Prensa Obrera N° 481

En San Miguel, Malvinas Argentinas y José C. Paz se está produciendo un ataque al sistema de la salud, que por su propia profundidad no registra antecedentes en la zona. En el Hospital Larcade (San Miguel) y Hospital Carrillo (Malvinas Argentinas), así como en otras dependencias municipales, hubo una cantidad de traslados indiscriminados que ha hecho colapsar el cuadro sanitario de estos distritos. Por ejemplo, en el Hospital Carrillo, 57 trabajadores del hospital recibieron una “propuesta de designación” al Hospital Mercante (José C. Paz). Notificados, los trabajadores se presentaron en el Mercante, y no fueron aceptados; las autoridades del nosocomio furon terminantes. “Nosotros no tenemos ninguna noticia al respecto y no tenemos previsto aceptar personal de otro municipio, así que acá no entran”, relataba el Dr. Baladan (Médicos del conurbano. Enero 1996, pág. 8). Ante esta situación, los trabajadores volvieron al Carrillo donde tampoco les permitieron el ingreso, luego fueron reubicados en centros periféricos vaciados. En el Larcade se confeccionó un listado de 200 trabajadores con “propuestas de designación”. En la lista se incluye personal “imprescindible” para la prestación de servicios esenciales; por ejemplo en neonatología, sobre una dotación de 25 personas necesarias para el servicio, sólo hay 13, de las cuales 5 tienen destino en el Mercado, y le quedarían 7 personas, una para cada día de la semana, para cubrir 24 horas por día. Estas son las consecuencias concretas de la implementación de los estatutos negreros de Duhalde-Deluca-Cariglino-Glaría. Con los traslados, los trabajadores quedan en calidad de contratados, pierden la antigüedad y la estabilidad laboral. • Con la suspensión de las bonificaciones por presentismo y la quita de categorías se reduce el salario, que en el caso de los trabajadores no-profesionales llega al 50% del sueldo. • Con el reemplazo de tareas y la pérdida de categorías, los trabajadores se convierten en polifuncionales. • Con la “reubicación” de personal se ha “castigado” a los trabajadores que se han caracterizado por ser defensores de la salud pública, ya que se los ha trasladado a centros periféricos alejadísimos, con la intención de descabezar su organización. Los integrantes de la Asociación de Profesionales y Técnicos de Carrillo no están más en el hospital y los delegados más combativos del Larcade y del Corralón Municipal corrieron la misma suerte. Esto con la complicidad de la conducción del sindicato de Municipales que dejó pasar todos los traslados con la política de que había que consensuar con las nuevas autoridades la confección de las listas para que los traslados se realizaran en forma “racional e indolora”. Vaciamiento Como consecuencia de los traslados, el Larcade ya no contará con Jefatura en Radiología y en Hemoterapia, se quedarán sin Neurología infantil, desaparecerán 18 médicos pediatras, el sector Clínica médica estará desarticulado y el Laboratorio podría cerrarse. A esto se le agrega la falta de insumos, suero fisiológico, sustituto plasmático, anestésicos, jeringas, reactivos para HIV, corticoide, cloruro de potasio, antibióticos pediátricos, etc., etc... “Falta de todo, así no se puede atender”, resumió el titular de APUHL, doctor Luis Soler (La Hoja, 5/1/96, pág. 2). Mediante este vaciamiento premeditado, lo que se busca es abrir paso a la arancelización y privatización de algunos servicios o directamente de hospitales enteros. Este es un proceso que en realidad está muy avanzado; por ejemplo el sector vigilancia está privatizado al igual que un sector de limpieza y del comedor; en el Carrillo, el paciente debe pagar 2 pesos en la Guardia, otro tanto en los consultorios externos, algo más en el Laboratorio y una ecografía sale “10 pesos”, el hospital funciona en base la recaudación compulsiva, en contra del bolsillo y la salud de la familia trabajadora.

Hospital Mercante Este hospital está ubicado en José C. Paz, fue ‘inaugurado’ el 19 de octubre de 1995 en un acto que contó con la presencia del titular de Salud bonaerense, Mussi, el gobernador Duhalde y el presidente Menem. Este hospital forma parte de la galería de ‘obras’ que promociona el gobierno bonaerense en sus cortos publicitarios; contrariamente a lo que se pretende mostrar, este establecimiento es el mejor ejemplo de lo que en la jerga médica se denomina “estructura cáscara”. Fue construido con un crédito otorgado por el gobierno de España, está preparado para albergar 200 camas, cuenta con equipamientos de mediana y alta complejidad y con un edificio amplio, cómodo y práctico desde el punto de vista arquitectónico. Ahora bien, está ubicado en el nuevo distrito de José C. Paz, que no tiene estructura de clocacas ni de agua corriente, y el hospital no cuenta con una planta purificadora ni con elementos para el tratamiento de aguas servidas, además el suministro eléctrico no alcanza para soportar la aparatología y la iluminación del lugar, las tuberías de gas son pequeñas y la excesiva salinidad en el agua del pozo impide realizar algunos análisis. No hay reactivos; entonces los estudios que se hacen son los básicos y simples como hemogramas y glucemia. Como si esto fuera poco, el Mercante no tiene guardia ni internación, funciona solamente de lunes a sábado de 8 a 20. Como los comercios de la zona el domingo: cerrado. Mohibe de Menem Este hospital (que lleva el nombre de la madre del presidente) se inauguró el 1991 vacío, hoy cuenta con 20 camas, 8 pertenecen al sector de maternidad y 12 al de pediatría, soportando la densidad demográfica del nuevo Partido de Malvinas Argentinas, este nosocomio estaba pensado para darle cauce a toda la problemática del embarazo, pero en la actualidad solamente se atiende los embarazos sin complicaciones; ante el menor incoveniente, la madre se tiene que levantar de la cama y llegarse hasta el Larcade, lo mismo ocurre con los niños, “esta es la cobertura del materno infantil como se lo denomina”. Como si esto fuera poco, la ocupación de las 20 camas es relativa, se calcula que el hospital funciona en un 40% de sus posibilidades. Los quirófanos están en condiciones para realizar cesáreas, pero hasta hoy no se hizo ninguna. Como en el caso de otros hospitales de la zona, el vaciamiento es parte de la misma política que llevan adelante Menem-Duhalde y sus intendentes con el patrocinio del Banco Mundial para reventar a la salud pública, no son infundadas las sospechas de los trabajadores de la salud con respecto al Hospital Mercante, donde se especula que se está retrasando su ocupación para privatizarlo y entregarlo en concesión a los pulpos capitalistas de la salud con las instalaciones y equipamientos terminados, así como transformar el Mohíbe en una sala de primeros auxilios es parte de la misma política: la del lucro capitalista para aplastar las condiciones de vida de las masas trabajadoras.

Por la derogación de la jubilación privada. Por la defensa de la jubilación estatal; por el 82% móvil, financiado con aportes exclusivamente patronales. Cajas dirigidas por los jubilados y trabajadores; por la jubilación mínima de 450 pesos ya; y una jubilación que cubra la canasta familiar. Contra el desmantelamiento del hospital público; ni privatizaciones ni aranceles; por una salud estatal y gratuita, financiada por aportes patronales y bajo control de los trabajadores. Derogación de los decretos 292 y 492 y de toda la legislación privatizadora de las obras sociales y los hospitales. Contra los despidos; subsidio al desocupado de 500 pesos. Por la reducción de la jornada laboral sin afectar el salario. Contra la liquidación del PAMI; que se abran las cuentas y las investiguen los jubilados; fuera la intervención estatal; por la conducción del PAMI por jubilados y trabajadores. 26/1/96

El Ptp lanzó una diatriba contra el PO porque en Prensa Obrera dijimos que bajo el gobierno de Perón (1973/76) la deuda externa había trepado los 10.000 millones. Para Otto Vargas, dirigente del PCR/Ptp “hasta el 24 de marzo de 1976 el gobierno que se inició en el 73 no contrajo ninguna deuda pública ni empréstito” y que al producirse el golpe militar la deuda no era de 10.000 millones sino de 5.000 millones, como dijera el secretario de la presidencia bajo Perón e Isabelita, Julio González. La conclusión del Ptp es que el PO es mentiroso y miente al servicio del gorilismo. La deuda externa total entre 1973 y fin de 1975 pasó de 5.092 millones a 7.875 millones, según todos los autores que citan para eso al Banco Central. Al momento del golpe, la “deuda externa en concepto de capital (era) de 8.948 millones” (Banco Central, Memoria 1976, pág. 8). Estos 8.948 millones no incluían la deuda externa a menos de un año de plazo que, estadísticamente, comenzó a registrarse a partir de 1978. A marzo de 1976, la deuda de corto plazo ( derivada de las llamadas operaciones de pase) “era de 1.260 millones” (ídem, Banco Central, pág. 6) y las de comercio exterior con seguro de cambio “cercano a 800 millones” (ídem). Por lo tanto, la deuda total era de 11.008 millones. Nos quedamos cortos entonces cuando dijimos que rondaba los 10.000 millones: superaba los 11.000 millones. De los 5.092 millones adeudados a fin de 1972, 2.392 millones era deuda pública y 2.700 millones deuda privada. A fin de 1975, de los 7.875 la deuda pública sumaba 4.021 millones y la privada 3.854 millones. Por lo tanto, la deuda pública creció un 68 %, más que la privada, que subió un 43 %. Pero, además, una parte considerable de la deuda privada era, en verdad, pública porque estaba en gran parte estatizada por los seguros de cambio, procedimiento por el cual el Estado paga la diferencia entre el valor del dólar al momento de contraerse la deuda y efectivamente pagarse. La deuda bajo el gobierno de Isabelita-López Rega El mayor aumento de la deuda externa en el período 1973-76 se produjo, sin embargo, cuando la fracción terrorista de la triple A copó enteramente el gobierno peronista, que es la que el Ptp reivindica. En 1975, la deuda aumentó 1.221 millones y otros 1.073 millones en el primer trimestre de 1976, además de los 1.260 millones de operaciones de pase y los 800 millones de seguros de cambio. Es decir que solamente en 15 meses, bajo la fracción terrorista, la deuda aumentó en 4.354 millones. Este brutal endeudamiento se produjo como consecuencia del Rodrigazo, cuando López Rega e Isabelita designaron a Celestino Rodrigo como ministro de Economía y a Ricardo Zinn como Secretario de Programación y Coordinación Económica. (Ricardo Zinn fue con Maria Julia Alsogaray el privatizador de ENTel y con José Estenssoro el privatizador de YPF). El 4 de junio de 1975, Rodrigo subió el dólar un 160%, aumentó el 180% el precio de la nafta y 75% las tarifas del transporte. “A partir de junio de 1975, los ingresos reales de los asalariados cayeron alrededor del 50 % respecto de los niveles anteriores” ( Jorge Schvarzer, La Política Económica de Martínez de Hoz, pág. 39). También entonces cobraron vuelo las operaciones de comercio exterior y de pase con seguro de cambio a cargo del Banco Central, que ya mencionamos, lo cual es un antecedente de la estatización de la deuda privada que en 1982 aplicó Domingo Cavallo. “En ese mismo período del segundo semestre de 1975 se generalizó el uso de los valores nacionales ajustables, cuyo carácter de título indexado de elevada liquidez, con garantía estatal, los convertía en la protección ideal contra la inflación” (Jorge Schvarzer, ídem, pág.41). ¡Protección ideal para los capitalistas especualadores! Por todas estas razones Schvarzer dice que esas medidas “serían los primeros antecedentes de la transformación que se operaría en los años siguientes en los mecanismos de funcionamiento del sistema financiero local”. En otras palabras, el Rodrigazo fue el antecedente de la política de Martínez de Hoz. Para el Ptp sin embargo, después de decir que la deuda no aumentó agrega “éste no es el tema ya que lo que está en cuestión es que en los gobiernos peronistas de Juan Perón e Isabel Perón no se contrajo ningún empréstito externo y no se firmó ningún stand by o carta de intención con el FMI”. ¿Si no era el tema porque tergiversaron las cifras y siguen diciendo que la deuda no aumentó? Pero el Ptp no tiene suerte porque el isabeliano ministro de Economía Mondelli, el 17 de marzo de 1976, frente a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados “admitió que Cafiero (ministro de Economía con Isabelita)... había adquirido compromisos con el FMI, de los que en ningun momento se informó al Congreso Nacional... (y) que la misión Zalduendo (titular del Banco Central)... se habia comprometido mediante el expediente de una carta de intención”. Con anterioridad, “en setiembre de 1975, aprovechando la oportunidad brindada por la reunión anual del FMI y del Banco Mundial... Cafiero consiguió para el sector público créditos externos por 820 millones... El endeudamiento externo del sector privado fue estimulado a través del aumento de las operaciones de pases para todos aquellos que se podían endeudar con el exterior” (J.C.de Pablo, La economia política del peronismo). Y el propio Celestino Rodrigo dijo en el discurso del 30 de junio de 1975 que había firmado una carta de intención con el National City Bank de Nueva York por la cual “éste compromete su esfuerzo para formar dos grupos de bancos para reunir 250 millones de dólares para el financiamiento de la inversión de las empresas públicas argentinas. Esta es la primera operación financiera con entidades privadas desde mediados de 1974” (cuando asumió Isabel, PO) (Revista Crisis, agosto de 1975, pág.16). El Ptp recurre a tergiversaciones, falsedades y mentiras para presentar como progresista a la fracción nacionalista-terrorista y proimperialista de las Triple A, que pavimentó el camino al golpe terrorista de Videla. EL Ptp dice que como Isabel no aumentó la deuda externa estábamos ante un gobierno de resistencia al imperialismo y era correcto defender al “gobierno constitucional, reformista, nacionalista, tercermundista” de Isabel del golpismo fascista y proimperialista. ¿Y si aumentó la deuda externa, no había que luchar contra el golpe? Por supuesto, la lucha contra el golpe de Videla era incondicional, no dependía de los supuestos atributos de Isabel porque el golpismo pretendía llevar más a fondo y al extremo la política terrorista y proimperialista de las Triple A, que estaba en crisis. El Ptp era de palabra ‘antigolpista’ a la medida de Isabelita-Lopez Rega, es decir nulo. El PO luchó a fondo contra el Rodrigazo porque la derrota del clan Isabel-Lopez Rega- Rodrigo a manos de la clase obrera con la huelga general de junio-julio de 1975 eliminaba de cuajo toda posibilidad de golpe. Frustada la huelga general contra el rodrigazo, por la traición de la burocracia, el PO denunció el golpe en ciernes y llamó a derrotarlo no por las virtudes de la fracción nacionalista-terrorista sino por su carácter contrarrevolucionario, genocida y proimperialista.

Con la presencia de 20 desocupados y docentes en San Lorenzo y otros 12 en Bermúdez se puso en marcha el movimiento de los desocupados. Se resolvió comenzar a trabajar un petitorio reclamando un seguro al desocupados de 500 pesos y la eximición en el pago de todo tipo de impuestos más la condonación de deudas contraídas. Se resolvió poner mesas en el centro de ambas localidades para agitar, lograr firmas a un petitorio y seguir empadronando a los desocupados. La semana posterior llevar estas iniciativas a los barrios obreros. Una nueva asamblea debe hacer un balance de la actividad y definir los miembros de una comisión provisoria y revocable que dirija las tareas. En Bermúdez se votó requerir la colaboración de los bancarios locales para que proporcionen la lista de patronales beneficiadas con créditos ‘blandos’ impagos. En el transcurso de la reunión, un compañero de Neuquén informó sobre el surgimiento y estado actual de la Coordinadora de Desocupados. Una desocupada relató la disolución de la UTD (Unión de Trabajadores Desocupadas, creada por el CTA) y la ida de Pendino (su dirigente) a la Capital Federal. Esto cierra el paso a las acusaciones de ‘divisionismo’ que recibimos en días previos y que se plantearon en la asamblea de San Lorenzo de parte de elementos ligados a la CCC y al Ptp, por no subordinarnos al accionar de la UTD. Este no es el debate. La ‘CGT San Lorenzo’ (Quiroga, CCC) y su colateral UTD se oponen al reclamo de un subsidio de 500 pesos para los desocupados con el argumento de que “los municipios están quebrados” y la política de disolver todo planteo reivindicativo detrás de los frentes con las ‘pymes’. Este debate se planteó en la “asamblea popular” convocada por la ‘CGT San Lorenzo’ un mes atrás y se volvió a reiterar en San Lorenzo. Frente al argumento de los “municipios quebrados” de parte del representante de la CGT, se respondió que corresponde investigar las cuentas y que como representación del poder político debían responder del modo que fuera —impuesto, reclamo a la provincia.

Recibí la noticia sobre la trágica muerte de Salvador Benesdra (periodista y escritor, 43 años), en momentos en que me encontraba de vacaciones. Salvador, ‘El Turco’ para los que lo conocíamos, decidió terminar con su vida y se tiró, el pasado 2 de enero, del balcón del 10º piso del departamento en que vivía. Con Salvador nos conocimos en la adolescencia, en el Nacional Buenos Aires y, a partir de allí, trabamos una relación que perduró hasta la actualidad. Ambos, al igual que muchos de nuestra generación, fuimos marcados por el Mayo Francés, la Primavera de Praga y, por sobre todo, por el Cordobazo, es decir, por ese proceso fantástico y gigantesco de ascenso revolucionario a escala nacional y mundial. Recuerdo como si fuera hoy, el impacto imborrable que nos produjo el levantamiento obrero en Córdoba; el entusiasmo con que recibíamos la noticia sobre ‘Córdoba liberada’; la pasión irrefrenable con que seguíamos la evolución de la situación en el marco de movilizaciones que se registraban en la Capital Federal. Este torrente de lucha, indudablemente, nos arrastró, pero en su desarrollo fuimos realizando un proceso de clarificación y delimitación políticas que nos llevó a identificar en el trotskismo y en Política Obrera la expresión de la lucha por la emancipación de los explotados. Salvador provenía de un ambiente político familiar derechista, pero la atmósfera que se respiraba y su fina y gran sensibilidad, rápidamente lo llevaron a acercarse a las ideas socialistas y a la izquierda. Salvador era, indudablemente, la cabeza más brillante, más capaz de esa camada, pero jamás pudo soportar el rigor y la disciplina que exigen el trabajo paciente y sistemático de la construcción de un partido. Su historia personal estuvo signada por el estigma familiar, por una infancia sumamente conflictiva que tuvo como resultante una vida atormentada, llena de fantasmas —entre ellos, el suicidio—, con los cuales ‘El Turco’ convivió y luchó denodadamente durante toda su existencia. En las épocas de la dictadura, tanto en Buenos Aires como en Francia —donde se trasladó para completar sus estudios— fue un activo colaborador del partido. A su regreso a Buenos Aires, ya en el ocaso del proceso militar, Salvador colaboró con las afiliaciones en la legalización del Partido Obrero, época que coincide con su ingreso al periodismo, en la redacción del diario La Voz, donde tuvo una activa y destacada actuación gremial. En 1983, luego de las elecciones, rompió políticamente con el Partido Obrero. De cara al resultado electoral, él abrigó la expectativa de que se podría crear un “Partido de Trabajadores”, de la mano de corrientes como el ENTRA (alineamiento sindical que reunió a diversas agrupaciones con pasado combativo que se desplazaron al alfonsinismo) y dirigentes como Piccinini. Más allá del hecho de que la evolución de estas agrupaciones desmintieron las expectativas de Salvador, lo más importante es que esta posición fue el inicio de un periplo que lo lleva a cifrar esperanzas en un giro antiimperialista de Alfonsín y hasta del propio Menem (antes de que asumiera), a identificar a Gorbachov como un representante y defensor del socialismo —y no un agente de la restauración capitalista. Este periplo lo condujo a abandonar teóricamente el trotskismo y a cuestionar hasta la viabilidad histórica del socialismo. Pero me atrevo a decir que ese ‘abandono’ no fue total. Su experiencia más reciente fue en Página 12, donde trabajó durante varios años, donde llegó a integrar la comisión interna e impulsó activamente la última huelga que lo contó entre los despedidos. Todas estas piezas sueltas del rompecabezas que constituyó su vida y tribulaciones están condensadas en su libro “El Traductor”, que fuera seleccionado el último año entre los 8 finalistas del Premio Planeta (el premio, hoy por hoy, más importante de literatura nacional). Una novela de un fuerte contenido autobiográfico donde afloran constantemente a lo largo de sus 700 páginas, sus reflexiones sobre los temas de actualidad política científica y cultural que tanto lo apasionaron. En los últimos meses, estaba procurando infructuosamente que se publicara su obra, realizando un penoso peregrinaje por las ediciones que, ni aun pagando el costo de la edición de su bolsillo, estaban dispuestas a hacerlo. Un factor adicional que se sumó a su ya atormentada existencia. Venía, además, de terminar hace unos meses atrás un libro de “Autoayuda”. El libro se nutre mucho de su propia experiencia personal. No fue suficiente para “autoayudarlo” a seguir viviendo, pero quizás, mirándolo desde otro lado, fue lo que le permitió llegar hasta los 43 años. Estas líneas son una despedida y un homenaje a un entrañable amigo y a quien fuera un militante y compañero de ruta del Partido Obrero.

José Rodríguez, el ‘patrón’ del Smata, firmó con la FIAT, para la futura planta en Córdoba y la de Sevel en Palomar, un convenio que provocó la admiración de lo más negrero que vegeta en el país. El convenio de la FIAT estaba siendo discutido con la UOM, pero sorpresivamente el gobierno, la patronal y el Smata anunciaron que el convenio pasaba a la jurisdicción del Smata. En total secreto, la patronal negoció a dos puntas (con la UOM y el Smata) y terminó firmando con el mejor postor, es decir, con el más entreguista. El convenio se mantiene en secreto bajo siete llaves, no se ha dado a conocer el texto íntegro, pero por lo que publicaron algunos diarios surge que Rodríguez firmó: • semana laboral de 44 horas con turnos y francos rotativos para los sábados. “De esta manera, se garantiza una movilidad de turnos de trabajo adaptables a las variaciones de producción sin mayores costos por horas extras” (Ambito Financiero, 18/1). • se respetan las vacaciones en verano sólo para los 14 días. “Cuando superen esa cantidad de días, a partir del quinto año de trabajo, la empresa podrá decidir en qué momento se hará efectiva la licencia” (ídem). • Se establece la polifuncionalidad, eliminándose las categorías, y el obrero deberá realizar todas las tareas. Los equipos de producción se dividirán “a la manera de células” (Ambito Financiero) repartiéndose entre sus integrantes todas las tareas. • Claro está que el salario no será polifuncional sino de miseria y vinculado a la productividad. El básico “estaría sujeto a un piso de producción diario de vehículos. A partir de esa cantidad, las mayores ganancias serían repartidas entre la empresa y los empleados según la forma en que se determine” (ídem). Según la UOM, en el convenio firmado por el Smata se establece un jornal de 3,78 pesos la hora cuando para iguales tareas en Cormec es de 6,07 pesos la hora (La Nación, 19/1). Según Ignacio Tello, de la UOM Córdoba, “nosotros no estamos dispuestos a permitir semejante canallada”, lo cual empantanó la discusión entre la UOM y la patronal de FIAT. Ante la falta de acuerdo, la FIAT lo llamó a Rodríguez, quien gustoso firmó la ‘canallada’. En Prensa Obrera (Nº 469, 17/10/95), habíamos denunciado que la UOM en forma secreta había alcanzado un pre-acuerdo de convenio con la FIAT que establecía “seis días laborables” con “francos semanales variables”. Además, “la jornada de trabajo individual será efectuada con una base plurisemanal a ser definida consensuadamente”. En cuanto a las vacaciones, cuando superen los 14 días, “se contemplará la facultad de otorgar las vacaciones en forma colectiva y/o individual en dos épocas desde diciembre hasta febrero y desde julio hasta agosto ... ”. El pre-acuerdo UOM-FIAT establecía el régimen de ‘polifuncionalidad’, con una remuneración “variable y vinculada a indicadores que midan los efectivos resultados gestionales globales, contemplando pautas como productividad, calidad, eficiencia ... ”. Como se puede apreciar el convenio firmado por el SMATA y la FIAT es un calco del pre-acuerdo UOM-FIAT. La diferencia radicaría en las escalas salariales básicas que en el convenio firmado por el Smata serían un 40 por ciento inferiores a las que cobran los metalúrgicos. El anuncio del convenio FIAT-SMATA provocó la protesta de la UOM. Lorenzo Miguel fue a verlo a Menem, quien lo escuchó en silencio, según los diarios, es decir no le dio bola. Ahora la UOM hará una presentación ante la Justicia... Lo que está en claro es que la patronal de la FIAT manejó el convenio a dos puntas y como en un remate firmó con quien le daba más. Como burocracia, Lorenzo Miguel perdió en la competencia antiobrera con Rodríguez, quien de este modo se aseguraría la jurisdicción gremial de la FIAT, con el cobro de los suculentos porcentajes de cuota sindical, obra social y otros menesteres. Abajo el Convenio Fiat-Smata. Plenario de Delegados y Asamblea en la UOM. Plenario y Asamblea en el Smata La firma del convenio FIAT-SMATA revela todas las trampas que el gobierno y las patronales están dispuestas a hacer para bajar los salarios y aumentar la superexplotación de los obreros. Para el gobierno y las patronales, no hay jurisdicción gremial que valga y así es que no tuvieron empacho en reconocerle al SMATA la jurisdicción de la FIAT, que antes se le había otorgado a la UOM. El convenio SMATA-FIAT es un golpe a los obreros mecánicos y metalúrgicos. A los mecánicos, porque todas las patronales automotrices quieren convenios semejantes para sus fábricas. El año pasado, José Rodríguez firmó un convenio entreguista con la General Motors y desde entonces todas las patronales automotrices están imponiendo en las fábricas clausulas de ese convenio. El convenio de la FIAT es parecido al de General Motors. Es un golpe a los metalúrgicos, porque las patronales autopartistas quieren ‘igualdad de condiciones’ con las automotrices. Se viene entonces una ofensiva de las autopartistas para bajar los salarios, meter la polivalencia, los turnos rotativos y fraccionar las vacaciones. La consigna que unifica hoy a metalúrgicos y mecánicos entonces es: ABAJO EL CONVENIO FIAT-SMATA. Con este gran reclamo, los delegados y activistas deben exigir la realización de plenarios y asambleas en metalúrgicos y mecánicos. Este reclamo es supervigente en la UOM que dice que el convenio es una ‘canallada’. Estos plenarios y asambleas metalúrgicas deben hacer un llamado a los obreros mecánicos para rechazar en forma conjunta el convenio firmado por el ‘patrón’ Rodríguez y la FIAT y designar una comisión común mandatada para discutir el convenio sobre la base de: • jornada máxima de 8 horas. Pago de las horas extras. • salario mínimo de 1.500 pesos. • respeto integral de las categorías. No a la polifuncionalidad. • Vacaciones en verano. • En caso de disminución de la producción, reparto de las horas de trabajo entre todo el plantel obrero sin afectar el salario.

Cientos de mortíferos misiles Grad, artillería pesada, aviación de combate y otras armas de exterminio masivo fueron utilizados por el ejército ruso para conquistar la aldea de Piervomaiskaia (en la frontera entre Chechenia y la república de Daguestán, en el Caucaso), ocupada por las milicias separatistas chechenas. En la ‘operación’ fueron masacrados un número indeterminado de civiles; para justificar el baño de sangre de la población civil, “el ministro de Interior ruso, Anatoli Kulinov, llegó al punto de afirmar que decenas de rehenes eran en realidad guerrilleros o ‘cómplices’ de los chechenos, incluidas varias mujeres que –según la versión oficial– rechazaron la liberación ofrecida (por los chechenos) porque no querían abandonar a sus maridos” (Clarín, 21/1). La salvaje carnicería rusa contra la población civil no rusa de la república de Daguestán (mayoritariamente caucasiana) “abrió un abismo entre los rusos y las poblaciones musulmanas del Caucaso”, mucho más allá de Chechenia (Página/12, 17/1). La ocupación de Piervomaiskaia —a la que hay que agregar la toma de un barco turco que se dirigía a Rusia en el vecino Mar Negro y el secuestro de una treintena de técnicos rusos en Grozny, la capital chechena— muestran que la resistencia independentista está muy lejos del aniquilamiento anunciado por Yeltsin. Al contrario, la “operación de diez horas” con que Moscú prometió aplastar la independencia chechena ya entró en su segundo año, a pesar de haber causado más de 30.000 muertes (la mayoría entre la población civil). El movimiento de resistencia es masivo. En las principales ciudades (Financial Times, 12/12) contra las ‘elecciones’ a la ‘presidencia de la república chechena’ que organizó el gobierno de Moscú en consonancia con las elecciones parlamentarias rusas, 10.000 personas desfilaron por las calles de la destruida Grozny –y ante la mirada de las tropas de ocupación– con dos consignas centrales: ‘fuera las tropas rusas’ y ‘anulación de las elecciones’. El boicot de los chechenos fue contundente: “sólo votaron los soldados rusos” (Le Monde, 18/12). El salvajismo de la represión no tiene límites. A fines de diciembre, un comando checheno ocupó por tres días la segunda ciudad del país, Goudermes. Cuando los milicianos se retiraron, el ejército ruso cercó la ciudad —para impedir el escape de la población— y la sometió a una semana de un bombardeo “punitorio” brutal en el que fueron asesinados más de 300 civiles. Ni una palabra de condena se escuchó en las cancillerías occidentales contra esta masacre. En esta guerra contra los chechenos “el FMI paga, sin condiciones políticas” (Le Monde, 29/12). Es que Chechenia es una pieza clave para el éxito del ‘negocio petrolero del siglo’, la exportación del petróleo de Azrbaiján a Occidente. El aplastamiento del reclamo nacional checheno es “tanto más necesario” para Yeltsin “cuanto Rusia deberá firmar el 29 de enero un acuerdo con el consorcio petrolero del Caspio (integrado por capitales ingleses y estadounidenses) sobre el tránsito del oro negro a través de Chechenia” (ídem). El diario Novedades de Moscú denunció que la “vía de fuerza en Chechenia... es una de las primeras etapas de múltiples movimientos cuyo fin último es reunir las condiciones para anular las elecciones prsidenciales (de junio de 1996)”. Para el Financial Times (31/10), “Occidente podría aceptar una ‘pausa’ en el desarrollo democrático de Rusia” (la suspensión de las elecciones presidenciales) y “un régimen autoritario... si el elegido para encabezarlo es (el actual primer ministro) Chernomyrdin”... justamente, el representante de los intereses de los pulpos petroleros y gasíferos privatizados en el gobierno de Yeltsin. La masacre del pueblo checheno sería, entonces, la antesala del golpe yeltsiniano en Rusia.

A los lectores de Prensa Obrera no les sorpendió la firma del acuerdo automotriz argentino-brasileño que provocó las airadas protestas de Francisco Macri, el patrón de Sevel. En Prensa Obrera Nº 452 (20/6/95) dijimos, polemizando con los diarios que anunciaban una ruptura en el Mercosur, “que Cardoso y Menem marchan a un acuerdo, por exigencia de los grandes capitalistas. Por la posición dominante de éstos en uno y otro país, el acuerdo se torna inevitable. Lo más probable es que Brasil flexibilice los cupos de importación de autos de Argentina, a cambio de la aceptación argentina del régimen automotriz en Brasil”. Fue lo que pasó. En junio del año pasado, Cardoso sancionó un decreto rebajando del 18% al 2% los aranceles de importación de máquinas, materias primas, repuestos y accesorios para la industria automotirz y de maquinaria agrícola. Actuó así por mandato de las automotrices imperialistas que exigían una gran reducción de costos para radicarse o ampliar sus fábricas en Brasil. De lo contrario, habían dicho, se instalarían en la Argentina, al amparo del régimen automotriz argentino, para abastecer a todo el Mercosur y eventualmente exportar a otros mercado. De este modo, el capital imperialista se sirvió del régimen automotriz ‘argentino’ para presionar a Brasil a establecer uno igual o aún superior en su beneficio. El decreto de Cardoso además establecía que el intercambio de autos entre Argentina y Brasil debía compensarse por terminal. Era un tiro de gracia adicional para Macri y Antelo : les cerraba el mercado brasileño porque ni Macri ni Antelo tienen plantas automotrices en Brasil. Justamente Macri había planteado que “el gobierno argentino tiene que contemplar a las empresas con capitales nacionales en el régimen de intercambio —con autopartes incluidos— que representan 60 % del mercado argentino, como Sevel y Ciadea” (El Cronista, 26-12-95). Como al mismo tiempo el decreto subsidiaba con la baja de aranceles la instalación de automotrices en Brasil, Renault, Peugeot y Fiat (bajo cuyas licencias operan Macri y Sevel) tenían el camino despejado: instalarse en Brasil y desplazar a Sevel (Macri) y Ciadea (Antelo) del negocio automotriz. Macri y Antelo lograron que en febrero se discuta qué cantidad de autos podrán exportar a Brasil sin compensación, pero esto es solo un consuelo. Las terminales imperialistas tienen ahora en ambos países regímenes automotrices privilegiados. Además Fiat no le renovó la licencia a Sevel y Renault podría cesar también el contrato con Antelo. Nueva crisis El acuerdo abrió otro frente de crisis. Al rebajar los aranceles de las materias primas e insumos del 18 al 2%, la burguesía brasileña proveedora de la industria automotriz sufrió un serio golpe: está obligada a bajar sus precios si no quiere ser desplazada por la importación. Pero lo mismo le va a pasar a la burguesía proveedora argentina porque ya las automotrices imperialistas instaladas en Argentina plantean que ellos tambien quieren importar al 2% para no quedar desplazada por Brasil. En el anexo del acuerdo se dice que “Argentina analizará el modo de compatibilizar su régimen automotriz y de bienes de capital a la luz de los productos incluidos en el régimen automotor brasileño”, una claúsula dictada por las automotrices imperialistas. Por esa razón Techint , que abastece de chapa a las automotrices, pegó el grito en cielo cuando Cardoso sancionó el régimen automotriz. Ahora, las terminales ‘argentinas’ se valen del régimen brasileño para bajarle los precios a la burguesía proveedora de materias primas e insumos. Además, al contar Brasil con un régimen propio, Argentina pierde las ventajas que tenía para entrar en el mercado brasileño, lo cual le pone un límite a la expansión automotriz, acentuando la actual recesión. Brasil, por su parte, deberá tener un boom importador de materias primas e insumos, lo que agravará su deficit comercial. Por la unidad de los obreros de ambos países Al rubricar el acuerdo, los gobiernos y las patronales automotrices quieren concentrar la producción, liquidar el capital más débil y sobrante, y abrir el paso a una mayor explotación de los trabajadores de ambos países. El convenio firmado por José Rodríguez con General Motors y ahora con la Fiat de flexibilización laboral y salarios miserables es un elemento central en esta política superexplotadora, como la de los burócratas brasileños que entregan los convenios de los mecánicos de ese país. Contra los acuerdos imperialistas y antiobreros de Menem-Cardoso, los trabajadores de Argentina y Brasil deben levantar un programa de unidad y defensa de los convenios, condiciones de trabajo y salarios. Que nos paguen el mismo salario mínimo, igual al costo de la canasta familiar. Que se reduzca la jornada a 6 horas, para crear un cuarto turno laboral que dé trabajo a los desocupados. Subsidio al desocupado Jubilación equivalente al 82 % del salario móvil, financiada por las patronales. Abajo la “reforma previsional” y la “jubilación privada”. Por Cajas del Estado bajo control de obreros y jubilados. Eliminación de los impuestos al consumo. Impuestos progresivos al capital. Plan económico bajo la dirección de la clase obrera.

Los 22.000 obreros industriales de la Ford británica están preparando una huelga por la renovación de su convenio colectivo. Los trabajadores rechazan la oferta patronal de un aumento salarial de 4,75% este año y una promesa de otro 4,5% el año próximo. Reclaman un aumento salarial del 10% para una jornada reducida de 39 a 37 horas semanales, similar a la que rige en las plantas de la Ford en el continente europeo. El alargamiento de la jornada significa, al cabo del año, 28 días de trabajo adicional. ¿Aquí no rigen los sacrosantos ‘criterios de la unidad europea’? La campaña por el convenio comenzó a mediados de noviembre con dos importantes huelgas espontáneas en las dos mayores plantas de la Ford británica –la de Dagenham y la de Southampton. Al mismo tiempo, los obreros de la Vauxhall, la subsidiaria británica de la General Motors, también están en lucha por la renovación de su convenio colectivo con un corte de horas extras y la reducción unilateral en dos horas de la semana laboral por parte de los 11.000 trabajadores de la empresa. Según la prensa, las acciones sindicales “están golpeando duramente a la compañía” (Financial Times, 13/12).

La Coordinadora de Desempleados de Córdoba ha editado su primer boletín. El objetivo es lanzar una campaña por el subsidio mensual de 500 pesos. Para organizar la campaña, la Coordinadora convocó a una asamblea para el viernes 16 de febrero, en Rivera Indarte 292. El eje de la actividad es un petitorio que plantea: • La implementación de un seguro de desempleo por 500 pesos mensuales para todos los desempleados mayores de 16 años. • Que el Estado subsidie en un 100% el pago del alquiler para viviendas, tasas impositivas, tasas de servicios, transporte, mientras dure el período de desempleo, y el cese inmediato de los juicios de desalojo. • Que el Estado garantice en forma total la obra social a los trabajadores desempleados y sus familias. Con el boletín, la Coordinadora se plantea organizar núcleos de desempleados en los barrios, contando ya con más de 700 empadronados. En el boletín también se detallan las actividades de asistencia que se están desarrollando (bolsas de trabajo, cursos, servicio de enfermería, rebaja en medicamentos, etc.), con el objetivo de paliar las situaciones más graves y como apoyo moral y psicológico para los desocupados.

En 1980, la deuda fiscal de los EE.UU. —es decir, los déficits públicos acumulados durante dos siglos y dos guerras mundiales— era inferior al billón de dólares. ¡En tan sólo quince años se ha quintuplicado, alcanzando los 4,9 billones, una cifra cercana al 70% del PBI, creciendo a una tasa del 11% anual. Si se considera que en el mismo período el producto creció a un promedio del 3% anual —y la población a una tasa inferior al 1% anual— salta a la vista el peso descomunal y creciente de la deuda pública para la economía norteamericana. Los intereses de esta deuda ascienden a 250.000 millones de dólares anuales y son el ítem de más rápido crecimiento en el presupuesto. representan el 15% del presupuesto federal y equivalen a la casi totalidad del déficit fiscal anual. En consecuencia, Estados Unidos ve acercarse el momento en que deberá contraer nueva deuda para pagar los intereses de la deuda ‘vieja’... es decir, el paraíso del parasitismo financiero. A este déficit federal hay que agregarle los avales que la Tesorería otorga a cientos de empresas privadas. Se trata de una cifra que la prensa especializada no da a conocer muy frecuentemente, pero en 1992 el monto de estos avales equivalía al 150% del déficit fiscal. La situación fiscal es aún más explosiva si se consideran los monumentales déficits de los cincuenta estados y de los miles de municipios norteamericanos. Poco tiempo atrás, California, el estado más poblado e industrialmente más poderoso de los Estados Unidos, se vio obligada a pagar sus obligaciones con bonos porque su presupuesto literalmente se había ‘agotado’; el distrito de Orange, uno de los cinco con mayor ingreso promedio del país, hace menos de un año se vio obligado a dictar una moratoria unilateral ante la imposibilidad de pagar los intereses de su deuda. Las decenas de billones de dólares de deuda pública y de deuda privada de las empresas y de las familias revelan el desesperado esfuerzo de la burguesía por forzar la circulación de las mercancías y la valorización de los capitales más allá de los límites que les impone la reducida capacidad de consumo de las masas. “Otra razón para preocuparse: —dice The Economist (18/11) (es que) aunque tiene un déficit fiscal (proporcionalmente) menor que los restantes países del G-7, Estados Unidos tiene, por lejos, la menor tasa de ahorro privado”. Esto significa que los ingresos de los ciudadanos son absorbidos totalmente por el consumo y que, aún más, los ingresos futuros se encuentran hipotecados por las deudas ya contraídas. Por otro lado... “La baja tasa de ahorro transformó a los Estados Unidos, en una década, del mayor acreedor mundial neto en el mayor deudor mundial neto... En el largo plazo, estas deudas son incompatibles con el status del dólar como moneda mundial de reserva. Si la deuda continúa subiendo, el dólar se volverá vulnerable”, pronostica The Economist (18/11). La gravedad de las contradicciones que encierra la deuda pública norteamericana revelan la profundidad de la crisis capitalista. La deuda pública se ha convertido en una necesidad para el funcionamiento del capitalismo norteamericano. Las ‘amenazas’ de eliminar el déficit fiscal que lanzan Clinton y los republicanos no son nada más que una cobertura ideológica del ataque a las conquistas sociales de los trabajadores, y en particular de los servicios de salud y previsión social de los ancianos.

El sábado 6 se realizó por iniciativa del PO y la UJS una reunión en la Sociedad de Fomento de Villa Lanzone (San Martín) para discutir el gravísimo problema de la desocupación, que ha adquirido aquí, como en el resto de las barriadas pobres del conurbano una dimensión de verdadera catástrofe. La convocatoria, impulsada mediante un volante que se distribuyó masivamente y una serie de pintadas, recibió una acogida notable. Aunque el barrio tiene una cierta tradición de movilización; por el reclamo del agua, más recientemente contra la instalación de un basural (luchas en las el PO ganó un reconocimiento), es evidente que la bronca contra el gobierno y la disposición a organizarse para resistir se ha extendido a todas las capas de su población. La asamblea, en su mayor parte compuesta por jóvenes, discutió y aprobó la propuesta del PO de trabajar un petitorio dirigido a la municipalidad reclamando: un seguro de 500 pesos, la eximición de impuestos y asistencia sanitaria gratuita e integral para todas las familias desocupadas. También se resolvió lanzar una campaña en los medios radiales y escritos del distrito, y se conformó una comisión para coordinar y motorizar las demás tareas. La Comisión, que se reunió el jueves siguiente para balancear la marcha del petitorio y organizar el cronograma de visitas a las radios y redactar un comunicado de prensa, decidió además instalar una mesa en la estación Suárez del FF.CC. Mitre para juntar firmas y difundir la propuesta. Por último se acordó que la comisión se reuniría semanalmente y convocaría a plenarios cada 15 ó 20 días para informar y debatir nuevas iniciativas; un empadronamiento de los desocupados y un festival; conectarse con comisiones internas combativas de la zona, son algunas sugerencias que quedaron planteadas. La organización de los desorganizados será una de las claves para desarrollar la situación que se ha abierto. Hay que comprender esto y también las posibilidades que se nos presentan.

A mediados de diciembre culminaron en los Estados Unidos dos importantes huelgas con resultados diametralmente opuestos: victoria en la Boeing; derrota en Caterpillar. Victoria en la Boeing Después de 69 días de huelga, el contrato colectivo firmado en la Boeing para los próximos cuatro años establece, amén de conquistas salariales, dos reclamos fundamentales de los trabajadores: el mantenimiento de la financiación del seguro de salud a cargo de la empresa por los próximos tres años (en el cuarto la cuestión será reexaminada) y el derecho sindical a fiscalizar la política de la empresa de ‘subcontratar’ la construcción de partes de aviones en otros países. La partronal pretendía que los trabajadores financiaran una parte del seguro de salud y profundizar la política de ‘subcontratos’... que en los últimos años provocó la pérdidad de más de 18.000 puestos de trabajo. La victoria llegó poco después de que los trabajadores rechazaran, por más del 60% de los votos, el acuerdo que habían alcanzado la patronal y el sindicato. La huelga, entonces, “comenzó a alcanzar verdaderamente a la compañía” (ídem), multiplicando las demoras en la entrega de los aviones y provocando “importantes repercusiones financieras” para la Boeing. La ofensiva patronal contra las conquistas obreras es una consecuencia directa de la envergadura de la crisis mundial. “Boeing y Airbus (su principal competidor) tienen una capacidad de producción excedente del 50%. McDonell Douglas y Fokker, del 30%... Boeing construye hoy la mitad de los aviones que en 1982” (ídem). Derrota en Caterpillar En contraste, los trabajadores de Caterpillar sufrieron una dura derrota: después de 18 meses, se vieron obligados a levantar la huelga sin obtener ninguna de sus reivindicaciones. A diferencia de la Boeing, los trabajadores de Caterpillar no lograron paralizar la producción, que se mantuvo con rompehuelgas y capataces. Hasta la huelga de la Boeing, la recuperación del movimiento sindical norteamericano se había venido desarrollando a través de una serie de ‘derrotas gloriosas’ como la de Caterpillar: en la mayoría de los casos, los trabajadores no lograban derrotar a las patronales pero el surgimiento recurrente de huelgas muy duras ponía de manifiesto que éstos se negaban a aceptar, sin una muy tenaz resistencia, las pretensiones patronales. Otro ejemplo de estas ‘derrotas heroicas’ es la de los trabajadores de prensa de Detroit: después de cuatro meses de huelga contra la agencia DNA —la mayor compañía de diarios de los Estados Unidos— en los que los huelguistas sostuvieron piquetes masivos, choques con la policía y soportaron a pie firme los ataques de los rompehuelgas contratados por la empresa, la patronal “parece estar derrotando a los sindicatos” (The New York Times, 13/11)... pero el triunfo patronal es caracterizado, apenas, como “una victoria a lo Pirro”. La de la Boeing es la victoria más importante lograda por el movimiento sindical norteamericano en mucho tiempo y marca, por lo tanto, un progreso en su recuperación. Esta es su importancia.

Bastó que una masiva Asamblea de Desocupados realizada en Plottier (a 15 Km. de Neuquén) resolviera que “si el gobierno no fija mañana una fecha de pago del subsidio a la desocupación, ese mismo día o el viernes desempleados de toda la provincia se movilizarán a la casa de gobierno...”, para que el gobierno rápidamente diera a conocer el cronograma de pagos. Esta masiva Asamblea demuestra el vigor de la organización de los desocupados en toda la provincia con el surgimiento de Comisiones y Coordinadoras. La provocación y represión del 2 de octubre no pudo deshacer un movimiento que se nutre día a día por la desocupación que impulsan el gobierno y las patronales. Como en Plottier, las Asambleas se extienden a todos los rincones de la provincia con el reclamo de que el gobierno pague en término, incorporar a la Ley 2126 a los compañeros que quedaron afuera de los PRENO y que se pague un subsidio mínimo de 500 pesos a todos los desocupados sin discriminación, a partir de los 18 años.

Terminó el juicio por el asesinato del soldado Omar Carrasco; cuando este periódico esté en la calle se conocerán las condenas a los acusados. Concluyó así un montaje jurídico-político que tuvo por objetivo consagrar la ‘historia oficial’ armada por la Inteligencia militar y el Alto Mando: que la responsabilidad por el asesinato de Carrasco incumbe, exclusivamente, a un oficial de baja graducación —el subteniente Canevaro— y dos civiles —los conscriptos Suárez y Salazar. Todo el juicio se desarrolló según lo dispuesto por el Alto mando, el ministerio de Defensa y el comandante en jefe del Ejército, Menem. La instrucción del juicio se destaca por “la ausencia de peritación de rastros, la falta de reconstrucción del hecho, el abandono de pistas significativas, la prohibición a los de División de Homicidios (de la policía) de hablar siquiera con persona alguna del cuartel donde se hallaban los sospechosos” (Río Negro, 21/1). Fue la Inteligencia militar la que le suministró algunas pruebas —y ocultó otras— al juez de instrucción Caro, al que como consecuencia de su actuación se le ha pedido el juicio político por ocultamiento de pruebas fundamentales, por no haber llamado a declarar a varios testigos importantes y por haber adulterado la declaración de otros. Fue también el juez Caro, actuando “en connivencia y concordancia con la Inteligencia militar” (Página/12, 24/1), el que “con precipitación dividió la causa para que el encubrimiento de los altos mandos, que tenía pruebas, no fuera ventilado públicamente y quedara en el olvido” (Río Negro, 21/1). También fue la Inteligencia militar la que ‘armó’ el proceso que se siguió en la justicia militar: “toda la investigación judicial del caso Carrasco resposa sobre las averiguaciones que realizaron desde el comienzo los tenientes coroneles Raúl José y Victor Jordán (de la Inteligencia militar), sumariados porque se los acusa de querer comprar el testimonio de Claudio Balmaceda” (La Nación, 3/1). “Que la Inteligencia militar armó las declaraciones de los testigos se ha convertido en una certeza” (Río Negro, 24/1). Entregó al fiscal a la enfermera González y ‘armó’ la declaración “tardía y sospechosa” (La Nación, 22/1) del sargento Sánchez, las dos principales piezas de la acusación. El juicio se desarrolló “mientras se obstruían pruebas, se detenía ilegalmente a los testigos, se les ofrecía soborno” (Río Negro, 21/1). Es altamente probable que Canevaro y los soldados hayn sido los autores materiales del asesinato pero es obvio, como declaró el capitán Correa Belisle, que “dos soldados y un subteniente no pudieron manejar esto solos” (Ambito Financiero, 12/1). “Si hubieran sido dos soldados, terminan en un tribunal con un moño” graficó el oficial... El juicio amañado por el Alto mando se convirtió así en la pieza clave para el ocultamiento de todos los responsables y la consagración de la impunidad a todas la cadena de mandos que termina en la Rosada ... al punto que los defensores de los soldados Suárez y Salazar llegaron a decir que “estamos asistiendo al juicio de los ‘perejiles’ ...”: “el pacto de silencio impidió que se conociera la verdad. Los testigos militares relataron toda suerte de irregularidades en la guarnición y no pudieron eludir la fuerte sospecha de que Carrasco fue asistido en la clandestinidad y perdió por ello su chance de sobrevivir. Pero no dieron nombres ni datos sobre el escenario del crimen” (ídem). El principal encubridor de toda esta maraña de encubrimientos ha sido Balza, el jefe del Ejército. Declaró que no había enviado a personal de Inteligencia al cuartel de Zapala ... lo que más tarde fue desmentido por un simple sargento de cocina que señaló que, desde poco antes de que se encontrara el cadáver de Carrasco, “había más de cincuenta hombres de Inteligencia en el cuartel”. Los jueces tampoco llamaron a declarar al abogado Moreno Campos, representante del Estado Mayor, a pesar de que éste suministró una información esencial: que había tomado un primer contacto con el caso en el mes de marzo, es decir antes de que apareciera el cadáver de Carrasco. ¿El Alto mando iba a contratar un abogado y a enviarlo, junto con medio centenar de hombres de Inteligencia, a un cuartel por la simple deserción de un soldado? El alto mando en pleno y su comandante —Menem— debern ser puestos en el banquillo de los acusados. El juicio ha puesto en evidencia, una vez más, la defensa incondicional del aparato represivo por parte de los poderes de la ‘democracia’. No sólo la ‘justicia’ —que siguió el ‘guión’ armado por la Inteligencia militar— o el ‘ejecutivo’, metido hasta las narices en el operativo de encubrimiento. También el parlamento, que sin hacer mucho ruido rechazó el primer pedido de juicio político contra el juez Caro a pesar de la montaña de pruebas que se acumulaba en su contra. No se escuchó la protesta de ninguno de los parlamentarios de la UCR o del Frepaso, tan preocupados de la ‘seguridad jurídica’ y de la ‘independencia de la justicia’ cuando de proteger a los intereses de los grandes capitalistas se trata. El Ejército, el gobierno y los ‘opositores’ quieren cerrar rápidamente el juicio por el asesinato y olvidar para siempre el juicio por los encubrimientos. Después de todo, la condena a Canevaro sería “un bajo costo para las fuerzas armadas” (Río Negro, 21/1). Pero así como la amnistía menemista no cerró la lucha por el juicio y castigo a los represores de la dictadura, el juicio menemista —y aún sus eventuales condenas—no cerrará la lucha de la juventud por juzgar y castigar a todos los responsables del asesinato. Aquí tampoco, la juventud no olvida ni perdona.

El traslado de los obreros tucumanos a Alto Valle, organizado por Bussi, fue una iniciativa del Ministerio de trabajo y, sobre todo, de las patronales de la fruta, quienes todos los años hacen operativos para bajar los salarios de los trabajadores. Para las cámaras patronales de la fruta, informa el diario Río Negro, “la mano de obra local no alcanza para levantar la cosecha”. En realidad sobra, pero los capitalistas del Alto Valle traen a desocupados del resto del país por salarios de supermiseria. “Los productores y empacadores de la fruta prefieren desde hace décadas a los braceros del norte porque, a diferencia de los locales, aceptan condiciones de trabajo rayanas con la explotación” (Página/12, 19/1). La ‘preferencia’ de los patrones de la fruta por los zafreros del norte está confirmada por el hecho de que “la mayoría de los tucumanos llega con contratos, antiguedad y experiencia” (Río Negro, 19/1). Los patrones traen a los zafreros no para cubrir la falta, sino para provocar un exceso de mano de obra que deprima artificialmente los salarios y las condiciones de trabajo: los obreros de la fruta ganan un salario de apenas 300 pesos por jornadas de más de doce horas de trabajo al sol y son obligados a vivir hacinados en casuchas de madera miserables, sin agua ni instalaciones sanitarias. El trabajador ‘golondrina’ es un verdadero paria; si no quiere volverse sin nada a su tierra, está obligado a aceptar las condiciones salvajes que les imponen las patronales. Un ejemplo, para esta cosecha se espera una producción 10% superior a la de 1995, que será recogida y empaquetada por la misma cantidad de trabajadores que el año pasado. Para los explotadores, la creación de este ‘excedente’ de mano de obra es una preocupación permanente, y no sólo en la época de las cosechas: durante la crisis provincial rionegrina, las patronales de la fruta reclamaron abiertamente, no la reducción del salario de los empleados estatales, sino el despido de miles y miles de trabajadores para crear un ‘ejército de reserva’ provincial que les permita bajar todavía más los salarios y las condiciones de trabajo de los trabajadores de la fruta. El ‘viaje’ fue armado por Bussi-Menem y los patrones de la fruta no tardaron en hacerse notar. A las pocas horas de la llegada de los zafreros, los trabajadores de la empacadora Estrella Alpina decidieron rechazar la ‘oferta’ salarial de la patronal, “que implicaría una fuerte reducción respecto a lo que pagó Estrella Alpina en la temporada anterior”: ¡la patronal pretende imponer una reducción salarial de 260 pesos sobre salarios, que en promedio, no superan los 500 pesos mensuales! Aquí hay un retrato del auténtico interés social y político detrás del reclamo de Menem, Bussi, las cámaras de la fruta y la prensa patronal en defensa de la ‘libertad de trabajo’ y de la ‘libertad de circulación’ de los trabajadores a través de todo el territorio nacional.

Un sólo hecho basta para graficar la magnitud de la catástrofe que está ocurriendo en el sur: “ningún miembro de las generaciones actuales podrá volver a ver los bosques arrasados por los incendios (porque) la recuperación de los árboles destruidos llevará entre 130 y 150 años” denunció Juan Enricci, director del Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (La Nación, 21/1). Los incendios ya “destruyeron 15.700 hectáreas, superficie que equivale a las tres cuartas partes de la de Capital Federal” (ídem). Todos los técnicos —incluso los oficialistas— habían previsto un ‘verano difícil’: “habíamos advertido que podía haber muchos incendios este año” declaró el presidente de Parques Nacionales, Felipe Lariviere (La Nación, 23/1). Los especialistas coinciden también en que una mínima inversión —en equipamientos y personal— habría bastado para evitar que los focos de incendios se convirtieran en una catástrofe natural sin precedentes. Pero ni Parques Nacionales ni las provincias tienen aviones hidrantes, helicópteros de patrulla o personal. “No hubo un buen primer ataque porque dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi no existe sistema de detección” (Clarín, 23/1). El personal —y los medios a su disposición— tanto en Parques Nacionales como en las provincias afectadas, “han sido dramáticamente reducidos por las rebajas presupuestarias” (Río Negro, 23/1). El presupuesto de Parques Nacionales, por ejemplo, llega apenas a un millón de pesos: según su propio director, para contratar trabajadores temporarios para combatir los incendios fue necesaria una partida presupuestaria de emergencia (La Prensa, 23/1). La propia María Julia Alsogaray, secretaria de Medio Ambiente, reconoció que “cada provincia tenía su programa contra incendios, pero a causa de la crisis, presumo, los fueron desmantelando” (La Maga, 24/1). Todo esto explica por qué “un foquito que apareció hace tres días y que era tan chico como el humo de un asado”, según la descripción del gerente del hotel del cerro Catedral, se convirtiera en una catástrofe nacional. La razón por la cual no hay presupuesto para aviones, sistemas de detección de incendios o para los programas preventivos provinciales es la misma por la cual no hay presupuesto para los hospitales, para las escuelas o para las jubilaciones: los diez mil millones de dólares que insume anualmente el pago de la deuda externa. La destrucción de una fracción de los parques nacionales —responsabilidad del Estado— será utilizada como excusa para justificar su posterior traspaso a la ‘iniciativa privada’ ... de la misma manera que la destrucción de Entel, Aerolíneas, Obras Sanitarias y de las restantes empresas públicas fue el preludio de su privatización. La Alsogaray ya presentó varios proyectos para privatizar los parques nacionales. Tampoco hay que olvidar que la llamada ‘reserva ecológica’ de la Costanera porteña —un ‘bocado’ que persiguen los especuladores inmobiliarios— sufre sistemáticos incendios intencionales. Precisamente, son varios los especialistas que señalan como una de las principales causas del desastre a los “incendios intencionales por razones económicas y para cobrar los seguros” (Río Negro, 21/1). En los últimos años Argentina ha sufrido una verdadera catarata de catástrofes de todo tipo: Río III; las inundaciones de Buenos Aires; las intoxicaciones masivas como consecuencia de la contaminación de los ríos (como el Reconquista o el Matanza) o del consumo de alimentos en mal estado o con sustancias venenosas; el resurgimiento de las enfermedades de la miseria; el escape de gases venenosos en zonas urbanas. La política oficial —el pago de la deuda externa, la entrega de las riquezas nacionales a los grandes capitalistas y a los usureros internacionales, el fomento de la especulación bursátil e inmobiliaria, la ‘libertad de empresa’ otorgada a los capitalistas para superexplotar a sus trabajadores y desconocer las reglas más elementales de seguridad o salubridad— es el hilo conductor que une a todas estas catastrofes perfectamente evitables. María Julia Alsogaray es el blanco del odio popular. Pero la Alsogaray no es más que “la representante de los intereses del empresariado (que lucra con los negocios y negociados de la destrucción del medio ambiente) y del entorno del gobierno” según la justa denuncia de Raúl Montenegro, presidente de la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam). Entonces, fuera la Alsogaray, y sus amos, los pulpos y el régimen de Menem-Cavallo.

Rivera (Uruguay), 18/12/95 Queremos, a través de ese medio de comunicación, hacer llegar a todos los argentinos la solidaridad de trabajadores y trabajadoras de Uruguay por los penosos momentos que les toca vivir, por resistir; pero debemos tener claro que sólo la lucha nos hará libres. También, a través de este medio, los ponemos en conocimiento de una carta enviada a la Justicia argentina, que dice lo siguiente: Rivera (Uruguay), 18/12/95 Juzgado de Instrucciones número 3 Santiago del Estero - 1er. piso - Neuquén Sr. Juez Abelleira: Desde Rivera, Uruguay, ciudad fronteriza limítrofe con Brasil, queremos hacer llegar a esa Corte nuestro firme reclamo. Por: la libertad inmediata del compañero trabajador Horacio Panario, símbolo y bandera de los trabajadores en lo nacional e internacional. Por: la lucha que compartimos y apoyamos totalmente de la Coordinadora de Desocupados de Neuquén. Por: el cese de la campaña de represión política que abarca el procesamiento de más de 600 dirigentes y trabajadores gremiales (dirigida hacia los que se han movilizado contra el ‘ajuste’ y reclaman por sus derechos tanto en la provincia como en lo nacional). Finalmente declaramos: Que dada la importancia de este feroz ataque a las conquistas históricas y derechos de los trabajadores, que trascienden los límites geográficos, asumimos el compromiso de responder con una campaña internacionalista pero obrera, de los trabajadores, de los oprimidos y perseguidos. Para que las organizaciones populares y de masas se pronuncien contra este atropello que pretende hacer retroceder la rueda de la historia de la humanidad. (Siguen firmas)

La ‘negociación’ abierta entre la Intendencia y un sector de vecinos de Villa 31, por expresas directivas de Menem, revela la gran crisis política que se originó con la represión policial ordenada por ‘topadora’ Domínguez. La huelga de hambre de los curas villeros y la propia presencia del primado Quarraccino en la Villa forzaron a Menem a buscar una “salida negociada”. La represión, de características ‘fascistas’, presentada como el desalojo de 6 casillas “que obstruían el trazado de la autopista”, fue para precipitar el desalojo violento de la población restante de la villa. Domínguez se presentó ante la burguesía como el garante de las inversiones inmobiliarias de los grandes emprendimientos urbanísticos de lujo para la zona Retiro —puerto. Incompatibles para la burguesía, con o sin autopistas, con la presencia de ‘villeros’ en la zona. Desde hace un año y medio, la Intendencia viene ‘apretando’ a los vecinos de Retiro con la ordenanza 47665, aderezada con amenazas y ‘razzias’ policiales. Pero las ‘soluciones’ contempladas en la ordenanza, se demostraron ineficaces. Los 12.000 pesos de subsidio para emigrar a otras regiones requiere tener terrenos o viviendas en el nuevo destino. Los créditos hipotecarios de 25.000 pesos suponen un trabajo estable y determinada garantía. En cuanto a la entrega de viviendas construidas, los vecinos denuncian que nunca aparecieron. Incluso esta política significa una violación del decreto 1001 y el plan ‘Arraigo’ de Menem, que garantizan el asentamiento y urbanización de los barrios de emergencia, mediante la transferencia de la propiedad a los habitantes actuales. Pero estos planes, que prevén un desalojo ‘pacífico’ y más a largo plazo (mediante la valorización de la propiedad y la presión de los impuestos), son reemplazados por la topadora y la guardia de infantería cuando el gran capital inmobiliario lo requiere. La huelga de hambre de los curas villeros y el ‘apoyo’ de Quarraccino se inscriben en la política de un sector de la burguesía y de la Iglesia, que ven con preocupación la explosividad social de la situación y recomiendan caminos más indirectos: el desalojo de la villa por vías ‘legales’. Domínguez no derogó el decreto de desalojo ‘violento’, lo considera ‘extinguido’ por el momento; se reserva esa carta en la manga. ‘Negociaciones’ como las que se iniciaron hubo muchas y terminaron siempre en la impasse. La voracidad capitalista incompatible con las necesidades populares de vivienda hacen precaria la tregua. Gran parte de los vecinos reclaman el asentamiento y urbanización según los términos de la 1001 y tal como estuvo previsto, a cargo de la empresa constructora, en los contratos de construcción de la autopista.

“Duhalde sera este año el ‘privatizador’ oficial más prominente”, dice un editorialista de La Nación (13/1), por la entrega de Eseba, la empresa de electricidad. La deuda de Eseba “el erario bonaerense la tomaría integramente a su cargo”, lo que constituye “un conjunto capaz de tentar el apetito de los grandes grupos locales y extranjeros” (ídem). Además asoció el Banco de la Provincia con capitales privados en el negocio de las AFJP y en “asociaciones con centros financieros del exterior” (ídem), lo cual constituye una privatización parcial del Banco. Despidos La Legislatura duhaldista —en medio de una brutal represión contra los trabajadores que se concentraron para protestar— aprobó varias leyes para despedir estatales y municipales, recortar salarios, anular conquistas y desmantelar servicios de los municipios en favor de diversas camarillas privatizadoras. El centro del ataque: la salud. Los hospitales públicos son el botín de los privatizadores. Hubo despidos en los hospitales de Monte Grande, Morón, Solano, Palomar. Desaparecen servicios y se “reforma” los hospitales publicos transformándolos en ‘especializados’ (el polivalente de Morón pasaría a ser un materno- infantil), porque esto facilita su copamiento por los privatizadores. Los médicos y trabajadores de la salud son racionalizados, superexplotados y despedidos. El ministro de salud de Duhalde, Mussi, dijo que “el eje central de nuestra política (pasa) por la descentralización, la autogestión y la regionalización de la salud” (ídem). Significa que el estado provincial se desentiende del financiamiento de la salud publica, la que debe arreglarse a través de la ‘autogestión’, es decir, el autofinanciamiento (aranceles, contrato con terceros, etc.). La lucha del Hospital de Morón llevó a Duhalde a cambiar el ángulo de su ataque para impedir una generalización de la resistencia. Un vocero de Duhalde confesó oficiosa e ironicamente (Página 12, 16/1) “preferimos el metodo vaselina”. Y lo ejemplificó: “En La Matanza, por ejemplo, iban a hacer lo mismo que Rousselot. Ahora, en vez de telegramas, se abrirá una lista de retiros voluntarios. Se jubilará a los que están en edad y se despedirá a 300 sumariados. A los empleados de salud se les aplicará la incompatibilidad laboral... Con estas medidas quedarán vacantes entre el 30 y el 40% de los cargos en salud”. Ya en General Sarmiento (ver notas), se comenzó a ‘trasladar’ trabajadores y médicos del Hospital Larcade hacia otros hospitales ‘fantasmas’.

Hurligham forma parte de los 40 municipios en rojo y entra como por un tubo en la Reforma del Estado II, o mejor conocida como la Reforma del Despido, elaborada por Duhalde junto con el gobierno nacional. El nuevo intendente del ‘nuevo’ distrito de Hurlingham ha asumido aceptando el pesado lastre de la deuda de Rousselot. Juanjo Alvarez ha declarado en cuanto reportaje le realizaron que la deuda de 30 millones de pesos, heredada de Morón, no es problema, sin embargo su plan de gobierno prevé: a) Deshacerse de 500 trabajadores, enfermeras, maestros y empleados de las guarderías, basureros. En reuniones previas con los partidos de ‘oposición’ aclaró que mantendrá las guarderías tal vez hasta marzo, porque no se sabe si le dará el presupuesto. Asimismo continuará con el cierre de Salitas de salud periféricas, ya iniciado por su antecesor. b) La otra gran medida es la moratoria. Se trata de un negociado, ya que establece: 1) Plan de pagos. 2) El que no lo cumple pierde lo abonado y vuelve a su deuda original. 3) A éstos y a los que no se acojan a la moratoria, se les hará ‘juicio’ contra su propiedad. Sin embargo, no le será fácil aplicar estas medidas. La población movilizada de los tres distritos hizo fracasar el Plan Cloacal de Rousselot. Médicos, enfermeras, pacientes y vecinos vinieron luchando contra el vaciamiento del Hospital de Morón hace pocos días. Es por ello que Juanjo Alvarez está, ofreciendo cargos y prebendas a todas las fracciones del PJ y aún a la ‘oposición’. Es necesario organizarse barrio por barrio y preparar Asambleas populares que impidan estos ataques: • Como plantearon los médicos en la movilización del Hospital, si dicen que no hay plata, queremos ver los libros contables de la municipalidad. Que se desconozca la deuda de Rousselot. • Como se planteó cuando lo de las cloacas: plan de obras públicas que dé empleo a los desocupados. • Que se aplique un impuesto a las grandes fortunas y propiedades. • Que se exima de pagar los impuestos a los jubildados, desocupados y trabajadores que ganen menos de 1.000 pesos. • Que el municipio otorgue un subsidio a los desocupados de 500 pesos. No hay trabajadores que sobren. Los que sobran son los estafadores.

Buenos Aires, 17/1/96 Desde el 30 diciembre, los médicos y trabajadores del Hospital de Morón están ocupando el establecimiento contra los intentos de Menem-Duhalde-Rousselot de despedirlos y cerrar el mismo. También en el Hospital de Solano, en el de Monte Grande, en el del Palomar, en el Malbrán de Capital, en los hospitales públicos de Córdoba están con medidas de fuerza en defensa del hospital público contra la privatización de la salud de la población trabajadora, cuya atención médica quieren arancelar. Los trabajadores del Hospital Francés compartimos esta lucha y nos unimos al resto de los trabajadores de la salud pública, que junto al movimiento obrero lucha por derrotar este plan de hambre y miseria. • Por la defensa del Hospital Público • No a la ‘autogestión’ • Aumento inmediato del presupuesto de salud • Derogación de los Decretos 292 y 492 • Reincorporación de todos los cesanteados

A pesar de la presencia de dirigentes nacionales, regionales y locales de importantes sindicatos como UTA, Suteba, ATE, no se lanza ninguna propuesta de lucha. Horacio Borja, despedido municipal, denunció que el Sindicato Municipal de Morón colaboró con el gobierno en el traslado de trabajadores a distintas dependencias hasta su despido. Que luego de esto los traicionó esgrimiendo el argumento de que como son de Ituzaingó y Hurlingham, ya no pertenecen al sindicato. Borja planteó que estando sin sindicato y sin cobertura, la unidad y la lucha de todos los despedidos municipales y no sólo el apoyo a la lucha del Hospital, era el camino para lograr la reincorporación. También reclamó la formación de una Comisión de todos los municipales y que los allí presentes se transformen en el respaldo de lucha que necesitan. Por su parte, César Alcorta, trabajador municipal, miembro de la Agrupación de Trabajadores Independientes de Morón, Hurlingham e Ituzaingó, dialogó con Prensa Obrera: PO: ¿Cómo ves el conflicto del Hospital? C: Lamentablemente creemos que está faltando fuerza. Se está minando la resistencia del comienzo. Hay una negativa que no sabemos a qué responde, por parte de la directiva del conflicto, a unificarlo con el resto de los despedidos municipales y con el resto de los trabajadores. Hace unos días, como hoy, no presentamos en la Asamblea ‘popular’ del mediodía y no nos dejaron hablar. Los compañeros del CTA y MTA tuvieron que hablar en otro lugar del patio y no en esa asamblea. No se quieren sentar a discutir medidas conjuntas. Son 1.300 los despedidos. PO: ¿Qué medidas te parece que deberían resolverse? C: En primer lugar, unificar en una sola lucha el problema de los despidos. Habría que ocupar la plaza de Morón, instalar una olla popular frente a la intendencia. Nosotros, ante la negativa a discutir una acción común y ante la traición del sindicato municipal, estamos organizando a los despedidos de Ituzaingó, que desde el lunes estarán con carpas y olla popular en la esquina del municipio. Esto puede ser un inicio de organización, ya que los despidos continuarán.