Prensa Obrera N° 472

PO: ¿Qué les parece el plenario? Ariel: Este tipo de acciones sirven para abrir un debate sobre un tema complejo del que la gente no está enterada. Sirve para formar a los activistas que puedan llevar una campaña de clarificación y de lucha contra este nuevo robo del gobierno. Negro: Esta convocatoria hace que los dirigentes de base podamos llevar adelante esto, porque no es sólo el gobierno el que roba. Toda la burocracia sindical está asociada a la privatización de la salud o se prepara para asociarse. Beto: Los levantamientos provinciales muestran que esto no tiene salida, creo que tenemos que unir el tema Obras Sociales a toda la lucha contra los despidos, las suspensiones, la rebaja de salarios y la falta de pago. Negro: A partir del plenario hay que seguirle buscando no sólo la inconstitucionalidad, sino que rifan todo el sistema solidario y la atención universal. PO: ¿Cómo ven la situación después del paro del 6? Negro: No pasó más nada y entonces ahora nos aplicarán el decretazo que traerá una conciencia que hoy no está. La CGT pactó después del 6, pero el SGA ni adhirió al paro. Paramos sólo un puñado de talleres, entre ellos nosotros. Cousi: La Obra Social Gráfica está metiendo aranceles y que los afiliados viajen a atenderse al Sanatorio Central, recorriendo distancias enormes y gastando en transporte. Están diciendo que ‘salvan’ la OSPG metiéndonos la mano en el bolsillo. Necesitamos una asamblea general del gremio y el plenario será buenísimo para impulsar todo esto.

En una de las charlas-debate pre-Congreso que el PO está realizando en todo el país, una compañera del Instituto de Servicios Sociales Bancarios relató una muy importante experiencia política en la lucha de los trabajadores del ISSB contra su liquidación. “En las primeras asambleas –señaló– las consignas de ‘apertura de los libros’ y de ‘funcionamiento del ISSB bajo control de los trabajadores’ surgieron espontáneamente de los trabajadores”. “Nada les parecía más natural”. Desarrollando sus ideas, la compañera agregó que este planteamiento se convirtió en el principal motivo de disputa con la burocracia zanolista —la patronal del ISSB— al punto que, apenas pudo, ésta hizo aprobar la moción de ‘aprobar a libro cerrado’ la gestión de la anterior conducción del ISSB, es decir, ella misma. El PO viene propagandizando la consigna de la ‘apertura de los libros’ porque “arma políticamente a los trabajadores para luchar contra los despidos y las reducciones, y por el aumento de los salarios y el reparto de las horas de trabajo, mediante la huelga general y las ocupaciones de empresas, porque desnuda la falacia de que la economía carece de recursos, de que la crisis tienen una naturaleza extrasocial o que la miseria de las masas es inevitable y más allá de cualquier posibilidad humana de remediarla” (En Defensa del Marxismo, nº 8, setiembre de 1995). El relato de la compañera del ISSB revela que, de parte de los trabajadores del ISSB y en una fase de ascenso de la lucha, las consignas de la ‘apertura de los libros’ y del ‘control obrero’ aparecen sin una gota de ‘ideologismo’ sino, por el contrario, como una medida de lucha inmediata y hasta como determinada por las propias necesidades de librar una lucha a fondo contra la liquidación del ISSB y el despido de sus 5.000 trabajadores. Así como los individuos revelan su personalidad más profunda en las situaciones críticas, las masas muestran sus tendencias políticas más profundas cuando las circunstancias le imponen librar una lucha excepcional en defensa de sus condiciones de vida. Entonces, como en el caso del ISSB, surgen ‘espontáneamente’ , desde abajo, planteamientos revolucionarios ... que en las situaciones ‘normales’ se encuentran sepultados por la montaña de prejuicios pequeñoburgueses inoculados por las instituciones de los explotadores, el clero, los partidos, la burocracia sindical y la ‘opinión pública’ dominada por la prensa patronal. Que en un momento de alza de una lucha –como la planteada en el ISSB contra su liquidación– aparezcan ‘naturalmente’ planteamientos revolucionarios y anticapitalistas podrá parecer a los centroizquierdistas como ‘anecdótico’ o ‘producto de la excitación’, pero para los marxistas tiene un significado decisivo: mostrar las tendencias políticas –revolucionarias– más escondidas de las masas; la tarea del partido es luchar para que esas tendencias se expresen en forma conciente.

En el marco de la protesta provincial del jueves 2 (en la que participaron más de 30 hospitales de la Provincia de Buenos Aires, especialmente del Conurbano), se realizó frente al Hospital de Morón una movilización contra la rebaja de salarios, la reducción horaria y el arancelamiento y destrucción del hospital público. Esta protesta —a la que concurrieron más de quinientas personas— incluyó un paro de médicos y trabajadores de los hospitales municipales y provinciales. La movilización reunió a hospitales de Morón, Hurlingham y La Matanza, y contó con la adhesión del Colegio de Psicólogos de Morón, Asociación de Profesionales del Hospital Posadas, del Hospital de Haedo, representantes del hospital de Ituzaingó, El Palomar, Carrillo, el Hospital de Ezeiza, Sala de Primeros Auxilios 2 de Abril y Parque Quirno, entre otros. El PO estuvo presente y recogió las siguientes declaraciones. Betty —médica del Hospital de Hurlingham—, señaló que “los principales perjudicados con la reducción horaria son los pacientes de la comunidad. Por eso, nuestras principales consignas son la lucha por el hospital público, la lucha por la gratuidad en la atención y, fundamentalmente, la defensa de nuestra fuente de trabajo”. Un médico del Hospital Morón manifestó que “cada vez más, con la pérdida de empleos, el achique de los sueldos y la pérdida de las obras sociales, se recurre al hospital público. Pero no existe planificación en la salud, han disminuido los aportes para la salud, han malgastado los recursos, han sido pésimos conductores políticos con intereses personales. Ahora nos dicen que la Caja no cierra, que está en rojo, por eso la población debe sufrir este ajuste. Hoy quieren que creamos que los enfermos se midan por un número en pesos. Hoy los profesionales y la comunidad queremos decir basta de pasarnos las cuentas de gastos que no hicimos... En estos últimos días, quisieron achicar el Hospital de Morón llevándose colchones: la comunidad reaccionó y dijo no (ver Rebelión...). Ahora cambiaron la estrategia: redujeron horas, consultorios, especialidades; mañana quizás digan: ‘cerrémoslo, así gastamos menos’. Pero esto no lo tenemos que permitir. La lucha de todos debe ser por un hospital público y gratuito”. Luis Soler —de la Comisión Interhospitalaria (CICOP)—, dijo que “asistimos a un verdadero quiebre del sistema sanitario, en particular en los hospitales municipales del Conurbano. En los municipios, la salud se ha tomado como un factor de ajuste y para cierre de las cuentas, restringiendo los mismos, cuando no casos escandalosos de corrupción, como en mi municipio, donde en las cuentas de salud dos más dos da veinticinco, cinco más cinco ciento veinticinco... La lucha por el hospital público no puede ser sólo de los profesionales; se necesitan muchos ejemplos como Morón, donde la comunidad tome en sus manos que no se saquen camas al hospital, que el hospital sirva, y si no le alcanza la plata a la municipalidad, que nos explique dónde está...”. Con referencia a la Ley de Carrera que Duhalde pretende imponer, Soler señaló que “el gobierno de la provincia está tratando de hacer un cambio en el status legal del hospital que permita ahogar las protestas y que permita que se haga como en el hospital ‘Evita Pueblo’, de Berazategui, donde reina el despotismo, la arbitrariedad, donde no se permite hacer docencia porque dicen que se tiene que hacer fuera del horarios de trabajo, rompiendo con una cuestión básica como es la capacitación en servicio. “El ministro de Salud acaba de decir en La Plata que no puede ser que los hospitales llenos de aparatos de alta complejidad trabajen sólo 3 o 4 horas... Pero para extender los horarios hace falta plata; mientras ellos no ponen plata, mientras dicen que van a reducir los horarios, mientras plantean ‘ajustar’ el hospital, mientras plantean cerrar camas, nos están diciendo que el problema son los profesionales que trabajan cuatro horas. Mienten. Hoy se está discutiendo sigilosamente un nuevo estatuto para todo el personal público de la provincia, cuyo sentido final es el de permitir los hospitales descentralizados y de autogestión, que significa, lisa y llanamente, terminar con la gratuidad, que los hospitales pasen a ser arancelizados. Esto es lo que dicen los papeles del Banco Mundial, esta es la política que se va a aplicar en la Nación y en la provincia. Contra esta política, la Comisión Interhospitalaria hará lo posible y lo imposible para evitarla. Nos llamaron a participar en los nuevos planes de salud y hemos puesto como condición en los distintos municipios que en la comisión de compras de cada hospital esté la comunidad: el centro de comerciantes, los vecinos, lo que se llaman las asociaciones intermedias, de tal manera que si hay un sobreprecio, mucha gente esté controlando y cuidando su hospital”. Además, se movilizaron organizaciones profesionales, sindicales y vecinales de la zona. Luis Balbuena, representante de la Junta Vecinal de Bº Belgrano-Morón Sur, dijo a Prensa Obrera que “se resolvió apoyar esta lucha de los médicos, en favor del hospital público y en contra del proyecto provincial y nacional de arancelización. Esto perjudica al trabajador que hoy tiene trabajo, pero como en Morón hay un 30-35% de desocupación, éstos serían los más perjudicados. Esto es un ataque al país, a la gente; están destruyendo todo”. José Codino, miembro de la Comisión en Defensa del Hospital Público-Haedo, nos manifestó que esa Comisión “se formó contra el avance de los sectores gubernamentales contra el hospital público. Por eso hacemos una campaña de esclarecimiento y llamado a la población a tomar conciencia de que la defensa de la salud pública es una obligación del Estado y no puede dejarla en manos privadas. Este acontecimiento es el comienzo de una larga lucha a la que vamos a poner el hombro para llevarla hasta el final. Por eso llamamos a la gente a unirnos, a defender el derecho que tenemos al hospital público”.

La aplicación de la ley universitaria del Banco Mundial y del clero acaba de recibir un verdadero mazazo. Un verdadero plebiscito resultó la elección estudiantil contra el decano menemista —Luis Ferreira— que se jactaba de la popularidad y apoyo recibido por la introducción de un curso y examen de ingreso propio en la Facultad de Medicina de la UBA. Ferreira había inaugurado su curso limitacionista con el aval de la ley de enseñanza superior que incluyo un artículo especial a su pedido sobre este punto. Ahora las 3/4 partes de los casi 10.000 estudiantes de la Facultad votaron por las corrientes que proclaman su oposición a la ley menemista, al curso y a su mentor. Estamos en presencia de un fenómeno más amplio que ya es claro aún cuando no se votó en la mayoría de las facultades. El voto estudiantil ha liquidado a la derecha, que prácticamente ha desaparecido de la UBA. UPAU, que algún tiempito atrás, aparecía como el ‘cuco’ a punto de disputar la conducción de los centros más importantes —y que llegó al primer lugar en las facultades menos politizadas—, ha sido barrida del mapa. El derrumbe del ‘plan’ Cavallo ha enterrado a sus mentores ideológicos y evidencia un giro en el conjunto del estudiantado. Ahora están creciendo las agrupaciones del centroizquierda y la izquierda. Para quien lo quiera ver la votación de Medicina refleja un mandato claro: Fuera Ferreira, el limitacionista y la ley universitaria del capital financiero. ¿No es este, acaso, el mensaje? El derrumbe es tan grande que vale como síntoma un editorial de La Nación, que fue incondicional defensor de Ferreira y que ahora descubrió que su curso “no parece ser el camino correcto” para organizar el ingreso a la UBA. El ‘único’ inconveniente del mandato estudiantil es que Franja Morada —que obtuvo su mejor votación en los últimos años, superando el 50% del total— está atada a la política de Shuberoff y Cía., dirigida a imponer el arancel en los postgrados, incrementar los filtros limitacionistas en el curso de ingreso oficial de la UBA (CBC). Los propios Consejeros estudiantiles de Franja Morada de Ciencias Económicas ya hicieron conocer un proyecto que es un híbrido entre el CBC y el curso de Ferreira. El mandato de Medicina, entonces, está disponible, para quien quiera ejecutarlo y, por lo tanto, organizar el movimiento para reventar este primer intento de aplicación de la ley del Banco Mundial. La izquierda tiene la oportunidad para hacer de este mandato la gran tarea de este final del ’95 y quebrarle el espinazo al menemismo. A buen entendedor, pocas palabras... La UJS llama a organizar el movimiento práctico para garantizar esta tarea.

Así tituló un semanario de Morón (La Opinión, 25/10) la crónica de los hechos ocurridos el martes 24, cuando “una verdadera rebelión se produjo en el Hospital Municipal de Morón, luego de que la Secretaría de Salud local decidiera retirar cuarenta camas del nosocomio. La indignación se apoderó de médicos y familiares de los pacientes, quienes impidieron que el objetivo del gobierno comunal se lleve a la práctica. Mujeres y niños se abalanzaron contra el camión que ya había cargado los colchones, mientras los profesionales protestaban en el patio contra lo que consideraron ‘un atropello contra la salud pública’. (...) El conflicto concluyó cuando la movilización logró torcer la voluntad del Secretario de Salud, Floreal Casavilla, quien debió resignarse a que los colchones volvieran a ocupar las camas del Hospital Municipal de Morón”.

Durante la toma de la Universidad, que tuvo lugar a principios de año, en General Roca (sede de las carreras de Derecho, Comunicación Social, Servicio Social, Idiomas y Locución), se destacó una camada de ingresantes y de estudiantes de los primeros años que fueron quienes sostuvieron la toma, contra el boicot a la lucha organizado desde la Franja Morada (dirección del centro) y la JUP (en cuyas filas milita el hijo del rector). Tanto la FM como la JUP son la expresión del conjunto del oficialismo: uno es el brazo universitario del gobierno provincial (que lo dota de medios para sus campañas) y el otro recibe el doble apoyo del PJ y de la conducción de la Universidad. Los sectores que sostuvieron la toma, en su mayor parte, estaban integradas por compañeros cuya principal experiencia política habían sido las grandes luchas de los años 92 y 93 contra la Ley Federal de Educación. Estos sectores fueron la base de la conformación, por primera vez, en General Roca de una lista claramente identificada con la izquierda. Con un programa de lucha directa contra la legislación antieducativa y el gobierno, la 16 de Setiembre (Mas-PO-independientes) participó de las recientes luchas del pueblo rionegrino, en tanto la Franja Morada y la JUP se colocaban del lado de la represión, con los gendarmes (“estaremos siempre contra los inadaptados que tiran piedras. El ajuste es necesario y solidario”). De modo que la elección del Centro se daba en medio de una franca polarización política. Un anticipo de los resultados electorales fue que en el caso de la JUP, por primera vez en muchos años, ni siquiera pudo formar lista propia. La FM tuvo que recurrir a todo su aparato para presentarse. El resultado fue de 320 para la FM y 250 para la 16 de Setiembre, lo que es un resultado histórico en General Roca. La Franja garantizó su triunfo acudiendo a una flota de taxis que recorrieron casa por casa, llevando a votar a los empadronados. Los resultados en Derecho (210 a 120), tradicional bastión de FM, y donde cursa el grueso de los alumnos del asentamiento, muestran que la 16 de Setiembre disputó palmo a palmo en todas las carrera (incluso ganó en la urna donde votan el resto de las carreras), lo cual expresa una sólida corriente de apoyo y constituye una base para la conformación de una agrupación de izquierda en el corazón del cogobierno fondomonetarista de la UNC. Esta política de la 16 de Setiembre, que como parte de la lucha cotidiana incluye la recuperación de los Centros, pone en evidencia que los ‘anarcos’ (identificados por su hoja mural, El Petardo) con su llamado a votar nulo y los ‘apolíticos-culturales’ nucleados en la revista La Grieta con su posición de no votar o hacerlo en blanco, no tienen una política para enfrentar a la Franja. Se quedan en una rebeldía y una lucha sin perspectivas. Sobre todo los compañeros nucleados en La Grieta deben hacer el balance, que hasta donde llegó su influencia por el voto en blanco y la abstención, jugaron objetivamente en favor de Franja Morada, ya que dicen coincidir con la 16 de Setiembre en el programa y comparten las luchas (durante la toma, en el Rocazo, etc.).

El Partido Obrero llama a todos los trabajadores y jóvenes de Argentina a movilizarse masivamente el próximo 20 de noviembre a Plaza de Mayo. Llamamos: A convertir a esta jornada en un episodio de la lucha para quebrar la reducción de salarios, el pago en bonos y el despido en masa de trabajadores públicos en las provincias. A marchar para que se prohiban los despidos y suspensiones, para arrancar un seguro al parado igual al salario en actividad, para que se reduzca la jornada de trabajo sin afectar los salarios y se habilite un nuevo turno laboral. A manifestar por la anulación de toda la legislación antiobrera que ha derogado conquistas de los trabajadores y el retiro del proyecto de destrucción de los convenios colectivos. Por la derogación de los decretos 292 y 492, que disponen la destrucción-privatización de las Obras Sociales y del PAMI. A luchar para impedir la liquidación de las conquistas jubilatorias de los trabajadores de las provincias, paso previo al traspaso de las Cajas a la Nación y a los pulpos de la ‘jubilación privada’. Convocamos a salir el 20 a la calle porque están en marcha las leyes privatizadoras de la educación, que pretenden eliminar la gratuidad de la enseñanza, destruir las escuelas técnicas y establecer una fuerza de trabajo gratuita bajo la forma de la ‘pasantía’ o el ‘aprendiz’. Compañeros trabajadores: Un año y medio atrás, los explotados del interior del país tomaron la iniciativa de impulsar la Marcha Federal para ponerle fin al saqueo de sus economías, sacrificadas en el altar del pago de la deuda externa a los usureros capitalistas internacionales y nacionales. Esa Marcha y todas las luchas desde entonces han sido provocadas por el derrumbe del ‘plan’ y el intento de los grandes capitalistas de hacernos pagar la crisis. Esta es la lucha decisiva de la hora. Ellos o nosotros, los trabajadores o un puñado de chupasangres capitalistas, los banqueros o nuestros pibes. El Partido Obrero llama a levantar en esta movilización el reclamo fundamental de que se abran las cuentas del Estado y los capitalistas. La plata que se le confisca a los trabajadores a través de la reducción de sueldos y el pago en bonos la tienen los pulpos que vaciaron los bancos provinciales. Que la crisis la paguen ellos, los capitalistas responsables. Que se abran las cuentas y se desconozca la deuda externa. Al Partido Obrero no se le escapa que la movilización del 20 no está respaldada por un paro, no tiene continuidad, y las direcciones convocantes han esperado dos meses largos para tomar una iniciativa limitada (sin contar el silencio frente a la monstruosa entregada de las Obras Sociales por la CGT). Ante esta situación, llamamos a los dirigentes sindicales y a los sindicatos a votar todas las medidas para convertir la convocatoria del 20 en una movilización de masas y a parar y marchar a las Casas de Gobierno en cada provincia en las jornadas previas. A disponer un paro activo nacional para ese día. A impulsar asambleas y coordinadoras para asegurar una presencia masiva en la marcha y levantar la bandera del paro activo nacional. Apoyemos el paro con movilización resuelto para el 15 por los sindicatos salteños y tomemos esto como ejemplo. Hagamos votar nuestras reivindicaciones y planes de lucha. Todos a Plaza de Mayo. Fuera Menem-Cavallo, por la huelga general.

El artículo “El separatismo negro” –(Prensa Obrera nº 470, del 24/10/95) – ha suscitado comentarios que justifican una puesta a punto. El artículo destaca el carácter de masas que ha adquirido la corriente históricamente separatista del movimiento de los negros norteamericanos. Asocia el crecimiento del fenómeno separatista a las terribles condiciones de degradación —social y moral— que sufren los negros norteamericanos como consecuencia de la crisis económica capitalista, pero sobre todo, al colapso de sus ‘aliados’ liberales y al avance de la derecha. El derrumbe económico y las tendencias a la fascistización inviabilizan el planteo ‘integracionista’ y esto plantea la perspectiva de que el movimiento negro de masas se convierta en un movimiento nacional, es decir, que luche por una entidad estatal independiente dentro del territorio de los Estados Unidos. El programa de ‘La Nación del Islam’ plantea, precisamente, “queremos que nuestro pueblo, cuyos padres o abuelos son descendientes de esclavos, sea autorizado a establecer un Estado separado ... nuestros antiguos amos están obligados a procurarnos una tierra, que debe ser rica (... y a) sostener nuestras necesidades en ese territorio separado durante los próximos veinte o veinticinco años”. La ‘marcha del millón de hombres negros’, sin embargo, se apartó por completo de este programa. No planteó el separatismo negro en ninguna de sus formas, ni siquiera en la forma intermedia, experimental, de un partido negro independiente, y opuesto a los dos partidos del gran capital norteamericano. El desarrollo de un partido negro independiente dejaría planteadas dos vías para el desarrollo revolucionario para el movimiento negro en los Estados Unidos: su entroncamiento con un movimiento obrero que renueve sus organizaciones, supere a la burocracia sindical y tienda a organizarse de manera independiente; o, si se acentúa la crisis y cobra fuerza la fascistización, la lucha resuelta por la separación nacional. El artículo pone en evidencia que la dirección de la ‘marcha del millón de hombres negros’ degrada el planteo separatista cuando lo asimila a la reivindicación de las ‘comunidades autónomas’ bajo la vigilancia de los ‘jefes de familia’ y hasta de una fuerza de seguridad propia y bajo la ‘sombrilla protectora’ del estado gendarme de los blancos. Esto no es la lucha nacional por la emancipación de los negros sino la organización de un sistema de represión y de regimentación moral y espiritual contra los negros por parte de los propios negros. Este ‘disciplinamiento’ ya existe en algunas comunidades negras norteamericanas y cuenta con el apoyo de la policía oficial del Estado, que encuentra un aliado y un colaborador contra la juventud negra en los ‘jefes de familia’ y en las organizaciones ‘comunitarias’ negras. De cualquier modo, excluimos la posibilidad de que puedan conciliarse las reivindicaciones negras con el fascismo, que es el enemigo mortal objetivo de los negros. Finalmente, el artículo pretende poner de manifiesto que la dirección del movimiento separatista separa a los negros de la lucha de clases del conjunto de las masas explotadas en un sentido reaccionario —y no en el sentido revolucionario de la lucha nacional pues llama a los negros a inscribirse para votar ... por los demócratas o republicanos, convirtiendo así al movimiento negro en un ‘lobby’ ante los partidos tradicionales y los poderes establecidos. A la luz de esta caracterización, la política de una organización revolucionaria en los Estados Unidos frente a ‘la marcha del millón de hombres’ debería haber sido participar en ella, criticando las limitaciones políticas de sus convocantes y levantando la consigna de la formación de un partido independiente de los oprimidos negros.

P: ¿Y Cavallo? ¿No cree que la gente la identificó un poco, al votarla a usted, con la línea de Cavallo? R: ¿La gente? El Partido Obrero, no más. No. Para nada tengo algo que ver yo con Cavallo, más allá de que hayamos coincidido en algunas denuncias de situaciones delictivas. (Extraído del reportaje de la revista de La Nación, del domingo 5 de noviembre)

El asesinato del primer ministro israelí Yitzhak Rabin a manos de un estudiante ultraderechista judío constituye un virtual golpe de Estado de la derecha sionista que replantea los términos de los acuerdos en curso entre el Estado de Israel y la OLP. Para los ultraderechistas, aún la miserable “autonomía palestina” que acordaron Rabin, Arafat y el imperialismo mundial —que no establece el retiro de los ‘colonos’ sionistas; que deja en manos del ejército israelí la ‘seguridad externa’ de la Cisjordania y la ‘seguridad’ de los ciudadanos israelíes, aún en las zonas administradas por los palestinos; que instaura una ‘policía palestina’ encargada de perseguir a los opositores al acuerdo; que subordina las decisiones de la ‘Autoridad Nacional Palestina’ al veto del gobierno israelí– es una “traición”. Su programa es, lisa y llanamente, la expulsión de los palestinos más allá de las márgenes del Jordán. Precisamente, Rabin fue asesinado poco después de la firma de la ‘segunda fase’ de estos acuerdos, que establece la “reubicación” del ejército de ocupación sionista en los territorios ocupados y la celebración de elecciones para la ‘Autoridad Nacional Palestina’ a comienzos de 1996. Cuando Rabin y Arafat firmaron esta ‘segunda fase’ de los acuerdos, el portavoz de los ‘colonos’ de Hebrón anunció que “habrá un baño de sangre” (Clarín, 5/11). El asesinato de Rabin —que fue reivindicado por varias organizaciones sionistas— fue políticamente preparado por la derecha mediante una vasta campaña de agitación política y militar de más de un año de duración que tuvo su centro en las ‘colonias’ de Cisjordania y en los sectores ultraderechistas de Jerusalem. En forma creciente, y bajo el comando de la ultraderecha religiosa, los ‘colonos’ fueron protagonizando manifestaciones de masas, choques con la policía israelí y ataques —incluso mortales— contra los palestinos de la Cisjordania y los israelíes opuestos a las negociaciones con la OLP. Durante más de un año, los derechistas propagandizaron y popularizaron la consigna de ‘Muerte a Rabin’, al punto que se convirtió en el eje de toda su campaña contra el gobierno. Semejante campaña —con consignas criminales y terroristas contra los miembros del gabinete— indicaba un principio de guerra civil en el campo sionista, que la prensa argentina viene a descubrir recién ahora pero que es anterior al atentado —y que aquí sólo el PO puso de relieve (ver aparte). El asesinato constituye un virtual golpe de estado que va mucho más allá de la ultraderecha religiosa y de los ‘colonos’ y se extiende, incluso, a una parte del aparato estatal —que mantiene lazos orgánicos con la ultraderecha y las organizaciones armadas de los ‘colonos’— y hasta a un sector de la derecha republicana de los Estados Unidos que respalda a los ‘colonos’. El asesinato reveló una impensable ‘falla de seguridad’ en la habitualmente impenetrable seguridad israelí ... más aún cuando la derecha venía propagandizando sistemáticamente el asesinato de Rabin, las paredes de las ciudades del país estaban cubiertas de pintadas reclamando la ‘muerte al traidor’ y cuando, cerca de la propia manifestación a la que concurrió Rabin se registró una pequeña ‘contramanifestación’ de los ultraderechistas con pancartas que reclamaban ‘una soga para los traidores’. Las descripciones de cómo un “asesino aislado” pudo atravesar todos los controles de seguridad y llegar a disparar, sin ser molestado, plantean abiertamente la hipótesis de que el asesinato pueda haber sido facilitado por alguna fracción del aparato de inteligencia o del ‘establishment’ militar israelí. No hay que olvidar que los grupos ultraderechistas han sido armados y entrenados por las fuerzas militares y que connotados militares derechistas —como Ariel Sharon— toman parte en los mitines de los ‘colonos’. Tampoco hay que olvidar que la ‘segunda etapa’ de los acuerdos con la OLP son especialmente sensibles para los militares, que deben ‘reubicar’ –es decir, retirar parcialmente– sus tropas de la Cisjordania y que los acuerdos iniciales “estuvieron al borde de la ruptura por las presiones de los mandos militares sobre Rabin, quien llegó a afirmar que ‘los mandos militares ponen palos en la rueda’” (Brecha, 18/2/94). El asesinato de Rabin priva al partido Laborista de una figura que, por su carácter derechista, podía enfrentar con éxito en las próximas elecciones a la oposición de derecha, el Likud, que plantea el abandono de los acuerdos con la OLP. “Con Rabin, el gobierno derechista pierde la única voz que podía encontrar oyentes –si bien renuentes– en el amplio espectro de la derecha israelí precisamente por aquellas credenciales intachables” (Clarín, 5/11). El editorialista de Clarín se refiere, claro, a la trayectoria de Rabin como terrorista de Estado contra los palestinos y las masas árabes: ‘militar que peleó en todas las guerras de Israel’, ‘héroe’ de la ‘Guerra de los Seis Días’, ardiente defensor de la invasión sionista a El Líbano en 1982 y ex ministro de Defensa de los gobiernos derechistas del Likud que llamó a “romperle los huesos” a los participantes en la Intifada palestina. Este genocida es el ‘amante de la paz’, que ahora lloran Menem y ‘tutti quanti’. Shimon Peres, el sucesor de Rabin, “difícilmente ganará las próximas elecciones” (Página 12, 5/11). El asesinato de Rabin, por lo tanto, altera radicalmente el cuadro político para las próximas elecciones y constituye una puerta abierta hacia una victoria de la derecha y, consecuentemente, un replanteo de los acuerdos con la OLP. Como consecuencia del asesinato, todo el proceso político de Medio Oriente está en crisis y se plantea la perspectiva de un estallido general: un relanzamiento de la guerra entre Israel y los palestinos ... en el cuadro de guerras civiles en cada uno de los campos en lucha. El imperialismo norteamericano —que ha sido el principal inspirador y ‘motor’ de los compromisos entre Rabin y Arafat— estará obligado a lanzar un vasto operativo político para intentar salvar los acuerdos que ha prohijado. “Lo fundamental para Clinton como para los (dirigentes) israelíes es asegurar la continuidad del proceso de paz” (Clarín, 6/11). El principal destinatario de estos ‘esfuerzos’ es Siria, cuyas ‘negociaciones de paz’ con Israel están empantanadas. Un acuerdo con el régimen sirio –que debería reglar el dominio del Golán y de sus fuentes de agua– serviría para dar un golpe mortal a todas las organizaciones palestinas opositoras de la OLP y los ‘acuerdos de paz’, todas ellas sostenidas política y financieramente por los sirios. Pero no basta, claro, con desarmar al Hamas o a la Jidah Islámica; como un acuerdo con Siria significará, inevitablemente, un retiro —al menos parcial— de los sionistas del Golán, el gobierno sionista deberá, además, desarmar a las organizaciones de los ‘colonos’ que se oponen a cualquier retirada israelí. En las condiciones de una guerra civil más o menos abierta que el asesinato de Rabin pone de manifiesto, el acuerdo con Siria puede ser, también, el ‘camino al desastre’. Los acuerdos entre Rabin y Arafat —el ‘logro más significativo’ de la política exterior clintoniana— amenaza con hundirse bajo el peso de la ofensiva política y militar de la ultraderecha sionista ... que el propio imperialismo ha sostenido durante décadas. Cada día más, la crisis mundial se revela mucho más potente que la capacidad de arbitraje del gendarme imperialista mundial.

El ‘subsidio’ al desocupado es una conquista de los trabajadores neuquinos. A pesar de las discriminaciones para su cobro, y que sólo es de 200 pesos mensuales, la burguesía neuquina no tolera que el movimiento popular lo haya arrancado con métodos de lucha. Desde el mismo momento que si vio obligada a votar la ley 2128 (Fondo Ocupacional de Emergencia), se ha lanzado a limitar y anular su cobro. A través de un sistema computarizado (el ‘peine informático’) dejó fuera del beneficio a una tercera parte de lo que cobraron la primera vez. Otra medida ha sido la de exigir una ‘contraprestación laboral’ como condición para cobrar el ‘subsidio’. Esta ‘contraprestación laboral’ viola expresamente la propia constitución provincial (cuyo art. 53 obliga al gobierno a “indemnizar al desocupado forzoso”, con carácter “orgánico y sistematizado”) y es utilizada por el gobierno y las patronales para transformar los 200 pesos en un piso salarial, para llevar a ese nivel los salarios de los trabajadores en actividad. Ya se están registrando casos, donde los desocupados son enviados a realizar la ‘contraprestación laboral’ a empresas (galpones de empaque, cuadrillas de obras municipales, etc.) donde reemplazan a los trabajadores con antigüedad y mayor salario, los que son despedidos. Las patronales se benefician así doblemente: se produce una rebaja salarial de conjunto y específicamente la patronal que resulta beneficiada con la ‘contraprestación laboral’ realiza el sueño de todo burgués, es decir, reduce su ‘costo laboral’ a cero, ya que los 200 pesos los pone el Estado. Esto introduce también un factor de competencia y choque entre los trabajadores estables y los ‘desocupados-ocupados’ y tiende a romper el principio de unidad con que se desarrolló la lucha hasta ahora. El gobierno viola incluso las 4 horas diarias fijadas por la ley como tope de la ‘contraprestación’, y son muchos los ‘desocupados’ que están ocupados por 6 o más horas por día. Como tampoco reciben las asignaciones familiares, ni se generan derechos vacacionales, y al no estar comprendidos en una relación de dependencia, quedan fuera de toda cobertura por accidentes laborales o goce de licencias por enfermedad. El ‘desocupado’ se transforma en un trabajador a destajo, por un salario de miseria. Que esto no es una medida aislada, o producto de algún ‘descuido’, lo prueba el anunciado plan de gobierno de Felipe Sapag, que pretende llevar a los desocupados a realizar la ‘contraprestación laboral’ a las chacras. Así los empresarios del empaque, recientes beneficiarios del subsidio por decenas de millones que significó la estatización de sus deudas con el Banco Provincia (Gasparri, Estrella Alpina, Fuva, Demgut, Santo Della Gaspera, Cooperativa La Flor, etc.), recibirán un nuevo subsidio al estatizar también el pago de los salarios de los ‘desocupados-ocupados’ que tengan que ir a poner el lomo a sus chacras. Esta política de la burguesía neuquina sirve para poner de manifiesto la justeza del reclamo de la Coordinadora: Trabajo o indemnización de 500 pesos. Sólo esta consigna pone las cosas en su lugar, ya que concibe a la pretendida ‘contraprestación laboral’ como un trabajo liso y llano, es decir, con todos los derechos salariales y sociales. Y por otro lado, no transforma la indemnización en una presión hacia la baja salarial de conjunto. La Coordinadora ya ha comenzado a recibir denuncias de todos estos atropellos, que no hacen más que extender la base social de su representatividad. Un ejemplo de esto se dio hace pocos días, cuando trabajadores despedidos de las obras de la construcción se acercaron a la Coordinadora a buscar una mano para organizar sus reclamos.

El asesinato de Rabin fue una de las hipótesis que planteamos en Prensa Obrera, hace menos de un año, como parte del procesos de agitación política de la derecha sionista. Caracterizamos la agitación de esa derecha como tendiente a provocar un “golpe de estado”, que podría tomar la forma de un atentado personal contra el primer ministro sionista como consecuencia del “inconfundible carácter criminal contra los propios miembros del gabinete israelí” de las consignas de los ultraderechistas. “Los colonos ultraderechistas agitan abiertamente a favor de un golpe de Estado ... tienen células clandestinas armadas en los asentamientos con el objeto de resistir por la fuerza cualquier intento del ejército por desalojarlos. Estas células, de las cuales formaba parte Baruch Goldstein, el autor de la masacre de la mezquita de Hebrón, tienen como objetivos ‘por ahora (sic) atacar con bombas propiedades judías y atacar con piedras a los colonos para promover sentimientos anti-palestinos’ y ‘atacar a los judíos que defienden las negociaciones con la OLP’” (Prensa Obrera, nº 435, 29/12/94). Antes de esto, Prensa Obrera ya había señalado que “durante el reciente regreso de Arafat a la región de Gaza, tuvieron lugar en Jerusalem manifestaciones derechistas que esgrimían consignas de inconfundible carácter criminal contra los propios miembros del gabinete israelí. ‘Las pancartas de los manifestantes –cuenta Le Monde (2/7/84)– eran particularmente reveladoras del clima que reina en la derecha: Arafat es Hitler, Muerte a Rabin’” (Prensa Obrera, nº 424, 27/7/94). Según el mismo Le Monde (reproducido por Prensa Obrera), “Isaac Rabin tomó con mucha seriedad estas amenazas”. El estudiante sionista sólo ejecutó la amenaza que Prensa Obrera señaló hace ya 15 meses. A Prensa Obrera no se le escapó que en los últimos meses la ultraderecha sionista y las bandas armadas de los ‘colonos’ —a los que caracterizamos como “el fascismo judío”— lanzaron una “ola indiscriminada de ataques y atentados contra la población palestina de la Cisjordania”, sostuvieron choques con la propia policía israelí y que “acaudillados por la ultraderecha religiosa, los colonos han realizado numerosas manifestaciones contra la traición de los dirigentes del Estado de Israel. Las consignas más escuchadas en estas manifestaciones son ‘Muerte a Rabin’ y ‘Rabin traidor’. Es el lenguaje de la rebelión” (Prensa Obrera, nº 466, 26/9/95). Señalamos entonces que en el curso de estas manifestaciones de masas de la ultraderecha, se dieron a conocer “organizaciones terroristas clandestinas –como ‘La Espada de David’ o la ‘Eyal’– que reivindicaron los ataques contra los palestinos” (ídem) y que ahora reivindican el asesinato de Rabin. La pregunta con que se cerraba este artículo —“¿Es la guerra civil en el campo sionista?”— indicaba toda una caracterización política. La base de este sistemático —y acertado— seguimiento de la política de la ultraderecha sionista es la adecuada caracterización de las consecuencias de los ‘acuerdos Rabin-Arafat’: “es un hecho fuera de cualquier duda que, de todos los protagonistas políticos del Medio Oriente, el más sacudido —incluso sicológicamente— es el de los colonos sionistas que se encuentran usurpando las tierras ocupadas por Israel en las últimas dos guerras y de las cuales podrían ser parcialmente desalojados como consecuencia de los acuerdos en curso.” (Prensa Obrera, nº 424, 27/7/94). A la luz del asesinato de Rabin, cobra importancia otra hipótesis que hicimos en ocasión del atentado contra la Amia: “muy pocos medios de prensa atendieron a la posibilidad de que el atentado a la Amia hubiese sido responsabilidad de la llamada derecha sionista que se opone violentamente a los acuerdos palestino-israelíes” (Prensa Obrera, nº 424, 27/7/94). Nuestro compañero Pablo Rieznik, incluso, fue insultado en una carta de lectores de la revista Nueva Sión por haber sugerido esta posibilidad en una mesa redonda. La “respuesta” de todos los ‘bienpensantes’ fue entonces recurrir al remanido “un judío no mata a otro judío” ... Sin proponérselo, el judío y sionista Igal Amir —el asesino del también judío y sionista Rabin— ha revelado, una vez más, la superioridad del análisis marxista.

En el número anterior se deslizó un error en el título de la nota sobre reproducción. El título correcto es ‘La Salud reproductiva y la libertad’

Ante la detención del compañero Enrique Gorriarán el Movimiento Todos por la Patria expresa lo siguiente: 1) Que a detención de Enrique Gorriarán se inscribe en el marco de una persecución política hacia nuestra organización, personificada en un luchador popular que desde hace más de 25 años sigue siendo consecuente con la historia de lucha del pueblo. A su vez, rechazamos las afirmaciones que, intentando confundir a la opinión pública, acusan a nuestro compañero como un peligroso ‘terrorista’. 2) Repudiamos la actitud del gobierno mexicano, cuya tradición era la de mantener una posición honorable frente a casos de persecución política, no como en este hecho en el que tomó la decisión de expulsarlo del país, permitiendo así la detención del compañero. 3) Expresamos nuestra preocupación por la integridad física del compañero Enrique Gorriarán y por su alojamiento en el sector de gendarmería de la unidad militar de Campo de Mayo. Por otra parte, denunciamos como una maniobra más de oscuros objetivos la versión que habla sobre un supuesto plan de rescate, y responsabilizamos al gobierno ante cualquier riesgo que corra su vida. 4) Llamamos a redoblar el esfuerzo solidario con la justa lucha por la libertad de los presos de la Tablada, que suma ahora la de Gorriarán. Por el Secretario Nacional del Movimiento Todos por la Patria Alejandro Parra, Walter Larrea, Adrián Witemberg 30/10/95

“Los abajo firmantes reclamamos la libertad de Horacio Panario y demás detenidos y el cese de las persecuciones...”, así comienza el petitorio que está siendo firmado por numerosos sectores del movimiento obrero. La Comisión Interna del Hospital Francés, con la firma de José Cóceres (delegado general), Alicia Flores (subdelegada general), Luis Santucho, Roxana Pacheco y Claudio Santucho (delegados). Del Movimiento de Jubilados adhirieron con su firma, Formento (secretario de organización de la Mesa Coordinadora), Juan López (delegado centro Chacarita-Colegiales), Alba González (delegada centro La Boca), José A. Gardez (delegado centro Lugano), Juan Pedro Murgia (delegado centro La Paternal), Eseverri (colaboradora de la Mesa), Demetrio (delegado centro de Santos Lugares), Blanca Leone y M. O. Crozamel (delegado centro Abasto-Once) y siguen las firmas.

El miércoles 1º, una movilización de empleados públicos marchó por las calles de la ciudad y fue violentamente reprimida. Una semana antes, una combativa marcha de docentes y empleados públicos había inaugurado la lucha contra la ‘segunda emergencia económica’ del gobierno de Mestre. Han sido eliminados los adicionales percibidos por trabajadores de numerosas reparticiones, por lo que el recorte salarial llega, en algunos casos, al 70% contra el 30% fijado por la Ley de Emergencia. El gobierno anunció una modificación del Estatuto del Docente que elimina las licencias gremiales y avanza sobre la composición salarial, introduciendo premios por asistencia y perfeccionamiento. El ‘gabinete educativo’ decidió poner en marcha la Ley Federal de Educación en 1996 (su aplicación había sido anunciada para 1997) y el apresuramiento responde a la decisión de traspasar los jardines de infantes a los municipios, lisa y llanamente su desaparición, lo que se suma a la incorporación del preescolar a las primarias, destruyendo toda la estructura de la Educación Inicial. El gobierno proyecta, además, volver a aumentar el aporte de los trabajadores activos y un nuevo descuento a los jubilados, a dos meses de haber tomado una medida similar. Entretanto, los auditores del Banco Mundial están ‘monitoreando’ las cuentas de la Caja para preparar su traspaso a la Nación, previa destrucción de sus conquistas. Resistencia obrera: exigir el paro provincial Las direcciones de la UEPC y el SEP llamaron, sin empeño ni antelación suficiente, a un paro de actividades el 25, que tuvo un eco muy desigual (el ausentismo estuvo entre un 30 y un 50%). Pero fue el primer paro que se produce luego de la imposición de la Ley de Emergencia y ocurre luego de una sucesión de paros y asambleas en las reparticiones y una indignación generalizada en las escuelas. Las tendencias a la lucha generalizada van en aumento y a contramano de la política de la burocracia de dividir conflictos por repartición. La exigencia de asambleas generales en el SEP y en docentes está a la orden del día, para imponer como salida el paro activo provincial, que unifique las luchas y los reclamos y que abra el camino para la intervención de los trabajadores industriales.

El sábado 21, se realizó el Congreso de la Federación Universitaria de Córdoba, el primero después de la aprobación de la Ley de Educación Superior y de la firma del convenio entre la Universidad de Córdoba y el Banco Mundial (Pres-Fomec), avanzada en la colonización de las casas de estudio. El congreso no duró más de un día y las comisiones fueron expresamente vaciadas de contenido político y hasta de congresales. El plenario de cierre comenzó tres horas más tarde y se redujo a una transa por los cargos de la Federación, en la que los centros de estudiantes ‘opositores’, el Frente Grande y Venceremos (Patria Libre) hicieron de comparsa de Franja Morada, la única de todas las corrientes que resultó beneficiada en la rapiña. La UJS se empeñó en dar una batalla política tanto en la sesión plenaria como en las comisiones del congreso. Denunciamos el carácter del congreso, orientado a abortar cualquier deliberación sobre el balance de la lucha estudiantil y la propia responsabilidad de FM en la entrega de la gigantesca lucha contra la Ley. Reclamamos un plan de lucha para quebrar la ley e imponer la derogación del FOMEC, y la necesidad imperiosa de marchar a un congreso general de estudiantes. Llamamos a poner en pie al movimiento estudiantil contra la asamblea universitaria que encarará la implementación de la Ley, rechazando los actuales estatutos privatizadores y arancelizadores de Delich, y las modificaciones menemistas. Hecho este planteo, librada esta lucha y en defensa de este programa, la UJS llamó a retirarse, planteo en el que coincidieron la juventud del Mst y un sector independiente de Medicina. ¿Huevo o cáscara? El papel más lamentable corresponde a la oposición palaciega a Franja. Los dirigentes de Patria Libre y el Frente Grande no cuestionaron el Congreso, en función de un ‘acuerdo’ con Franja que les permitía ‘acceder’ a un puesto en la dirección de la FUC. En el minuto final y cuando logró que toda su ‘política’ fuera aprobada, la Juventud Radical desconoció el acuerdo y colocó a la totalidad de sus hombres en la conducción.

Dentro de un mes el Banco Mundial (BM) emitirá su ‘informe final’ sobre Córdoba. Los ‘técnicos’ que hoy supervisan las finanzas públicas provinciales han prometido su veredicto para la primera semana de diciembre, una “carta de presentación” que el gobierno de Mestre considera clave “no solo para acceder a los proyectos del organismo internacional sino para replantear la relación con la Nación” (La Voz, 21/10). El pacto Mestre-Cavallo ha establecido (y no desde ahora) un virtual gobierno del Banco Mundial sobre la provincia: “el gobernador anticipa los tiempos inaugurando una estrategia pergeñada en Washington por la cartera de Economía... el contacto directo del BM con los estados provinciales sin tener que utilizar el ‘trampolín’ nacional” (La Voz, 21/10). El gobierno ‘nacional’ ha delegado por lo tanto sus funciones en la banca internacional, lo cual representa un dislocamiento político del aparato estatal. El ‘informe final’ del Banco Mundial será el programa de gobierno de Mestre, quien ya decidió prorrogar la Ley de Emergencia, o sea el pago en bonos, la reducción de salarios y el despido en masa de los contratados. Esta ‘segunda’ emergencia plantea una nueva reducción de salarios, (por la eliminación de adicionales, que llegan a constituir un 40% del haber en sectores masivos de la administración pública, por el inminente aumento del aporte de activos y pasivos a la Caja de Jubilaciones, y por la destrucción del régimen salarial docente). Significa asimismo despidos en masa (por la aplicación de la reforma educativa y la ‘racionalización’ de estatales). ¿Quién gobierna? Mestre ha dicho que no está dispuesto a firmar el Pacto Fiscal ni a aceptar el traspaso de la Caja de Jubilaciones, pero esto es simplemente mentira. El Pacto firmado en el ‘93 determinó la confiscación del 15% de los ingresos de las provincias en favor de la Nación, la eliminación del impuesto a los ingresos brutos y la reducción de los aportes jubilatorios, pero no logró su objetivo ‘estratégico’ de volcar a más de un millón y medio de trabajadores de las Cajas de Jubilaciones provinciales a las arcas de las AFJPs. Las Cajas de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, los ‘mercados’ más apetecidos por las administradoras, no pudieron ser transferidas y el gobierno nacional ya no tiene fondos para hacerse cargo de sus déficits. Por eso, para poder concretar el traspaso, Cavallo y Mestre necesitan “elevar de nuevo los aportes de activos y pasivos, eliminar los ajustes en los haberes establecidos por los nuevos mecanismos de cálculo del 82% móvil para los jubilados y del 70% para los pensionados” (ídem, 23/10). Acentuando la ruina de las Cajas Provinciales, un decreto presidencial “extiende a todas las provincias la reducción de los aportes patronales sobre la nómina salarial, independientemente del grado de cumplimiento de la provincia en que esté radicada la empresa sobre la obligación de bajar la alicuota de ingresos brutos” (ídem, 25/10). ... “ante el ya indisimulable fracaso del acuerdo, como instrumento ideado... para forzar a las provincias a negociar asistencia financiera a cambio de reformas” (ídem, 22/10), Menem impone por decreto la liquidación de los derechos jubilatorios y ‘prepara’ de este modo, el traspaso de las Cajas. Además, ahora que “... Economía apunta a dotar de autonomía a los gobiernos provinciales para que presenten sus propios programas..” (La Nación, 1/10/95) Mestre se lanza con todo a la privatización en masa y urgente de los bancos y las empresas de servicios (luz y agua). El gobierno cordobés se encuentra en colapso financiero y su única y momentánea tabla de salvación sería un adelanto de fondos del Banco Mundial ‘a cuenta’ de la privatización del patrimonio público. Una manifestación de ese colapso es la situación de los bonos emitidos para pagar salarios. “Sobre 800 millones de pesos en Cecor (bonos) que la Legislatura le autorizó a emitir, Mestre no logró colocar más de 400 millones de pesos”, porque las empresas son cada día más renuentes a aceptarlos, debido a su carácter de inconvertibles por lo cual “quién más los recibe es la misma provincia, por pago de tributos”. El Banco Provincia se ha visto obligado a autorizar las “cuentas en custodia, corrientes y cajas de ahorro en Cecor”, para ayudar a la circulación del bono. Pero como, “el gasto público ronda los 120 millones de pesos por mes, la recaudación no supera los 80 millones y hasta fin de año no hay coparticipación federal” (Ambito, 24/10), la crisis retorna sobre sí misma. La burocracia tiene una política ¿Cómo encara la situación provincial la burocracia de los sindicatos? Un reciente documento de la UEPC Capital (docentes) caracteriza la inauguración de un “nuevo escenario” a partir de la caída de Angeloz, en el cual “en primer lugar, el gobierno Mestre cuenta con cierto consenso social, no solo de parte de aquéllos que lo votan, sino que se extiende a otros sectores que tienen expectativas..”. Mestre, prosigue el documento, posee un “discurso demagógico, con tonos populistas (pero) con repercusión en una sociedad hastiada”. Todo esto le sirve a la UEPC para concluir que ahora “el panorama es mucho más complejo” y para no proponer ningún rumbo de acción. Lo que la burocracia docente no establece es su responsabilidad en la creación de este supuesto ‘escenario’, que se produce como consecuencia del levantamiento. de la huelga general provincial para apoyar el pacto con Menem y Primatesta que sirvió para sustituir a Angeloz por Mestre. La burocracia y la izquierda vieron en la caída de Angeloz una ‘victoria del pueblo’, y no un ‘golpe de estado’ de Cavallo para poner fin a un gobierno débil y poder replantear la ofensiva contra las masas. La burocracia sigue anclada en la caracterización del ascenso de Mestre para justificar su inmovilismo. La base política de Mestre no tiene que ver hoy con los votos que obtuvo en mayo, esto porque debe actuar en condiciones políticas absolutamente diferentes. Se encuentra totalmente condicionado por la bancarrota económica y por las facturas que le presentan los acreedores. Es por esto que ni los trabajadores ni quienes lo votaron pueden esperar absolutamente nada, o mejor, deben esperar una acentuación del colapso. Esta crisis ya se expresa en la reanudación de las movilizaciones de estatales y docentes, y en la incorporación a la lucha de nuevos contingentes de trabajadores, a pesar de que la burocracia sindical se adapta a la Ley de Emergencia y a la participación en los procesos de privatización. La consigna vital, que resume una política independiente y que responde al sentido común de las masas es “que se abran las cuentas de los capitalistas y del Estado”. Esta consigna plantea una alternativa y ofrece un rumbo al congreso de bases del movimiento obrero que hay que convocar en Córdoba.

La docencia catamarqueña está protagonizando una importante lucha, que según un funcionario del gobierno, “ha quedado fuera del control del sindicato”. En parte, es verdad, pues ATECA votó, ante el atraso en los pagos de los sueldos y el desconocimiento de diversas conquistas (índice por zona desfavorable, no reconocimiento a suplentes e interinos en el período de vacaciones, baja a supuestos docentes inactivos), paros de tres horas que incluso se mantuvieron en aquellas escuelas que cobraban, en solidaridad con el resto que no había cobrado (cuestión que no ocurría en conflictos anteriores). En algunos departamentos del interior la lucha docente está tomando el carácter de rebeliones populares: en Santa María, la docencia ha cortado calles y rutas; en Andalgala y Tinogasta, se han realizado manifestaciones con apoyo popular; en Belén está parando y movilizándose todo el pueblo, pues se han sumado los padres, los centros de estudiantes secundarios y terciarios, y otros sectores laborales e incluso los comerciantes, en apoyo a los reclamos de la docencia. No es solo la docencia agrupada en ATECA la que está luchando. Tanto la UDA como SADOP (que agrupa a la docencia privada, con gran peso de los colegios religiosos) están parando, como asimismo otros gremios estatales (ATE, municipales, etc.) han cumplido diversas medidas reclamando el pago en tiempo y forma. Catamarca es un caso piloto del derrumbe provincial al que conduce el ‘plan’ Cavallo, pues aquí se ha traspasado la Caja, se ha jubilado a más de 5.000 empleados públicos en forma anticipada, se han liquidado importantes conquistas laborales de la docencia, y recientemente Castillo declaró que las finanzas están nuevamente en rojo, e incluso se estudia la posibilidad de reducir los salarios, e ir más a fondo en la racionalización de trabajadores (trascendió que se estudia una reducción del 15%). Las finanzas públicas están completamente hipotecadas por un fenomenal endeudamiento en títulos con el estado nacional y la banca privada, a la cual se le están pagando tasas que en algunos casos superan el 22%. Catamarca tiene hipotecados los ingresos por coparticipación, e incluso se estaría estudiando hipotecar anticipadamente los futuros ingresos por regalías mineras que ingresarían por la explotación de los yacimientos de Bajo la Alumbrera. La emisión de bonos, según el ex ministro de Economía, Aldo Nieva, superaría los 90 millones de pesos (casi la mitad del circulante provincial), con lo que rápidamente se va a una situación de colapso, pues no hay condiciones para garantizar su convertibilidad. En este cuadro de caos y ataque desenfrenados a los trabajadores se impone que los sindicatos que están en lucha, y en especial ATECA, tomen la iniciativa de convocar a un congreso de bases para votar un paro activo provincial como inicio de un plan de lucha en defensa del salario, las fuentes de trabajo, y demás conquistas y por la apertura de los libros de la contabilidad estatal para establecer donde están los fondos y asegurar que ellos vayan a satisfacer los reclamos de los trabajadores.

La Comisión de Enlace —MTA, CTA, CGT— ha convocado a un paro general con movilización para el 15 de noviembre. Para el 14, las mismas organizaciones han llamado a un “Congreso del Trabajo” al que citan a las “direcciones gremiales” de la provincia. Los trabajadores municipales de la Capital no cobran desde hace cuatro meses, los jubilados desde hace dos, los docentes acaban de cobrar setiembre y no saben cuando cobrarán octubre, los despidos en las comunas del interior se suceden día a día. Los jubilados se movilizan cada miércoles sobre la Casa de Gobierno, las clases están prácticamente paralizadas porque los docentes se retiran de las escuelas no bien se retrasan los pagos (“retención de servicios”), los estudiantes han comenzado a movilizarse reclamando la promoción ante las amenazas de una prolongación en el ciclo lectivo. En General Mosconi, ante el despido de 80 trabajadores de la comuna ha sido llamada una “asamblea popular” a la que han sido convocados los trabajadores de las poblaciones aledañas. La destrucción operada por el ‘plan’ Cavallo amenaza convertir a la zona en un puñado de poblaciones “fantasma”: el despido en masa de los municipales sigue a las 3.000 cesantías provocada por la ‘privatización’ de YPF. La burocracia oficialista se ha visto obligada a actuar ante la catástrofe provincial y los signos de un nuevo ‘ajuste’ sobre el ‘ajuste’. El secretario general de la CGT ‘reorganizada’ ha salido a denunciar los planes de “racionalización” del futuro gobernador Romero luego de haberlo apoyado fervorosamente en las recientes elecciones. Romero asume el 12 de diciembre, una fecha ‘lejana’ en una provincia movilizada frente al no pago de salarios y las cesantías y que ocupa los primeros puestos en el ‘ranking’ de desocupación. Las expectativas burocráticas de una tregua hasta el 12 de diciembre se han volatilizado. La tarea es empeñarse en un paro y movilización masivos, reclamar la huelga general hasta que paguen y plantear el tema que la burocracia mantiene en ‘silencio’ pero que está presente en la deliberación popular: que se abran las cuentas del Banco Provincia, que se ejecute a los morosos, que se grave a los grandes pulpos que han vaciado la provincia. Los fondos están, hay que arrancarlos.

La primera semana de octubre las calles de General Roca, Viedma, Villa Regina y Cipolletti fueron escenario de duros enfrentamientos entre miles de manifestante, mayoritariamente estatales, y las fuerzas represivas. En la generalidad de los casos los enfrentamientos se suscitaron por la abierta provocación de las fuerzas de gendarmería que, siguiendo órdenes expresas del gobierno provincial, desataron una brutal represión para intentar quebrar por la fuerza un movimiento que día a día crecía en masividad. Es que la tónica de las últimas movilizaciones muestra la paulatina, pero persistente entrada en escena de nutridos contingentes juveniles, estudiantiles y barriales, de los desocupados y de los trabajadores de la actividad privada... ¡una verdadera ‘pueblada’! Luego de estas jornadas de resistencia popular, en General Roca y en Viedma (centros de las principales movilizaciones) se vivió un virtual ‘estado de sitio’, con la gendarmería patoteando a la población y actuando como un virtual ejército de ocupación (requisas de autos y personas en los accesos a la ciudad y en los puentes sobre el canal grande que separa el casco céntrico de las barriadas más populosas). Pese al apriete general y a las amedrentadoras declaraciones del jefe de Gendarmería que prometía una ‘represión ejemplarizadora’ apenas ‘volase la primera piedra’, 2.500 personas nos juntamos para manifestar el pasado 12/10 ... para encontrarnos con que el F.E.R. y la Multisectorial, estaban más preocupados en hacer ‘seguridad interior’ que en dirigir la protesta a los centros de poder político. Es así que la movilización partió, NO hacia el centro de la ciudad, sino hacia las afueras ... nos llevaron a un ‘pic-nic’, como protestaban numerosos estatales... Al llegar a la entrada de la ciudad, los dirigentes del F.E.R. anunciaron la desconcentración en medio de una atronadora silbatina y gruesas puteadas de la gente que sintió que le habían tomado el pelo. El pasado sábado 21/10, se realizó en Roca el Congreso Regional de Delegados del CTA (abarcaba Río Negro y Neuquén) para tratar, en forma especial, las crisis provinciales y la situación rionegrina en particular. Ante el reclamo de delegados de base de que la situación rionegrina exigía, por parte del CTA, una acción decidida y un plan de lucha provincial por el conjunto de las reivindicaciones del movimiento trabajador, la dirección ceteísta (Fuentes-ATE Neuquén; Gómez-UNTER Río Negro; Judiciales, etc.) respondió que “no nos debemos dejar arrastrar por la dialéctica de la lucha de clases”; “la lucha de los trabajadores solos (!?) no alcanza para revertir el modelo neo-liberal”; “debemos construir un movimiento policlasista sumando nuevos sectores”, para concluir en que la única ‘salida’ es convocar un Congreso del Trabajo, la Cultura y la Producción ... junto al conjunto de las Cámaras patronales de la región (las ‘economías regionales’) Las multisectoriales que se han conformado en cada localidad, y partidos como el Ptp, están totalmente sumados a esta perspectiva. Luego de la ‘marcha pic-nic” del 12/10, el F.E.R. abrió una nueva ‘tregua’ al gobierno, aprovechando la descompresión de la situación salarial al entrar parte del dinero adelantado por Nación ante el acuerdo provincial de privatizar la Empresa de Energía (ERSE) y el Banco, lo que permitió el pago de los sueldos de agosto y el comienzo del organigrama de pagos de setiembre. Rápidamente el gobierno ‘registró’ esa tregua y anunció el debut de los ‘bonos’ para el pago de los sueldos de octubre, el medio aguinaldo adeudado y las deudas previsionales (a algunos jubilados se les debe desde marzo). Ante este nuevo atropello el F.E.R. se debate entre la fractura y la parálisis; UPCN, el gremio mayoritario, ha planteado que el “acuerdo del F.E.R. era únicamente en relación al atraso salarial, por lo que superado éste (¡ya lo dan por superado!) cada gremio queda en libertad de acción”. Los gremios del CTA, por su parte, siguen sin reaccionar. Pero la calma que se adueñó de las calles rionegrinas estas dos últimas semanas, es una calma que preanuncia la tormenta. La actitud conciliadora y derrotista de las direcciones contrasta con la disposición de lucha de los trabajadores. Una reciente movilización en General Roca, la primera en la provincia en 10 días, congregó más de 1.000 personas, pese a que la convocatoria de la Multisectorial fue casi en secreto, y que su consigna central: NO A MASSACCESI SENADOR, desplazaba el tema salarial y el ajuste a un plano subordinado. La marcha se caracterizó por una gran disposición de lucha de los participantes, y la voluntad de los trabajadores de no dejar pasar el ajuste fue expresada claramente en la consigna más coreada de la misma. “OLE, OLE, OLE, OLA... A MASSACCESI LA CARCEL YA ... A PABLO VERANI LA HUELGA GENERAL”

Se ha constituido un frente de corrientes y activistas, entre los que participan compañeros de TRIBUNA DOCENTE, en torno a la Lista Rosa, para presentarse a las elecciones del sindicato docente (UNTER) de la rionegrina localidad de Cipolletti. Frente a la grave crisis provincial “La LISTA ROSA propone que la lucha tiene que ser unificada con todos los estatales y la comunidad de la provincia en un plan de lucha provincial progresivo...los trabajadores estatales agrupados en UPCN desoyeron a sus dirigentes que querían negociar todo con Verani, y en el Congreso provincial de su gremio votaron un plan de lucha de 48 horas durantes tres semanas. La Unter provincial en cambio resolvió paros de 48 horas sin fecha. La LISTA ROSA propone que inemdiatamente la conducción de la Unter le ponga fecha a esa medida haciendola coincidir con las 48 horas de UPCN, unificando también las movilizaciones programadas..”. Desde el punto de vista nacional, la Rosa plantea “que se unifiquen las luchas de todas las provicias...en una lucha nacional común como podría ser un paro nacional con nueva marcha federal...El Cta, Mta y Ctera y los restantes gremios que integran la CGT tienen la obligación de convocar a esta medida nacional”. La Rosa se autodefine como “un Frente de Lucha conformado por varias agrupaciones y compañeros independientes”. Frente al planteo del gobierno provincial de que no hay plata para satisfacer los reclamos de los trabajadores, la Rosa ha respondido “que HAY PLATA!!! Con cuatro medidas de fondo sale la plata: 1) Del no pago de la deuda externa...2) de la ruptura con el Pacto Fiscal que firmó Masaccessi..3) De la aplicación de impuestos extraordinarios a las grandes fortunas...4) del embargo de todos los bienes de los funcionarios que robaron en la provincia...”. El 8 de noviembre en Cipolletti se plantea votar en el gremio docente a la LISTA ROSA.

Trece muertos, cerca de 400 heridos, 3.000 familias sin vivienda, 7.000 evacuados, tres barrios obreros totalmente destruidos, cinco escuelas inutilizadas, daños materiales multimillonarios y una población aterrorizada: la ‘catástrofe de Río Tercero’ se agrega a la ya larga lista de crímenes contra el pueblo que los trabajadores habrán de cobrar al régimen de Menem-Cavallo. ¿Accidente? ¿Error humano? La catástrofe es la directa consecuencia de la política oficial de ‘flexibilidad laboral’, de ‘reducción presupuestaria’ y de engorde de los beneficios de los capitalistas. La fábrica era una bomba de tiempo. Las denuncias de los obreros y pobladores enfatizan el deterioro de las medidas de seguridad. Cuando se detectó el incendio, “como el coche bomba no funcionaba y estaba en reparaciones, (el personal de guardia) llamó a los bomberos” (Clarín, 4/11). “Las mangueras hidrantes del polvorín estaban todas podridas” (Página 12, 5/11). Los trabajadores venían denunciando fallas en la seguridad y la ausencia de elementos mínimos de protección (como barbijos). Operarios de la fábrica aseguraron que la falta de mantenimiento era absoluta: escapes en las mangueras de gas (con hornos que funcionaban a 1000º C), acumulación exagerada de explosivos vencidos, etc. “Las empresas contratistas que debían entrar a trabajar, como constructoras o de montaje, no lograban asegurar a sus trabajadores porque las compañías aseguradoras se negaban con el argumento de que no había condiciones de seguridad” (ídem). “La reducción presupuestaria condujo a una flexibilización de las condiciones de seguridad” (denuncia de Ate, Clarín, 5/11), a los despidos –“en 1989 trabajaban 1200 operarios; hoy el plantel es de 802” (Página 12, 4/11)–, a la ‘flexibilización” y a la “multifuncionalidad”. Por radio, un trabajador del sector donde se iniciaron las explosiones recientemente jubilado denunció el aumento de los ritmos de trabajo, que llevó a que los explosivos fueran acarreados haciendo ’pasamanos’ entre varios operarios, cuando antes cada bomba era trasladada por un operario ‘como si fuera un bebé’. ¿Sabotaje? La hipótesis fue rápidamente descartada por el gobierno; sin embargo, no es descabellada si se considera que hay una larga disputa entre las autoridades militares y Cavallo por el control y posterior privatización de la fábrica. Para el periodista Sergio Suppo, de La Voz del Interior (5/11) “Para un gobierno como el de Carlos Menem, que se ha regodeado con la venta de cuanta empresa pública encontró, la eliminación de una de ellas es como la desaparición de un problema antes que la generación de una desgracia social como lo que avizoran los ríotercerenses”. Lo cierto es que la reconstrucción de la fábrica de explosivos estará subordinada a los intereses militares y comerciales del imperialismo. Río Tercero, una ciudad ‘bomba de tiempo’ Río Tercero era, desde hace rato, una ciudad en peligro. A escasos 1.000 metros de los polvorines están instaladas la fábrica Atanor (productos químicos) y la Petroquímica Río Tercero; a 35 Km se encuentra la usina nuclear de Embalse. Si el siniestro hubiera alcanzado a las fábricas vecinas provocando escapes de gases venenosos y asfixiantes, los muertos y heridos se habrían contado por miles. Ni hablar si la onda expansiva hubiera dañado la usina nuclear ... El desarrollo urbano alrededor de esta verdadera ‘bomba de tiempo’ fue impulsado a todo vapor para venderle tierras de escaso valor a trabajadores que necesitaban estar cerca de su empleo. “... el dinamismo casi salvaje de la especulación inmobiliaria ... ha incrustado en el corazón de la ciudad no solamente focos de irradiación de contaminación ambiental, sino, lo que es ciertamente mucho peor, potenciales desencadenantes de tragedia, como la que se ha vivido” (La Nación, 5/11). En Atanor se fabrica “el 24D, cuya producción total se exporta a Estados Unidos, país en el que se permite su utilización pero no su fabricación, porque afecta a las células nerviosas de los trabajadores” (La Voz del Interior, 5/11). Se realizaron varias denuncias sobre el entierro de residuos de amianto en el subsuelo de la empresa Petroquímica y la aparición de fenoles en el agua corriente, que la municipalidad desoyó. La tasa de mortalidad infantil en Río Tercero es una de las más altas de Córdoba, un 46% superior a la media del Departamento Tercero Arriba ... “es imposible no vincularlo de alguna forma al polo industrial de la ciudad” (La Voz del Interior, 5/11). Como si lo que tenían los ríotercerenses fuera poco, la empresa Atanor fue autorizada a construir un horno que “será el establecimiento más riesgoso de Río Tercero. Esto se debería a que los residuos que maneja Atanor son productos órganohalogenados, sumamente peligrosos en el proceso de manipulación y desecho” (La Voz del Interior, 4/11). El gobierno, además, proyectaba utilizar la zona para enterrar desechos de la usina nuclear. La segunda barbarie capitalista: la ‘ayuda’ a los damnificados Cuando se produjo la explosión, los pobladores de Río Tercero fueron abandonados a ‘la buena de Dios’. Debieron autoconvocarse, huyendo de sus casas, dejando sus pocos bienes, siguiendo simplemente su propio instinto, que a más de uno le jugó una mala pasada. A pesar de las características explosivas de la ciudad, sus pobladores jamás recibieron instrucciones de cómo actuar ante una catástrofe como la que se produjo. La prensa da cuenta de que los evacuados y los que aún quedan en la ciudad, están padeciendo innumerables carencias ante la pasividad oficial. Los ríotercerenses no han pasado aún lo peor: asegurarse el futuro. El gobierno nacional dijo que ‘ayudaría’ a la reconstrucción de la ciudad ... mediante créditos ‘blandos’del Banco Hipotecario. ¡Quieren hacer un negocio de la tragedia! Río Tercero fue bombardeada por la superexplotación y la rapiña capitalistas. Pues, entonces, que ellos paguen. La bronca generalizada de la población debe servir para organizar —mediante una Asamblea Popular— la lucha por un programa de reivindicaciones obreras y populares: • Reconstrucción de la ciudad a exclusivo cargo del Estado y mediante un impuesto a los capitalistas, y bajo control de los trabajadores. • Pago íntegro de los salarios de todos los trabajadores de la Fábrica Militar. • Subsidios a las víctimas de la explosión y compensación por las pérdidas materiales. Subsidio a los desocupados. • Aumento presupuestario para los hospitales, para hacer frente a las secuelas psíquicas y físicas de la catástrofe. • Comisión obrera y popular para investigar, juzgar y castigar a los responsables.

Del 19 al 21 de agosto, en San Salvador de Jujuy, se realizó el décimo Encuentro Nacional de Mujeres. Participaron alrededor de 6.000 mujeres, se trabajó en talleres (comisiones) sobre más de 20 temas (mujer y trabajo, familia, salud, educación, sexualidad, mujer rural, juventud, mujer y poder, aborto, etc.). Durante el sábado a la tarde y el domingo, en dos sesiones, se debatió en los talleres analizando la situación de acuerdo a cada problemática y elaborando conclusiones, que luego fueron expuestas en la última jornada, leídas por miembros de cada comisión y sintetizadas en un afiche por taller. De las conclusiones, a pesar de la diversidad de los temas tratados, se destacaron: el apoyo al paro del 6 de setiembre, convertirlo en una jornada de lucha, etc., en el 85% de los talleres. La denuncia de la desocupación y el planteo de la reducción de la jornada laboral con igual salario, contra la flexibilidad laboral, fue una conclusión de todas las comisiones que trataron el tema. La denuncia de la represión a la juventud, de la droga y el narco-tráfico como método de sometimiento, de la represión y regimentación a los jóvenes. El reclamo de derogación de la Ley Federal de Educación y de Educación Superior. El genocidio que significa la muerte de más de 400 mujeres al año, producto de los abortos clandestinos en malas condiciones sanitarias, la indefensión a la que son sometidas las mujeres al someterse a la práctica del aborto sin ningún tipo de cobertura sanitaria ni legal, fueron las causas para seguir reclamando (otros encuentros y muchas organizaciones de mujeres vienen luchando por esto) la despenalización del aborto; educación sexual, anticonceptivos gratuitos para no abortar y aborto legal para no morir. También fueron importantes los planteos de las compañeras aborígenes, que denunciaron la situación de postergación social a la que son sometidas, la expulsión de sus tierras, que continúa hoy. Reclamando el respeto a su cultura, la devolución de las tierras que le permitan vivir dignamente, la solidaridad con el pueblo de Chiapas y un profundo análisis de la situación de los pueblos aborígenes en toda Latinoamérica. En el taller de mujer y salud (del que participé), se analizó la crisis de los hospitales, que en la mayoría de las provincias están arancelizados; la destrucción de las redes de promoción sanitarias (agentes de salud de La Quiaca, que realizaron todo el plan de control del cólera, está ahora con contrato precario); en salud mental se constata la absoluta falta de recursos para llevar adelante experiencias nuevas, que han sido exitosas y que permiten terminar con el viejo concepto de aislar al enfermo mental de la sociedad. Con respecto al Sida y a las enfermedades de transmisión sexual, vimos que aumentan, producto de la total falta de campañas de educación y difusión, las que no se realizan producto de la injerencia de la Iglesia católica en la educación y en los medios de comunicación. Las enfermedades —producto de la pobreza— están en aumento (tuberculosis, chagas, etc.) y ahora aparecen enfermedades propias de la desocupación: cardiopatías, estress, depresiones que hasta llevan al suicidio. En este taller nos pronunciamos contra la autogestión hospitalaria (decreto 578/93), que destruye el hospital público. Por la despenalización del aborto; que la fecundación asistida, así como la anticoncepción, se realicen en los hospitales públicos y obras sociales. Por campañas de educación sexual y de prevención del Sida y enfermedades de transmisión sexual, por los medios de comunicación, las presentes nos comprometimos a ser difusoras en nuestros lugares de residencia. Con respecto a la desocupación, promover las comisiones de desocupados que den contención social y sean un instrumento de reclamo. Reducción de la jornada laboral para ocupar más mano de obra. El domingo a la tarde, se realizó una marcha por toda la ciudad con consignas contra el gobierno de Menem, de Palito y de Bussi. Una de las consignas más cantadas fue: “Mujeres del encuentro por el paro nacional”. Al finalizar la marcha, se eligió la sede del encuentro del año próximo; hubo un intento de las delegaciones de los municipios del conurbano (especialmente Lanús y Quilmes) de que la futura sede fuera Quilmes o La Plata (lo que se veía como un intento del duhaldismo de copar el encuentro), lo que fue respondido desde la tribuna con el cántico “Duhalde, Duhalde botón...”. Finalmente se eligió Capital Federal, con el apoyo de la gran mayoría de las presentes; el argumento principal para elegir esta sede fue el de hacerse oír allí donde está el centro político del país. El Encuentro Nacional de Mujeres se viene realizando desde hace 10 años, a partir de una Conferencia internacional en la India. Por su concepción es policlasista y multisectorial, y se puede participar con el solo hecho de ser mujer. Pero en el desarrollo concreto de los encuentros ha ido tomando posiciones reivindicativas, y en los últimos tiempos, ha tomado un carácter netamente antigubernamental. La participación del Décimo Encuentro muestra, primero, la necesidad de organización y centralización que existe en muchas organizaciones de base y grupos que realizaron grandes esfuerzos para vencer las dificultades económicas que significó ir hasta Jujuy. La composición era, en su gran mayoría, de luchadoras gremiales, sociales y barriales, y algunas pocas concejales y diputadas provinciales del interior, que han presentado proyectos de promoción de la mujer o despenalización del aborto que nunca fueron tratados. La organización estuvo a cargo de las mujeres de Jujuy, de distintos gremios y organizaciones intermedias (cultura, barrios, grupos de autoayuda de mujeres). Ninguna de las presentes en el Encuentro formó parte de la delegación oficial a Pekín, la que representó no los intereses de las mujeres argentinas, sino los de Menem y el Vaticano. El Encuentro de Mujeres es un espacio autoconvocado, de debate e intercambio; su límite, que aunque se debatió no se llegó a superar, es que las conclusiones son llevadas adelante o levantadas como consignas por las mujeres que participaron, en sus lugares de vivienda y trabajo de acuerdo a su voluntad y posibilidades, sin volver a ser debatidas o centralizadas hasta el próximo año. La delegación de mujeres que fuimos de Avellaneda, realizamos un Encuentro posterior y nos planteamos comenzar a superar esto. En esta vía, realizamos una jornada de agitación y propaganda el 28 de setiembre, día de la lucha por la despenalización del aborto.