Prensa Obrera N° 460

La movilización internacional logró la suspensión indefinida de la condena a muerte de Mumia Abu Jamal, militante negro norteamericano. Ex militante de la organización radical Panteras Negras y periodista de radio, reconocido por su sistemática denuncia de la brutalidad policial contra los negros, Abu Jamal fue condenado a muerte por el asesinato de un policía ocurrido en 1982 en Filadelfia y que, claro, no había cometido. Las irregularidades de la mascarada judicial que lo condenó –señalarlas ocuparía varias páginas– convertían su ejecución en un “asesinato político legal”. La movilización internacional (se realizaron numerosas manifestaciones en los Estados Unidos y Europa) y el pronunciamiento de numerosas organizaciones y personalidades en todo el mundo lograron salvar su vida. Pero también contribuyó el temor del gobierno del estado de Pennsylvania a “una repetición de los sucesos de Los Angeles” (Le Monde, 9/8), la “pueblada” de los negros de Los Angeles cuyo detonante fue la absolución judicial de un grupo de policías que habían apaleado a un trabajador negro. Suspendida indefinidamente, la condena, sin embargo, sigue en pie y Abu Jamal continúa encarcelado en el llamado “corredor de la muerte”. Hay que seguir la movilización hasta la anulación de la condena y la libertad de “la voz de los sin voz”, como apodan a Jamal sus compañeros negros.

La dirección de la CGT ha convocado a un “cese de tareas” para el 6 de setiembre. ¿Los burócratas empresarios, “amigos del presidente”, se han acordado ahora de defender los intereses de los trabajadores? Lo que sucede es que el plan Cavallo está en ruinas. La recesión se profundiza con su secuela de cierres, quiebras y millones de desocupados. Para cumplir a rajatablas con el pago de la deuda, el gobierno remata ahora las ultimas empresas públicas y lanza un paquete impositivo contra los salarios y de rebaja de los aportes patronales, lo que significa una mayor liquidación de la salud y de las jubilaciones. Como parte de esa crisis, en las propias filas del gobierno y diversos sectores de los grandes pulpos, como Macri y ahora Techint, están pidiendo que el Estado socorra a los capitalistas con nuevos subsidios y prebendas. En Prensa Obrera 454 del pasado 4 de julio dijimos que “la burguesía quiere cambiar de frente y de política, pero teme que cualquier intento de cambios tenga un carácter desestabilizador de cara a la grave situación de las masas”. Las peleas de Cavallo con los capitostes “oficialistas” de la Unión Industrial en la reciente conferencia patronal en Mar del Plata revelan este resquebrajamiento del frente patronal. Todas estas pugnas se aceleran por el crecimiento de la resistencia obrera. El paro de Córdoba y las ocupaciones y manifestaciones de San Juan, Tierra del Fuego, Entre Ríos, Córdoba, Neuquén.... Sin embargo, la dirección de la CGT se ha cuidado muy bien de definir el “cese” como un paro. Dice que el “cese” es para facilitar la concurrencia a un acto y no para parar masivamente el país. Y además lo largó con un mes de anticipación con el objetivo, como dijera Eduardo Bauzá, de abrir una negociación con el gobierno. Ayer, Gerardo Martínez dijo que el “cese” era para “recuperar la cultura del trabajo, la reconstitución del crédito y la revisión de la política arancelaria”. No se olvidó de ningún reclamo patronal.¡ Ni una palabra del salario, de los despidos, de los ritmos de trabajo....! Pero este “cese” es una derrota de los burócratas que juramentaron no hacerle ningún paro a Menem. Y sobre todo, para los trabajadores, el paro es más necesario que nunca para hacer frente al descalabro social e imponer nuestras reivindicaciones. Por eso, la primer tarea es que se haga el paro, con movilizaciones desde los lugares de trabajo. En todos lados, en las fábricas y sindicatos, tenemos que plantear esta elemental consigna y discutir el programa de lucha. ¿Cultura de trabajo? Hay 4.000.000 de desocupados y los ocupados trabajan a ritmos infernales, entre 10 y 12 horas diarias, con salarios de miseria. Por eso, el programa del paro debe plantear que se prohiban los despidos y las suspensiones, un seguro al desocupado igual al salario en actividad, que se reduzca la jornada de trabajo sin afectar los salarios para crear un nuevo turno laboral y la anulación de toda la legislación de “flexibilización laboral”. ¿ Reconstitución del crédito ? El gobierno y las patronales quieren bajar los sueldos, pagar en bonos y acaban de acordar una nueva rebaja de los aportes patronales, lo que compromete el pago de las miserables jubilaciones y la atención de las obras sociales. Por eso el programa del paro debe incluir: anulación de las rebajas de los aportes patronales, eliminación de los impuestos al consumo, aumento de emergencia para obreros y jubilados. Entonces, que se haga el paro. Discutamos cómo nos movilizamos, con qué programa derrotamos al gobierno y a las patronales e imponemos la victoria de nuestras reivindicaciones.

Habiéndose realizado los cómputos provisorios en las elecciones de la Ctera, la lista Rosa es clara triunfadora en Salta, Catamarca, Neuquén, La Rioja y se encuentra en paridad de votos con la Celeste en Santa Cruz y Córdoba. También se ganó en el distrito de Moreno del Gran Buenos Aires (Suteba). Estos resultados muestran el enorme ímpetu del activismo docente, que pudo superar la infinidad de trabas burocráticas interpuestas por la conducción Celeste. Estos triunfos, junto con el de San Lorenzo en Santa Fe, abren la perspectiva de imponer un camino de lucha contra los despidos, la rebaja salarial y la modificación del estatuto docente. 15/8/95

El PO de San Lorenzo lanzó su campaña electoral en la localidad, a través de un afiche en el que luego de señalar que justicialistas, radicales y demócratas progresistas son responsables en común por la miseria de los trabajadores, llama a votar a luchadores al Concejo. Candidatos a concejales por el Frente Mas-PO son Miguel Martorell, flamante secretario general de AMSAFE San Lorenzo, Héctor Candaosa, dirigente vecinal y Margarita Olegaria Zabala, activista de la lucha barrial. El Frente plantea como programa: 1. Frente a la desocupación: un seguro al parado de 1.000 pesos (costo de la canasta familiar) y plan de obras públicas, financiados con un impuesto a los grandes pulpos de la zona (Vicentín, Duperial, Pérez Companc). 2. Frente al intento de destruir el hospital “Granaderos”, convirtiéndolo en una sala de guardia; defensa de los servicios integrales del Hospital, financiado por la provincia. 3. Anulación de las tasas de servicios a todos los barrios que pagan y no reciben nada —ni cloacas, ni gas, ni recolección. 4. Contra el proyecto menemista de reducir grados, cerrar escuelas y despedir docentes. Defensa de cada banco y cada hora de trabajo en escuelas y colegios. Defensa de las conquistas del Estatuto del Docente. La lista Mas-PO llama al activismo de los sindicatos y de los barrios y del movimiento democrático de San Lorenzo a constituir una Comisión para llevar luchadores al Concejo y darle la espalda a los “verdugos de siempre”.

El conflicto municipal de General Sarmiento sigue en el candelero. La movilización de los trabajadores de la comuna y de los hospitales arrancó de las arcas provinciales el pago del mes de junio y del aguinaldo atrasados, pero sigue en pie la deuda de julio y la amenaza de censantías y despidos. Duhalde pretendió chantajear a los compañeros planteando la conformación de una mesa de negociación que discutiría las condiciones de distribución del personal municipal frente a la división de General Sarmiento en tres distritos, lo que debe efectivizarse en diciembre próximo. Exigió que los municipales volvieran al trabajo, argumentando que si los municipales no trabajaban no habría recaudación y, por lo tanto, la plata para pagar los sueldos. Frente a la presión municipal, Duhalde dijo comprometerse a no efectivizar despidos, pero sí a “revisar” legajos, “promover” jubilaciones (despidos encubiertos) y establecer “convenios” con sectores privados que “absorberían” la masa excedente de trabajadores municipales después de la división de las comunas. Las propuestas de Duhalde, con las que coqueteó la directiva del sindicato municipal, fueron mayoritariamente rechazadas en una masiva asamblea con más de 500 compañeros. Varios sectores que se opusieron y arrastraron a la mayoría señalaron que había que mantener el plan de lucha y la movilización, sin ninguna confianza en las negociaciones con los funcionarios de Duhalde, porque cuando “nos movilizamos la plata aparece y es la única garantía contra los despidos”. Como fruto de su presión los compañeros lograron “colar” a delegados en las negociaciones. Es fundamental la participación de un comité de representantes electos en asamblea que se integren a las discusiones, manteniendo el plan de lucha y el reclamo del pago de todo lo adeudado, del pago en término de los salarios, la firma de un acta de parte de la gobernación de que no habrá ningún despido y ninguna modificación a las condiciones de trabajo de los trabajadores municipales. La resolución votada en la asamblea es un importante paso y una muestra clara de la desconfianza de la base alrededor de todas estas componendas.

PO: ¿Cuál fue la moción del corralón? Edgardo (delegado del Corralón de Grand Bourg): Nosotros vinimos con la moción de continuar con la retención de tareas hasta que se pague lo adeudado y que exista un compromiso del gobierno provincial de que se paguen los salarios en término. En el corralón todavía no cobramos en forma completa junio y no se sabe nada del mes de julio; se nos adeudan horas extras, plus por ser conductores de máquinas pesadas. La enseñanza de este proceso de lucha que emprendimos es que cuando nos movilizamos la plata aparece. PO: ¿Qué pensás frente a la propuesta de la mesa de negociaciones con el gobierno? Edgardo: Yo creo que es un vallado de contención para manipular a los trabajadores municipales. PO: ¿Cuál fue la moción de los trabajadores del Concejo Deliberante? Julio (delegado del Concejo Deliberante): continuar con las medidas hasta que no se pague lo que se adeuda. Nuestra moción también es que se pida el juicio político al Intendente y al Consejo Deliberante, ya que ellos son culpables de la situación que estamos viviendo los municipales de General Sarmiento. Además, aquí no hay ningún control sobre la recaudación municipal por los trabajadores; mientras la comisión de la gobernación nos manda a trabajar para recaudar, hay informes de que hay 2 millones de pesos de recaudación en el Banco Provincia. PO: ¿Cuál es tu posición frente a la mesa de negociación? Julio: Yo creo que los delegados tenemos que estar en esa mesa; es la única forma de que no se nos escape la información.

Desde 1990, los trabajadores de Deutz no hemos recibido un peso de aumento, aunque la “productividad” se incrementó por lo menos un 50% y las líneas de producción sacan muchos más bienes por trabajador que hace 5 años. La empresa introdujo aquí también el método japonés de “calidad total”, que significó mayor esfuerzo físico y psíquico del trabajador, pero no mayor “calidad” en nuestras remuneraciones, y menos aún en las condiciones de trabajo. Durante estos años, la empresa vendió y facturó alcanzando niveles sin precedentes. Ahora que las ventas han caído pretenden “ajustarnos” a nosotros, que apenas vimos migajas en las épocas de “vacas gordas”. ¿Dónde fueron a parar los fabulosos beneficios de esos años? La patronal —con el apoyo de la burocracia del SMATA— reclama un nuevo torniquete en la política de “flexibilización” laboral que ya sufrimos, mediante la “compensación” de los días no trabajados por falta de actividad, con jornadas más largas... cuando la empresa lo requiera. Los compañeros comprendieron al vuelo el propósito de quebrar la jornada laboral “normal”, destruyendo el régimen de horas “extras” para siempre. Por eso ni con la “vaselina” de la burocracia el nuevo atropello pasó. Cuando comenzó la recesión, la empresa no pagó ni un peso de los días de suspensión, esgrimiendo una legislación de cuestionable aplicación, que la burocracia ni se preocupó en analizar. A partir de julio, la patronal tuvo que pagar los jornales caídos al 75%, y abrió un registro de “retiros voluntarios”. Esto es, despidos encubiertos... después de haber echado alevosamente a los “contratados”. Rodríguez, Amín y Cía... llorones Ahora se habla de nuevos despidos. La burocracia no hace nada para preparar la resistencia de los trabajadores. Por el contrario, no hace más que “negociar” las condiciones... para que pasen. Como los cocodrilos que se comen a sus crías, derraman lágrimas (¡¡de verdad!!) en las asambleas diciéndonos que “no piensen que estamos traicionando” mientras están pactando con la patronal como verdaderos reptiles... y la crisis se “traga” a los trabajadores. Hay que prepararse en serio ante eventualidad de los despidos y para impedir que nos “flexibilicen” más aún, mediante el régimen de las “compensaciones”. No a las suspensiones y despidos. Reducción de la jornada laboral sin afectar el salario. Defensa incondicional de las condiciones de trabajo. Pago en término de los haberes. Que se “gatille” de una vez la parte del aguinaldo adeudada. Que nos entreguen los “Luncheon Tickets” de los días caídos. No estamos solos Los nuevos delegados tienen la oportunidad de formular un programa que termine con los atropellos patronales y las entregadas de la burocracia. Hay voluntad en los trabajadores de actuar como “tractores” para impedir que nos aplasten como esclavos. Los obreros de Deutz haremos nuestro “tractorazo”, para defender a nuestras familias. Y junto a toda la clase obrera defender nuestras fuentes de trabajo.

El paro provincial del 10 de agosto fue total: en la industria, en el comercio, en la administración pública, en las escuelas y en el transporte. Fue aplastante entre los trabajadores privados, confirmando la entrada en escena de la clase obrera industrial en la crisis cordobesa. Los obreros de las terminales, las autopartistas, las fábricas de calzado y las plantas de alimentación, acosados por despidos, suspensiones y atrasos en el cobro de salarios, acataron la medida de fuerza como no lo hacían desde hace tiempo. Así como fue masivo el paro, el acto convocado por la Mesa de Enlace (MOAS, CGT Chacabuco, CTA) fue inferior a otras jornadas provinciales —unos 4.000 trabajadores. La razón de esto debe buscarse en el escaso empeño de la burocracia por una movilización de masas y en la desconfianza de los trabajadores hacia una política que es una vía muerta a sus reclamos. La política de la burocracia, sin excepciones, ha sido pedir “rectificaciones” a la Ley de Emergencia y competir con el gobierno en “salidas creativas” para “ahorrar recursos”. El programa de Campellone (SMATA) se agota en reclamar “la rotación de las suspensiones” en las terminales y la convocatoria a la comisión tripartita de la industria automotriz para que el SMATA oficie de “abogado” de los pulpos en crisis —Antelo (Ciadea) y Macri (Sevel). La dirección degennarista de ATE consumó la derrota por las 850 cesantías en la Lockheed, en las vísperas del paro general. La Coordinadora de Gremios Estatales es, a esta altura, no sólo responsable de la “tregua” que permitió a Mestre aplicar la Ley de Emergencia sino del ahogo de las luchas importantísimas libradas por los trabajadores en las reparticiones y las empresas contra el recorte de la jornada laboral y de los salarios. En varios casos (¡DIPAS!), la burocracia pugna por convertirse en socia de la “privatización” inminente de la empresa. No hay bases para ninguna “tregua” La masividad del paro revela que la “intervención” mestrista está sentada sobre un volcán social cuyo único punto de contención es la política de la burocracia sindical. El gobierno provincial, a su vez, no puede avanzar sin descargar nuevos golpes sobre los trabajadores. Si una semana atrás, Mestre “dejó entrever la necesidad de profundizar aún más el recorte de la masa salarial” (La Nación, 2/8), ahora se confirma que “será necesario que la provincia sufra un nuevo ajuste capaz de generar el superávit fiscal mensual de 28,4 millones de pesos”, necesarios, en primer lugar, para preveer el rescate de los bonos (Cecor), (La Voz del Interior, 14/8). Como la recaudación impositiva cae en picada y no permite cumplir siquiera los compromisos salariales en pesos (por lo que, por ejemplo, los docentes secundarios no han cobrado los tres últimos meses ni el aguinaldo y son sólo el ejemplo más brutal de otros retrasos), el “ajuste” del “ajuste” está en ciernes. De uno y otro han sido eximidos, claro está, los legisladores y los jueces, que han resuelto preservar sus dietas del orden de los 5.000 millones con el amparo especial del “interventor” Mestre. A lo largo del año, el gobierno provincial emitirá bonos por 680 millones de pesos, casi la totalidad de las base monetaria que circula en la provincia (900 millones), un empapelamiento sin límites de circulación limitada y que acentúa la brutal caída del consumo. El gobierno mantiene una “guerra” solapada con el Directorio del Banco Provincia (angelocista) por su renuencia a asistir semanalmente al rescate de bonos, para lo que está limitado, a su vez, por haber “entrado varias veces en rojo con el (Banco) Central” (Ambito Financiero, 4/8). Esta crisis coloca al gobierno como rehén absoluto de la gran banca y coloca al rojo vivo la “privatización” de las empresas públicas, incluido el Banco Provincia. Mestre quiere interesar al Banco Mundial en la operación “rescate” de los bonos, a cambio del remate del patrimonio público de la provincia. Abrir la cuentas, un problema clave La política de la burocracia tiene un acuerdo político fundamental con la “intervención” mestrista: preservar el “muro de silencio” sobre las cuentas del Estado y los capitalistas. Impedir la investigación de los negociados de capitalistas, funcionarios y punteros que vaciaron los bancos provinciales y las empresas públicas y que hoy “descargan” sus robos sobre los trabajadores. Este es, sin embargo, un punto clave. Si no se abren la cuentas y se ejecutan a los responsables del inmenso vaciamiento provincial, no existe una política alternativa a la que plantea que “no hay fondos” y corresponde reducir el salario de los trabajadores sea en forma directa o indirecta (a través de la desvalorización de los bonos). Frente a la política de la burocracia sindical —“convivir con el ajuste”—corresponde “definir la nuestra”: no aceptar bonos ni reducciones y reclamar que se investiguen las cuentas del Estado y los capitalistas, lo que permitirá encontrar la plata para salir de la crisis e impedir la entrega de las empresas públicas y los bancos estatales. Esto plantea construir comités de huelga en cada repartición y empresa y convocar a plenarios abiertos de delegados y activistas en cada gremio para liquidar la “emergencia” capitalista.

El jueves 10 de agosto, una enorme manifestación de trabajadores coincidió en la Plaza Independencia. La docencia (ATEP) y la Intersindical docente (docentes medios, técnicos, etc.), ATE, la Coordinadora defensa de la Caja (que nuclea a diversos sectores jubilados y a los trabajadores de Previsión Social), convocaron a la concentración en la Plaza. Hacia allí confluyeron los municipales de la Capital, que desde el mes pasado vienen parando y en los últimos días realizaron importantes manifestaciones, y los trabajadores de la Sanidad, que en un plenario de delegados desbordaron a la directiva burocrática, imponiéndoles una jornada activa junto al resto de los estatales. Viendo como venía la mano, Ortega gestionó de urgencia un crédito ante el Banco Nación por 25 millones de pesos, poniendo como garantía el 39% de las acciones de EDET (empresa eléctrica que recientemente fue privatizada) y, simultáneamente, otro por 10 millones para el intendente bussista de San Miguel de Tucumán. Con esos fondos, el mismo jueves comenzaron el pago de julio. Pero el aguinaldo seguía sin pagarse, era incierto si el dinero alcanzaría para todos los estatales, y mucho más todavía cómo se pagaría agosto: prácticamente se han agotado las posibilidades de endeudamiento y ya casi no hay que vender. A pesar de todo esto, las directivas de ATEP y de ATE decidieron levantar los paros. Esta dirigencia vinculada al radicalismo y al CTA, va a la rastra de los acontecimientos y es el factor fundamental que está bloqueando una lucha de conjunto. Pero, mientras las burocracias de ATE y ATEP forzaban el levantamiento de las luchas en sus gremios, los municipales de la Capital decidieron proseguir con los paros, los gremios municipales del interior decidieron movilizarse el lunes a la Plaza Independencia, los médicos estatales votaron un paro por tiempo indefinido, los trabajadores de la Sanidad en un plenario de delegados decidieron rechazar la conciliación obligatoria y seguir la lucha. En este cuadro de paros y movilizaciones, se han profundizado los choques entre el bussismo y el gobierno, y el punto de crisis es la transferencia del IPSS. Bussi abandonó su posición de mantener la Caja en la provincia para plantear la transferencia ya, o en caso contrario, una reforma provincial que elevaría el aporte previsional en un 10%. Esta última posición ha sido tomada por un sector de la dirigencia previsional y de los jubilados, y es sostenida también por un ala del PJ, que plantean además elevar a 65 años la edad jubilatoria. El bussismo agita esta salida, que implicaría una reducción salarial, para neutralizar a los gremios y favorecer por esta vía la transferencia de la Caja. La propia evolución de la crisis provincial y el desarrollo de las luchas han ido creando el escenario para que se pueda coordinar una lucha de conjunto y aplastar la política del gobierno. Para ello está planteado que los delegados y el activismo combativo organicen una campaña de asambleas que voten plenarios generales y asambleas de sus gremios y una asamblea general de todos los estatales de la provincia para votar la huelga general, con manifestaciones y toma de edificios. Este es el camino para imponer el pago completo de julio, del aguinaldo, la defensa irrestricta de la Caja, y la apertura de las cuentas del Estado y del Banco Provincia, para ver dónde fueron a parar los fondos que cuadruplicaron el endeudamiento provincial en cuatro años.

Una crisis descomunal tiene acorralado al gobierno de Juárez. El enorme endeudamiento que dejó la Intervención y que sumaría más de 400 millones de pesos (La Gaceta, 13/8) no le permite pagar los salarios ni, tampoco, satisfacer el reclamo de la Iglesia de aumentar los subsidios a los 150 colegios privados de la provincia. Esto último es lo que explica la virulenta oposición del obispo Sueldo. La Iglesia criticó un plan de reducción salarial que implementó el gobierno, pero no se opone a que haya un “ajuste”, que finalmente lo pagarían los trabajadores. “Creo que frente a esta emergencia que está llevando a las provincias a disminuir los salarios o el desempleo, es importante poder conversar con las partes afectadas para ver cómo se puede viabilizar esto, de modo que no sea algo que viene del gobierno, sino algo conversado y asumido por los sectores que van a estar involucrados” (El Liberal, 29/7) (diferenciado nuestro). Este planteo ha sido tomado por la CGT, que señaló que “pueden aceptar la concreción de un ajuste, en tanto que éste sea acordado en una gran mesa de diálogo” (ídem). También los gremios vinculados al CTA, la UCR y los diversos sectores del FREPASO están alineados con la Iglesia. El gobierno, por su lado, plantea la creación de un Consejo Económico y Social para impulsar un “pacto social”. Pero Juárez, que ya fue escarmentado durante el “Santiagueñazo”, sabe que todo esto es un castillo de naipes si se abre paso la movilización popular. Por eso, ante una amenaza de acuartelamiento policial rechazando el plan de descuento salarial que afectaba a todos los salarios de los empleados públicos superiores a los 600 pesos, incluida la policía,, el gobierno dio marcha atrás y replanteó un nuevo plan de reducción salarial, esta vez para los salarios superiores a los 700 pesos. Luego de esto, SADOP, con el indudable apoyo de la Iglesia, realizó una movilización que reunió 8.000 personas, reclamando el pago de los salarios y otras deudas que el gobierno tiene con los colegios privados. Para la semana que viene esta convocada una serie de movilizaciones de varios gremios rechazando los descuentos y reclamando el pago puntual de los salarios. El proceso de movilización popular está quebrando todo el andamiaje represivo que montó el gobierno apenas asumió: depuración de la policía, creación de un escuadrón de la Gendarmería, creación de la Secretaría de Informaciones a cargo de un ex funcionario de la dictadura y el reinicio de la causa contra 80 personas acusadas de haber participado en el “santiagueñazo”.

El sábado 12 se realizó una Conferencia del Comité Capital del PO, con la presencia de un centenar de militantes activos. Se debatió la situación política, remarcándose el vuelco que se está produciendo en la lucha popular y la necesidad de la intervención del Partido para cimentar la perspectiva del reagrupamiento revolucionario de la vanguardia obrera y juvenil en torno al programa socialista del PO. Se voto una campaña para organizar la lucha contra la desocupación y por impulsar en el movimiento obrero la efectivización del paro general para el 6 de setiembre. Se resolvió encarar con este eje central la primer parte de la campaña electoral para la elección de senador que se realizará el 8 de octubre próximo. Así como un plan de movilización partidaria –de agitación, organización y lucha– en torno a los problemas políticos centrales (contra la desocupación, contra la privatización de la salud; contra la ley universitaria menemista y el avance del clericalismo en la educación; etc.). La Conferencia de la Capital aprobó en particular organizar una gran batalla política contra la persecución que Amalita Fortabat y la justicia menemista están realizando contra los delegados del diario La Prensa, peligroso precedente para todo el movimiento obrero. Se votó impulsar una política de piqueteos con la prensa partidaria, para ayudar a la penetración partidaria en los principales frentes de masa y como forma de testear la reacción de estas a nuestros planteamientos. Uno de los puntos centrales fue el de la Campaña Financiera. El Comité está en un 40% de sus objetivos financieros. El ambicioso plan político votado reclama de fondos para poder implementarlo. Solo con una vigorosa política de recursos se puede afrontar las múltiples tareas que tiene planteado el PO en la Capital. Y esta es una tarea que también debe ser encarada políticamente, apelando a la periferia para que apoye la lucha por el paro general, contra la privatización de la salud y la educación, contra las candidaturas burguesas y por un frente de lucha de la izquierda y los trabajadores. La CONFERENCIA votó dedicar la semana que comienza el 14 de agosto a producir un vuelco en la Campaña Financiera, armando visitas a los padrones de simpatizantes, concretando en primer lugar los grandes aportistas, organizando una venta masiva de la rifa en las agrupaciones sindicales que dirige o en las que interviene el Partido, en las grandes empresas, colegios, facultades y barriadas. La Campaña Financiera del PO debe ser tomada como un plebiscito entre el activismo sobre quienes apoyan la lucha consecuente contra el gobierno del hambre y la miseria. La CONFERENCIA del PO de la CAPITAL voto la elección de una dirección para llevar adelante este plan de intervención y el éxito de la Campaña Financiera. ¡Adelante compañeros del PO Capital!

Continúa la campaña en repudio a la persecución penal contra los trabajadores del diario “La Prensa”. En este caso se trata del pronunciamiento de diversos organismos defensores de los derechos humanos, que solicitan “se de curso a las apelaciones de las condenas establecidas” contra los compañeros Adrián Alvarez y Ernesto Gutiérrez, (despedidos e increíblemente sentenciados por haber ido a declarar por la parte trabajadora en un juicio de desafuero que la patronal del diario La Prensa le siguió al delegado Jorge Brodsky, a quién se lo quiere condenar por su actividad sindical luego de habe sido tres (3) veces sobreseído por la propia justicia penal. Los organismos de derechos humanos suscriben que “derivar un conflicto eminentemente gremial al contexto del fuero penal constituye un precedente sumamente peligroso y grave, ya que significa lesionar derechos fundamentales consagrados por nuestra Constitución Nacional”. Entre los firmantes se encuentran: Hebe P. de Bonafini (Asociación Madres de Plaza de Mayo), María Adela G. de Antokoletz (Abuelas de Plaza de Mayo), Lilia de Orfanó y Catalina Guagnini (Comisión de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas), Carlos Zamorano (Lilga Argentina por los Derechos del Hombre), Sergio Pérez Esquivel (Servicio Paz y Justicia), Enrique Pochat (Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos), Victoria Lombán (APDH-Quilmes) y Adriana Calvo, Carlos Lordkipanidse, Osvaldo Barros, Delia Barrera y Ferrando, Guillermo A. Lorusso, Jorge Paladino, Leticia H. Sourigues y Néstor Luis Carllinni (Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos). Estos últimos enviaron una delegación importante al acto público que se realizó el 14 de julio pasado en la UTPBA por el cese de las persecuciones en La Prensa. Es menester continuar con la campaña de pronunciamientos y multiplicar las actividades de denuncia contra la pretensión de la patronal videlista (Amalia Lacroze de Fortabat) de sentar un caso testigo que atente contra elementales derechos humanos y de organización sindical de todos los trabajadores argentinos.

Salta, 14 de julio de 1995 A los compañeros delegados del diario La Prensa perseguidos por la patronal y una justicoa complice Enterarse de las maniobras llevadas a cabo por el diario La Prensa y la justicia contra los compañeros Adrián Alvarez, Ernesto Gutiérrez y Jorge Brodsky, causa un verdadero estupor. Compartimos el punto de vista en cuanto a que se quiere sentar un serio precedente contra el derecho democrático de organizarse y peticionar, reclamar o apelar a la huelga, derecho constitucionalmente consagrado. Por lo expresado, la Secretaría de Derechos Humanos de CONADU hace llegar su fraterna solidaridad a los compañeros perseguidos. Exigimos a la vez, se deje sin efecto las condenas contra Alvarez y Gutiérrez. se levante inmediatamente el proceso contra Brodsky y se proceda a la reincorporación de los mismos a sus puestos de trabajo.

Fue por la enorme influencia ejercida por Engels, personalmente y a través de sus textos, en la camada dirigente de los partidos obreros que conformaban la Segunda Internacional, que diversos autores, lo responsabilizaron posteriormente por haber sentado las bases de la degeneración reformista de aquélla. El extremo fue alcanzado por los dirigentes socialdemócratas alemanes, que exhibieron textos de Engels en apoyo a Alemania al inicio de la guerra franco-prusiana de 1870, para justificar su apoyo a los créditos de guerra solicitados por el Kaiser en las vísperas de la guerra de 1914/18, que consumó la quiebra de la socialdemocracia alemana y de la Segunda Internacional. No sólo omitieron el apoyo dado por Engels a Francia a partir del surgimiento de la Comuna de París, sino que llegaron al extremo de destruir, en los papeles personales dejados por Engels, un plan militar elaborado por él mismo para la defensa de París contra el inminente ataque del ejército prusiano de Bismarck. Toda la operación destinada a hacer de Engels un “padre del reformismo” se basó en una omisión, mutilación o destrucción de textos (o sea, de Historia) semejante a la emprendida ulteriormente por el stalinismo con relación a la Revolución de Octubre, y atendiendo a las mismas necesidades de esta última empresa: preservar los intereses de una burocracia (socialdemócrata o stalinista). Todo esto es paradojal, no sólo por el archiconocido hecho de haber sido Engels quien más insistió en el carácter de clase de todo Estado (inclusive el más “democrático”), sino también por la constatación de que fue Engels, antes de Marx y con independencia de éste, quien primero llegó a esa conclusión: “En tanto Marx afirmaba la subordinación del Estado a la sociedad civil (en su Crítica de la Filosofía del Derecho de Hegel, OC) Engels elabora, aunque no en forma teóricamente generalizada, una proposición igualmente importante: el carácter de clase del Estado” (1). La imagen de un Engels partidario de la transición pacífica al socialismo, a través del sufragio universal, fue introducida por la socialdemocracia alemana, y retomada constantemente por todos los ideólogos democratizantes (o sea, defensores de la “democracia” contra la revolución proletaria), como lo hace Francisco Weffort cuando, como secretario general del PT, proclamó la defensa de la “democracia moderna”, como objetivo máximo del partido. Engels mutilado Según Weffort, calificar esas “democracias modernas” como burguesas es producto de “lecturas mal digeridas de Marx”, las cuales producirían nociones erradas, como “la idea de la democracia como forma, por excelencia, de la dominación burguesa ... mucha gente prefirió olvidar que eso que era verdad para la Europa del joven Marx, va dejando de serlo para la Europa de Engels. Quien tenga dudas, lea el célebre prefacio de Engels al ensayo de Marx sobre Las luchas de clases en Francia”. (2) Se trata de la Introducción de Engels (1895) a la citada obra de Marx, publicada con mutilaciones por la socialdemocracia alemana, para presentar a Engels apoyando una vía no revolucionaria, parlamentaria, de transición al socialismo. Engels protestó vivamente y exigió su publicación por entero. Quien se diera el trabajo de constatarlo, va a hallar en ese prefacio que Engels elogia la inteligente utilización del sufragio universal por el partido obrero alemán, que “aumenta, por el ascenso regularmente verificado y extremadamente rápido del número de votos, la certeza de los obreros en la victoria ... nos provee de un criterio superior a cualquier otro para calcular el alcance de nuestra actuación”, permite al partido obrero llevar su propaganda a todas las capas de explotados, ofrece una tribuna de alcance nacional e internacional, etc., pero nada de que el sufragio universal hubiese cambiado la naturaleza social del estado y del régimen político (los “fundamentos sociales” –burgueses– del régimen, o sea, la raíz de clase del Estado), caso en el cual sería equivalente a una revolución social. Al contrario, el sufragio universal mostraba que “las instituciones estatales, en las cuales se organiza el dominio político de la burguesía, aún ofrecen posibilidades nuevas de utilización que permiten a la clase obrera combatirlas.” (diferenciado del autor) Por lo que parece, Engels no sólo consideraba que las instituciones estatales (una de las cuales es el Parlamento) continuaban organizando el dominio político de la burguesía, sino que el proletariado debía combatirlas (todas), utilizándolas cuando fuera posible. Esto es válido inclusive cuando esas instituciones no se caracterizan por la universalidad del sufragio. Los Estados Generales de la monarquía absolutista francesa, o los zemstvos en Rusia, aún en nuestro siglo, consagraban el dominio político de la nobleza. Aún en ese caso, podían ser utilizados por el proletariado, como muestra el propio Engels en el escrito evocado por Weffort: “Incluso en Rusia, cuando se reunió el famoso Zemsky Sobor ... incluso allí podemos tener la certeza de contar con representantes.” La “defensa de la democracia” es realizada frecuentemente con base en el argumento de que el sufragio universal, en el régimen burgués, es producto de las luchas obreras. La idea de que el sufragio universal es un producto exclusivo de las luchas obreras es unilateral, históricamente falsa y políticamente oportunista. Carlos Nelson Coutinho también golpea esa tecla: “el sufragio universal, una medida esencial para tornar viable la efectivización (del) principio igualitario, sólo fue conquistado en la mayoría de los países desarrollados, gracias a las luchas de la clase obrera, al final del siglo XIX o al inicio del siglo XX.” (3) (diferenciado del autor) El objetivo de Coutinho es probar que los regímenes democráticos no poseen un carácter de clase definido, siendo un terreno neutro de la lucha por la hegemonía entre las diversas clases. En la historia moderna, el sufragio universal fue planteado por primera vez en la Revolución Francesa por los jacobinos (que no eran, ni pretendían serlo, los representantes del proletariado), como método para enganchar a la totalidad de la nación en la lucha contra la reacción feudal. El primer movimiento obrero que luchó por el sufragio universal fue el ya mencionado movimiento “cartista”, en Inglaterra, en la década de 1830, pero fue derrotado, por medio de una violenta represión. El sufragio universal sólo sería concedido en Inglaterra al final del siglo, cuando los sindicatos obreros (“trade-unions”) se encontraban integrados a la política del partido liberal. Un inteligente observador contemporáneo de los hechos comentó: “Los políticos declaran que la clase obrera ya era suficientemente fuerte para tener derecho a voto; la verdad era que ya era bastante débil para que la dejasen votar sin peligro.” (4) El mismo autor, sin ser socialista, entendía bastante mejor que el socialista Weffort que la “moderna” democracia no pasaba de la fachada de dictadura de la burguesía: “Si la antigua oligarquía parlamentaria abandonó su primera línea de trincheras, fue porque había construido otra bastante mejor, a través de la concesión de fondos político-comerciales para el poder privado económico de los políticos, fondos provenientes de la de títulos del Parlamento, y de otras cosas más importantes, y aplicables al financiamiento de las costosísimas elecciones. Un voto era entonces tan valioso como un billete de tren cuando hay una interrupción permanente de la línea. La fachada exterior de ese nuevo gobierno secreto consistía en la aplicación del llamado sistema de partidos. Este sistema no consta, como se supone, de dos partidos, sino sólo de uno. Si hubiese realmente dos partidos, no habría sistema.” El famoso pluripartidismo, fachada de la dictadura burguesa, sólo es posible cuando la burguesía tiene unidad de objetivos (y es lo que explica la estabilidad de la democracia yanqui). Cualquier divergencia de objetivos da lugar al golpe de Estado ("vide" De Gaulle en Francia, 1958), pues la burguesía es incapaz de resolver democráticamente sus divisiones internas: ella entiende, bastante mejor que Weffort y los “demócratas modernos”, que la democracia es apenas la forma de su dominación política. El sufragio universal fue repuesto por la revolución francesa de febrero de 1848. Los representantes del proletariado pedían que fuese postergado, pues temían que “la falta de educación política” de la masa campesina (después de casi medio siglo de restauración monárquica), diese la victoria a los partidos reaccionarios (lo que efectivamente ocurrió). Fue reintroducido por la dictadura de Luis Bonaparte, “pero caería en descrédito como consecuencia del mal uso que le diera el gobierno bonapartista.” (4) Los obreros, además de políticamente dispersos después de la derrota de la revolución, no consideraban útil enviar representantes parlamentarios a un Estado cada vez más dominado por una enorme burocracia política y militar (o sea, por instituciones no renovables por el sufragio universal). Fue en esas condiciones, muy semejantes a las actuales, que Marx escribió que “el sufragio universal decidía, una vez cada tres o seis años, qué miembro de la clase dominante deben representar y reprimir al pueblo en el Parlamento.” (5) En Alemania, el sufragio universal fue introducido, en 1866, por una dictadura, “cuando Bismarck se vio obligado a instituir ese derecho como único medio de interesar a las masas populares en sus proyectos.” (6) El tiro, como vimos, le salió por la culata, pues la socialdemocracia se transformó en partido de masas utilizando ese derecho. La utilización del sufragio universal por gobiernos dictatoriales no fue, pues, inventada por los plebiscitos de Pinochet. Las dictaduras saben que una cierta dosis de “democracia representativa” puede garantizar su estabilidad, como lo probó el gobierno militar brasileño de los últimos 21 años. Existe siempre el riesgo de una derrota electoral (como le sucedió a los militares uruguayos en 1981) pero, en caso contrario, hay riesgos peores. En los países sudamericanos, las primeras grandes luchas por el sufragio universal fueron protagonizadas por movimientos de base popular dirigidos por sectores burgueses excluidos del poder oligárquico (el radicalismo argentino, el batllismo uruguayo). La oligarquía acabó cediendo para coptarlos contra el naciente peligro del proletariado independiente —el partido Radical argentino, con sólo tres años en el poder, masacró a los obreros en la “Semana Trágica” de 1919— teniendo en cuenta la posibilidad de desalojarlos del poder, vía golpe de Estado, cuando eso se volviese necesario, lo que aconteció en Argentina en 1930. Es completamente falso afirmar que “la democracia burguesa formal ... representa una conquista del movimiento obrero y popular que, frente a las amenazas de los golpes militares debemos defender.” Esto porque a) falsea la historia: la democracia burguesa fue producto del aniquilamiento del ala radical de las revoluciones inglesa y francesa, y del ahogamiento en sangre de las revoluciones proletarias de 1848 y 1871 (Comuna de París); b) confunde deliberadamente “conquistas democráticas” (que debemos defender) con “democracia burguesa” (régimen de dominación del capital); c) proclama una solidaridad de principios con el régimen burgués, pues siempre –en tanto exista el Estado burgués– existirán amenazas de golpe militar. El proletariado nunca luchó por el sufragio universal “en sí”, pues ya había experimentado varias formas de utilización anti-obrera del mismo, incluyendo su compatibilización con formas más o menos abiertas de dictaduras de la burguesía. Luchó por los derechos políticos como un aspecto de un vasto programa revolucionario (reducción de la jornada de trabajo, aumentos salariales, impuestos sobre el gran capital, contra el militarismo burgués, por la milicia obrera, por los derechos sindicales) destinado a minar el poder político de la burguesía, situado en el Parlamento pero, principalmente, fuera de él. Es por esto que la burguesía rechazó esa reivindicación toda vez que era planteada por el proletariado militante: se trataba de un momento en la lucha por la organización del proletariado como clase independiente, que conducía necesariamente a la destrucción del poder político de la burguesía, cualquiera fuese su forma política. La extensión (o su ausencia) del derecho del sufragio universal habla respecto a la forma del Estado burgués, pero no respecto a su contenido. Cuando la burguesía (o una fracción de ésta) toma la iniciativa de extender ese derecho, su interés es ampliar las bases sociales de su dominación política. El riesgo envuelto en la operación es el de ampliar también las bases de la acción política de la lucha de clases, con lo que el objetivo perseguido (volver a los explotados más solidarios con el régimen político) se transforma en su contrario. Esta posibilidad depende de diversos factores, de los cuales el decisivo son la organización y la iniciativa independiente del movimiento obrero, y entre los cuales se destaca la existencia de un partido de clase estructurado sobre la base de un programa revolucionario que contraponga los objetivos reales, históricos e inmediatos de la clase obrera a las maniobras democratizantes con las cuales la burguesía procura amortiguar la lucha de clases y subordinar a los explotados a sus objetivos políticos. Pero, se diría, ¿y la “verdadera” democracia (con libre elección, sin condicionamientos, etc.)? La contraposición entre democracias “puras” e “impuras” quiere significar que las primeras son siempre progresivas, que no pueden ser usadas como armas para la reacción. Quien crea eso –Weffort y los ideólogos del PT en primer lugar– deberían dar una ojeada al “viejo Engels” y digerirlo bien: “En lo que dice respecto a la democracia pura y a su futuro en Alemania, pienso que ella tiene allí un papel muy inferior que en los países de desarrollo industrial más antiguo. Pero eso no impide que pueda tener, en el momento de la revolución, importancia como la más extrema tendencia de la burguesía, forma bajo la cual ya se presentó en Frankfurt (se refiere a la Asamblea de Frankfurt de 1848/49, OC), y que pueda convertirse en la última tabla de salvación de toda la economía burguesa y aún feudal. En ese momento, toda la masa reaccionaria se coloca detrás de ella y la fortalece. Todo lo que es reaccionario se comporta entonces como democrático. Nuestro único enemigo, en el día de la crisis y en el día siguiente, es esa reacción total, que se agrupa en torno a la democracia pura (1884).” Es claro que cualquier semejanza entre las palabras citadas de Engels y la política democratizante utilizada por el imperialismo (en especial después de la revolución iraní de 1978 y de la revolución sandinista de 1979) no es pura coincidencia: la “democracia” proimperialista sirvió hasta para cubrir la invasión militar a Panamá. Las “antiguallas” de Engels se demuestran más modernas que las más “modernas” elucubraciones de los “ideólogos” contemporáneos.

La prensa internacional, de la que se ha hecho eco la argentina, titula a toda página que México superó en sólo 8 meses la crisis financiera. El fraude no puede ser mayor porque obedece a una mera campaña especulativa de los tenedores de bonos y acciones mexicanas, totalmente comprometidos con la bancarrota mejicana. En verdad, el llamado “efecto tequila ” todavía no se ha desplegado en toda su dimensión en términos de depresión económica, inflación y crisis social. A 8 meses de la devaluación y crisis financiera, México ha entrado en un profundo proceso de depresión económica. “Más de medio millón de empleos perdidos desde comienzos del año...”, consigna Le Monde (5/7). “La economía se habría contraído un 6% durante el segundo trimestre del año...”, dice The Financial Times (8/8). “La construcción en México registró una caída del 40% en los primeros cuatro meses de 1995, en relación con el mismo período del año anterior”, insiste The Financial Times (2/8). “El desplome de las ventas de automóviles en el mercado interno, que en los primeros cuatro meses del año alcanzó una media del 70%, indica la profunda recesión que afecta a la industria automotriz mexicana” (Ambito, 4/7). El único dato “positivo” es el saldo comercial porque las importaciones se desplomaron por la recesión y ahora México exporta más porque las ventas en el mercado interno son deprimentes. Pero como señala The New York Times, “por el lado financiero, los mayores problemas son los bancos, bancos, bancos”. Es que la crisis financiera colocó al sistema bancario en el más completo derrumbe. “La crisis financiera arrasó con el sistema bancario azteca como si hubiese sido un huracán tropical. El gobierno y el Banco Central se vieron obligados a inyectar miles de millones de dólares en los grupos financieros más débiles”, dice el The Financial Times (12/7), titulando la nota con el sugestivo titulo de “Los bancos vuelven al Estado. La crisis virtualmente re-nacionalizó las recientes privatizaciones bancarias mejicanas”. Es que con el derrumbe azteca, “los préstamos impagos representaban... casi el doble de la suma del capital de todos los bancos del sistema bancario”. De este modo, quebrados, los bancos fueron socorridos por el Estado con lo cual “el gobierno se convirtió en el principal acreedor y potencial propietario de los bancos que fueron privatizados hace sólo 3 años...” (ídem). La insolvencia bancaria puso al descubierto el fraude de las privatizaciones porque “algunos de estos préstamos eran créditos que los nuevos magnates bancarios del país se habían otorgado a ellos mismos para cancelar las deudas incurridas durante la privatización o para incrementar sus participaciones en las instituciones recién adquiridas”. Ahora este auxilio financiero estatal a los banqueros es un completo fraude y colocará a México en la senda de una mayor inflación. “La capitalización del mercado de los grupos financieros más grandes de México cayó de 30.300 millones de pesos antes de la devaluación del peso a 5.300 millones de pesos a fines de junio. Por lo tanto, muchos de los que recibieron préstamos para comprar acciones bancarias probablemente entreguen sus acciones —que no valen nada— en vez de pagar sus créditos” (The Financial Times, 12/7). El operativo fraudulento montado por el gobierno consiste en la compra a los bancos de los préstamos impagos. De este modo, el Banco Bilbao Vizcaya de España tomó el control de Multibanco Mercantil Probursa para lo cual “el gobierno mexicano absorbió 783 millones de dólares en préstamos morosos para facilitar la transacción” (Wall Street Journal,14/6). Lo mismo hizo con el Banco Serfin pues “el gobierno comprará la astronómica suma de 711 millones de dólares de préstamos en mora de las cuentas de Serfin...” (ídem). Toda esta inyección de fondos del gobierno que ya supera los 4.000 millones de dólares, comprando carteras que nunca se recuperarán, constituye una gigantesca emisión monetaria y endeudamiento que empujará aún más a México hacia la inflación y la depresión económica. Los exportadores reclaman un dólar más alto para exportar y licuar sus deudas con el Estado. Esto lo sabe muy bien el imperialismo norteamericano: “La decisión del Presidente Clinton de rescatar a México fue el más amplio compromiso no militar internacional de EE.UU. desde el Plan Marshall. Fue hecho sin el apoyo parlamentario o de la opinión pública, porque significó rescatar a los especuladores norteamericanos” (The New York Times, 25/5), claro está que al precio del más espectacular retroceso y ruina de México. “La crisis financiera desatada hace 8 meses en México amenaza ahora a unos 700.000 mexicanos que enfrentan el riesgo de perder sus casas, si no cumplen con los pagos a los bancos, que en los primeros seis meses de este año efectuó ya 10.000 embargos individuales” (La Prensa, 9/8). “Más de 8.000 empresas cerraron en el primer semestre de este año ... y analistas estiman que 1.500.000 mexicanos se sumarán en 1995 al mercado del desempleo y subempleo” (ídem). De este modo el “modelo mexicano” —la más importante iniciativa financiera capitalista de los últimos 20 años, llamada a superar la crisis de la deuda y la postración mexicana— concluyó en un completo derrumbe colocando ahora a México, en términos económicos y sociales, por detrás de los niveles de 15 años atrás.