Prensa Obrera N° 466

El escándalo de las mafias y de los “retornos” continúa, y no podrá pararlo ninguna “tregua”, porque tiene que ver con una guerra entre monopolios que es acicateada por el estrechamiento del mercado nacional y mundial. La pretensión de “que lo que falló fueron los controles y la supervisión que debían ejercer los directivos separados” por IBM en el caso Banco Nación (El Cronista 22/9) es, por cierto, un cuento de hadas. Como señala Julio Nudler en Página 12 (17/9), “es irrazonable pensar que este escándalo se agote en el nivel de Aldo Dadone y los tres directores renunciados y ni siquiera de Ricardo Martorana, presidente defenestrado de la IBM local... Semejantes volúmenes de retorno implican –según los expertos en negocios– la participación de altos niveles políticos”. El asunto de los “retornos” oculta, sin embargo, el meollo de la estafa. El profesor de la cátedra de Tecnología de Computadoras de la Facultad de Ciencias Económicas, Ariel Garbaz, ha advertido que “en el caso de las contrataciones, la Justicia y casi todos los medios se están ocupando de las coimas y no de los supuestos negociados, de perderse detrás del seguimiento de una cuenta suiza, en lugar de ocuparse de investigar el sistema de licitaciones y contrataciones del Estado y comparar los precios del hardware y software adquiridos”. Ariel Garbaz señala que solamente por la contratación del Banco Nación con IBM “el Estado pagó 129 millones de más”, y se refiere a los 37 millones de coima como la “caja chica” (Página 12, 22/9). IBM “ganó” en los últimos dos años todas las licitaciones públicas: la de la Lotería Nacional, por 300 millones; la de la DGI, por 400 millones; la de pasaportes y cédulas de la Policía Federal, por 163 millones; la del Banco Nación, por 249 millones... Si por esta última hubo 129 millones de más, el sobreprecio pagado en todos estos contratos (que suman unos 1.000 millones) totaliza fácilmente los 400 millones de dólares. Cavallo-Yabrán, ¡socios! En el caso de los pasaportes, la adjudicación fue ganada por Ciccone, vinculada a Yabrán, con tecnología IBM. Encotesa la impugnó, como lo prueba el hecho de que “el vicepresidente de Encotesa, Alfredo José Castañón, se dirigió a la subsecretaria de Sistemas de Información, María Eugenia Dallorso –sobrina del ministro Cavallo– para que interviniera en esta cuestionada licitación. Por el resultado, es evidente que este organismo habría avalado la decisión de la Policía Federal de no atender los reclamos de Encotesa” (El Cronista, 20/9). Encotesa pretendía “hacer un consorcio con las firmas Unysis Sudamericana y Llenas y Cía. para quedarse con el negocio del que finalmente se hizo cargo Ciccone” (La Razón, 19/9) Es decir que el negocio de los pasaportes era una lucha de grupos económicos imperialistas rivales: Unysis e IBM. ¿De qué lado estaba Cavallo en esta pugna? Su hermano Jorge “actuó como subcontratista de IBM en el acuerdo con el Banco Nación y se menciona la relación de Jorge Cavallo con el ex vicepresidente del Banco Nación, Hugo Gaggero” (Página 12, 17/9). Gaggero que como vicepresidente del Nación secundó a Dadone en el negociado de IBM, fue nombrado por Cavallo jefe máximo de la DGI, en un claro intento de parar la investigación de la informatización del Banco Nación y, anterior a ésta, de la propia DGI. Ahora Gaggero está acusado en Córdoba de complicidad con una comprobada evasión fiscal de 10 millones de pesos. La sobrina de Cavallo no fue la única gestora en el negocio de los pasaportes. Esteban Caselli, secretario de la Vicepresidencia, “no es ajeno ... a los pliegos de licitación para la confección y distribución de los nuevos DNI” que favorecieron a “dos firmas amigas del poder, la imprentera Ciccone Calcográfica y el currier OCA, de Yabrán. Los amigos más notorios de Caselli de la Iglesia en la Argentina son los cardenales Antonio Quarracino y Raúl Primatesta, además del nuncio apostólico Ubaldo Calabresi... Caselli constituye uno de los principales nexos del Gobierno con la Iglesia local y con el Vaticano” (La Nación, 20/9/95). Tenemos aquí otra evidencia del entrelazamiento de los negocios de Cavallo y de Yabrán. Esta evidencia abona la versión de que la pelea Yabrán-Cavallo tendría que ver con el intento de alguno de ellos de “saltarse” al otro. A pesar de estas revelaciones, Menem se deshizo en elogios de Caselli, del mismo modo que sigue alabando al “empresario exitoso” Yabrán. Es evidente que hubo un negocio compartido de Yabrán, Cavallo, IBM, el que se rompió cuando Yabrán se negó a compartir el negocio del Correo. Los ataques de Cavallo a Yabrán y Primatesta así lo indican. Estos “negocios” compartidos estaban destinados a financiar “cajas políticas” que ahora transitan por caminos separados. La “patria informática” En todo este asunto, IBM actuó con un auténtico federalismo. En Neuquén, Felipe Sapag, del MPN, denunció al gobierno provincial del MPN de haber hecho una contratación “cerrada” con IBM por 16 millones (Ambito, 20/9). También Bordón, entonces gobernador, contrató en 1990 con IBM “en sólo tres días hábiles” la informatización de la Administración Pública de Mendoza en 30 millones (La Prensa, 22/9). El Banco de Córdoba informatizó con IBM “en forma directa... por unos 8 millones de dólares, al margen de las normas que imponen para este tipo de operaciones la obligación de realizar un llamado a licitación”. Hay también irregularidades que involucran a IBM “en la puesta en marcha de la Tarjeta Social”, a través de un “convenio firmado entre el Banco Social y el IPAM (Instituto Provincial de Atención Médica)” (La Voz del Interior, 16/9). También el Banco Central lanzó una licitación para la “Compensación electrónica de medios de pagos” que se detuvo cuando saltaron las denuncias contra la “mafia informática”. CCR, Consad, cuenta suiza, son tan sólo cortinas de humo o asuntos de “caja chica”, como dice el profesor Garbaz, para tapar el saqueo de las finanzas públicas por parte de Menem-Cavallo-IBM. Lucha imperialista No fue el defenestrado Ricardo Martorana el que diagramó la penetración de IBM en el Estado argentino. Cuando IBM se lanzó a la conquista del mercado informático argentino, lo hizo como parte de una estrategia internacional que pretendía superar su profundo retroceso en el mercado mundial de computadoras. “El año pasado IBM informó su primera ganancia anual desde 1990...”, destacaba The Financial Times (19/9), y agregaba que IBM continúa “perdiendo terreno en el mercado de las computadoras personales”. “Con ingresos estimados en 10.000 millones y ganancias marginales, el negocio de las computadoras personales es uno de los problemas visibles más grandes de IBM. La vulnerabilidad de la compañía ante la competencia es más obvia ante el lanzamiento del Windows 95 por parte de Microsoft”. Además, “IBM reconoció el mes pasado que están postergadas todas las entregas de los nuevos sistemas de almacenamiento de datos, los cuales ayudarían a contrarrestar la fuerte competencia. También tiene problemas en la división de armaduría”. Esto explica que el precio de las acciones de IBM en Wall Street cayeran “casi un 20%”. Microsoft, Unysis, Hewlett Packard, NCR ... han hecho saltar toda la bosta de IBM como parte de una lucha imperialista para conquistar los “mercados emergentes”. La intervención del FBI revela que el problema es, para Estados Unidos, nada menos que un asunto de Estado.

“Los hospitales atraviesan una profunda crisis producto de las políticas de ajuste, agravadas por los proyectos de autogestión que pretenden la autofinanciación de los establecimientos ante un Estado que se desentiende de la salud”, plantea Mundo Hospitalario, publicación de la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires, en su N° 22. El periódico informa sobre las Jornadas en defensa del hospital público organizadas en el Hospital Garraham por dicha Asociación, junto a la Comisión Interhospitalaria del Conurbano y Provincial (CICOP), la Asociación de Profesionales del Hospital Garraham y la Asociación de Profesionales del Hospital Posadas. En la mesa redonda “Análisis político del Hospital Público” hubo un debate que puso de manifiesto la disposición de los partidos políticos ante la política menemista de “autogestión” y “descentralización” hospitalaria. Por el justicialismo, el Dr. Pico “expuso —dice Mundo— la postura del Ministerio de Salud, que no fue compartida en absoluto por muchos de los más de 250 asistentes. Por su parte el asesor de Gustavo Beliz dijo estar a favor de la descentralización y el hospital público de autogestión”. El concejal Laporta, del FREPASO, afirmó que el programa de “autogestión” tiende “parcialmente” al objetivo de mejoramiento de la atención y jerarquización del hospital, criticando sólo que “no cuentan con el consenso de los sectores del área”, para lo cual prometió la creación de un Concejo para la salud. Reivindicó, además, el proyecto Jaimovich, el cual incluye en el financiamiento hospitalario “el cobro... de las prestaciones realizadas a pacientes de obras sociales, mutuales, empresas de medicina pre-paga, etc. (art. 69)”. O sea, que es totalmente coincidente con la política de autofinanciación. “El representante del Partido Obrero, Dr. Villamil, propuso, dice Mundo, un debate más general de la salud: ‘el debate tiene que ver no sólo con el hospital de autogestión sino también con la desregulación de las obras sociales y la rebaja de los aportes patronales a la seguridad social, es un paquete de conjunto que debe resolverse en conjunto; el Hospital Público de Autogestión es un apéndice de una política más general, de un negocio de más de 10 o 15 mil millones de dólares y que es la privatización global de la salud’”. Villamil propuso retomar el camino de la movilización que protagonizaron tanto los médicos municipales como la CICOP y los residentes, y derogar toda la legislación sobre “desregulación de obras sociales” y “autogestión hospitalaria”, y eliminar todos los aranceles y privatizaciones ya existentes, para establecer un plan único, estatal y gratuito de salud, bajo control de los trabajadores y los usuarios.

Menem presentó el acuerdo con Gran Bretaña sobre la explotación petrolera en las Malvinas como “el mejor que se logró en 163 años ... el primer paso real y legal de la Argentina por recuperar las Malvinas”. Pero lo cierto y real es que el próximo 3 de octubre, el gobierno de ocupación de las islas convocará unilateralmente en Londres a una licitación internacional para otorgar licencias de exploración petrolera en las aguas de las Malvinas, sin que el gobierno argentino oponga la mínima protesta. El canciller Di Tella dijo que “es la primera vez en 163 años que podemos entrar en las zonas disputadas ... esto nos acerca a la discusión sobre soberanía”. Lo cierto y real es que —mediante el acuerdo— el gobierno menemista de hecho le reconoce al ocupante colonial de las Malvinas el status de “estado ribereño” ... es decir, que reconoce de hecho sus “derechos” sobre las islas y el mar adyacente. El acuerdo menemista implica un reconocimiento implícito de la soberanía británica sobre las Malvinas: “la Argentina reconoce los derechos de la parte ocupante en la medida que acepta compartir un típico producto de la soberanía, el petróleo y el gas” (El Economista, 22/9). Tan obvia es la capitulación del menemismo, que uno de los medios que defiende el acuerdo —El Cronista (20/9)— lo presenta como “el primer paso hacia la soberanía compartida en Malvinas” ... lo cual no es sólo una barbaridad lingüística (la “soberanía” no puede ser “compartida”) sino sobre todo política: el gobierno británico ha sido muy preciso al dejar en claro que “el hecho de que las Falkland (Malvinas) puedan proceder a ofrecer las licencias petroleras en la plataforma continental circundante es un importante ejercicio práctico de soberanía” (Clarín, 22/9). El gobierno presenta como un “logro” del acuerdo la conformación de una “comisión” que convocará a licitación para la explotación petrolera en una “zona especial de cooperación” de 21.000 kilómetros cuadrados al oeste de las Malvinas y que será “integrada” por partes iguales por Gran Bretaña y Argentina. Un acuerdo de estas características es propio –y sólo aceptable– en el caso de “estados fronterizos”, que se asocian para explotar un recurso en común. ¡Pero Gran Bretaña no es un “estado fronterizo” sino un ocupante colonial! ¡El acuerdo menemista le otorga a Gran Bretaña un status legal que ningún gobierno argentino le otorgó en 163 años! Pero todavía hay más sobre la “zona especial de cooperación”, porque Argentina “pone” 10.500 kilómetros —indisputadamente argentinos— y Gran Bretaña “pone” otros 10.500 kilómetros —cuya soberanía también es argentina, pero sobre la cual ejerce una usurpación colonial. El “logro”, por lo tanto, es que los británicos “nos autoricen a explotar nuestros propios recursos” (Miguel Bonasso, en Página/12, 16/9). Sobre las aguas que rodean a las Malvinas y sobre todas las aguas al este de las islas, el ocupante tendrá el derecho indisputado –reconocido por el gobierno menemista– de otorgar unilateralmente las licencias. En estas aguas, la “comisión” se limitará a “estudiar el impacto ecológico de la explotación” ... Argentina obtendría “algún beneficio” (Financial Times, 20/9) —que será “magro”, según El Economista (22/9)— por la exploración petrolera en estas aguas, pero no bajo la forma de “regalías” –que sólo un estado soberano puede cobrar. Los británicos han dejado en claro que “el acuerdo no cubre el reparto de regalías (porque) no aceptamos ningún derecho argentino de imponer impuestos a las compañías alrededor de las Falkland (Malvinas)” (Clarín, 22/9). El acuerdo que fue presentado con tanto énfasis como un “éxito” fue, en realidad, un “acuerdo de último minuto” (El Economista, 22/9), firmado por el gobierno menemista para evitar el completo hundimiento de su política malvinera. Si los ocupantes de las islas hubieran convocado a la licitación sin el acuerdo del gobierno argentino —como amenazaban hacerlo—, toda la política de “seducción” de los kelpers y el supuesto “paraguas” menemista —que “protege” los reclamos argentinos de soberanía— se habrían venido abajo irremediablemente. El acuerdo logró evitar el derrumbe de la política menemista pero, precisamente por eso, hundió los reclamos argentinos de soberanía sobre las Malvinas: “Hasta ahora los ingleses tenían el poder y nosotros el derecho; ahora ya ese esquema binario desaparece” (ídem). El menemismo “logró” lo que nadie en un siglo y medio: que el ocupante colonial pudiera invocar para su dominación los “derechos legales” que surgen de los documentos firmados por el propio gobierno argentino. El acuerdo permite a las “empresas argentinas” tomar parte en “empresas mixtas” (sólo hasta el 49% de las acciones) para la explotación petrolera. Se trata de una cláusula “con nombre y apellido” pues, dado el monto de la inversión necesaria, sólo YPF podría intervenir. Pero con anterioridad a la firma del acuerdo, YPF ya se había asociado a la British Gas para explorar el petróleo y el gas malvinense en una “empresa mixta”, en la que participarán también Petrobras (de Brasil) y Sipetrol (de Chile). No es ésta, claro, la única participación de la British Gas en la Argentina: además de otros negocios, está asociada con Pérez Companc en Metrogas (la mayor distribuidora de gas del país) y ha obtenido ocho bloques exploratorios privatizados por YPF. Como a diferencia del petróleo, el gas no puede ser transportado por barcos-tanque, Argentina —es decir, YPF/British Gas— serían los únicos clientes del gas que se encuentre alrededor de las Malvinas: casualmente, o no tanto, British Gas e YPF se encuentran asociadas, también, en la construcción de un gasoducto que abastecerá de gas a Chile. Según The Financial Times (21/9), habría existido una fuerte presión de Estados Unidos para la firma del acuerdo, ya que las petroleras norteamericanas —las mismas que operan en Argentina— serían las más interesadas en participar en la licitación convocada por el gobierno colonial de las islas. Mucho antes de que se firmara el acuerdo, John Martin, el funcionario designado por el gobierno malvinense para supervisar la licitación, advertía que “el ejercicio puede ser puesto en peligro por la falta de un acuerdo con Argentina (porque) será muy difícil avanzar con las licencias sin un acuerdo con Argentina” (Financial Times, 22/6). No sólo las operaciones petroleras en Malvinas, sin embargo, podían haber sido puestas en “peligro” por la falta de acuerdo. Si los kelpers hubieran convocado a la licitación sin el visto bueno argentino, el gobierno menemista se hubiera visto obligado a penalizar a las compañías petroleras que intervinieran en él, que son las mismas que operan en nuestro país. Es decir que se hubiera visto obligado a “revisar” toda su política de privatizaciones y entrega petrolíferas. Cuando Ambito Financiero (19/9) informa que “YPF, British Gas y Shell ejercen el padrinazgo empresarial del acuerdo”, está claro que no es el “interés nacional” el que se ha impuesto con el acuerdo, sino el de los grandes pulpos petroleros que saquean el territorio continental y que ahora se aprestan a saquear el mar que rodea a las Malvinas.

Las elecciones a senador por la Capital no despiertan el interés del pueblo. ¿Y por qué habrían de despertarlo si no son el escenario de una lucha de principios y de programas, sino un bastardo enfrentamiento de camarillas? ¿Por qué habrían de suscitar interés si se trata de una disputa por el control de los negociados del municipio más rico del país, como la faraónica ‘Ciudad Judicial’, el ‘Proyecto Retiro’ y la ‘Aeroísla’? Ni Erman González, ni Reynaldo Vanossi, ni Graciela Fernández Meijide, se atreven a proponer una salida a la desocupación, a los bajos salarios, al hundimiento de las provincias y de la Capital, al hundimiento del sistema de salud y de la educación. ¡Y con razón! Erman apoya a Menem-Cavallo. El Frepaso no se cansa de decir que no tiene alternativas al liquidado ‘plan Cavallo’. El ‘Chacho’ Alvarez se sigue arrepintiendo de no haberlo votado y, recientemente, corrió presuroso, junto a Fernández Meijide, a oficiar de vocero de Cavallo. Al angelocista Vanossi le recomendaron el silencio para su salud. El pueblo no es cómplice El gobierno y sus ‘opositores’ quieren pintar el desinterés del pueblo como una complicidad callada con sus ‘curros’ y hasta como una justificación de su incapacidad: si ‘arriba’ no hay salida, dicen, ‘abajo’ tampoco. ¡Pero el pueblo no se desinteresa de la lucha ni de la política! ¿Se desinteresan de los ‘asuntos públicos’ los rionegrinos, los cordobeses, los neuquinos, los salteños o los tucumanos? ¿Se desinteresan los médicos, las enfermeras, los jubilados, los docentes, los obreros que ocuparon la plaza Congreso el 6 de setiembre? El pueblo percibe instintivamente que el voto, que se ha convertido incluso en un fraude, no puede quebrar el enmarañamiento de mafias, de intereses, de conspiraciones y de entreguismos, que forman la esencia del poder político capitalista. El Partido Obrero participa en las próximas elecciones denunciando a todas la camarillas capitalistas, señalando sus complicidades recíprocas y destacando que la corruptela es un delito inevitable en un sistema cuyo delito principal es el hambreamiento del pueblo y la entrega del país. El Partido Obrero participa en las elecciones denunciando la ilusión de que el poder derive de las urnas, cuando sus palancas se encuentran en las manos de los banqueros, los explotadores, los grandes obispos y los aparatos represivos.

Luego de haber gobernado sucesivamente por tres períodos, el oficialista MPN ha dejado a la provincia del Neuquén en bancarrota. En realidad, el MPN ha venido gobernando desde hace 30 años, a través de gobiernos tanto constitucionales como militares. El gobernador actual, Sobisch, subió en 1991 con un discurso capitalista “modernizante”, pero hoy el balance es categórico. Nadie sabe en qué se gastaron los 600 millones de dólares en bonos que recibió la Provincia por su tajada de la “privatización” de YPF. El Banco del Neuquén está en quiebra —se dice que “el nivel de pérdidas rondaría los 2,5 millones por mes” (Diario de Río Negro, 13/9), por lo que Sobisch pretende despedirse del cargo emitiendo un bono cancelatorio de las deudas morosas, transformando a la deuda privada en pública. El monto de esta estatización de las estafas capitalistas se mantiene en secreto. Mientras tanto, la obra pública está parada y entre subocupados y desocupados la provincia registra a más del 30% de la población. Esta bancarrota provocó una crisis en el MPN, en la que Sobisch quedó en franca minoría. La mayoría se pasó a la fracción de Felipe Sapag, que “se colocó en la posición de víctima” (Río Negro, 17/9) y salió a denunciar el contubernio Sobisch-Menem, que él mismo apoyó desde el llano. Esta denuncia le valió a Sapag pasar al frente en las encuestas, con más del 60% de la intención de voto. Desplazado, Sobisch se largó a cerrar los últimos negociados, como la adjudicación a la empresa brasileña VASP de la compañía regional de aviones TAN, y hasta renovó por anticipado el contrato con IBM. En este punto estalló un “conflicto de intereses”, por cuanto Luis Sapag es “un comerciante de computadoras” que pretende manejar directamente los contratos. En minoría, Sobisch, tuvo que recurrir al PJ (cavallista), para aprobar concursos, contratos y leyes. Pero Sapag pretende ser un Sobisch IIº. Machaca sobre la quiebra financiera de la provincia para justificar su próximo “plan de ajuste”, es decir, el despido de empleados públicos y el recorte del presupuesto educacional y de salud. El 14 de mayo pasado, Sapag promovió activamente el apoyo a Menem, e incluso hizo un acuerdo con la Ucedé para distribuir las boletas con la candidatura de Menem. Aunque critica los negociados y privatizaciones de Sobisch, Sapag no ha sido mezquino a la hora de definir si seguirá o no por ese camino. A través de su hijo, Luis Sapag, ha anunciado (ver libro El Dinosaurio Amarillo): 1. La municipalización y privatización de los servicios de agua y saneamiento (pág. 61). 2. La ratificación y extensión del actual contrato informático con IBM para la administración pública (con sus respectivos sobreprecios) (págs. 51-52). 3. El acuerdo en entregar los yacimientos de gas de la zona de Plaza Huincul, al pulpo Cominco, reconociendo que Sobisch “hizo viable la iniciativa” (págs. 30 y 55). Como se puede apreciar, el sapagismo va a las elecciones del próximo 8 haciendo gala de una duplicidad que supera sus propios registros pasados. Pero detrás de Sapag se ha encolumnado hasta el CTA. ATE, su “columna vertebral”, acaba de armar una lista con el MPN para las elecciones en la cooperativa eléctrica CALF, encabezada por el concejal felipista Ricardo Brissio. El Frepaso, en cambio, pretende ganarse el apoyo y el dinero de los grupos capitalistas ligados al sobischismo. Oscar Massei, candidato a gobernador del Frepaso, fue promovido a la Corte provincial por el actual oficialismo, lo que le da “autoridad” para basar su campaña en la defensa de la “seguridad jurídica” (textual), es decir, en el respeto a los actuales negociados. El centroizquierdismo en general aún no ha reparado que la defensa del “estado de derecho” en un régimen de pillaje, no es otra cosa que la defensa de los derechos adquiridos por los saqueadores. Desocupación El tema dominante para las masas es la desocupación. La municipalidad de Senillosa volvió a ser ocupada la semana pasada, para reclamar el pago del subsidio al parado que la Legislatura tuvo que votar hace unos veinte días, ante la belicosidad de los sin trabajo. Centenario fue varias veces un polvorín por las movilizaciones de casi el 70% del pueblo; el domingo 24 se movilizaron 15.000 trabajadores. A comienzos de setiembre, fue ocupada la municipalidad de San Martín de los Andes, y en la capital neuquina el intendente fue tomado de “rehén” hasta que se pagara el subsidio. En casi todas las ciudades se han formado comisiones de desocupados. El PO concurre aliado al Mas en el Frente de Izquierda. La campaña del PO tiene por eje la reivindicación de que el subsidio al parado se eleve de 200 a 500 pesos; de que sea pagado sin discriminación a solteros o mujeres, ya que la ley sólo beneficia a los que llaman “jefes de familia”; y de que su recaudación y distribución se efectúe bajo el control de los trabajadores ocupados y desocupados. Con la consigna “Ocupemos las municipalidades y la legislatura, vote al F.I.”, el PO declara su intención de convertir a sus parlamentarios en delegados y voceros de las masas en lucha.

La justicia angelocista ha hecho lugar al pedido de desafuero de cinco integrantes de la Junta Gremial Interna del Banco de la Provincia de Córdoba, acusándolos de haber realizado (en junio de 1993) una asamblea en horario de trabajo y haber hecho denuncias sobre funcionarios del Banco en un volante. Para fundamentar la resolución, el juez no ha dudado en apelar al estatuto del Banco, aprobado en la época de Onganía (1968) y, en particular, a su artículo 26, que expresamente prohíbe “a los empleados mientras se encuentran en el local, promover o tomar parte en propaganda o cuestiones políticas, religiosas, raciales, gremiales (sic), deportivas (sic) o de cualquier otra índole...”. Además, el fallo coloca (expresamente) el derecho individual (de la patronal) por encima del derecho colectivo (los trabajadores). La medida judicial se combina con sanciones y persecución a activistas en las dependencias públicas. El gobierno y el directorio del Banco tienen, en este caso, interés en chantajear a la Gremial para llevarla a aceptar la aplicación de la Ley de Emergencia a los empleados del Banco y terminar con el último foco de rechazo a la ley. El gobierno busca que los bancarios sigan el modelo lucifuercista, es decir, el recorte salarial sin recortar el horario, ya que es imposible que siga funcionando el Banco si se reducen las horas de trabajo. Mestre se dio la política de quebrar la resistencia en el resto de los organismos oficiales (administración, Epec, Dipas, docencia) con la colaboración desembozada de la burocracia sindical. El Banco está quebrado, la mitad de su activo (700 millones) está compuesto por deudas inmobiliarias que le transfirió la Provincia y por la deuda que ésta tiene con el Banco. El gobierno pretende que esta suma, más los deudores incobrables, sean pagados por la población explotada de Córdoba. Esta operación no tolera una resistencia obrera. Impedir el desafuero, quebrar la ley La permanencia del gobierno de Mestre depende enteramente de su capacidad para imponer a los trabajadores las exigencias de la banca mundial (a través de Menem-Cavallo) y de las cámaras patronales. Por eso, cada paso que da se convierte en una batalla decisiva. Es en este sentido que la situación del Banco y el desafuero de la Junta Gremial se han convertido en una cuestión de Estado. El gobierno pretende aplicar una “segunda Ley de Emergencia”, que esta vez avance en el despido de más de 30.000 trabajadores. Bertaina, un economista radical, sostuvo que luego de la reducción horaria y salarial viene el proceso de “afinación”, ya que “si la administración sigue funcionando en este cuadro habrá quedado demostrado que sobran empleados en el Estado provincial”. La consigna es: solidaridad con los trabajadores del Banco Provincia, ocupemos el Banco contra el desafuero, los despidos o la privatización, paro activo provincial.

El gobierno de Mestre enviará a la Legislatura un proyecto de reestructuración de la policía provincial, que la convierte en un cuerpo represivo sin límites. La reforma permite a la policía realizar allanamientos sin orden previa de la Justicia y deja en manos de ésta toda la etapa de instrucción que ahora realiza un juez. La medida es presentada como una forma de acelerar los trámites judiciales. El juez podrá dictar sentencia sin el proceso de investigación. La palabra de los acusados irá contra la palabra de la policía. El proyecto apunta al fortalecimiento del poder represivo en un momento en que la política gubernamental provoca la beligerancia popular; es una consecuencia y un complemento de la Ley de Emergencia. Además, se busca sacar a la policía del banquillo de los acusados, ya que los juicios contra el personal policial han crecido geométricamente como consecuencia del “gatillo fácil”, de las violaciones permanentes al código de procedimientos, de las arbitrariedades y abusos policiales. Mestre le da el trazo grueso a la reforma que Angeloz hizo del Código de Faltas (que introducía, entre otras barbaridades, la figura del “merodeo”, por la cual toda persona es sospechosa por el solo hecho de permanecer sin motivo “valedero” en un lugar). Mestre es un gobernador de “facto”, que asumió ilegal e ilegítimamente, y gobierna como tal. boración desembozada de la burocracia sindical. El Banco está quebrado, la mitad de su activo (700 millones) está compuesto por deudas inmobiliarias que le transfirió la Provincia y por la deuda que ésta tiene con el Banco. El gobierno pretende que esta suma, más los deudores incobrables, sean pagados por la población explotada de Córdoba. Esta operación no tolera una resistencia obrera. Impedir el desafuero, quebrar la ley La permanencia del gobierno de Mestre depende enteramente de su capacidad para imponer a los trabajadores las exigencias de la banca mundial (a través de Menem-Cavallo) y de las cámaras patronales. Por eso, cada paso que da se convierte en una batalla decisiva. Es en este sentido que la situación del Banco y el desafuero de la Junta Gremial se han convertido en una cuestión de Estado. El gobierno pretende aplicar una “segunda Ley de Emergencia”, que esta vez avance en el despido de más de 30.000 trabajadores. Bertaina, un economista radical, sostuvo que luego de la reducción horaria y salarial viene el proceso de “afinación”, ya que “si la administración sigue funcionando en este cuadro habrá quedado demostrado que sobran empleados en el Estado provincial”. La consigna es: solidaridad con los trabajadores del Banco Provincia, ocupemos el Banco contra el desafuero, los despidos o la privatización, paro activo provincial.

Los grandes supermercados de Córdoba están siendo particularmente beneficiados por el gobierno de Mestre. A través de una denuncia de un grupo de cámaras empresariales (fundamentalmente del interior de la Provincia) se sabe que el Banco Social cambia los Cecor (bonos) por pesos a “todos aquellos que tienen depósitos equivalentes a un millón de dólares (50% en pesos y 50% en Cecor, que luego se convierten en pesos”) (La Voz del Interior, 22/9). El reclamo de las cámaras denunciantes, lógicamente, es que se baje el techo del millón. Esta noticia explica la decisión de la Cámara de Supermercadistas de seguir aceptando los bonos en medio de la crisis de hace quince días, cuando el gobierno puso límites a la utilización de los mismos para el pago de impuestos. Sin este apoyo, los Cecor hubieran muerto ese mismo día y con ellos el gobierno de Mestre. Los bonos se han convertido en un pingüe negocio para pocos. El Estado provincial está financiando así la recuperación del volumen de ventas de los hipermercados, que con la excusa de recibir bonos han aumentado los precios. La otra cara de la situación es que los bonos son cada vez en mayor medida la “moneda” de pago de salarios, no sólo de la administración pública sino también del sector privado; pero los bonos de los trabajadores valen el 70% de su nominación. La hipoteca la están pagando los explotados.

El viernes 22, más de 7.000 trabajadores estatales, jubilados y estudiantes se adueñaron de la ciudad de Viedma, capital provincial, de la que habían desaparecido todos los símbolos del poder del Estado: el gobernador en ejercicio –Massaccesi– y el electo –Verani– habían huido a Buenos Aires; los legisladores se esfumaron y la propia policía se limitó a observar cómo los manifestantes descargaban su furia contra esos símbolos del poder del Estado. El vacío de poder no podía ser más evidente. Esa misma noche –también en Viedma– hubo una muy numerosa manifestación de trabajadores del Banco Provincial –en paro por tiempo indefinido– contra la privatización del banco. Las manifestaciones de Viedma se reprodujeron en todo el interior de la provincia, incluso en las más pequeñas o alejadas, como General Conesa y Bariloche. En Conesa, los trabajadores municipales tienen ocupado el Concejo Deliberante; en Bariloche, los manifestantes forzaron al Concejo Deliberante a reunirse y a rechazar por anticipado –en una sesión en la que también intervinieron los trabajadores– cualquier “plan de ajuste” que dicte el gobierno provincial. La rebelión popular impidió el tratamiento legislativo de los tres proyectos que han despertado el odio de los rionegrinos: el “paquetazo” contra los estatales, los jubilados y la educación y la salud pública; la privatización del Banco provincial, y la nominación de Massaccesi como senador nacional. Los sindicatos de trabajadores estatales ya anunciaron que ante el menor intento de tratar estas leyes volverán a ocupar Viedma. La movilización popular está ejerciendo un verdadero “derecho de veto” sobre los poderes del Estado. “ Paquetazo ” Río Negro endeudada en más de 500 millones de dólares; con varios meses de atraso en los salarios y haberes jubilatorios; con los aguinaldos impagos; con la obra social provincial –que cubre la salud de los trabajadores estatales– en quiebra; con la salud y la educación pública colapsadas; con los fondos de la coparticipación embargados por los acreedores financieros y los recursos propios reducidos verticalmente por la recesión; con el banco quebrado y “chupando” los pocos recursos provinciales existentes. El “plan de equilibrio fiscal” que “consensuaron” Massaccesi y el electo Verani, pretende hacer pagar esta enorme “factura” a los explotados. El “paquetazo” de Massaccesi-Verani es brutal: reducción de los salarios estatales en hasta un 40% (por la eliminación del “plus por zona desfavorable”); desconocimiento de todos los estatutos y convenios; eliminación de todos los contratos; pago del 25% de los salarios y de las deudas salariales (incluido el aguinaldo) en bonos; eliminación de los ascensos y aumentos por antigüedad; desvío de las partidas presupuestarias con destino específico (educación, salud, vialidad, construcción de viviendas) a “rentas generales”, es decir, al pago de los banqueros acreedores. Acertadamente, un diputado provincial calificó a este “paquetazo” como “una intervención encubierta” (Alejandro Gatica, en Río Negro, 21/9), porque significa la aplicación, lisa y llana, del “programa” que Cavallo viene reclamando para las provincias. El “problema” con el “paquete” no es, claro, dibujarlo sobre un papel sino aplicarlo a los trabajadores. Massaccesi carece del mínimo poder para hacerlo. El PJ reclama abiertamente “una salida a la cordobesa”, es decir, la renuncia anticipada de Massaccesi ... a lo que se opone el supuesto “beneficiario”: Verani se niega a asumir anticipadamente y aplicar un “paquetazo” que puede “mancar” a su gobierno desde el primer día. El inmovilismo de las “cumbres” rionegrinas es total. Privatización del banco Para acceder al financiamiento del Fondo Fiduciario organizado por el Banco Mundial y el FMI, Massaccesi capituló ante el principal reclamo de Cavallo: la privatización del Banco provincial. El proyecto privatizador, sin embargo, no fue lo suficientemente “atractivo” para los eventuales “compradores” –casualmente, sus principales acreedores –Banco de Galicia, Mildesa, Almafuerte, asociados con empresarios rionegrinos. A pedido de estos “potenciales compradores”, Massaccesi mandó a la legislatura un nuevo proyecto privatizador, que establece que la provincia garantizará con sus propios fondos la cartera de préstamos del banco (la mayoría incobrables) y que liquida el más mínimo resguardo para sus trabajadores, que podrán ser despedidos o sometidos al régimen de trabajo y de salarios (reducciones) que los privatizadores deseen. Se liquida, incluso, la obligación de mantener el número y localización de las sucursales, lo que llevará al cierre de las filiales de las ciudades más pequeñas. Los bancarios del Río Negro se han declarado en paro por tiempo indeterminado contra esta barbarie que revienta los derechos de los trabajadores y hundirá las finanzas provinciales en beneficio de un puñado de chupasangres financieros. Massaccesi senador El reclamo que llevó a las calles a miles de trabajadores es “¡que se vayan!”. Las cámaras de comercio (patronales) de toda la provincia se pronunciaron contra la designación de Massaccesi como senador, lo mismo que la jerarquía eclesiástica. Con una UCR “libanizada” –según la expresión del vicegobernador Gagliardi (Río Negro, 23/9), ¿alcanza con la simple voluntad de Massaccesi de escapar a los tribunales, para que el gobernador virtualmente fugado de la provincia sea designado como senador nacional? Ciertamente no. Detrás de la enconada apetencia de Massaccesi por apropiarse de la senaduría nacional por Río Negro –y de sus salvadores fueros parlamentarios– asoma la crisis política del gobierno menemista. “A Menem –informa el Río Negro (17/9)– no le disgusta un Massaccesi senador. Podrá estar encuadrado en el radicalismo pero es un ‘amigo’ ... ¿acaso hombres de fuste del propio radicalismo no fueron informados que el gobernador suele deslizar que –de llegar al Senado– no descarta armar un bloque aparte del radicalismo para no verse encorsetado por un partido sin destino?”. Para “sostener” su candidatura senatorial, Menem ordenó a Duhalde, a mediados de setiembre, que otorgara –a través de un préstamo del Banco de la Provincia de Buenos Aires– un auxilio especial a Massaccesi de 16 millones, para “descomprimir” la situación. El origen de los fondos –que el gobierno rionegrino intentó mantener en secreto– desató una crisis en el justicialismo provincial, “que se siente tan lejos del amor del presidente” (ídem). Pero, por sobre todo, agudizó la crisis con Cavallo, “que en términos enfáticos descolgó hace un tiempo: ‘No conviene que los bancos sigan otorgando préstamos para aliviar déficits provinciales. Lo más sano es canalizarlos cuando ellas comiencen el ajuste’” (ídem). “‘Nos están puenteando’, repetían y repetían en el Ministerio de Economía” (ídem). En el mismo momento en que la prensa registraba las fotos de las “paces” que habrían firmado Cavallo, Duhalde y Bauzá, el préstamo de Duhalde-Menem a Massaccesi revela la existencia de un virtual “ministerio de economía” paralelo ... Que hablen los trabajadores Las manifestaciones de masas de los estatales, jubilados y estudiantes, las huelgas y las ocupaciones de edificios públicos pueden romper el bloqueo político impuesto por un gobierno provincial acabado, otro en crisis antes de nacer y un gobierno nacional paralizado por su propia crisis, para imponer las reivindicaciones populares. Ni un solo despido; no a la reducción de salarios; no a la destrucción de la salud y la educación públicas; no a la entrega de los recursos provinciales a los saqueadores financieros; ninguna privatización. Impuestos al gran capital y expropiación de los grupos capitalistas que vaciaron la provincia; control obrero de las finanzas públicas. El reclamo que unifica todas las reivindicaciones populares es “que la crisis la paguen ellos”, los que la provocaron y los que se beneficiaron con ella; la consigna de la apertura de los libros del banco, de la provincia y de los principales grupos capitalistas a la investigación de los trabajadores al oponer a los explotados –sin distinciones de gremio o de situación (jubilados, desocupados)– a los explotadores y vaciadores, es el punto de partida de una política anticapitalista, la única que puede evitar que los capitalistas descarguen el peso de la crisis sobre los trabajadores.

Desde el 20 de setiembre, los compañeros del Banco de Río Negro realizan un paro por tiempo indeterminado en defensa de su estabilidad laboral, del convenio y el estatuto del personal. Está en marcha un proyecto de modificación de la ley de privatización del Banco, la que preveía la privatización del 57% del capital accionario. Las modificaciones apuntan a la privatización total del banco, manteniendo una entidad residual en manos de la provincia, la cual obviamente se tendrá que hacer cargo de la cartera incobrable. La cartera a privatizar se avalará por ley con los fondos de la coparticipación federal. Los pliegos de la licitación prevén desde el vamos la pérdida de 175 puestos de trabajo mediante retiros voluntarios, pases compulsivos a la administración pública o jubilaciones anticipadas. Pero se sabe también que el horizonte de los posibles compradores no incluye una dotación mayor a los 450 empleados y el cierre de sucursales en localidades “no rentables”. Los interesados son el Banco de Galicia y el Banco Mildesa, del cual se señala que actuaría como testaferro de un grupo vinculado a Massaccesi.

A pesar que la burocracia sindical del Frente Estatal Rionegrino recurrió a todo tipo de traiciones para bloquear el masivo repudio al gobierno y a las instituciones del Estado, finalmente la semana pasada ese repudio estalló. “Las mayores explosiones de violencia se vivieron frente al Superior Tribunal de Justicia, al Ministerio de Hacienda y el Banco Provincial...” (Río Negro, 23/9). En Roca fue apedreada la casa del electo gobernador Verani, y en Bariloche la del actual vicegobernador Gagliardi. La burocracia ha sido rebasada por la ira popular hasta cierto punto (“la gente está desbordada, yo ya no puedo hacer más. Ya bastante pagué el costo político por no querer llegar a esto”, dijo el secretario general de UPCN). La burocracia del Fer venía siendo cuestionada por su pasividad, en especial cuando firmó el “acuerdo de crisis” con Massaccesi, donde se convalida el cobro atrasado de salarios, se deja el aguinaldo que aún se debe para las “calendas griegas” y se abandona el reclamo de los jubilados. El “acuerdo”, que la burocracia utilizó para levantar las tomas y huelgas de julio/agosto, por supuesto no fue respetado por el gobierno. En un acto realizado el 24/8, los oradores del Fer fueron tratados de traidores desde el llano. La respuesta de la burocracia fue apalear al autor de la protesta. “El agredido es un afiliado nuestro, dijo Scalesi, el secretario general de UPCN. Nosotros repudiamos el hecho de las agresiones. No justifico la agresión, pero el compañero en la movilización había tenido una actitud como de quien se mete en la tribuna de Boca a gritar Viva River” (Río Negro, 29/8). En una movilización de principios de setiembre, un dirigente de UPCN fue apresado cuando transportaba en su automóvil “63 palos de madera que —para la policía— eran bastones similares a los utilizados por las fuerzas de seguridad” (ídem, 12/9). Los dirigentes de UPCN argumentaron que eran palos “para hacer pancartas”. No es la primera vez que la dirigencia de UPCN actúa directamente como fuerza represiva contra los trabajadores; ya hace unos años atrás, cuando las grandes huelgas del sector salud, el representante de UPCN en la Junta de Disciplina votó por la exoneración de varios huelguistas... y la dirigencia de UPCN es prácticamente la misma de aquellos años. En un aspecto central, sin embargo, la burocracia ha logrado preservar de la ira popular al equipo de recambio de los archiodiados massaccesistas. En este equipo juega el PJ y su aliado (ex centroizquierdista) Movimiento Popular Patagónico de Julio Salto (Ex-PI). Esta gente, comparte el “shock ajustista” que impulsa el gobernador electo, y de alguna forma son los verdaderos “padres de la criatura” (las propuestas para la administración pública y para el Banco Provincia las impulsa Anahí Tappatá, candidata del Movimiento Popular Patagónico y luego del PJ. y funcionaria de la Fundación Mediterránea). El Fer ha llegado a la conclusión de que Massaccesi y Verani son insalvables ante los ojos de las masas, y ha tejido un acuerdo con la “oposición”. Los préstamos en negro con que el Banco Provincia financiaba los negocios de la burocracia de UPCN son cosas de otros tiempos, ahora Scalesi denuncia “ser objeto de seguimiento y persecuciones por mandato del ministro de Gobierno...” (ídem, 12/9), el mismo con el cual semanas atrás firmaban la mayor traición a los trabajadores rionegrinos: el “acuerdo de crisis”. Aun el CTA no es ajeno a esta política de frente con la “oposición”. Por ejemplo, el secretario general de la Comisión Interna del Banco Provincia, ante la anunciada privatización, reclama que “sean respetados los derechos sociales del bancario”, pero no se opone a la privatización. Sólo la electa Comisión Directiva de ATE ha dado el puntapié inicial para poner las cosas en su lugar, en la declaración que hemos publicado en Prensa Obrera Nº 459. Es decir, hay allí un programa y un método para la desesperación de los trabajadores rionegrinos. De que esta propuesta sea tomada por la vanguardia que lucha, que la conozca a fondo para adoptarla como propia y darle una perspectiva de salida obrera a su lucha, depende que el Fer no logre encauzar la rebelión popular al carro antiobrero del PJ y del MPP.

Los colonos sionistas de los asentamientos ubicados en las tierras usurpadas por Israel desde 1967, lanzaron una ola indiscriminada de ataques y atentados terroristas contra la población palestina de Cisjordania. En Hebrón, el domingo 10 de setiembre, cinco niñas palestinas de entre ocho y doce años fueron hospitalizadas por las heridas que les provocó una banda sionista que lanzó contra ellas piedras y botellas de vidrio. Las niñas estaban realizando una marcha de repudio contra el ataque que otro grupo sionista lanzó contra su escuela, de la que pretendían arriar la bandera palestina. Días después, una nueva banda sionista volvió a atacar la misma escuela. Al mismo tiempo, el grupo clandestino "La Espada de David” reivindicó el asesinato de un joven palestino –sin militancia alguna– en su propia casa (Le Monde, 10/9). Otro grupo sionista –también clandestino, llamado “Eyal”– se adjudicó el mismo asesinato. Tanto el Eyal como La espada de David están formados por elementos que provienen de los grupos terroristas Kach y Kahana-Hai, ilegalizados después de la masacre de la mezquita de Hebrón, en la que uno de sus integrantes asesinó a medio centenar de palestinos. Estos grupos fueron armados y entrenados por el ejército sionista y mantienen lazos estrechísimos con sus servicios de inteligencia ... El propio Rabin reconoció que, hasta ahora –y pese a todas las violencias que llevaron a cabo contra la población palestina– el gobierno tuvo una “actitud de laxitud” (ídem) frente a los terroristas. Las bandas terroristas sionistas se oponen al retiro parcial de las tropas israelíes y al desmantelamiento, también parcial, de los asentamientos sionistas de los territorios ocupados, que podrían resultar de los “acuerdos de paz”. Se está negociando la llamada “segunda fase” de estos “acuerdos”, que debe establecer las condiciones para la “reubicación” de las tropas israelíes en los territorios ocupados y para la convocatoria a elecciones de la Administración Nacional Palestina (ver Prensa Obrera Nº 462). En la ciudad de Hebrón, 145.000 palestinos viven “sitiados” por miles de soldados israelíes, que tienen la tarea de “proteger” a los 400 colonos sionistas que viven en la ciudad. Según The New York Times (13/9), Rabin se encontraba negociando con la OLP “garantías especiales de seguridad” para los colonos de Hebrón ... Acaudillados por la ultraderecha religiosa, los colonos han realizado numerosas manifestaciones contra la traición de los dirigentes del Estado de Israel. Las consignas más escuchadas en estas manifestaciones son “Muerte a Rabin” y “Rabin traidor”. “Es el lenguaje de la rebelión”, editorializa The Washington Post (13/9). La política de los “acuerdos de paz” es apoyada por el imperialismo norteamericano y la burguesía sionista en todo el mundo. Por eso la prensa imperialista describe a los colonos como “pistoleros” y “criminales”, y advierte que “no se debe permitir que la violencia de los colonos, como la de su contraparte palestina, destruya la promesa de paz” (The New York Times, 13/9). El investigador Robert J. Friedman, (en Zealots for Israel) denunció que estos grupos realizan atentados contra”blancos” sionistas, haciéndolos aparecer como realizados por los palestinos. De acuerdo a The New York Times (13/9), grupos de colonos atacaron a militantes izquierdistas israelíes que se pronunciaron contra el ataque sionista a la escuela palestina de Hebrón. ¿Es la guerra civil en el campo sionista?

El general sionista Arye Biro —un hombre que “peleó todas las guerras de Israel” (The Washington Post, 19/8)— acaba de hacer revelaciones lapidarias sobre el régimen sionista. Biro confirmó viejas denuncias árabes, reiteradas en recientes estudios de historiadores israelíes: que durante la guerra de 1956, la unidad a su mando asesinó a prisioneros egipcios desarmados —que se habían rendido a sus tropas (ídem). Pero no sólo esto. El asesinato a sangre fría de prisioneros desarmados fue una práctica sistemática y persistente del ejército sionista. Poco después de Biro, “el historiador militar Arye Yitzak, de la Bar Ilan University, acusó a la unidad de reconocimiento ‘Almond’ de asesinar a cientos de egipcios que habían abandonado sus armas y que habían huido al desierto durante la guerra de 1967” (ídem). En todos los casos, los egipcios fusilados fueron obligados, previamente, a cavar sus propias tumbas, lo que, con razón, llevó al “activista de izquierda Uri Avinery a denunciar que ‘se trata de una técnica típica de las SS. Es una historia nazi, en el sentido literal de la palabra’” (ídem). Los “hombres de Estado”, entre ellos los dos máximos dirigentes de los dos principales partidos sionistas, Ariel Sharon (del Likud) y el hoy primer ministro Yitzhak Rabin (del partido Laborista), han reaccionado mal a estas denuncias. Pero el general Biro ya puso sobreaviso a todos estos “pioneros” que “si intentan arrojarme a las fieras, voy a hablar más” (ídem) ... Luego de estas denuncias, el gobierno relanzó un proyecto largamente reclamado por los servicios de inteligencia israelíes: la legalización de la tortura contra los detenidos palestinos. Rabin reclamó “dejar las manos libres al servicio secreto” para “utilizar medios de interrogatorios más estrictos” (Clarín, 25/8). En la misma sintonía, “el ministro de policía, Moshe Shahal, dijo que impulsará una nueva legislación que proteja a los interrogadores de procesos criminales si un detenido muere” (ídem). Como cualquier palestino puede ser detenido sin orden judicial —basta que se lo señale como “sospechoso”— equivale a la legalización del terrorismo en masa. ¡Pero los servicios secretos israelíes ya están aplicando sistemáticamente torturas brutales a todos sus detenidos! Desde septiembre de 1994, los servicios de inteligencia sionistas fueron autorizados a realizar “interrogatorios reforzados” a sus detenidos. Betselem, una organización israelí defensora de los derechos humanos denuncia que son usuales las prácticas de “largas privaciones de suelo, golpes, insultos, humillaciones, violencias diversas, aplicación de shocks eléctricos” (Le Monde, 26/8). La aplicación del ya legalmente permitido “titulim” —un método de tortura que consiste en el “sacudimiento violento” de los prisioneros— provocó la muerte de un militante palestino en el pasado mes de abril. A todo esto se deben agregar las “operaciones encubiertas” —es decir, los asesinatos de militantes y dirigentes palestinos ordenados por el gabinete o la cúpula militar. La dirección de la OLP —que mantiene un acuerdo de principios con el sionismo— no sólo ha guardado hasta ahora un riguroso silencio, sino que la propia policía política de Arafat “aplica los mismos métodos brutales de tortura a sus prisioneros ... los que son cometidos con la aprobación de Israel, jurídicamente responsable como potencia ocupante, de todo lo que pase en los territorios palestinos” (ídem). Esto ocurre porque, según denuncia Eitan Felner, director adjunto de la ya mencionada Betselem, “un acuerdo secreto de cooperación entre el Shin Beth (policía política sionista) y el SSP (policía política de Arafat) para dividirse las tareas en Cisjordania se firmó en Roma en enero de 1994” (ídem). La ”colaboración” incluye la detención por la policía de Arafat de militantes palestinos “a pedido” de los sionistas y su entrega a los represores israelíes. Como los sionistas, la policía política de Arafat detiene palestinos sin orden judicial alguna. Rabin no tuvo empacho en reconocer, “de acuerdo a miembros de su gabinete, que existe un entendimiento entre el SSP y el Shin Beth. El SSP tienen libertad de acción en la ribera occidental del río Jordán —aunque no en Jerusalen oriental— a cambio de cooperación contra militantes islámicos ...” (The Washington Post, 29/8). La colaboración represiva entre Arafat y Rabin contra el pueblo palestino es el “corazón” de la “autonomía palestina”.

Después del francés-norteamericano Eurodisney, del italiano Ferruzzi y del alemán Metallgeselchaft, un cuarto gran monopolio capitalista europeo gigantesco va a la quiebra. Se trata del promocionado Eurotúnel, la empresa franco-británica que construyó y opera el ferroducto submarino que une Francia y Gran Bretaña por debajo del Canal de la Mancha. Para evitar la declaración formal de la quiebra, Eurotúnel suspendió por 18 meses el pago de intereses sobre su enorme deuda bancaria, que asciende a 12.400 millones de dólares, y encara la tercera refinanciación de su deuda bancaria en apenas cinco años. “Todos los progresos alcanzados –declara uno de los copresidentes de Eurotúnel, el francés Patrick Ponsolle– son vanos frente al peso insostenible de los intereses sobre la considerable deuda acumulada en el curso de los años de construcción” (Le Monde, 15/9). Aunque se ha convertido en el primer transportista de automóviles entre Francia y Gran Bretaña, “aun en la temporada pico veraniega no ha podido generar los recursos suficientes para hacer frente al pago de intereses” (Ambito Financiero, 22/9). La “performance” de la poderosa Eurotúnel –orgullo de la ingeniería europea y símbolo de la unidad continental– no se diferencia, en nada, de la de los países tercermundistas. El derrumbe financiero del Eurotúnel provocó una caída del 60% del valor de sus acciones, las cuales se encuentran repartidas entre más de 780.000 accionistas, la mayoría pequeños ahorristas que “quisieron dejarle un ahorro a sus hijos” (Le Monde, 16/9). Pero como estos accionistas carecen del capital necesario para hacer frente a las deudas bancarias, los bancos transformarán las deudas en acciones; al mismo tiempo que semejante “solución” provocará una nueva reducción del valor de las acciones en manos de los pequeños ahorristas, tendrá un “efecto desastroso sobre los bancos” (ídem), que se verán obligados a pasar a pérdidas hasta el 30% de sus acreencias. La onda expansiva de la “refinanciación” afectará a los bancos franceses (“ya en muy mala situación” – ídem) y a los británicos pero, por sobre todo, a los japoneses, que fueron los principales financistas del proyecto. Las pérdidas del Eurotúnel se sumarán a la montaña de “malas deudas” acumuladas por los bancos japoneses en su propio país. Todo esto explica los desesperados llamados de la empresa, sus accionistas y banqueros a un “salvataje” estatal ... sin importarles los enormes déficits fiscales británico y francés ni la imposibilidad de llegar a un “reparto equitativo” de las pérdidas entre Francia y Gran Bretaña. La “virtual quiebra del Eurotúnel” (ídem) retrata la agudeza de la crisis capitalista, que diariamente “evapora” capitales por millones de dólares.

El comité nacional del PO convocó, hace dos semanas, a la realización del congreso partidario, que tendrá lugar a principios de diciembre. En el marco de la convulsiva situación política actual de Argentina, servirá incuestionablemente para trazar en forma más adecuada las perspectivas de lucha del proletariado contra el capitalismo y la perspectiva socialista. El congreso se reunirá en un cuadro internacional que si aún es flojo en protagonismo y luchas obreras de conjunto, se caracteriza por una acelerada descomposición económica y política que no dejará de traducirse en luchas masivas. La función del congreso, claro, es la de definir la política de los revolucionarios socialistas, de cuya calidad depende el progreso de clase del movimiento obrero y la victoria sobre los explotadores. El Partido Obrero llama al conjunto de los luchadores a participar de las discusiones que tendrán lugar durante estos tres meses previos al congreso. Con esa finalidad se han programado centenares de charlas-debate sobre el derrumbe del “plan Cavallo”, la situación de la clase obrera y la estrategia política de los revolucionarios; también se han programado discusiones sobre la situación internacional. Los militantes del PO se comprometen a reflejar los debates que tengan lugar en minutas especiales, las que serán íntegramente publicadas en el boletín interno del PO, por un lado, y resumidas en Prensa Obrera, por el otro. Después de todo, lo que va a discutir el VII Congreso del PO es una problemática común a todos los sectores de las masas y de los luchadores que se ponen a su cabeza. El PO marcha a su VII Congreso fortalecido por el descomunal acierto que han tenido sus pronósticos acerca de la piedra fundamental de la estrategia del menemismo y del imperialismo, nos referimos al “plan Cavallo”, así como al señalamiento oportuno de que las elecciones del 14 de mayo pasado no cerrarían la crisis iniciada hacia finales del año pasado, sino que ésta se agravaría, se transformaría en política y modificaría profundamente el cuadro de intervención de las masas explotadas. aponeses, que fueron los principales financistas del proyecto. Las pérdidas del Eurotúnel se sumarán a la montaña de “malas deudas” acumuladas por los bancos japoneses en su propio país. Todo esto explica los desesperados llamados de la empresa, sus accionistas y banqueros a un “salvataje” estatal ... sin importarles los enormes déficits fiscales británico y francés ni la imposibilidad de llegar a un “reparto equitativo” de las pérdidas entre Francia y Gran Bretaña. La “virtual quiebra del Eurotúnel” (ídem) retrata la agudeza de la crisis capitalista, que diariamente “evapora” capitales por millones de dólares.

Es completamente falso que el acuerdo en torno a las obras sociales que firmaron Menem y Gerardo Martínez beneficie al movimiento obrero. ¡No en vano la patronal salió a celebrarlo! Jorge Di Fiori, por ejemplo, “patrón” de la Cámara de Comercio, dijo que “lo más importante parece ser que esto consolida el sistema jurídico y asegura que la CGT no vaya a plantear después cuestiones ante los Tribunales”(Clarín, 22/9). El “patrón” de la Unión Industrial, el “negrero” Blanco Villegas, dijo, por su lado, que “es mejor tener algo menos pero con sustento legal y no tener algo que no puede ser duradero en el tiempo” (Clarín, 22/9). El mismo libreto repitió a los cuatro vientos Cavallo: “el sistema gana en seguridad jurídica y sostenibilidad en el tiempo, ya que desaparece la amenaza de los juicios” (Clarín, 25/9). ¿Qué festejan? Que a cambio de un miserable descuento en la rebaja de los aportes patronales a las obras sociales, que irá a parar a la “caja” de la burocracia, la dirección de la CGT dio su pleno acuerdo: 1) a un decreto que ya se encuentra en vigencia, anticonstitucional (de ahí la preocupación de que la CGT pudiera ir a los Tribunales) que inicia la privatización de la salud en los términos pactados con el Banco Mundial; 2) a la rebaja, de un 30% a 80%, de los aportes patronales a la jubilación, a las asignaciones familiares, al PAMI, al Fondo de Empleo y de un 17 % a las obras sociales. Significa una transferencia de 4.000 millones de dólares por año a las grandes patronales, a costa de los jubilados, de los desocupados y de los trabajadores; 3) a la eliminación de la actual cobertura médica universal y a la puesta en vigencia, “en 60 días”, de una cobertura mínima, asistencial, es decir, de sobrevivencia, llamada PMO (Programa Médico Obligatorio); 4) al desmantelamiento del PAMI, con la transferencia de 500.000 pensionados a la Secretaría de Acción Social, sin garantía de prestación médica y la pérdida de los beneficios de turismo para los jubilados. Es una entregada en toda la línea. En lugar de aprovechar la crisis política del gobierno proimperialista, para acabar con los ataques al pueblo; en lugar de aprovechar la enorme reacción popular a la catástrofe económica para arrancar los reclamos al gobierno; en lugar de esto, la dirección de la CGT ha salido a socorrer al gobierno y a las grandes patronales, hundiendo aún más las jubilaciones, las asignaciones familiares, el subsidio por desocupación, la salud obrera. Está claro que el “cese de tareas” del 6 de setiembre fue, para la burocracia, sólo una carta de negociación, sin que ello signifique que haya logrado resolver nada. Porque el acuerdo sólo demora por unos veinte meses la “libre afiliación” a los Sistemas de Salud, es decir, la privatización, coincidiendo con los plazos de la “transición” establecidos por el Banco Mundial. La privatización de la salud se implementará con “financiamiento del Banco Mundial y del BID para la reestructuración del sistema, por unos 600 millones”(Clarín, 25/9). Para que no quepan dudas, al día siguiente, Cavallo disolvió los Institutos Mixtos, eliminando los aportes patronales adicionales. Estamos ante un ataque gravísimo: el robo de la salud; el desfinanciamiento del PAMI para su privatización; el congelamiento de por vida de las jubilaciones en 150 pesos mensuales. Los Gerardo Martínez y sus secuaces firmaron el acuerdo con la intención de recibir el “financiamiento” preparatorio de la privatización del Banco Mundial y buscar durante la “transición” un pulpo bancario o asegurador como “socio”, para entregar las obras sociales. Como ya ocurre con las AFJP y las ART, la burocracia quedará asociada a las migajas que le tiren los grandes capitales. El acuerdo significa que el episodio del “cese” del 6 de setiembre pasado ha concluido; la burocracia cegetista aprovechó la tregua que desde el 6 le dieron las burocracias del MTA y del CTA, para “arreglar” con Menem y Cavallo la satisfacción de sus “apetitos”. Pero aun después de este acuerdo criminal, los Palacios, Moyanos y De Gennaro tampoco se han pronunciado. Todas las fracciones de la burocracia se han puesto de acuerdo, al menos en los hechos, para darle un respiro a un gobierno que se encuentra en demolición. Mientras las provincias se sublevan unas tras otras, la consigna de la burocracia sindical de “oposición” es la que acuñó la UTPBA: “la mejor opinión es el silencio”. Llamamos a repudiar el acuerdo de la burocracia cegetista mediante pronunciamientos. Llamamos a reclamar la anulación de la rebaja de los aportes patronales y a que el Estado asegure la financiación del sistema de salud. Llamamos a defender las obras sociales contra la privatización, y a ponerlas bajo el control democrático de los trabajadores. Llamamos a reclamar el restablecimiento del sistema previsional estatal, del 82% móvil y el control de las Cajas por los obreros y los jubilados. Abajo las AFJP y las ART, por el restablecimiento de la ley de accidentes de trabajo. Llamamos a reclamar a las direcciones de los sindicatos y del CTA y MTA un inmediato plan de lucha.

Cuando el lector tenga este número de PO en sus manos habrá concluido la campaña financiera del Partido Obrero. Las cifras que publicamos no son, por esto, definitivas, ni tampoco su análisis y balance, que dejamos para la próxima edición. Lo que sí se puede decir es que fue la campaña financiera más difícil de los últimos tiempos, dado el extraordinario empobrecimiento que han sufrido los trabajadores en los últimos años y en particular en los meses recientes. Como ninguna otra, ha sido la campaña financiera más sacrificada; pero esto prueba, precisamente, que los trabajadores han conservado y desarrollan su capacidad combativa y que existe una vanguardia con conciencia de clase dispuesta a construir una dirección revolucionaria de masas. Nuestro saludo socialista a todos los que lucharon por el éxito de esta campaña del PO y a todos los que contribuyeron a ella.