Prensa Obrera N° 465

Mestre acaba de suscribir otro acuerdo con el Ministro de Economía que, para La Voz del Interior (14/9), “implica una reafirmación del giro importante que dio la relación Córdoba-Nación en la era Mestre”. Mestre ha terminado por aceptar la posibilidad de firmar el Pacto Fiscal, frente a un virtual ultimátum de las cámaras empresariales, lo que llevó a Cavallo a reconocer “que la Nación le debe a Córdoba poco más 60 millones de pesos” (ídem) . La patronal de Córdoba condicionó la suscripción de un “empréstito patriótico” a que la provincia adhiera al Pacto, porque “transcurridos dos meses de la gestión Mestre, parece haberse agotado ... el margen para los cheques en blanco”. Mestre, mientras tanto, eliminó el impuesto a los sellos para las operaciones financieras destinadas al agro. El Banco Mundial, el gobierno nacional y una franja creciente de la patronal local reclaman en forma cada vez más altisonante la privatización de las empresas de energía y obras sanitarias. German Kammerath, diputado de la UCeDé y hombre de Cavallo, acaba de ir a Chile “para interesar a empresas eléctricas de este país en la privatización de la distribuidora provincial de Córdoba, EPEC” (Página12, 15/9). La descomunal crisis no ha impedido, sin embargo, que el Fondo Fiduciario, que opera con plata del Banco Mundial, haya otorgado un préstamo de 60 millones para el Banco del Suquía (perteneciente a los amigos de Mestre, los Roggio). Es decir que para los banqueros hay dinero de sobra, para rescatar los recursos públicos que “se fueron” bajo Angeloz y que siguen yéndose con Mestre.

La ley de emergencia que impuso el gobierno de Mestre nunca hubiera podido efectivizarse sin la colaboración de la burocracia de los sindicatos. Junto con el pago de los salarios en bonos que tienden a desvalorizarse, la ley estableció una reducción de los sueldos que debía obtenerse mediante la reducción de la jornada de trabajo. Lograr la reducción de los salarios es un objetivo estratégico de los capitalistas, repetidamente reclamado por sus principales voceros, y abre el camino sin duda para otros atropellos fundamentales, como la municipalización y privatización de escuelas, la privatización de hospitales, la liquidación del sistema jubilatorio estatal y la privatización de los dos bancos del estado. El pago en bonos, que también los municipios están ejecutando con la emisión de sus propios “certificados”, pudo imponerse solamente cuando la burocracia sindical abandonó incluso el simulacro de un plan de lucha. La Coordinadora de Gremios Estatales ha dejado de lado las reivindicaciones más elementales del movimiento sindical y lo mismo ha ocurrido con la burocracia de los sindicatos de la llamada actividad privada. Luz y Fuerza y SiPOS A partir de esta situación, la prueba de fuerza entre el gobierno cavallista de Mestre y el movimiento obrero se había radicado en el tema de la reducción de la jornada de trabajo, y la reducción correspondiente de los salarios, que tenía por principales protagonistas a los sindicatos de empleados públicos (SEP), de la empresa de energía (Luz y Fuerza) y de Obras Sanitarias (SiPOS). Los trabajadores de estos sindicatos habían enfrentado muy decididamente la aplicación de la ley, en especial los lucifuercistas y algunas reparticiones de la administración pública; en los servicios de mantenimiento de las redes de agua, el gobierno sólo se había atrevido a reducir la jornada al sector administrativo. Se había llegado a una virtual ocupación de las reparticiones por parte de los trabajadores, en la lucha por impedir la vigencia práctica de la ley. Un comentario de La Voz del Interior señalaba, acertadamente, en ese momento, que si los trabajadores lograban concretar sus propósitos se caía el conjunto de la ley de emergencia. Esta posibilidad acaba de ser destruida por la burocracia sindical, que desde un inicio, claro, era partidaria de defender la “legalidad”. La burocracia de Luz y Fuerza se encuentra comprometida, en calidad de socia, en las privatizaciones parciales de la empresa de energía, impulsada por Angeloz, y la del SiPOS, dirigida por el mao-izquierdista Bazán, adhiere a un “plan de saneamiento operativo” concebido y piloteado por la contratista Roggio, interesada en quedarse con la empresa de agua. El pasado viernes, la burocracia de LyF encontró la forma de doblegar la temible lucha de las bases, al firmar un acuerdo con la intervención mestrista que reduce en una hora la jornada laboral y anula un plus salarial que cobraban los trabajadores. Aunque los dirigentes reivindican haber impedido la reducción integral que pretendía el gobierno, esto es menos que un pretexto porque, de acuerdo a La Voz del Interior (13/9) “es prácticamente imposible aplicar la reducción horaria como en otros ámbitos”. La afirmación del diario desnuda el verdadero objetivo del gobierno, que es reducir la nómina salarial mediante despidos masivos, tarea que espera ver facilitada luego de una temporaria reducción de la jornada de trabajo. El retroceso impuesto por la burocracia sindical admite que el gobierno tendría dificultades financieras para pagar los salarios y que la reducción de estos es inevitable de una u otra manera. Sin embargo, por esos mismos días el gobierno nacional otorgaba 60 millones de dólares para rescatar al Banco del Suquía y, de un modo más general, daba al conjunto de los bancos que recibieron ese tipo de préstamos un plazo de varios años para cancelarlos. El Estado capitalista mide con varas distintas los reclamos y necesidades de los trabajadores, por un lado, y de las patronales, por el otro. Es por eso que, en lugar de recular ante la presión capitalista, es necesario plantear que éste y todas las patronales abran las cuentas de sus negocios para poder verificar en qué consisten realmente las dificultades financieras que se alegan para bajar los salarios. El rechazo a este planteamiento ya estaba anticipando la traición de la burocracia sindical. En el caso del SiPOS, la burocracia logró derivar la oposición a la reducción de la jornada laboral a la presentación de un recurso de amparo en sede judicial, con lo que ha impuesto la aceptación práctica de la ley a los trabajadores. Bazán fue más sinuoso que sus colegas de LyF, es decir, más cínico, porque primero aceptó la reducción para los administrativos mientras se jactaba de haberla evitado para la “parte obrera”. Ahora no tiene de qué jactarse, ni tampoco le importa. Nueva etapa La inmunda capitulación de la burocracia sindical ha cerrado una etapa en la lucha del movimiento obrero de Córdoba, y esto aún más si se trata de una capitulación anunciada. Es la manifestación final de un proceso que incluye la completa pasividad de gremios como SMATA o la UOM con relación a los despidos masivos. El gobierno ha ganado la iniciativa, a pesar de toda su crisis, para imponer el conjunto de su política. Dada la naturaleza de esta política y de las condiciones económicas de conjunto, asistiremos a una acentuación de la ofensiva contra los intereses populares y a un mucho mayor dislocamiento social. Los antagonismos habrán de agudizarse todavía más y lo mismo las necesidades de lucha de las masas. En la etapa que acaba de cerrarse, la energía de los activistas de Córdoba fue disipada por las ilusiones en la “resistencia” de la burocracia sindical a Angeloz y por la completa incomprensión del cambio político que significaba la volteada de Angeloz por Cavallo y compañía. Se cometió el mismo error que supuso que la volteada de Alfonsín por Bunge y Born-Menem, era una victoria popular. Una vez más, la burguesía logra imponerse a las masas gracias a una visión despojada de ilusiones y de escrúpulos. Es necesario que los activistas de Córdoba discutan la política a seguir para hacer frente, en esta nueva etapa, a la ofensiva Mestre-Cavallo, y para orientar la inevitable resistencia popular. Esto plantea las siguientes cuestiones: * Estratégica. La resistencia sólo puede triunfar si tiene un carácter de conjunto, es decir que reclama una respuesta común a todos los sectores de las masas. Todo planteo de conjunto es, por su naturaleza, un planteo de poder, es decir, opone objetivos estratégicos. La necesidad de un planteo de conjunto nace de la propia crisis general actual y está en relación con la forma que la burguesía aborda la situación, que es también la de destacar y subrayar sus objetivos estratégicos —la llamada “transformación” tanto económica como social. La consigna de la burguesía es que la crisis la paguen los trabajadores; la de los trabajadores debe ser que la pague la burguesía nacional e internacional. En función de esto se impone naturalmente la consigna de que se “abran las cuentas del Estado y de los capitalistas”, para desnudar el carácter puramente explotador, y para nada favorable al interés general, de la política oficial. * De método de lucha. El movimiento obrero de Córdoba deberá enfrentar ahora el seguro intento de municipalizar-privatizar escuelas y privatizar la empresa de energía, los bancos y la DiPOS; continuará, además, la política de vaciar-privatizar los hospitales, de despidos masivos y la liquidación de las Cajas. La consigna de No al vaciamiento-municipalización-privatización-despidos, sólo anuncia una perspectiva de lucha real si es acompañada por la PREPARACION de la ocupación de los edificios y de las empresas y del reclamo de huelga general. * Método político y organización. Las tareas que se visualizan requieren de la organización independiente de los activistas y de su desarrollo. Para que haya organización tiene que haber programa, es decir, una comprensión común de las tareas a encarar, y para que haya desarrollo es necesaria una campaña política. Más que nunca es necesario recuperar los sindicatos en manos de la burocracia sindical. Por todo esto planteamos la necesidad de un congreso de trabajadores, como método propio para organizar al activismo, y como camino concreto para impulsar un congreso de bases de los sindicatos y del conjunto del movimiento obrero de Córdoba.

Los diarios dan cuentan de que el diputado ucedeísta-menemista, Germán Kammerath, ha entablado “conversaciones” con el consorcio chileno Enersis-Chilectra (propietario de la Central Costanera y del Chocón) para la venta de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC). Las gestiones de Kammerath en Chile fueron arregladas por la cancilleria argentina, es decir que el diputado viajó con el santo y seña del gobierno nacional. Además, la acción cuenta con el apoyo de las cámaras patronales cordobesas, que hace ya un tiempo acordaron con el mismo consorcio un estudio sobre la empresa cordobesa. La información fue tibiamente negada por la UCeDé local; el gobierno provincial dijo desconocer las gestiones de Kammerath y “reafirmó su intención” de no privatizar EPEC, pero todos los analistas políticos coinciden en destacar que la venta de Epec es un hecho, corroborado por la decisión de Mestre de firmar el pacto fiscal, condición que le han puesto las cámaras patronales para apoyar el Bono Patriótico. Se confirma que Mestre es un rehén de Menem-Cavallo y que Córdoba es una provincia intervenida “de facto”.

El proyecto de presupuesto que Menem y Cavallo acaban de enviar al Congreso ha sido presentado como el “más austero desde la vigencia de la ‘convertibilidad’”. Se trata de una definición curiosa, porque la “austeridad” no rige para los banqueros ni para los capitalistas. Despilfarro Los intereses de la deuda pública son el único rubro de todo el presupuesto que ha crecido entre 1995 y 1996: ha pasado de 3.800 a 4.400 millones, un incremento del 20%. Si se computaran los vencimientos de capital de 1996, la cifra alcanzaría los 9.500 millones de dólares (El Cronista, 12/9), lo que representa el 25% del presupuesto. La “austeridad” tampoco rige para los subsidios. Los que reciben los exportadores –1.800 millones en 1995 (El Economista, 1/9)– aumentarán con el crecimiento previsto de las exportaciones, a lo que hay que agregarle la reducción de los aportes patronales por 2.700. Luego de haber transferido la educación, la salud y la vialidad a las provincias, Menem-Cavallo reducen ahora todavía más las “partidas sociales”. Los gastos de la previsión social van a ser reducidos en 142 millones, lo que anula cualquier expectativa de aumento de los haberes jubilatorios y asegura la privatización del Pami. Los gastos de “asistencia social” se reducirán en 61 millones; los de “vivienda” en 36 millones y los destinados al “agua potable” en 15 millones. “Ciencia y Técnica” verá reducido su presupuesto en 70 millones. Los gastos de “salud” quedarán prácticamente congelados en el actual nivel de derrumbe. En cuanto a la “educación”, se le recorta la mitad del aumento que establece la Ley Federal de Educación, es decir que se le sustraen 220 millones. El presupuesto mantiene las reducciones salariales establecidas “provisoriamente” en 1995, que “redujeron significativamente los salarios respecto de 1994” (Ambito Financiero, 15/9). En cuanto a las provincias, los “pactos fiscales” vigentes estipulan que recibirán 745 millones de pesos mensuales, una cifra similar a la de 1995 (pero menor a la de 1994); en consecuencia, las provincias acumularán en 1996 un déficit similar al de 1995 (3.000 millones) pero en condiciones de financiación extremadamente más difíciles (El Economista, 15/9). La privatización de los bancos y de las empresas de agua y energía de las provincias –que el gobierno nacional comprometió en su carta de intención al FMI de fines de agosto– está, por lo tanto, “contenida”en este presupuesto. Esta “austeridad fiscal”, según precisa la economista Diana Mondino, obligará a los trabajadores a “soportar un nivel de desempleo todavía más alto” (El Economista, 8/9). Derrumbe Sin embargo, “la fragilidad del presupuesto ... es un claro síntoma de las dificultades del programa económico” (Carlos Abalo, en El Cronista, 14/9). “El presupuesto reduce gastos pero no garantiza el equilibrio (porque) no está claro cómo se obtendrán los recursos para financiarlo” (Ambito Financiero, 15/9). La caída de los ingresos impositivos, como consecuencia de la recesión y del aumento de los subsidios a los capitalistas, pone en cuestión la viga central de la política de Menem-Cavallo: el pago puntual de la deuda pública. El gobierno “presupuesta” un aumento de la recaudación del IVA del 20% en 1996, una cifra completamente irreal si se considera que, según la Cepal, “en el 96 la economía argentina tendrá un crecimiento nulo”, y que el gobierno debería reducir la alícuota del IVA del 21 al 18% a partir del próximo el 1º de abril. También “presupuesta” un crecimiento del 20% de la recaudación del impuesto a las ganancias, sin importarle que “el valor del impuesto a las ganancias a pagar en 1996 se determina sobre los beneficios que empresas y familias han tenido en 1995. Y ya se sabe que, justamente este año, los beneficios han descendido en forma importante merced a la recesión” (El Cronista, 12/9). También es irreal el aumento del 0,1% presupuestado en la recaudación previsional; la reducción de los aportes patronales (2.700 millones) y la desocupación hacen prever, por el contrario, una caída vertical de los ingresos previsionales. Todo esto ha llevado al economista Wálter Graziano a señalar que “de la lectura del presupuesto surge en forma evidente que lo que se intenta es clavar los gastos, dibujando los ingresos para que de alguna manera las cifras cierren, al menos en los papeles sin mostrar cifras de financiamiento necesario que resulten demasiado abultadas” (El Cronista, 12/9). Es decir, la “ley de leyes” es un fraude destinado a ocultar la bancarrota de las finanzas públicas. El “agujero fiscal” deberá ser cubierto con nuevo endeudamiento. En 1995, “el FMI aceptó algo que años atrás hubiera parecido sacrílego: que las cuentas fiscales se alejaran del equilibrio” (El Economista, 8/9): “pragmáticamente” (ídem), el FMI admitió un déficit fiscal de 2.400 millones de dólares —a financiar con nuevo endeudamiento—, porque la alternativa era declarar la quiebra oficial de la “convertibilidad”. Lo que el FMI no destaca es que se llegó a ese déficit fiscal de 1995 después de haber dilapidado un paquete de “ayuda externa” de 8.500 millones de dólares ... “una cifra que es prácticamente imposible de repetir en 1996” (El Cronista, 12/9). Los pronósticos más “optimistas” sostienen que, en el mejor de los casos, la “ayuda externa” que podría recibir Cavallo en 1996 no superaría los 5.000 millones de dólares. “¿Cuánto déficit fiscal está dispuesto a aceptar el mercado de capitales sin que cunda el pánico entre los inversores externos?”, se pregunta El Economista (8/9). Para que no “cunda el pánico” entre los usureros, ya hay quienes recomiendan, su propio “dibujo” de las cuentas fiscales: “superávit de caja del orden del 1,5% del PBI (3.300 millones) para cerrar las cuentas” (Wálter Graziano, El Cronista, 12/9). El presupuesto de 1996 retrata, acabadamente, las perspectivas explosivas que abre el derrumbe del “plan” Cavallo. El “déficit fiscal” puede transformarse en “superávit de caja” mediante la postergación de los pagos en los salarios y las jubilaciones, el alargamiento del período de pago a los proveedores, o la contratación de crédito a corto plazo (90 días), como lo autoriza la posibilidad de emitir letras de tesorería para la colocación de sus reservas por parte de los bancos (éstas se estiman en 1.500 millones de dólares). En una palabra, el “déficit fiscal o del presupuesto” se disimula mediante deudas cada vez más usureras y con mayores golpes a los trabajadores.

En el artículo “El ‘plan’ barranca abajo”, que se publicó en Prensa Obrera pasada, se han deslizado dos errores. El primero de ellos, cuando dice que “los intereses de la deuda externa han pasado a ser el rubro más significativo del presupuesto nacional, un 20%, lo que significa más de 8.000 millones de dólares al año”. Según las cifras oficiales del presupuesto, ese 20% se refiere al aumento de los intereses que se pretenden pagar (otros son refinanciados), con relación al ejercicio de 1994, de 3.800 a 4.400 millones anuales. Si se toman en cuenta, sin embargo, las amortizaciones de capital, “los vencimientos de capital e intereses rondan los 9.500 millones de dólares en 1996” (Wálter Graziano en El Cronista, 12/9) ... una cifra que representa, el 25% del presupuesto nacional. El gobierno no incluye en el presupuesto nacional los gastos ocasionados por el pago de las amortizaciones del capital de la deuda externa. El segundo error es cuando dice que “Sólo en beneficio de los exportadores, los subsidios otorgados en 1994 fueron de 900 millones de dólares”. En realidad, “los reintegros en concepto de política comercial que paga el gobierno a las exportaciones representaron durante 1994 un costo fiscal de casi 900 millones de pesos y sólo durante el primer semestre de este año superaron los 520 millones de pesos (un 30% más que el año pasado). A eso hay que sumarle los verdaderos reintegros del IVA que representan una cifra similar a la anterior” (El Economista, 1/9). Tenemos entonces que los subsidios a los exportadores no son de 900 sino 1.800 millones de dólares al año, una cifra fantástica pues, establecidos hace dos años, esos reintegros representan el 40% del cacareado aumento que han registrado las exportaciones desde la puesta en vigencia de este régimen de subsidios. A medida que crecen las exportaciones, crece también el imparable déficit fiscal, que está previsto en 2.500 millones de dólares para 1995, pero que cuando se computan las amortizaciones de capital de la deuda externa, es mayor.

De acuerdo a un reciente informe del estudio Broda, la desocupación deberá llegar a casi el 19% en 1998, para descender luego a un “módico” 14% en el año 2006. Suponiendo una proyección igual para los “semi-ocupados”, tendríamos 4 millones y medio de trabajadores realmente desocupados hacia 1998 y más de 3 millones hacia el 2006. Las estimaciones del estudio Broda parten de una hipótesis de crecimiento económico ininterrumpido. Otro estudio, de la Fundación Cristal, estima para el año 2000 una tasa de desocupación que puede variar entre el 22.6% y el 23.6 %. Desocupados y subocupados llegarían, en este caso, a los 5 millones y medio de personas. La Fundación Cristal está dirigida por el ex ministro de Trabajo, Enrique Rodríguez. Los datos fueron publicados por La Nación del 15 de setiembre. Si éste es el futuro que depara a los trabajadores un capitalismo “que crece”, ¿qué cabría esperar de la alternativa más realista y probable de un capitalismo estancado o en retroceso? ¿De un capitalismo que debe destinar los fondos públicos al pago de la deuda externa, al subsidio a los exportadores, a la financiación de las megacoimas, al rescate de bancos fundidos, a bicicletas financieras que “reanimen” las Bolsas, a bancar fugas de capitales y, por qué no, a alimentar las cajas negras del clero (Primatesta y compañía)? Todo esto viene a cuento cuando se observa la parálisis que sucedió al “cese de tareas” del pasado 6 de setiembre, no sólo por parte de la CGT, sino más aún del CTA y del MTA. ¿Será que están distraídos por la crisis Menem-Cavallo? ¿Será que están “palpitando” al ganador —los “cegetistas” en el bloque de Duhalde-Yabrán y los del CTA, en particular, del lado del “anticorrupto” Cavallo? Este último es el bando que han elegido, al menos, los amigos del CTA - “Cavallo” Alvarez y la “Cavallo” Fernández Meijide. Este “balconeo” de la crisis política es simplemente criminal, porque la crisis acicatea la acción entreguista, superexplotadora y parasitaria de las grandes patronales y de su gobierno. Mientras se disparan con obuses, los grandes capitalistas no dejan de entregar el pétroleo de Malvinas o de largar un presupuesto para 1996 que prevé reducciones de salarios del 15% y mayores despidos. Por otro lado, lo fundamental de la crisis es que agrava la situación de las masas y desnuda la completa impotencia del régimen capitalista y de su Estado, no ya para remediarla, sino atenuarla. El movimiento obrero debe dar una respuesta a esta descomposición social, no elegir el bando capitalista que siempre lo llevará a la derrota. La situación reclama profundizar y generalizar las luchas mediante un plan de las organizaciones obreras y la huelga general. Fue esto lo que votaron a principios de mes centenares de delegados de la UOM de Córdoba. ¿Para qué un plan de lucha? Para imponer un plan económico y social que haga recaer la crisis en los grandes capitalistas, no en los trabajadores. Que imponga ya un seguro al desocupado (mínimo de 500 pesos, como se ha votado multitudinariamente en Neuquén); un salario mínimo de mil pesos; una jubilación equivalente al 82% móvil de los salarios; un reparto de las horas de trabajo disponible sin tocar los salarios; la apertura de las cuentas del Estado y de los capitalistas; el cese del pago de la deuda externa. Frente a la crisis política, el movimiento obrero no debe aliarse a ninguno de sus verdugos en pugna, sino poner al frente del conjunto de la sociedad las necesidades apremiantes de las masas. La disputa entre Menem, Cavallo, Yabrán, IBM, Citibank, Macri y todos los demás, es una lucha por el pillaje de los recursos de la economía y del Estado. A esto sólo puede ponerle remedio que los trabajadores desplacen del poder a la burguesía —no las “comisiones investigadoras”... con la inclusión del episcopado (copyright, “Cavallo” Alvarez, 1995, reproducción prohibida). En este sentido, llamamos a enfrentar el pillaje capitalista mediante la convocatoria de congresos y asambleas de trabajadores; congresos de bases sindicales y de las centrales obreras; asambleas y plenarios de vecinos; asambleas estudiantiles. En fin, mediante una gran asamblea popular que hable en nombre de la inmensa mayoría, es decir, de los explotados.

“El ‘plan’ Cavallo —decíamos hace apenas dos semanas— no sólo es un ‘destructor de empleos’, para usar la expresión de Caro Figueroa, sino que ahora está amenazando con destruir negocios, algo que es suficiente para costarle la cabeza” (Prensa Obrera Nº 462, 29/8). Pruebas al canto. El proyecto de presupuesto que acaba de ser enviado al Congreso consagra la “definitiva marcha atrás en el traspaso de las cajas (jubilatorias provinciales a la Nación)” (El Cronista, 5/9). La decisión, según informa “un alto funcionario del Ministerio de Economía”, “fue tomada por una razón excluyente: no existe presupuesto disponible para absorber estos déficits provinciales (ni) tampoco habrá recursos nacionales que puedan ser afectados a esos desequilibrios” (ídem). La “marcha atrás” del gobierno nacional significa, a pesar de los “pactos fiscales”, que las provincias deberán hacerse cargo de esos “desequilibrios”, además de todos los otros.

Desde hace meses, la patronal de Aurora-Siam viene imponiendo una política de suspensiones masivas, despidos selectivos y atrasos en el pago de las quincenas. Aduce “crisis” y caída de las ventas. Claro que, durante 1991 y 1993, triplicó sus ventas de electrodomésticos y absorbió plantas y proveedores hasta integrar un grupo empresario con catorce establecimientos industriales. Inclusive, ahora se está beneficiando por la quiebra de sus competidores más débiles. En realidad, la patronal está explotando la crisis para desprenderse de los trabajadores más calificados y antiguos, para reemplazarlos por contratados y para barrer definitivamente con las conquistas del convenio metalúrgico. La Comisión Interna y los delegados (que responden a Guerrero y Miguel) recorren las secciones “aconsejando” a los compañeros más antiguos a “que arreglen” (el retiro). Hace un mes, antes de la última oleada de suspensiones, informaron que estaban gestionando ante la Provincia de Buenos Aires un crédito “blando”... para la patronal, asegurando que —de obtenerse— la fábrica “normalizaría su producción”. El crédito fue otorgado... pero la situación de la fábrica no cambió: sigue semiparalizada y los trabajadores están con una quincena sin cobrar. Mientras tanto, se están trasladando máquinas entre las diferentes plantas de Aurora, y todo indica que el “préstamo” está siendo utilizado para fusionar varias plantas en una, con el consiguiente cierre de establecimientos y despidos. La política de atraso en los pagos y suspensiones masivas prepara el terreno, precisamente, para esas cesantías. El pasado viernes 15, los trabajadores esperaban cobrar la quincena atrasada. Ante la falta de confirmación del pago, la Comisión Interna llamó a los trabajadores a concentrarse frente a Personal, mientras ellos se entrevistaban con la patronal. Al salir, la interna anunció que se cobraría... 100 pesos por trabajador. Un compañero, entonces, planteó: “No, no nos vamos. Porque la plata para nuestros sueldos está: la patronal hizo fortunas a costa nuestra durante los últimos años, vendiendo como nunca y haciéndonos trabajar 10 y 12 horas por día. Que pongan la plata que ganaron para pagarnos los sueldos. Si nosotros los bancamos en todo ese tiempo, ¡que ahora la crisis la banque la patronal! ¡Queremos cobrar y no nos vamos!”. El compañero fue aclamado por todos. La Interna, entonces, insistió en desconcentrarse; sólo diez trabajadores la acompañaron. El resto de la fábrica continuó en Asamblea, al grito de “queremos cobrar”; incluida estaba buena parte de la base de la propia lista Rosa de Guerrero. “Cuando nos desconcentramos —comentó un activista a Prensa Obrera— tuvimos la sensación de que nada volverá a ser igual en la fábrica. En las secciones, los compañeros se animaron a decir abiertamente lo que todos pensaban desde hace mucho y por miedo no podían expresar: que son traidores y vendidos, que trabajan para la patronal”. Aunque no se logró más que cobrar los 100 pesos “a cuenta”, una gran parte de los compañeros salieron eufóricos esa tarde de la fábrica. Se ha creado una nueva situación para enfrentar los ataques patronales que se vienen (nuevas suspensiones y despidos). El reclamo de la asamblea general (siempre negada por la burocracia) puede imponerse ahora, para iniciar un plan de lucha, reclamar un plenario de delegados de la UOM y una movilización de conjunto contra las cesantías y los ataques al convenio.

El proyecto de presupuesto de la dupla Menem-Cavallo tiene un artículo —el 20— en el que se arroga la posibilidad de reducir hasta un 15% los salarios de todos los trabajadores del Estado y sus organismos descentralizados y empresas. Es decir, un poder discrecional para bajar, por decreto, los salarios de cientos de miles de trabajadores. Detrás de los cientos de artículos y cuadros del presupuesto, aquí está su verdadero corazón: la reducción lisa y llana de los salarios para “cumplir” con los banqueros y usureros internacionales.

La empresa Río de la Plata, una de las líderes del transporte de pasajeros, que monopoliza el turismo estudiantil en Bariloche y que no puede quejarse de que los negocios le vayan mal, ha despedido, sin embargo, a 42 trabajadores del taller de mantenimiento mecánico de la terminal de Ranelagh. Agobiados por las extensas jornadas de 12 horas de trabajo; descansando menos de lo necesario, víctimas del estrés, los colectiveros tienen que soportar aún la falta de pago en término; hasta el momento del paro, taller de mantenimiento y personal administrativo no habían cobrado agosto. La empresa adeuda, además, la última cuota del medio aguinaldo a todo el personal (dividido en cinco partes). En la puerta de la empresa, varios choferes nos comentaban que son muy pocos los que poseen la libreta sanitaria y que casi todas las unidades no están en condiciones de circular por falta de matafuegos, stops, etc., lo que aumenta notablemente el riesgo de accidentes. Les exigen además salir inmediatamente cuando llegan a la terminal, sin tener un descanso entre viaje y viaje. A la aplicación de la multiplicidad de tareas y la flexibilidad laboral, se le agrega la intención de despedir sin indemnización, tal como pasó con estos 42 compañeros. Como se ve, estamos en presencia de una ofensiva patronal a fondo. Pero el viernes 8/9, los trabajadores decidieron pararle la mano a la voracidad de la patronal y exigieron las condiciones para salir a trabajar, lo que motivó automáticamente la interrupción del servicio. Luego de idas y venidas, casi al filo de la jornada, la empresa se comprometió a pagar, el lunes 11, los sueldos atrasados, entregando a cuenta 100 pesos en forma inmediata, otorgando una licencia paga a los 42 despedidos hasta el viernes 15, abriendo un registro de retiros voluntarios y abonar el día caído a todos los choferes. El paro de 24 horas hizo retroceder a la patronal y los trabajadores se adjudicaron un importante “round”, pero esto no significa que la empresa vaya a cambiar sus planes. Hay que exigir, por lo tanto, un plenario de delegados de UTA Zona Sur, pues situaciones similares se están viviendo en otras líneas de la zona, como la 148, que se encuentra en estado de asamblea permanente, y la línea 500.

Al cabo del Xº Encuentro del PT, que acaba de finalizar, Lula renunció a la presidencia del partido. Con poco disimulada ironía, la prensa definió la renuncia de Lula como “un divorcio civilizado” (Veja, 30/8). El renunciante Lula aclaró inmediatamente que “a partir de ahora seguirá su carrera por su cuenta. Cuando lo encuentre conveniente, defenderá las posiciones del PT. En caso contrario, actuará como mejor le parezca” (ídem). En sus propias palabras, “voy a probar una vez más que es posible hacer política fuera del partido” (ídem). Para ello creará su propia estructura política –una “fundación” llamada “Instituto para la Ciudadanía”. El “modelo” de Lula, según sus propios colaboradores, es el PRD mexicano, un partido patronal que, por su estructura, en nada se diferencia de otros partidos patronales. A partir de ahora, la verdadera dirección del PT estará fuera del partido y del control, siquiera formal, de sus militantes. Sus miembros no serán elegidos por nadie y no deberán responder a ningún mandato de las bases. Se trata del mecanismo clásico para la “formación de equipos de gobierno” (¡la Fundación Mediterránea!), es decir, de burócratas estatales subordinados a los intereses del gran capital que financia estas fundaciones. La renuncia de Lula ha llevado al extremo la tendencia a la “independencia” que han demostrado siempre los funcionarios estatales que actúan dentro del PT. A partir de ahora, ¿cómo se les podrá negar a los intendentes, diputados y senadores petistas lo que se le permite al candidato a presidente? La renuncia de Lula pone en evidencia la tendencia a la disolución del PT como partido y a su transformación en una “cooperativa” de distintos aparatos de funcionarios estatales. A partir de ahora, el PT quedará reducido a una mera maquinaria electoral destinada a apoyar a funcionarios y a una dirección irresponsable, fuera de todo control y disciplina. Que ésta es la pretensión de Lula se verifica en el hecho de que “intentó colocar en la cúpula del partido a una selección de personalidades de izquierda que, sin votos en la militancia, serían promovidos al primer escalón en función de la amistad que guardan con el fundador del partido” (ídem). El intento fracasó pero es revelador. A partir de aquí, la tesis, muy difundida, de que el PT es un partido “cualitativamente diferente” a los restantes partidos brasileños, se revela como una fantasía. Negocios, negocios Entre otras cosas, la “fundación” le permitirá a Lula “ganar” su “independencia financiera”, ya que “con el pretexto de elaborar propuestas de gobierno, intentará captar recursos de empresas privadas y entidades internacionales” (ídem). Como cualquiera puede darse cuenta, la financiación capitalista de las “fundaciones privadas”, verdaderas “cajas negras” de los políticos patronales, es una fuente inagotable de corruptelas y de subordinación a los intereses de los grupos capitalistas. La cuestión de la “independencia financiera” de Lula es clave y no sólo por el conocido hecho de que el que pone la plata impone su política. Ocurre que la creciente financiación del PT –y de sus distintas camarillas– por parte de los grupos capitalistas – “por izquierda”, claro– amenaza con desatar un fenomenal escándalo. En el propio Encuentro, el presidente electo para reemplazar a Lula, José Dirceu, fue acusado por César Benjamín —un hombre del entorno de Lula— de haber recibido dinero “negro” del pulpo Obredrecht, cabeza de la “patria contratista” brasileña. Según Veja, lo que ha “herido el orgullo” de Dirceu es que “los dólares de la constructora fueron para la campaña de Lula a la presidencia, pero a la hora de cerrar la contabilidad, el PT registró la ‘contribución’ en la campaña para la gobernación de Sao Paulo, para mantener limpia la cuenta del jefe del partido”. La “respuesta” de Dirceu fue enviar un grupo de matones para impedir que Benjamín continuara hablando. Curiosamente, o no tanto, la presidencia del Encuentro permitió que Benjamín fuera desalojado del estrado. ¡Viva la democracia! La función política de la renuncia de Lula es hacer más consistente, más abierta y más segura la política del PT de emblocamiento con los grandes capitalistas y los partidos patronales, “liberándola” de las “molestias” de la crítica de los “radicales”. Después de su renuncia, las primeras actividades de Lula fueron un encuentro con Lionel Brízola, del PDT, para poner en pie una política común frente a las reformas constitucionales y su asistencia al acto de Sao Bernardo do Campo, montado por la burocracia de la CUT junto con cámaras empresarias, la iglesia y la intendencia local, en respaldo de un programa abiertamente patronal (facilidades crediticias, rebajas impositivas, control de las importaciones, etc.) (ver PO nº 462). Los objetivos políticos de Lula quedan claros en el nombre que ha elegido para su “fundación”, “Instituto para la Ciudadanía”. El poco disimulado intento de borrar todo rastro “obrero”, “socialista” o “clasista” es todo un programa político. La consigna histórica del PT –“trabajador vote trabajadores”– será reemplazado por la de “ciudadano vote ciudadano” ... es decir, “trabajador vote patrones” ... No es casual que bajo un rótulo similar –“Asociación Empresarial para la Ciudadanía”– se hayan organizado los capitalistas que respaldan al PT, quienes pese a no estar afiliados al partido juegan, a través de esta “fundación”, un papel cada vez más determinante en la dirección y en la recaudación de fondos partidarios (Teoría y Debate, junio/agosto). Aunque dentro del propio PT hay quienes denuncian que esta “Asociación ...” no es más que un “lobby” de determinados grupos capitalistas para obtener “una reserva de mercado para los contratos de las administraciones municipales petistas” (ídem), éstos no han dejado de ganar terreno dentro del partido. “El Directorio Regional de San Pablo aprobó la formación de un Consejo Consultivo de Finanzas, integrado por empresarios, afiliados y no afiliados, como órgano autónomo, fuera de la estructura partidaria ... (con) la misión de ayudar a recaudar recursos financieros, sin ninguna interferencia en la vida interna del PT” ... “Por otro lado, por lo menos en San Pablo, diversos empresarios asumieron puestos destacados en la administración municipal petista” (ídem). La “función” de estos “empresarios” no es, claro, sólo recaudar fondos. “Luis Sergio Nóbrega (dirigente del PT) también entiende posible (como muchos otros dirigentes del partido) un Estado socialista con empresarios, aunque considere que eso encierra contradicciones ... que siempre existirán y jamás serán superadas del todo ... pero es una ‘buena contradicción’ que nos impedirá cometer los mismos errores que fueron cometidos en Europa del Este”. El “error” es, claro, la expropiación de la burguesía, porque “el socialismo posible de ser pensado (sic) no supone la eliminación de la propiedad privada de los medios de producción”. Los “empresarios del PT” han entrado nada menos que para fijar los objetivos estratégicos del partido ... la no expropiación de la burguesía. Chantaje a la izquierda petista Desde su fundación, Lula actuó como árbitro entre las tendencias internas del PT. Su alejamiento refuerza este papel, al dotarlo de una base política y financiera “independiente”. A partir de ahora, las tendencias del PT estarán sujetas a un doble arbitraje, el de la dirección partidaria y el de Lula. Se ha montado así en el PT una “red de seguridad” para la política derechista, semejante a la de las monarquías constitucionales, donde los burócratas coronados, que “reinan pero no gobiernan”, constituyen el reaseguro último ante una crisis política de fondo. La renuncia de Lula constituye un intento de subordinar a las tendencias de izquierda a la política de integración del PT al Estado mediante un poco disimulado chantaje –¿se atreverá a disentir públicamente con Lula?. Más aún, la renuncia de Lula preanuncia la decisión de la mayoría “oficial” de quebrar el PT en el caso de que la actual oposición se convierta en mayoría. La renuncia de Lula es, por todo esto, una expresión de la crisis desbordante del PT, aunque, claro, no es la única. Su sucesor, José Dirceu, fue elegido presidente por un margen estrecho (54% a 46%) frente al candidato del ala izquierda, en un Encuentro “tenso” (Veja, 30/8), plagado de denuncias de corrupción, patoteadas y escenas de pugilato.

Una gran concurrencia participó de la marcha por el 19º aniversario de La Noche de los Lápices. Más de 2.000 jóvenes se movilizaron por el juicio y castigo a los asesinos de ayer y de hoy, y repudiaron a la pasada dictadura militar y al gobierno indultador de Menem. La marcha se dio en un momento donde la represión está más vigente que nunca: el asesinato de Javier Rojas Pérez, el crimen de Varela, la sala de torturas y desapariciones de La Plata, y el asesinato constante de jóvenes en manos de la policía de “gatillo fácil” así lo demuestran. La Coordinadora de Estudiantes Secundarios marchó en una gran columna, que fue encabezada con una bandera en la que se podía leer “Juicio y Castigo a los asesinos de ayer y de hoy”. Hubo importantes columnas de la Coordinadora de la zona Oeste, del Nacional de San Isidro, del Nacional de Vicente López, de la Técnica 2 de Palomar, del Mariano Moreno, del Avellaneda, del Otto Krause, del Luis Piedrabuena de Lanús, del Carlos Pellegrini, del Nacional Buenos Aires, entre otros. También concurrieron las Madres de Plaza de Mayo. La marcha volvió a convertirse en un canal de lucha contra la represión del Estado capitalista. Los carteles reclamaban el esclarecimiento de los casos más conocidos y participaron madres reclamando justicia por el asesinato de sus hijos. La UJS intervino en esta marcha por el Juicio y Castigo, señalando que el arma de la juventud para enfrentar a la represión debe ser la organización: organizarse en los centros de estudiantes y en los barrios, y en una juventud socialista de masas, ésta es la tarea.

A fin de setiembre finaliza la Campaña Financiera del Partido Obrero. En el tramo final se exige la movilización no sólo de todos los militantes, sino también de los simpatizantes y amigos del Partido. El déficit más importante que hay que resolver en estos 15 días, es la rifa-contribución, que hasta la fecha sólo se ha rendido en un 35% y que es lo que está tirando abajo el promedio de ingresos general de la campaña. Sigamos entonces el ejemplo de La Plata, donde los militantes de estatales (Ministerio de Economía) han superado su objetivo de colocación: sobre 100, ¡están en 107! Acaban de editar un Boletín de la agrupación sindical que recientemente participó en las elecciones seccionales de ATE. En la Facultad de Bellas Artes también se ha arribado al objetivo, con 40 rifas. Aquí, los compañeros se preparan para dar una batalla en las próximas elecciones de centro de estudiantes. Tanto en estatales como en Artes, los amigos y simpatizantes del PO colaboran activamente, colocando la rifa-contribución entre sus compañeros de trabajo, amigos o familiares. Reiteramos la convocatoria a toda la periferia a movilizarse en este tramo final por el éxito de la Campaña Financiera.

En las últimas dos semanas, el movimiento estudiantil secundario intervino en dos importantes movilizaciones: el paro del 6 de setiembre y el aniversario de “La Noche de los Lápices”. La Coordinadora de Estudiantes Secundarios se reunió el sábado 16/9 en la facultad de Sociales, donde después de estas importantes jornadas de lucha y con la presencia de más de 100 compañeros, discutió básicamente 3 temas: a) Balance del paro y de la La Noche de los Lápices. En este punto, el Pts criticó la consigna “Por un paro activo nacional” porque esto “no nos diferenció de la burocracia de Martínez, ni de la CTA o el MTA que se retiraron de la Plaza Congreso gritando ‘paro, paro’. La consigna debía ser ‘no a la concertación’”. La diferencia del Pts con la burocracia es abstracta. b) En el segundo punto se votó una campaña para enfrentar el desmantelamiento de la escuela secundaria. La declaración de la Coordinadora plantea: “se trata del traslado de los dos primeros años de la escuela media a los actuales colegios primarios para integrarlos junto al 7º grado al llamado ciclo superior de la enseñanza general básica. Este traslado tendrá un primer efecto en el despido de miles de docentes medios y en el surgimiento de escuelas shopping, a partir de los negociados previstos con la venta de los establecimientos secundarios que ahora se vaciarían. Para hacer viable este negociado se reventará a los primarios, que ya están superpoblados y no podrán dar cabida al 8º y 9º grado”. También se denuncia que la polimodal no habilitará para el ingreso directo a la universidad y que habrá que aprobar cursos o exámenes de ingreso limitacionistas como el de Medicina. c) En el último punto, al discutir la unidad del movimiento estudiantil, se produjo una alianza entre el Mst, Frepaso y Pts para disolver la Coordinadora, es decir, la política que impulsa Franja Morada. Pero la Coordinadora es la única organización democrática que se basa en los mandatos de los colegios, las asambleas, la deliberación de los activistas. La maniobra franjista fracasó y la Coordinadora resolvió convocar a un nuevo plenario para dentro de un mes, al que se volverá a invitar a todos los organismos estudiantiles. Este plenario discutirá la campaña lanzada por la Coordinadora, sus resultados y cómo avanzamos en la organización.

“El aumento de las protestas laborales ha generado el inicio de procesos contra los trabajadores y estudiantes que las encabezan. En la misma medida que se ha ido agravando la situación social como consecuencia del plan económico han crecido las protestas de los trabajadores en todo el país. Paralelamente se ha generalizado la persecución judicial contra los sindicalistas más activos y en contraste con ello los trabajadores han sido privados de protección judicial para defenderse de las acciones de los dueños de empresas”. Con estas ajustadas palabras, el semanario tucumano El Periódico(10/9) describe la persecución que están sufriendo más de 500 delegados y dirigentes sindicales en todo el país. Desde Jorge Brodsky, Adrián Alvarez y Ernesto Gutiérrez, delegados del diario La Prensa, hasta los dirigentes y delegados metalúrgicos fueguinos, pasando por los dirigentes docentes de la Universidad Nacional del Comahue, los estatales jujeños, trabajadores de Luz y Fuerza de Mar del Plata, estudiantes y jubilados, “son unos 500 trabajadores, sindicalistas y estudiantes que han pasado al fuero penal”. Los asesinos de Víctor Choque, los Massera y los vaciadores de bancos, empresas y provincias ni pisan los tribunales; las acusaciones de “usurpación de la propiedad privada” (por las ocupaciones) y de “tumulto”, “incitación a la violencia” y “desacato” (por las manifestaciones callejeras) son la excusa de la “persecución judicial generalizada” a los trabajadores que luchan. La burguesía y el gobierno persiguen judicialmente a “los sindicalistas más activos” –dice El Periódico. “En contraste —continúa El Periódico en la amplia nota que dedica a la persecución de los delegados— el gobierno ha modificado diversos aspectos de la legislación laboral para abaratar el costo judicial de los despidos y otras medidas contra los trabajadores”.

Todos los días salta a la luz pública, con ribetes sorprendentes, un nuevo capítulo en la guerra de mafias, grupos económicos y fracciones políticas opuestas dentro y fuera del gobierno. La sección de economía y política de los diarios se asemeja, cada vez más, a una crónica policial poblada de “pistas suizas”, número de cuentas bancarias, relaciones secretas entre empresas, nombres de testaferros, nuevas coimas y contratos arreglados... en una cadena que engloba a toda la clase dominante y que se extiende fuera de las fronteras del país. El aparato del Estado está partido. Cada fracción cuenta con su propio equipo de inteligencia, de espionaje y contrainteligencia. ¡El propio Menem está involucrado! Se ha aventurado (Reutemann) que este ajuste de cuentas puede conducir a la eliminación física de oponentes. La crisis económica Ya casi no se discute la crisis económica, ni el hundimiento del “plan” Cavallo, ni de que allí radique el corazón del problema político. “La reciente crisis política económica de la Argentina preocupa a los inversores extranjeros y en especial a los de la City londinense donde ya se habla de la “vulnerabilidad estructural” del modelo económico”, según el corresponsal de La Nación (1/9). También para los “Ejecutivos de Finanzas”, “la fuerte conflictividad surgida en el seno del gobierno... está vinculada con el elevado índice de desempleo, que convive con la alta tasa de interés de la deuda pública y una delicada cuestión de financiamiento externo” (Informe 67, setiembre). Más directo, el Bank of América dijo que “Argentina enfrenta una difícil alternativa: o permite la flotación de la moneda (léase devaluación) o deja que el ciclo deflacionario siga su curso” (Clarín, 18/9); vaticina, además, que “una nueva corrida bancaria, como la registrada entre enero y marzo, es posible”. El propio FMI tuvo que admitir que, “ahora ese compromiso (de un superávit fiscal de 2.000 millones) quedó sin efecto y se aceptó que, en un caso extremo, la Argentina pueda cerrar el año con un déficit de 2.400 millones de dólares” (La Nación, 1/9). La “guerra de precios” en el sector automotriz, la “niña bonita del plan”, es todo un síntoma del derrumbe capitalista. No es la lucha de grupos rivales la que puso en crisis al plan económico, como se dice en los “medios” , sino al revés, fue el hundimiento del “plan” Cavallo el que abrió un espectacular fraccionamiento en la burguesía. La mafia informática Según Página 12 (13/9), la renuncia del presidente del Banco Nación, Aldo Dadone, fue “el primer paso del castigo planificado por Carlos Menem”, en la versión oficiosa que se dio en el ministerio de Corach. “Es la primera vez que les toca del lado de ellos”, habría dicho el propio ministro. Ahora está claro que la renuncia de Carlos Tacchi se produjo cuando comprobó hasta dónde llegan los hilos del fraude fiscal del CCR-Dadone, o sea hasta Cavallo. Rápidamente quedó claro que la compra del Banco Nación estaba inflada en 100 millones, que la licitación se había hecho para que ganara IBM... y que la famosa cuenta suiza podría estar a nombre de uno de los hermanos Dadone. Parece que son varias las cuentas suizas, porque también tuvo que renunciar Cattáneo, un hombre de Kohan y de Corach, uno de los dueños de Consad. Esto explica la hipótesis de un “cortocircuito” en un negocio compartido entre la Presidencia y el Ministerio de Economía. La crisis golpeó a la poderosísima “multinacional”. Según The Wall Street Journal, “rara vez” IBM despedía a tres ejecutivos. “Al despedir a esas personas tratan de establecer una línea de defensa en caso que se lleve a cabo un juicio en Estados Unidos” (en La Nación, 15/9). ¡Ahora no basta parar “la mano acá”, hay que “pararla” también allá! IBM monopolizó el 85% de los contratos de informática del sector público. ¡Quién dijo que se acabó la “patria contratista”! Quedaron fuera de los negocios competidoras como NCR, Unysis, Itron, Hewlett Packard... La “competencia” se encargó de preparar las carpetas que reventaron a IBM. Nuevos"contratos" IBM sólo abrió la puerta, porque ahora la canadiense NBSI denuncia que la licitación de los nuevos DNI está hecha a la medida del grupo Ciccone, que ya ganó licitaciones anteriores, como las de los pasaportes y emisión de cheques, en este caso junto a IBM. “Ciccone es una subcontratista clave de un contrato que se adjudicó IBM para crear un nuevo sistema de emisión y control de pasaportes en el país” (The Wall Street, en La Nación, 28/8). En el “affaire” estaría involucrado el ministro Corach. Ciccone tiene sólidos vínculos con Gostanian y con Yabrán. Esta es la razón de la sospecha de que Cavallo-Yabrán-Menem tenían negocios compartidos, saboteados por la “pirateada” de un grupo. La Iglesia Cavallo mandó a la DGI a inspeccionar las cuentas de la Iglesia cordobesa, sospechando dinero de Yabrán. La Iglesia admitió el aporte, con la descontada aclaración de que “todos ponen”. Según La Voz del Interior (12/9), la Iglesia invocaría sus fueros, que “impiden a ese organismo investigar su contabilidad”, desnudando la extraterritorialidad de la Iglesia y el lugar que ocupa para el lavado de dinero. Cavallo, en la Cámara de Diputados, atacó a Primatesta, el cardenal que apoyó el “cese de tareas” de Gerardo Martínez. Que el Arzobispado de Córdoba denuncie ahora una retracción de los aportes de las empresas. (“Quizás atemorizadas por las denuncias de Cavallo ahora no se atreven a seguir prestando su colaboración”) (La Voz del Interior, 12/9), muestra el nivel que ha alcanzado la fractura en la clase dominante. Lucha interimperialista En pocas horas desfilaron por Buenos Aires Kissinger, David Mulford, William Rhodes (Citibank)... Kissinger vino a apoyar al ala menemista. Para Ambito Financiero (6/9), el apoyo del Citibank y del Boston a Cavallo se debe a que fueron los principales beneficiados de las privatizaciones. Pero de aquí en más, se pregunta Ambito Financiero, “¿qué negocio se les ofrece a esos dos bancos en la Argentina cuando, salvo Yacyretá y paquetes chicos por unos mil millones de dólares más las empresas provinciales, todo lo más apetecible y rentable ya fue privatizado en la Argentina?”. No sólo esto, las privatizaciones ya no aseguran un superávit fiscal para pagar la deuda... Por eso, una amplia fracción de la burguesía quiere un cambio de rumbo. “La UIA pegó contra la apertura”, tituló El Cronista (15/9). “Hay que hacer los cambios, pero en orden”, reclamó Mauricio Macri (Página 12, 17/9). Incluso Juan Alemann se anotó para decir que “finalmente, no olvidemos que a Cavallo lo designó Menem ...”(La Razón, 14/9). Otros de los que se prueban el traje de Cavallo son los de FIEL, agrupados detrás de la candidatura ministerial de Solanet, quien fuera secretario de Hacienda de la dictadura. El “economista-jefe” de FIEL, Juan Luis Bour, sostiene ahora que “la crisis no sólo es reflejo de un eventual ciclo en los movimientos internacionales de capitales, sino que responde también a que el sendero de crecimiento de la Argentina hasta 1994 no era sostenible” (El Economista,15/9). Para Bour, el “plan” Cavallo no va más, ni tampoco “la coalición política” que sostuvo hasta ahora a Menem. Con relación a las elecciones en Santa Fe, Cavallo reza todos los días para que Cavallero haya ganado las elecciones, porque de lo contrario Grisanti —que le adjudicó el triunfo— volaría en segundos de Encotesa. Las compañías de seguros están rezando por una caida de Cavallo que comprenda al INDER, donde el liquidador “mediterráneo” Guzmán tiene paralizados los pagos a las aseguradoras, luego de comprobar estafas y reclamos del orden de los 1.000 millones. Menem y Cavallo se pelean hoy por la paternidad del “plan”, pero en muy poco tiempo todos renegarán de la criatura. Menem admitió días atrás por primera vez que el “plan” generó desempleo. El menemo-cavallista Blanco Villegas dice que la apertura fue “boba”. Macri dice que “Brasil quiere más a sus empresarios que Argentina” y que “nada impide que se renegocien los contratos de privatización o concesión”. Toda una pléyade de especuladores y consultores internacionales reclaman “despersonalizar” la economía. La crisis política recién comienza.

Los gremios de Ushuaia, y en especial la UOM, nada hicieron para garantizar el paro del 6. Faltando escasos días, finalmente algunos gremios concurrieron a la convocatoria de los gastronómicos, se elaboró un documento y se convocó a un acto callejero. Es de destacar que, a pesar del nulo trabajo de la burocracia, se reunieron 250 compañeros; luego de dar lectura al documento, la burocracia llamó a desconcentrar, a lo que se opuso a los gritos un sector de activistas y delegados que reclamaban marchar por el cese de las persecuciones judiciales que están soportando dirigentes y activistas que protagonizaron las luchas de hace unos meses. La burocracia se retiró, pero no pudo impedir que más de 100 trabajadores realizaran una marcha con estas consignas. Los activistas que encabezaron esta marcha son los mismos que, semana a semana, vienen concentrándose en la calle para exigir el desprocesamiento de los dirigentes gremiales. La actitud del activismo fue un verdadero homenaje al compañero Víctor Choque, en momentos en que la justicia ha desprocesado a los policías que lo asesinaron.

P: Vos estás organizando una jornada-debate para el día 23 de setiembre. R: En las asambleas que fuimos haciendo en el hospital ante la implementación de la ley de emergencia surgió algo a lo cual no se le ha dado difusión. La ley plantea la autogestión hospitalaria, a través del llamado “recupero de gastos”; y como sobre esto los trabajadores no disponemos de mucha información, consideramos que era necesario prepararnos para una ofensiva contra la salud pública que viene impulsada por el Banco Mundial, que recomienda lisa y llanamente que ésta debe estar en manos privadas. Un documento de este organismo dice textualmente que “el Estado sólo debe ocuparse de los problemas de la salud cuando los privados no quieren o no pueden resolverlos”. Y esto es lo que busca la ley con el recupero de gastos. El ministro Borrini ha planteado la descentralización de los hospitales, traspasándolos a los municipios, el cobro de aranceles vía obra social o simplemente a cargo del paciente (si éste no demuestra fehacientemente su miseria), la privatización parcial de los servicios hospitalarios, incluyendo una propuesta de que los médicos “alquilen” consultorios dentro de los centros de atención. Esto es lo que hace al hospital como ente, pero hay otro aspecto que es el de los puestos de trabajo, es decir, la situación de los trabajadores de la salud. Con la autogestión se recarga al trabajador. En Mendoza, en los hospitales autogestionarios, el trabajo del personal se duplicó o triplicó a cambio de aumentos salariales que van de 15 a 30 pesos. Las jornadas buscan generar un debate, y la organización de las mismas es una respuesta frente a esta situación, habida cuenta que, siguiendo a la ley, en 30 días se puede implementar compulsivamente el recupero. P: ¿Cuál es la situación hoy? R: Desastrosa. Los servicios no funcionan, no hay limpieza; se han cerrado salas, quirófanos. Además, la reducción horaria ha agravado las cosas. En nuestro hospital hay una sola persona en el lavadero para todo el hospital. En terapia intensiva hay una enfermera para 5 camas, 3 de ellas con respiradores. Esto no es de ahora; ha habido un proceso de vaciamiento por una paulatina pero drástica reducción del presupuesto, los retiros voluntarios, las jubilaciones anticipadas y el desvío de fondos: uno por el choreo que vive la provincia, donde la plata se la llevan los grupos económicos, y por otro lado por el malgasto. Los escasos recursos van destinados a lo que se llama “alta complejidad”, es decir, a la compra de aparatos y de determinados medicamentos, no a desarrollar una medicina preventiva: vacunas, aporte de calorías, etc. Lógicamente, con esta distribución del gasto, se benefician los laboratorios y las empresas de aparatos. P: ¿Cuál es la solución? R: En primer lugar, luchar porque la salud sea pública, gratuita y responsabilidad exclusiva del Estado. Aumentar el presupuesto, porque plata hay, pero está derivada a beneficiar a pequeños grupos, dejando de lado a la mayoría, como es el caso de la deuda externa. La salud es y debe ser un gasto; aquí no corre la relación costo/beneficio. Por lo tanto, hay que invertir en recursos humanos e insumos, y para ello hay que recuperar la guita que se chorearon. Como decían los obreros italianos: la salud no se delega.

La aplicación de la ley de emergencia ha generado la destrucción de la salud pública. Baste el siguiente informe recogido en distintas notas aparecidas en La Voz del Interior. • Hospital Scavuzzo (Almafuerte): Los médicos y enfermeras, en un comunicado, “detectan” que “en breve se va a carecer de la asistencia pública, se ha ido perdiendo progresivamente la sala de partos y el internado se mueve casi como un geriátrico... paulatinamente nos han llevado los cargos de empleada administrativa, obstetra, lavandera... y actualmente corre peligro de perderse el único cargo permanente de médico general con orientación ginecobstétrica”. • Hospital Regional Central (Río Cuarto): Se cerraron dos pabellones de internación, no se atienden por la tarde los consultorios externos. • Colonia Vidal Abal (Oliva): Se duplicaron las muertes (28 enfermos en dos meses). La razones: caída de 3.300 a 2.800 calorías en la dieta alimenticia. • Hospital Garófalo (Villa Huidobro): Permanece cerrado los sábados y domingos. • Hospital Zonal Río Tercero: No dispone de servicio de enfermería. La vacunación debe ser realizada por la misma enfermera que atiende la sala de internación. Se restringe la internación clínica. • Hospital San Roque (Córdoba): No hay internaciones, salvo casos extremos. Falta solución fisiológica, antibióticos. • Hospital Tránsito Cáceres (Córdoba): El 60% de los concurrentes se quedó sin cobertura. • Hospital Córdoba (Córdoba): Funciona uno de los 8 quirófanos. Está cerrada la mitad de las salas. • Hospital de Niños: Se suspendieron la cirugías programadas. No hay insumos. • Hospital Misericordia (Córdoba): No se cumplen las guardias mínimas. • Maternidad Provincial (Córdoba): Aquí la situación llevó a que el director amenazara con su renuncia. Falta anestesia. Foco séptico permanente como resultado del descongelamiento de la morgue. Y esto es sólo una muestra, pero que alcanza para juzgar al gobierno actual y al anterior por intento de genocidio.

El intendente de Cruz del Eje ha anunciado la decisión de emitir, él también, bonos municipales, “para que circulen únicamente dentro del ejido de la ciudad” (La Voz, 12/9). ¿Para qué servirá el bono? Un dirigente del sindicato municipal denunció que “el municipio ya entrega una especie de vale a su personal para la compra de mercadería en distintos comercios de la ciudad... (ahora) recibirá pesos, Cecor (bono provincial), vales y bonos municipales” (ídem). El informe periodístico señala que el bono de Cruz del Eje será cancelado por el municipio por “un 25 % más de su valor nominal”, un negoción. (El Cecor ya está al 70% en el mercado negro de la capital cordobesa, lo que sumado al 12% de interés, da un retorno del 55%). En Cruz del Eje, el 15% de la población ya come en ollas populares. Pero “esta medida... próximamente podría ser imitada en otras ciudades cordobesas”. Esta perspectiva de empapelamiento sin límites descarga contra los trabajadores el rescate del Estado y de un puñado de capitalistas que vaciaron las arcas públicas. La emisión de bonos, para colmo, es “una de las facultades que el texto constitucional de la provincia reconoce a los municipios y comunas” (ídem), pero no para que circulen como dinero. En todo caso, la disposición constitucional delata las intenciones de endeudamiento ilimitado de los que impulsan las reformas de la Constitución.

El gobierno de Mestre acaba de anunciar la “municipalización” de las escuelas a partir de 1996. Córdoba pretexta la crisis para ponerse al frente en el desmantelamiento histórico de la escuela pública. Grahovac, titular de la UEPC , denunció que esto responde a “un pacto oculto entre Mestre y Cavallo... parte de los planteos de la Fundación Mediterránea y del Ministerio de Economía de la Nación” (La Voz del Interior, 14/9). Con los municipios en quiebra total, (Cruz del Eje ha empezado a emitir bonos para pagar salarios), es claro que estas transferencias apuntan a la privatización. La “municipalización” anunciada exige una movilización extraordinaria de docentes, padres y jóvenes.