Prensa Obrera N° 470

El jueves 19 se realizó la concentración más numerosa de toda la época ‘democrática’: frente a la casa de gobierno, 10.000 trabajadores estatales exigieron el veto a la ley de traspaso de la Caja jubilatoria provincial (IPSS) a la Nación —votada en la Legislatura por bussistas y justicialistas. La forma en que fue votada esta ley delata a los delincuentes. Los legisladores de Bussi y el PJ hicieron mil y una maniobras para sesionar en un hotel del cerro San Javier (lo que provocó la ocupación del IPSS) y, después de varios intentos fallidos, se convocaron para la medianoche del viernes 13 de octubre ... lo que les permitió votar a la madrugada. En primer lugar, votaron el traspaso del IPSS; luego, la designación de varios legisladores salientes al frente de distintas reparticiones provinciales, y a Bussi como senador suplente. También votaron la entrega del banco provincial al grupo cubano Halminton Bank, perteneciente a la mafia del ‘gusano’ Mas Canosa, y el blanqueo de sus dietas por varios miles de pesos ... Reacción popular y maniobras burocráticas El lunes 16, en todas las reparticiones, la indignación de los trabajadores era total. En algunas reparticiones se formaron piquetes con la idea de volver a ganar las calles para reclamar el veto de la ley. Fue en estas circunstancias, que todos los aparatos burocráticos —incluida la CGT ‘auténtica’, la más orteguista— convocaron a la concentración del jueves 19. Pero estos aparatos aceptaron luego que no serían recibidos por Ortega el mismo jueves 19 (bajo la presión de la movilización obrera), sino el martes de la semana siguiente, a sólo cinco días del término de su mandato. Este, además, sólo se comprometió a vetar una ley complementaria a la del traspaso, la de jubilación anticipada, veto que también exigían Cavallo y el propio Banco Mundial. Con respecto al traspaso, sólo se comprometió a no promulgar la ley, lo que tendrá lugar automáticamente el próximo 3 de noviembre. La jornada del 19 El día de la movilización, la burocracia fue completamente desbordada por la presencia masiva de trabajadores, jubilados, médicos (todos los colegios profesionales adhirieron a la movilización por el veto a la ley de traspaso y contra la privatización del subsidio de salud). Durante toda la concentración, mientras los burócratas discurseaban en el medio de la plaza, los manifestantes les daban la espalda. Concentrados frente a la Casa de Gobierno, reclamaban el veto coreando consignas contra Palito y contra Bussi, en abierto desafío a la policía. La burocracia plantea ahora esperar hasta la reunión con Ortega —que podría realizarse no ya el martes sino el miércoles. ATEP levantó los paros que venía cumpliendo, pese a que todavía no se pagaron los sueldos de setiembre y el aguinaldo. En este cuadro, lo más importante es la resolución de los trabajadores del IPSS (que mantienen virtualmente ocupado el Instituto) de salir a una nueva manifestación para el martes hasta que se imponga el veto de la ley de traspaso. Alrededor de esta iniciativa de lucha, los delegados y el activismo combativo deben poner en pie un movimiento coordinado para abrir paso al único camino para arrancar el veto: la huelga general indefinida y activa, con manifestaciones sistemáticas, tomas de edificios públicos y cortes de ruta.

El martes 24 se hizo una concentración frente a la Casa de la Provincia de Neuquén en la Capital Federal. Convocada por diversos partidos de izquierda (Mas, Lsr, Patria Libre, Mst, Pts y el PO), es parte de una campaña por la libertad de Horacio Panario y el cese de las persecuciones contra los dirigentes del movimiento de los desocupados y de la izquierda de Neuquén. Esta represión sigue a una provocación del gobierno de Neuquén, con la intención de frenar la movilización de los desocupados neuquinos por el subsidio al parado. Detuvo a numerosos compañeros, lanzó persecuciones, allanó locales partidarios y casas de militantes y activistas. Luego de esta provocación, el gobierno provincial le quitó el ya insuficiente subsidio de 200 pesos a la mitad de los que lo percibían. Aquí esta retratado su objetivo: derrotar la movilización de los desocupados, que reclaman 500 pesos de subsidio mínimo y el pago del mismo sin discriminación alguna. Los capitalistas neuquinos pretenden que la crisis que ellos crearon la paguen los trabajadores. En defensa de los trabajadores y desocupados neuquinos, todo el movimiento obrero y democrático debe pronunciarse contra esta provocación: Libertad a Panario y cese de la persecución contra los dirigentes de los desocupados y de la izquierda (Mas, Mst y PO).

Buenos Aires, 14/10/95 La Secretaría de Organización y la Secretaría de Acción Social y Derechos Humanos de CONADU, miembros de la Mesa Ejecutiva de CONADU e integrantes del Frente Gremial Docente, declaramos nuestra solidaridad incondicional con los trabajadores ocupados y desocupados de la Provincia de Neuquén que fueron violentamente reprimidos por la Policía Provincial, cuando reclamaban —en muchos casos con la presencia de sus hijos— una respuesta a la situación insostenible de desocupación masiva que vive la provincia. Responsabilizamos al Gobierno Provincial por la violencia desatada contra los manifestantes y denunciamos que los posteriores pedidos de captura y detenciones de dirigentes del Movimiento de Desocupados y candidatos de los partidos de izquierda (Frente de Izquierda —Mas-PO— y Frente de Unidad de Lucha —Mst-Patria Libre) en vísperas de las elecciones, y los allanamientos de los locales partidarios y el operativo de intimidación y amenazas contra los barrios populares, tienen por finalidad imponer el Estado de Sitio en la provincia e ilegalizar la justa lucha de los trabajadores desocupados. En consecuencia, RECLAMAMOS: • El cese de la persecución contra los luchadores neuquinos. • La inmediata libertad del compañero Horacio Panario, dirigente de la Coordinadora de Desocupados. • La anulación de los pedidos de captura contra Alcides Christiansen, Héctor Etchevaster, Jorge Chiguay, Verónica Barriga, Gustavo Sandoval. Silvia Mansilla, Secretaría de Organización (Titular) CONADU • Pablo Kirschbaum, Secretaría de Acción Social y Derechos Humanos (Titular) CONADU • Graciela Molle, Secretaría de Organización (Suplente) CONADU • Andrea Oliva, Secretaría de Acción Social y Derechos Humanos (Suplente) CONADU

El sábado 21 se realizó un Plenario de la Coordinadora de Estudiantes Secundarios de la Capital y el Gran Buenos Aires. A la misma concurrieron más de 250 compañeros de 68 colegios, gran parte de ellos delegados y miembros de centros de estudiantes. Allí se votó por unanimidad colocar en la presidencia honoraria del Plenario a Horacio Panario y los demás dirigentes del movimiento de los desocupados y de la izquierda que están siendo perseguidos en Neuquén. También se votó adherir a la Marcha que se realizará el martes 24, con el reclamo de Libertad a Panario y Cese de las Persecuciones.

“La crisis argentina se acerca a un desenlace”, es el título de tapa de la última edición de ‘En Defensa del Marxismo’ (Nº 9). El editorial de La Nación del domingo (22/10) da la misma opinión: “Algo va a pasar pero nadie sabe bien qué”. Es que las derrotas electorales y el agravamiento de la crisis económica han roto la precaria tregua de hace tres semanas. Se ha incrementado la presión judicial contra el ex-presidente del Banco Nación, Daddone, hombre de la Fundación Mediterránea, por el negociado informático con IBM ahora también contra Roberto Domenech, coterráneo de Cavallo y asesor del Banco Feigin (salvado por Cavallo de su bancarrota). Renunció Caselli, más conocido en la jerga menemista como ‘el obispo’ por sus relaciones con la Iglesia y por haber salvado al gobierno de una crisis con el clero, cuando le fueron reclamados 3 millones de dólares ‘prestados’ en la campaña electoral del 89 por sectores ‘religiosos’. Caselli es uno de los ‘operadores’ principales de Menem y Bauzá, secretario de coordinación de la vicepresidencia y activo lobbista de los Yabrán. A pesar de que alega ‘razones de salud’, habría sido extorsionado para que renunce por un ‘mal manejo de fondos reservados’ que habría investigado una ‘auditoría’ cavallista. Matzkin, el jefe de la bancada justicialista, volvió a decir que es necesario “flexibilizar el modelo”. Lestelle fue forzado a renunciar y el nombramiento de Green, un ex duhaldista, desató otra tormenta política. La reglamentación de la ley de patentes, que cede a los reclamos de los monopolios norteamericanos, sería a su vez rechazada por otra ley que aprobaría la bancada anticavallista. Lo más significativo es la ausencia de Cavallo en la gira de Menem a Estados Unidos, luego de que fuera anunciado con bombos y platillos. Menem entrevistará a los banqueros de Wall Street acompañado por Cárdenas y Granillo Ocampo, los diplomáticos que vienen ‘testeando’ al mundo financiero sobre diversas alternativas para desprenderse de Cavallo. Los choques trascienden las filas oficialistas. Cuando Béliz enfrentó a Bauzá y Corach, alineándose abiertamente con el ala cavallista del PJ de Capital, Bordón invitó a Béliz a pasarse al Frepaso, reabriendo la crisis con el ‘Cavallo’ Alvarez. El trasfondo de la crisis política es la bancarrota del ‘plan’ Cavallo. La gran mayoría de los economistas burgueses admite que no vienen capitales debido a la recesión, el agotamiento del negociado de las privatizaciones y el gran aumento de la deuda pública y externa. Sectores industriales y agrarios de la burguesía critican el ‘salvataje’ que Cavallo hace del sistema bancario. El ánimo de la pequeña burguesía (comerciantes, etc.) lo evidencia las movilizaciones contra la DGI en el interior de la provincia de Buenos Aires. Las movilizaciones de trabajadores van creciendo. El jueves pasado se realizó en Tucumán la movilización más importante desde el inicio de este período constitucional, para oponerse al traspaso de las cajas jubilatorias provinciales a la Nación. En Río Negro, la insurgencia se ha extendido a todas las ciudades. En Córdoba, los docentes vuelven a la lucha para defender su estatuto. La docencia salteña prácticamente se encuentra en paro general (retención de tareas), porque hace 45 días que no cobra. El volcán santafesino está tomando impulso. El recule de Duhalde ante la ocupación de los terrenos de La Sarita, es el mejor indicador de las perspectivas de la lucha popular y del retroceso del gobierno. La burguesía necesita superar esta crisis política. Desde el menemismo se está preparando un contragolpe. Pero el editorial de La Nación antes mencionado indica que prevalece la confusión. Están reunidas las condiciones para una respuesta conjunta del movimiento obrero. Va en esa dirección. Por eso, el Frepaso llamó a una ‘marcha de la civilidad’ para el 3 de noviembre, para que se convoque a las elecciones estatuyentes en la Capital, con la finalidad de desviar la resistencia antimenemista de los explotados y aun para favorecer a Cavallo. El PO llama a luchar por un inmediato PARO ACTIVO NACIONAL y un Plan de Lucha, para imponer una ley que prohíba los despidos, por la reducción de la jornada laboral a 6 horas (para crear el cuarto turno laboral), por el cese del pago en bonos, por la anulación de las reducciones salariales y de toda la legislación antiobrera que ha derogado conquistas de los trabajadores, por la derogación de los decretos 292 y 492 y la defensa de las Obras Sociales. Llamamos a la CGT, al CTA, al MTA y a todos los sindicatos, a convocar a un paro activo nacional. Llamamos a que el CTA y el MTA tomen la iniciativa, contra el inmovilismo de la burocracia cegetista y su reciente pacto con el gobierno para entregar las Obras Sociales. En Asambleas de fabrica, en los plenarios de los sindicatos, en todas las instancias de las organizaciones de masas, elevemos el reclamo de un Paro Activo nacional.

En el último Congreso Nacional de la CONADU, un grupo de congresistas presentó una moción reclamando un pronunciamiento contra la represión a dirigentes de los desocupados y de la izquierda en Neuquén. El oficialismo se opuso a ello, aduciendo que ya se habia votado un pronunciamiento genérico en apoyo a las luchas de los trabajadores. Uno de los elementos más vehementes, fue el actual secretario de la ADUBA (sindicato de la Capital), Ricci, enrolado públicamente en la centroizquierda, quien se opuso a dicho pronunciamiento para no “llevar agua al molino de la izquierda”. Es la primera vez que la Conadu se niega a pronunciarse en solidaridad con los perseguidos del régimen. No es casual. En oportunidad de la provocación policial contra las marchas de los desocupados en Neuquén, todos los partidos burgueses, el Frepaso, el MTA y el CTA, también se pronunciaron... en solidaridad con el gobierno y contra los dirigentes y militantes perseguidos. Puesto a votación la moción de solidaridad presentada, fue rechazada por 21 a 15 votos. Hubo 10 abstenciones, entre ellos activistas del Ptp, con cuyo apoyo se habría derrotado la macartista y antiobrera posición de la centroizquierda, en lo que consideramos un grave precedente.

De acuerdo a la muy autorizada Fundación Mediterránea, el reciente decreto 492, que reduce del 6 al 5% los aportes patronales a las obras sociales y las contribuciones especiales a los Institutos, hará caer la recaudación de éstos en unos 620 millones de pesos por año (Revista Novedades, setiembre de 1995), lo cual representa un 26% de los 2.400 millones que se recaudaban hasta ahora. La caída es una transferencia de los trabajadores a los capitalistas. La burocracia sindical aceptó este saqueo cuando el gobierno le prometió un lugar fundamental en la privatización de las obras sociales. Juan José Zanola, por ejemplo, que parecía el más perjudicado por las medidas oficiales, que en principio liquidaban el Instituto Social Bancario, logró que fuera nombrado interventor Víctor Alderete, presidente de la Cámara patronal que agrupa a las empresas de medicina privada y dueño de Diagnos, pero por sobre todo socio de Zanola en los contratos del Instituto. Según La Nación (19/10), Alderete es “amigo, no se sabe hasta qué grado (sic), de Zanola, desde hace dos años”. Página 12 es más precisa: “Tres directivos de Diagnos, todos ligados al grupo Gándara, ejercieron altos cargos en el Instituto. Son los casos de Celso Bergia, quien fuera gerente financiero del ISSB; Rodolfo Randazzo, quien figuraba como jefe de Programación Financiera en la obra social bancaria y de Gustavo Solá, quien ejerciera la jefatura de Presupuesto del Instituto” (19/10). Diagnos es un prestador del Instituto, que ahora se ha hecho cargo directamente del ISSB. Alderete resolvió la ‘incompatibilidad’ entre las dos funciones abandonando “la presidencia de esa empresa y de la cámara de las prepagas” (ídem). De todos modos, un día antes de asumir, el Instituto le pagó deudas a Diagnos por 500.000 pesos (ídem, Página 12). Este entrelazamiento de intereses explica el ‘peculiar’ rechazo de Zanola a la intervención. En una solicitada reclama a Alderete que no tome medidas de liquidación del ISSB y que asegure la “atención plena de las prestaciones...”, “mantenimiento de la atención de medicamentos...”, etc. No plantea ni el levantamiento de la intervención, ni tampoco la restitución del aporte patronal especial que tenía el Instituto. El ex-secretario de Seguridad Social, Santiago de Estrada, asesor en la actualidad de la AFJP Futura, reconoce sin embargo que el decreto 492 es inconstitucional y que llevará a que “desmejoren las prestaciones médicas”. “No es legal porque pretende eliminar a través de un decreto contribuciones creadas por diversas leyes” (La Prensa, 11/10). Quiere decir que si la burocracia acepta un decreto inconstitucional, que fue repudiado en una movilización de 15.000 bancarios, es porque está a fondo con la privatización. Recortar beneficios Como la atención de las obras sociales ya es un desastre, con el recorte de 620 millones por año, directamente las destruye. Recortando prestaciones y aumentando los aranceles a cargo de los trabajadores, la burocracia está preparando la privatización. En Bancarios, no sólo Zanola plantea la ‘salida’ de las contribuciones adicionales a cargo de los trabajadores. La lista 94-Azul Grana, por ejemplo, plantea que “la recaudación del aporte a la obra social debe complementarse con la cuota sindical... al que se le puede añadir la incorporación de alguna cuota módica como coseguro... que quiebre el estrangulamiento financiero impuesto por las patronales”. ¡Curioso este método de romper el ‘estrangulamiento’, metiendo la mano más a fondo en el bolsillo de los trabajadores! La ‘oposición’ va inclusive más allá, porque plantea “delinear un plan de salud básica para el gremio bancario”, precisamente lo que reclama el Banco Mundial cuando plantea garantizar exclusivamente un básico o mínimo de alcance asistencial y arancelizar todo el resto (99%) de las prestaciones. El decreto 492, al establecer el PMO —Programa Médico Obligatorio— ofrece esa cobertura mínima o básica, con lo cual anula la cobertura universal y solidaria. La UTPBA formó una mutual complementaria de la obra social, a cargo del trabajador. El PO plantea la derogación del decreto 492, el 292 y todos los decretos de desregulación de las obras sociales, la defensa de la cobertura universal y solidaria y un plan único de salud estatal bajo control de los trabajadores.

El Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados acaba de rechazar una denuncia de dos de los tres jueces del Tribunal Oral Nº 21 —designados como tales a propuesta del actual gobierno—, que pedían se “juzgara la conducta del abogado Angel F. Di Paola (defensor de Adrián Alvarez, delegado del diario La Prensa, condenado a un mes de prisión en suspenso)”, por considerar que su escrito de interposición de recurso extraordinario para que se reviera la pena impuesta contra el trabajador, incluía “términos injuriosos hacia la investidura de los magistrados”. En sus considerandos, la Sala II del Tribunal de Disciplina advierte que “la causa se origina en un problema de carácter gremial en la actividad periodística, acaecido en el diario La Prensa, que dio lugar a otras causas contra estos periodistas de ese diario, lo que tiñe todo el proceso de un fuerte matiz político sindical”. Y agrega: “El abogado defensor enjuicia la tesitura del Tribunal, la critica severamente, pero sin incurrir, como se dijo, en expresiones demesuradas, pero sí poniendo de resalto las implicancias políticas del caso (...)”. Queda al descubierto, con esta sentencia, el carácter eminentemente persecutorio de los juicios encomendados por la Fortabat a su staff de abogados videlistas, contra delegados y trabajadores del diario La Prensa. La denuncia y la movilización son, entonces, el camino para aplastar esta ofensiva.

En el transcurso del conflicto de la obra social bancaria, el CTA, que ocupa una fracción de la Interna, viene operando como quinta columna del zanolismo, con constantes llamados a la ‘unidad’ con la burocracia, a que Zanola encabece las asambleas, y actitudes hostiles hacia la izquierda y el activismo que propone la continuidad de la lucha. Una pista para explicar tan capituladora conducta, puede hallarse en un trabajo (borrador) redactado por teóricos del degennarismo bancario, ‘La crisis del ISSB’, firmado Lista 94-Azul Grana. Allí se lee, como propuesta para la recuperación de la obra social: “en el plano de los ingresos es necesario concebir la reestructuración del ISSB conjuntamente con la Asociación Bancaria, la recaudación del aporte a la obra social debe complementarse con la cuota sindical tendiendo a su unificación en una sola caja... al que se le puede añadir la incorporación de alguna cuota módica como coseguro... que quiebre el estrangulamiento financiero impuesto por las patronales”. A confesión de partes, relevo de pruebas. El gobierno suprimió una financiación de 180 millones de dólares de las patronales bancarias (50% para el ISSB y otro tanto para la ANSal), mediante el decreto 492. Los dirigentes del CTA, no sólo no se pronuncian por la derogación del decreto, sino que plantean llenar el agujero financiero con más plata de los trabajadores, la cuota sindical y un ‘módico’ co-seguro. Y esto con la sutil impostura de que se entienda como una medida antiburocrática, porque afectaría la cuota sindical, como si la guita no la fuera a manejar toda Zanola. Hay que estar muy quebrados para colocarse a la derecha de Zanola, y compartir con Cavallo la política de que los trabajadores financien a los banqueros.

El sábado 21, la Coordinadora de Estudiantes Secundarios demostró su representatividad y el camino recorrido al reunir en un plenario a más de 250 compañeros de 68 colegios de la Capital y el Gran Buenos Aires. La masiva asamblea empezó en la Facultad de Sociales y terminó en la Plaza Houssay, y demostró otra vez la vigencia de un ascenso estudiantil, y que la Coordinadora es una herramienta auténtica de lucha. La asamblea tomó dos resoluciones: 1) En lo referido a ratificar la campaña contra la destrucción del secundario y la aplicación de la Ley Federal de Educación, la declaración que aprobó plantea: “La movilización masiva para defender la base misma de la educación pública, que se encuentra en vías de extinción: 1996 es la última vez que se cursará 1er. año en la secundaria, el gobierno y sus cómplices quieren que desaparezca”. La declaración termina diciendo: “llamamos a desenvolver lo que debe ser la base granítica de nuestro movimiento: los centros de estudiantes, los cuerpos de delegados, la organización masiva del movimiento estudiantil para la defensa colectiva de sus intereses y reclamos”. En segundo lugar, se resolvió convocar a un gran festival para fines de noviembre, en defensa de la educación pública, laica y gratuita. Este festival, que va a ser tomado por decenas de centros de estudiantes y activistas, se constituirá en un gran evento que termine un año de grandes luchas de la Coordinadora. La representación de la Coordinadora fue realmente importante, con más de una docena de presidentes de centros de estudiantes, listas de oposición de importantísimos colegios (ante de fin de año muchas serán direcciones de los mismos), decenas de delegados de curso y de comisiones pro-centros de numerosos colegios del Gran Buenos Aires. Bochornoso papel de morenistas El Mst y el Pts vinieron al plenario para sabotearlo. El Mst trató, incluso, de impugnar la ‘representatividad’ de lo que era el más importante evento del año; llamó por enésima vez a formar ‘otra’ central estudiantil, una tarea en la que viene fracasando estrepitosamente, junto a Franja Morada primero, el Partido Comunista después, y con el Ptp finalmente, en un engendro llamado Pro-Fes (ya desaparecido). Como bien señaló un compañero del colegio Mariano Moreno, cuando la Coordinadora estaba formada por 15 colegios, se la acusó de no ser representativa; se dijo lo mismo cuando esos colegios fueron 30, 45 y ahora 60, y cuando encabezó todas las luchas estudiantiles. El Mst hizo las alianzas más canallescas para armar un sello distinto y encuentros fantasmas con organismos que le daban la espalda a la lucha como la llamada Pro-Fes, la cual no llamó a concurrir al multitudinario plenario estudiantil. La política volvió a ser boicotear las propuestas de la Coordinadora, pero volvió a irse con el rabo entre las piernas. El Pts fue mucho más inmoral y más bochornoso todavía. El Pts llamó a asistir a la reunión sobre la base de una mentira: “Se votó realizar un encuentro estudiantil para dentro de un mes convocado por la Coordinadora y la Pro-Fes” (Contraprensa, de octubre). La Pro-Fes no convocó a nada; entonces, el primer fraude es que concurrieron en nombre de un encuentro fantasma. El segundo fraude es que de los 40 individuos que trajo el Pts, sólo una minoría era secundaria; así lo admitieron cuando se les dio el uso de la palabra. El tercer fraude es que el Pts que reconoce que la Coordinadora lucha, pero que no es democrática porque no tendría ‘mandato’,a la reunión no trajo ningún ‘mandato’. El Pts no dirige casi ningún centro de estudiantes; no es tampoco cabeza de la oposición en los principales colegios de Capital y Gran Buenos Aires. Sus ‘mandatos’ los fabrican ellos mismos. El cuarto fraude del Pts son, naturalmente, sus posiciones políticas: hicieron bloque con el Mst, al cual denuncia rabiosamente, sin embargo, de ‘ladero’ de Nieto (presidente de la FUA). Es decir que para romper la Coordinadora hacen frentes sin principios, lo que demuestra que el Pts no es un partido sino una pandilla. El plenario puso de manifiesto que la Coordinadora se está transformando en la gran referencia del ascenso estudiantil y que el camino a seguir es formar centros de estudiantes y cuerpos de delegados masivos, para crear una Central estudiantil de masas, no de sectas. El FESTIVAL debe ser una nueva manifestación de masas del estudiantado secundario, para luego empezar el próximo año luchando palmo a palmo por las reivindicaciones de la juventud.

Con casi un año de retraso, la burocracia convocó a elecciones de gremial interna en el Credit Lyonnais. La lista antiburocrática opositora ganó por 261 votos a 130, terminando de esa manera con una conducción que, durante los más de diez años que estuvo al frente de la gremial, completó uno de los procesos más acabados de descomposición política en el gremio bancario. La lista tan aplastantemente derrotada provino en su momento de la alianza entre el PC y la UCR, y luego de pasar por la oposición, con el exclusivo fin de perpetuarse al frente de la CGI, no vaciló en terminar aliándose con lo más reaccionario de la burocracia y actuar como agente de la patronal del banco. Este proceso tuvo su punto de eclosión en ocasión de las elecciones de seccional, donde los delegados titulares rompieron con el frente único de oposición, la lista 94, y tras fracasar en su intento de formación de una tercera lista fantasma con otros renegados, lanzaron una campaña por el voto en blanco, financiados por el zanolismo. Esta actitud mereció el repudio de toda la oposición, a excepción, claro, del Mas. Al mismo tiempo, el resto de la Comisión Gremial y otros activistas del banco enfrentaron esta política proburocrática, editando regularmente volantes y boletines, donde fijaban su posición sobre la situación gremial y, más importante aún, apuntaban a organizar la resistencia de los compañeros del banco ante el proceso de despidos que se viene por la venta del banco al grupo chileno Luksic, lo que les significó una intensa persecución por parte de la patronal y la burocracia, corte de permisos gremiales, traslado de sucursales, ‘invitaciones’ a arreglar la renuncia para terminar con el despido de dos compañeros de la agrupación opositora. Ante esta situación, sumada a un petitorio firmado por el personal del banco reclamando elecciones y el apoyo de numerosas comisiones gremiales, la burocracia no pudo seguir dilatando la convocatoria. El juicio de los compañeros del banco no deja lugar a dudas. La lista 14 obtuvo casi el 70% de los votos. Las tareas que tiene por delante la nueva comisión gremial son arduas. Generar una campaña en todo el gremio para lograr la reincorporación de los compañeros despedidos y delegados electos, en primer lugar, y junto con eso recuperar la confianza de los trabajadores en su organización gremial, luego de años de vaciamiento y desprestigio, para poder organizar la resistencia a los intentos de despidos y pérdida de conquistas que, seguramente, la transferencia a los chilenos va a traer aparejada. La Lista Naranja compromete todo su apoyo a la nueva dirección votada en el Banco Credit Lyonnais.

La postergación, por parte de la FUA, para el próximo viernes 27, de la marcha convocada para el pasado viernes 20, fue bastante más que una alteración de calendario. En lugar de una movilización tendremos ahora un acto público de la UCR y del Frepaso destinado a explotar en beneficio propio el descontento estudiantil con la ley de educación superior. La marcha había sido llamada como parte de una campaña de recolección de 800.000 firmas para reclamar la convocatoria a un plebiscito que decidiera sobre la ley universitaria aprobada por el Congreso. El Congreso dispone de un año para el tratamiento de esta ‘iniciativa popular’. La campaña es, entonces, un mecanismo dilatorio, que fracasó con relación a la ley previsional, y a la legislación del sector de Ciencia y contra la destrucción del Inti, el Inta y la privatización de diversos institutos, comenzando por la Comisión de Energía Atómica. Pero a la dirección de la FUA estas limitaciones en su planteo no le parecieron suficientes, por lo que levantó la marcha y resolvió que la concurrencia iría al Congreso para apoyar a los bloques del Frepaso y la UCR, que, mientras tanto, resolvieron presentar un proyecto para la convocatoria de un plebiscito. Esto significa que la campaña por las 800.000 firmas ha sido sustituida por el proyecto radical-frepasista, que la FUA deposita su confianza política en los firmantes del ‘pacto de Olivos’, en los que reformaron la Constitución y en los que votaron la intervención a Santiago del Estero. No hay que olvidar tampoco que la UCR y el Frepaso ‘consensuaron’ tres años atrás la ley ‘madre’ —federal de educación— elaborada por el clero y el gran capital, y que los rectores radicales o frepasistas aplican ya la ley superior, con aranceles y convenios de privatización. Este ‘acto’ testimonia la completa degeneración de quienes pretenden ser la representación de las reivindicaciones de la Reforma de 1918. Hay que cambiar de caballo...

Juan José Zanola y Andrés Castillo (jefe de la Interna de Caja de Ahorro S.A. y miembro de su directorio) acaban de firmar con la patronal un acuerdo por el cual la empresa se deshace de 380 trabajadores mediante el retiro ‘voluntario’ y la contratación por un año de los despedidos como vendedores ‘autónomos’ de seguros, con una comisión básica de 500 pesos. Un sector minoritario puede optar por la transferencia al Banco Mercantil con 24 meses de ‘garantía de permanencia’. La patronal ha reconocido que sus negocios van viento en popa, pero se propone reemplazar al personal por contratados; la burocracia firma sin consultar a los trabajadores, habiendo garantizado, previamente, su participación en el negocio: propiedad participada y su representante en el directorio (Castillo). Los compañeros de la Lista 4 de la Caja y de la Naranja, han hecho una campaña reclamando la asamblea para tomar resoluciones de conjunto. La Interna, en cambio, impulsa los ‘retiros’ sector por sector. Los despidos masivos de la Caja de Ahorro son una bandera de lucha para las internas antizanolistas del gremio.

La ‘marcha del millón de hombres negros’ a Washington, del pasado 16 de octubre, fue el punto culminante de dos semanas de tensión racial en los Estados Unidos, la más aguda en las últimas dos décadas. La absolución –por un jurado mayoritariamente negro– del negro O. J. Simpson, acusado de asesinar a su esposa blanca y al amante de ésta, también blanco; el anuncio de nuevos recortes en los programas oficiales de asistencia social y de promoción de los negros (‘acción afirmativa’) y la difusión de nuevos estudios y evidencias sobre la desesperada situación social de los jóvenes negros, y acerca de la salvaje represión judicial y policial de que son objeto, fueron escalando la tensión racial al punto que se llegó a afirmar que en Estados Unidos existirían “dos naciones en una sola tierra” (The Washington Post, 4/10). A la ‘marcha del millón ...’ concurrieron, según fuentes oficiales, ‘apenas’ 400.000 personas ... a las que hay que agregar los 2,2 millones de familias que la siguieron por TV, lo que la convierte en el hecho político de mayor ‘audiencia’ en los últimos años, incluyendo todos los discursos de Clinton y hasta las visitas del Papa (New York Times, 19/10. Fue la mayor movilización negra en los Estados Unidos desde 1963. Las diferencias entre una y otra marcha, sin embargo, son notorias. La de 1963 fue convocada por Martin Luther King bajo las consignas de abolición de toda la legislación discriminatoria contra los negros y por la promoción oficial de la ‘igualdad de oportunidades’ (políticas, educativas, legales y económicas); participaron unas 250.000 personas, entre ellas un número importante de blancos. La marcha de 1995, en cambio, fue convocada por ‘La Nación del Islam’, una organización que tiene un programa separatista acabado: la formación de un Estado negro separado en el territorio de los Estados Unidos (ver aparte). Los ‘integracionistas’, herederos de Luther King, como Jesse Jackson, se vieron obligados a marchar a la convocatoria formulada por sus adversarios políticos en el movimiento negro. Su principal dirigente, Louis Farrakhan, es un derechista y fundamentalista islámico conocido por sus declaraciones antisemitas, contra los homosexuales y contra la ‘integración racial’, y sospechado de ordenar el asesinato de Malcom X, su adversario político en el movimiento separatista negro. ‘La Nación del Islam’ convocó a marchar sólo a los ‘hombres negros’, excluyendo a los ‘no negros’ que defienden su causa e incluso a las mujeres negras, a las que recomendó permanecer “en su lugar, el hogar”. El separatismo y el integracionismo son las dos tendencias que se han enfrentado históricamente en el movimiento negro por la conquista de las libertades democráticas. El ascenso actual del separatismo es la consecuencia del completo fracaso del integracionismo para imponer la ‘igualdad racial’. A pesar de la legislación antidiscriminatoria aprobada desde mediados de los ‘60 –y aun a pesar de la ‘acción afirmativa’, la llamada ‘discriminación positiva’ en favor de los negros–, la situación social de los negros es desesperante: sufren el doble de desempleo y cobran la mitad del salario promedio de los blancos; la tercera parte de la población negra se encuentra por debajo del nivel de pobreza (porcentaje que es el doble que el de blancos en la misma situación); la deserción escolar de los jóvenes negros cuadriplica la de los blancos; madres solas sostienen el 64% de los hogares negros (más que el triple que en los hogares blancos); los negros tienen nueve veces más posibilidades que los blancos de morir asesinados; la tercera parte de los jóvenes varones negros pasó por un tribunal y hoy se encuentra en la cárcel o goza de libertad condicional. A semejanza del feminismo –que expuso todas sus limitaciones políticas para defender la condición de las mujeres cuando logró imponer su programa (la igualdad ante la ley)– el movimiento integracionista negro fracasó cuando la igualdad legal se demostró incapaz de derribar las condiciones sociales que mantienen la opresión de los negros. Al contrario, con el paso del tiempo y la acentuación de la crisis capitalista, la aplicación de las leyes se fue adaptando a la diferenciación social existente: los negros no gozan del mismo tratamiento ante la ley, ante la justicia y ante la policía que los blancos, como lo prueba la existencia de “una legislación cada vez más represiva que está llenando las prisiones de jóvenes negros” (Le Monde, 17/10). El ascenso del separatismo negro es una reacción al ascenso de la derecha norteamericana, que “cuestiona (ideológicamente) los grandes principios igualitarios de los ‘60” (ídem) y que, en el plano práctico, se ha propuesto derrumbar los programas de ‘acción afirmativa’: después de los grandes recortes que los ‘programas sociales’ sufrieron bajo las presidencias de Reagan y Bush, el Congreso, dominado por los republicanos –y la mayoría de los Estados, en particular el de California– han venido recortando sistemáticamente los gastos destinados a la promoción social de los negros. Contradicciones Frente a la masa congregada en Washington, el principal orador de la ‘marcha del millón ... ’, Louis Farrakhan, se cuidó muy bien de darle una expresión revolucionaria al separatismo negro. En un discurso muy largo (dos horas y media), no defendió el programa de la separación ni reclamó lo que debería ser el primer paso en una dirección separatista: la formación de un partido político negro independiente. Al contrario, llamó a los negros a inscribirse masivamente para votar ... (por los demócratas o por los republicanos). Farrakhan puso el acento, no en el separatismo, sino en la “responsabilidad individual de los hombres negros en la defensa de sus familias y comunidades”. Farrakhan ha tomado como propio el lenguaje de la derecha norteamericana: la defensa de los “valores familiares”, la promoción del papel de los “jefes de familia” y de la “autoconfianza” de los “hombres negros”. En los planteamientos de Farrakhan quedaron en evidencia los rasgos reaccionarios del fundamentalismo islámico, que le asesta un golpe demoledor a las relaciones democráticas en el seno del propio movimiento negro, al relegar políticamente y socialmente a la mujer. Farrakhan no planteó ninguna reivindicación frente al poder del Estado –al contrario, sus llamamientos a la “autorresponsabilidad individual y de la comunidad” significan un ‘repliegue’ del movimiento negro sobre sí mismo– y reduce la idea de un movimiento nacional negro a un simple ‘lobby’ ante los poderes públicos. Con estos planteamientos, que significan una adaptación a las tendencias reaccionarias de la sociedad capitalista en descomposición, Farrakhan conduce al movimiento negro a un callejón sin salida. La preeminencia de estos planteamientos pone al desnudo la incapacidad de la izquierda, que desecha por completo la posibilidad de que el movimiento negro se transforme en nacional. La ‘marcha del millón ...’ encierra la posibilidad del surgimiento del potencialmente revolucionario movimiento nacional negro. Las tendencias fascistas de la burguesía norteamericana obligan a las masas negras a replantear la posibilidad de la separación estatal, territorial y nacional dentro de los Estados Unidos. La contradicción de un movimiento potencialmente revolucionario, que se insinúa por debajo de una dirección abiertamente reaccionaria explica las divergencias de apreciación de la burguesía norteamericana sobre las perspectivas políticas abiertas por la marcha. En el mismo diario y en el mismo día (The New York Times, 18/10), una nota de opinión dice que los planteamientos separatistas de “La nación del Islam” son “un golpe al ‘sueño americano’ y al objetivo de la unidad (y) un peligro que puede degenerar en un desastre permanente”, mientras que la opinión editorial del diario enfatiza los “aspectos alentadores (del) llamado a nutrir familias más fuertes y a proteger a la juventud negra de las drogas y el crimen”.

El día 17 de octubre de 1995 se reunió, frente a la Celulosa Andino, prácticamente la totalidad del pueblo, producto del despido de 22 trabajadores. Es la papelera más vieja del país, y hasta la reestructuración contaba con un plantel de 170 trabajadores que fabricaban, entre otras cosas, papel moneda. Hoy, luego de la venta de la misma al Citibank y de su transferencia a manos de Campagnucci (un capitalista de la provincia de Santa Fe), que prometió en el acto de apertura una fabulosa inversión para producir, solamente se dedica a ‘fabricar cartones’ con 35 obreros más 22 contratados. La decisión de los compañeros trabajadores es continuar la lucha con otra movilización en el pueblo, con la consigna de “continuidad del trabajo y la efectivización de los contratados”. La participación de los obreros, mujeres, escolares, maestros y comunidad hizo que Campagnucci no se asomara a la puerta de la fábrica. Si tenemos en cuenta que los empleados municipales de Timbúes están en paro por falta de pago, y que los problemas se suscitan en todos los órdenes, es que llamamos a los trabajadores del Cordón Industrial, a la población en general, a apoyar esta movilización para torcer el brazo de este gobierno y de Campagnucci, y poner en marcha la defensa de los puestos de trabajo, de la Escuela Pública, de la Salud y de las cajas de jubilaciones.

En su periódico “El llamado final”, “La Nación del Islam” ha detallado su programa de diez puntos, entre los que se destacan los reclamos de un Estado separado y de la prohibición de los matrimonios interraciales. A continuación, algunos de esos puntos, que fueron reproducidos por Le Monde (18/10): “Queremos que nuestro pueblo, cuyos padres o abuelos son descendientes de esclavos, sea autorizado a establecer un Estado separado; “Nuestros antiguos amos están obligados a procurarnos una tierra, que debe ser rica (...). Nuestros antiguos amos deben sostener nuestras necesidades en ese territorio separado durante los veinte o veinticinco próximos años; “Queremos que el gobierno norteamericano exima a nuestro pueblo de impuestos; "Queremos establecimientos escolares separados, hasta los dieciséis años para los varones y hasta los dieciocho para las mujeres”.

Setecientos trabajadores de Ciadea Córdoba están a un paso de la cesantía; la patronal los conmina a aceptar el ‘retiro voluntario’ antes del 31 de octubre. Luego que otros setecientos, de una lista de l.480 ‘prescindibles’, fueran ‘retirados’ hace un mes, “(Ciadea) ... no puede asegurar la provisión de trabajo a ese personal para lo que resta del año” (La Voz, 18/10). La reducción de jornada y salarios impuesta en Sevel, ha hecho suponer que Ciadea se inclinaría a esa solución, total o parcialmente, en lugar de los despidos. En este caso buscará forzar la mayor cantidad de despidos posibles e imponer el ‘acuerdo’ Sevel a los que queden en la planta. Pero más allá del acuerdo con Sevel, hay otro con Fiat, que se va a hacer cargo de nuevo de las plantas de El Palomar y Ferreyra, que impone, no la jornada de 6 horas, sino un horario flexible de hasta l2 horas por día, porque “la jornada de trabajo individual será efectuada con una base plurisemanal”; liquida el descanso hebdomadario al establecer “seis días laborables” con “francos semanales variables”; pulveriza las vacaciones en distintos períodos del año; destruye el escalafón, sustituyendo las categorías por un régimen de ‘polifuncionalidad’, y condiciona el salario, que pasará a ser “variable y vinculado a indicadores” de “productividad, calidad, eficiencia”. Dos gotas de agua La burocracia de la UOM ha copiado con Fiat, casi punto por punto el convenio negrero firmado dos años atrás por José Rodríguez para General Motors. Por eso los elogios fueron ‘parejos’: “emblemático para las relaciones de trabajo” el de General Motors, según Caro Figueroa, ministro de Trabajo; “ejemplo a imitar” el de Sevel, según Magariños, secretario de Industria. El convenio de la General Motors fijó el ‘modelo’ esclavista que las restantes patronales automotrices se lanzaron a reclamar en connivencia con José Rodríguez. Demolición en tres etapas Desde abril del ‘91, la situación de los obreros estuvo subordinada a la aplicación del llamado ‘régimen’ de la industria automotriz. Las patronales automotrices recibieron del gobierno el beneficio de una elevada protección aduanera contra la competencia extranjera y una excepcional rebaja de impuestos. A cambio de la firma de este régimen, la burocracia del SMATA renunció a los convenios colectivos y aceptó el llamado acuerdo ‘tripartito’ que, por sobre todas las cosas, otorgó a las patronales la posibilidad de incrementar los ritmos de producción y contratar trabajadores temporarios. Los obreros mecánicos pasaron así a trabajar jornadas de 12 horas y a sufrir la competencia de personal precario. Las patronales se quedaron con los más altos beneficios industriales en muchísimo tiempo. Con el hundimiento del ‘plan’ Cavallo y la recesión, el gobierno tuvo que mandar a mejor vida el régimen de los acuerdos tripartitos, y la presión capitalista comenzó a barrer a los “comisionistas” de la industria (Antelo, Macri) en favor de los grandes pulpos. La burocracia, que durante los tres años de ‘vacas gordas’ aceptó migajas en concepto de salarios y dio vía libre a la superexplotación, se adaptó a las suspensiones en masa y a los despidos. Con el acuerdo de Sevel está planteada la tercer etapa de esta demolición. Imponer el trabajo a destajo para la ínfima fracción de trabajadores que salió indemne de la ola de despidos masivos y que ha sido sometida a meses de suspensión al 50% o menos de sus salarios. Las patronales prevén la continuidad del parate y la quiebra industrial y por eso quieren como ‘salida’ la flexibilización sin límite de la jornada y el salario. Como acaba de reconocer Antelo la recesión seguirá: “calculamos una demanda de 330.000 vehículos para el ‘96 (la misma del 95) y ... estaremos (con una capacidad de producción) de 500.000 unidades, sin considerar los importados”(La Voz, 18/10). Llamamos a repudiar el convenio negrero entre los burócratas y los patrones y a enfrentar decididamente los despidos y suspensiones en CIADEA y otras plantas, reclamando el reparto de la jornada de trabajo sin bajar los salarios.

Primero fue el basurero industrial o “planta de residuos tóxicos...”, ahora nuevas cárceles en nuestra localidad. Despojándonos de los prejuicios discriminatorios respecto a los presos y a los trabajadores que cumplen funciones en las cárceles, creo que para terminar con la construcción de nuevas cárceles, que no es orgullo de ningún país que se precie de libre, debemos terminar con las causas que producen el crecimiento de la delincuencia y la marginación. A mi entender, la falta de trabajo y de medios de producción es el principal problema a encarar. En un país donde el principal presupuesto es el de seguridad (fuerzas policiales, grupos especiales, militares, etc.), no podemos esperar mucho de los que nos gobiernan... Se hace imprescindible cambiar esta situación. ¡¡O tomamos medidas reales o terminamos todos en cana!! Como la mayor parte de la recaudación impositiva va al pago de la deuda externa, debemos plantearnos: 1. Desconocimiento y no pago de la deuda externa fraudulenta. Por trabajo, salud y educación gratuitas para los trabajadores. 2. Abajo la flexibilidad laboral. Basta de despidos. Por las 6 horas laborales, sin afectar el salario. Salario mínimo igual a la canasta familiar. Por la plena ocupación de los trabajadores. 3. Por un plan nacional de obras públicas y de viviendas para los sin techo. 4. Expropiación de los latifundios: ¡la tierra para quien la trabaje! Por un plan nacional agrícola-ganadero que facilite la explotación de la tierra. Esta es la propuesta que, entiendo, el PO de Marcos Paz debe levantar para enfrentar de raíz este problema nacional. Llamamos a los vecinos de nuestra localidad a realizar una asamblea o reunión para debatir cómo nos organizamos frente a la inquietud que se ha abierto por la próxima construcción de una cárcel ‘modelo’ en Marcos Paz.

En las elecciones de ADUBA, la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires, se impuso la lista Frente de Unidad y Protagonismo Docente con 616 votos (66,5%) al Frente de Recuperación Gremial, que obtuvo 299 votos (32,3%). La lista ganadora, alineada con el oficialismo de la CONADU, es un conglomerado de radicales y centroizquierdistas y del PTP (bajo la batuta del chachismo.) El Frente de Recuperación Gremial agrupa al activismo de la izquierda en la Universidad, con una amplia intervención de los militantes docentes del Partido Obrero. El Frente de Recuperación Gremial ganó la elección en aquellas facultades en las que desarrolla su militancia: Exactas, Psicología, Ciencias Sociales y en Filosofía y Letras, donde acaba de organizarse; también hizo una excelente elección en Arquitectura (48%); en el Ciclo Básico Común (donde está reconstituyendo su actividad) sacó el 27% de los votos. Tomando en cuenta estas facultades, la lista opositora fue respaldada por el 52% de los votantes. La lucha electoral fue particularmente dura en la Facultad de Ciencias Sociales, donde el llamado a votar a Protagonismo lo hizo directamente el Frente Grande, que invocó el triunfo que venía de protagonizar el domingo anterior en la Capital y apelando al tradicional macartismo de la burocracia sindical en sus “cartas abiertas a los docentes”. El Frente de Recuperación tiene por delante la tarea de extenderse a toda la UBA, porque como ya lo mostró, allí donde llegó con su actividad de organización puso en pie el gremio y conquistó la voluntad docente con su política de independencia del gobierno y de las autoridades, para defender al trabajador docente y la educación pública contra el gobierno menemista y los agentes cavallanos del radicalismo y el centroizquierda.

En el Solidaridad Socialista y en un volante del 4/9/95, el Mas no plantea parar, sino “aprovechar el paro” por ejemplo ¡no parando! En el Banco Provincia, “acatando la decisión de la base” (o sea, de un plenario de delegados sin mandato), iban a trabajar ese día. En el Banco Mayo, cuya Comisión Interna dirigen (integrada por un miembro del CC), llamaron a ...¡llenar un cuestionario por escrito por sí o no al paro!, adoptando el criterio de “democracia obrera” de los burócratas centroizquierdistas de la UTPBA. Además, como si todo fuera poco, el Mas declara que hubiera querido que el CTA y el MTA convocaran a un acto aparte del de la CGT, y finalmente resolvió no ir al acto de Plaza Congreso para no hacerle número a una CGT que “pretende una concentración numerosa” (adjudicándole a la burocracia una intención que nunca tuvo. Al revés, trató de limitar y regimentar la participación para no ser desbordados). En este marco, la ‘crítica’ a la lista 94 de bancarios carece de todo sustento. ¿Qué le criticarían? Haber hecho lo mismo que ellos. La Comisión Interna del Banco Patricios, dirigida por un compañero del PO, convocó a asambleas en varias sucursales del Banco para parar y movilizar: el 50% del Banco paró, y una parte se movilizó y se retiró de la Plaza cuando lo hicieron los choferes de la UTA arrastrando a Palacios. Una verdadera diferencia. El Mas ‘aprovechó’ el paro del 6 para mostrar la hilacha.

1.500 FIRMAS AVALARON A ANTIMAN para la elección del vocal por los activos en la Caja de Previsión de Santa Cruz. El próximo 7 de noviembre, más de 20.000 trabajadores provinciales de Santa Cruz eligen un vocal que los represente en el directorio de la Caja de Previsión. El FUT ha llamado a organizar un movimiento de defensa de los derechos jubilatorios, lo cual ha concitado la atención de numerosos jubilados y trabajadores en varios puntos de la provincia. Resolvimos impulsar al compañero Antimán, trabajador municipal de Río Gallegos, a quien acompañan como suplentes docentes de Río Turbio y Caleta Olivia. La campaña electoral es una oportunidad para denunciar el intento del gobierno de bajar la ley jubilatoria provincial (para lo cual cuenta con el compromiso del radicalismo y el Frepaso, que comparten su criterio de ajuste y han votado las últimas reformas por unanimidad) y de armar con anterioridad a los hechos un movimiento de resistencia. El debate, promovido en muchos sectores de trabajo al respecto, ha sido intenso y esto permitió conseguir los 1.500 avales necesarios para legalizar la lista. Hay que destacar la importante labor de los compañeros docentes de Caleta Olivia, que obtuvieron 450 avales en su localidad y extendieron la campaña a otros pueblos de la zona norte. En Río Gallegos se consiguieron unas 950 firmas, en su mayoría docentes y municipales. Las 80 firmas de Río Turbio son también docentes. La campaña que nos espera es muy breve, pero el Movimiento que estamos organizando permanecerá. En especial en docentes; esta labor se combina con la tarea de reorganización del gremio impulsada por la Lista Rosa, que ha logrado estructurarse en forma permanente en el plano provincial. El eje de la campaña es la no transferencia, la defensa de los derechos jubilatorios vigentes en la ley actual, el reconocimiento y pago de las deudas del estado con la Caja, la supresión de las sumas en negro que vacían de fondos a la Caja, el aumento de los aportes patronales, la apertura de los libros de la Caja y la administración mayoritaria de trabajadores y jubilados en el Directorio.

Las ‘emergencias’ provinciales no han hecho sino mostrar el carácter general de la crisis. Las reducciones salariales y la emisión de bonos de confiscación de los trabajadores, han sido incapaces de abrir una salida al proceso económico. Con ‘necesidades de financiación’ de más de 3.000 millones de dólares para el año próximo, el potencial de emisión y desvalorización de bonos por parte de las provincias es, simplemente, enorme. ¿De qué ‘estabilidad monetaria’ se habla, cuando el BCRA no tiene el monopolio de la emisión de moneda y cuando la circulación del peso es superada por los bonos en la segunda provincia del país? ¿De qué ‘respaldo del peso’ se habla, cuando las reservas respaldan una fracción cada vez menor del dinero realmente en circulación? ¿De qué ‘equilibrio fiscal’ se habla, cuando las ‘necesidades de financiamiento’ de las provincias más que duplica el déficit que registró este año el Tesoro Nacional? ¿De qué ‘estabilidad del tipo de cambio’ se habla, cuando una fracción —creciente— del dinero en circulación (los bonos) no se cambia con el dólar a la mítica relación ‘1 por 1’ fijada por la ley, sino a razón de 1,30/1,40 por dólar? El derrumbe de las provincias desmiente todas las versiones ‘optimistas’ (interesadas) acerca de la ‘superación’ de las ‘dificultades’ del ‘plan’ Cavallo.

“Ya no se trata de una lucha de estatales o estudiantes sino de una sublevación del pueblo de Río Negro” (Río Negro, 17/10). Estas palabras, de uno de los oradores en la concentración de más de 5.000 personas que tuvo lugar en Bariloche durante la ‘cumbre’ de presidentes, resumen el carácter de movilizaciones de masas en Río Negro. En el curso de los últimos días, los maestros cumplieron un paro masivo de 72 horas, mientras los judiciales mantienen la retención de tareas; los jubilados de General Roca ocuparon la pista del aeropuerto local e impidieron el despegue de aviones; los trabajadores de Canal 10 han paralizado las transmisiones televisivas. Hay movilizaciones de masas en la mayoría de las ciudades rionegrinas: en Viedma, en Allen, en El Bolsón y en Roca. En esta última —el 12 de octubre—, ante el boicot que le declaró la directiva de la UPCN, una muy importante columna de trabajadores hospitalarios repudió la “traición” de la conducción de su sindicato y participó activamente (Río Negro, 13/10). La gendarmería, claro, “está por todos lados” (Río Negro, 14/10); existe una suerte de “estado de sitio laboral” (ídem). La militarización de las empresas provinciales, de las sedes del poder político y de la administración, revela la preocupación por evitar las tomas de los edificios públicos, que se vinieron sucediendo con regularidad en los últimos tramos de la lucha. En ocasión de la marcha del 12 de octubre, la gendarmería “dividió la ciudad en dos” (ídem), acordonando los barrios periféricos e impidiendo el paso de los jóvenes de esos barrios. La crisis económica se agudiza Massaccesi, de hecho, ha quedado fuera del juego. Es su futuro sucesor y todavía ‘gobernador electo’, Pablo Verani, el que sostiene reuniones con Corach, con los funcionarios de Economía y con los gremios estatales para delinear una ‘salida’. Verani es un verdadero ‘gobierno en las sombras’, cuyo ‘poder real’ deriva del “mandato” del Banco Mundial: privatizar el banco, la empresa de energía y la de agua; reducir la masa salarial y poner en línea la política económica provincial con la del ministerio de Cavallo. La mentada ‘institucionalidad’ —es decir, el mantenimiento de Massaccesi en su puesto hasta el 10 de diciembre— es una ‘pantalla’ que permite ‘cocinar’, en Buenos Aires y en el mayor secreto, una ‘salida’ contra las masas. Verani acaba de anunciar ‘oficialmente’ que se propone reducir sueldos, eliminar los plus por zona desfavorable (equivalentes al 15% de los salarios) y los ascensos por antigüedad, y eliminar el 66% de la planta de personal de la provincia. Aun así, durante los próximos quince meses habrá un déficit mensual de 15 millones de pesos, como consecuencia de la devolución de los préstamos bancarios al Banco Mundial, al Fondo Fiduciario y por los adelantos del Tesoro Nacional. En los últimos meses de 1995, el monto total de deudas financieras a pagar será de 21 millones, una suma casi similar a la masa de sueldos ‘reducidos’. También anunció la emisión de bonos para pagar la deuda con los jubilados y una parte de los salarios; así se espera ‘salvar’ a los banqueros y parásitos financieros. Río Negro es una provincia fiscalmente poderosa, ya que cuenta, además de la coparticipación federal, con los ingresos por las regalías hidroeléctricas, gasíferas y petroleras. Pero, como en Córdoba, se la empuja a la desintegración económica en beneficio de un puñado de capitalistas. La burocracia dividida Ante un anuncio de Andrés Rodríguez —secretario nacional de la UPCN— de que aceptaría sin chistar las privatizaciones, la reducción salarial y el pago en bonos (Río Negro, 13/10) el secretario general rionegrino, Juan Carlos Scalessi, manifestó el rechazo, pero no hizo nada cuando Verani anunció los bonos, y hasta admitió “que los jubilados no puedan cobrar su deuda en efectivo” (Río Negro, 17/10). Scalessi planteó también que “el ajuste debe pasar por la privatización de algunas empresas” (ídem), y si no alcanza, “tiene que haber una intervención federal” (ídem). Scalessi ha mantenido varias entrevistas con Verani a espaldas del Frente Estatal, después de las cuales no ha tenido empacho en pronosticar que “UPCN será el que menos va a sufrir el ajuste” (Río Negro, 17/10). Los planteos de Scalessi resumen la bancarrota de la política gremial. Hace falta otra: que la crisis la paguen ellos. Que se abran las cuentas de la provincia, del banco, de las empresas provinciales y de los capitalistas, y se establezca el control obrero.

La Cámara de Diputados sancionó la autorización al CLAN KIRCHNER para privatizar el Banco. Pérez Companc ya está negociando la compra del 51% al 62% de las acciones, una vez saneado de su multimillonaria cartera de incobrables, que pasará a un Ente Residual. La cartera de incobrables, según los informes del Banco Central, abarca a casi todo el comercio local que está en quiebra, a las empresas constructoras y frigoríficos, y ronda entre 100 y 160 millones sin los avales y garantías correspondientes. Estas operaciones pudieron realizarse en el sigilo de una entidad INTERVENIDA durante los cuatro años de gestión del CLAN Kirchner. La situación del Banco Provincia ha tirado abajo el mito del ‘buen administrador’. Primero se realizan todo tipo de trapisondas y negociados con los dineros públicos, para luego hacer el negociado mayor con la privatización. Para cubrir el faltante, la provincia tomará un crédito del Fondo Fiduciario al 8% anual en dólares, cuando el estado provincial mantiene colocaciones de dólares en el exterior ¡al 4% anual! El radicalismo votó el artículo constitucional reformado el año pasado que facilita la privatización, y el Frepaso formó parte del gobierno hasta hace muy poco. Mas allá del aspecto delictivo del problema, se ha agotado el intento de formar una burguesía local, a través del ‘Estado Promotor’. Un sector de los afectados por la quiebra se opone a la privatización del Banco y se considera traicionado por el ‘santacruceño’ Kirchner (Cámara de Comercio de Río Gallegos). Se combinan dos factores: por un lado, la presión del gobierno nacional y los banqueros para apropiarse de las privatizaciones provinciales y marchar a una mayor concentración de los negocios, lo que en el caso de Santa Cruz puede vehiculizarse a través de Pérez Companc, que ya ha comprado numerosas estancias y regentea partes decisivas del petróleo y el gas en la provincia, mientras arma su asociación con el CLAN en el tema del Banco. La otra tendencia está dada por el intento del CLAN de acceder al plano nacional (Kirchner aspira a ser vice en el 99, su esposa ya ha sido designada senadora), para lo cual precisamente necesita anudar sus intereses con los del gran capital, aunque esto signifique sacrificar a la pequeña burguesía local que lo catapultó. La instalación de una Zona Francas precisamente una oportunidad de negocios que concentrará en pocas manos el comercio local. La situación de las masas se agrava día a día, batiéndose récords de desocupación, con miles de trabajadores en planes de empleo precario y pasantías, que ganan 200 pesos. El achicamiento de YCF, que ahora se hace con la complicidad abierta y directa de la dirección de ATE, desangra a Río Turbio. Muchos municipios deben aguinaldos y presentismos y el gobierno les ha ‘exportado’ la crisis, obligándolos al ajuste. Luego de la decisión de privatizar el Banco, queda más claro que nunca la suerte que le espera a nuestra Caja de previsión social, a pesar de las mil promesas del CLAN. Es en este cuadro que han comenzado a surgir paros y reclamos en municipios del Interior y que se está organizando un movimiento en defensa de la jubilación que postula a reconocidos activistas para la vocalía de la Caja (ver nota). En el caso del Banco, sus trabajadores han sido entregados por su Comisión Interna, que apoya la privatización para quedarse con el manejo de la propiedad participada. La empresa de Servicios Públicos y luego la Caja de Servicios Sociales figuran entre las prioridades a privatizar, lo que significa más despidos y ajustes contra sus trabajadores. Los telefónicos han visto caer su convenio laboral por la introducción de personal subcontratado. Toda la situación hace necesario un plan de lucha y una reorganización del movimiento obrero desde las bases, que es la tarea en que se halla el FUT.

Este miércoles 25, los jubilados, los trabajadores de economía y de rentas y los docentes se movilizarán contra el gobierno de Mestre. Reclaman el pago de jubilaciones atrasadas, la reposición de adicionales y la oposición a que se liquide el Estatuto del Docente y se municipalicen las escuelas. Dos días más tarde, la patronal de CIADEA y la burocracia del SMATA discutirán sobre los 700 trabajadores que la empresa quiere despedir. Además de pretender eliminar los adicionales que cobran los trabajadores de Obras Sanitarias y Luz y Fuerza, Mestre se apresta a despedir en masa a 4.000 trabajadores contratados. Esta sucesión de golpes refleja que la bancarrota capitalista del Estado provincial es mucho más grave que la estimada inicialmente. El derrumbe está demostrado también por el crecimiento fenomenal de la emisión de bonos (Cecor) destinados a cubrir el déficit financiero del presupuesto. “Hoy se estima que un 40% de la base monetaria de la provincia está en esos certificados de deuda”, y en diciembre “habrá unos 680 millones de bonos circulando, mientras que los pesos sólo sumarán 570 millones” (La Voz, 20/10). Como el reparto de los Cecor ha tomado un ritmo vertiginoso y la porción de impuestos que vuelve al gobierno en bonos crece día a día, “la obligación del Estado de garantizar un mínimo en efectivo a empleados y jubilados, se hace más difícil cada mes” (ídem). Esto explica que la cotización de los bancos sea hoy el 75% de su valor en el mercado negro. Por otra parte, “el Banco Provincia podría terminar sufriendo graves perjuicios si es que la provincia no instrumenta, desde ya, acciones destinadas a rescatar... los bonos que está acumulando” (La Voz, 15/10). Córdoba tiene sus fondos de coparticipación ‘tomados’ por la Nación hasta fin de año; la recaudación impositiva va en descenso; el presupuesto para el ‘96 “duplica el rojo fiscal” (19/10). Todo esto significa que luego de confiscar el 30% del salario de los trabajadores, pagar en bonos, despedir contratados, cerrar grados y desmantelar hospitales, la ‘intervención’ mestrista está peor que en el punto de partida. Ultimátum El Empréstito Patriótico de Córdoba, lanzado en el inicio del gobierno mestrista con la expectativa de reunir aportes de los capitalistas por no menos de 100 millones de dólares, juntó, al cabo de 100 días... 5 millones de dólares. El fracaso de la colecta (que no es una donación sino un préstamo en dólares) revela que la gran patronal reclama una ‘emergencia’ más drástica todavía, es decir, despidos y privatizaciones en masa. “Falta (n) definiciones de política fiscal”, es una de las razones esgrimidas por los industriales para no poner un mango, lo que constituye una crítica a la demora a firmar el Pacto Fiscal, que prevé esas medidas. Mestre, sin embargo, dejó trascender que no firmará el Pacto Fiscal y que “tampoco está dispuesto a aceptar el traspaso de la Caja de Jubilaciones, que le abriría las ‘ventanillas’ del Banco Mundial para créditos blandos” (La Voz, 19/10). Pero una delegación de más de 15 técnicos del Banco Mundial se encuentra en este preciso momento en Córdoba ‘monitoreando’ las cuentas del Estado y, “entre estos papers, planillas de estadísticas por edad y sector de la Caja de Jubilaciones provincial” (ídem). Es decir que Mestre prepara la firma de un súper Pacto Fiscal, que entregará la Caja Jubilatoria a la Nación. Mestre va a un acuerdo con el Banco Mundial y a una reedición del pacto con Cavallo que volteó al gobierno de Angeloz. Batallas claves Para consumar su política, Mestre se juega a fondo a una derrota completa de los trabajadores, para lo que necesita también una dosis de demagogia. Las revelaciones sobre las compras de campos por parte del clan Angeloz, 100.000 hectáreas en toda la provincia, forman parte de la ‘cortina de humo’ que pretende emparentar los ataques a los fraudes de Angeloz con los salarios, como parte de una misma política de ‘ajuste’. Es necesario no dejarse engañar por esta demagogia y reclamar que se abran las ‘cuentas del Estado y de todos los capitalistas’, para determinar dónde se encuentra la riqueza producida en estos años por los trabajadores. La Lista Violeta en el SEP, Tribuna Docente (y la Lista Rosa) en la UEPC, están planteando la convocatoria de asambleas generales en sus respectivos gremios para arrancar un plan de lucha de conjunto. Es una respuesta frente a la ‘política’ burocrática de dividir los conflictos y dejar que éstos se desangren de a uno. Defensa de la Caja, por la efectivización de todos los contratados, por la permanencia de los adicionales, por la defensa del Estatuto del Docente y la no municipalización de escuelas y hospitales, por el pago al día: Paro activo provincial.