Prensa Obrera N° 471

El gobierno ‘electo’ de Felipe Sapag ya puede ser caracterizado como el de los negociados, de la entrega, del ataque a las libertades democráticas y a las conquistas de los trabajadores. Sapag asumirá —según Río Negro, 15/10— con “la determinación de profundizar el ajuste”, es decir, reducción de los salarios y masivo despido de empleados públicos. Precisamente, Sapag lanzó, ya antes de asumir, una violenta campaña contra el subsidio a los desocupados (ver aparte). Negociados (I): el banco La Legislatura neuquina ya le puso el voto al proyecto de emitir un bono provincial —garantizado por los ingresos de impuestos coparticipables y de las regalías de los hidrocarburos— con los cuales el Estado ‘comprará’ la cartera de deudores incobrables del banco provincial. Según distintas denuncias, los mayores 75 deudores del Banco de Neuquén concentran deudas por más de 70 millones; los mayores cuatro deudores —entre los que se encuentra la empresa familiar de los Sapag— deben más de 25 millones de pesos ... los que ahora pasarán a convertirse —bonos mediante— en deuda pública, a pagar con impuestos, reducciones de salarios y despidos. Los legisladores que votaron el lanzamiento de los bonos ‘argumentaron’ que con esto el banco podría volver a otorgar créditos. Es decir que los que no quieren pagar volverán a recibir préstamos. Una política semejante sólo anuncia un vaciamiento económico mayor de la provincia. Se ha pretendido justificar la estafa para evitar la privatización del banco. Pero como demuestra el caso de Río Negro, la ‘provincialización’ de las deudas del banco es el primer paso de la privatización; el segundo es su transformación en sociedad anónima, que los legisladores neuquinos van a acometer de inmediato. Negociados (II): Cominco El saliente gobierno de Sobisch firmó un acuerdo con el pulpo canadiense Agrium-Cominco para la construcción de una planta de fertilizantes, para lo cual le cederá el yacimiento gasífero de El Mangrullo —de un enorme potencial, según los más recientes relevamientos. Sobre una inversión total de 600 millones, la provincia pone, además, 290 millones como avalista y otros 100 millones como accionista de la empresa mixta. El ‘sobreprecio’ de la planta de fertilizantes ha sido estimado en unos 200 millones de dólares (Río Negro, 18/10). Sapag ya se ha reunido con los canadienses, a los que puso en conocimiento de su decisión de ‘revisar’ los contratos. Su objetivo, según Río Negro (15/10), es “reencauzar el proyecto a su modo” ... Sugestivamente, Sapag anunció un ‘proyecto alternativo’, que mantendría el yacimiento de El Mangrullo en poder de la provincia, a la vez que trasladaría la planta de fertilizantes de su localización original, de Plaza Huincul, a Arroyito. En Neuquén se especula con que estos ‘proyectos alternativos’ tenderían a incluir en el negocio a Pérez Companc, que anunció la construcción de una planta de fertilizantes similar a la de los canadienses en la ribera del Paraná, y cuya presencia en Neuquén —en asociación con la norteamericana Enron— fue abiertamente promovida por Sapag en su anterior gobierno. Crisis política Aun antes de debutar, el gobierno ya se ha ganado una crisis política con toda la oposición patronal. La Corte electoral —sapagista— impugnó la suma de votos de las boletas de distintos partidos que presentaban los mismos candidatos. De esta manera, le arrebató a los candidatos comunes del PJ-Ucedé y de la UCR-Frepaso los triunfos obtenidos (por la suma de votos) en los municipios de Plottier, Chos Malal, Villa La Angostura y Las Ovejas. El caradurismo con que se mueve la justicia electoral sapagista es extremo, porque en las elecciones del 14 de mayo, el propio MPN de Sapag pretendió inscribir en sus boletas —junto con sus candidatos a diputados— la candidatura presidencial de Menem ... es decir, lo mismo que ahora impugna, y cuando el PJ se negó, el sapagismo promovió el voto presidencial a Menem a través de la Ucedé, que lo llevaba como candidato a presidente pero no presentaba candidatos a diputados ... algo que Luis Sapag no duda en calificar como una jugada genial de ‘Don Felipe’, su padre (El dinosaurio amarillo, Luis Felipe Sapag, Fundación Andino Patagónica). Este gobierno antidemocrático y entreguista es el que ataca a los desocupados y persigue a la izquierda.

El menemismo en la Tierra del Fuego está representado por el Mopof; el gobernador Estabillo no terminó de contar los votos y ya anunció el ‘ajuste’: privatización del Banco Provincia; reducción de los sueldos; ataque contra la Caja Jubilatoria; profundización del arancelamiento hospitalario y la ‘autogestión’. La velocidad que impone la crisis económica ha determinado el inicio de una crisis política, aun antes de iniciar su segundo mandato. Cientos de punteros que oficiaban de jefes, directores y funcionarios, han recibido el premio post-electoral de ver sus sueldos rebajados de 3.000 a 800 pesos, lo cual produjo una verdadera sublevación en la Administración pública; todos preguntan dónde está ATE. Pero la dirección de ATE tiene desde hace tiempo un pacto con el Ejecutivo: no abrieron la boca durante todo el proceso electoral y no lo hacen tampoco frente al ‘ajuste’. Portel, secretario general de ATE, es partidario de ‘invertir’ los fondos de la Caja de Previsión en las acciones del Banco Provincia que quiere privatizar Estabillo, y de matar dos pájaros de un tiro: entregar el Banco y reventar las jubilaciones; eso sí, está contra el discurso neoliberal de Menem, pero... si no queda otra. Marcan el camino En el marco del ajuste enviaron al parlamento un proyecto para modificar la Ley de Carrera Sanitaria. Impone la obligatoriedad de las guardias y la sobreprestación horaria a los profesionales; deja fuera de la Carrera a los administrativos y personal de maestranza y mucamas, preparando las condiciones para su privatización inmediata; profundiza la arancelización con vistas a entrar en el negocio de la desregulación de las Obras Sociales y la Autogestión hospitalaria. Este proyecto causó gran revuelo, se realizaron asambleas y reuniones en el Hospital de Ushuaia para oponerse con la movilización a la sanción de la Ley; 120 compañeros concurrieron a la sesión de la Legislatura para repudiar su tratamiento. La bronca frente al ajuste de Estabillo se convirtió en un primer gran triunfo, pues la ley fue mandada a archivo. Organizar la huelga general La Justicia aprobó el pedido de concurso preventivo de Noblex, haciéndose cómplice del vaciamiento y de la pretensión patronal de descargar la crisis sobre los trabajadores (autorización de 100 despidos y 128 suspensiones). Noblex cierra su planta de Ushuaia, y en una situación similar se encuentra el conjunto de las fábricas radicadas en la isla. Las patronales aducen caída de las ventas a raíz de la recesión interna y de las trabas en el comercio con Brasil, es decir que el responsable de la crisis industrial es el plan que estas mismas patronales apoyan. Ambito Financiero (27/10) informa que la multinacional Samsung estaría interesada en la compra del paquete de Noblex, detrás de Bencer (Aurora-Grunding) estarían los alemanes. La recesión lleva a la calle a los trabajadores y es aprovechada por las multinacionales para copar el mercado sin invertir un peso (a cambio de deuda que mantienen con ellas). Detrás de esta compra o ‘salvación’ de las empresas, está la liquidación del convenio colectivo para los que queden y el no pago de las indemnizaciones, según lo autoriza la nueva Ley de Quiebras votada inclusive por el Frepaso. La dirección de la UOM es cómplice de toda esta política, porque ha traicionado las últimas luchas y desorganizado al gremio. Para enfrentar con éxito esta nueva andanada de despidos hay que barrer a la burocracia, votar una nueva dirección y retomar el programa de Semana Santa: no a las suspensiones y despidos, estatización bajo control de los trabajadores, reparto de las horas, turnos de 6 horas, apertura de los libros de las empresas para ver dónde fueron a parar las ganancias millonarias que acumularon en base a la superexplotación y a los curros de la 19640. El ajuste de Estabillo y los despidos imponen una respuesta de conjunto en la provincia, hay que convocar al paro activo provincial y ocupar los lugares de trabajo para defenderlos. Provocación judicial Los policías que participaron del asesinato de Víctor Choque han sido desprocesados, sigue un proceso contra los dirigentes y activistas de la UOM; en estos días debe comenzar el juicio oral y público a ellos. No dudamos que estamos frente a una provocación para amedrentar al movimiento obrero. Hagamos una campaña de solidaridad exigiendo el inmediato desprocesamiento de los dirigentes de la UOM de Tierra del Fuego y la cárcel para los asesinos de Víctor Choque.

La fanfarria con que los grandes capitalistas han difundido la presencia en Argentina de una ex ministro de economía de Nueva Zelanda, forma parte de una campaña que apunta, como mínimo, a reducir los salarios, pero más allá de esto, a liquidar por completo el sistema de convenios de trabajo y la existencia de los sindicatos en las empresas. Es lo que hizo en su país la promocionada Ruth Richardson y, mucho antes que ella, el modelo original de todos estos chupasangres, Augusto Pinochet. Las fechorías de la señora Ruth en su propio país han mejorado sin duda los beneficios capitalistas, pero de ninguna manera la situación de los trabajadores, ni la de la economía en su conjunto. “Se agravó el foso que existía entre ricos y pobres” (Noticias, 29/10); “la producción se encuentra por debajo de los niveles del bienio 85-86”; “el nivel actual de desocupación es superior al que existía en los 80”. Es suficiente mencionar que la deuda externa de NZ representa el 51% del PBI (lo que en Argentina significaría unos 150.000 millones de dólares, que no comprenden a la deuda interna), para concluir que NZ es un país en bancarrota, cuyo gobierno simplemente disimula contablemente el nivel de su déficit fiscal. Un país de tres millones y medio de habitantes, donde la deuda externa de 40.000 millones representa una deuda por habitante de más de 10.000 dólares, contra los 4.000 dólares de Argentina. Pero con salarios promedio de 500 pesos, con una desocupación y subocupación del 40% (4 millones y medio de personas) y con un incremento de la ‘productividad obrera’ (tasa de explotación) del 140%, lo que sobra en Argentina no son los salarios sino los beneficios; lo demuestra Macri, que piensa gastar varios millones en Boca, los gastos suntuarios descomunales recientemente publicados de Amalita Fortabat, o los 40.000 millones de dólares que los capitalistas ‘nacionales’ tienen depositados o invertidos especulativamente fuera del país. Existe un ‘exceso’ de capital que los capitalistas no consiguen invertir productivamente en instrumentos de trabajo y en trabajadores. La intención de reducir salarios y terminar con los sindicatos, simplemente demuestra que la ofensiva capitalista no tiene límites. Esto refleja auténticamente la envergadura de la crisis capitalista; se pretende que aumentando la tasa de explotación afluya mayor cantidad de capitales para reactivar la economía. ¿Pero hasta dónde deben bajar los salarios para hacer ‘atractivo’ el ingreso de capitales en una economía que no puede pagar su deuda externa ni su deuda pública en general, y cuya industria y hasta los consumidores se encuentran completamente hipotecados a los bancos? La consecuencia de una reducción de los salarios será un mayor deterioro del mercado interno y, por lo tanto, un agravamiento de la crisis. Pero el gobierno pretende, además, despedir a 400.000 trabajadores provinciales y aumentar el impuesto a los combustibles. Mencionar estas intenciones es pronosticar una acentuación sin precedentes de la lucha popular. El proceso del derrumbe del ‘plan’ Cavallo constituye la radiografía de la impotencia de la clase capitalista que dirige el país, para proveer a su desarrollo y a la alimentación de sus explotados. Hay que acabar con los beneficios y superbeneficios capitalistas y defender a muerte las conquistas de las masas. Esto exige una política, es decir, una lucha huelguística decisiva. Para ello es necesaria la participación en masa de los trabajadores, lo cual es incompatible con las organizaciones burocratizadas. Llamamos a luchar por congresos de bases de los sindicatos y centrales obreras, y por la organización de asambleas populares. Que la crisis la paguen ellos, sus responsables. Que se abran las cuentas del Estado y de los capitalistas. Por un plan de lucha. Por un paro activo nacional para apoyar las rebeldías provinciales, detener el plan de reducción de salarios y de despidos masivos, y defender las Obras sociales.

La resolución de la burocracia del Sitrajur (judiciales) de levantar todas las medidas de lucha, con el ‘argumento’ de que había llegado a un acuerdo con la Suprema Corte de Justicia provincial, ha detonado la crisis en el Frente de Estatales de Río Negro (FER). UPCN, por su parte, convocó a un plenario de delegados generales también para romper con el FER, con el ‘argumento’ de que éste habría ‘cumplido su misión’ que era, tan sólo, obtener el cobro de los salarios atrasados. La razón de fondo es otra: el apoyo de la burocracia encabezada por Scalesi a la ‘emergencia’ dictada por Verani, con la excusa de que ‘no nos afecta’. Según prolijos cálculos —que la burocracia de UPCN ha hecho circular a la prensa—, el pago con bonos (que va del 6% en los salarios de 500 pesos hasta el 23% en los sueldos más altos) no afectaría a 13 de las 16 categorías en que se encuentran escalafonados los afiliados a UPCN... ya que cobran menos de 500 pesos. Aunque la burocracia tuvo que recular de sus intervenciones en el plenario de delegados, el cronista del Río Negro (27/10), encargado de la cobertura del plenario de UPCN, definía en estos términos la posición de la burocracia de Scalesi: “La gran masa de afiliados de UPCN no será alcanzada por el ajuste. El sindicato piensa que ya fueron ajustados y no ve mal que otros gremios traguen la cucharada que les toca. (Por lo tanto) no habría un ‘no’ frontal (a los anuncios de Verani)”. El carnereaje de la dirección de UPCN —que deja en banda a la masa de médicos de los hospitales públicos, que se concentran en los escalones más altos del escalafón— explica las pintadas que aparecieron en Roca (“Verani y Scalesi hacen el ajuste”) y la numerosa ‘fuga’ de afiliados de UPCN —en particular médicos— hacia ATE. En lo que se refiere al CTA, la conclusión del Congreso del CTA de Río Negro y Neuquén, que se celebró en los mismos días en que Verani oficializaba su ‘paquetazo de emergencia’ y que estallaba la crisis del FER, fue llamar a la formación de una “liga de gobernadores patagónicos que rediscutan la relación entre las provincias y la nación en lugar de pelearse con sus trabajadores” (Río Negro, 22/10). Al CTA se le escapó simplemente el detalle que los gobernadores han resuelto ‘ligarse’ efectivamente para bajar los salarios, pagar en bonos y firmar el ‘Pacto Fiscal III’. Lo que divide al FER, es “una línea imaginaria y confusa: los que serán afectados por el ajuste y los que no”(27/10). Río Negro tiene bloqueado el 100% de la coparticipación federal y una parte sustancial de sus regalías hidroeléctricas y de hidrocarburos; el nuevo gobierno —a pesar de la anunciada reducción de la masa salarial en 7,7 millones en octubre y de otros 2 millones de pesos adicionales en abril— estará obligado a incurrir en un déficit mensual de 16 millones en los primeros 15 meses de su gestión (Río Negro, 21/10). ¿Con qué lo pagará si la recaudación impositiva propia de la provincia se ha derrumbado en más del 20% en 1995? (Río Negro, 27/10). Los fondos prometidos por la privatización del banco están en veremos porque “peligra la venta del BPRN” como consecuencia “de la pérdida de interés de los potenciales compradores” (ídem). Después de la ‘provincialización’ de la cartera de deudas incobrables, los chupasangres financieros exigen nuevas concesiones: “la reducción del plantel (de trabajadores) prevista por las autoridades no alcanza a los requerimientos de los postulantes” (ídem). La inconsistencia de toda la política de la burocracia quedó al desnudo cuando Verani anunció que el monto del pago en bonos será de 6% para los sueldos de 500 pesos hasta llegar a un máximo del 23%; por un plazo de dos o tres meses, la ley lo autoriza también a emitir hasta 10 millones de pesos por mes —un 25% de la masa salarial de la provincia— y hasta un total de 80 millones, es decir, durante ocho meses. Con la coparticipación embargada y con la recaudación provincial en franco derrumbe, el gobierno se verá obligado a ‘enchufarle’ bonos a los trabajadores en una medida mucho mayor a la prevista... provocando así una desvalorización del salario también mucho mayor que la anunciada. La burocracia y su política han fracasado. Movilicémonos para imponer la apertura de los libros del Estado, el banco y las empresas provinciales, la expropiación de los vaciadores de la provincia y el control obrero de las finanzas públicas. Las masivas manifestaciones de todos estos meses han demostrado que ningún burócrata tiene mandato para carnerear o para aceptar la ‘emergencia’. Scalesi sólo postergó por unos días la ruptura del FER; para impedirlo, reclamemos congresos de bases en todos los sindicatos y un congreso de bases provincial.

El gobierno menemista viene postergando las elecciones para Estatuyente e Intendente de la Capital, sin importarle violar la Constitución que reformó en su propio beneficio. Mientras tanto, aplica la política del Banco Mundial contra los trabajadores en el ámbito de la Capital y prosigue con sus negociados. El gobierno que promete una rebaja general de salarios del 15% y que está arrasando con las economías provinciales, retiene la manija de la Capital con la finalidad de aumentar impuestos, privatizar los hospitales y la escuela pública y armar nuevos negociados como el Proyecto Retiro, la Ciudad Judicial o la Aeroísla. Este gobierno de la desocupación récord (más del 20%) quiere perpetuarse para perpetuar sus calamidades. El Partido Obrero plantea que se vayan ‘Menem’-Domínguez. Que las organizaciones políticas y sociales se hagan cargo de la Intendencia y convoquen a elecciones inmediatas de estatuyentes. Reclamamos la más amplia garantía de participación y debate, sin restricciones, ni proscripciones en los medios de comunicación. Abajo la privatización del hospital público. No a la ‘autogestión’ hospitalaria ni a los aranceles. Defensa de la educación pública, laica y gratuita. Fuera la ‘Reforma educativa’ menemista. Ingreso irrestricto a la Universidad. No a la injerencia del clero y del Banco Mundial en la educación y la cultura. Cese de desalojos y erradicaciones de barrios y villas. Entrega de las tierras. Vivienda y urbanización a cargo del Estado. Cuotas y alquileres no mayores del 10% del ingreso familiar. Municipalización del suelo urbano. Basta de saqueos y negociados. Remunicipalización de servicios públicos. Anulación de los contratos sin indemnización. Investigación de los mismos. Que se abran las cuentas del Municipio para que los trabajadores verifiquen el destino y utilización de los fondos públicos. Con este programa, el Partido Obrero llama a los trabajadores y a la juventud a manifestar el viernes 3 en Congreso, contra el gobierno de Menem y Cavallo.

Bajo la presión de la Iglesia católica, la Cámara de Diputados viene postergando el tratamiento de un proyecto de ley que crea el Programa Nacional de Procreación Responsable. El proyecto, elaborado por diputadas de los tres bloques mayoritarios —PJ, UCR y FREPASO— preveía originalmente la obligatoriedad por parte de los hospitales públicos, centros de salud y obras sociales, de brindar información, asesoramiento y provisión de métodos anticonceptivos. En el proyecto se mencionaban la abstinencia periódica, los hormonales (píldoras o inyectables), los dispositivos intrauterinos, los de barrera y químicos (diafragma, productos espermicidas, preservativo masculino o femenino) o cualquier otro método que en el futuro sea autorizado por el Ministerio de Salud. Según sus autoras, la enumeración precedente tiene el objetivo de dejar bien claro que se pueden prescribir todos para que su suministro no quede supeditado al criterio del médico o el gobierno de turno. Un proyecto similar ya tiene media sanción del senado de Córdoba. De la información disponible no aparece para nada claro quién garantizará el presupuesto para financiar el programa. ¿De dónde saldrán los fondos para que el hospital público entregue gratuitamente medios anticonceptivos, cuando no entrega aspirinas ni curitas? Sin garantizar un fondo específico para su financiación, el programa quedaría en los papeles. El tema anticonceptivo está relacionado con una cuestión sanitaria gravísima: al menos una mujer muere todos los días por abortos mal practicados y muchas más sufren consecuencias irreversibles. Las víctimas son siempre las mujeres más pobres y desprotegidas, en particular las jóvenes. Actualmente, “la maternidad adolescente representa el 15 por ciento de los nacimientos del país y las mujeres con necesidades básicas insatisfechas tienen un promedio de cinco hijos”. Cada año nacen en el país ciento veinte mil hijos de madres menores de 19 años (Página 12, 25/10/95). Una de las redactoras del proyecto, la diputada Zuccardi, del FREPASO, sostiene: “Queremos garantizar a los más pobres lo que los ricos tienen ya hace mucho tiempo”. La única manera de prevenir efectivamente el recurso al aborto (además de legalizarlo) es mediante un programa de difusión masiva de medios anticonceptivos y su suministro gratuito a quienes los requieran. La oposición clerical al proyecto Las presiones de la Iglesia, canalizadas por el ministro de Justicia, Barra, ya han logrado que el justicialismo presente otro proyecto, en el cual no se enumeran los métodos anticonceptivos, sino que dice que se prodrán prescribir los que autorice el ministerio de Salud, facultando al mismo a revocar el uso de los que se consideren perjudiciales. Esta fórmula deja en manos del gobierno de turno la determinación de los métodos aplicables y, en la práctica, permite anular el programa. La batalla clerical contra el proyecto se funda en el dogma, no en la ciencia. Un calificado médico especialista, el Dr. Roberto Nicholson, presidente de la Federación Argentina de Sociedades de Ginecología y Obstetricia, quien hasta el año pasado integró la comisión de Ciencia del Episcopado, dijo que quienes atacan al proyecto original “... no saben nada y tratan de embarrar la cancha. El problema es que la ignorancia está muy desparramada” (Página 12, 25/10/95). Otra especialista, la Dra. Esther Pollack, directora del Centro de Salud Reproductiva y miembro de la Sociedad Argentina de Esterilidad y Fertilidad, opinó sobre la posición clerical: “No me parece correcto... pretender imponer los propios métodos a todos los habitantes de un país que profesan distintas creencias y principios. La gran mayoría de mis pacientes son católicos y toman posturas personales según su conciencia y posibilidades frente a los anticonceptivos” (La Nación, 25/10/95). La Iglesia recurre al Estado en defensa del dogma. Pero la ley no obligará a nadie a utilizar métodos anticonceptivos. Si la Iglesia se opone, que predique en los templos. Pero el clero se opone a toda medida de emancipación de la mujer y a todo lo que rompe las trabas que impiden el libre desarrollo de su personalidad. La mujer como organismo reproductivo y la familia como factor de disciplinamiento social, tienen que ver con el mantenimiento del orden estatal capitalista. La salud pública no puede tolerar que además del templo, el clero invada el hospital tras haberse adueñado de la escuela. Esta nueva intromisión vuelve a plantear la necesidad de una total separación entre Iglesia y Estado, para garantizar la libertad de la ciudadanía y el progreso social más elemental. Qué pasará ¿Qué harán ahora las diputadas que impulsaron el proyecto? ¿Permitirán que fracase en el trámite parlamentario y se darán por satisfechas con haber dado su pelea palaciega? Si no quieren que fracase, tienen una vía para defenderlo: apelar a la movilización popular, en primer lugar a sus destinatarias, los miles de mujeres pobres, y a los jóvenes, para defender la aprobación del proyecto original y asegurar el financiamiento del mismo.

Durante las últimas dos semanas, se produjeron una serie de movilizaciones de centros de jubilados del conurbano sobre la sede central del PAMI, para que no se suspendan las prestaciones médicas y sociales, y para que lleguen a tiempo las remesas para pagarlas. Es que a partir de la promulgación del decreto 292, la obra social de los jubilados entró en la cuenta regresiva. El decreto 292 establece que los jubilados podrán optar por otras obras sociales ‘libremente’ las que estarán obligadas a brindarles un Programa Médico Obligatorio (básico) por una cápita que transitoriamente se establece en 12 a 36 pesos según la edad de los afiliados. El objeto de la disposición es lograr que una cantidad de jubilados emigren a otras obras sindicales, manteniendo un PAMI “residual” de afiliados con haberes mínimos, que serán atendidos en los actuales hospitales públicos. Para incentivar esta transferencia, se rebajará sustancialmente la calidad actual de la cobertura de PAMI. De aquí los permanentes ceses de pago del Instituto a los prestadores, que suspenden transitoriamente los servicios (geriátricos, odontología, sepelios, etc.), creando situaciones de zozobra en los afiliados y la población. La Coordinadora de Jubilados consigna que el Instituto adeudaba, en setiembre, las prestaciones médicas vencidas en mayo y el 50% de las de abril en provincias del interior, además de incumplimientos en prestaciones farmacéuticas, geriátricas y psiquiátricas (boletín 19 Sept.). Vaciamiento El artículo 35 de la Ley de Presupuesto le cargó al Instituto el pago de una serie de subsidios sociales y lo colocó bajo el control del Ministerio de Economía. Esto, más la rebaja de los aportes patronales y la caída de la recaudación de aportes de activos y pasivos, produjo un endeudamiento de 750 millones bajo la actual intervención de Maldonado. El ombudsman de Buenos Aires denunció que las retenciones del Ministerio de Economía han incidido en el presupuesto del ente entre un 20.3% y un 24.3%, entre enero y mayo del 95; casi 200 millones de pesos. Hubo que recurrir al crédito mediante préstamos del Banco Nación, el ANSSal y el ANSes, por 240 millones (a intereses entre 12 y 19.5 anual). A esto hay que sumar la corrupción y la rapiña de las administraciones gubernamentales, que consideran al PAMI una ‘caja negra’ de sus aparatos políticos. Y los contratos turbios con los prestadores, con sus respectivos ‘retornos’. La administración Alderete dejó un déficit de 350 millones, y la de Abad de 420. Corrupción Justamente, fue Abad quien realizó gravísimas revelaciones en un informe ‘reservado’ que dejó trascender al diario ‘La Nación’ (3/9). Allí se dice que las administraciones de sus antecesores (Nazur, Matilde Menéndez y Alderete) privilegiaron “beneficios sectoriales encareciendo insumos y procesos que el sector no puede financiar sin soportar disminuciones de calidad o cantidad en las prestaciones”. Que los contratos con los prestadores fueron “negociados con procedimientos de escasa transparencia”. Que los medicamentos tienen “sostenido incremento del gasto sin análisis de sus causas” y “ausencia de mecanismos de control”. Consigna también que “las clínicas y sanatorios contratados (brindan) menor asistencia de la que requieren los ancianos para compensar así los ingresos fijos dados por la capitación (ingreso mensual por cantidad de afiliados)”. Y agrega que los fondos remitidos a las 33 delegaciones regionales del PAMI “no siempre (se) aplicaban al pago de la finalidad solicitada”, ni había ningún control sobre los mismos. Tamaño saqueo de la obra social y del dinero de los jubilados y trabajadores, plantea la apertura de las cuentas y los libros del PAMI a una investigación independiente por parte de los damnificados, así como la revisión de los contratos y la expulsión de la intervención del gobierno de la obra social, y su dirección por jubilados y trabajadores. Plan nacional de lucha Para los trabajadores del PAMI está planteada la resistencia a los despidos directos y encubiertos. Se ha puesto en marcha un plan de retiros ‘voluntarios’ y hay despidos selectivos. UPCN actúa como un agente directo de la política menemista; ATE no ha abierto la boca y la UTI, un sector filo-bordonista propio del PAMI, que firma comunicados conjuntos con la Coordinadora de Jubilados, ha suspendido las movilizaciones que congregaron a principios de año a varios miles de empleados. Está claro que el vaciamiento y achicamiento del PAMI apunta a su integración en la desregulación general de las obras sociales, acordada entre la CGT y el gobierno. Por eso la burocracia no ha denunciado este gravísimo ataque a la salud de los pasivos. El acto convocado en Congreso el miércoles 25, por la Coordinadora de jubilados, contra el decreto 292, el 492 (que disuelve los institutos de obra social de administración mixta —obrero-patronal-estatal) y en defensa del PAMI, contó con una adhesión del CTA, pero no con su movilización. Se necesita una lucha nacional de jubilados y trabajadores por la derogación de los decretos, contra los despidos y el vaciamiento del Instituto, y por la apertura de los libros de la obra social, que marche hacia la ocupación de todas las sedes del Instituto. Las centrales de trabajadores (CGT, CTA, MTA) deben encarar esta iniciativa.

En un hecho que no registra antecedentes, el FRENTE DE LUCHA del Colegio Nacional de Buenos Aires, que actualmente dirige el Centro de Estudiantes, eligió a sus candidatos para las próximas elecciones en asambleas multitudinarias que reunieron a centenares de estudiantes. La Asamblea no traduce apenas la democracia interna del Frente sino el ascendiente conquistado a lo largo del último año. Esta elección de candidatos es un síntoma del hecho de que el “Centro fue transformado de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba en el año 1995 (porque) durante una larga década se fue convirtiendo en un aparato..., en un apéndice de las autoridades y de los funcionarios de turno”. Ahora, en cambio, como afirma la declaración política que distribuyera la UJS del Buenos Aires la semana anterior, “reconstruimos nuestro Centro como nuestro verdadero sindicato, sin burócratas ni mandones de ningún tipo... (con) el funcionamiento del Cuerpo de Delegados, las asambleas, las marchas masivas, la puesta en pie de las comisiones (y) una excepcional movilización que acompañó la gigantesca lucha de miles y miles de estudiantes contra la nefasta Ley de Educación Superior”. El Frente aprobó este año un programa de reivindicaciones más amplio que el año anterior, que incluye “la defensa de la educación pública laica y gratuita, la eliminación de los subsidios a la educación privada, rechaza la injerencia de la Iglesia en la educación y reclama el ingreso irrestricto a las facultades”. La plataforma del Frente incluye un capítulo “contra la represión policial, por el juicio y castigo a los asesinos de la dictadura y de la policía de gatillo fácil”, reivindica “la libre organización de los estudiantes y reclama una serie de medidas contra el reglamento del colegio y la arbitrariedad de las autoridades, exigiendo el ‘cogobierno docente-estudiantil’”. El Frente se pronuncia también por una organización única de los estudiantes secundarios, que se encargue de organizar la lucha de los secundarios en defensa de sus derechos. El Frente lanzaba esta semana la campaña con una declaración que denuncia los planes del gobierno de destruir la escuela secundaria y reclamando contra la decisión abusiva y antidemocrática del Rector, de impedir el pase de los representantes de las listas por las divisiones. El debut de la campaña, con la masiva asamblea para la elección de candidatos, ha instalado un clima de gran movilización. La lista está presidida por un compañero independiente y ocupan los primeros lugares compañeros de la UJS. El título de la mencionada Declaración de la UJS era: PARA QUE EL CENBA SIGA SIENDO NUESTRO CENTRO DE ESTUDIANTES, FRENTE DE LUCHA OTRA VEZ. Eso es.

Trabajador, trabajadora: Blanco Villegas es el presidente de la Unión Industrial. Jorge Di Fiori tiene el mismo cargo en la Cámara de Comercio. Son, por lo tanto, representantes destacados de la clase capitalista. Uno y otro saludaron alborozados la llamada desregulación de las obras sociales y, en particular, el acuerdo entre Menem y la CGT oficialista en torno a esa desregulación. ¿Qué festejan? -La rebaja, de un 30 a un 80 %, de los aportes patronales a la jubilación, a las asignaciones familiares, al PAMI, al Fondo de Empleo, y de un 17 % a las obras sociales. Una transferencia de 4.000 millones de dólares por año a las grandes patronales, a costa de los jubilados, los desocupados y los trabajadores. -La eliminación de la actual cobertura médica universal y la puesta en vigencia de una cobertura mínima, asistencial, es decir de sobrevivencia, que será llamada PMO -Programa Médico Obligatorio-. Por todos los demás servicios, el trabajador deberá asociarse, pagando, claro, a otros ‘programas’. -El desmantelamiento del PAMI, con la transferencia de 500.000 pensionados a la Secretaría de Acción Social, sin garantía de prestación médica y la pérdida de beneficios de turismo para los jubilados. Esto significa el robo de la salud, la quiebra conciente y deliberada del PAMI para su privatización, el congelamiento de las jubilaciones de por vida. Gerardo Martínez y sus secuaces firmaron esta entregada con la intención de recibir el ‘financiamiento’ del Banco Mundial, preparatorio de la privatización, y buscar un pulpo bancario o asegurador como ‘socio’ para entregar las obras sociales. Como ya ocurre con las AFJP y las ART, la burocracia quedará asociada a las migajas que le tiren los grandes capitales. Por este negocio, la burocracia de la CGT oficialista dio por concluido el enfrentamiento con el gobierno, que dio lugar al ‘cese’ del 6 de setiembre. Lamentablemente, pudo contar para ello con la tregua que desde el 6 le dieron las burocracias del MTA y CTA, y por sobre todo, con la omisión de los dirigentes del CTA y del MTA respecto de la entrega de las Obras Sociales. Para los cuatro millones de desocupados, la desregulación y privatización de las obras sociales significa el abandono a la asistencia del hospital público en ruinas. La contracara de esto es un negocio de 15.000 millones de dólares. Menem y Cavallo quieren salvar a la clase capitalista hundiendo al conjunto de la Nación explotada. Rechacemos la desregulación y privatización de las obras sociales, del PAMI y de la salud pública. Que las organizaciones obreras lancen una campaña contra esta entrega y por la integridad de las Obras Sociales y del Pami, bajo el control y la gestión de la base de los trabajadores. Llamamos a organizar una campaña por la derogación del decreto 492, el 292 y todos los decretos de desregulación de las obras sociales, la defensa de la cobertura universal y solidaria y un plan único de salud estatal bajo control de los trabajadores. Por todo esto, convocamos a un encuentro el sábado 11 en la UTN de la Capital.

El día jueves 12, los alumnos de quinto año mañana dieron la tradicional vuelta olímpica. A pesar de que la vuelta fue una de las más pacíficas de los últimos tiempos, el rector decidió sancionar con cuatro días de suspensión más la falta del día, como base, a todos los alumnos que dieron la vuelta. Esta medida deja libres a 22 chicos de quinto mañana. Por otra parte, y por otra resolución, el rector sancionaría con un día de suspensión a todos los alumnos de quinto tarde por haber hecho un “amague” de vuelta olímpica. El CENBA denuncia estas medidas antidemocráticas y represivas y las repudia desde cualquier punto de vista. Frente a este tema, como para el resto de las cuestiones, nos oponemos a cualquier decisión arbitraria y tomada por un funcionario designado y no electivo. El CENBA se solidariza con los chicos de quinto año y, desde ya, se pone a su disposición para llevar adelante cualquier medida que crean conveniente. Nota: este volante fue escrito por la Mesa Directiva bajo el mandato del Cuerpo de Delegados.

El viernes 12/10, una resolución del intendente Domínguez y del secretario de Producción y Servicios, ingeniero Stepanik, cerró los Talleres Centrales de Mantenimiento (que funcionaban en Parque Patricios) y sus trabajadores fueron ‘redistribuidos’ sin ningún criterio en reparticiones fantasmas, mientras alrededor de 90 compañeros fueron a parar al RENO (antesala de la cesantía). El cierre Ese mismo viernes, los funcionarios ‘liquidadores’ de la Secretaría de Producción y Servicios llegaron acompañados de escribas y policías municipales para ‘notificar’ a los trabajadores, el cierre del taller y los nuevos destinos de los compañeros. A estos funcionarios los acompañaba una comitiva de la UOEM encabezada por Trovato (miembro del CD) quien planteaba que “había que aceptar la medida” y que “nada se podía hacer”. El Cuerpo de Delegados estaba completamente borrado y el ‘caudillo’ del taller, y también miembro del CD de la UOEM, Ernesto Turano, ‘desaparecido’ sin aviso previo. ¿Por qué tanto ensañamiento con los trabajadores de los Talleres? ¿A qué responde la acusación sorpresiva del ‘retraso en las obras’ y la ‘falta de colaboración’ con que Domínguez pretende justificar frente a la opinión pública el cierre de los Talleres? Enfrentamiento de maffias Sucede que existe un enfrentamiento de camarillas dentro del PJ que se disputan áreas de poder en la Capital. La DGOM es un sector bajo el ‘dominio’ de la UOEM; los Directores Generales y los Directores de las reparticiones son nombrados desde la UOEM, son ‘hombres del gremio’. Cuando subió Domínguez, los‘hombres del gremio’ fueron paulatinamente reemplazados por funcionarios ‘de carrera’, eufemismo de los ‘hombres de Domínguez’. El manejo (mafioso) de estas áreas significa una importante cuota de poder, algunas de cuyas características son: Manejo discrecional de instalaciones y logística (edificios, instalaciones, vehículos, etc.) con fines particulares o de “aparato”. Operativos mafiosos con —por ejemplo— partidas materiales (enormes) que se ‘esfumaban’ sin llegar jamás a su destino. ‘Retornos’ con las boletas de los ‘ñoquis’ y de las horas extras. Manejo de tropa propia, constituida por delegados, ‘activistas’ y ‘ñoquis’. Estos son sólo algunos ejemplos de lo que estaba en juego con el manejo del Taller. Claro que situaciones similares se plantean en casi todas las Secretarías. Las auditorías enviadas al taller por la Secretaría estaría investigando el tema de los materiales y de los retornos con las boletas, y la camarilla resolvió ‘resistirlas’. La masa de los trabajadores del taller fue completamente ajena a estos enfrentamientos. No es osado interpretar que el cierre del taller es una medida que tiende más a tapar el asunto que a encarar una investigación más o menos seria (se entiende entonces que la UOEM le diera bajo perfil al asunto). En cuanto a la situación de los trabajadores únicas víctimas, los problemas no terminan con el cierre del taller. Los cargos y funciones no son respetados en sus nuevos destinos y en no pocos casos los compañeros son sometidos a condiciones humillantes de trabajo. Queda claro que la denuncia de esta situación y el reclamo por la reapertura del taller dependen exclusivamente de la organización autónoma de los propios talleres.

El 27 de octubre finalizaron las elecciones en la facultad de Arquitectura de la UBA, donde se registró un importante resultado de la UJS, que sacó 397 votos para el claustro estudiantil y 391 para centro (2,6%). Es un gran avance si se lo compara con las elecciones del año anterior, donde en un frente con el Mas alcanzamos 177 votos (este año, el Mas en un frente con el Mst, llamado ‘El Trazo’, sacó 277 votos, el 1,8%). Este avance es el producto de la intervención desarrollada por la UJS durante el primer cuatrimestre en la lucha contra la ‘privatización’ de la Universidad, ya que estuvimos desde el comienzo en la primera línea de lucha en todas las asambleas, en la toma de la facultad, en la construcción del cuerpo de delegados, etc., siendo la única corriente política dedicada a explicar sistemáticamente el carácter de clase de la ‘Ley de Educación Superior’, elaborada por el Banco Mundial y el clero, y el interés social capitalista que cobija su contenido y sus fines: utilizar el presupuesto educativo para el pago de la deuda externa y para subsidiar a los capitalistas, así como para someter a la Universidad a los grandes monopolios, utilizando los recursos de las facultades y haciendo de los estudiantes mano de obra barata, a través de las pasantías, y así bajar sus ‘costos laborales’. También denunciamos la complicidad de la ‘oposición’ de la UCR-FM y del Frepaso para que la ley se sancionara, con el petitorio y las 800 mil firmas, que provocaron la desmovilización del estudiantado. En el caso de nuestra facultad, en particular, pusimos de manifiesto que la ley ya se venía aplicando, incluso antes de que ésta se aprobara, ya que los aranceles y el limitacionismo, en ella, brotan por todos los poros (cursos de verano pagos, materias aranceladas, etc.). Gracias a este trabajo de clarificación y organización de los estudiantes en lucha, pudimos ganar la simpatía y el apoyo de un sector del activismo independiente (algunos integraron nuestra lista). Ahora es el momento de hacer un balance de este año cargado de luchas y preparar las tareas para la nueva etapa que se abre, para enfrentar la destrucción de la Universidad pública, y en donde nuestra Unión de Juventudes por el Socialismo deberá jugar un rol dirigente en su defensa.

A la vuelta de Menem de los Estados Unidos se esperaba un desenlace de la crisis política. “Las definiciones son imperiosas”, titularizaba El Expreso (26/10) de Sofovich. “El poder o la patada”, Página 12. “Se acelera la resolución de la crisis” decía por su parte El Cronista. Pero en la reunión de gabinete no hubo definición, se volvió a establecer una nueva ‘paz armada’ entre las diferentes fracciones en pugna. El segundo derrumbe “Si la crisis financiera de principio de año duraba tres semanas más, directamente caía el sistema”, asegura el economista ‘liberal’ Dante Simone (Ambito Financiero 25/10). Menem y Cavallo evitaron la ‘caída’ con un crédito del FMI y la banca extranjera por 8.000 millones de dólares. Pero como los capitales se seguían yendo, salieron a recomprar títulos de la deuda (con préstamos caros otorgados a ese solo efecto por los bancos interesados) para hacer subir las cotizaciones artificiosamente y salvar el patrimonio de los banqueros. También comenzó a remunerar los encajes depositados en el Banco Central (antes eran gratuitos). El resultado ha sido el aumento de la deuda pública y del déficit fiscal, y la liquidación de la ‘convertibilidad’ (las reservas no alcanzan para respaldar a la circulación monetaria) sin lograr detener la caída de la producción industrial (11% en setiembre) ni la desocupación. En suma, la recesión continúa, los capitales no retornan, la desocupación aumenta y ... los trabajadores resisten. Esta es la base de la división del gobierno y de que el conjunto de la burguesía se plantee la necesidad de modificar el ‘plan’. Alternativas Para Machinea, el ex presidente radical del Banco Central, el “gobierno puso toda la carne en el asador para tratar de lograr la reactivación económica en los últimos dos o tres meses y, sin embargo, no lo ha logrado...” (Ambito, 24/10). Es decir que fracasó el intento de resucitar el ‘plan’ con los métodos del ‘plan’. Frente a esta situación, el Consejo Económico Argentino (CEA) y FIEL propugnan una reducción salarial (y jubilatoria) generalizada del orden del 15%, y eliminar reintegros y reembolsos a las exportaciones y la asistencia financiera a las provincias. El gobierno debería impulsar la privatización de las cajas de jubilación (en beneficio de las AFJP) y de las empresas públicas provinciales, y una ‘real’ desregulación de las Obras Sociales sindicales para incentivar los negocios de la medicina privada, las aseguradoras y los banqueros. El CEA propugna también eliminar las indemnizaciones por despidos y reemplazarlas por un sistema de reaseguros financiado por los propios trabajadores; liquidar los convenios colectivos de trabajo; seguir reduciendo los aportes patronales. Esta propuesta choca parcialmente con la propugnada por el propio FMI, quien se opone a la reducción de los aportes patronales, para detener la hemorragia fiscal, y es partidario de incrementar el impuesto a los combustibles y de mantener el IVA en el 21% para todo 1996. Los planteos de devaluación monetaria han sido levantados timoratamente por el alfonsinismo. El economista López Murphy, hablando en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas (Ambito , 25/10) dijo que “devaluar es una estafa que a veces es necesaria”, pero “si al conflicto político que existe hoy le agregamos la incertidumbre cambiaria, estamos ante dificultades gravísimas”. En otras palabras, primero habría que superar la crisis política, para luego pensar en la desvalorización del peso. El promocionado Calvo dio a entender que se podría sustituir a Cavallo por el ‘equipo’ del Cema, que responde al Consejo Empresario. El segundo derrumbe del ‘plan Cavallo’ plantea la inminencia de un ‘shock fiscal y salarial’, que llevará la crisis política y la lucha popular a una nueva etapa. Todo esto explica la crisis desatada con relación al viaje de Menem a los Estados Unidos. El fracaso del riojano no es menor que el de Cavallo hace pocas semanas, pero fue usado para acentuar la necesidad de una definición de la crisis política. El hecho de que los últimos acontecimientos hayan favorecido a Cavallo, acentúa la tendencia disgregadora en el Estado, ya que dejaría sin poder al poder ejecutivo y al PJ, que son sin embargo la cabeza del Estado La semana pasada, en Tucumán, se produjo la manifestación política más grande de los trabajadores de todo el período constitucional, lo mismo en Mendoza. Las luchas se transforman en huelgas de masas en las que se unen todos los sectores explotados. La burguesía ha confiado hasta ahora en la labor desorganizadora de las burocracias. Pero la envergadura que está asumiendo la resistencia del movimiento popular abre la perspectiva a un ‘argentinazo’. Para evitar esta tendencia, el gobierno está haciendo un último esfuerzo para que los conflictos no salgan del cuadro provincial. Paro activo nacional Los trabajadores necesitan más que nunca nacionalizar las luchas con una consigna de conjunto: “Que la crisis la paguen ellos”, los capitalistas y el gobierno que los representa; que se abran las cuentas del Estado y de los capitalistas; que no se pague la deuda externa. Es necesario impulsar un programa de reivindicaciones de defensa de las condiciones de vida de las masas: seguro al desocupado; reducción de la jornada laboral a 6 horas sin reducción salarial; no al pago en bonos; abajo los decretos 292 y 492 de desregulación de las obras sociales; no a la transferencia-privatización de las cajas provinciales, ni al aumento de los descuentos a los trabajadores para financiar lo que los gobiernos han esquilmado a las mismas. La generalización de las luchas provinciales vuelve a poner en primer plano el paro activo nacional, que el CTA y el MTA pretenden reducir a la más ‘moódica’ Marcha Federal. Las políticas del CTA y del MTA, de sustituir la acción directa por el ‘discurso alternativo’, han fracasado, y esto lo demuestra la presión que sufren para organizar una demostración nacional. Es necesario, sin embargo, que dejen de arrastrar los pies y planteen una lucha huelguística nacional decisiva, en cuya mira se coloque poner fin al gobierno Menem-Cavallo.

La detención del dirigente del Mtp, Gorriarán Merlo, en México, tiene todas las características del secuestro y se parece como dos gotas de agua a los operativos conjuntos que ejecutó en su momento la dictadura militar en combinación con los gobiernos y ‘servicios’ de otros países. Gorriarán fue secuestrado por comandos argentino-mexicanos y trasladado en secreto, sin que interviniera ninguna autoridad judicial. A la víctima se la privó del principal derecho ‘liberal’, la defensa en juicio. El procedimiento utilizado es el mismo que el gobierno norteamericano se arrogó para sí mismo cuando estableció su derecho a secuestrar ciudadanos en otros países. Que la jauría capitalista celebre esta vulneración del derecho internacional cuando se celebra el cincuenta aniversario de las Naciones Unidas, ilustra mejor que nada la hipocresía de las conmemoraciones. Gorriarán ha sido privado de un derecho que, sin embargo, se le reconoció al súper-criminal Suárez Mason, quien fue extraditado a Argentina luego de un juicio en una Corte de Miami. Pero a diferencia del chacal que comandó el 1er. Cuerpo de Ejército en 1976-79, Gorriarán va a ser juzgado ahora en Argentina por una justicia que colaboró con el gobierno militar, cuando no fue directamente designada por él; ninguna corte judicial seria hubiera autorizado una extradición en esas condiciones, o hubiera limitado fuertemente las atribuciones de la justicia argentina. Gorriarán fue secuestrado precisamente para evitar la vigencia del derecho internacional. El alojamiento del detenido en instalaciones del ejército es otra violación del derecho, pues se encuentra fuera del control judicial. En Argentina siguen imperando los procedimientos de la dictadura. Está claro que no existiendo ninguna posibilidad de que los amigos o compañeros de Gorriarán puedan liberarlo del cautiverio por medio de una acción comando, los procedimientos que usa el menemismo constituyen una advertencia contra los luchadores populares y una tentativa de reforzar las atribuciones políticas y la capacidad represiva del gobierno en el marco de una situación nacional convulsiva. El saludo general con que la democracia ha celebrado este secuestro y este acto de piratería internacional, la califica mejor que otra cosa.

En las últimas horas, se ha acentuado la represión contra el movimiento de desocupados y los partidos de la izquierda. Los hechos son los siguientes: • La justicia dispuso la prisión preventiva de Horacio Panario bajo el cargo de “coacción agravada”, que no es excarcelable y tiene una pena de hasta 10 años de cárcel. Panario ha sido recluido en Zapala, una población alejada de la capital, con lo que se pretende aislarlo de la solidaridad de sus familiares y compañeros; • La justicia se negó a recibir los pedidos de anulación de las órdenes de captura formulados por los abogados de Alcides Christiansen y Horacio Etchebaster; • Fue detenida Luisa Nélida Bulnes, una mujer de 30 años del Barrio Colonia Valentina, acusada de haber participado en la manifestación a la Casa de Gobierno; • Fueron detenidos otros cuatro hombres de los cuales la policía no ha suministrado ninguna información, a excepción de que se trata de militantes del Mst, quien ha negado esa relación. • Según denuncian los desocupados, se han intensificado las intimidaciones policiales en los barrios obreros y populares; policías uniformados y de civil ‘visitan’ las viviendas de los desocupados exigiendo los nombres de los organizadores de la Comisión de Desocupados y de los participantes en la manifestación a la Casa de Gobierno. Varios desocupados han sido trasladados a la comisarías para realizar declaraciones bajo condiciones de violenta intimidación. Los represores se escudan en la ‘defensa de las instituciones de la democracia’, porque el objetivo de estas ‘instituciones’, incluida la policía y la justicia, es atacar al movimiento de los desocupados para liquidar el subsidio al parado.

El martes 24 de octubre, una gran columna de más de 1.000 compañeros marchó hacia la Casa de Neuquen en la Capital, para reclamar la libertad de Horacio Panario y el cese de las persecuciones contra la Comisión de Desocupados de Neuquen y los partidos de izquierda que la apoyan. Se hicieron presentes columnas del Mas, Mst, Pts y del PO, delegaciones de la Lsr, Patria Libre, Prs y de estudiantes del Joaquin V.Gonzalez. Ya va para casi un mes que Panario (candidato del Frente Mas-PO y dirigente del movimiento de desocupados) está detenido. En los últimos días han sido allanadas una serie de viviendas y detenidos otros integrantes de la Coordinadora de Desocupados (Ortiz, Sepúlveda, Riquelme, Tapia). Con esta represión, el gobierno pretende quebrar la organización de los desocupados neuquinos, que ha logrado con su movilización imponer un seguro al desocupado de 200 pesos. Como quiere enfrentar los reclamos de que dicho seguro se extienda a todos los desocupados (y no sólo a los jefes de familia y extranjeros residentes inscriptos con más de cinco años en la provincia) y que se aumente a 500 pesos mensuales, el gobierno provincial ha montado estas provocaciones. En realidad quiere barrer con este ‘subsidio’ que le molesta (y que fue arrancado gracias a la organización y lucha de los desocupados), en momentos en que prepara un ‘ajuste’ (léase recorte de salarios, privatización de empresas públicas, despidos masivos) contra todos los trabajadores de la provincia. Es un deber de todo el movimiento obrero, estudiantil y democrático nacional apoyar esta campaña por la libertad de los dirigentes de los desocupados neuquinos, clave para fortalecer la resistencia de los trabajadores de Neuquén.

“Los abajo firmantes reclamamos la libertad de Horacio Panario y demás detenidos y el cese de las persecuciones..” Así comienza el petitorio que esta siendo firmado por numerosos sectores del movimiento obrero. En Telefónicos (Capital) han sumado su voz: Fernando Montero (Congresal Nacional Foetra); Claudio Marin (delegado), Carlos Martinez (delegado), Eduardo Moyano, Miguel Jorge (delegado) (Lista Granate); Panaia (delegado, Lista Bordó); Jorge Grilli (delegado); Victoria Lombán (Quilmes); Domingo de Cristofaro, Luis Farias, F. Arrua (delegado), Sergio Sosto (delegado) (Lista Naranja); Alberto Alvarez (Lista Azul y Oro); Ruben Ledesma, Jose Parra (Lista Azul Rojo). Del Astillero Río Santiago llega este pronunciamiento: ¡Libertad inmediata a Horacio Panario! ¡Basta de persecución a los luchadores obreros y populares y a la izquierda! Los abajo firmantes exigimos la libertad inmediata de Horacio Panario y demás detenidos y el cese de las persecuciones contra Jorge Chiguay y demás integrantes de la Coordinadora de Desocupados de Neuquén, como así también el levantamiento inmediato de los pedidos de captura ordenados contra Héctor Etchebaster del MST, Alcides Christiansen del MAS, dirigentes del PO, Mario Cambio del PTP y numerosos trabajadores. Consideramos este ataque a los luchadores como parte de la persecución contra los trabajadores y sectores populares que se rebelan contra el plan del gobierno de Menem, Cavallo y el FMI, aplicado a su vez por todos los gobernadores. Ejemplos de esto son los procesos judiciales contra Oscar Martínez de la UOM de Río Grande, el intento de despido de los delegados del Astillero Río Santiago, la persecución penal contra delegados y trabajadores del diario La Prensa, las causas contra militantes de la JIR-TE (adherida al PTS) de Córdoba. Proponemos hacer pública esta declaración en los medios de difusión masiva, como parte de una gran campaña nacional e internacional. Firman : Miembros el Cuerpo de Delegados del Astillero Río Santiago: Angel Cadelli (Secretario gremial de la Rama Defensa de ATE), Nicolás Mowczan, Juan Alonso, Adrián Gentili, Carlos Raymundo, Sergio Escobar, Carlos Ortigoza, Jorge Smith, Francisco Benegas, Daniel Capararo, Secretti, Juan Cárdenas, Miguel Lago y José Montes.

La movilización de los desocupados a la casa de gobierno de Neuquén, el pasado 2 de octubre, para reclamar el pago de los subsidios previstos por la ley, ha desenmascarado como ningún otro hecho a la burocracia sindical de la provincia, pero por sobre todo ha puesto al desnudo la naturaleza más que anti-obrera del grupo que se ha encaramado en la conducción del sindicato docente de la capital de la provincia. La burocracia ‘tradicional’, encabezada por la marisanchista del sindicato docente provincial, “condenó los hechos de violencia” atribuidos a los desocupados (La Mañana, 4/10), alinéandose con el conjunto de las patronales, el gobierno, la policía y el clero, en una furiosa caza de brujas contra los desocupados y los partidos de izquierda que los apoyan en su organización. “ATEN rechaza cualquier tipo de violencia”, expresó Pablo Ferrer, de la conducción provincial, dándole así de paso, con un caño, a todas las movilizaciones populares desde el santiagueñazo, que no se privaron de prenderle fuego a las ‘instituciones democráticas’ responsables del inmenso infortunio de nuestro pueblo. La posición marisanchista fue compartida por el CTA, lo que explica que sus representantes políticos hubieran votado la intervención a Santiago del Estero en 1993. Pero para que se vea que detrás de estas posiciones hay mucho más que una histérica oposición a la violencia, en especial cuando expresa el derecho a la defensa propia de los de abajo, pocos días más tarde de estos sucesos, la Comisión encargada de administrar el otorgamiento de los subsidios, que integran entre otros el CTA y el clero, eliminó de la nómina a dos mil compañeros, alegando que no reunían los requisitos restrictivos que impone la ley. Como se puede ver, para verdugo el burócrata no tiene sustituto. Con lo grave que es esta conducta de la burocracia de ‘centroizquierda’, no se puede comparar con la que asumió la ‘izquierda’ que dirige el sindicato capital (que integra un grupo autodenominado ‘bolchevique’), que pretendió expulsar a los dirigentes de su propio sindicato que participaron en la movilización de los desocupados (ver nota de Jorge Mora). Hace unos pocos meses, esta misma gente expulsó de la directiva a Silvia Cochet, del PO, alegando el incumplimiento por parte de ésta de una ley patronal que limita la posibilidad de trabajar en más de un empleo (nota: los ‘bolcheviques’ son rentados sindicales, por lo que no trabajan). En ese momento, denunciamos que esta directiva se había convertido en policía de la burguesía en el sindicato. Que reitere, con agravantes, esta conducta, demuestra que aquello no fue casual, que estamos en presencia de delincuentes políticos y que, naturalmente, el asesino siempre vuelve al escenario del crimen. La posición macartista de los dirigentes del sindicato capital, repudiada por la asamblea que rechazó su exigencia de expulsiones (ver nota de Jorge Mora), no es el resultado de un momento de irreflexión. Apenas pocas horas después de la represión contra los desocupados en la casa de gobierno, Aten Capital publicó una solicitada explicando claramente sus posiciones (Río Negro, 5/10). La característica fundamental de esa solicitada es el incumplimiento con uno de los deberes y principios irrenunciables de todo luchador: la defensa in-con-di-cio-nal de cualquier otro luchador o trabajador frente a la patronal y a la represión, es decir, sin que ello signifique un apoyo político a ese trabajador o movimiento de trabajadores. La solicitada no tiene u-na so-la pa-la-bra de defensa para los que fueron reprimidos en la casa de gobierno, ni u-na so-la pa-la-bra de repudio para con los represores. La directiva firmante desciende a la bajeza moral de aludir a la represión como “los hechos que hoy lamentan” o “los hechos lamentables” y califica a las condenas producidas por la Aten marisanchista “como un aprovechamiento irrespetuoso de las necesidades y los sentimientos de la gente”. Pero la directiva provincial no ‘aprovechó’ sino que ‘condenó’ las ‘necesidades y sentimientos’ de los desocupados, y lo que sí ‘aprovechó’ y de ningún modo condenó fue la reacción de la llamada ‘opinión pública’ que manejan los Sobischs y Sapags. ¡Los dirigentes ‘izquierdistas’ del sindicato de capital le reprochan a los marisanchistas su demagogia con la opinión pública reaccionaria, a la cual disfraza con el término ‘neustadiano’ de ‘gente’. Es una forma de solidarizarse políticamente con la represión. Los momentos de violentos conflictos de clase fuerzan a cada uno a elegir su campo; no son circunstancias en que se pueda andar macaneando, esto porque el Estado y los explotadores exigen definiciones tajantes. Por eso la solicitada de Aten Capital no ahorra definiciones, al extremo que termina con un llamado a “la defensa de la democracia”, algo que retrata la delincuencia política de los autodenominados ‘bolcheviques’. El verdadero valor de la solicitada, sin embargo, es que delata el antagonismo de los ‘bolcheviques’ con los desocupados, es decir, con el sector más explotado de los trabajadores. Ocurre que al igual que el gobierno, el clero y la burocracia sindical, los directivos de Capital resaltan (con letras mayúsculas) y defienden “la resolución del plenario de secretarios generales de nuestro gremio del 02/08/95, en el que se resolvió rechazar el proyecto de ley de subsidio exigiendo desde ATEN en su conjunto las medidas tendientes al pleno empleo y a mantener la dignidad del trabajador...”. ¿Los ‘bolcheviques’ rechazan la ley porque establece un subsidio miserable de 200 pesos? No. ¿Porque excluye a los desempleados que no tengan una residencia documentada de más de cinco años? No. ¿Porque limita el subsidio al ‘jefe de familia’, excluyendo al resto de los desocupados de la familia? No. ¿Porque no reconoce como ‘jefe’ a la mujer que dirige el hogar? No. Los ‘bolcheviques’ rechazan el subsidio integralmente, lo consideran ‘indigno’, y transfieren la ‘dignidad’ al ‘pleno empleo’, es decir, a la condición de explotado. La aspiración socialista a la dignidad humana —que el libre desarrollo de cada uno sea la medida del libre desarrollo de todos—, los ‘bolcheviques’ pretenden realizarla mucho más cerca y con domicilio conocido, el ‘pleno empleo’, o sea, la explotación del hombre por el hombre. La solicitada traduce, más que delincuencia, la falta de sentido del ridículo, dicho con todo respeto por las personas serias. Pero dejando de lado la factibilidad del ‘pleno empleo’ en el actual período de descomposición capitalista, es decir, aun si dejamos de lado que la respuesta a la desocupación no vendrá del ‘pleno empleo’, es decir, del capitalismo sino del socialismo; dejando de lado esto, ¿qué hacer hasta que llegue el ‘pleno empleo’?, ¿morirse de hambre o reclamar que los capitalistas paguen un subsidio a quienes ellos han dejado sin medios de ganarse la sobrevivencia? La directiva de ATEN capital debe estar gozando de una buena alimentación, si se tiene en cuenta su desprecio por el subsidio. No reparó siquiera en su coincidencia con el obispado de Neuquén, que admite la caridad pero rechaza el subsidio, lo que sólo se explica porque éste fue impuesto al Estado por la lucha de los trabajadores. A la larga, ningún Estado capitalista estará dispuesto a mantener un régimen de subsidios, forzando a los trabajadores a luchar por objetivos más estratégicos. Los ‘bolcheviques’ pueden ver realizado su sueño antes de lo que esperan, esto porque Sapag prometió que exigirá una ‘contraprestación laboral’ a los que reciben el subsidio, lo cual podría llevar, si es ‘aplicado consecuentemente’, a un pleno empleo de 200 pesos. Como se ve, los ‘bolcheviques’ proponen pero es el capitalismo el que dispone. Algunos alcahuetes, en Neuquén, no vacilan en calificar la demostración popular en la casa de gobierno como una ‘aventura’, que no se puede parangonar con las luchas provinciales en curso. Aun si esto fuera cierto, ¿no hay que defenderla frente a la represión policial? Si la consideran ‘prematura’, ¿acaso proponen prepararla mejor para otra vez? No es lo que surge de la solicitada ni es lo que proponen los alcahuetes, que mal podrían hacerlo porque empiezan por condenar a la vanguardia de la lucha de los desocupados. Lo que quizás el lector de fuera de Neuquén no sepa, es que los desocupados han protagonizado en la provincia movilizaciones aún más violentas que la que hoy aparece cuestionada, al punto que varias municipalidades estuvieron amenazadas de incendio. Si esas acciones no merecieron el repudio de ‘bolcheviques’ y de alcahuetes, ello se debe a que la reacción oficial ante esos hechos fue de contemporización. Bastó con que la burguesía sacara a relucir el sable, para que, lamentablemente, salieran a relamerse los que nada tienen que ver con la clase obrera, bien que pretenden ser sus parásitos.

En un hecho sin precedentes en la historia del movimiento obrero provincial, una fracción de la Directiva de la seccional Capital de Aten (docentes) pretendió valerse de los ataques, de las provocaciones y hasta de los ‘argumentos’ del gobierno contra los desocupados y la izquierda, para deshacerse de los miembros de la directiva pertenecientes al Mas. El ‘argumento’ de los autodenominados ‘bolcheviques’ fue que la movilización de los desocupados del 2 de octubre (y su ingreso a la Casa de Gobierno) —violentamente reprimida por la policía— fueron “un acto aventurero” que “había provocado el rechazo de los trabajadores organizados”. Acusaron a los militantes del Mas de la Directiva de Aten Capital de haberse solidarizado con esta marcha, de haber participado en ella e, incluso, de haberle facilitado “bienes del sindicato” (un megáfono) a la Comisión de Desocupados. Y sacaron a relucir un supuesto “pedido de las bases” —que no se expresó, sin embargo, en ninguna carta, reclamo o resolución de ninguna de las escuelas de Neuquén Capital— de que renunciaran los compañeros de la Directiva del Mas, incluida la esposa de Horacio Panario —sobre la que recaía como única ‘imputación’ ser la esposa de uno de los detenidos. Ante la represión oficial contra cualquier manifestación obrera o popular, la más elemental obligación de una dirección sindical es solidarizarse incondicionalmente con los trabajadores reprimidos y denunciar a sus represores. En oposición a esta obligación política y moral, la directiva convocó a una asamblea del gremio para proceder a exigirles la renuncia a los ‘involucrados’ (sic) ‘en los hechos del 2 de octubre en Casa de Gobierno’ (sic). Se convirtieron así en la correa de transmisión de la persecución oficial contra la izquierda y los desocupados. Sin embargo, se rompieron los dientes ante la fuerza de la Coordinadora y el espíritu de lucha y de solidaridad de los docentes. La asamblea de Aten: una victoria política de la Coordinadora sobre la izquierda fundida En la mañana del día de la asamblea (20/10), la Coordinadora recorrió las escuelas —especialmente aquellas que se encuentran en las barriadas que son epicentro del movimiento de desocupados— con un volante en el que trazaba un balance de su lucha y denunciaba el carácter de clase del gobierno. A la entrada de la asamblea, la Coordinadora puso una mesa con más volantes y con un petitorio por la libertad de Panario y el cese de las persecuciones. Liliana Creado, secretaria general de Aten Capital, intentó desalojarla con el argumento de que “estaban generando el rechazo de los docentes” ... algo que fue desmentido por las más de 30 firmas que se recogieron en pocos minutos y pese a la oposición de la dirección. La misma Creado se opuso al ingreso de la Coordinadora a la asamblea. Cuando, pese a todo, la delegación de la Coordinadora logró ingresar, apeló a un recurso extremo: puso a votación si se nos permitía el uso de la palabra. Los aproximadamente cien docentes reunidos votaron por que la Coordinadora pudiera hacer uso de la palabra. Durante la asamblea, el sector de la directiva autodenominado ’bolchevique’ reiteró que la movilización y el ingreso de los desocupados a la Casa de Gobierno fue un “hecho aislado, aventurero, que provoca el rechazo de los trabajadores organizados”. Amparándose en ese supuesto “rechazo” y en un famoso “pedido de las bases” que nadie vio, exigieron la renuncia de los militantes del Mas de la Directiva. Utilizaron, también, otro curioso argumento: “dentro del programa de la actual conducción se encuentra la revocabilidad de los mandatos”. La Creado pretende convertir un planteamiento programático que la izquierda ha levantado históricamente para combatir a la burocracia sindical, en un instrumento para combatir al activismo. Los compañeros del Mas intervinieron en forma defensiva. Nuestra intervención —que Liliana Creado intentó cortar sistemáticamente— fue, en cambio, extensa y clarificadora. Se informó sobre lo que no se ve en los videos armados por el gobierno y se llamó a los docentes a recordar el ejemplo de muchos desocupados de hoy que, ayer como padres, apoyamos las luchas por la defensa de la escuela pública y el salario docente; no hicimos caso de las campañas del gobierno contra los maestros y formamos decenas de comités de apoyo y una coordinadora de padres que fue puntal de la lucha docente. Explicamos que no somos ‘marginales’ como pretenden los autodenominados ‘bolcheviques’, sino un movimiento que nuclea a 15 barrios, con asambleas, que protagoniza movilizaciones masivas en toda la provincia, con cortes de ruta y ocupaciones de municipios en Centenario, San Martín de los Andes, Neuquén, etc. Recordamos la masividad de la columna de los desocupados el pasado 6 de setiembre. Denunciamos el ataque represivo oficial y a las burocracias de las centrales sindicales, que se habían puesto del lado del gobierno. Señalamos que ante la represión, se está con los represores o con los reprimidos. Varios compañeros de base apoyaron nuestra intervención hasta que, finalmente, se votó por unanimidad (95 a favor, 1 abstención) la siguiente moción: 1) Pronunciarse contra la represión a los desocupados y en apoyo a los reclamos de la Coordinadora, y hacerlo público mediante una solicitada; 2) Hacer firmar el petitorio de la Coordinadora en todas las escuelas a través del cuerpo de delegados. Desde el piso superior, muchos compañeros de la Coordinadora comenzaron un aplauso que fue seguido por la asamblea. La resolución de la asamblea de Aten Capital fue una victoria muy importante de la Comisión de Desocupados, porque derrumbó los argumentos y las provocaciones de la izquierda fundida y descompuesta contra el movimiento de lucha de los desocupados.

La desocupación en Neuquén continúa en aumento. Frente a esta masacre social capitalista, los desempleados –organizados en la Comisión de Desocupados– lograron arrancarle al gobierno provincial, con su movilización, una importante conquista: el pago de un subsidio mensual a los desocupados. En una de las movilizaciones para reclamar el cobro del subsidio, una manifestación ingresó a la Casa de Gobierno y fue violentamente reprimida por la policía provincial; con esta represión, dio comienzo una verdadera caza de brujas contra los desocupados y los partidos de izquierda que defienden su movilización. Disparen contra el subsidio (I): el gobierno Desde el inicio, el gobierno neuquino intentó limitar al máximo el subsidio al restringirlo, por ley, a los ‘jefes de familia’ de nacionalidad argentina ... dejando afuera a las mujeres, a los solteros y a los extranjeros, es decir, a la inmensa mayoría de los desocupados de Neuquén. Lo fijó, además, en una suma de miseria (200 pesos). En setiembre, sólo 10.000 de los 40.000 desocupados de la provincia pudieron acceder a ese subsidio. Pero pasado el primer chubasco, el gobierno de Sobisch se lanzó a recortarlo todavía más, mediante la ‘depuración’ de aquellos desocupados que ‘no cumplen estrictamente las condiciones establecidas por la ley’. Sólo en la capital provincial, y de un plumazo, el 30% de los pocos que lograron cobrar el subsidio en setiembre quedaron afuera para la liquidación de octubre: “en Neuquén (capital) habría 4.200 beneficiarios, 2.100 menos que en setiembre” (Río Negro, 18/10). Si este porcentaje se extendiera a toda la provincia, quedarían afuera unos 3.000 trabajadores ... es decir que cobrarán el subsidio apenas 7.000 desocupados de los 40.000 que tiene la provincia. El gobierno, claro está, no pone la misma ‘energía’ para perseguir a los grandes deudores del banco provincial —que dejaron un ‘muerto’ de más de 70 millones. Ahora se pretende ir más lejos, hasta desnaturalizar el subsidio por completo. La Secretaría de Trabajo provincial anunció que comenzará a organizar la ‘contraprestación laboral’ establecida por la ley. La primera tarea sería la refacción y limpieza de las escuelas; el gobernador electo, Felipe Sapag, fue todavía más lejos, cuando declaró que está negociando con chacareros frutícolas la utilización de los desocupados para la recuperación de chacras (La Mañana del Sur, 5/10). ¡Pero si para cobrarlos hay que dar una ‘contraprestación laboral’, los 200 pesos dejan de ser un subsidio a la desocupación para convertirse en un salario de miseria y, para peor, completamente ‘desregulado’, ya que los empleadores no pagarán aportes jubilatorios ni el ‘desempleado-empleado’ gozará de la cobertura de una obra social! Con la exigencia de la ‘contraprestación laboral’, el gobierno convierte una conquista obrera en un ataque al conjunto de los trabajadores. Esto porque el subsidio al desempleado —además de una solución de emergencia para los que han perdido el trabajo— es, también, un método de defensa del salario de los trabajadores ocupados, pues el subsidio tiende a representar en promedio el 50% de los salarios mínimos. El mantenimiento y la extensión del subsidio y la elevación de su monto es, por lo tanto, un interés común de los desocupados y de los ocupados. Con la ‘contraprestación laboral’, una gran masa de compañeros será obligada a trabajar por un ‘salario’ de 200 pesos; así el gobierno convierte esta conquista obrera en un ariete contra los salarios de los trabajadores ocupados. Disparen contra el subsidio (II): la Iglesia y la oposición Todas las fuerzas patronales han declarado su abierta oposición al subsidio. La voz cantante la lleva la jerarquía eclesiástica y a ella se han sumado la burocracia sindical en todas sus variantes, el Frepaso y hasta los ‘izquierdistas’ Ptp y ‘bolcheviques’. Según la Iglesia “no nos sirve de nada seguir ampliando el subsidio. La solución es el pleno empleo para todos” (declaraciones de Jorge Muñoz, titular de la Pastoral de Migraciones del obispado de Neuquén, en La Mañana del Sur, 4/10), sabiendo que ese ‘pleno empleo’ no está ni remotamente a la vista. Pero resulta que la Iglesia y la burocracia sindical, enemigas del subsidio, están encargadas de administrarlo. Son ellos los encargados de depurar la lista de beneficiarios de chilenos, mujeres y jóvenes, a los que la ley no les reconoce derechos. De todos modos, bajo el capitalismo, el ‘pleno empleo’ es una utopía; el capital produce fatalmente la existencia de una masa de desocupados, lo que le sirve para ‘disciplinar’ a los trabajadores. Es una inmoralidad suprema oponerse al subsidio en nombre del ‘pleno empleo’, cuando la política oficial del gobierno es rebajar los salarios y aumentar los despidos, y cuando los recursos provinciales se utilizan para el salvataje del banco, es decir, para cargar sobre la población trabajadora el ‘muerto’ dejado por los grandes deudores capitalistas. La función política del planteo que levantan en común la Iglesia, la burocracia, el centroizquierda, el Ptp y los ‘grupejos’, es combatir la organización independiente de los desocupados. Por eso, todos ellos sin excepción, se solidarizaron políticamente con la represión oficial contra los desocupados. Al día siguiente de que la policía provincial gaseó a los desocupados en el interior de la Casa de Gobierno, una conferencia de prensa a la que concurrieron todos los candidatos a gobernador —con la única excepción de los candidatos del Frente de Izquierda Mas-PO y del Mst— se solidarizó con los represores y atacó violentamente a los desocupados y a su Comisión ... pasando la esponja a las denuncias de los desocupados de la existencia de provocadores del sapagismo en la manifestación y a los relatos de la prensa de que los desocupados que concurrieron a la Casa de Gobierno fueron objeto de una verdadera ‘emboscada’ por parte de la policía. Los desocupados no se rinden El ataque concertado por parte del gobierno y de la oposición; de la derecha y de la ‘izquierda’; de la Iglesia y de la burocracia, pone en evidencia que la burguesía neuquina, sin excepción, está dispuesta a terminar con el subsidio a los desocupados. Los desocupados, sin embargo, no se rinden. A pesar de las sistemáticas intimidaciones policiales, la Coordinadora de Desocupados organizó una olla popular nocturna para los desempleados de cinco barrios, que se sostiene gracias a las colectas y donaciones de la población trabajadora y de los comerciantes de los barrios. La olla popular se convierte, de a poco, en un centro de organización para nuevos grupos de desocupados, en particular de aquéllos que han sido excluidos del cobro del subsidio. Contra el ‘malón’ oficial-clerical-burocrático-centroizquierdista, más que nunca está planteada la lucha por la defensa de la Comisión de Desocupados, contra la represión policial a los desocupados y a la izquierda, por la defensa y extensión del subsidio a todos los desocupados sin excepción y por su elevación a 500 pesos, sin ninguna ‘contraprestación laboral’.

Desocupación y miseria para beneficiar a los empresarios Cada día, miles de compañeros son despedidos, engrosando la masa de desocupados, negándonos la posibilidad de llevar el pan a nuestras familias. Pero mientras los desocupados vivimos en la miseria, el gobierno, después de prometer que en 10 meses terminaba con la desocupación, lo único que ha hecho es utilizar el dinero de todos los neuquinos para beneficiar a los grandes empresarios: 100 millones de pesos para COMINCO, 5 millones a ZANON, 6 millones le regalaron a Lozano, 70 millones en bonos para tapar los huecos que dejaron en el Banco Provincia los empresarios que no pagaron sus deudas... ¡Esto demuestra que hay plata para crear fuentes de trabajo! Organización y lucha por trabajo para todos o indemnización sin discriminaciones Contra esta miseria nos organizamos los DESOCUPADOS. Primero en un barrio, luego en otro, hasta llegar a formar la COORDINADORA DE DESOCUPADOS, agrupando 17 barrios de Neuquén y sirviendo de ejemplo a otras localidades de la provincia y del país. ¡¡Esto es lo que el gobierno no se ha bancado y por eso reprimió!! Que nos organicemos en forma independiente de los políticos patronales, de los burócratas sindicales y de las comisiones vecinales vendidas al Gobierno. Por esto, y porque el Gobierno surgido de las recientes elecciones piensa descargar un mayor ataque contra los trabajadores, es que se quiso liquidar, mediante la represión y la difamación, el ejemplo de organización y lucha que estamos dando los DESOCUPADOS. Este ataque cuenta con la complicidad de todos aquellos que, como la CGT, CTA, el MTA, Iglesia, partidos patronales, apoyaron la represión del lunes 2. Por eso, punteros bien pagos del nuevo gobierno, hicieron su trabajo sucio el lunes 2. Que a ellos no les interesamos los desocupados y nuestra miseria, quedó demostrado en el hecho de que NO respondieron a nuestro petitorio entregado en la movilización del 6 de setiembre. Quedó demostrado al no aceptar NINGUNO de los más de 50 proyectos de trabajo presentados, que incluían la construcción de viviendas sin empresarios ni intermediarios, para abaratarlas en un 80%... ¡y también lo demuestran la brutal represión con palos y gases, sin importarles la presencia de niños, mujeres embarazadas y ancianos! El gobierno no quiso esperar la reunión en que habíamos quedado, para las 13 horas, porque es conciente de que el dinero que debe poner para darnos las soluciones que reclamamos lo debe sacar de los beneficios que tienen los empresarios. El gobierno no quiere ‘gastar’ en crear fuentes de trabajo, por eso el ‘entrenamiento laboral’ que nos propone consiste en levantar perros muertos y basura de las bardas. Por eso también defiende las discriminaciones de la Ley 2128, que deja sin cobrar los miserables 200 pesos a miles de desocupados, sobre todo jóvenes y madres solteras, a pesar de que viola la propia Constitución Provincial, que expresamente habla de dar una indemnización a la desocupación forzosa. El gobierno quiere transformar el pago del ‘subsidio’ en un negocio para sus punteros, y en un chantaje, buscando que esos 200 pesos sin salarios familiares, sin obra social, sin vacaciones, sin aportes patronales, etc., se extiendan a los que aún tienen trabajo. Por eso nuestra lucha es también la de todos los trabajadores, porque es por TRABAJO Y SALARIO. POR TODOS LOS RECLAMOS DE LA COORDINADORA (Trabajo para todos o indemnización de 500 pesos al desocupado forzoso, sin discriminaciones) POR LA LIBERTAD DE HORACIO PANARIO Y EL CESE DE LAS PERSECUCIONES A LOS COMPAÑEROS DE LA COORDINADORA Y LOS DIRIGENTES DE IZQUIERDA. ¡¡ FIRME EL PETITORIO!!