Prensa Obrera N° 469

Una enorme huelga de trabajadores estatales inmovilizó a Francia el pasado 10 de octubre; una manifestación de más de 100.000 trabajadores recorrió el centro de París. Los huelguistas protestaban contra el congelamiento salarial impuesto por el gobierno para todo el año 1996 y contra el proyecto de presupuesto que, al mismo tiempo que impone aumentos de impuestos a los consumidores, reduce las prestaciones de la seguridad social y establece la privatización de empresas claves. El presupuesto del gobierno de Chirac es un ataque al conjunto de la población trabajadora, lo que explica que la huelga contara con el apoyo de la inmensa mayoría de la población (más del 60% según las encuestas). Los sindicatos denunciaron que el congelamiento de los salarios, el aumento de los impuestos y la reducción de las prestaciones de la seguridad y previsión social servirá para pagar la reducción de las cargas impositivas sobre las empresas, es decir, para aumentar los beneficios capitalistas. La huelga general de octubre fue precedida, a fines de setiembre, por “huelgas de advertencia” en los ferrocarriles y en el correo. Las centrales sindicales anunciaron la realización de nuevas huelgas generales hasta derrumbar el congelamiento salarial. Según voceros del propio gobierno, la alternativa es “reforma (de la seguridad social) o crisis del régimen”. Las crecientes divergencias monetarias entre Alemania y Francia provocaron una escalada especultaiva contra el franco francés que, según Clarín (11/10), hace temer una devaluación de la moneda francesa. La central patronal francesa, además, criticó al proyecto de presupuesto como “insuficiente y tímido” y al gobierno de Chirac por su “falta de coraje”. La liquidación de conquistas históricas del proletariado es una cuestión de vida o muerte para la burguesía francesa, pero el gobierno obligado a acometer semejante tarea es muy débil. Con la respuesta del movimiento obrero al ataque a la seguridad social, se inicia una nueva etapa de la lucha de clases en Francia.

Una extraordinaria manifestación de 20.000 estudiantes rompió la calma de Budapest, la capital húngara. Durante toda una noche, estudiantes venidos de todo el país se concentraron frente al parlamento para exigir la derogación del arancel universitario, que los manifestantes califican como ‘discriminatorio’. La manifestación estudiantil —calificada como ‘no habitual’ (Le Monde, 8/10)— ilustra el creciente descontento popular contra la ‘política de austeridad’ del gobierno de los stalinistas ‘reformados’ y de los ‘demócratas libres’ —la ex oposición pequeñoburguesa y ‘democrática’ al régimen stalinista. El objetivo fundamental de la ‘austeridad’ de estos ‘centroizquierdistas’ es pagar la muy abultada deuda húngara, cuyos intereses devoran más del 40% de las exportaciones del país. El elevamiento de los aranceles universitarios fue acompañado por la reducción de los subsidios familiares y “la destrucción progresiva de la mayoría de las ‘conquistas sociales’ del antiguo régimen’’ (ídem). Pero ésta es la política que derribó al gobierno anterior y está llevando al hundimiento del actual gobierno: la renuncia de la ministra de Trabajo —que calificó como ‘inaceptables’ algunas de las disposiciones del ‘plan de austeridad’ — es una muestra de ello; el líder del gobierno —el ministro de Finanzas, Lajos Bokros— es considerado como ‘el hombre más impopular del país’ (ídem). El “aumento de la tensión social” (ídem) en todo el país desmiente que la restauración capitalista vaya a ser un proceso ‘indoloro’.

La patronal de Sevel y la burocracia de la UOM alcanzaron un acuerdo por el cual “el personal de la planta de El Palomar trabajará hasta marzo 6 horas diarias en vez de 8 por un salario equivalente a 7 horas y media diarias en lugar de las 9 horas que percibía hasta ahora” (Ambito Financiero, 12/10). También CIADEA (ex-Renault) firmaría, según dijo José Campellone del SMATA Córdoba, un acuerdo parecido: “reducir de 8 a 6 horas la jornada laboral que cumplen unos 3.500 operarios con la consiguiente rebaja de salarios” (ídem). Pero “CIADEA (ya) se desprendió de 700 trabajadores de su planta cordobesa en el primer mes de vigencia del régimen de retiros voluntarios ...” (La Voz del Interior, 12/10). “Se estima que durante octubre 300 empleados se acogerán a este régimen, por lo que en sólo dos meses la plantilla de la automotriz se habrá reducido en 1.000 puestos” (ídem, Ambito), aunque “la empresa espera que antes que finalice la conciliación obligatoria —el 31 de octubre próximo— se logre la inscripción de otros 800” (ídem, La Voz del Interior). La conclusión que surge de todo esto es que la reducción de la jornada y de los salarios se aplicará a la ínfima fracción de trabajadores que salió indemne de la ola de despidos masivos y que fue perjudicada por meses de suspensiones. “¿Trabajar menos y ganar más?” La prensa ha sido unánime en decir que estos acuerdos se inspiran en los alcanzados por la Volkswagen y el sindicato mecánico alemán (IG Metall), “que permitieron la preservación de 30.000 puestos de trabajo” (La Nación, 13/10). Se trata, sin embargo, de una falsificación, porque en el caso de Volkswagen, se acaba de informar de “la existencia de un plan que permitirá al más grande constructor europeo de autos aumentar la productividad en un 30 % en 4 años y suprimir 30.000 puestos de trabajo sobre 95.000. El objetivo es llevar el tiempo de producción por auto de 32 a 14 horas ...” (La Gauche, Bélgica, 14/9). Este plan, llamado Konsernplanung 42, “pondrá fin al mito del acuerdo de noviembre de 1993 presentado como el salvador de 30.000 empleos”. ¿Dónde está el acuerdo? Como en Alemania, pero en tiempos mucho más cortos, el verdadero plan no es el que se publicita. El 27 de julio, con la firma, entre otros, de los burócratas Guerrero y Minguito, se firmó un pre-acuerdo de convenio con FIAT, que tiene, previsto tomar a su cargo las plantas de Sevel en El Palomar y en Ferreyra, Córdoba. Ese pre-convenio establece que “se adoptará una jornada de trabajo que, respetando el marco legal vigente, posibilite la plena utilización de instalaciones y tecnología como asimismo el adecuado descanso del personal”. Para eso establece “seis días laborables” con “francos semanales variables”. Además, “la jornada de trabajo individual será efectuada con una base plurisemanal a ser definida consensuadamente”. Entonces no serán ni 8 ni 6 horas diarias , ni tampoco habrá sábado o domingo de descanso obligatorio, sino que se impone un horario flexible de hasta 12 horas por día. Las vacaciones tampoco se salvan, porque cuando superen los 14 días “se contemplará la facultad de otorgar las vacaciones en forma colectiva y/o individual en dos épocas desde diciembre hasta febrero y desde julio hasta agosto ...”. Se sustituirán las categorías por un régimen de ‘polifuncionalidad’ y la remuneración “será variable y vinculada a indicadores que midan los efectivos resultados gestionales globales, contemplando pautas como productividad, calidad, eficiencia ...”. El acuerdo de reducción horaria y salarial no hace otra cosa que introducir la flexibilización de la jornada de trabajo y del salario. Por eso el negrero Daniel Funes de Rioja, de la Unión Industrial, dijo que “ésta es la flexibilidad que queremos” (La Prensa, 12/10). Se trata de un ‘puente’ al nuevo convenio, aprovechando el cambio de la patronal, de Macri por FIAT. El PO repudia el acuerdo público y secreto de burócratas y patrones, y plantea la lucha por el reparto de la jornada de trabajo sin bajar los salarios y contra la modificación del actual convenio.

Más de 34.000 obreros de la Boeing –afiliados al International Association of Machinists and Aerospace Workers– acaban de comenzar una huelga indefinida. La huelga, que alcanza a la tercera parte de la fuerza laboral de la Boeing, está llamada a tener un importante impacto sobre la producción del pulpo norteamericano –el mayor productor mundial de aviones– precisamente cuando la Boeing está librando una dura batalla con la europea Airbus por el dominio del mercado aeronautico. La huelga comenzó después de que el sindicato rechazó la oferta patronal para la renovación del contrato colectivo para los próximos tres años: un aumento del 9% y una suma fija de 3.400 pesos a lo largo de los tres años de vigencia del nuevo contrato. Los trabajadores también rechazaron la oferta patronal sobre las condiciones de la asistencia médica previstas para el nuevo contrato. La de la Boeing se suma a la larga serie de huelgas que –a partir de los conflictos en la GM contra la ‘flexibilidad’– ha venido librando el movimiento sindical norteamericano en el último año.

La represión contra una concentración de desocupados frente a la Casa de Gobierno para reclamar por el pago de un subsidio fijado por ley, fue el punto de partida de una persecución contra sus dirigentes y los de los partidos de la izquierda. La gobernación hizo circular una lista con 17 nombres de ‘presuntos responsables’ de los ‘incidentes’ fabricados por la provocación gubernamental, entre los que se encuentran dirigentes del Mas, el Mst y de nuestro Partido (Jorge Mora, Alberto Vidal, Norberto Calducci). El compañero Panario, que ocupaba el cuarto lugar en las listas del Frente de Izquierda (Mas-PO) ha sido trasladado a una cárcel del interior de la provincia, para dificultar las movilizaciones por su libertad. Frente a ello, se está reuniendo en Buenos Aires una comisión de solidaridad que se propone realizar una movilización frente a la Casa de Neuquén para la semana próxima. Llamamos a apoyar esta movilización y la campaña por la libertad de Panario, y el cese de las persecuciones contra los dirigentes y activistas de los desocupados y la izquierda.

La exigencia del pago de la deuda de Macri, Antelo, Ford, Mercedes Benz y Cia., por evasión impositiva y contrabando por unos 1.300 millones de dólares, ha desatado una verdadera crisis política. El burócrata del Smata, José Rodríguez, presentó un proyecto “para perdonar a las fábricas de automotores una deuda” por “el no pago del IVA en los planes de ahorro” (El Cronista, 20/9/95). Casi simultáneamente, “Rodolfo Terragno con el aval de otros legisladores radicales, un bloquista y otro del Frepaso” presentaron otro proyecto, y lograron que saliera el “dictamen favorable de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja” (Página 12, 5/10). “Si el proyecto se convirtiera en ley, las automotrices Autolatina, Sevel, Scania, Mercedes Benz y Ciadea se sacarían de encima un reclamo fiscal de 1.290 millones de dólares en conjunto, que se originan en una pretensión original de 10 millones, actualizaciones por 300, multas por 180 e intereses por otros 800 millones” (ídem). Por otro lado, el gobierno aprobó una moratoria a la medida de Macri, Antelo y Cia., que perdona las multas e intereses correspondientes a esa prolongada deuda (cuatro años) por evasión fiscal. Según el secretario de Hacienda, Ricardo Gutiérrez, “con la condonación de multas e intereses esa deuda alcanzaría apenas los 300 millones de dólares” (La Nación, 7/10). Un perdón de... 1.000 millones. Pero “las automotrices involucradas en el conflicto con el gobierno no se presentarán a la moratoria que vencerá el 29 de este mes”, dijeron a La Nación (12/10) los evasores. Los pulpos no están dispuestos a transigir con el gobierno y, además, confían ... en el parlamento. La evasión patronal se detectó en 1991, con la espectacular denuncia de Carlos Tacchi. Han pasado más de 4 años , los evasores no han pagado un solo peso y ahora se aprestan a recibir el indulto. Así funciona el régimen democrático. Preguntamos: ¿cuál es el ‘retorno’ del cual Verbitsky no ha hablado hasta ahora, que recibirán por este ‘servicio’ los promotores del ‘perdón’?.

La voltereta que ha pegado el gobierno menemista con relación al bloqueo de Cuba es más espectacular que el paisaje que tuvieron el privilegio de admirar los jefes de gobierno que asistieron a la reunión iberoamericana que se realizó en Bariloche. Sin sonrojo ni explicaciones, el canciller que supo rematar las Malvinas, Guido Di Tella, agotó su repertorio de argumentos en un esfuerzo que no fructificó para que la condena al bloqueo que sufre Cuba fuera más explícita. Hasta la ‘cumbre’ que tuvo lugar el año pasado, Menem había sido sin embargo el más provocador de los agentes que reclamaban el reforzamiento de ese bloqueo. ¿Cuál es la explicación de este viraje? Tanto la nueva posición argentina como la invitación del gobierno uruguayo para que Fidel Castro pasara por Montevideo, fueron explicados por la prensa como un reclamo del gobierno de Clinton para reforzar la presión internacional en favor de un acuerdo entre Cuba y Estados Unidos. La unanimidad que registraron los medios de comunicación en este sentido, refleja simplemente la información que se les hizo llegar desde el Departamento de Estado. Clinton necesitaría esa presión para doblegar la resistencia interna a un reconocimiento del gobierno de Cuba e incluso para acomodar a la opinión pública norteamericana a esa perspectiva. Si alguna duda quedara acerca del ‘realineamiento’ argentino con Cuba, bastaría para disiparla el repudio de María Julia Alsogaray al proyecto de ley Helms-Burton, de reforzamiento del bloqueo norteamericano, que ya tiene media sanción de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Según aparece transcripto en Granma Internacional (11/10), la Alsogaray lo denunció como “un mecanismo insidioso de avanzar sobre la seguridad jurídica de los Estados, que afecta la inversión”. La voltereta de Menem es doblemente significativa, precisamente, porque se aparta de la posición del partido Republicano, que apoya ese proyecto de ley. Para adoptar la nueva línea frente a Cuba, a Menem no le ha importado entrar en contradicción con sus ‘mejores amigos’ norteamericanos. El viraje menemista (con la yapa de los Alsogaray) sirve de indicio de que el proyecto de ley Helms-Burton va a ser vetado por Clinton en el caso de que sea apoyado en el Senado, donde aún no fue discutido. Del Papa a Wall Street La reunión de Bariloche ha sido, por lo tanto, un escenario más, y con seguridad no el más importante, de la negociación diplomática internacional, que tiene al gobierno Clinton como animador principal, cuyo propósito es negociar el levantamiento del bloqueo a cambio de un completo retorno de Cuba al marco capitalista. Protagonista mucho más decisivo, el Papa acaba de visitar los Estados Unidos donde consiguió que Clinton levantara la prohibición de las remesas de dinero a Cuba por parte de familiares exiliados en territorio norteamericano. Esa prohibición había sido restablecida hace un año en ocasión de la crisis de los balseros y representaba un serio daño para Cuba pues involucra una cifra de 300 a 500 millones de dólares al año. ¿Qué se discute en esta negociación casi completamente secreta? Esencialmente, la llamada ‘transición política’, es decir, no ya la ‘apertura económica’ sino la modificación del régimen político de la isla. El Vaticano está en el centro de esta negociación, que debería culminar con un viaje del Papa a Cuba. “Como lo hizo en su nativa Polonia, dice en un informe especial sobre el tema el biógrafo de Fidel Castro, Tad Szulc (Corriere della Sera, 29/9), Juan Pablo II se ha dirigido a la Iglesia católica cubana, pidiéndole que predique su mensaje político de reconciliación entre todos ‘los cubanos’ de casa y del exterior” (las cursivas son del periodista). Precisamente, lo que diferencia a la ‘transición’ cubana de los procesos de restauración capitalista en China o Vietnam es la existencia de un numerosa colonia exiliada a pocas millas de la isla, cuya ‘reintegración’ implicaría otorgarle derechos políticos. En el debate de la última ley de inversiones extranjeras en la Asamblea Nacional de Cuba, Fidel Castro opinó que ya no debería usarse la calificación de ‘gusanos’ para los contrarrevolucionarios que viven en Miami. Esta misma ley autoriza a los cubanos exiliados a invertir en la isla, lo que a la larga apunta hacia el reconocimiento de derechos políticos. Tad Szulc subraya el apoyo del clero norteamericano a la política vaticana y su oposición a la continuación del bloqueo a Cuba. El gobierno Clinton exige la definición de los pasos que conduzcan a un cambio de régimen, porque un levantamiento del bloqueo a Cuba significaría que la isla se convertiría nada menos que en una plataforma excepcional de exportaciones hacia los Estados Unidos. La obtención de una ‘garantía’ de esa ‘transición’ es lo que permitiría quebrar la oposición republicana al levantamiento del bloqueo. Dado el alineamiento de los grandes monopolios norteamericanos con el levantamiento del bloqueo, la ‘resistencia’ republicana está completamente condicionada a la falta de un acuerdo político entre Clinton y Fidel Castro. La impasse de la ‘apertura’ Fidel Castro ha repetido en numerosas oportunidades que el peor error de su vida fue no haber previsto el derrumbe de los estados obreros burocratizados. Sin embargo, tampoco ahora parece entender la naturaleza de lo ocurrido puesto que sigue calificando al bloque que formaban esos estados como “campo socialista”. Pero si eran ‘socialistas’, Cuba está condenada al mismo destino pues se considera a sí misma socialista. De cualquier modo, lo que Castro no parece prever ahora es otra cosa: el destino que le depara seguir el camino ‘aperturista’ de aquellos ‘socialistas’, incluída China. El fracaso de la ‘apertura’ es el principal recurso del que se vale ahora el imperialismo para reclamar la aceptación, aunque sea ‘gradual’, de sus ‘planes políticos’. Los indicadores de ese fracaso son varios. De los 5.000 millones de dólares de inversiones extranjeras anunciadas de distintas fuentes, sólo se han concretado unos 500 millones de dólares (The Financial Times, 26/9) y la mayor parte está concentrada en el turismo. La producción azucarera ha caído al punto histórico más bajo, unas tres millones de toneladas, como consecuencia de los excesivos cortes de caña de las zafras posteriores a 1991. La prevista para el año corriente deberá ser aplicada exclusivamente al pago de los préstamos internacionales contraídos para financiarla. El bajísimo nivel de reservas de divisas y el déficit comercial han impedido que se pudiera renegociar la deuda externa que supera los 9.000 millones de dólares, contraída en el ‘floreciente’ período de 1980-85. Cuba está considerando seriamente aceptar inversiones bajo la forma de canje de títulos de la deuda externa, lo que llevaría a una extranjerización descomunal. La continua sanción de leyes destinadas a favorecer al capital extranjero, son una expresión de los pocos resultados obtenidos hasta ahora por las leyes que se encontraban en vigencia. Es claro que el capital extranjero está a la expectativa de un arreglo de conjunto y de la posibilidad de explotar la economía cubana con vistas al mercado norteamericano. En el curso de esta ‘apertura’ el Estado cubano se ha ido transformando, eso sí, en un socio del capital extranjero para la explotación de los trabajadores. La contratación de los obreros requeridos por los capitalistas debe hacerse por intermedio del Estado, el cual recibe los salarios en dólares y paga a los trabajadores en pesos, embolsándose la diferencia entre el cambio oficial y el ‘negro’, que es de treinta veces. Esta relación resulta a la larga insostenible tanto para los obreros como para los capitalistas, en el caso de éstos, porque no pueden desarrollar su ‘política de personal’, es decir, de selección de los trabajadores y de diferenciación salarial. De todos modos, es previsible una profunda diferenciación potencial en la clase obrera, pues los contratados para trabajar bajo el capital privado se van convirtiendo en una masa de presión favorable a la completa ‘libertad de mercado’. Existen numerosos indicios de que el gobierno cubano está estudiando el establecimiento pleno de las relaciones de mercado para superar la impasse de la ‘apertura’ y sortear la necesidad de una ‘transición política’. Para ello se está previendo establecer un régimen de convertibilidad monetaria para el año próximo, convirtiendo los dólares que están en manos del público en reservas que respaldarían la circulación del peso, y permitir cuentas bancarias en dólares. Con ese fin se están produciendo reducciones del déficit del presupuesto y aumentos de precios que reduzcan o incluso supriman el exceso de pesos en circulación. Ante la inminencia de estos planes, un conjunto de investigadores del Centro de Estudios de América (CEA), organismo adscripto al Comité Central del Partido Comunista, advirtió que ello “generaría niveles de desempleo y de inflación que eliminarían cualquier consenso alrededor del proyecto de reformas económicas” (El Mercurio, 16/9). Sin embargo, ya en la actualidad la diferenciación social está creciendo a pasos agigantados como consecuencia de la despenalización de la tenencia de divisas, que ha beneficiado a los sectores que reciben remesas del extranjero o están vinculados a las inversiones extranjeras. Según las estimaciones oficiales, el 44% de la población tiene acceso en la actualidad a las divisas extranjeras (The Financial Times, 26/9). La economía paralela creada por el ingreso de divisas ha provocado un fenómeno sustancial: de acuerdo a un estudio del profesor Archibald Richter de la Universidad Carleton de Ottawa, “El trabajo productivo de la población ha quedado des-enfatizado e ignorado” (ídem), es decir que la economía ha evolucionado hacia un alto grado de parasitismo. Un programa Está claro que Cuba se encuentra en la vía de un restablecimiento de las relaciones mercantiles y de las modificaciones políticas correspondientes. Lo uno y lo otro son objeto de negociaciones diplomáticas secretas con el imperialismo y podrían conducir, advierten investigadores del propio régimen, a un estallido social. El proceso político hasta ahora se ha caracterizado por el empirismo, es decir que el pueblo es llamado a discutir cada medida aisladamente, bajo la presión de los fracasos y de las necesidades o de los arbitrios del gobierno, pero nunca un programa de conjunto, una estrategia, que desnudaría las consecuencias abiertamente capitalistas de la política en curso. En su conferencia de prensa en Montevideo, Fidel Castro se jactó de la naturaleza democrática de este procedimiento, que sin embargo desnuda el tutelaje de las masas cubanas por parte del Estado y su completa incapacidad de autodeterminación política, no digamos ya de autogobierno. Precisamente porque el gobierno se encuentra en plena discusión estratégica de la política y de la economía con el imperialismo y el Vaticano, resulta perentorio y además oportuno lanzar un programa alternativo desde el campo de los trabajadores. Frente a las concesiones al capital extranjero que el gobierno califica como necesarias e imprescindibles, se impone que los trabajadores reclamen una completa libertad para defenderse directamente, sin sufrir la tutela del Estado, cuya burocracia está sometida a la presión descomunal del imperialismo y de sus propios intereses. Esto significa libertad para organizar sindicatos independientes y el derecho de huelga, asi como el control obrero de la producción y de las empresas. Con relación a las reformas políticas, que apuntan a una coexistencia entre el Estado actual y una suerte de ‘democracia representativa’ para la ‘contra’ de Miami, se impone reivindicar los principios y derechos de una democracia obrera, es decir la completa libertad de organización, de expresión y de acción de las tendencias que defienden la Revolución y sus conquistas. Es desde las filas oficiales que se advierte la creciente división social, la disgregación del propio Estado y la posibilidad de un estallido social. Es frente a esta realidad, presente y potencial, que es necesario un programa de transición que permita reconstruir la lucha por el socialismo. Si la situación internacional ha dejado aislada a Cuba en relación a los apoyos estatales que tenía con anterioridad, esta misma situación internacional está mostrando un creciente deterioro de los regímenes capitalistas y una creciente lucha popular, que serán los apoyos, esta vez indestructibles, de la auténtica revolución socialista.

Menem no ha tenido en cuenta solamente al imperialismo norteamericano para hacer su pirueta de 180º con relación al bloqueo a Cuba. También tiene en cuenta sus propios intereses. Esto lo reveló el embajador cubano en Argentina, al decirle al diario Río Negro, el pasado 23 de setiembre que “Cuba quiere convertir una deuda de 1.200 millones de dólares que mantiene con Argentina en un programa de inversiones productivas”. Aunque el embajador “no quiso adelantar el nombre de las instituciones que participan en esta discusión, pudo saberse que entre ellas están el banco BICI, la Fundación Mediterránea, el Mercado de Valores y varias compañías integradas a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires”. La lucha más resuelta contra el bloqueo no es sinónimo de que acordemos con la conversión de los títulos de deuda externa en activos cubanos, sancionando así una confiscación económica en perjuicio de los trabajadores. La incapacidad de pagar la deuda externa, por parte de Cuba, es una consecuencia del bloqueo capitalista contra la isla, que no solamente se manifiesta en las prohibiciones económicas establecidas por Estados Unidos sino en todo el conjunto de limitaciones comerciales que establecen los monopolios capitalistas contra toda actividad que escapa a su control. Ejemplo palmario de esto es la virtual proscripción internacional que sufre la bio-tecnología cubana, que seguramente habrá de cesar cuando su explotación se realice por algún grupo capitalista. Ya hace unos dos años que los ‘analistas’ vienen recomendando comprar deuda cubana, que se cotiza a 9 centavos por dólar; su aplicación a la compra de activos cubanos representará entonces un negociado formidable para el capital financiero y bancario internacional.

Bahía Blanca se ha incorporado a las comunidades en lucha. El viernes 6, a partir de las 8 de la mañana, los primeros compañeros comienzan a llegar respondiendo a una convocatoria que se ha realizado con los más limitados recursos (el más importante es la charla mano a mano). Otro medio son algunos afiches en hoja oficio pegados en los almacenes, en los que figuran los dos puntos que sintetizan el programa: 1) Trabajo para todos con salarios dignos, y 2) Subsidio de 500 pesos mientras dure la situación de desempleo masivo. Un grupo de compañeros ha participado en varios reportajes radiales y en un espacio de televisión por cable. La Unión de Trabajadores Desocupados (UTD) denunció una campaña de provocaciones por parte del diario local ‘La Nueva Provincia’ y el gobierno municipal. Durante toda la semana se han seguido inscribiendo desocupados en los cuadernos de la organización. La olla popular funciona al mediodía y a la noche. Hombres, mujeres y niños se congregan en la Carpa para compartir lo que hay, y para discutir los próximos pasos a seguir. “Queremos trabajar” A las 10 de la mañana somos aproximadamente 800 personas. Otra vez están ausentes las centrales sindicales –CTA, MTA—, pese a que se les ha enviado invitaciones, como a cada sindicato en particular. Esperamos media hora más. Algunas “caras desconocidas” alertan a los compañeros que han constituido una verdadera red contra posibles provocadores. Ahora sí la concentración se pone en movimiento. Frente a la municipalidad somos más de mil. Una bandera de arpillera pintada a pincel encabeza la columna. Hemos cortado la calle. Desde las ventanas de la municipalidad algunos comensales y funcionarios espías atónitos frente a la magnitud de la manifestación. La policía del gobierno democrático ha ubicado la montada y patrulleros en arterias claves. Nuestra seguridad ha sido discutida y organizada y funciona impresionantemente aceitada. Los compañeros con un brazalete celeste y blanco actúan con la única autoridad que los trabajadores reconocen: la que se gana en la lucha. Comienza una marcha de más de una hora. Recorremos las calles céntricas. A nuestro paso vamos demostrándoles a los comerciantes del centro y a los vecinos que obervan, que las cosas están claras: no venimos a romper, no buscamos sino ser escuchados. Queremos trabajar. Arrancamos algunos aplausos y saludos. Nos dirigimos a Camuzzi Gas Pampeano, que durante la semana siguió cortando servicios por falta de pago. Llegamos frente a sus oficinas centrales. La indignación se transforma en canto de reclamo: “Camuzzi, hijo de puta... “La empresa baja sus cortinas metálicas. El canto sube. Nos vamos a ESEBA. La actitud es la misma. Cada vez hay más bronca. De ESEBA vamos al Concejo Delibertante. Las fotos publicadas al día siguiente por La Nueva Provincia ilustran sobre el momento que se vive: a algunos compañeros los hemos visto sonreír por primera vez cuando marchaban llevando la bandera de la UTD. Los concejales salen a la placita frontal. No hay parlantes. Tampoco a nadie le importa lo que puedan decir. ¡El descrédito de este cuerpo es enorme! Nos vamos a la municipalidad. El intendente Linares (UCR) ha vuelto de La Plata. Poco trae para conformar los reclamos. Una ampliación de los cupos del “Plan PROAS”: 230 puestos en total. El PROAS es un plan nacional que incorporaría a 60.000 trabajadores, con jornadas de 4 horas y una remuneración de 200 pesos por mes. Este plan, junto con el Forestar (10.000 puestos) y el Activar (30.000) que comenzarían a funcionar a partir de noviembre, son la ‘gran oferta’ de la burguesía para frenar el ‘descontrol social’ que produce la destrucción del aparato productivo, que frente a la masa de 3.000.000 de desocupados alcanza para un 3% con salarios de hambre. Linares anuncia los resultados de su gestión. La gente guarda silencio. Linares pide que “para mejorar el funcionamiento” (?), levantemos la Carpa. González, el compañero que preside la UTD responde: La Carpa no se levanta. La gente lo aplaude, y vuelve a cantar “La Carpa no se mueve”. La Carpa es un símbolo del aguante. Funciona como secretaría, archivo, despensa y dormitorio. La Nueva Provincia se lamenta: “ni la lluvia ni el barro han logrado disuadir a los desocupados”. Vamos a resistir. Hoy tenemos más de 3.300 inscriptos. Nuestro programa es uno y no se negocia: trabajo para todos y subsidio de 500 pesos en base a un fondo especial que surja de un impuesto extraordinario a las grandes firmas bancarias, fabriles y de servicios. Los próximos días deberemos atender algunos puntos que aparecen como déficit organizativo. Por ejemplo, no hemos logrado constituir las filiales barriales de la UTD, con lo cual el estado deliberativo no es uniforme. El trabajo de difusión y convocatoria a las barriadas no sigue un patrón diagramado. La espontaneidad de la respuesta disimula por el momento estas falencias. La coordinadora interbarrial, como la de Neuquén, es la forma de estructurar el trabajo. Debemos reproducir secretarías de la UTD en cada barriada, en donde se inscriba al desocupado y se abra la discusión. Si esta semana podemos definir esta tarea, la siguiente movilización contará con un número creciente de compañeros. Hoy, en Bahía Blanca, el que quiera hablar de desocupación, quienquiera que sea, tiene que dirigirse a la UTD y venir a la Carpa, que ha sido ratificada por los compañeros, y es la organización sindical más viva y de mayor autoridad ganada en la pelea. El mismo Linares ha tenido que aceptar a la UTD como interlocutor de los miles de compañeros desocupados de Bahía Blanca. Según el intendente, la municipalidad ‘arbitraría’ para evitar los cortes de luz y los retiros de los medidores de gas. Pero éstas no son más que palabras hasta que se hagan efectivas las medidas: suspensión inmediata de cortes y eximición de pago de servicios e impuestos para todos los compañeros desocupados.

El traspaso de la Caja de Jubilaciones se ha transformado en el eje de la ofensiva del gobierno. Forma parte de un pacto más general, que contempla la liquidación del régimen de licencias y la rebaja de los índices por zona de la docencia, la rebaja de los aportes del estado a la Salud (el gobierno, desde hace más de 6 meses, retiene los aportes que hacen los trabajadores a la misma) y la jubilación anticipada de 10.000 trabajadores. El propio bussismo ya ha anunciado despidos de empleados, un mayor endeudamiento del estado y el pago de los sueldos con bonos. Bussi fue aconsejado por Cavallo a seguir el camino de Córdoba y Salta, que directamente han reducido los salarios y han absorbido un sueldo completo como contribución de los trabajadores a paliar el déficit provincial. Este paquete ha sido pactado entre Ortega y Bussi, en la designación de funcionarios y el compromiso de Bussi de que los actos del gobierno de Ortega no serán revisados ni investigados (todos los días salen a la luz pública negociados como el de la privatización de DIPOS o del Banco Provincia, que quedara en manos de la mafia cubana del Halmintong Bank, perteneciente a los gusanos de Mas Canosa). Los trabajadores Debido a los atrasos en los pagos de los salarios y del aguinaldo, los trabajadores estuvieron casi permanentemente de paro de brazos caídos y en algunos casos, aplicaron medidas parciales más radicalizadas, como los cortes de rutas y manifestaciones. Los burócratas sindicales se las han arreglado para evitar un plan de lucha de conjunto; luego del paro del 6 de setiembre, un sector de la CGT, junto con gremios vinculados al MTA, conformó la CGT ‘auténtica’, que se propone impulsar la campaña de Ortega presidente. El otro sector (más menemista) conformó una comisión de Enlace con la Asamblea de Trabajadores (CTA). Ni los oficialistas ni los ‘opositores’ a Ortega, han tomado la bandera de defender la Caja, e incluso ATE ha declarado “que es un hecho consumado”. El lunes, sin embargo, a pesar del impresionante dispositivo de seguridad, los trabajadores de Previsión Social volvieron a movilizarse, impulsados por su Cuerpo de Delegados y los jubilados, impidiendo que la legislatura pudiera sesionar. Al día siguiente, una concentración de la Asamblea de Trabajadores, para reclamar por el aguinaldo y el pago de setiembre, se dio con la sorpresa de que numerosas reparticiones se hacían presentes (Dirección del Agua, Secretaría de Trabajo, Hospital Obarrio —ATSA, Previsión Social, etc.), impulsadas por delegados de base, en algunos casos desbordando a sus sindicatos, que no pertenecen a la A.T. —y reclamando un plan de lucha. En esa concentración, la dirigencia de la Asamblea de Trabajadores no sólo impidió que hablaran delegados de base, sino que no planteó ninguna medida para coordinar la lucha, ya sea por la Caja o por el salario. Perspectivas que se abren A pesar de las limitaciones de la resistencia popular, el gobierno se está viendo en figurillas para sancionar el paquete. A punto de vencer el actual período de la actual legislatura, trascendió que ésta llegaría a reunirse en algún hotel del cerro San Javier, pero esto provocó que el IPSS fuera ocupado. En todo este proceso se ha ido diferenciando un sector de delegados y activistas que se han esforzado por abrir un rumbo independiente a la lucha. En consecuencia, el paso más crucial e importante es que toda esa vanguardia se dote de un programa para la dirección de los trabajadores.

PO: ¿Cuáles tu opinión sobre el traspaso de la Caja? MEC: Es un agravio que se quiere hacer a una institución del pueblo que afectará derechos fundamentales de los activos y pasivos. Es un negociado, pues luego de la nacionalización se implementará la privatización para beneficios de la AFJP. Aquí se quiere llevar al colapso al sistema previsional de la provincia con la jubilación anticipada de 10.000 empleados. Si se concreta el traspaso, los trabajadores perderemos una conquista clave como es el 82% móvil. PO: Tanto Ortega como Bussi alegan que el IPSS es la fuente fundamental del déficit del Estado. MEC: Es de público conocimiento que el supuesto déficit del IPSS ha sido creado por los mismos gobiernos de turno que no cumplieron con lo expresamente dictado por las diferentes leyes que estuvieron vigentes, en relación al depósito de aportes en tiempo y forma que se le fue descontando a los empleados en actividad. Hoy por hoy la deuda del Estado con el Instituto es monstruosa. El déficit que tiene el IPSS puede ser un déficit operativo que no supera los 2.500.000 pesos, pero nunca un déficit económico o financiero dado que todas las cuentas que administra el IPSS da un superávit y esto puede corroborarse en la documentación que obra en el Instituto. PO: ¿Qué crees que hay que hacer? MEC: El cuerpo de delegados del IPSS, junto con gremios de activos y otros representativos de pasivos estamos coordinando diversas tareas y discutiendo la necesidad de un plan de lucha. La dificultad que veo es que por arriba la dirigencia está dividida, peleándose entre ellas por las siglas, o sea, por la manija. Por eso, sin dejar de llamar a la dirigencia de los sindicatos, estamos buscando por abajo, con los delegados de base y los trabajadores, la vía para unificar, pues sólo con la unión y organización de lucha podremos triunfar. Por nuestro lado ya existe esa voluntad de ir a fondo en la defensa de nuestras conquistas, como quedó demostrado el 6/9 en que fue una de las reparticiones que paró más masivamente, y posteriormente, cuando junto con los jubilados nos movilizamos sobre la Legislatura e impedimos que se pudiera tratar el proyecto de jubilación anticipada.

El sábado 14, en el Miniestadio de Atlanta se realizó un nuevo encuentro del “Foro Sindical”, establecido por la llamada Corriente Clasista y Combativa que orienta el Ptp, y el Movimiento Político Sindical Liberación, del PC. Se sumó como convocante la Agrupación 1º de Mayo, de Córdoba, y adhirieron al encuentro y a todas sus conclusiones las corrientes Patria Libre y Quebracho. Fue básicamente, por lo tanto, una reunión sindical de la Alianza Sur. ¿Qué votó... ? La Mesa Nacional del Foro dio particular destaque, en el inicio de las deliberaciones, a un comunicado de prensa del MTA, que anunciaba la decisión de proponer un paro “antes de fin de año”, sujeto al ‘consenso’ con el CTA y otras organizaciones. La decisión más ‘trascendente’ del encuentro fue, luego, apoyar esta posición del MTA, sugiriendo que el paro se hiciera en la primera quincena de noviembre. El “Foro...” fue, lamentablemente, un modelo de regimentación; la ‘sesión plenaria’ sirvió de introducción a la formación de las comisiones donde se presentaron las ponencias. En las comisiones hubo dos debates y ambos fueron planteados por delegados y activistas del PO con distinto eco. En relación a la entregada de las Obras Sociales, destacaron que la burocracia oficialista pudo consumarla aprovechando la tregua que desde el 6 dieron las burocracias del CTA y del MTA. Unieron a esto la denuncia de la traición a las luchas provinciales en Córdoba y Río Negro, que tuvieron como protagonistas a estos mismos sectores. Pusieron de relieve la gravedad de lo ocurrido en Neuquén, donde el CTA y el MTA hicieron causa común con el gobierno y los partidos patronales en la condena a la movilización de los desocupados del 2 de octubre. Llamaron a reclamar un paro activo nacional a todas las centrales, poner en pie una campaña contra la entrega de las Obras Sociales y votar un Congreso de Trabajadores de todo el país para discutir y votar un programa obrero ante la crisis nacional. Con relación a una delimitación con el CTA y MTA, hubo una oposición cerrada. La Mesa impuso su propuesta de crear una nueva CGT con el MTA y CTA y llamar a una nueva Marcha Federal. Para los organizadores, este planteo ya fue “saldado en el encuentro (anterior) de La Rioja” y “no se debe reabrir porque no se pueden dividir las fuerzas del campo combativo”. La ponencia oficial en una de las comisiones, reconocía a UTA como “sindicato recuperado por las bases”, lo que fue rápidamente borrado frente a las denuncias contra la burocracia de Palacios. En la única comisión en que llegó a votarse en forma mutilada la propuesta del PO (Desocupación), el resultado fue de 29 por la moción “oficial”, 12 por la opositora y numerosas abstenciones. El planteo de un Congreso de Trabajadores fue ignorado o respondido presentando al “Foro...” como el único Congreso existente y posible. Pymes En las diversas ponencias se critica el “modelo dependiente” y se proponen “créditos para las Pymes” y el “cese de las importaciones”, colocándose en el terreno de los reclamos de sectores patronales como Duhalde, Bordón, UIA, Macri y Techint. Esto suscitó el rechazo de activistas que señalaron que el destino de los ‘créditos blandos’ era la evasión de capitales o la especulación. El texto sobre deuda externa llama a “suspender todo pago, repudiando (la) ilegítima y usuraria”, pero no se llama a abrir las cuentas del Estado y los capitalistas, que es la única forma de determinarla. El texto oficial sobre desocupación llama a expropiar las “tierras fiscales e improductivas”, es decir, convertir la propiedad del Estado (‘fiscal’)en privada. Los textos incluyen consignas como la reducción de jornada sin afectar el salario y otras reivindicaciones justas, que no alteran las caracterizaciones de fondo ni sus propuestas de fondo. Lo malo conocido... El “Foro...” se repitió en la fórmula de “crear las condiciones para una verdadera central de los trabajadores” con el CTA y el MTA, no importa que sean agencias del chacho-bordonismo.

A partir de las grandes manifestaciones de lucha popular del pasado 5 de octubre –el ‘Rocazo’ y el ‘Viedmazo’–, la movilización popular en Río Negro es verdaderamente excepcional. Después del ejemplo de las ocho horas de lucha callejera del ‘Rocazo’ y de las varias horas de lucha callejera nocturna del ‘Viedmazo’ –donde varios miles de jóvenes y trabajadores se enfrentaron a pie firme a la bárbara represión policial y de la gendarmería– no ha pasado un solo día sin que se registraran grandes manifestaciones de masas en las grandes y pequeñas ciudades. Las movilizaciones de Villa Regina y San Antonio Oeste fueron las mayores de su historia; en el Bolsón hubo una manifestación de 1.000 personas, ¡el 10% de la población de la ciudad!; en Bariloche —frente a la reunión de presidentes— manifestaron más de 5.000 personas. También continuaron las ocupaciones de edificios públicos, fundamentalmente por parte de los maestros. En Catriel, Ingeniero Huergo y en Bariloche se ocuparon las municipalidades; en San Antonio Oeste, los maestros, acompañados por los padres, ocuparon la radio municipal para difundir sus denuncias, enfrentar las mentiras difundidas por el gobierno y llamar a la movilización. El jueves 11 de octubre, una huelga general de los gremios estatales paralizó a una provincia ya paralizada por las huelgas parciales de los gremios y las manifestaciones populares. Lo fundamental de las manifestaciones rionegrinas de la última semana es que se han convertido en manifestaciones políticas de masas, que engloban a sectores explotados mucho más amplios que los trabajadores estatales. En San Antonio Oeste, “todo el pueblo –gremios estatales, estudiantes, padres, organizaciones intermedias– salió a la calle”; la manifestación en El Bolsón fue muy superior, por supuesto, al número de empleados estatales de la ciudad; en la movilización de los jubilados de Viedma participaron numerosos trabajadores en actividad y estudiantes secundarios. En el ‘Rocazo’ y el ‘Viedmazo’, tuvieron una participación decisiva los jóvenes de los barrios más empobrecidos. Así lo presenta el Diario de Río Negro (7/10): “‘Tiro piedras porque los docentes no cobran’. ‘Estoy acá para defender al barrio’. Así se autodefinieron ... aquellos a quienes la policía tildó de ‘revoltosos’ en su particular nomenclador ... ante un periodista de la FM Antena Libre que estuvo junto a ellos en lo más duro del combate del jueves ... Con lo espinoso que resulta abordar el tema, parece haber un punto en común: quienes sostuvieron el grueso de los enfrentamientos no fueron los mismos empleados estatales que participaron de la movilización. Más bien se trató de los desheredados que nada esperan y que tienen muchas cuentas que cobrarse con la policía”. Que se trata de manifestaciones políticas de masas lo reconoció un jefe policial, cuando dijo que “esto no se arregla con plata” (ídem). Intervenida ... por el Banco Mundial Mientras las masas rionegrinas se movilizan, el gobierno nacional, el gobierno provincial saliente (Massaccesi) y el electo (Verani) arman “en silencio” (Río Negro, 11/10), es decir, conspiran. La línea maestra de la conspiración la fijó el Banco Mundial, al decir que no habría préstamos para Río Negro a menos que se privaticen el Banco de la Provincia y la empresa provincial de energía (Erse). Massaccesi, en consecuencia, hizo aprobar una ley que garantiza que la provincia se hará cargo, con los recursos coparticipados, de la totalidad de las deudas incobrables del banco provincial. Días más tarde, y por decreto, ordenó la privatización del 51% de las acciones de Erse ... ¡cuando la ley en vigencia —impulsada por el propio Massaccesi— establece que la mayoría accionaria debe quedar en manos de la provincia! Por su propia cuenta, el electo Verani anunció la privatización de la Dirección Provincial de Aguas. Pero el Banco Mundial exige también la reducción de los salarios y jubilaciones y la destrucción de la salud y la educación públicas. Su’auditor’, Cavallo, ya dio su visto bueno al ‘ajuste’ que le presentó Verani, que plantea la eliminación del plus por zona desfavorable –el 15% de la masa salarial–, y de otros adicionales, hasta producir una reducción del 30% de la masa salarial de la provincia y el pago parcial de los salarios (y de las deudas) en bonos. Sobre esta base se habría armado un ‘paquete financiero’ de ‘ayuda’ en seis cuotas, que permitiría pagar los salarios hasta enero. La política de la burocracia Al ‘paquete financiero’ le corresponde un ‘paquete político’, que incluye el sostén de Massaccesi hasta el final de su mandato y su designación como senador nacional. Desbordada por la movilización popular, la burocracia sindical, mientras tanto, ha maniobrado para imponerle su política, que es la de ‘consensuar el ajuste’. Apoyó la privatización del Banco de la Provincia y de la empresa de energía con el ‘argumento’ de que, de esa manera, se podrían pagar los salarios atrasados, y después de haber recibido —según dice— ‘garantías’ sobre la estabilidad de los trabajadores. Es claro para cualquiera que esas ‘garantías’ son papel mojado, que en ningún caso justifican la confiscación del patrimonio estatal y de las finanzas provinciales en beneficio de un puñado de pulpos. La burocracia sindical rionegrina está siguiendo la misma política que la que llevó a la derrota las movilizaciones contra el ‘paquetazo de emergencia’ de Mestre en Córdoba. La UPCN ya se ha pronunciado incluso por la aceptación del pago parcial de los salarios en bonos (Río Negro, 11/10). Para evitar la derrota es necesaria una consigna de conjunto: la apertura de los libros de la provincia, de las empresas estatales y de los capitalistas, para que los trabajadores investiguen quién vació la provincia y se expropie a los vaciadores. El ‘mensaje’ de cada una de las piedras de los manifestantes del ‘Rocazo’ está claro: ¡Que la crisis la paguen ellos!

Los jubilados se han venido movilizando con intervalos de 48 horas a lo largo de la última semana para reclamar el pago de deudas desde junio. La jubilación de julio ha sido cobrada solamente por una minoría y en forma parcial —hasta 200 pesos. Según el gobierno, “el principal inconveniente... para cumplir con los pasivos se centra en la falta de certificados (bonos) de baja denominación” (La Voz del Interior, 11/10) (!!). Cuando el subsecretario de Finanzas anunció la salida de unificar el pago de haberes atrasados de los meses de julio y agosto con bonos de 500 y 1.000 pesos, el titular del Banco de Córdoba salió a desmentirlo, ratificando el pago escalonado y en cuentagotas. Lo que ocurre es que la emergencia mestrista ha entrado a su vez en ‘emergencia’. A fines de setiembre, la impresión de bonos alcanzaba ya a los 400 millones, es decir, la mitad del monto total previsto por la ley, lo que no ha impedido su desvalorización y el desarrollo de un mercado negro. “Son dos los grupos que operan mayoritariamente en ese mercado negro. Uno... casas de cambio que reciben Cecor al 70 u 80% de su valor (y) estarían trabajando en cadena con instituciones de la banca privada. (Otro)... fuertes inversores... que operan con una tasa del 15 al 20% de descuento” (La Voz, ídem). El gobierno debe 181 millones a los jubilados (73 en Cecor). El gobierno ha dejado de cumplir también el cronograma de pago a docentes y estatales... paga cuando puede. El reparto de los Cecor ha tomado, a su vez, un ritmo vertiginoso y su valorización puede convertirse en derrumbe. A esta altura, “las empresas privadas han incorporado los Cecor como parte del pago salarial que efectúan a sus empleados”, pero a la vez, “en otros comercios (fuera de los supermercados) se limitó el monto de aceptación de los bonos”. (La Voz, 11/10). La movilización de los jubilados replantea todos los conflictos contenidos y es el inicio de una resistencia al ‘Plan de emergencia II’. En los próximos días, el gobierno se apresta a eliminar un adicional de100 pesos que cobran los trabajadores de Obras Sanitarias y de Luz y Fuerza; a poner fin a los contratos de empleados públicos (o renovarlos sólo hasta diciembre, para golpear aprovechando el verano); a transferir maternales y centros de salud pública a los municipios en bancarrota. Junto a los jubilados, el otro foco de conflicto es CIADEA. Campellone (Smata), en el plenario de delegados del Smata, se vio obligado a declarar que ‘habrá guerra’ frente a la situación de 800 trabajadores en la antesala del despido (‘retiros voluntarios’). La Coordinadora de Gremios Estatales se ha limitado ha acompañar las manifestaciones, sin proponer ningún curso de conjunto. Los hechos plantean la necesidad de ocupar la Caja hasta que paguen: el paro activo y una marcha para arrancar el pago de todas las deudas, la efectivización de todos los contratados, la no reducción de los sueldos, la no municipalización de la educación y la salud y el no trabajo los días sábados.

La renuncia de Zanola a la dirección del ISSB consistió en una maniobra para ‘regresar’ con la suma del poder para hacer y deshacer en materia de ‘reestructuración’ del Instituto y del encubrimiento de sus propios desfalcos en la obra social. Fue anunciado que reasume el puesto el viernes 13, ‘a pedido’ de sus secuaces de la directiva bancaria. Zanola explicó en un reportaje a Página 12 que es partidario de la ‘reestructuración’ y que ella implica el despido de 15.000 trabajadores del ISSB (8/10), cifra que asciende según otras versiones a 2.500. Es que desde que el gobierno disolvió, por medio del decreto 492, el ISSB, convirtiéndolo en una obra sindical común, y recortó 90 millones de dólares de su presupuesto, Zanola nunca se opuso al decreto. Sólo a la parte que disponía un liquidador oficial, porque lo colocaba a merced de Cavallo y porque corría el peligro de que se destaparan los negociados de la burocracia, que vació prácticamente el ISSB. El ‘autogolpe’ de Zanola estuvo al servicio de imponer sus condiciones mediante el chantaje de dejar el Instituto librado a su suerte. Chantaje que también utilizó contra los trabajadores que mostraron su combatividad en la multitudinaria marcha del 4/10 y en las asambleas masivas en las sedes del Instituto, y que reclamaron un plan de lucha nacional del gremio en defensa de la obra social. Ahora el zanolismo ha suspendido toda medida gremial y ha comenzado un ‘apriete’ de los trabajadores del ISSB mediante guardias de control en los edificios y amenazas de la supervisión del Policlínico para que los empleados no bajen a las asambleas que llame la Interna. La Interna, antizanolista, tiene la dura responsabilidad de enfrentar la ofensiva del gobierno y del zanolismo, unidos en el ataque a la obra social. Un sector centroizquierdista de ella tiene una posición conciliadora con Zanola, al que reclaman que encabece la defensa del ISSB. Ellos también están ‘convencidos’ de que la ‘reestructuración’ es inevitable. El activismo tiene planteada como tarea levantar un programa, en primer lugar contra los despidos, que parecen inminentes. Paro y ocupación ante el primer telegrama. Rechazar toda intervención, del gobierno o ‘consensuada’ con la burocracia. Y reclamar la investigación independiente por parte de los trabajadores, de la situación y finanzas del ISSB. El plenario de delegados de la Bancaria debe organizar un plan de lucha nacional en defensa del Instituto, por la derogación del decreto 492 y por el financiamiento patronal de la obra social.

E.N: Soy instructor de residentes... hasta el año pasado, ya que este año desde el punto de vista de la MCBA ya dejé de serlo, sin un aviso previo; mi renovación de contrato no se ha efectivizado. En la MCBA la metodología es que año a año después de dos meses de trabajo automáticamente viene el nombramiento, la designación es interna y tiene el aval de la Secretaría de Salud Pública. Este año después de tres meses no aparecieron esos contratos y a partir de allí surgieron todas las movilizaciones. PO: ¿Y qué pasó? E.N: Primero nos movilizamos para pedir explicaciones; tuvimos diversas entrevistas con el Secretario, el Subsecretario y diversos funcionarios de Salud Pública que nos prometieron cosas, hasta que finalmente Neweri nos planteó que no habría contratos. PO: ¿Cuáles son las funciones de los instructores y a cuántos trabajadores les rescinden el contrato? E.N: Específicamente en la Sardá tenemos una tarea de formación médica. Tenemos 16 residentes nuestros y otros tantos que vienen de otros hospitales a quienes les damos una asistencia docente y fundamentalmente y por la cantidad de trabajo que hay en esta maternidad hacemos la docencia en función de trabajo. En cuanto a los afectados somos unos 800. PO: ¿Están haciendo asambleas en los hospitales? E.N: Sí, en estas reuniones quedó planteado que el nuestro es un problema que se suma a una larga serie de problemas que sufren los hospitales públicos; se trata concretamente del desmantelamiento de los hospitales públicos. PO: ¿Discutieron el tema de la autogestión hospitalaria? E.N: Si, justamente con respecto a esto hay un consenso de que la autogestión es sinónimo de destrucción del hospital público. PO: ¿Cómo se están organizando? E.N: Funcionamos por medio de asambleas, éstas designan representantes con mandato que forman parte de un Consejo. Nos estamos organizando sobre la base de la elección de delegados que representan el movimiento de lucha. PO: Y para terminar, ¿cuáles son las reivindicaciones que levantan? E.N: El nombramiento de instructores, de residentes e incluso de muchos médicos cuyos nombramientos están cajoneados. Otro problema es el de los Centros de Salud donde hace falta nombramiento de staff y la MCBA hace contratos con instructores que así adquieren un carácter golondrina.

La mesa Coordinadora de Jubilados ha convocado a un acto en Plaza Congreso a las 17 hs. del Miércoles 25, “en defensa del PAMI, del Instituto de Servicios Sociales Bancarios, demás Institutos y Obras Sociales”. El llamamiento está dirigido a los centros de jubilados, a las comisiones internas, entidades de derechos humanos, sociales y partidos políticos. En las consideraciones volcadas en sus boletines, la Coordinadora se pronuncia contra los decretos 292 y 492 del Poder Ejecutivo y anuncia que ha presentado un recurso jurídico por inconstitucionalidad de los mismos. El decreto 292, establece la rebaja de los aportes patronales a la seguridad social, fija medidas de “desregulación” de las obras sociales en general y del PAMI en particular. El 492, disuelve los Institutos de Servicios Sociales, entre ellos el ISSB y suprime los aportes especiales de la banca a esa institución, colocándola en situación de desaparición. El decreto 292 pone en marcha efectivamente la liquidación del PAMI. Porque reduce los aportes patronales a la obra social; establece que los jubilados pueden afiliarse a otras obras sociales; los incorpora al régimen de PMO (programa médico obligatorio, o de prestación básica por una cápita menos de 40 pesos); suprime las prestaciones de turismo. El propósito es un vaciamiento de afiliados y un PAMI “residual” para los haberes mínimos, con una cobertura también mínima en los hospitales públicos. Giro de la Coordinadora Esta denuncia y llamamiento de la Coordinadora de Jubilados es una corrección de su posición inicial sobre el decreto 292. En un principio saludó el decreto, en común con el gremio UTI de empleados de PAMI, considerando un “éxito de lucha” que 40.000 afiliados, “no contributivos”, por discapacidad o ancianidad sin cobertura, fueran transferidos a Desarrollo Social, aliviando el presupuesto del Instituto (comunicado 22/9). Sin tener en cuenta que esa transferencia, de realizarse, sería un verdadero genocidio, porque no se dispusieron recursos para financiar su atención. Y que el decreto inicia la liquidación de PAMI. Todos a Congreso El Partido Obrero apoya esta movilización y llama a trabajadores y estudiantes a concurrir masivamente con el planteo de la derogación del 292 y 492, contra la desregulación de las obras sociales y la privatización del hospital público, contra la liquidación y privatización del PAMI, no a la rebaja de aportes, financiamiento de las obras sociales con aportes exclusivamente patronales, dirección directa de las obras sociales y PAMI por trabajadores y jubilados.