Prensa Obrera N° 468

El 17 de octubre de 1945 una manifestación a la Plaza de Mayo, desde las fábricas y barriadas obreras, forzó la libertad del coronel Perón, confinado días antes a la isla Martín García por la cúpula militar. Fue el acta de nacimiento del peronismo que, luego de 50 años, sigue dominando la escena política en la clase obrera. El proceso político que condujo al 17 de Octubre arrancó con el golpe militar del 4 de junio de 1943, que entronizó en el gobierno a una fracción militar de características nacionalistas . El movimiento obrero estaba partido en dos. Durante la década del 30, se habían cristalizado dos grandes tendencias, que, pocos meses antes del golpe de 1943, dieron lugar a la formación de la CGT nº 1 y la CGT nº 2. “La principal diferencia radicaba en que quienes apoyaban a la CGT nº 2 aspiraban a que la central tuviera una participación más activa en las cuestiones de política nacional e internacional, en forma coordinada con los partidos políticos, mientras que los que sostenían a la nº1 se inclinaban por una actitud ‘neo-sindicalista’ de prescindencia política, limitación a las reivindicaciones específicamente gremiales y buena relación con el gobierno, cualquiera que éste fuera. Algo similar a lo que poco después Perón definiría como ‘sindicalismo político’ y ‘sindicalismo gremial’, respectivamente” (Hugo del Campo, Sindicalismo y Peronismo, pág.108). En síntesis: un sector propiciaba la integración burguesa del movimiento sindical a través de un frente popular de los partidos obreros (PC y PS) con la UCR y los conservadores y el otro buscaba una integración orgánica al Estado. La CGT nº 2 estaba constituida por socialistas y comunistas que eran partidarios, luego de la ruptura del pacto Hitler-Stalin, de alinear a la Argentina con los imperialismos yanqui e inglés. Durante la década del 30, este sector llevó adelante una activa política de colaboración de clases, como se manifestó en “el acto del 1º de Mayo de 1936, celebrado en forma conjunta por la CGT, el PS, el PC, la UCR y el Partido Demócrata Progresista” (ídem, pág. 98). Marginado de esta CGT (conocida como la de la calle Independencia) había un grupo minoritario, dirigido por los llamados “sindicalistas” (agrupados en la CGT Catamarca y en la USA, Unión Sindical Argentina), con muy buenas relaciones con el gobierno de Ortiz. Entre sus dirigentes, estaban Luis Gay (telefónicos) y Tramonti (ferroviarios) . Hugo del Campo comenta que “la CGT... reunía en esos momentos (1936) más de 289.000 afiliados. Dos años después, en su primer Congreso, la USA sólo contaba con 33 organizaciones y menos de 27.000 cotizantes, que en 1941 se reducirían a 14.000”. La CGT, “antes del comienzo de la guerra, había sido unánime en condenar al nazi-fascismo”, pero cuando se firmó “el pacto germano-soviético, los comunistas sostenían la más estricta neutralidad ante la contienda ‘inter-imperialista’” (ídem). “Es traición a la causa del proletariado incitarlo a defender la causa de la ‘democracia’ practicada por los gobiernos del imperialismo aliado....”, decía entonces el PC, quien acusaba de “lacayos del imperialismo” a los dirigentes socialistas de la CGT. Pero la invasión de Hitler a la URSS, en junio de 1941, llevó a los stalinistas a plantear la lucha por “el triunfo de la causa de la libertad y la victoria de las Naciones Unidas”. La división de la CGT que tiene lugar en 1943 no repite el esquema de 1935, porque un grupo de dirigentes socialistas, como el ferroviario Domenech —que había presidido, con Pérez Leirós como vice, la CGT (Independencia) de 1936— hizo causa común con los “sindicalistas”, para formar la CGT nº 1. “Agreguemos que fue Domenech quien, en la asamblea ferroviaria celebrada en Rosario el 9 de diciembre de 1943, donde Perón hizo sus primeras armas ante un auditorio obrero, tuvo la iniciativa de darle el título de ‘primer trabajador argentino’, hecho que luego negaría, pero que ningún dirigente de la época deja de recordar ni olvida mencionar” (ídem.113). La novedad, entonces, es que se había producido un giro de un sector socialista a las posiciones de los “sindicalistas”. Una de los primeras medidas del golpe de 1943 contra el movimiento obrero, fue el allanamiento del periódico del PC (La Hora) y la detención de dirigentes del PC, como José Peter, de la carne, entre otros. La CGT nº 1 se mantuvo prescindente ante estos hechos y abogó por la “esperanza de que el nuevo gobierno no dificulte el desarrollo normal de las organizaciones obreras...”. Mientras tanto, a través de la Dirección Nacional del Trabajo (DNT) comenzaba un activa política de reuniones y acuerdos con los sindicatos enrolados en la CGT nº 1 y también con la fracción socialista de la CGT nº 2. Cuando el presidente Ramírez, apenas asumió, decretó precios máximos para algunos productos, la CGT nº 1 salió en su respaldo. Lo mismo hicieron Pérez Leirós y Borlenghi, quienes después de una entrevista con el ministro del interior, respaldaron las medidas “para abaratar la vida y los alquileres”. Entretanto, la represión contra los comunistas era implacable: “una treintena de ellos eran enviados a la cárcel de Neuquén”. Sin embargo, la actitud del PC frente a la huelga de la carne, en agosto de 1943, sería decisiva para minar el ascendiente de los “comunistas” en el movimiento obrero y facilitar el ascenso de Perón. José Peter fue traído por Perón desde la cárcel de Neuquén para negociar en el Ministerio de Guerra el levantamiento de la huelga..., a lo que Peter accedió, actitud que fue presentada en una multitudinaria asamblea obrera como una contribución... para no dejar desabastecidos a “los aliados”. El coronel Mercante, mentor de la negociación Perón-Peter, y presente en la asamblea, comentó que “aunque Peter no mencionó la circunstancia de que su liberación se debía a Perón, éste fue un detalle que no escapó al conocimiento de los trabajadores” (ídem,127). Luego de la sustitución de Ramírez por Farrell, Perón pasó a ocupar los cargos de vicepresidente, ministro de Guerra y Secretario de Trabajo y Previsión. Con estos tres puestos en la mano, Perón sancionó numerosos decretos a favor de los trabajadores, como el medio aguinaldo; tuvo un activa intervención en la vida sindical; siguió atrayendo a dirigentes sindicales, en especial del PS; a la vez que comenzó a tejer una vasta reglamentación del derecho de huelga y de organización sindical. La crisis de octubre de 1945 Los sectores oligárquicos y principalmente la gran burguesía industrial (UIA), con el apoyo del PC y del Partido Socialista, pasaron a reclamar el desplazamiento del gobierno militar y la asunción del gobierno por la Corte Suprema, para implementar un plan de “institucionalización”. Meses antes, con el auspicio del embajador norteamericano Braden, habían constituido la Unión Democrática. El 9 de octubre, una fracción del Ejército, con el apoyo de las otras armas, destituyó a Perón, en un virtual golpe de Estado, que fue ruidosamente festejado por la Unión Democrática. La destitución y la posterior detención de Perón estuvo plagada de vacilaciones, marchas y contramarchas, que pusieron de relieve la división que reinaba en el gobierno y en las Fuerzas Armadas. Sólo así se explica que Perón, apoyado por un fracción del gobierno y del Ejército, logrará realizar un acto de despedida como secretario de Trabajo “en la puerta de dicha Secretaría, desde donde hablaría el coronel Perón, exponiendo los motivos de su renuncia y para despedirse de los trabajadores. Que sería transmitido en cadena oficial de radiodifusión y que desde ese día 9, por la misma red de emisores, se pasarían los anuncios pidiendo la concurrencia de los trabajadores a dicho acto, que se efectuaría al otro día 10, a las 19 horas” (Cipriano Reyes, Yo hice el 17 de octubre, pág. 207). La peculiar destitución de Perón, con despedida en cadena y acto oficial, expresaba el fraccionamiento del aparato del Estado y de las Fuerzas Armadas. Según Reyes, se reunieron 50.000 personas, en tanto que Luis Monzalvo sostiene que “la concurrencia de los trabajadores fue numerosa e importante, aunque se notaron ausencias entre los principales miembros de los organismos directivos de los sindicatos” (Testigo de la Primera Hora del Peronismo, pág.184). Allí Perón “enumeró tres decretos que él había dejado firmados para que el general Farrell los pusiera en vigencia... aumento de sueldos y salarios, salario mínimo vital y móvil y participación en las ganancias, para despedirse con ‘del trabajo a casa y de cada al trabajo’” (ídem, pág. 208/209). El 12, “una compacta muchedumbre se apretujaba frente a los balcones del Círculo Militar y se extendía sobre el césped de la Plaza San Martín, donde se habían dado cita los antiperonistas”, para festejar la caída de Perón y “que se entregara el poder a los miembros de la Suprema Corte de Justicia” (Hugo Gambini, El 17 de octubre de 1945, pág. 37). Ese mismo día Perón fue detenido y trasladado a la isla Martín García, en medio de las vacilaciones de los encargados de detenerlo. La crisis política abierta reflejaba una división estratégica en las clases dominantes, incluido el imperialismo mundial (yanquis e ingleses) y abarcaba a todas las instituciones del Estado y la burguesía (el clero, las FF.AA., la policía, las cámaras empresarias, etc.) La detención de Perón avivó esa división, pero la CGT no se apresuró en tomar ningún medida. Un grupo de sindicalistas, entre ellos Monzalvo, se había entrevistado con el general Avalos, quien había “garantizado el respeto a las conquistas obreras”. El 16, el Comité Central Confederal decidió por 21 votos a 19 una huelga para el 18 que, según Cipriano Reyes, fue divulgado en los diarios recién el propio 18. La declaración de paro no reclamaba la libertad de Perón, sino que se oponía a la entrega del gobierno a la Corte y exigía “el mantenimiento de las conquistas sociales y ampliación de las mismas” y que “se termine de firmar inmediatamente el decreto ley sobre aumento de sueldos y jornales, salario mínimo vital y móvil, participación en las ganancias y que se resuelva el problema agrario mediante el reparto de la tierra al que la trabaja y cumplimiento integral del Estatuto del Perón” (ídem, pág. 242, extraído del diario La Prensa del 18/10/45). Un día antes del previsto para el paro, sin embargo, los obreros se lanzaron a la Plaza de Mayo para exigir la liberación de Perón. Cipriano Reyes comenta que la iniciativa partió de Berisso. Angel Perelman (Cómo hicimos el 17 de Octubre) reconoce que no se sabía “quién largó la consigna”. Al mediodía del 17, “la actitud de la policía comenzó a cambiar” y Perelman comenta que cuando pasaron ante algunas seccionales, los vigilantes gritaban “Viva Perón”. Un sector del Ejército y de la policía dejaron correr la manifestación. La reacción de la clase obrera fue inesperada tanto para la reacción burguesa-imperialista —que confiaba en que el PC y el PS eran un seguro de contención de las masas— como para Perón y el aparato que lo rodeaba (Perón sostuvo, ya destituido, que su carrera política estaba terminada— “en cuanto me den el retiro me caso y me voy al diablo”, dijo ya recluido en el Hospital Militar (La Vida de Eva Perón, Borroni-Vaca, pág. 110). Esta irrupción, en medio de una descomunal división y vacilación en el alto mando militar, determinó que una concentración relativamente pequeña (40.000 personas) no sufriera ninguna represión y transformara por completo la crisis política. El propio alto mando que destituyó a Perón planteó entonces su libertad y su traslado a los balcones de la Rosada, como la única autoridad que podía “encuadrar” a las masas. Perón fue liberado sobre la base de un acuerdo político: primero, eliminar toda movilización autónoma de las masas, y, segundo, dirimir la crisis política a través de la contienda electoral (institucionalización), que debía realizarse cuatro meses después: el 24 de febrero de 1946. El Ejército se colocó como árbitro entrre las dos fracciones burguesas que se comprometían a respetar el encuadre electoral de la crisis. El mismo 17 de octubre, ante la muchedumbre reunida, el discurso de Perón fue claro: “... Sé que se habían anunciado movimientos obreros; ya ahora, en este momento, no existe ninguna causa para ello. Por eso les pido como un hermano mayor que retornen tranquilos a sus casas...”. También los incipientes grupos trotskistas se alinearon en torno a estas dos alas. Abelardo Ramos, entonces “socialista puro” (contrario a la consigna de la liberación nacional), sostenía a través de la revista Octubre que “el coronel Perón explota en su provecho esa política traidora del stalinismo y consigue arrastrar a algunos sectores obreros políticamente atrasados detrás de su aventura demagógica”. Nahuel Moreno, aún en 1949, sostenía que el 17 de Octubre de 1945 había sido “una movilización fabricada y dirigida por la policía y militares, y nada más” (en Revista Revolución Permanente, 21/7/49). También para la UOR (otro grupo socialista puro) “la movilización peronista del proletariado tuvo un sentido profundamente reaccionario”. En cambio, para Posadas (grupo GCI) “Perón se apoya en las masas y para nada sobre la policía y el Ejército”, cometiendo el error inverso al de Ramos y Moreno. (ver En Defensa del Marxismo nº 2, diciembre de 1991). El 17 de Octubre torció la disputa dentro de la clase obrera entre la fracción proimperialista (PS y PC) y la estatizante nacionalista (laborismo). No hubo ningún atisbo de independencia política de la clase obrera, que actuó como furgón de cola en el enfrentamiento nacional entre Perón y el imperialismo yanqui, lo que facilitó la completa estatización de los sindicatos. A partir de entonces, el 17 de Octubre será celebrado como el Día de la Lealtad a la jefatura burguesa de Perón.

Para poder aplicar la Ley Federal de Educación el gobierno está regimentando los centros de estudiantes y “creando” listas estudiantiles que conviertan los centros en sociedades de fomento (con suerte). En el EE. UU. la circular ministerial que regimenta los centros de estudiantes ha sido implementada en toda la línea y hace un tiempo la JP parió un hijito entre los estudiantes al que llamó PE. Ante este cuadro y la proximidad de las elecciones, quienes integramos EL AGITE comenzamos una campaña para formar un frente en defensa de la escuela pública. A pesar de los 200 pronunciamientos que juntamos y de la “amplitud” de nuestra propuesta, la SOPA (Patria Libre) y EL GRITO (utópico nombre de la lista del PC y de algunos elementos del Frente Grande) se negaron a aceptar el frente alegando que “igual no ganaríamos”. A pesar de esto, junto a un numeroso grupo de estudiantes independientes, formamos el FRENTE DE LUCHA. El Frente realizó una excelente campaña electoral, en la que denunció la “primarización” de los primeros y segundos años y la destrucción del secundario. También (contrariamente a lo que establece la regimentadora circular 9021/87) hicimos hincapié en la necesidad de construir un centro donde las decisiones sean tomadas por el cuerpo de delegados y NO por despóticas comisiones directivas. Pero el proceso electoral fue fraudulento desde el principio hasta el final: mientras a nosotros no se nos permitió realizar ninguna actividad de las que teníamos planificadas (charlas, recitales, campamentos, videos), al resto de las listas se le dio permiso para hacer lo que quisieran. Tuvimos que soportar, además, agresiones verbales y físicas por parte de los patoteros de la P.E. (JOTA) y una terrible campaña de persecución ideológica encabezada por la subjefa de preceptores. Las elecciones fueron “fiscalizadas” desde afuera del colegio (y desde adentro también) por la plana mayor de la Secretaría de Juventud de la Municipalidad y por un Consejero escolar menemista. La P.E. ganó por 670 votos contra 150 del Frente de Lucha y 80 de la Alianza El Grito-SO.PA. El resultado demostró el acierto de nuestra caracterización de que la opción era unirnos para disputarles el Centro a los privatizadores o regalárselos sin brindar ninguna lucha. Nosotros elegimos la UNION y la LUCHA para defender la educación pública, por eso nuestra lucha no terminó con las elecciones sino que recién empieza. Porque necesitamos organizarnos para enfrentar la ley y la privatización de nuestra educación. Y el frente de lucha es la única arma que tenemos.

El pasado domingo se produjo el hundimiento electoral del menemismo, que muchos parecían esperar sin esperanza. Por un tiempo, al menos, desaparecerá del escenario de las conversaciones cotidianas el ya fastidioso ‘pero lo siguen votando’. Se trata de un progreso, por cierto, porque ahora una parte importante del pueblo podrá descubrir que tampoco alcanza con que no lo voten. La característica fundamental de los resultados del domingo pasado, fue su aspecto, por asi decir, ‘negativo’. El menemismo perdió un cuarto de millón de votos si la comparación se efectúa con la que obtuvieron en mayo pasado sus diferentes listas para diputados (PJ, Ucedé, otros); esa pérdida llega a casi 400.000 votos si se la coteja con la que sacó para presidente. En términos de porcentajes, se trata de caídas del 20 y 30%, respectivamente, en solamente cinco meses. El hecho de que el PJ haya sido disparado al tercer lugar, por debajo del vapuleado radicalismo, es un dato que no deja lugar a dudas. Aunque Menem se haya apresurado a afirmar que en las recientes elecciones “No... se puso en riesgo la capacidad política del gobierno”, es exactamente eso lo que sí ocurrió. Porque el derrumbe electoral del menemismo no es sino la consecuencia de dos grandes factores: la fractura que se operó en el gobierno desde mayo pasado y la reacción del electorado contra una política económica liquidada, que siembra a su paso mayor desesperación y miseria. Con relación a los reflejos de la fractura electoral del gobierno, recordemos simplemente que Erman González fue reiteradamente atacado por Cavallo como uno de los agentes del grupo Yabrán; el propio Cavallo acaba de decir que las “denuncias de corrupción pudieron ejercer su influencia en la elección de los porteños” (Clarín, 9/10). El candidato menemista no tuvo el apoyo de los poderosos sectores económicos, internacionales, políticos y de prensa ligados al equipo económico. A Fernández Meijide, en cambio, se le dio un espacio inusitado en los medios de comunicación y se escamoteó el hecho de que como consecuencia de su elección a senadora un hombre del partido comunista pasará a ocupar el puesto de diputada que ella deja vacante. Si el Frepaso no representara, en parte, a uno de los sectores oficialistas en disputa y a los grandes capitalistas en general, los medios de comunicación hubieran hecho una carnicería política con ese dato. El estrepitoso resultado electoral del menemismo es, entonces, una consecuencia de la disminuída ‘capacidad de gobierno’ que Menem niega y que, sin embargo, se acentuará cada vez más. La elección del domingo ha plantado un cóctel explosivo. Es que, por un lado, fue repudiado el sector político del gobierno, que quiere modificar el ‘plan Cavallo’, como lo reclama confusa y violentamente la mayoría de los trabajadores que le votó en contra, mientras que, por el otro, salió ganando en la disputa palaciega el sector que defiende a rajatablas el ‘plan’, a pesar de que el electorado votó contra el oficialismo, precisamente como reacción al hundimiento del ‘plan económico’. Que la disputa entre las camarillas oficialistas se ha acentuado como consecuencia de las elecciones y de que ‘la capacidad de gobierno’ se ha debilitado, lo confirman las versiones de que el cavallista Béliz se pasaría al Frepaso en el caso de que le fuera negada la candidatura del PJ para la próxima elección de intendente. El Frepaso se ha convertido desde hace mucho en la guarida de los excluidos de las prebendas del PJ, la UCR e incluso el PC. Las elecciones en la Capital, como las que se hicieron en Chaco y Neuquén, confirman el hundimiento del ‘plan Cavallo’ y la crisis política creciente que ha generado. La elección del domingo pasado estuvo monopolizada por alternativas patronales y pro-imperialistas en mayor medida aún que en el pasado 14 de mayo. Un buen número de partidos de izquierda ni siquiera se presentó con el pretexto de que les quitaba posibilidades el hecho de que no se disputaran candidaturas proporcionales. Pero en medio de la inmensa crisis política actual, esa posición no es otra cosa que derrotismo y deserción política, y en la práctica se sumaron, ellos también, por acción u omisión, a la candidatura del Frepaso, apoyada por el propio imperialismo. Para el Partido Obrero es en circunstancias como éstas, cuando el proletariado no tiene expresión propia, que resulta necesario dar la batalla política y programática más intensa contra los explotadores, porque ella es fundamental para la preparación de las futuras luchas y victorias. El voto del domingo pasado no resuelve nada, ni hubiera podido hacerlo; la parcialización de la elecciones, además, está concebida para independizar al poder político del electorado; en este sentido Menem tuvo razón al decir “No estuvo en juego ningún resorte vital del poder” (ídem). Pero el hundimiento electoral del menemismo en un distrito caudaloso es un registro del creciente derrumbe político de la burguesía y de la inevitabilidad de inminentes reacomodamientos políticos. En todos estos reacomodamientos, el Frepaso será un factor de apuntalamiento de los grandes explotadores, nunca una fuerza independiente.

Al cabo de veinte días de lucha, las autoridades del Astillero Río Santiago se vieron obligadas a firmar un acta de “conciliación voluntaria” por treinta días con la totalidad de los delegados despedidos adentro. Retroceso La fábrica vivió el reingreso de los trabajadores como un claro retroceso de la patronal. El Cuerpo de Delegados, ha sido el nervio de las batallas contra las amenazas de cierre o privatización. La Azul y Blanca —dirección duhaldista de la seccional Ensenada de ATE y la Comisión Administrativa de la fábrica—pactó los despidos desde el principio, y pretendía que la patronal le pagara el sueldo a los despedidos, sin reincorporarlos, mientras durara el juicio por desafuero. De Gennaro De Gennaro, como informáramos en el PO Nº 467, levantó el paro cuando la empresa estaba para el “nockout” y le tiró al directorio duhaldista el cable de la ‘conciliación obigatoria’. De Gennaro también selló un acuerdo con Duhalde, cuyos términos precisos aún se desconocen, para “reactivar” el Astillero, lo que implica la flexibilización y su privatización. Se está gestionando para ello un crédito que tiene como garantía al mismo Astillero. Programa Aprovechemos el triunfo para luchar por la reincorporación definitiva de los despedidos, el rechazo de los juicios por desafuero, el pase a planta permanente de los 200 contratados y contra la privatización, la zona franca y la flexibilidad laboral.

Una combativa movilización de más de diez mil bancarios, la mitad de ellos del Instituto de Servicios Sociales Bancarios, reclamó el miércoles 4 la derogación del decreto 492 del Poder Ejecutivo. El decreto establece la disolución del ISSB como obra social mixta. Sin embargo, ante una decisión judicial de no innovar, que no fue apelada por el gobierno, la CGT y el gobierno se ponen de acuerdo para colocar en el ISSB a un interventor nombrado por el zanolismo y para que el gobierno se haga cargo del pasivo de la obra social. Como ‘retribución’, Zanola dispuso la suspensión de la ocupación “pacífica” de las sedes del Instituto. Como anticipamos en el PO Nº 467, Zanola abandonó de entrada la lucha por la derogación del decreto menemista. Se valió de la movilización, para negociar la intervención del ISSB y la privatización de la obra social. Esta “restructuración” implicará miles de despidos en el Instituto.

En una conferencia de prensa convocada por la Asociación de Médicos Municipales para repudiar los alcances del decreto 1146, que colocó los nombramientos en hospitales bajo jurisdicción de la secretaría de Hacienda de la MCBA sacándolos de la secretaría de Salud, entrevistamos al Dr. Ramón Fanelli, del Servicio de Transplante y Ablación del Hospital Garrahan (creado para procurar órganos en el ámbito de la MCBA), quien nos dijo: “El nombramiento queda bajo la dirección del Intendente Domínguez a partir del Decreto 1146 del 15/9. Antes se ocupaba de la Secretaría de Salud. Se propone desmantelar servicios, se desperdicia la capacitación de profesionales. No renovaron los contratos a más de 500 personas. Muchos servicios funcionaban con gente contratada a la que anualmente le renovaban los contratos. Al cesar éstos se produce un ajuste económico en salud”. El Dr. Visillac, presidente de la AMM de la MCBA se refirió al problema: “la falta de nombramientos significa que servicios de gran jerarquía funcionan sin jefe, que el recurso humano se lesiona y el hospital deja de cumplir la función de capacitación de médicos que ingresan a la residencia después de concursos difíciles donde se destacan... Se busca no reemplazar a los que se han ido, son 700 aproximadamente entre jefes de servicio, médicos de guardia, etc. Se reducen cargos de residencia; de 1.130 instructores de Programas Especiales se pasó a 830 en febrero, y a 319 el 1º/6. Mientras tanto, el hospital público duplicó sus consultas este año, en realidad más de 600.000 que en 1993, por el momento de crisis que se está viviendo (aumento de la desocupación, de la pobreza, etc.) y la política oficial es de achique del hospital público y los pacientes no tienen dónde ir...”. Prensa Obrera preguntó cómo se enfrentarán estas resoluciones del gobierno, a lo que el Dr. Fabián Portnoy, representante del Cuerpo de Delegados de Residentes, informó que “ya se ha hecho una marcha el miércoles pasado, un paro la semana que pasó, y está la propuesta de realizar una Gran Marcha Blanca en defensa del hospital público. Hay que ponerle fecha. Hay que seguir realizando movilizaciones. Es el único camino. El objetivo de esta conferencia de prensa que debía haberse hecho más apropiadamente en el Hospital de Niños o en otro hospital municipal, es instalar el tema en la opinión pública. Que los medios de comunicación hagan saber que rechazamos el futuro que quiere imponer este gobierno: el achicamiento del hospital público”. A la salida entrevistamos a un grupo de médicas del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Lidia Torrado y Wanda Doranski, de Infectología, nos dijeron: “Instructores de Residentes de Post Básica trabajan hace más de 4 meses sin cobrar... El mejor promedio ganado por concurso fue reemplazado por la Dra. Angeloni, esposa del secretario de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe, puesta a dedo por la MCBA y bloqueó un cargo otorgado por concurso... es un ñoqui que no cumple la función: va tres veces por semana al consultorio y su función es de 40 horas”. “El Hospital Ricardo Gutiérrez es un centro de derivación de pacientes pediátricos de Sida de todo el país: hay 280 pacientes y hay un solo médico nombrado, la otra persona fue nombrada ‘equivocadamente’ como instructora de Infectología, es decir, sacaron un cargo de Sida del Niños; en una palabra, el Sida crece y los médicos disminuyen”.

El 5/10 se realizaron las elecciones en el gremio de prensa (UTPBA). Sobre 3.400 votos emitidos, la oficialista Celeste y Blanca (centroizquierda) sacó el 80 % (2.700 votos), la oposición antiburocrática (Naranja-Gris) el 18 % (600 votos) y hubo cerca de 100 votos entre blancos y nulos (2 %). De esta manera, la Naranja-Gris no pudo acceder a la minoría de la conducción, ya que para eso se precisa alcanzar un piso del 25 %. Pese a haber obtenido el mismo porcentaje que en las elecciones pasadas (1992), la performance de la Naranja-Gris fue netamente superior: aun con padrones súper inflados, la burocracia de la Utpba no pudo licuar los votos opositores. Hay que considerar que en esta oportunidad votaron casi mil afiliados más, ajenos en su gran mayoría a empresas del gremio. Así fue que el incremento sustancial se produjo en jubilados (de 187 votantes pasaron a 534, un aumento de casi el 200 por ciento), y en la rama colaboradores, que incluyó desde pequeños y medianos empresarios de prensa (dueños de FM y revistas, explotadores en muchos casos de trabajadores en negro), pasando por los ñoquis del sindicato y sus respectivas familias, hasta estudiantes de Franja Morada de Derecho o del Frepaso de Sociales. En este sector, el incremento de votos fue no menos espectacular: de 350 votos en el 92, se pasó a 800 ... un crecimiento del 130 por ciento. Por contrapartida, el crecimiento absoluto de la lista Naranja-Gris (171 votos, el 40 %) se dio fundamentalmente en las empresas. Allí, la Lista Naranja Gris obtuvo el 29 % del total de votos emitidos, aun incluyendo las empresas chicas, lo que le otorgaba margen más que suficiente como para entrar en la conducción como minoría. Así armados los padrones, se entiende sin dificultad por qué la Junta Electoral, manejada por el oficialismo, se negó durante toda la campaña a entregar éstos a la oposición: su minucioso control y denuncia hubiese significado el desmoronamiento de la estructura armada por el camañismo. Por delante queda la tarea de arrancar los padrones de manos de la burocracia y transparentar este proceso electoral. La Utpba, dentro de toda su sarta de mentiras, emitió un comunicado —reproducido por Página/12—, en el cual afirma haber triunfado en todas las mesas. Su intención de ocultar la realidad tiene patas cortas: la lista Naranja-Gris triunfó en 10 empresas: cinco diarios (El Cronista, Diario Popular, La Razón, The Buenos Aires Herald y La Unión de Lomas de Zamora), dos agencias (Télam y DyN) y tres editoriales (Segundamano, La Ley y Campeones del Camino), haciendo muy buenas elecciones en Crónica y La Nación. En algunos casos, el camañismo fue directamente humillado, como en los casos de Diario Popular, Segundamano, DyN, La Ley y Télam. El intento de la burocracia de prensa de ocultar los resultados por empresa, tiene la finalidad de patear para adelante y encubrir lo que en el mismo día de las elecciones se manifestaba como una crisis galopante: en algunos votos emitidos en el sector que la burocracia maneja absolutamente (colaboradores), aparecían puteadas contra los candidatos oficialistas a secretario adjunto y prosecretario de organización, ambos alineados con el CTA. Las ironías cruzadas entre un sector y otro de la conducción el mismo día de las elecciones están marcando un alto grado de enfrentamiento por temas como la obra social, el manejo de los recursos del sindicato, el control del padrón, etcétera, que deberán inevitablemente degenerar en una pronunciada descomposición del aparato burocrático, y en una excelente oportunidad para que los trabajadores, despojados de toda ilusión en estos émulos centroizquierdistas de Cavallo, puedan intervenir con sus propios métodos, para recuperar en sus manos el sindicato que les pertenece. (Continuará)

Dentro de todo lo fraudulento que se ha convertido el manejo del sindicato por parte de la alianza camañista-radical-CTA, lo que se destaca es el carácter patronal de la base social de la UTPBA. Así, por ejemplo, el candidato a protesorero por el oficialismo resultó ser nada menos que uno de los dueños de la cadena de escuelas de periodismo TEA, que regentea a su vez la revista La Maga. El nivel de facturación de estas empresas no puede bajar de los dos millones de dólares al año, contando con decenas de empleados que, ellos sí, son legítimos trabajadores de prensa. Pues bien, en la elección realizada en La Maga, sobre 35 votos ... ¡hubo13 votos en blanco! Estos 13 votos, sumados a los 6 de la Naranja-Gris, dan una clara noción del repudio de los trabajadores de prensa que visualizan esta tendencia, a la actitud cada vez más abiertamente propatronal de la burocracia de la Utpba.

En la mañana del martes 3 de octubre, tuvo lugar el primer fruto tangible del acuerdo petrolero firmado hace dos semanas entre Argentina y Gran Bretaña. En una coqueta oficina londinense, el Consejo de Gobierno de las Falkland —el gobierno de ocupación colonial de las Malvinas— convocó a una licitación para la exploración y explotación gasífera y petrolífera en las aguas adyacentes a Malvinas sin que el gobierno menemista opusiera la menor objección. De la convocatoria participaron representantes de los grandes pulpos petroleros internacionales: Shell, British Petroleum, Union Texas, British Gas, Repsol (española), Japan International Oil Corporation y, tambiéns, la YPF de Argentina. El corazón del acuerdo petrolero argentino-británico era precisamente ése: que Argentina no obstaculizara la convocatoria de los kelpers. El menemismo dio así su consentimiento para que el “Consejo de las Falkland ejercite unilateralmente un acto práctico de soberanía” (según la definición de la cancillería británica). En ausencia del acuerdo, las compañías petroleras —y sus representantes diplomáticos— ya habían dejado saber que ninguna se arriesgaría a realizar las inversiones necesarias para determinar la existencia de petróleo en las aguas de Malvinas. Hace ya cuatro meses, cuando “los dos países parecían seguir un curso de colisión en la cuestión petrolera” (Financial Times, 4/10), John Martin, un alto ejecutivo petrolero designado por el Consejo de las Falkland para supervisar la licitación, había advertido que “será muy dificil avanzar con las licencias sin el acuerdo de Argentina (ya que) las compañías no tendrán confianza en niguna armazón política a menos que Argentina acuerde” (Financial Times, 22/6). Argentina ha renunciado a la soberanía de las Malvinas porque le otorga “seguridad jurídica” al ocupante colonial. Como enfatizó Andrew Gurr, presidente del Consejo de las Falkland, “los términos de lo acordado en Nueva York ‘contienen todas las garantías y seguridades necesarias’ para los kelpers” (Clarín, 1/10). El acuerdo va todavía más lejos porque establece la formación de un “área de cooperación” para la explotación petrolífera conjunta en aguas ubicadas entre las Malvinas y el continente. Para la conformación de esta zona, Argentina aporta 10.000 kilómetros cuadrados de sus aguas territoriales mientras que Gran Bretaña aporta 10.000 kilómetros de aguas que domina en virtud de su ocupación colonial de las islas. Esta “cooperación” reconoce a Gran Bretaña como “estado ribereño en el Atlántico Sur” que es la base para su reclamo jurídico de soberanía. El acuerdo eterniza la dominación colonial sobre las islas porque, como reconoce la prensa inglesa, “Gran Bretaña no va a entregar así nomás lo que puede ser un enorme recurso económico” (The Independent, reproducido por Ambito Financiero, 29/9). Las islas podrían lograr su autosuficiencia económica e incluso militar. Voceros de la administración colonial ya hicieron saber que destinarían parte de los fondos que se recauden al mantenimiento de la impresionante base militar de Mount Pleasant, la mayor y con más poder de fuego de todo el Cono Sur. “Bill Luxton, un importante miembro del Consejo de las Falkland está convencido de que (el hallazgo de petróleo) aumentará la autosuficiencia de las islas y el sentido de una identidad separada de la Argentina” (Financial Times, 4/10). Nunca será suficiente recordar la conclusión fundamental de uno de los diarios londinenses: “el hallazgo de gas o petróleo en torno a Malvinas servirá para enterrar las aspiraciones de Argentina para controlar las islas”. El gobierno menemista ha entregado la soberanía nacional sobre las Malvinas para satisfacer la presión del gran capital internacional. En la primera fila se encuentran YPF —es decir, los especuladores de Wall Street que manipulan sus acciones— y su asociada, la British Gas. Ambas han tendido un gasoducto a Chile y se han asociado para la explotación petrolífera y gasífera en el area malvinenese y en las aguas territoriales argentinas. YPF y British Gas han intercambiado estudios geológicos e investigaciones; la británica en las Malvinas, la “nacional” en el área de San Julián, en el Mar Argentino cercano a la “zona de cooperación”. También las compañías norteamericanas realizaron “una fuerte presión” (Financial Times, 4/10) para la firma del acuerdo. Para forzar un acuerdo estas empresas habían “congelado” su participación en el llamado “plan Argentina”, para la exploración y explotación petrolífera en las aguas del Atlántico sur bajo el dominio argentino. Algunas de estas compañías ya han planteado la posibilidad de “unitizar” —un procedimiento utilizado habitualmente para yacimientos interconectados— las concesiones que obtengan por medio del “plan Argentina” y las que obtengan en la lindante “área de cooperación” establecida por el acuerdo argentino-británico. “Los funcionarios argentinos —informa Financial Times, 4/10— se persuadieron de renunciar a su amenaza de iniciar acciones legales contra las compañías petroleras después de considerar el impacto negativo que esto puede tener sobre las inversiones futuras”. El gobierno argentino es un rehén de la Bolsa. La cuestión de las regalías El acuerdo no establece ningún reparto de regalías —ni en el “área de cooperación” ni en las que liciten unilateralmente los kelpers. Sin embargo, es “deliberadamente vago en la cuestión de si Argentina puede imponer impuestos a las compañías en las aguas reclamadas por Gran Bretaña... los gobiernos alcanzaron un acuerdo tácito que permitirá al otro país cobrar regalías de la explotación petrolera en aguas disputadas mientras oficialmente niegan a la otra parte el derecho de hacerlo” (Financial Times, 4/10). Los kelpers anunciaron que cobrarán regalías de sólo el 9% —contra el 12% que se cobra habitualmente— dejando la puerta abierta para que Argentina cobre el 3% restante por el uso de las instalaciones costeras, que utilizarían la mayoría de las compañías. Para cobrar este 3%, Argentina deberá modificar su legislación interna que esteblece regalías del 12%. Los impuestos corporativos que paguen las petroleras por la explotación —del 32,5%— quedarán por entero en manos de los kelpers. Un vocero de la cancillería británica declaró que “Gran Bretaña no le reconoce a Argentina derecho a cobrar regalías a las compañías que operan en las islas ... pero si las compañías que operan en la Argentina y quieren participar en la licitación quieren pagar impuestos a la Argentina, es su decisión” (Financial Times, 3/10). El principal negociador argentino del acuerdo, Guillermo González, declaró por su parte que “Argentina no reconoce el derecho de Gran Bretaña a organizar la licitación... Sin embargo si compañías argentinas quieren participar en una licitación que no reconocemos, es una decisión de negocios ... González dejó en claro que Argentina cerrará los ojos a la participación de compañías en la licitación del gobierno de las Falkland mientras paguen impuestos a la Argentina” (Financial Times, 3/10). La “ambiguedad constructiva” del texto firmado —según las palabras del vicecanciller Petrella— o el “acuerdo de caballeros” —según las de Di Tella— revelan la existencia de un acuerdo de fondo entre el menemismo, los británicos y los kelpers que supone la continuidad de la dominación británica sobre las islas. El 3%, ése es el precio por el cual el menemismo vendió la soberanía. Oposición proimperialista Los argumentos con que los radicales y los frepasistas se oponen al acuerdo están enderezados a la “insuficiencia” de las ventajas financieras obtenidas. Juan Carlos Olima, ex vicecanciller menemista y miembro prominente del Frepaso, por ejemplo, afirma que “en principio, la soberanía queda igual” (Página 12, 28/9) ... pasándole el lampazo al reconocimiento de hecho de la soberanía británica que significa la asociación política y comercial argentina con el ocupante colonial. Raúl Alconada Sempé, radical alfonsinista, protestó porque “algunos elementos positivos (del acuerdo) como, por ejemplo, el reconocimiento de disputa” (ídem), “se diluyen” como consecuencia del “desequilibrio” que significa una repartija del 75/25% de las regalías. Con un reparto del 50/50%, entonces el radical Alconada Sempé estaría dispuesto a dar las hurras. Los “opositores” que levantaron las posiciones más proimperialistas, lógicamente, fueron los “progresistas”. El radical Storani y el frepasista Caputo criticaron que el acuerdo no establece el reparto de regalías. “¿Qué pasa si una compañia que participa en la ronda británica paga su 9% pero rechaza pagarnos nuestro 3%? ¿Qué oportunidad tenemos de querellarla? (Financial Times, 4/10), se pregunta Storani. Más directo, Caputo criticó que se deje librado el reparto de “recursos que pueden tener un valor varias veces superior a nuestra deuda externa” a un simple “acuerdo de caballeros”. Según Caputo, los “derechos nacionales” que no están adecuadamente garantizados son ... “nuestro derecho” sobre el 3%. Por eso no tuvo empacho en reconocer que apoyaría el acuerdo si éste fijara por escrito el reparto de las regalías (programa de Grondona). Después de asegurar sus negocios (¡el 3%!) y los de sus “asociados” el menemismo entregó la soberanía argentina. La “oposición” lo critica porque no asegura suficientemente el cobro del 3%. La entrega defitiva de la soberanía nacional es la política oficial de la burguesía argentina, sin distinción de partidos.

En la planta de Shell ubicada en Dock sud, comienza a despuntar un movimiento de organización de los trabajadores. Un grupo de compañeros se abocó a la tarea de formar una lista para participar en las eleccionesde interna. Durante muchos meses, la patronal aprovechó la ausencia de C.I. para echar a más de 40 compañeros y modificar las condiciones de trabajo a su antojo. Cuando la empresa despide a un integrante de la lista, se impulsa la firma de un petitorio convocando a una asamblea, que reúne más de 80 firmas. La asamblea, aunque minoritaria arranca del secretario general del sindicato el compromiso de gestionar ante la empresa junto a un grupo de delegados designados por la propia asamblea, la reincorporación del compañero despedido. En la asamblea se expresaron críticas al sindicato, su falta de apoyo a los reclamos, el actual nivel de desorganización (fruto de las luchas intestinas entre diferentes bandos del aparato sindical) y la necesidad de organizar la planta y pelear contra los despidos, la flexibilidad laboral y la recomposición de los salarios.

PO: ¿Qué pasó en el “Rocazo” de los ‘90? Norma: Eclosionó un movimiento que se inició a mediados de febrero, culminando con una rebelión popular. A partir de quites de colaboración, retenciones de servicio y tomas parciales, se suscitaron a mediados de abril vigorosas tomas en Bariloche y Regina donde por primera vez se agruparon docentes y hospitalarios. Esta experiencia consolidó en la conciencia de los compañeros la idea de que de allí en más cualquier decisión de lucha debía llevarse adelante en conjunto. También vio esto la burocracia ultramenemista de UPCN y de la UNTER (que agrupa a docentes) y ATE, que formaron el Frente Estatal. Maniobras de toda laya fueron suscriptas por estos pandilleros llegando al colmo con la firma del “acuerdo de crisis” que postergaba al infinito a los pasivos, consagraba la mora en el cobro de haberes, aceptaba los despidos vía “revisión de los malos legajos” y presentaba como una conquista las reducciones horarias con el consiguiente perjuicio en el sueldo. Los laureles se los llevó Daniel Gómez, dirigente de UNTER, al plantear como ejemplo de democracia sindical el haber consultado a sus bases antes de firmar dicho acuerdo, en realidad un siniestro operativo político para que las víctimas eligieran el hacha o la guillotina. Bastó el incumplimiento por parte del gobierno con la primera fecha del cronograma para que recrudecieran las luchas en cantidad e intensidad. Se generalizó el reclamo a reparticiones que históricamente oficiaron de carneras como Registro Civil, IPROSS o jefaturas de Enfermería. Las tomas y las movilizaciones se convirtieron en cosa de todos los días. Del quite tibio se pasó al paro provincial, el movimiento no se amilanó ante la impresionante militarización de la provincia. Ante el paro de UNTER del 5 de octubre, UPCN no llamó al paro, lo que fue desoído por las bases y salió un paro de 48 horas de todos los hospitales. En Roca una multitud de más de 5.000 personas participó en una movilización (la anterior había sido de casi 7.000) rodeadas de gendarmes con el infructuoso esfuerzo de la multisectorial de Roca de “llamar a la calma” tras la pedrea inicial al municipio y antes de concluir el himno salió el grupo BORA (antimotines) a regar gases y balas de goma. Provocó una dispersión inicial que redundó en una ira generalizada y duró ocho horas en Roca y siguió en Regina. Allí había sido convocada otra movilización para la tarde, en la cual los trabajadores le prendieron fuego a la casa de Edgard Massaccesi, primo del gobernador y ex presidente del Banco Provincia de Río Negro, bajo cuya gestión se “evaporaron” por lo menos 200 millones de dólares. Esto se repitió en Viedma en la movilización de la noche, marcha de antorchas con misa incluida. Un impresionante operativo periodístico intentó traducir todo esto como producto de unos pocos revoltosos o de “grupos” infiltrados o de jóvenes alocados. PO: ¿Cuál es el proceso de las multisectoriales? Norma: Aparecen tras los disturbios de fines de setiembre para vaciar al movimiento de lucha. En Regina, por ejemplo, llamaron a una toma “simbólica” del municipio en la que lo único que faltó fue decirle gracias al intendente por dejarnos pasar. El activismo que estuvo en la toma de abril vio esto rápidamente y optó por dejar a las cámaras patronales y los “opositores” diputados bebiendo café y comiendo pollo en la rotiseria. Fue a la carpa docente con radio abierta para denunciar que se pretendía dejar los reclamos en nada. Hoy la unidad en la base de los gremios es muy fuerte y muy decidida. Hay que convocar a un plenario de todos los estatales, que sea resolutivo, que convoque además a las coordinadoras de padres, los centros de estudiantes, los desocupados, los trabajadores de actividad privada, en definitiva a todos los que participaron de este “Rocazo”. Por la reincorporación de los despedidos, por el pago íntegro de lo adeudado a activos y pasivos, pase a planta de los contratados, ningún despido. No al pago en bonos. Por la regularización de la obra social. No al traspaso de la Caja. No a la privatización de la salud y la educación públicas. Al día de hoy, lunes 9, se hicieron asambleas. Los docentes siguen la retención y jueves y viernes hacen paro. La asamblea del hospital fue muy buena, en cuanto a conclusiones políticas salió paro de 48 horas para esta semana igual que docentes. Se repudió a la multisectorial. Está planteado que UPCN no concurra más a las reuniones con la Multisectorial y fue visualizada la idea de convocar a la intergremial de bases. UPCN maniobró y no se votó pero el germen de una política independiente está.

Como “lo prometiera”, el gobierno de Mestre terminó aplicando la Ley de Emergencia a los trabajadores del Banco Provincia al reducirles el salario en un 15%, establecer “ahorros” en comisiones, viáticos y horas extras. El directorio decidió la aplicación “unilateral” de la Ley ante la “resistencia” de la Junta Gremial a colaborar con su aplicación. La Interna hizo votar el “estado de alerta y movilización. En una sucursal del Banco se votó en favor de un inmediato paro de 24 horas. Con relación al desafuero de la C.I., un miembro del Directorio sostuvo que “para adoptar una resolución favorable a los gremialistas es necesario establecer un diálogo absolutamente cordial y en paz”(La Voz, 27/9), es decir: “firmen la Ley y la paz social por 6 meses y levantamos el desafuero”. Pero según el titular del Banco “debemos esperar los resultados (de la justicia) y acatarlos” (ídem, 28/9), lo que significa que no se vacila en buscar la ilegalización contra todo el movimiento obrero cordobés. La Coordinadora de Gremios Estatales, mientras tanto, asiste impasible a este proceso, luego de haber demolido la resistencia a la Ley. La Interna del Banco Córdoba se encuentra ante la responsabilidad de fijar una política, es decir, preparar la ocupación del Banco, y exigir un plenario provincial y un inmediato paro activo provincial. A pesar del gran retroceso que ha impuesto a los trabajadores, el gobierno cuenta las horas. Es que fracasó el intento de la patronal de CIADEA de forzar el “retiro voluntario” de 1.400 trabajadores, frente a la eventualidad de un conflicto. Sin embargo, el gobierno acaba de anunciar la transferencia de la “atención primaria de la salud” a los municipios, luego de haberles “tirado” las escuelas —la educación preescolar en 1996, como primer paso. Sólo “la mitad de los municipios tiene sus salarios al día” y “unos 10 deben hasta 8 meses de sueldo” (ídem, 28/9). Dónde se fue la guita El gobierno ha activado las denuncias sobre los negociados de la administración angelocista en el Banco de Córdoba, luego de haberle dado los “fueros” de senador al ex gobernador. Según esas denuncias, se produjo “una pérdida de 330.000 dólares en plena crisis” (ídem) por compraventas fraudulentas de títulos y acciones a través del Banco Mariva; se fueron “51 millones de dólares” (ídem, 28/9) por “créditos mal negociados o incobrables” empezando por el Banco Extrader. Es aquí, entonces, donde está la plata para los trabajadores. La resistencia requiere de una respuesta común de todos los sectores de las masas —abrir las cuentas, fuera la Ley, NO al vaciamiento, a la privatización o despidos.

El triunfo de Felipe Sapag (MPN) con el 55% de los votos no es, con todo, el aspecto más destacado de las elecciones neuquinas. Hubo casi un 10% de votos en blanco, para gobernador, cifra que salta al 15% en ciudades de fuerte predominio obrero como Zapala, Centenario, Plottier, Piedra del Aguila y a casi el 20% en San Martín de los Andes. En Zapala y Centenario el voto en blanco salió “segundo”. En la capital neuquina el voto en blanco fue del 5%, pero subió al 10% para intendente y concejales. El MPN casi duplicó la votación en relación al 14 de mayo. Acaparó los votos del Frepaso, del PJ y del radicalismo, e inclusive de la izquierda, con un discurso contra el menemismo y el Plan Cavallo, calificando al gobernador del MPN Sobisch, como un infiltrado menemista en sus filas. Sin embargo, en una amplia capa de población, en especial entre los desocupados, el discurso sapagista encontró un límite infranqueable, como lo demuestra el voto en blanco en el interior de la provincia. En la capital hubo un mayor voto a Sapag, que no se extendió al resto de los cargos, duplicándose el voto en blanco. Felipe Sapag se sentará entonces en la gobernación sobre un barril explosivo. Su discurso demagógico no tiene ninguna sustentación y deberá rápidamente aplicar la política de “ajuste”, pero en condiciones en que un amplio sector popular no fue cautivado por sus promesas de “salvador provincial”. Esto marca un giro importante en un sector de los explotados que, tradicionalmente, se encolumnó detrás del sapagismo. Esta situación explica la provocación lanzada contra la izquierda en las vísperas de las elecciones porque, evidentemente, esta gran masa de trabajadores podía votar por los partidos de izquierda y en especial por el Frente PO-Mas. La provocación y todo el clima de intimidación posterior bloquearon esta posibilidad. La izquierda fue “acusada” de “provocar los disturbios” e “instrumentar” a los desempleados en la movilización del 2 de octubre que ocupó la gobernación cuando los dos diarios de circulación en Neuquén tuvieron que reconocer que la agresión partió de las fuerzas de seguridad. Se lanzó un operativo de represión e intimidación sobre los partidos de izquierda y los activistas de la Coordinadora de Desocupados. Panario, miembro de la Coordinadora, fue detenido luego de la represión y procesado por “daño a la propiedad pública”, una causa no excarcelable y con penas que van de 4 a 8 años. La justicia emitió ordenes de captura contra dos dirigentes de izquierda y publicó una lista de16 “responsables” de la “violencia” que incluyó a la mayoría de candidatos y dirigentes de los partidos de izquierda. Estos pasaron a ser perseguidos sin imputación judicial y con los métodos propios del “proceso”. Todos los medios comenzaron a pasar un video “armado” para involucrar a los activistas como iniciadores de la agresión y de los destrozos. La represión se centró en los barrios obreros, con allanamientos y un “control” constante de los patrulleros y aniquiló la campaña electoral de los partidos de izquierda , obligándolos a una dura lucha para sostener los fiscales el día de la elección. La represión partió de las fuerzas policiales; agentes pagos del MPN y del gobierno infiltrados entre los desocupados tuvieron la iniciativa en los destrozos (ver reportajes), un “fotógrafo” de la policía se ocupó de filmar lo que luego sería presentado como “prueba” del accionar de los “activistas” (y habría incendiado el móvil policial). La provocación del gobierno tuvo una deliberada intención política: quebrar el movimiento de lucha en ascenso de los desocupados, que en poco tiempo pasó a coordinar la acción de 17 barrios obreros de Neuquén y que tiene expresión a nivel de toda la provincia. El mismo 2 de octubre, al enterarse de la movilización en Neuquén, centenares de desocupados ocuparon la Intendencia de Centenario y en San Martín de los Andes se sucedieron las asambleas con más de doscientos trabajadores organizados. El propósito del gobierno (y del sapagismo) era quebrar lo que puede ser la columna vertebral de un movimiento de resistencia contra el “ajuste” que se viene en la provincia y que pondrá a Felipe Sapag a la altura de Massaccesi, con el remate de EPEN (empresa de electricidad) y el Banco Provincia, la anulación del estatuto del docente y del empleado público, el desmantelamiento de la salud y la educación públicas, impuestazos y la mayor desocupación. El PO denunció la campaña provocadora y presentó un recurso de amparo reclamando la suspensión de los comicios frente a “la proscripción de hecho y de derecho de una parte del pueblo y sus expresiones políticas”, que la justicia sapagista desestimó con un “alegato” abiertamente anticonstitucional.

PO: Jorge Mora y Norma Erize, dirigentes de la organización de desocupados en Valentina, ¿que pasó exactamente el 2 de octubre? Jorge: El 2 ha demostrado la importancia del movimiento de los desocupados y al mismo tiempo la decisión del gobierno de no atender nuestros reclamos y sí el de las grandes empresas, como los 100 millones que le dieron a Cominco o los cinco millones que le dieron a Zanón, que después empezó a echar gente, o todo el despilfarro de los fondos públicos en el municipio de Neuquén —que provocó la destitución del Intendente. Porque no tenía respuesta a los desocupados, desató esa bárbara represión... PO: El gobierno dice que la ocupación de la casa de gobierno fue una provocación armada por una minoría de activistas... Norma: No es como dice el gobierno. En la movilización nuestra hubo gente aparentemente pagada por el gobierno para hacer ellos los disturbios para, con ese sistema usual de ellos, podernos reprimir a nosotros, para que no pudiéramos reclamar lo que íbamos a reclamar. Qué casualidad que cuando se pasó a un cuarto intermedio (luego de la entrevista con el gobierno), y los de la Coordinadora íbamos a charlar sobre lo qué hacer, empezaron a atacar. Nosotros no fuimos con la intención de ir a una guerra, iban madres embarazadas, chicos, a pedir un trabajo y el subsidio. Jorge: La intención del gobierno con esta represión es cortar todo el movimiento que se había generado, que ya abarcaba no un solo barrio y amas de casa del sindicato de empleadas domésticas como la primera vez que fuimos a la Municipalidad, sino quince o diecisiete barrios. El mismo día se produjo la movilización en Centenario, después de tomar la casa de gobierno en busca de respuesta, la difusión por los medios de lo que pasaba en Neuquén hizo que rápidamente se juntaran los compañeros desocupados de Centenario e hicieran lo mismo que nosotros. PO: ¿Cuál es la situación hoy? Norma: La gente está muy atemorizada, porque la policía a algunos los ha amenazado, con temor incluso de pedir algo para sus hijos. Antes de que pasara esto había madres que se iban a pedirle al gobierno un kilo de azúcar o un kilo de harina, pero ahora tienen temor a quedar detenidas porque han sacado fotos de la gente. PO: ¿que está ocurriendo con el subsidio al desempleo? Norma: aquí en Valentina Sur, el gobierno le dio a una persona de la que voy a dar nombre y apellido, se llama Carlos Cide, subsidios de 200 pesos para que haga la campaña como delegado de CALF (Cooperativa de Luz y Fuerza). Esa persona entregaba los 200 pesos a cambio de que le hicieran la campaña, mientras nosotras no tenemos qué darle de comer a nuestros hijos. Inclusive acá, después que pasó esto (la movilización del 2 de octubre) vino el Coordinador del ministro Lara a entregarle cheques de 400 y 500 pesos a la gente que fue con nosotros y que fueron los primeros que empezaron a romper vidrios y ventanas. Era gente que fue con la movilización de nosotros pero pagada por el gobierno. PO: ¿Qué política plantear hoy para el movimiento de desocupados? Jorge: los representantes de varios barrios de la Coordinadora ya hicimos una reunión donde decidimos convocar a un acto de repudio contra la represión y por la libertad del compañero Panario (5 de octubre). Con eso intentamos contrarrestar la campaña mentirosa y difamatoria del gobierno, que ha compaginado y tergiversado los videos haciendo ver que fuimos a provocar a la casa de gobierno. Nuestra intención es que este movimiento, que se ha desarrollado en forma independiente de los partidos patronales y de la burocracia sindical, tanto de la CGT como del CTA y el MTA, siga adelante. En el punto culminante hemos movilizado a l000 compañeros representando a los 3.600 que están en nuestro padrón. Norma: La Coordinadora de Desocupados tiene que seguir trabajando. Si el gobierno nos sale a reprimir es necesario seguir en la lucha por el plato de comida para nuestros hijos, para que se creen fuentes de trabajo y para que, en lugar de tirar el dinero como lo tiran, se lo den a los obreros.

PO: ¿Cómo fueron los hechos el 2 de octubre? Angélica: Quiero decir antes que nada que no estamos avaladas por ningún partido político, solamente por los desocupados. Nosotros habíamos acordado ir a cobrar el 2 de octubre, le dimos unos días más porque correspondía cobrar el 30 de setiembre. Fuimos con toda la familia porque pedimos que el pago de los subsidios sea sin discriminación, no como la ley 2128 que discrimina a muchos jóvenes siendo padres de familia —yo tengo mi hija, 15 años, que es madre soltera y no encuentra otro trabajo que fregar pisos a los patrones. Ibamos en todo momento en son de paz a pedir que nos paguen los subsidios y nos den trabajo con un sueldo digno porque yo quiero preguntarle al señor Sapag y al señor gobernador: ¿cuánto tiempo viven ustedes con 200 pesos? Cuando llegamos a la casa de gobierno entraron los compañeros, con la puerta abierta, en ningún momento rompieron nada, basta de mentiras, pedimos una cocina para calentar la leche a los niños y allí sentí la primera bala, los primeros gases lacrimógenos y pedí a un periodista que entrara y vea lo que estaba pasando y eso no se vio en ningún momento, lo que muestra que el gobierno paga también a periodistas para que digan lo que el gobierno quiere... Yo esto lo viví en carne propia, cómo vamos a llevar a nuestros hijos a algo que nosotros sabemos que va a ser una pelea, nosotras no somos ningunas homicidas... Mireya: En el barrio todas nos conocemos... los coordinadores conocemos al resto. Cuando yo salí de la casa de gobierno vi muchachos tirando piedras y quemando un coche a los que jamás había visto. Incluso había un chico rompiendo cosas que andaba con pantalones cortos, nosotros salimos del barrio a las 8 de la mañana y sería ridículo que un joven saliera con pantalones cortos a esa hora. Nos preguntamos con otra gente de la Coordinadora: ¿conocés a esta gente? No, a esta gente nunca la vimos. Entonces yo coincido con la compañera de barrio Valentina que son gente pagada por el gobierno. PO: ¿El gobierno plantea que esto es un movimiento de los partidos de izquierda y que no tiene nada que ver con los deseos de la gente? Angélica: Esto es ridículo, seremos gente obrera y desocupada, pero no somos tan ignorantes para que venga un partido político y nos meta cosas en la cabeza, nosotros pensamos con nuestros cinco sentidos, lo que nos mueve a esto es que los chicos piden pan, una mamadera de leche. Me gustaría que se escuche bien la grabación de Panario, cuando dice “si en diez minutos no salgo, rompan todo”, porque ellos hicieron entrar policías sin que supiéramos donde y el compañero tenía miedo de no salir y que se lo llevaran escondido... PO: ¿Vos como ves la actuación de los partidos de izquierda? Angélica: nos acompañan y son desocupados como nosotros. Puede haber un miembro del MPN en nuestras filas y no lo discriminamos porque es un desocupado. El MPN no va a poder quebrar este movimiento, porque la desocupación no va a terminar y mientras no termine, vamos a seguir trabajando mas firme que nunca. Llamo a todos los compañeros de la Coordinadora a seguir reuniéndonos y seguir luchando, porque tenemos la verdad. Un tema es que las listas de los desocupados no pueden venir del gobierno, que determina quien sí y quien no, esto tendría que venir de otro lado... Mireya: ... manejado por la propia Comisión de Desocupados, que nos conocemos entre nosotros y quienes somos.

En diciembre tendrán lugar las elecciones parlamentarias rusas. Su importancia es que servirán de “ensayo” para las presidenciales que deberían realizarse en junio de 1996. A la cabeza de las encuestas se encuentra Alexandr Lebed, un ex general —considerado como “el oficial más popular” del ejército— que se destacó por su oposición a la invasión a Chechenia y cuyo principal planteo es la revisión de las privatizaciones. El Partido Comunista —en alianza con el partido de los jefes de las granjas colectivas y estatales, el Partido Agrario— podría llegar a obtener el 25% de los votos. En las elecciones municipales realizadas en las últimas semanas, el PC obtuvo una serie de victorias resonantes: obtuvo 22 de los 24 escaños del Consejo Municipal de Volgogrado; 10 de los 11 de los de la ciudad de Orel y 12 sobre 20 del de la ciudad de Vladimir. El desempeño del PC se explicaría según diversos corresponsales, por las elevadísimas tasas de desempleo, por el atraso de varios meses en el pago de los salarios de los trabajadores estatales y por la depresión de la actividad agrícola de las zonas circundantes a las ciudades donde se realizaron las elecciones... una situación que se repite en todo el país. La orientación política del PC —un partido en el que revistan directores de bancos y de complejos industriales “que han probado las ventajas de la economía de mercado” (Le Monde, 4/10)— ha sido adecuadamente definida por uno de sus oponentes, Yedor Galdar, el llamado “arquitecto de las privatizaciones”. “Si el PC cumple las promesas que le hizo al presidente Clinton (en su última visita a Moscú), entonces los demócratas nos tendremos que ir a dormir”. (Le Monde, 4/10). Los “reformistas” yeltsinianos obtendrían apenas el 18% de los votos... divididos en cinco partidos, lo que dejaría a la mayoría de ellos fuera del parlamento; los “demócratas” se encuentran violentamente enfrentados entre sí y con el gobierno en todas las cuestiones esenciales: la guerra de Chechenia, la política económica y, !ojo!, el destino de la propiedad (ídem). Todo esto es lo que permite anunciar que “el gobierno marcha a una seria derrota en las elecciones de diciembre” (Financial Times, 3/10) a causa del “agudo descontento con las consecuencias de las reformas de mercado” (ídem). El ascenso electoral de los partidos y candidatos “nacionalistas” refleja el extendido repudio popular al desempleo masivo y en ascenso (en regiones enteras, como Rusia central, supera el 30%); a la reducción vertical del poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones (60% en apenas tres años); al sistemático atraso de varios meses en el pago de los salarios y a la opulencia de los “nuevos ricos” y de los burócratas transformados en propietarios en medio del mar de la miseria popular (la tercera parte de la población vive por debajo del nivel de pobreza). “En muchas mentes, las reformas están asociadas con el robo al pueblo y la imposición de la miseria de la mayoría en beneficio de unos pocos”. Quién dice esto es, precisamente, uno de los beneficiarios de las “reformas”, el economista-banquero Yavlinski (The New York Times, 15/9). El repudio popular a Yeltsin se expresa en sistemáticas manifestaciones de jubilados y huelgas locales de trabajadores estatales. A fines de setiembre pararon los maestros de toda Rusia. Al mismo tiempo, los mineros del carbón amenazaron con una huelga nacional. “El Kremlin teme que la huelga de los maestros pueda ser el comienzo de una ola de huelgas y protestas” (Financial Times, 27/9). Los “éxitos” del gobierno Aunque por primera vez en años, la tasa mensual de inflación es inferior al 5% y desde julio el rublo mantiene una relativa estabilidad frente al dólar, “a 90 días de las elecciones, el mayor peligro para el gobierno es el costo social (de la “austeridad”)” (Financial Times, 27/9): anulación masiva de programas sociales, profundización de los atrasos salariales, aumento del desempleo y postergación (cuando no anulación) de las partidas destinadas a la salud y a la educación. Al margen de esto, la recaudación impositiva es, apenas, un 30% de la presupuestada; los ingresos por privatizaciones son todavía menores: apenas un 5% de los 8.700 millones presupuestados para este año; el gobierno ha logrado hasta ahora evitar el recurso a la emisión monetaria mediante un altísimo endeudamiento de muy corto plazo y con tasas muy elevadas que Le Monde (20/9) caracteriza como “insostenible”. Privatización: segunda etapa Entre 1991 y 1994, fue privatizada —al menos parcialmente— el 60% de la propiedad industrial rusa. La privatización, reconoce hoy la OCDE, significó tan sólo un cambio en la titularidad jurídica de la propiedad, pero de ningún modo una inyección de capitales; en consecuencia, las empresas —tanto privadas como estatales— siguieron dependiendo del crédito oficial. El gobierno acaba de anunciar la “segunda etapa” de las privatizaciones, en la que “ofrece” 29 empresas, entre ellas, los principales pulpos petroleros, la mayor productora mundial de níquel, fábricas de aviones, astilleros y compañías de transportes; muchas de estas empresas ya se encuentran parcialmente privatizadas. La particularidad del nuevo plan es que un consorcio de bancos ofrecerá préstamos al gobierno para financiar su déficit fiscal a cambio del gerenciamiento de las empresas a privatizar. Las acciones de estas empresas serán entregadas a los bancos como garantía del reembolso de los préstamos. Este “esquema” fue propuesto por los bancos rusos. Como los bancos no pondrán un centavo en las empresas que administren, la privatización agudizará la desorganización económica. El nuevo “esquema” privatizador ha sido criticado por los bancos occidentales, para quienes las empresas serán “vendidas muy por debajo de su valor”, “liquidadas” en beneficio de los bancos y de los grupos dominantes de la economía, el principal de ellos el Gazprom —el gran pulpo gasífero en el que tiene “intereses” el primer ministro Chernomyrdin. Le Monde anticipa que el “esquema” provocará serios choques entre los directores de las empresas y los bancos llamados a administrarlas. La distribución de la propiedad, como señaló Yavlinski, fractura al “establishment” burocrático. Crisis bancaria Los bancos rusos, sin embargo, se caracterizan por su generalizada insolvencia. En agosto, hubo un “pánico financiero” que sólo fue superado mediante la inyección de fondos por el banco central. Según la Asociación de Bancos Rusos, más de 500 instituciones (el 25% del total) son insolventes. Si se utilizaran los parámetros bancarios occidentales, el número de bancos insolventes sería todavía superior; el 35% de los préstamos bancarios son incobrables. Por eso, la Asociación de Bancos exige mayores inyecciones de dinero oficial. La ola de asesinatos de banqueros que acompañó la crisis bancaria de agosto resalta la agudeza de la crisis. “La ola de asesinatos —editorializa el Financial Times (28/8)— es simplemente un horrible anticipo de las conmociones por venir en los mercados financieros, con banqueros buscando medios alternativos para resolver sus problemas de liquidez”. La crisis bancaria “pone en duda que los bancos rusos tengan suficiente efectivo como para invertir fuerte en el esquema de privatizaciones ... por lo que muchos sugieren que las propias compañías rusas canalizarán fondos hacia los bancos para comprar sus propias acciones y fortalecer su control empresario” (Financial Times, 4/10). Las “elites empresarias” que se han llevado la parte del león de la “primera etapa” de las privatizaciones —la Gazprom, en primer lugar— se quedarán así con la segunda, a precio de regalo. Algunos analistas occidentales —como el sueco Anders Aslund, ex consejero de Gorvachov— consideran que la crisis es “beneficiosa” porque permitirá “limpiar” del mercado a los bancos poco capitalizados y hasta mafiosos que florecieron gracias a la hiperinflación y a la especulación contra el rublo. Pero esto plantea, ni más ni menos, que la expropiación de una fracción de la burocracia en beneficio de los sectores más “capitalizados” de la propia burocracia y del imperialismo. El viceprimer ministro —encargado de la economía— Chubais sabe de lo que habla cuando dice que “la transición de una economía de mercado primitiva a una civilizada —así caracteriza la quiebra de los bancos más golpeados por la crisis— es más peligrosa que la primera transición del comunismo” (Financial Times, 28/8). La lucha de los grupos burocráticos por la propiedad plantea una crisis política de fondo del Estado. Lucha por la propiedad La lucha por a apropiación y reapropiación entre las distintas camarillas burocráticas se manifestó abiertamente en el asesinato de banqueros en el pico del “pánico financiero”. Esta lucha es la que explica la fractura de los partidos “reformistas” oficiales y el pasaje de sectores de la burocracia a la oposición “nacionalista”. Otra expresión es el ascenso de las mafias, que —se dice— controlarían 400 bancos y más de 50.000 empresas privadas y estatales. Las mafias, asociadas a la burocracia estatal, ya existían bajo el régimen burocrático, donde dominaban el mercado negro y no son otra cosa que asociaciones capitalistas que promueven sus negocios -y la apropiación de la propiedad- mediante métodos delictivos y violentos. Un caso paradigmático en la lucha por la propiedad es el de la fábrica de motores de aviones de Rybinsk, disputada entre el gobierno nacional y los accionistas locales. El gobierno de Moscú —por medio de la Agencia Federal de Quiebras—declaró la bancarrota de la empresa… con el objeto de entregársela a un inversionista pivado que, según denuncian los accionistas y el gobierno local, no sería otro que Gazprom, la empresa del primer ministro Chernomyrdin. El gobierno local ha puesto policías en la planta para evitar un asalto nocturno por parte de los agentes federales; el gobierno, por su parte, amenaza con enviar tropas para “hacer cumplir la ley” (Financial Times, 15/9). La lucha por la apropiación de los recursos entre las distintas camarillas burocráticas está, también, en el fondo de la guerra chechena. El gobierno ruso —dominado por los intereses de los pulpos petroleros y gasíferos— marchó a la guerra para asegurarse el dominio de una región rica en petróleo y de importancia estratégica para el trazado de los oleoductos que lleven a Occidente el crudo y el gas extraído de los pozos de Bakú, en la ex república soviética de Azerbaiján. La Gazprom y los pulpos petroleros también están en el centro de las diputas entre Rusia y el gran capital financiero, que reclama la liberalización del comercio energético ruso. “El fracaso de los barones del petróleo y del gas de Rusia para liberalizar los precios internos y el comercio exterior sugiere que ellos creen que pueden beneficiarse más de un tramado opaco de subsidios estatales y controles de precios que del mercado libre” (Financial Times, 10/7). La disputa petrolera entre los grandes pulpos rusos y el gran capital imperialista sería la causa principal de las renovadas tensiones diplomáticas entre Rusia y Estados Unidos. Repudio de las masas trabajadoras a las devastadoras consecuencias de las “reformas” sobre sus condiciones de vida, comienzo de las movilizaciones populares contra el gobierno; lucha abierta por la propiedad entre las distintas camarillas burocráticas: las elecciones parlamentarias rusas ponen en primer plano todas las contradicciones explosivas que ha acumulado el proceso de la restauración capitalista.