Ahora, en nombre de la competencia, las patronales rivales de la Fiat, como Renault, Mercedes, Ford, Volkswagen o Scania, plantearán que no pueden pagar un centavo por encima de ese jornal. Lo mismo ocurrirá con las autopartistas. A partir de aquí, el resto de las patronales se pondrá en ‘carrera’ para imponer esa rebaja de los salarios. El convenio Fiat-Smata establece que los trabajadores serán contratados como ‘aprendices’ y que pueden ser echados sin cobrar un peso de indemnización cada tres meses hasta dos años, sin jubilación ni salario familiar. El convenio liquida el régimen de horas extras (se paga sólo un adicional del 10%), la jornada laboral (que puede llegar a las 12 horas) y toda defensa frente al ritmo de trabajo (que la patronal puede fijar a su absoluto arbitrio). El pacto Fiat-Smata es una calamidad para el movimiento obrero, incluso si se lo compara con todo lo que las patronales ya están haciendo en fábricas y talleres, gracias a la complicidad de los sindicatos. Esta línea general de la clase capitalista contra los trabajadores se aplica también a la administración pública. El ‘equivalente’ del convenio Fiat-Smata es el plan del Banco Mundial (anunciado en Córdoba y en ejecución en Salta), que establece un salario de 200 pesos y escalafones y premios por ‘productividad’ (es decir, el arrasamiento de convenios colectivos). El pacto infame puede ser derrotado Entre las justificaciones de la CGT para el hipotético paro del próximo 26 de marzo no hay ni siquiera la mención de la lucha contra el pacto Fiat-Smata o el Banco Mundial en las provincias. Es que la dirección patronal de la CGT es cómplice de este pacto infame. Las direcciones del CTA y del MTA, por su lado no han dicho una palabra, aunque son alcanzados por esos planes gremios como UTA o ATE. El CTA se presenta a sí mismo como la “central alternativa (combativa) de los trabajadores”, tiene obreros industriales en su seno y su mayor base sindical —los estatales— está siendo sometida a un ataque implacable por parte de Menem-Cavallo y ‘sus’ gobernadores. ¿Qué esperan las direcciones de ATE y del CTA para pronunciarse y actuar? ¿Qué piensa hacer la dirección del MTA, ahora que las patronales del transporte se lanzan a bajar el salario, es decir, a imponer el convenio Fiat-Smata en las filas de UTA? Si los trabajadores de las diez concentraciones obreras más importantes del país, Mercedes, Cormec, Ford, Renault, Scania, choferes, Propulsora, etcétera, se pusieran de pie, el “pacto infame” quedaría sepultado en menos de lo que canta un gallo. Esto revela que la fuerza potencial de la clase obrera está intacta, a pesar de los retrocesos. Por lo tanto, que podemos derrotarlos. Llamamos a una campaña nacional para denunciar y derogar el convenio Fiat-Smata. Por la jornada de 8 horas, el salario mínimo de 1.500, ningún despido —reparto de las horas de trabajo entre todos sin afectar el salario—, subsidio al desempleado de 500 pesos. A organizar una vasta campaña de denuncia y agitación para convertir la lucha contra el convenio en una reivindicación nacional. A exigir y organizar la realización de plenarios y asambleas en todos los gremios. Pronunciarse, actuar: todos somos trabajadores de Fiat.