Prensa Obrera N° 462

La situación financiera de los trabajadores está brava. Los compañeros van a trabajar con las monedas justas para el viaje. Esto se evidencia entre los trabajadores de la Sanidad que, con mucho sacrificio, aportan a la Campaña Financiera. Los militantes de la sanidad del PO sacaron un volante llamando a los trabajadores del gremio a aportar a la campaña financiera del PO, “Para ayudar a organizar la defensa de tus derechos y conquistas”. En el Centro Gallego, uno de los sanatorios más importantes de la Capital, se realizaron dos actividades en el marco de la Campaña Financiera. A la salida del turno mañana se ofreció a los compañeros el Folleto partidario contra la privatización de la salud. Fueron colocados 10 folletos, aportando a la alcancía 13 pesos. Varios de los compañeros que se llevaron el folleto manifestaron su interés en mantener contacto regular con el Partido, quien junto con los compañeros de la Agrupación ASIS acaba de obtener un triunfo en las elecciones de delegados del sector. A la salida del turno tarde, un nuevo piquete obtuvo la colocación de 4 prensas y 3 folletos. En el hospital Francés, otra brigada obtuvo a la salida de un turno 14 aportes en las alcancías partidarias. Así se está forjando la penetración partidaria en el gremio de la sanidad.

En el último período, el gobierno ha largado una campaña de persecución judicial contra los luchadores y los sectores combativos del movimiento obrero. Hoy tenemos: • Quince procesados del Sindicato de la Fruta de Río Negro; por cortes de ruta y la ocupación de la Municipalidad de Centenario en Neuquén. • Trece dirigentes metalúrgicos y delegados de Tierra del Fuego. • Cuarenta procesados por la lucha de Luz y Fuerza de Mar del Plata. • Varios jubilados por la marcha Nº 100 y posteriores. • Integrantes de la Federación de Estudiantes del Comahue, de Río Cuarto, etc., en la lucha y toma de facultades contra la ley menemista. • Dirigentes docentes de la Universidad del Comahue (Silvia Mansilla). • Dirigentes y activistas de Jujuy: Santillán y el secretario de ATE Jujuy, en la lucha contra la política antiobrera de la provincia. • Tres delegados del diario La Prensa: Adrián Alvarez, Ernesto Gutiérrez y Jorge Brodsky, con sentencias de uno y seis meses y un próximo juicio penal en octubre. • Activistas del Paro agrario del año pasado procesados. • Activistas de la Marcha Federal procesados. Se calculan unos quinientos compañeros que han sido pasados al fuero penal para castigar y reprimir la actividad gremial independiente. Abogados y sindicalistas coinciden en el creciente uso del fuero penal con figuras como: la toma de fábricas bajo la forma de usurpación de propiedad privada; la manifestación como tumulto, incitación a la violencia, desacato a la autoridad. Todo ello acompañado de pedidos de desafuero gremial, ya que las patronales quieren sacarse de encima a los delegados combativos, mientras, junto al gobierno, califican la acción sindical como violencia para justificar la represión. Como si la reacción defensiva de la clase obrera no fuera producto de la violencia social de la patronal y el gobierno, apoyada en el andamiaje de la nueva legislación sindical y laboral, el aumento de suspensiones y despidos y la rebaja salarial que condena a miles de familias a la miseria más brutal. No se trata de hechos aislados, sino de una política concertada y programada para doblegar al movimiento sindical, utilizando la represión jurídica como una maquinaria infernal, especialmente por su rapidez. Los trabajadores, acostumbrados a años de espera para la resolución de juicios laborales, vemos cómo actúa de muy distinta manera la justicia del lado de las patronales para reprimir a manifestantes y encarcelar a activistas y delegados. El miércoles 16, una reunión de sindicalistas y abogados de todo el país, en la sede del CTA, resolvió la puesta en marcha de una Comisión Jurídica que coordine la acción de abogados y juristas en el orden provincial y nacional. Y la publicación de un boletín informativo dando publicidad a todos los casos en todo el país y su difusión internacional. Una representación del Partido Obrero propuso una gran movilización democrática, que se inicie con un acto público y la formación de una coordinadora de sindicatos, agrupaciones de derechos humanos y partidos que reclame la anulación de todos los procesos y sentencias contra el activismo y la clase trabajadora.

La burocracia de los sindicatos está haciendo enormes esfuerzos y mayores malabarismos para esconder la cabeza en la tierra. Cuando la crisis política estalla en toda su brutalidad y el gobierno capitalista desnuda su incapacidad para gobernar sin convulsiones, saqueos, hambreamiento, robo y asociación para delinquir, las burocracias de la CGT, MTA y CTA se empeñan en evitar que el 6 de setiembre tengamos un paro activo nacional. ¿Será con los “ceses” a la Gerardo Martínez que los trabajadores podremos derrotar a las mafias? Mafias capitalistas que reducen salarios, destruyen la salud y la educación, incrementan sin límite la flexibilidad laboral, fugan capitales, arrancan beneficios extraordinarios y aumentan las penurias de la población con sus enormes “costos” de corrupción, coima y fraude. La burocracia no quiere que el 6 de setiembre respondamos con la huelga a los atropellos. Dice que no quiere la protesta sino la propuesta. ¿Pero puede haber hoy alguna propuesta que no sea una denuncia implacable del gobierno y de los capitalistas? ¿O que señale que su régimen de gobierno no es diferente a la delincuencia? Cualquiera sea el resultado de la política de la burocracia de impedir que el 6 tenga lugar una huelga general activa, ésta seguirá planteada con más fuerza que nunca. Sólo de esta manera resolveremos la desocupación, prohibiendo los despidos y repartiendo la jornada laboral entre todos los trabajadores; sólo así arrancaremos un salario mínimo de 1.000 pesos, igual al costo de la canasta familiar; sólo con la huelga pondremos fin al drama de los jubilados, lograremos que se aumente el presupuesto de la salud y de la educación, y recuperaremos los convenios colectivos de trabajo que acaben con la flexibilidad laboral y la dictadura patronal en las fábricas. Precisamente porque ése es el único camino, los trabajadores ya hemos impuesto en numerosas provincias que el 6 sea una jornada de huelga general. La presión por la huelga también se está ejerciendo vigorosamente en el SMATA y en UTA y ya han votado a favor de ella los docentes universitarios y numerosos sectores estudiantiles. La guerra desatada entre los clanes oficiales y los grupos capitalistas es una clara demostración de que los explotadores han agotado su capacidad histórica de gobernar. Es la hora de que los trabajadores digan su palabra, es decir, fijen su programa y su política. Para ello es necesario un congreso de trabajadores; la elección de comités de lucha y de delegados con un mandato deliberativo. Es necesario que todas las organizaciones y tendencias auténticamente obreras y populares inicien una campaña por un congreso de trabajadores. La plata para resolver la crisis está. Está en los cofres de los ricachones; está en sus cuentas secretas; está en las cuentas del Estado; está en los bancos. Que se abran las cuentas del Estado y de los capitalistas al escrutinio de los trabajadores. La hora reclama un paro activo nacional contra el gobierno mafioso-capitalista de Menem-Cavallo.

El reguero de conflictos locales que cimentaron las grandes movilizaciones, tienden a multiplicarse y profundizarse al ritmo de la crisis económica y política nacional. Despidos, suspensiones y reducciones salariales continúan sucediéndose o se plantean como perspectiva inmediata sobre los trabajadores de: Eskabe, Pehuamar, Trasens, bancarios, municipales, Luz y Fuerza, Correos, auxiliares de Educación (ATE). El Concejo Deliberante ha sido ocupado primero por los estudiantes terciarios ¡durante 10 horas! Luego por terciarios y secundarios y después por los trabajadores municipales. Eseba fue ocupada por Luz y Fuerza. El Consejo Escolar por ATE —reclamando el aumento salarial a los auxiliares de educación—, la cobertura de 250 vacantes y denunciando el vaciamiento de los comedores escolares. Los trabajadores bancarios ocupan las entidades en liquidación. La negativa de las direcciones sindicales del CTA, del MTA y la CGT a organizar un paro activo regional y un plan de lucha, ha privado al movimiento obrero marplatense de un instrumento de unificación insustituible para llevarlo a la victoria. La política de aislamiento de los conflictos puede ser superada dándole a la “jornada nacional” del 6 el carácter de paro activo. La CGT trabaja contra esta perspectiva. “Paro desde las 0 horas del 6” fue el mandato al Confederal. Y el CTA ha evadido hasta el momento la convocatoria a una movilización en Mar del Plata. El activismo debe librar una lucha a fondo para superar la parálisis burocrática; hay que abocarse a organizar asambleas, encuentros que tomen en sus manos la organización del PARO del 6 y arrancar un marplatazo para manifestar claramente los reclamos centrales de los trabajadores de nuestra ciudad.

FAPLAC (Fábrica de Laminados Plásticos) ha presentado un recurso “preventivo de crisis”. Ante esta ofensiva, y luego de 5 audiencias y consecutivas asambleas, los compañeros han decidido aceptar (en una votación muy reñida, por cierto) el “acuerdo”, consistente en 2 semanas de suspensiones (una en julio y otra en la 2ª quincena de agosto) al 47% del ya bajísimo salario (400 pesos mensuales promedio). Es de destacar que, en ningún momento, la empresa bajó del 70% de la producción normal, y que viene de un largo período de reactivación. En todo este proceso, hubo varias posiciones: el activismo impulsó a fondo el rechazo de las suspensiones (y cualquier reducción salarial), mientras que otros compañeros cedieron a la presión conjugada de la empresa (amenaza de despidos) y de la burocracia del sindicato plástico, cuyo secretario (delegación zona Norte) intervino personalmente para imponer este miserable acuerdo. “Cuidar la fuente de trabajo” era el argumento y en la asamblea, en un detallado análisis, se rebatió punto por punto: 1) El sueldo “normal” de FAPLAC es el equivalente a una suspensión de cualquier empresa de la zona; 2) que la incidencia del ahorro salarial por suspensiones es ínfimo en relación a las pérdidas por la fábrica parada y el conjunto de “costos capitalistas” (de los cuales, dicho sea de paso, los trabajadores no tienen información), y 3) que el “recurso preventivo” no es más que la antesala de una mayor explotación y una rebaja permanente del salario. Pero los compañeros que con honestidad no veían una perspectiva en una lucha a fondo contra la patronal negrera, así como la claridad con que la burocracia jugó su asqueroso papel, deben ser balanceados por el conjunto de la fábrica. Queda pendiente el dictamen judicial (verificar o no si la empresa estuvo en crisis) y la subsiguiente demanda por retroactividad; no obstante, dado el carácter general de la ofensiva capitalista, el programa planteado en la asamblea debe ser ratificado. Aumento salarial. Ningún despido, que se abran las cuentas capitalistas.

El 9 de agosto, la filial del Hospital Municipal Santojanni de la Asociación de Médicos Municipales (AMM) llamó a asamblea de profesionales. El presidente local, Dr. Palma, y el miembro del Comité Ejecutivo de la AMM, Dr. Iapichino, informaron sobre el estado actual del Proyecto de Reforma del Sistema de Salud (PRESSAL), presentándolo como un hecho incipiente, “no resuelto”, “no decidido aún”. El delegado ante el Concejo Central de la AMM, Dr. Zambrano, contrainformó señalando que en su opinión, el PRESSAL estaba en plena marcha. Si bien es cierto, como dijeron los informantes, que el débito automático a las cajas de Seguridad Social (obras sociales) no funciona bien (por el vaciamiento del propio gobierno), no es verdad que no ande en absoluto. Anda en parte.Y el hospital autogestionario (HPA) no sólo es el débito automático, es el hospital arancelado, con exclusión de pacientes indigentes, es decir, de la inmensa mayoría, sobre todo del conurbano. Al Santojanni asisten en un 90% pacientes del conurbano, el porcentaje más elevado de toda la Capital. A continuación, el Dr. Fryc, también delegado al Concejo Central de la AMM, mocionó el rechazo directo del Proyecto y asumir el compromiso de no aceptar ninguna injerencia de los funcionarios del Banco Mundial que, so pretexto de un crédito de 25 millones a la Municipalidad de Buenos Aires, pretenden decidir la vida y obra de los hospitales municipales, crear mini-redes de 5 hospitales como el PRESSAL y, en fin, contribuir a la destrucción de los restos de la salud, como ya hicieron con las AFJP y la jubilación. Fryc insistió sobre todo en que sin la participación médica no pueden imponer ni el PRESSAL ni el hospital de autogestión.Y que si de esta política surgieran daños concretos a la salud de la población, el costo judicial se atribuirá al Banco Mundial y al FMI. Esta moción, unánimemente votada, será llevada al próximo Consejo Central (asamblea de delegados de la AMM) por nuestra delegación.

Un balance El “Foro Sindical” convocado en La Rioja por el Ptp y el PC, contó con la presencia de unos 250 delegados y activistas y de los dirigentes del PC y del Ptp, Echegaray y Delfini. La mesa del Foro estaba designada de antemano: Santillán, Quiroga (San Lorenzo), Mario Díaz (gráficos, Córdoba) y De Leonardis (docentes, La Rioja). A diferencia de lo que ocurrió en el anterior encuentro semiclandestino en las sierras cordobesas, esta vez entramos todos y logramos expresarnos durante algunos minutos cada uno. No sin dificultad y votaciones confusas, en las que gran parte de los asistentes no votó nada, la mesa impuso su propuesta de crear una nueva CGT con el MTA y el CTA, y por enésima vez, de una nueva Marcha Federal convocada por el MTA y el CTA. Ambos planteos ignoran los últimos acontecimientos: el MTA volvió al Confederal y Ubaldini al Consejo Directivo cegetistas, y lejos de una nueva Marcha Federal, por otro lado, la fracción de Moyano y Palacios estableció un compromiso con Gerardo Martínez alrededor del “cese” del 6 de setiembre. La consigna central de convocatoria, “nacionalizar las luchas”, es un planteo que se agota en sí mismo, porque de hecho las luchas recorren el país independientemente de las exhortaciones del Foro. La CGT, por su lado, también “nacionaliza” las luchas cuando llama al “cese” para reclamar por “la cultura de la producción, los créditos baratos y la rebaja de aranceles”. El PO contrapuso una campaña en favor de un Congreso de Trabajadores desde el debate en las comisiones. En una votación de apuro, la Mesa propuso, con relación al 6, votar un “paro en cada provincia” de 24 horas y no concurrir a Plaza Congreso. Ya algunas burocracias sindicales, como la Mesa de Enlace en Córdoba, decidieron el paro de 24 horas para no tener que hacer un paro activo. El PO había propuesto la resolución de reclamar, para el 6, un paro activo nacional. O sea que “nacionalizar el conflicto” se transformó en “provincializar” la convocatoria del 6/9. Lo resuelto coincide con la política de Suteba, que resolvió parar y no ir a la movilización, y, por sobre todas las cosas, deja completamente sin política a los delegados, comisiones y seccionales de los gremios adheridos a la CGT, que son la abrumadora mayoría del movimiento obrero, que al no tener paro de 24 horas (será cese a partir de las 12), deberán ir del trabajo a casa como cualquier otro día, esto si tampoco van a la movilización como lo plantean Mary Sánchez y el Foro. Las plataformas resueltas, poco conocidas (no había ejemplares) y menos debatidas, son las de San Lorenzo y Córdoba. La primera, critica el “modelo dependiente” y la “apertura indiscriminada”, “incluso subsidiada”, colocándose directamente en el terreno de los reclamos de sectores patronales, como Duhalde, Bordón y Ubaldini, la UIA, Macri y Techint. Sobre la deuda externa, denuncia que “se pagan miles de millones” y propone “comenzar a revertir esta situción”. La declaración de Córdoba, sin apartarse de la crítica al “modelo” y la posición de nueva CGT con los ex-socios de la Marcha Federal, incluye consignas como la reducción de jornada sin afectar el salario y el no pago de la deuda externa, puntos que, a estar por las exposiciones escuchadas, han ido “colando” sectores de activistas como reformas a un programa que no alteró sus caracterizaciones de fondo ni sus propuestas políticas. El Mst, en su propuesta al plenario, también sustituyó el desconocimiento de la deuda externa por suspensión del pago. La reunión terminó en una pugna de aparato entre Patria Libre, el PC y el Ptp acerca de una mesa ampliada, y de todos ellos contra el Mst, que votó todas las mociones para entrar a la mesa, cosa que no logró. El Foro resolvió una próxima convocatoria para el 30/9, en la Capital, el “centro político del país”, tal cual se explico allí. El PO presentó una declaración por escrito que desarrolla una caracterización de la ruina del plan Cavallo y la crisis política del gobierno y la burocracia sindical, desenvuelve un programa (rebaja de horas, aperturas de cuentas, no pago de la deuda) y explica la política del Congreso de Trabajadores.

La política de la mesa consistió en no apostar a ninguna acción concreta, para no verse condicionada en sus relaciones y negociaciones con las burocracias del CTA y MTA. Cuando la comisión de acción propuso una nueva Marcha Federal en 20 días, la mesa no la descartó por problemas de preparación o por su superposición con el paro del 6, sino para “darse tiempo a convencer a otras corrientes”, es decir el MTA, el CTA y sectores de las Pymes. La violenta reacción de la mesa frente a la propuesta concreta de una nueva Marcha Federal mostró cómo estas corrientes están jugadas a no desarrollar un movimiento independiente de la burocracia y a recostarse, ora en la CGT (“asegurando el paro del 6”, departamento de San Lorenzo), ora en la burocracia “opositora”. Es decir, el Foro fue concebido para reproducir las típicas alianzas de la burocracia en los sindicatos y de ninguna manera para recuperar las organizaciones obreras de la mano de los trabajadores. Varios activistas se pronunciaron por efectivizar el paro activo nacional, pero se terminó votando por 24 horas para el día 6. Cuando nos expresamos por un paro activo nacional como en Córdoba, la mesa viró hacia la posición paralelista, y de indiferencia a la movilización convocada por la central cegetista para ni siquiera “asegurar” el cese trucho del 6 de setiembre. La única cita clara para la mesa es el nuevo encuentro del 30 de setiembre. Sin embargo no está dicha la última palabra, porque el activismo que viajó a La Rioja fue claro en su postura de intervenir en el paro del 6 de setiembre, para transformarlo en un verdadero paro activo nacional, y así lo hará si se afirmara esa tendencia entre los trabajadores. La reunión del 30 nos permitirá hacer un balance sobre el punto.

Nuestra primera intervención fue en la comisión de acción política, para lo cual previamente habíamos distribuido la declaración política del partido entre los compañeros y a la “mesa” que presidía el Foro. Compañeros, el que les habla es Secretario de la Comisión Interna de Editorial Atlántida. Me movió a intervenir ahora, el debate de la reducción de horas. En nuestra fábrica, que queda enfrente de la Ford, en el cordón industrial del Gran Buenos Aires, hemos impuesto hace un año la jornada de 6 horas, cuatro turnos de 6 horas. En junio pasado volvimos a renovar el convenio de 6 horas con el voto unánime de los trabajadores de la fábrica, con una sola abstención entre 430 compañeros... el planteo es evitar que un turno vaya a la calle. Y eso se ha impuesto sin afectar el salario, por eso lo han votado los trabajadores por unanimidad. No está mal el proyecto de la CGT de una ley que prohíba los despidos, que obligaría a los capitalistas a meter la mano en sus bolsillos y aguantar la etapa de crisis y no descargarla sobre los trabajadores con suspensiones o con despidos. El problema es que la CGT lo dejó ahí. Menem a las 24 horas desechó el planteo y la CGT nunca lo levantó, ni habló de él en el día del confederal en el que se decretó el cese. Son consignas muy importantes aunque no sean la estación terminal de nuestra lucha... lo que necesitamos es un salario mínimo equivalente a la canasta familiar. Son consignas que van eslabonando un programa de defensa anticapitalista del movimiento obrero. Lo mismo quería rescatar de la compañera cordobesa de la Violeta de Empleados Públicos, cuyo nombre no sé, que planteó la apertura de cuentas, porque hoy por hoy, hay una unidad del estado menemista y las patronales para rebajar los salarios con el argumento de que no tienen plata. Un convenio de rebaja del salario se acaba de firmar en OCA, nada menos que en el pulpo perteneciente al hoy famoso Yabrán, por parte de Hugo Moyano de la Federación de Camioneros (atenti al conjunto de los plenaristas, Moyano es del MTA). Es decir que el planteo de que abran las cuentas, que se abran los libros al control de los trabajadores, a comisiones obreras elegidas por los trabajadores, es también un planteo muy importante en esta etapa. Este problema del programa, compañeros, creo que hay que empezar a darle la jerarquía que realmente tiene... La Cámara de Industriales Gráficos, que está casi integralmente constituida por pequeñas y medianas industrias, el gremio en el que nosotros militamos (el Sindicato Gráfico Argentino), están los compañeros Gráficos de Córdoba que no me dejan mentir, ha ido a la segunda conferencia de la UIA a plantear una protección arancelaria, pero, a la par de eso, más flexibilidad laboral, privatización de las Obras Sociales, el contrato de aprendices precarios para liquidar la especialización del trabajador gráfico. Estos son los planteos de la patronal argentina. Por eso quiero reivindicar distintas ponencias que hacen al planteo de un congreso de trabajadores, que discuta el conjunto de sus reivindicaciones, que intervenga y lleve a la unificación de sus luchas. En relación al “cese” del 6, desgraciadamente no es un paro. En esa condición tengo que dar el testimonio de que en el cordón industrial del Gran Buenos Aires, el paro viene muy difícil, no porque los trabajadores no quieran parar. En el Gran Buenos Aires han empezado luchas, como en el Hospital de Polvorines, como en el Hospital Moreno, como la de los vecinos de Lomas de Zamora (en el corazón de Duhalde) contra los tarifazos. Hay ánimo para un paro nacional. Pero no vamos a lograr paralizar al país con este cese trucho en la medida que conserve estas características. Si hubiera un paro activo como el cordobés, la clase obrera pararía en el orden nacional como lo hicieron los cordobeses. Entonces la gran consigna tiene que ser un PARO ACTIVO NACIONAL el día 6; y ser nosotros impulsores y organizadores a partir del Foro, de este paro.” En la parte final volvimos a intervenir. Ni en esta instancia ni en la anterior, nuestra ponencia fue puesta a votación por la Mesa. En la comisión de acción política, el “perro” Santillán atacó nuestra denuncia del carácter de la dirigencia del MTA-CTA, argumentando que en las movilizaciones, los trabajadores (obsérvese bien, los trabajadores), representados por esos dirigentes del MTA-CTA, han peleado codo a codo con los presentes en el Foro. Esta respuesta (que valdría para todos los gremios de la CGT menemista) se complementó con un llamado a no hacer una discusión programática, planteo que fue reiterado por Marcelo Frondizi de Patria Libre y por otros dirigentes de la Mesa. “No entiendo bien por qué votamos antes de que terminen las intervenciones de los oradores, pero de todas maneras quiero ciertamente señalar que es un acierto de los compañeros que han intervenido, el acuerdo político de transformar el cese trucho de la CGT de Gerardo Martínez, en un paro activo nacional. “El paro del 6 ha sido impuesto a una CGT que no lo quiso ni lo quiere convocar, le ha sido impuesto por la ruina del plan económico de Cavallo. No es un plan que esté cada vez más fuerte, como aquí se dijo, porque un régimen social y político que tiene 4 millones de desocupados, es un régimen inviable, es un régimen que es incapaz de darle de comer a sus propios explotados. Y esta crisis tuvo su expresión política, ahora, en la pelea entre la mafia de Cavallo y la mafia de Bauzá, la mafia de un clan de privatizadores contra otro clan de privatizadores. El hecho de que el conjunto de las cámaras patronales capitalistas salieran a apoyar al régimen, como la UIA, la Sociedad Rural, la banca mundial, revela que estuvo planteada la caída de Cavallo. “Lo otro que ha impuesto el paro de la CGT, son las luchas de los trabajadores provinciales; y se han producido triunfos, porque los compañeros de San Juan hicieron retroceder al gobernador de San Juan. No es cierto que no se pueden obtener victorias parciales; sí es cierto que de la mano de esta conducción del movimiento obrero, cada victoria parcial, como pudo ser la victoria de los metalúrgicos de Tierra del Fuego, como la de los compañeros de San Juan, está comprometida al día siguiente, porque viene la contraofensiva del estado y la patronal y viene la nueva traición de la burocracia sindical. Por eso, creemos, que sí es un tema político central que hay que abordar como debate político, la estrategia para después del día 6/9... ...“No van a ser las burocracias de la CGT, ni del MTA de Ubaldini, ni del CTA, los que impulsen un paro activo el 6, pues han jugado un papel de parálisis en toda esta situación y, al contrario, son estas burocracias“opositoras” las que hace nada más que 90 días colocaron a sus organizaciones al servicio de variantes políticas patronales para hacer un recambio político en este país, y hoy, sin ir más lejos, el Chacho Alvarez dio su apoyo político a Cavallo junto al embajador norteamericano, en la lucha interna del gobierno. “El gran acierto de que haya un Foro de trabajadores contra la burocracia sindical, contra Menem, contra Cavallo, es planteando un programa político independiente de las burocracias del CTA y del MTA. Si una perspectiva tenemos compañeros, es que en el próximo Foro luchemos por un Congreso de Trabajadores basado en asambleas de fábrica, basado en delegados elegidos directamente por el movimiento obrero para luchar en todos los gremios del país, porque mi gremio está en la CGT oficialista, pero nuestra lista, nuestra fábrica y nuestra Comisión Interna han estado, en la hora de la lucha, con los luchadores, ha estado con el paro del 2, con la Marcha Federal y con el paro del 21 de abril, y hoy queremos hacer un planteo político alrededor de estas luchas (final en medio de bombos, trompetas, sirenas y silbidos que intentaron tapar aplausos surgidos de distintos puntos de la sala). “Gracias compañeros”.

Las recientes elecciones en CTERA fueron una suerte de colosal plebiscito. Casi un 70% de los docentes empadronados se abstuvo de votar, lo que se eleva al 90% si se tiene en cuenta a la totalidad de los docentes en actividad. Dentro de este marco, la lista Rosa, que representa a las tendencias anti-burocráticas, multiplicó su votación y ganó en Salta, La Rioja, Neuquén, Catamarca y en distritos como San Martín y Moreno, en el Gran Buenos Aires, y en la capital de Córdoba. La colosal abstención ha puesto al desnudo el enorme vaciamiento sindical en que se encuentra CTERA e incluso la amenaza de su desaparición. Se ha llegado a este extremo como consecuencia de la política de completo sometimiento de la dirección frepasista a las exigencia del gobierno, del Banco Mundial y del clero, es decir del “plan” Cavallo. Los derechos y conquistas de los docentes han volado por los aires en menos de lo que canta un gallo, y esto ha ocurrido a pesar de la enorme movilización de su base, primero en la huelga del 88 y luego en las fenomenales movilizaciones contra la ley de educación. Este descomunal fracaso fue alcanzado con la complicidad de la “oposición” Azul y Blanca, que está magistralmente simbolizada en la designación de Garcetti como su candidato a la secretaría general. Si bien la Azul y Blanca llamó a la abstención cuando ya se estaban abriendo las urnas, es necesario tener presente que lo hizo para “despegarse” de su responsabilidad en el desastre y con una proclama que convocaba a la dirección marysanchista a una “negociación” global de puestos. Marta Maffei, la candidata “electa”, perdió en su provincia, Neuquén, mientras que el “opositor” Garcetti perdió en la suya, Mendoza, el único distrito en donde su lista no llamó a abstenerse. Donde los conocen no los quieren. El cuadro sindical expuesto por las elecciones es de un estado de coma. ¿Qué remedio procura encontrarle la burocracia celeste? Pues nada menos que acentuar las características de aparato de la CTERA, mediante el establecimiento de un “plenario de secretarios generales”, que serviría para eliminar por completo el régimen de asambleas en los sindicatos de base. Se procura ocultar el desastre y que no trascienda la noticia de la agonía, matando al mensajero —los afiliados. El vaciamiento de CTERA tiene lugar en un momento en que el derrumbe del “plan económico” está llevando a la lucha a crecientes contingentes de trabajadores. Los despidos masivos, el incremento de la explotación en los lugares de trabajo y la reducción de los salarios están promoviendo una ascendente movilización popular. La falta de perspectiva general de la política oficial o los pronósticos de una recesión prolongada, también van soliviantando a las clases intermedias que se habían beneficiado con la expansión especulativa de los créditos. Es decir que “estamos mal y vamos peor” y que la política oficial en materia educacional no podría ni siquiera realizar lo que promete. La crisis presupuestaria en la provincia de Buenos Aires añadirá en poco tiempo más un nuevo foco, grande, de gran conflicto social y político. ¿Cómo deben hacer frente los activistas docentes y todos los que defienden realmente la existencia y vigor sindicales de CTERA, a esta situación que combina el vaciamiento sindical y la agudización de los conflictos y de las luchas? Cualquiera sea el color de un activista docente, el problema que está planteado es objetivo, es decir que está impuesto por la realidad y no puede ser adjudicado a una lucha de tendencias. CTERA debe ser declarada en estado de asamblea para encarar los dos problemas planteados, el del vaciamiento y el de la necesidad de la lucha. Estado de asamblea significa convocar a un congreso de delegados elegidos en asambleas de base, para discutir un plan de lucha y reorganizar al gremio sobre nuevas bases de independencia de clase y de democracia sindical. El actual estatuto-cárcel de CTERA ya ha demostrado que sólo sirve al vaciamiento sindical. El gran problema de los docentes son los despidos y el alargamiento de la jornada de trabajo en un cuadro de impresionante miseria salarial. El Banco Mundial ha designado a las partidas docentes dentro del presupuesto de educación, como una variable cuyo ajuste lograría liberar un 30% de sus actuales fondos para pagar la deuda externa. La violencia que esto significa la mide la reacción del clero, que está sacando a la gente a la calle para defender sus subsidios, los cuales tienen por base las nóminas salariales. El gran eje de un plan de lucha se encuentra, de este modo, ya definido por la realidad: defender el estatuto docente contra los despidos y la flexibilización laboral, y reclamar un inmediato aumento salarial, del 50%. La plata para financiar estos reclamos se encuentra en la “caja negra” que representa la deuda externa y en las innumerables “cajas negras” de los Cavallo y los Yabrán. Lograr que se declare el estado de asamblea de CTERA parece difícil y hasta remoto, pero, bien mirado, no lo es tanto. En las provincias y distritos donde ganó la Rosa existe ya una base de compañeros para impulsar este reclamo: las direcciones Rosa de Neuquén capital, de La Rioja y del departamento de San Lorenzo, Santa Fe, deberían encabezar la reivindicación y establecer un frente común. En Córdoba, el estado de movilización gremial favorece también una campaña que serviría para romper el aislamiento de la lucha cordobesa en el plano nacional.

“Sólo diez de las veinticinco principales compañías de seguros cumplen con los tres indicadores de referencia que establece la Superintendencia de Seguros” (El Cronista, 22/7). Los indicadores miden la solvencia de las compañías y “reflejan la salud de sus balances” (ídem). La insolvencia de las aseguradoras es la consecuencia de las enormes pérdidas sufridas en los últimos dos años: 600 millones de dólares en apenas veinticuatro meses. Esto confirma que las compañías de seguro están en la lona; junto con la crisis bancaria, la crisis de los seguros retrata la debacle financiera que caracteriza al hundimiento del “plan” Cavallo. Para escapar a la quiebra, las aseguradoras fraguaron miles de siniestros para reclamar su pago al Inder (el Instituto estatal de Reaseguros, en liquidación). Pero después de haber entregado cientos de millones, el Inder suspendió, en abril, los pagos por esos siniestros truchos. ¿Los motivos? La caída que tuvo la recaudación del impuesto sobre nuevas pólizas con destino al Inder, como consecuencia de la recesión y del desvío de sus fondos a “rentas generales”... es decir, al pago de la deuda externa. El Inder se encuentra jaqueado, entonces, por la necesidad oficial de pagar la deuda externa; “los aseguradores ven con preocupación la posibilidad de que estos recursos acumulados (por el Inder) terminen supliendo otros huecos del Tesoro, reiterando la experiencia que parece haber sufrido el sistema bancario con los créditos destinados al Fondo Fiduciario” (Ambito Financiero, 5/7) —que fueron destinados al pago de deuda externa. Debido a esta crisis, el Inder tuvo que iniciar una investigación de las deudas que reclaman las aseguradoras... y que con anterioridad había convalidado. De un reclamo inicial de 2.500 millones, la investigación redujo la supuesta deuda del Inder a las aseguradoras a apenas 700 millones, una quita del 70%. ¡Pero incluso esos 700 millones son truchos! Según una revista especializada (Estrategas, marzo-abril de 1995), de una muestra de 160 siniestros reclamados por las aseguradoras... ¡sólo dos —el 1,25%— no eran irregulares! En la presión desesperada que las aseguradoras están ejerciendo sobre el gobierno para cobrar la deuda inexistente, cuentan con un aliado de peso: Ramón Valle, del sindicato del seguro. En lugar de reclamar la apertura de los libros de las compañías, la participación sindical en las investigaciones de las deudas reclamadas al Inder y el encarcelamiento de los estafadores que intentan vaciar el tesoro público, el burócrata del seguro reclama —en una página pagada por las propias compañías de seguros (Ambito Financiero, 19/7)— que el Inder pague la deuda trucha: “observamos que los liquidadores del Inder —dice el burócrata— están incursionando en una preocupante demora para poner las cuentas en orden”. El burócrata reclama un supermillonario subsidio a los capitalistas del seguro con la “justificación” de evitar los despidos que provocaría el cierre de las aseguradoras... pero no dice una palabra sobre los despidos que ya han comenzado. “El mercado está en crisis y los especialistas pronostican que seguirá el achicamiento entre las compañías de seguros generales” (El Cronista, 1/8). La inevitable quiebra de las compañías de seguro atrae, como a buitres, a las grandes aseguradoras internacionales, que han llegado a la Argentina para apoderarse del negocio del seguro y, en particular, de los seguros de la jubilación privada, un negocio de 600 millones de dólares al año. La radicación en Argentina de estas grandes aseguradoras —Metropolitan Life, Leucadia, ITT Cenit y otras— no es, por lo tanto, una muestra de la “solidez” del “plan” Cavallo; al contrario, es una expresión de su derrumbe.

Existe una completa unanimidad entre los analistas políticos acerca de que la ratificación de Cavallo no ha concluido la crisis política. Los “mercados” se han anotado también en esta coincidencia, como lo demuestra la continua caída de las acciones y títulos públicos, así como la pérdida de reservas del Banco Central. El derrumbe bursátil ocurre cuando el gobierno acaba de contratar dos empréstitos por dos mil millones de dólares, que tienen por finalidad recomprar títulos públicos para elevar sus cotizaciones. Otro dato es que a pesar de este “reingreso” al llamado “mercado voluntario” de créditos, las calificadoras de riesgo de los Estados Unidos han resuelto mantener baja la calificación crediticia, como viene ocurriendo desde que se inició la crisis financiera. La crisis no concluyó por la simple razón de que las intervenciones de Cavallo, la semana pasada, transformaron la división creciente que se venía registrando en la burguesía, en una guerra abierta entre pulpos, mafias y fracciones políticas; es decir que existe la amenaza de una quiebra en el gobierno e incluso de un principio de quiebra en el aparato del Estado. Es un hecho que Cavallo reflotó el asunto Yabrán para tapar la denuncia que involucra a funcionarios de la Fundación Mediterránea, en una coima de 37 millones de dólares en el contrato de informatización del Banco Nación, con la IBM. Dos profesores de computación de la UBA han demostrado que las condiciones de la licitación del BNA fueron confeccionadas a la medida de IBM y que las características del contrato permiten suponer que el monopolio yanqui sobrefacturó su servicio en muchos millones de dólares. IBM ha monopolizado prácticamente todas las licitaciones informáticas del clan Cavallo, en perjuicio de Unisys y NCR. Aunque sorprenda a muchos, The Wall Street Journal acaba de informar que IBM y el grupo Yabrán tienen negocios en común a través de la gráfica Ciccone, subcontratista de IBM, para crear un sistema de emisión y control de pasaportes, que está financieramente ligada a Yabrán. Ciccone es la única compañía autorizada para imprimir billetes, bonos y cheques. El “plan” Cavallo no sólo es un “destructor de empleos”, para usar la expresión de Caro Figueroa, sino que ahora está amenazando con destruir negocios, algo que es suficiente para costarle la cabeza. Pero Cavallo no sólo transformó a la división capitalista en guerra en los negocios informáticos. En el caso del Correo esto ocurre entre el grupo Yabrán y Federal Express; el embajador Cheek reconoció que esta última opera a través de los permisionarios pequeños. Una guerra se ha declarado también en el tema seguros, pues Cavallo denuncia que las compañías que operan en la plaza argentina pretenden cobrarle al estado reaseguros truchos por más de mil millones de dólares; en este sector Cavallo, está defendiendo el ingreso de pulpos como Metropolitan Life, que ya ha puesto sus garfios en las AFJP. Como si el horno aún estuviera para bollos, el secretario de Agricultura, Felipe Solá, reflotó las acusaciones contra la mafia de los frigoríficos, principalmente los instalados en la provincia de Buenos Aires, denunciados por evasión de millones de pesos en impuestos. A este ajuste general de cuentas hay que sumar el no resuelto asunto de las patentes medicinales y la denuncia de Cavallo de que los laboratorios nacionales habrían coimeado a diputados del oficialismo y de la oposición. Se podría cerrar el recuento con la batalla que se disputa por el contralor de la Comisión de Telecomunicaciones, encargada de vigilar la aplicación de los contratos de privatización de teléfonos. La creciente división de la burguesía que provoca la crisis económica, que fuimos señalando en los últimos números de Prensa Obrera como una característica de la nueva situación política, ha sido convertida por Cavallo en guerra entre pulpos y por lo tanto en una amenaza general para los negocios capitalistas. Los reclamos de tregua y de apaciguamiento tienen presente esta amenaza. De cualquier manera, esa guerra entraña la posibilidad de una crisis política terminal. El nombramiento de Wenceslao Bunge como representante de Yabrán, demuestra los sólidos apoyos de éste dentro del gobierno norteamericano y puede ser una manifestación de una ruptura en el bloque que hasta ahora apoyó a Cavallo. A Cavallo le salió una réplica, no porque Bunge se haya graduado en Harvard, sino porque sus lazos con los hombres del imperialismo yanqui son más sólidos que los del cordobés. Bunge está ligado a los estudios de abogados y consultorías económicas más importantes de los Estados Unidos, como los que encabezan W. Rogers y Kissinger, ambos ex secretarios de Estado, respectivamente. La designación de Bunge indica claramente que la gran burguesía exige un arreglo, es decir, un reparto de los negocios, pero semejante salida le debería costar la cabeza no a Menem, sino a Cavallo. Es lo que planteó desde el inicio, Menem o Cavallo, Bernardo Neustadt, “amigo” de los Cavallo, Bunge, Menem y Yabrán. La confirmación de Cavallo, en las condiciones de la crisis política, significa que se ha creado, potencialmente, un gobierno “bicéfalo” (como dijo Angeloz), algo que no puede durar mucho tiempo más. Si el conflicto mafioso-político saliera definitivamente de madre, se asistiría a una crisis financiera que podría dejar en la lona a las numerosas empresas o pulpos que se encuentran endeudados en centenares de millones de dólares, o a los especuladores financieros que hayan apostado a la permanencia del tipo de cambio. Esto explica la movilización de políticos y capitalistas para que Cavallo fuera ratificado, al menos temporalmente. En los últimos diez días se fugaron 1.500 millones de dólares, lo que equivale a casi el 75% del valor de los empréstitos recientemente contratados; la circulación monetaria se redujo en un 10%. El respaldo en dólares del peso cayó a menos del 80%. La devaluación monetaria que genera este proceso, se manifestó en los mercados de cambio de Chile y de Brasil, cuyos Bancos Centrales no están obligados a responder a un tipo fijo. A nueve meses largos de su inicio, la crisis económica y financiera ha vuelto a sus inicios, en lo que se refiere a los números, pero se ha agravado considerablemente en términos estructurales. Causas objetivas La causa objetiva de la guerra entre los pulpos y de la crisis política, es la crisis económica en su conjunto. Los índices de la producción industrial de julio revelan una caída del 4.4% con relación a julio de 1994; entre el segundo y el primer trimestre de este año, la baja fue de casi el 10%. En los primeros siete meses de 1995, la producción industrial apenas superaba en un 6% al nivel de once años antes, en 1984. ¡Qué desarrollo económico! Lo principal, con todo, es la perspectiva de bancarrotas que ha creado la crisis. La cartera irregular de préstamos bancarios creció en un 26%, entre diciembre y mayo pasados, de 13.560 a 16.593 millones de pesos, con tendencia creciente. Estas cifras significan, grosso modo, una perspectiva de incobrabilidad de más del 40% del total de los préstamos bancarios y equivale al 120% del total del patrimonio de los bancos, lo que significa que el sistema se encuentra técnicamente quebrado. Queda en evidencia, de esta manera, que el retorno de unos 4.000 millones de dólares al sistema bancario, agrava la crisis bancaria en lugar de resolverla. La razón para ello es muy sencilla: los bancos tienen que pagar intereses por depósitos que no pueden prestar. Es por esto que el gobierno resolvió establecer que las reservas que deben guardar los bancos puedan ser colocados, a su vez, a interés; si esta “remuneración” la paga el gobierno, aumenta el gasto fiscal; si, en cambio, es depositada en el exterior, significa una fuga de capital. Esta misma quiebra bancaria explica que Cavallo se haya endeudado en dos mil millones de dólares al solo efecto de recomprar, y elevar los precios, de los títulos públicos en poder de los bancos. Las carteras de títulos de los bancos cayeron de 4.500 millones de dólares, a comienzos de 1994, a 3.400 millones, en octubre de ese año, y a 2.500 millones en el punto más bajo. Pero la consecuencia de este negociado de los empréstitos para rescatar títulos, será incrementar la abultada deuda externa, que aumentó en 11.000 millones de dólares en los seis primeros meses del 95, y facilitar una potencial fuga de capitales. Incapaz de promover una reactivación industrial, el gobierno se ha metido en una bicicleta financiera, que está condenado a pedalear sin cesar a costa de las deterioradas finanzas públicas. La crisis bancaria no afecta sólo a los bancos provinciales o a los públicos nacionales o a los cooperativos. La mora en la banca privada nacional promedia el 40%. La banca internacional, Morgan Stanley, acaba de aconsejar a los inversores no comprar acciones del Galicia, porque su cartera morosa es del 8-10%; la de los bancos Shaw y del Sud se acerca al 15%. Como se puede apreciar, el retorno de los depósitos no ha resuelto nada, y menos aún ha recreado el crédito. Para “empiojar” aún más la situación, los gobiernos provinciales se han visto obligados a emitir moneda propia (“bonos”), que en el caso de Córdoba (800 millones de pesos) habrá de superar a la base monetaria provincial. Si se suman estas “monedas” al cálculo de la circulación monetaria, la “convertibilidad” ha pasado a mejor vida. Calvo-Cavallo La envergadura de la crisis bancaria explica por qué muchos analistas afirman que es necesario “depurar el sistema”; una reactivación económica, sin esa “depuración”, sólo agravaría en el tiempo el peso de las carteras incobrables. (Es lo que no entienden muchos izquierdistas). Para Guillermo Calvo, el economista que se ha hecho famoso últimamente, el “plan de convertibilidad” sólo puede funcionar con la completa extranjerización de la banca, porque en este caso las casas matrices serían las responsables del rescate de las sucursales, algo que no puede hacer el Banco Central. Como el hombre debe hablar con alguna clase de respaldo, está claro que representa la posición de la banca yanqui. Calvo parece no tener presente que los bancos nacionales se están cayendo en toda América Latina, donde no rige el “plan Cavallo”. En Chile, la banca norteamericana ya controla el 60% del sistema financiero en su conjunto. La explicación para esta situación no es otra que el crecimiento impresionante de la deuda externa, que ha puesto a todos los sistemas monetarios bajo la dependencia de los especuladores internacionales. El pulgar que el Morgan Stanley le bajó al Galicia, es un indicio del enfrentamiento en curso entre los burgueses nacionales y sus socios imperialistas. La banca nacional, en algún momento, tendrá que volver a reclamar que el Banco Central vuelva a sus funciones “nacionales”. Ligado con lo anterior, Calvo planteó que los capitales especulativos que inundaron Argentina entre 1991 y 1993/4, no volverán en cantidad durante mucho tiempo, lo que crea una crisis estructural de financiamiento. Esa crisis sólo podría ser resuelta, dice, por una desvalorización general de la economía argentina que reduzca sus necesidades financieras; esa desvalorización sólo podría ser obtenida por medio de una deflación general o una devaluación. La dificultad de que ocurra la primera, por la capacidad de los monopolios para impedir la baja generalizada de precios, plantea la segunda; esto significa que un sector importante del capital financiero internacional está preparando una devaluación para acentuar su monopolización del país. Aunque Cavallo pretende sortear la bancarrota general mediante un endeudamiento indiscriminado, ha coincidido con Calvo en la necesidad de privatizar el banco Provincia y el Nación, y ha emprendido una furiosa arremetida contra todos los bancos provinciales, en especial los de Córdoba y, próximamente, Santa Fe. Se percibe la intención de ofrecerlos a cambio del mantenimiento de la alianza entre los grandes bancos privados nacionales y la banca extranjera. Se perfila cada vez más la gran guerra en torno a los bancos y la aparición de nuevos choques mafiosos. “Capitanes de la industria” El reciente congreso de la UIA en Mar del Plata puso al desnudo el enfrentamiento entre una parte de los “capitanes de la industria” y Cavallo, al punto que se puede decir que constituyó el verdadero inicio de la crisis política. Si Techint y Macri reclamaron una “política industrial” y la protección contra los “dumping”, no fue solamente porque la producción industrial está en picada. Además, están aumentando las dificultades para exportar a Brasil, como lo demuestran los cierres de fábricas de electrodomésticos. Peor aún, el pulpo Pérez Companc enfrenta ahora el problema de que el “holding” brasileño Oderbrecht se quede con la privatización de Indupa y, por lo tanto, con todo el negocio de la petroquímica en el Mercosur. Como consecuencia de toda la crisis, tampoco hay bastante financiación de exportaciones. Más grave aún, la creciente crisis fiscal amenaza con agotar la vaca de los subsidios a la exportación, que llegan hoy al 33% del valor de las ventas al exterior. El principal rubro de exportación argentino son, entonces, los subsidios que pagan los trabajadores con los impuestos. Que en semejante situación, Cavallo denuncie que los industriales y los comerciantes evaden 10.000 millones de dólares de impuestos al año, explica que Ambito Financiero haya denunciado una “dictadura fiscal”. La pretensión del gobierno de que se justifiquen los gastos de consumo con facturas, por encima de los 3.000 pesos, desató la crítica furibunda de todos los diarios. La grande y mediana industria está dispuesta a resistir las embestidas fiscales que emprende Cavallo para financiar el presupuesto y pagar la deuda externa. El imposible equilibrio de Cavallo se ha podido apreciar cuando tuvo que renunciar a la pretensión de que la nueva moratoria resuelta por la DGI quedara documentada en pagarés que pagarían el 1.3% mensual. Cavallo quiere que los bancos le presten 800 millones de dólares contra la recaudación que espera de esa moratoria, tensando el endeudamiento fiscal más allá del punto de ruptura, en condiciones de una recaudación impositiva que cae sistemáticamente. Esto explica que los “capitanes” hubieran apoyado el planteo de desdoblar Economía y crear un ministerio de la Producción, lo que también fue un punto neurálgico de la crisis política. Claro que con cambios en el organigrama administrativo, no cambia nada. Por eso, Roberto Rocca, de Techint, acaba de plantear una “brasileñización” de la política económica, claro que sin mencionar los escasos resultados que esto le está produciendo a Brasil. Fernando Henrique Cardoso ha tenido que autorizar la compra de bancos nacionales por extranjeros, la semana pasada, con el argumento de que sería la única vía para evitar el cierre de éstos; la producción industrial en Brasil está cayendo. La burguesía industrial argentina no ha enfrentado aún el problema de un replanteo de conjunto de la política oficial, por la simple razón de que depende extremadamente de la banca internacional. Pero percibe claramente que la continuidad del “plan” vigente conduce a violentas bancarrotas. Macri, por este motivo, en la reciente crisis política se colocó más cerca de Yabrán que de la permanencia de Cavallo. Oposición, izquierda, movimiento obrero La oposición, en general, no tiene una caracterización adecuada de la crisis. No ve la tendencia de la crisis mundial que se anuncia con las sucesivas crisis bancarias, con las devaluaciones de las principales monedas y con la deflación sin precedentes en Japón. Aferrada a la perennidad del capitalismo, no ve los síntomas que apuntan hacia una generalizada desvalorización de capitales y, por lo tanto, de quiebras y de depresión; sólo los capitalistas japoneses perdieron 600.000 millones de dólares en sus inversiones en Estados Unidos, entre 1985 y 1991, como antesala de su crisis actual. Este es el marco internacional del derrumbe del “plan” Cavallo. El centroizquierdismo se ha alineado en la crisis con Cavallo, incluso se ha transformado en su vocero. Ha llegado a esto como resultado de su oportunismo electorero, que se reduce al negocio de los asuntos éticos, sin importarle estar encubriendo los fraudes de su promotor. La propuesta más osada del centroizquierdismo es insinuar la necesidad de reestructurar la deuda externa. En el campo de la izquierda se ignora completamente el carácter capitalista de la crisis, al extremo, como ocurre con el PC y el Ptp, que se la pretende resolver mediante “créditos blandos” a las Pymes, que serían financiados con una suspensión del pago de la deuda externa por un año. De este modo, se pretende construir un “frente nacional” y una mesa con las burocracias del CTA y del MTA. Pero es indudable que, en el cuadro de la crisis industrial, la única función del crédito, en especial del “blando”, sería financiar el vaciamiento y la fuga de capitales, que es lo que ha ocurrido con los créditos otorgados por los bancos provinciales, porque no es el crédito el que resuelve la crisis sino que la solución de la crisis recrea el crédito. La izquierda va a remolque de la burguesía nacional y de la burocracia, cuando éstas son mucho más impotentes que en el pasado para actuar en forma independiente. Lo prueba la burocracia cegetista, dispuesta a entregar absolutamente todo, a cambio de participar en la privatización de la salud. El planteo de “protección industrial”, que también levantan centro e izquierdistas, constituye una solución inflacionaria a la crisis, que deberán pagar los trabajadores. La protección de la nación frente al imperialismo no tiene cabida en un planteo aduanero; sólo es real y consecuente mediante una completa reorganización económica y social bajo la dirección de los trabajadores; el desconocimiento de la deuda externa, la confiscación de la banca, la apertura de las cuentas del Estado y de los capitalistas y el monopolio del comercio exterior, constituyen la única forma de defensa nacional consecuente. La guerra de las mafias esconde un proceso de disolución económica de la sociedad capitalista, que sólo puede ser superado por la acción revolucionaria de la clase obrera. Es la clase obrera la que debe decir su palabra frente a esta crisis. Para ello debe deliberar. Mediante asambleas y congresos de trabajadores, aunque al principio reúnan sólo a la masa de los activistas, luchadores y delegados, debe fijar su posición y someterla a la prueba de la experiencia y de la lucha. En Argentina no existe aún una situación revolucionaria, pero esto se debe principalmente a la confusión que reina todavía en las filas de los obreros. Aunque no se puede desconocer la posibilidad de progresos graduales y la necesidad absoluta de aprovecharlos, la perspectiva general de la presente situación es la creciente combinación de crisis políticas y luchas y resistencias populares, y por lo tanto, la necesidad de planteos profundos y de conjunto.

Dos meses después de ser condenado por el asesinato del ex canciller socialista Orlando Letelier, el general Contreras —ex jefe de la Dina, la policía política de Pinochet— sigue en libertad y sin que se conozca un plazo cierto para su reclusión. La insubordinación de Contreras —apoyada por el ejército y por un sector de la burguesía chilena— es la señal de una crisis política. Es por eso que el presidente Frei (de la centroizquierdista Concertación Democrática) anunció un conjunto de proyectos de ley que ha sido calificado como “el paquete de la reconciliación” (Página/12, 22/8). El primero de estos proyectos establece un “punto final” para los procesos por los crímenes dictatoriales que aún siguen abiertos, un viejo reclamo de la camarilla militar. El segundo, un proyecto de reforma constitucional, establece cambios en la composición del Tribunal Constitucional (un organismo de la dictadura, con poder de veto sobre las leyes que vota el parlamento) y del Consejo de Seguridad Nacional (otro organismo “heredado”, con poder para fiscalizar al presidente), y la anulación del mandato de los senadores designados por Pinochet. El tercero es un proyecto de reforma militar, que le permitiría al presidente remover generales y almirantes, con la excepción de los comandantes en jefe. El proyecto de “reconciliación”, sin embargo, ha sido respaldado “como un solo hombre” (Clarín, 23/8) por el partido Socialista y el partido por la Democracia. El presidente del PS, Camilo Escalona, “reconoció que su colectividad ‘flexibilizó’ su posición (en referencia al “punto final”) teniendo en cuenta ... que la transición estaba en condiciones de cerrarse si se abordaban los temas de la institucionalidad democrática incompleta” (Hoy, 7/8). El objetivo del “paquete de la reconciliación” de Frei es abrir una negociación de conjunto con la derecha. Por eso el gobierno lo ha enviado al Senado —donde los derechistas tienen mayoría y donde revistan los senadores designados por Pinochet. Está claro que la venia final depende del ejército, ya que “resulta impensable promover cambios legales de esta envergadura sin contar con un grado razonable de acogida en las instituciones castrenses” (El Mercurio, 25/8). El telón de fondo de esta iniciativa es un conjunto de luchas, huelgas y manifestaciones de gran significación (paro docente del 93, huelga de la salud del 94, huelgas mineras, etc.) y la posibilidad de que se profundicen. Para “curarse en salud”, el gobierno le ha ofrecido a la burocracia de la CUT una vía para integrarse al “acuerdo nacional”: la ley de “reformas laborales”, que establece una “protección” (¡de 15 días!) para los que quieran representar al sindicato en las empresas y un “ámbito de negociación colectiva” ... que autoriza a celebrar varios convenios de trabajo por empresa a partir de un mínimo de ocho trabajadores que lo reclame. La burocracia apoya abiertamente tanto la “reforma laboral” como la constitucional. El gobierno de Clinton también apoya el proyecto oficial por cuanto “Chile debe demostrar que los militares se encuentran bajo el control de las autoridades civiles, si desea facilitar su aceptación al Nafta” (The Washington Post, reproducido por Brecha, 4/8). La burguesía chilena, sin embargo, ha manifestado un enorme recelo y se aferra a la prohibición de las negociaciones colectivas. El Mercurio (27/8) sigue refrescando “la experiencia traumática que vivió el país en los años anteriores a 1973”. Sin embargo, aunque los once senadores derechistas anunciaron que votarán en contra de las propuestas del oficialismo, el presidente de la Renovación Nacional, Andrés Allamand las calificó como “un gran paso adelante” (Clarín, 19/8. Pese a los escarceos —y aun a la eventual caída de algunas de las propuestas de Frei—, el objetivo estratégico del “gran acuerdo nacional” está claramente fijado tanto en el gobierno como en la derecha. El mismo Allamand declaró que “seremos capaces de gestar este nuevo acuerdo nacional que Chile necesita” (El Mercurio, 26/8). Su primer “fruto” sería el “punto final”: “tanto senadores oficialistas como opositores estiman que es factible conciliar proyectos sobre derechos humanos (ídem) (porque) el propósito del gobierno coincide enteramente con el de la oposición y procura satisfacer las aspiraciones de las FF. AA.” (El Mercurio, 27/8).

Cuando todavía no se ha recuperado del colapso bancario del año pasado, Venezuela se encuentra ante una nueva bancarrota. Tuvo que intervenir al Banco Empresarial, debido a que su inminente quiebra podría arrastrar a otros bancos. El Empresarial es el decimoséptimo banco intervenido o estatizado desde enero de 1994, cuando el hundimiento del Banco Latino, el principal del país, desencadenó una cadena incontrolable de quiebras bancarias. El salvataje de la banca privada le insumió al Estado venezolano más de 7.000 millones de dólares en apenas un año, “en lo que a escala se considera el descalabro bancario más grave del mundo” (El Mercurio, 25/8). La emisión de moneda necesaria para esos rescates, explica el crecimiento descontrolado de la inflación (70% en todo 1994, 25,5% en julio de 1995); la desaparición del crédito, a su vez, ha provocado una recesión que ya lleva tres años de duración y un aumento descomunal del desempleo.. El hundimiento venezolano es muy instructivo. A principios de la década del 90, los bancos fueron los intermediarios privilegiados del masivo ingreso de capitales especulativos. Cuando esos capitales se fueron, los bancos se desplomaron arrastrando tras de sí a toda la economía venezolana. En Venezuela, el Banco Central tiene la posibilidad de intervenir para rescatar a los bancos (lo que legalmente no ocurre en Argentina), pero esto no impidió el hundimiento generalizado de éstos. Tampoco en México, donde el gobierno se vio obligado a “reestatizar” de hecho los bancos que había privatizado poco tiempo atrás, para evitar su derrumbe, o en Brasil, donde están intervenidos los mayores bancos. Estamos en presencia de una “ola de quiebras bancarias latinoamericanas”, como señala el Financial Times en un editorial, que no hace distinciones entre “planes” económicos, llámense Cavallo, real, mexicano o venezolano. A esto hay que agregar el derrumbe bursátil del último “mercado emergente” continental –el Perú de Fujimori.

Una manifestación de 50.000 trabajadores —la mayor en todo el país desde las manifestaciones de “Fuera Collor” de 1992— acaba de tener lugar en Sao Bernardo do Campo, en el cinturón industrial de San Pablo, para protestar contra los despidos, las suspensiones y el desempleo. Sólo en los últimos veinte días, en Sao Bernardo, se perdieron 11.000 empleos en las pequeñas industrias y varios miles en las grandes fábricas: la General Motors despidió a 1.050 trabajadores y la Ford a 800, con su secuela de despidos y suspensiones en cientos de autopartistas (O Estado de Sao Paulo, 25/8). Según la Diesse, un organismo de investigaciones de los sindicatos, “en dos meses el desempleo ya supera el de 1994”, la última gran recesión brasileña, “y lo peor todavía está por venir” (O Estado de Sao Paulo, 27/8). El acto de Sao Bernardo fue, sin embargo, enteramente patronal en lo que se refiere a las reivindicaciones y los organizadores que lo convocaron. La CUT y el PT se unieron a la Fuerza Sindical (una “central sindical” que es un sello de lo más podrido de la burocracia), a cámaras empresarias de la industria y el comercio, al intendente municipal, a la Iglesia y a partidos patronales de oposición, para reclamar por la rebaja de las tasas de interés, el cese de las restricciones crediticias y el control de las importaciones. No hubo ninguna reivindicación nacional, como el desconocimiento de la deuda externa o la nacionalización sin indemnización de los bancos. Menos aún, reivindicaciones de los trabajadores —no a los despidos, seguro al parado, reparto de las horas. La semejanza con el programa que levantan la CGT-MTA para el “cese” del 6 de septiembre no es una simple coincidencia. Uno de los dirigentes de la gran-gran patronal paulista, la FIESP (Federación de Industrias del Esatado de Sao Paulo), Fausto Cestari, anunció que “el acto en el ABC fue sólo el comienzo”. Remigio Todeschini, un dirigente de la CUT, confirmó el carácter rabiosamente patronal de la maniobra “policlasista”: dijo que “los sindicalistas nunca conversaron tanto con los empresarios en su propio espacio y sin una pauta salarial sobre la mesa” (O Estado de Sao Paulo, 27/8). El mismo diario informa que “hace poco más de un mes, Mario Amato (ex presidente de la FIESP) concurrió a la sede cutista para discutir sobre política económica y reforma tributaria”, y el ya mencionado Cestari reconoció que “el armado de esa unión estratégica entre el capital y el trabajo surgió justamente en esa visita”. Como se ve, en Brasil, el 6 de setiembre se adelantó dos semanas.

A la luz del rumbo que han tomado los acontecimientos en la lucha emprendida por los estudiantes terciarios y secundarios, para que no les quiten el boleto estudiantil, el PO considera imprescindible denunciar ante la opinión pública: Que la ofensiva del estado municipal contra los estudiantes sólo se explica por la necesidad imperiosa de disolver sus movilizaciones, ya que éstas se han convertido en un freno a la implementación de un aumento encubierto del boleto para toda la ciudadanía. El anuncio público del concejal D. Sosa (titular de la comisión de transporte), publicado por La Capital el día 13/7, va en este sentido, ya que presenta el quite de los pases a los estudiantes terciarios, secundarios, docentes, empleados municipales, alumnos primarios y discapacitados, como condición para “operar una posible rebaja” en el costo del boleto que lo llevaría a 60 centavos, o sea el precio de octubre pero sin pases. Estamos asistiendo a una gigantesca estafa a la buena fe de la población, que aún no ha percibido que con el cuento de la “racionalización”, lo que se busca es operar un aumento que recae directamente sobre la familia trabajadora marplatense y que constituye un ataque a la educación pública. El verdadero costo del boleto se encuentra bien oculto tras la gestión de la actual comisión de transporte, pero estudios comparativos de origen independiente, sitúan su precio en el orden de los 40 centavos. La conclusión es, entonces, demoledora: quien encarece la tarifa no son los estudiantes, sino la comisión de transporte, que lejos de representar los intereses del usuario, maniobra descaradamente contra la población que abona sus dietas. Tanta maniobra política define al Sr. Sosa como un operador político al servicio de la C.E.T.U.P. y lo ubica claramente como responsable de las (por lo menos) diez marchas realizadas por el estudiantado. ¿Alguien puede dudar de la legitimidad del reclamo de los estudiantes? Sin embargo, el conjunto de los concejales marplatenses mira para otro lado, desoyendo sus justos pedidos y provocando su bronca. Y hablando de provocaciones, el edil Alvarez se lleva las palmas, ya que, en la última movilización, al verse superado y desenmascarado por la intransigencia en el reclamo de que se garantice la continuidad del pase estudiantil, su única salida para no hacerlo fue amenazar a los gritos con “meterlos a todos presos”, excediendo por mucho las atribuciones que le competen como concejal. Como podemos ver, los instigadores y verdaderos responsables de los hechos de violencia en el municipio, no serán encontrados entre el estudiantado. Llamamos a todos los marplatenses, a la ciudadanía democrática y al periodismo independiente a repudiar la campaña intimidatoria y a exigir el cese de la persecución judicial, que busca colocar bajo sospecha a los estudiantes que sólo defienden sus derechos. Exijamos sí el acceso a los libros contables de las empresas de transportes. Exijamos la investigación de la evolución patrimonial de los señores concejales y el origen de los aportes a sus campañas electorales. Su actuación consecuente en defensa de los empresarios de la C.E.T.U.P. así lo amerita.