Los datos económicos están indicando que la ‘desconfianza’ de los inversores yanquis en oportunidad del viaje de Menem a los EE.UU. no era sólo producto de un operativo político de prensa. A principios de año, Cavallo había anunciado que el Producto Bruto nacional (PBI) iba a crecer en un 6%. Cuando Menem viajó se dijo que, a pesar de las ‘dificultades’, crecería un 1%. Pero... la realidad es que la economía nacional entró en recesión y caería un 2%. Como las estadísticas oficiales no reflejan la deflación de precios, el ‘rojo’ del 2% está inflado, por lo que la caída real sería del 4 o 5%. Lo que está claro es que todos los economistas capitalistas se han visto obligados a reconocer que la recesión es una realidad y que aún no tocó su piso. Las consecuencias también son claras. “Octubre superó el récord mensual de quiebras y concursos para este año” (Ambito,1/11), con 253 casos que arrastraron a empresas como Noblex, Casa Muñoz o la Crown Mustang. Según Pagina 12 (28/10), en nueve meses se habrían cerrado 67.000 cuentas corrientes bancarias por falta de fondos, 1.049 empresas se declararon en convocatoria de acreedores y más de 600 en quiebra. La desocupación superó el 20% con más de 3 millones de trabajadores en la calle y otro millón y medio en calidad de subocupados. “¿Estamos mejorando?” Según Menem y Cavallo así es. El único ‘logro’ que mostraba el gobierno era el incremento de las exportaciones. Pero... en setiembre, el superávit comercial fue de sólo 82 millones de dólares en una curva descendente (en junio fue de 587 millones). Es que el comercio con Brasil se está enfriando y se interrumpieron las bicicletas fraudulentas (venta de oro) con que se inflaron las cifras de exportación. Además, el déficit fiscal sería de 3.600 millones. Hasta ahora fue cubierto con bonos (“deterioro de la convertibilidad”) y por nuevos empréstitos que han acrecentado en forma espeluznante la deuda externa. Según un cálculo de Ambito (20/10) la deuda pública creció de 69.600 millones de dólares a fines de 1993 a más de 90.000 millones en la actualidad. En octubre solamente, el endeudamiento fue de 1.020 millones. Pero la ‘novedad’ es la inauguración de las letras de tesorería a... ¡60 días! y al 11,25% anual! Con estas condiciones (y dando como garantía una moratoria que aún no entro), el gobierno consiguió 300 millones del Banco Francés, Río y Galicia, 100 de bancos extranjeros y 75 de inversores privados (El Cronista, 31/10). La pregunta es “cómo consigue los fondos necesarios para financiarse durante los últimos dos meses del año” (ídem), que según el Chemical Bank, sería de más de 2.000 millones de dólares. El Wall Street Journal denuncia “la creciente dependencia argentina del crédito exterior para cubrir el déficit fiscal” planteando que en los últimos 3 meses ha tomado 2.280 millones. La vuelta de depósitos no sólo se detuvo, sino que se inició una nueva fuga de capitales. Según Graziano (Ambito, 24/10) “desde julio se detuvo totalmente el reingreso de capitales... Es probable que de aquí a fin de año se registre un proceso de fuga de capitales por los vencimientos de préstamos del sector público, pero que no afectará los depósitos”. Pero a los pocos días, Ambito (6/11) informó que los depósitos cayeron ¡¡¡en 900 millones!!! Cavallo anunció que si fracasa la moratoria —lo cual es un hecho— seguirá con el remate vendiendo las acciones de YPF, gas y las empresas energéticas que aún quedan en manos del gobierno, para tratar de sobrevivir. ¿Se superó la crisis política? Así lo aseguran tanto Menem como Cavallo, que se han encargado de publicitar un “encuentro secretísimo” que tuvieron la semana pasada. Pero como caracterizamos en nuestro periódico anterior, se trata de una ‘paz armada’ que ya ha cobrado varias víctimas: la renuncia del cavallista secretario de prensa Seita; el procesamiento del cavallista presidente de Encotesa, Grisanti, por “malversación de fondos” y el proceso al también cavallista Gaggero, titular de la DGI. El editorial político de La Nación (5/11) señala que en el gobierno “prevalece hoy el criterio de que, por el momento, es mejor andar juntos —aunque con problemas— que separados. Claro que la política no es poesía”. Después de este pronóstico editorial, fue renunciada la señora María Eugenia Dallorzo, subsecretaria de sistemas de información, que es la que tuvo a cargo todas las licitaciones y contrataciones informáticas del gobierno (Banco Nación, Aduana, etc.) y que es, ni más ni menos, que... la sobrina de Cavallo. El Wall Street Journal considera que el gobierno tiene las “manos atadas” y señala su “incapacidad de actuar”. No olvidemos el “memo” del grupo inversionista Bearn Stearns que desató el escándalo político en la Argentina, cuando señaló, como balance de la entrevista de Menem con los empresarios imperialistas, que “los que esperan que Cavallo se retire en los próximos meses... recibieron un apoyo implícito a sus puntos de vista”. “Nadie sabe cómo salir de la recesión” Así titula Ambito Financiero (8/11) un artículo en el que refleja el desconcierto de los principales economistas burgueses. Todos los representantes de la burguesía reconocen no sólo la existencia de la crisis, sino el carácter catastrófico que está asumiendo. Todos reconocen que hay una desvalorización general del capital, de las mercancías ‘sobrantes’ y de la mano de obra, pero que, aun así, la desvalorización debería ser mayor por la vía de una baja general de salarios o directamente a través de la devaluación. Es así que un sector plantea impulsar a fondo una política de deflación, es decir, una disminución lisa y llana de los salarios nominales de los trabajadores y de los gastos del Estado (despidos masivos, recorte salarial a los restantes, etc.), lo que convertirá la recesión en depresión. Detrás de esta orientación se encuentra el Consejo Empresario Argentino (Cea) y la consultora FIEL. Estos propugnan una “segunda reforma” del Estado (transferencia a la ‘Nación’—para luego enviarlas a la jubilación privada— de las cajas previsionales provinciales, previo ‘ajuste’ de las mismas; desregulación y privatización de las Obras Sociales; privatización de los bancos y empresas de servicios públicos provinciales, etc.); y llevar a fondo la “reforma laboral” eliminando las indemnizaciones por despidos (para reemplazarlas por un ‘seguro’ descontado del propio salario del trabajador) y modificando la ley 14250 de convenios colectivos de trabajo para profundizar el régimen de convenios por empresa y total desregulación laboral. La otra salida que está en discusión en el seno de la burguesía como vía para producir una drástica desvalorización general, es la de la devaluación monetaria. Estos sectores plantean que así se haría más “competitiva” la producción nacional y facilitaría un incremento de las exportaciones como vía para superar la recesión. Pero una política devaluatoria abriría un mayor crack financiero (como lo evidencia México). Los partidarios de esta orientación también apoyan toda la política de profundización de la “reforma laboral”. (Todos los sectores de la burguesía son partidarios de seguir exprimiendo el salario y las conquistas de los trabajadores). Así, el “economista jefe” de FIEL, Bour, partidario de la deflación, aclara que “está de más señalar que una devaluación exitosa requiere, entre otras cosas, un mercado laboral completamente desregulado (para que los salarios no suban inmediatamente) y una decisión política de mantener bajas las remuneraciones” (El Economista, 3/11), lo que demuestra que los partidarios de la ‘deflación’ no renuncian, ellos también, a la devaluación. Alfredo Cananeses, del Instituto Di Tella, declaró que la opción sería entre un 24% de devaluación (aunque reconoce que The Economist caracteriza que el peso está sobrevaluado en un 45%) o una disminución de la tasa de creación de empleo del 1,8 al 1,6%, lo que significaría 250.000 empleos menos en cuatro años (Ambito, 10/11). Esta discusión se trasladó al PJ y al gobierno, donde existen posiciones de las más diversas, en un mosaico que explica el empantanamiento y la parálisis oficial. “La posición del gobierno no termina de definirse”, dice El Economista (10/11). Juan Alemann, que se asusta frente a la “posibilidad de una recesión prolongada”, plantea que “los que sostienen que la superación de la crisis se logrará restableciendo el equilibrio presupuestario, lo que implica un ajuste provincial y muchas otras cosas más, sólo ven una parte del problema... En la situación actual el economista británico Keynes recobra actualidad...”, propugnando un plan de obras públicas, financiado con créditos externos a mayores tasas de interés. Macri y las cámaras empresarias de la construcción han reclamado a Cavallo medidas concretas para ‘reactivar’ (entre ellas la reducción del IVA al 9% para la venta de departamentos), con el “aval del grupo de los 8”. Y Marcelo Diamand, presidente del Consejo Económico de la UIA, colocándose en el campo de los que propugnan políticas “expansivas”, plantea combatir el desempleo “concentrando los esfuerzos en aumentar la provisión de divisas mediante el fomento a la producción de exportables...” (ídem). Pero “tanto la devaluación como una deflación mediante una recesión prolongada tendrían consecuencias devastadoras sobre la solvencia financiera y fiscal” (El Economista, 10/11), por lo que “1966 será un año triste, con un lento degradarse de un gobierno que ya está herido de muerte” (El Economista, 10/11). En función de este diagnóstico, el Modeso alfonsinista “propone salir de la convertibilidad” y en un plenario con Sourrouille, Rodríguez Giavarini y otros economistas radicales han pronosticado que “Cavallo cae antes de un año; asume un ministro más ortodoxo que implementa un mayor ajuste; el modelo colapsa” (Ambito, 23/10). Según el diario “La Voz del Interior” (29/10), a las patronales se les plantea que “Las decisiones que caben de aquí en más, sea que las lleve adelante Cavallo o cualquier otro ministro que lo reemplace, tienen la envergadura de verdaderas cuestiones de Estado y como tales, deben gozar del consenso de todo el gobierno y de un poder político sólido que las ejecute sin demoras. ¿Y en qué consisten tales decisiones? Cuanto menos: una significativa rebaja salarial... una profunda reforma laboral, privatizaciones, reasignación de los esquemas de reembolso”. En otras palabras, para intentar superar el empantanamiento del ‘plan’ Cavallo hay que resolver primero la crisis política. “Argentina necesita un nuevo esquema de poder...”(ídem), lo que indica que estamos acercándonos a un desenlace en la crisis política.