Prensa Obrera N° 459

El frío y el mal tiempo no fueron obstáculo para que más de 30 compañeros de la zona oeste y sur del Gran Buenos Aires, participaran del curso de invierno organizado por la UJS-PO. La convivencia, el estudio y la recreación se conjugaron en una gran actividad que agrupó a los secundarios (en su mayoría de importantes colegios del GBA) fortaleciendo de esta forma el trabajo de la juventud en ambas zonas. Durante tres días, el conjunto de los compañeros colectivizaron sus experiencias, compartieron discusiones y extrajeron conclusiones del curso. El estudio del análisis marxista del Estado ayudó a conocer elementos “nuevos” para muchos compañeros, que asumieron el compromiso de fortalecer los planteos del PO, como forma de plasmar lo asimilado en el curso; esto constituye un gran paso adelante, en el sentido de construir una juventud revolucionaria de masas. Ahora está planteado continuar luchando por derrotar las leyes antieducativas, fortaleciendo los Centros de Estudiantes y la Coordinadora Secundaria. ¡Adelante compañeros! 3/8/95

El domingo 30/7 hicimos una nueva actividad en La Chechela, un barrio de los alrededores de Escobar. El objetivo de la recorrida era agitar el volante sobre la desocupación, discutir la necesidad de conformar una comisión contra la desocupación en el distrito, invitar a una charla por el tema el 5 de agosto e impulsar un petitorio reclamando a la intendencia por: trabajo, plan de obras públicas, y servicios públicos y/o privados gratis para los desocupados. Estos objetivos fueron ampliamente cumplidos. Primero fuimos una “patota” de compañeros (19) con bocina, volantes y periódicos; lo cual ya provocó un buen impacto en el barrio. Algunos vecinos salían a escuchar y otros nos pedían volantes. Se produjeron debates políticos importantes donde los vecinos denunciaban por ejemplo los afanos de Edenor con los medidores, la falta de trabajo y otros problemas del barrio. Se vendieron 9 prensas, se juntaron más de 90 firmas y se abrieron unas 20 relaciones a seguir atendiendo. Como balance creo importante señalar que actividades como ésta (sin repetir mecánicamente el esquema) tendríamos que impulsar y sostener en todas las zonas que pretendemos influir. Los barrios se encuentran a la deriva con respecto a los municipios. El porcentaje de vecinos desocupados es altísimo, de cada dos casas hay un obrero sin trabajo. El cuadro es realmente agobiante pero sin embargo, esta experiencia en Escobar refleja que el ánimo de la gente no es de bajar la guardia; ¡Al contrario!, busca una salida, por eso nos escucharon, recibieron nuestros materiales y firmaron sin vueltas el petitorio. O sea el terreno está hoy más que antes todavía para desarrollar nuestras posiciones. La gente quiere organizarse y enfrentar a los responsables de su miseria; como dijéramos antes de las elecciones del 14/5 la tercera vuelta es la vencida, orientemos entonces la rebelión popular en los barrios del Gran Buenos Aires.

Bajo la fachada de la flexibilización del decreto 618, el gobierno introdujo los primeros despidos sobre la base de la “revisión de los malos legajos”, comenzando así el salvaje ajuste, constituyendo estas primeras cesantías una prueba de ensayo ante la cual los trabajadores no podemos permanecer indiferentes. El 31 de diciembre esta situación se repite, extendiéndose a la totalidad de los contratados. Por esto, el Consejo Directivo provincial electo, conjuntamente con representantes de Bariloche, Gral. Roca, Villa Regina y Viedma, plantean su más enérgico repudio a los despidos, exige la inmediata reincorporación de los despedidos, el pase a planta de todos los contratados y convoca a una jornada provincial de protesta el día 11/8/95, en los lugares de trabajo para denunciar este ataque, invitando a que se pronuncien, además, las restantes organizaciones gremiales, sociales y políticas, por la defensa irrestricta de la fuente de trabajo.

El día 23/7 fue asesinado en la localidad de Wilde, a manos de la policía del “gatillo fácil”, el joven Javier Pérez, guitarrista del grupo heavy Exterminio. A la hora en que se implantaría el “Estado de sitio” en la Provincia de Buenos Aires, la juventud es ferozmente reprimida y castigada por el aparato represivo de Duhalde. A las tres de la mañana, a los gritos, empujones, tirones de pelo y con una pistola a cinco centímetros de su cabeza era sacado de una pizzería mientras el tiro se disparaba del arma. Javier estaba por cumplir 24 años en este mes, vivía en la localidad de San Martín, desde los 20 concurría a todas las marchas por la muerte de Bulacio. El policía que lo mató dijo que el tiro se le escapó. Las circunstancias poco importan, porque de conjunto esto no demuestra más que el grado de atroz represión, barbarie y persecución en la que este sistema sume a la totalidad de la juventud. El asesino y el asesinado eran menores de edad, una franja de la juventud que se encuentra hambreada y masivamente desocupada. Este régimen, mientras nos va sacando el futuro, nos hace enfrentar entre nosotros. Por juicio y castigo. No a la policía de “gatillo fácil”.

En la última semana se ha acentuado el vuelco de la situación política, que habíamos destacado en nuestra edición anterior. La característica más importante de ese vuelco es el avance que se ha producido en la lucha popular. Por un lado, esa lucha ha comenzado a tener un carácter de conjunto. Así lo demuestran las huelgas generales en Córdoba y en San Juan (con ocupación de edificios públicos) y las que se anuncian en Neuquén y en Entre Ríos. También lo demuestran las manifestaciones masivas ocurridas en Mar del Plata y San Nicolás. Incluso la CGT menemista está considerando, al cierre de esta edición, el lanzamiento de una jornada, manifestación o paro. Pero, además, algunas de las luchas en curso han conseguido, por primera vez en mucho tiempo, hacer retroceder al gobierno. Es lo que ha ocurrido en San Juan con la anulación de la reducción de los salarios, aunque la burocracia permitió que se la sustituya con bonos. Es también lo que ocurrió en la Cervecería Córdoba, que fue ocupada por sus trabajadores y que obligó al gobierno a dictar una conciliación obligatoria con la reincorporación de los despedidos. Continúan habiendo, claro está, algunas derrotas importantes, como en el caso Lockheed, en el que la burocracia de ATE se ha puesto a discutir un aumento de las indemnizaciones y “reconversiones laborales” para las 850 despedidos, en las vísperas de una huelga general. La política de la burocracia de los sindicatos es conformarse con los pasos atrás que los gobiernos se ven obligados a dar por la presión de las masas, sin importarle que esos retrocesos no resuelven ni mínimamente los problemas de los trabajadores, ni que constituyen respiros para emprender nuevos ataques contra el pueblo. La otra característica del momento actual es que se acentúa el empantanamiento, el inmovilismo e incluso la división en el gobierno y entre los capitalistas. La renuncia de Tacchi ya es interpretada abiertamente como un golpe contra Cavallo. Sin embargo, fue saludada por la Bolsa con una suba de cotizaciones, porque podría significar un perdón para las deudas impositivas de varios pulpos, en especial Macri y Antelo (Renault). Macri no vaciló en apoyar la partida del ex funcionario de la dictadura. Con relación a la crisis industrial y a la desocupación, el gobierno no ha logrado siquiera producir anuncios. A pesar de la caída de la producción automotriz, de la construcción, de la metalúrgica y, en algunos casos, hasta de la alimenticia, e incluso del aumento de las quiebras y convocatorias de acreedores, Cavallo sólo pudo responder con la obtención de un empréstito en marcos, pero no para reactivar la producción, sino para recomprar, anticipadamente, bonos que se encuentran en circulación. Con esto pretende elevar su precio y mejorar los balances de los bancos que los tienen en su poder. El negociado se completa con la noticia de que para obtener los 500 millones de dólares para esta bicicleta financiera, el gobierno ha dejado en garantía, en el Deustche Bank, 1.250 millones de dólares, que corresponden a las reservas que están obligados a guardar los bancos en el exterior. El mencionado préstamo en marcos impresiona como la operación de un gobierno acabado, que está apurado por cumplir con los últimos “compromisos” con sus amigos. Lo mismo ocurre con el faraónico proyecto de la aeroisla. Pero el desbarranque mayor del menemismo lo expresa la caída de la recaudación de impuestos, del orden del 30%, a pesar de los aumentos de impuestos que se establecieron a principios de año. Como este hecho compromete el pago de la deuda externa, el FMI está exigiendo que se mantengan los aportes patronales y que se aumente el impuesto a los combustibles. Lejos de ofrecer una salida a las masas y a la crisis, el gobierno actúa acorralado por los acreedores, que son una de las dos patas fundamentales del gobierno menemo-cavallista. Los retrocesos sufridos por el gobierno y las patronales ante la movilización de las masas, unido a la propia crisis e inmovilismo oficiales, nos están diciendo que es la hora de profundizar y extender la movilización popular, fundamentalmente por medio de la huelga general y la toma de edificios. La consigna para estas luchas está dictada por la propia situación y por las necesidades populares: ningún despido, ninguna reducción de salarios, que se abran las cuentas del Estado y de los capitalistas, que se establezca un seguro al parado, que se reduzca la jornada laboral sin rebaja de los sueldos. En el curso de esta lucha será necesario avanzar en la organización, formando comités de huelga y de lucha y exigiendo a los sindicatos y regionales cegetistas la convocatoria de plenarios de delegados con mandatos de las bases. Se puede. Se puede. Se puede. Hay que volcar todos los esfuerzos a la tarea de GANAR.

Mientras toda la prensa internacional y sus respectivos columnistas se quejaban de una “impotencia de Occidente” ante la guerra en la ex Yugoslavia, el imperialismo yanqui se encontraba preparando minuciosamente un desenlace brutal. A principios de la presente semana, un ejército croata de 100.000 hombres, armado por los Estados Unidos y Alemania, a pesar del “bloqueo” establecido por la ONU, arrasaba con la zona autónoma serbia de Krajina y sometía a sus habitantes a una “limpieza étnica” que nada tiene que envidiar a la que han ejecutado regularmente las milicias serbias en Bosnia. El ejército croata ha actuado como un sustituto de la supuesta necesidad de que los ejércitos de las grandes potencias se involucraran directamente en la guerra para poder detener los asaltos de las milicias serbias a los enclaves musulmanes en Bosnia. Mientras los pacifistas de todo el mundo y los “trotskistas” del tipo del Mst reclamaban el levantamiento del bloqueo a Bosnia, el imperialismo yanqui venía armando sistemáticamente a los musulmanes bosnios y a sus aliados croatas con la finalidad de imponerle a las milicias serbias un empate militar y la obligación, por lo tanto, de un acuerdo político. En tanto que los comentaristas internacionales denunciaban la negligencia del gobierno de Clinton ante la “tragedia” en los Balcanes, explicándola por una ausencia de intereses estratégicos de los Estados Unidos en la región, el estado norteamericano diseñaba con toda precisión una “salida” que ha dejado “pagando” a los “cascos azules” y a la ONU, así como a los “amigos” franceses, ingleses y rusos. El ejército croata, armado por Estados Unidos y Alemania, y actuando bajo expresas indicaciones del gobierno norteamericano, realizó el “trabajo sucio” que la prensa pacifista le reclama a las fuerzas armadas de las grandes potencias. La victoria yanqui-croata ha modificado hondamente la situación internacional, esto porque ha convertido a la alianza EE.UU.-Alemania en el árbitro indiscutido de la situación de la Europa oriental, lo cual le da la posibilidad, quizás decisiva, de integrar al este europeo a la Otan y dictar, con ello, los términos de la política europea en su conjunto. Un analista del principal instituto de defensa y política exterior de Alemania acaba de plantear la necesidad de “hacer todo para mantener creíble y efectivo el compromiso de los Estados Unidos en Europa” para asegurar el éxito de la asimilación de Europa oriental a la Otan, y para que ésta continúe siendo “un sistema único de seguridad” (The Financial Times, 1/8). El planteo pone en evidencia los términos de la alianza EE.UU.-Alemania, que cobrarán un nuevo impulso como consecuencia de la superación del “obstáculo” que representa la guerra en la ex Yugoslavia. El asalto croata, sin embargo, no hubiera tenido la efectividad que demostró, si los yanquis no se hubieran asegurado la otra pata vital de la empresa: el acuerdo del gobierno serbio-yugoslavo que encabeza Milosevic. En efecto, cuando el ataque croata contra la región serbia de Krajina aun no había comenzado, “En Belgrado, el principal diario de Serbia, Politika, publica un comentario que parece anticipar la derrota de los rebeldes serbios y que distancia a Slobodan Milosevic, el presidente serbio, del ataque inminente. Esto puede reducir los temores occidentales de que Serbia sea llevada rápidamente al conflicto” (The Financial Times, 3/8). El acuerdo yanqui-serbio, en realidad, es de vieja data y contiene el reconocimiento de la mayor parte de las conquistas de las milicias serbias en Bosnia. Este hecho, más la formación, el año pasado, de la federación musulmano-crota de Bosnia, organizada por Estados Unidos, significa la partición completa de Bosnia entre croatas y serbios. Los fascistas serbios de Milosevic se aseguran con todo esto el control de Kosovo, contra la aspiración independentista del 90% de sus habitantes, y el de Macedonia, disputada por Grecia y por Bulgaria. El fin de semana pasado, la connivencia de Milosevic con el ataque croata era tan evidente que The Financial Times (5/8) pudo titular que “Milosevic hace la vista gorda al destino de los serbios de Krajina”. Hace dos meses había hecho lo mismo con la ocupación, por parte de los croatas, de la región de Eslavonia occidental, ocupada por serbios. El acuerdo de los serbios con el imperialismo yanqui desmantela la tontería divulgada por otro sector de la izquierda, que atribuye un carácter progresivo al régimen de Belgrado, como ocurre por ejemplo con el partido comunista e incluso grupos “trotskistas” (Spartacist de Estados Unidos). Ese acuerdo cuenta con el apoyo del ejército yugoslavo-serbio y de las milicias serbias de Bosnia, como lo prueba el fracaso del intento del presidente de estos últimos de destituir, al general Mladic, su comandante en jefe. El embajador norteamericano en Croacia mantuvo conversaciones secretas con el lider serbio de Krajina, el cual concluyó aceptando la posición norteamericana de renunciar a la autonomía de esa región (The Financial Times, 3/8). Para completar, Helmuth Kohl, el primer ministro de Alemania, acaba de expresar su “simpatía con la última ofensiva de Croacia”, y la expectativa de que ésta se detenga en el punto que ha alcanzado (The Financial Times, 7/8). Esta es, precisamente, la posición de Clinton, Milosevic y tutti quanti. “¿Ha comenzado un nuevo reparto de Europa?”, se pregunta, tardíamente, el corresponsal ruso de la agencia Novosti (Cronista Comercial, 1/8). El periodista, sin embargo, cuando plantea la cuestión, no tiene en cuenta la situación en la ex Yugoslavia. Pero es el papel decisivo que los yanquis acaban de conquistar en los Balcanes lo que realmente va a zanjar ese nuevo reparto, con la incorporación de los países de Europa oriental a la Otan. El ataque yanqui-croata, lanzado a partir de un acuerdo yanqui-serbio, ha provocado el completo fracaso de la política de la burocracia rusa, que pretendía, privatizaciones y aperturas mediante, ganar un acceso a Europa que la vieja “guerra fría” se lo había estado impidiendo. Este fracaso provocará nuevas fracturas políticas en el estado ruso. Por último, el giro político en los Balcanes ha relegado un plano secundario a Gran Bretaña y a Francia, las que sin embargo habían hecho el principal gasto político y militar desde el comienzo de la guerra. El presidente francés, Chirac, recibió con ello una ruda lección, porque habiendo reclamado el apoyo para que ingleses y franceses pudieran recuperar el terreno perdido por los cascos azules, se encuentra ahora que esa tarea la resolvieron los yanquis, quienes no dejarán de aprovechar su avance para imponer sus propios términos a sus rivales imperialistas. La “democracia” occidental ha producido una nueva “proeza”: consolidar a dos regímenes fascistas y criminales, necesarios en estas circunstancias para lanzarse al copamiento completo de Europa, desde el Atlántico a los Urales. Pero esto mismo nos está diciendo que ha comenzado un período de guerras en el viejo continente. Solo puede detenerla la unidad de la clase obrera de los Balcanes en una federación socialista y la unidad socialista de Europa

A los afiliados de ATE Río Negro: El descomunal ataque perpetrado contra el conjunto de los ESTATALES RIONEGRINOS, es proporcional al saqueo de las finanzas provinciales organizado por el actual gobierno, tanto nacional como provincial, el mismo que en los últimos ocho años ha beneficiado a los grupos de poder con créditos truchos, que evaporaron 200 millones de dólares del Banco Provincia, casos Toddy, Galme, Crybsa, 58 millones de dólares para la Fundación Médica de Río Negro y Neuquén vía IPROSS, 30 millones de dólares para los Productores en concepto de SUBSIDIOS, 4 millones de dólares más por el caso C.O.E.R.P.E. y varios negociados más que demuestran a las claras que no es cierto que no hay plata en la Provincia. Esta FIESTA se ha pagado a costa de los miserables sueldos de los trabajadores. Hoy, después de años de vaciamiento, como no le cierran las cuentas, pretenden que esta crisis, que no es responsabilidad de los trabajadores, la paguemos con despidos, rebajas de sueldos, atraso en los cobros, destrucción de la salud, educación y liquidación de la obra social y las Cajas de jubilación. En este marco, la conducción electa de ATE Río Negro manifiesta su completo rechazo a este plan de destrucción de la familia trabajadora. Habiéndonos opuesto en su momento a la firma del ACUERDO DE CRISIS, por ser inaceptables sus términos, lamentamos que la realidad vaya confirmando que teníamos razón, siendo la prueba más contundente de la resolución por la cual quedan cesantes los compañeros contratados y denunciamos en particular la TRAICION de Héctor Villalba, actual Secretario General de ATE, al firmar en forma inconsulta el Acuerdo de Crisis, con el repudio mayoritario de las seccionales, atando de este modo al gremio al carro del gobierno. Esta conducción electa ha exigido la renuncia del Secretario General saliente, quien a pesar de haber perdido las elecciones gremiales que se desarrollaron el día 6 de junio de 1995, hace oídos sordos al mandato soberano de los afiliados, poniendo en una difícil situación a la organización gremial. En segundo lugar, reclamamos al gobierno provincial: • La inmediata reincorporación de todos los despedidos. • Inmediato pago de todas las deudas salariales, aguinaldo incluido. • Cobro en término para activos y pasivos. • Pase a planta permanente de todos los contratados. • No a la rebaja salarial. Promovemos la JORNADA PROVINCIAL de protesta por estas reivindicaciones. ATE Río Negro (Siguen firmas de autoridades electas)

Tres de los mayores sindicatos norteamericanos —la UAW (United Auto Workers, automotríz), la USA (United Steelworkers of America, siderurgia) y la IAM (International Association of Machinist and Aerospace Workers, mecánicos e industria aeronáutica) anunciaron su unificación en un sindicato común, que contará con más de dos millones de afiliados. Los sindicatos fusionados convocaron a otros gremios a este proceso de unidad (particularmente a los mineros). Con anterioridad el sindicato del neumático (United Rubberworkers of America) se había entregado a la United Steelworkers. La creación del “supersindicato” es —según sus propios impulsores— un intento de frenar la declinación del número de afiliados y de la “influencia” sindical. La unificación es una respuesta limitada y burocrática a una crisis política muy profunda de los sindicatos. En lugar de establecer un programa de lucha que haga frente a la cuestión de la desocupación, el retroceso salarial, la superexplotación (“flexibilidad laboral”) y los crecientes ataques a la seguridad social; los burócratas creen que podrán controlar la crisis mediante la unificación de sus presupuestos financieros y el reforzamiento de su trabajo de presión (“lobby”) en el Congreso. Recientemente, un amplio sector de las direcciones sindicales (entre las que se cuentan los sindicatos ahora fusionados) decidió enfrentar a la actual dirección de la AFL-CIO (CGT) y sustituirla por un “nuevo liderazgo” (ver “La crisis de la AFL-CIO” en En Defensa del Marxismo, nº 7). La “política sindical” en Estados Unidos se concentra en la acción de “lobby” en el Congreso norteamericano, en el financiamiento de las campañas electorales de los candidatos del partido demócrata y, de vez en cuando, en el subsidio a los trabajadores en las huelgas, que la burocracia concentra en una o dos fábricas por rama de producción en los períodos de renovación de los convenios de trabajo. Estas huelgas “demostrativas”, han llevado al movimiento de derrota en derrota; la más reciente es la de Firestone/Bridgestone, del neumático ... precisamente conducida por uno de los sindicatos fusionados, la USA. El Financial Times (29/7) califica a la unificación como “la versión sindical de las restructuraciones corporativas”, porque uno de sus objetivos es “reducir los costos administrativos de los sindicatos”. Uno de los dirigentes del gremio de los metalúrgicos (Steelworkers) reconoce que “anteriores intentos de unificación sindical no han resultado exitosos” (ídem). Y este intento volverá a fracasar porque tiene por objeto continuar aplicando la misma política que ya ha fracasado ... Para frenar los ataques patronales y defender sus conquistas, el movimiento obrero norteamericano no necesita mayores aparatos sindicales sino una ruptura con la política reaccionaria y nacionalista que llevan adelante sus direcciones y el restablecimiento de la independencia de clase.

El 31 de marzo los trabajadores metalúrgicos, estatales y de otros gremios de Tierra del Fuego se concentraron frente a la casa de gobierno en Ushuaia. Congelados y hastiados ante la indiferencia oficial, los metalúrgicos decidieron enviar una delegación para reclamar una entrevista a las autoridades. Al ingresar a la Casa de Gobierno se inició una salvaje represión policial. Pero la misma “justicia” que no encuentra a los culpables del asesinato del obrero Victor Choque, acusó luego a 14 dirigentes y delegados sindicales de “instigar a cometer delitos”, “intimidación pública”, “atentado y resistencia a la autoridad”, “lesiones y usurpación” y otras perlitas. Posiblemente, durante setiembre, se realice un juicio oral y público contra Zárate y Martínez de la UOM de Río Grande, Sosa y Valle de la UOM de Ushuaia, Portel y García de ATE y contra los delegados Eduardo Stzes, Pablo Peña, Enrique Vera, Carlos Hilbe, Adrián Sarla, Reynaldo Alvarado, Luis Peñalva y Fabián Magdalena. Llamamos a las organizaciones políticas, sindicales, estudiantiles y populares a movilizarse por la anulación del proceso a los dirigentes obreros de Tierra del Fuego. Junto con el de Brodsky y los delegados del diario La Prensa, éstos son, en la actualidad los casos pilotos que está instrumentando la “justicia” menemista contra la resistencia y los derechos del pueblo trabajador.

PO: Este círculo nació prácticamente con la campaña financiera y la misma ha servido para integrar algunos compañeros como el caso de Catalina y Mónica. ¿Qué opinás de la campaña? Mónica: El aporte es necesario para que el PO tenga recursos para la lucha. Los trabajadores no tenemos un mango, la situación es muy difícil para todos, por eso tenemos que esforzarnos en explicar por qué hace falta su colaboración. Que el pequeño aporte que puedan hacer es necesario para ellos mismos, no hay otra, la única salida es agrandar el PO. PO: ¿Cómo sigue la Campaña Financiera? Catalina: En Caraza tenemos pensado invitar a los vecinos, amigos, parientes, a una reunión en la casa de alguno para charlar de los problemas del Barrio, Salud, Educación, etc., y darle un impulso a la CF. La idea es superar el Plan original. La situación económica está dura, pero así y todo ya han adelantado parte de su aporte todos los que se comprometieron.

Un “informe de inteligencia" que se pudo conocer en los últimos días advierte que “la tensión social sigue latente en Tierra del Fuego" (El Cronista, 1/8). Claro está que no hace falta ser muy “inteligente" para ver por qué sucede esto: la sistemática política de despidos y suspensiones de las patronales metalúrgicas, el desempleo abrumador y las amenazas patronales de retirarse de la isla. En Ushuaia, Philco suspendió a la totalidad de su personal por 45 días; Noblex hizo lo mismo por un mes; Teleushuaia (Toshiba) cerró la planta y despidió a 66 compañeros; Bencer (Aurora), la fábrica más importante de la ciudad, comenzó a despedir supervisores. En Río Grande, las siete empresas metalúrgicas más importantes tienen a la totalidad de su personal suspendido; a ellas se suman Radio Victoria Fueguina e Hitachi, que también anunciaron la suspensión de su personal. Los despidos y suspensiones masivas provocaron una situación de “precariedad extrema» en las barriadas obreras de las dos ciudades, que la ola de frío agravó hasta límites intolerables. Para acabar con esta situación hay que seguir el camino votado por las asambleas metalúrgicas: ni un despido ni una suspensión; reducción de la jornada laboral y reparto de las horas entre todos los compañeros. Expropiación bajo control obrero de toda fábrica que cierre o despida; por un subsidio equivalente al salario para todos los desocupados y suspendidos.

PO: Contanos Lili, ¿cuántos aportes lograste hasta ahora? Liliana: A la fecha ingresé 16 aportes por aproximadamente 250 pesos y tengo 10 aportes más “comprometidos” que tienen que ingresar en los primeros días de agosto. PO: ¿Cómo los lograste? Liliana: Ustedes saben que ésta es mi primera campaña financiera “en serio” en el partido; si bien como miembro de la organización desde hace unos pocos años participé de otras, ésta es la primera vez que asumí plenamente esta campaña. Es que comprendí la importancia de las finanzas en la vida del partido y salí con todo a decirle a mis relaciones, incluso a aquéllas que mantienen discrepancias, pero reconocen nuestro empeño en la defensa de las reivindicaciones populares, que sin plata no se puede hacer nada. Es así por ejemplo que, gente que me ha declarado que votó por Bordón, me aportó, reconociendo en algunos casos que verificaron la justeza de nuestras críticas, o que, lo menos, no pueden dudar de la calidad y la seriedad de nuestros planteos. PO: ¿Que objetivos tienen en la zona? Liliana: Con la campaña electoral hicimos una importante actividad en Mariano Acosta, que a la luz del resultado golpeó inicialmente a algunos compañeros. Estamos remontando esto, preparando una charla política y un locro en la casa de una compañera, donde se está reagrupando todo un conjunto de compañeros, con los que tenemos planteado abrir un local en la zona. Tenemos dificultades para sostener los locales que ya tenemos en la regional, la recesión nos ha golpeado seriamente las finanzas “regulares”, pero la campaña financiera me ha demostrado que seremos capaces de retomar una gran iniciativa, sobre la base de que somos la única fuerza que da respuestas muy concretas frente a los despidos y la desocupación, lo que se comienza a revelar también en el aporte a la campaña de compañeros desocupados, que hacen un esfuerzo muy grande para aportar aunque sea 5 pesos en reconocimiento de nuestra labor.

El gobernador Escobar se vio obligado, finalmente, a recular ante una impresionante huelga general protagonizada por los gremios estatales, el comercio y los trabajadores del transporte, y ante la continuidad de las ocupaciones de edificios públicos. Después de una semana de repetir que “la rebaja de los sueldos es inevitable”, Escobar fue obligado por la fuerza de la huelga a encontrar una “solución negociada”: no se reducirán los salarios pero se pagará sólo el 80% en efectivo; el resto se hará en bonos (sirven para pagar impuestos y cuotas de la vivienda) (en el caso de los docentes, recibirán un 10% en bonos y el 10% restante será descontado como una “deuda reconocida”, que se pagaría el año próximo). El porcentaje que se paga en bonos –según los acuerdos establecidos– se reduciría paulatinamente hasta diciembre, cuando el 100% de los sueldos volvería a pagarse en efectivo. Conclusión: para hacer retroceder a los gobiernos, no hay nada como una huelga general con ocupaciones. Ahora bien, Escobar reculó, pero no fue derrotado. Aunque menor, la reducción salarial sigue en pie: el propio Escobar calculó que, con estos acuerdos, lograría un “ahorro” del 22% sobre la nómina salarial (Página/12, 5/8). El núcleo de su programa político –que la crisis la paguen los trabajadores y no los grupos capitalistas que fundieron la provincia, entre ellos el que encabeza el propio gobernador– sigue en pie. Por eso Clarín (4/8) puede decir que “(con el acuerdo) San Juan se convierte en la primera provincia donde el gobierno logra imponer su plan de ajuste”. Los términos del acuerdo entre el gobernador y las burocracias sindicales no abren ninguna perspectiva para los trabajadores de la provincia. El gobierno se apresta —ahora con la colaboración de la burocracia, que ha firmado la “paz social” con Escobar— a aplicar su política de reducción salarial y despidos por medios indirectos, esquivos y retorcidos pero no menos efectivos: la desvalorización de los bonos, el atraso en el pago de los salarios, el desconocimiento de las deudas “reconocidas”, el “estiramiento” del plazo de pago con bonos. Escobar está “obligado” a actuar de esta manera porque la provincia está en quiebra y porque su política es que los trabajadores paguen la cuenta. Los trabajadores sanjuaninos no lograron derrotar a Escobar debido a la política de la burocracia sindical. La fuerza, profundidad y extensión del movimiento daba para mucho más que para “suavizar la rebaja salarial” (Clarín, 4/8) que es el límite que la burocracia autoimpuso a la movilización de los estatales. La huelga general y las ocupaciones permitían imponer una salida de conjunto a la crisis provincial. Esto significaba: nada de bonos; apertura de los libros y las cuentas del Estado, del banco y de las empresas provinciales (para sacar a la luz el vaciamiento capitalista del banco y las finanzas provinciales); confiscación sin pago de los pulpos que han vaciado las finanzas provinciales; el cobro compulsivo de los grandes deudores del banco y de la empresa de energía provincial; el establecimiento de impuestos progresivos al gran capital y a la gran propiedad rural. Aceptar los bonos significa renunciar de entrada a esta perspectiva. “Que la crisis la paguen ellos” es la verdadera cuestión: fuera de esta perspectiva, cualquier retroceso gubernamental frente a las luchas obreras será apenas transitorio o táctico y servirá a los gobiernos para retomar con más fuerza su ataque contra los trabajadores. Aprendamos, en San Juan y en todas las provincias, esta lección.

De las Madres de Plaza de Mayo Buenos Aires, julio 14 de 1995 Señores Unión de Trabajadores de Prensa (UTPBA) Queridos compañeros: Las Madres de Plaza de Mayo nos solidarizamos y acompañamos a los trabajadores en su lucha, y repudiamos toda clase de persecución. Un abrazo fraterno. Hebe P. de Bonafini Presidenta Asociación de Docentes de la UBA (Integrante de la CONADU) Buenos Aires, 14 de julio de 1995 Compañeros de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires Estimados compañeros: Nos sumamos a la campaña que han emprendido para enfrentar los procesos penales contra los trabajadores del diario La Prensa. Estos juicios infames contra Adrián Alvarez, Ernesto Gutiérrez y Jorge Brodsky sin duda pretenden intimidar a todo trabajador que defiende sus derechos y desalentar al conjunto del movimiento obrero a plantear sus reclamos ante la justicia. Como docentes universitarios queremos denunciar que la pretensión de resolver los conflictos gremiales en el fuero penal, pretensión de la cual los fallos contra Alvarez y Gutiérrez y el próximo juicio a Brodsky son casos testigo, también amenaza a dirigentes de nuestro gremio. La profesora Silvia Mansilla, Secretaria Adjunta, y el profesor Luis Tiscornia, Secretario General de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Comahue, también han sido demandados en sede penal por el rector de la Universidad Nacional del Comahue, por su participación, junto al estudiantado, en la movilización contra el arancelamiento universitario y el proyecto de Ley de Educación Superior. Al hacernos presentes en esta convocatoria, les hacemos llegar un saludo fraterno y la solidaridad de la Mesa Ejecutiva de ADUBA en esta lucha. Por la Mesa Ejecutiva de ADUBA Carlos F. Mosquera (Secr. Gremial) Graciela Molle (Secr. Derechos Humanos)

Durante los últimos dos años, el gobierno de Santiago del Estero fue presentado como el ejemplo de que el “plan” Cavallo tenía siete vidas, ya que sobrevivió al derrumbe económico y a un levantamiento popular provocado por ese derrumbe. Schiaretti, el “comisario político” designado por Cavallo como interventor de la provincia, había logrado imponerle una serie de penosos “sacrificios” a los trabajadores provinciales y que el justicialismo volviera a ganar en las últimas elecciones. En definitiva “los que hicieron el Santiagueñazo votaron por Menem” ... Ya han pasado más de dos años de “milagro permanente” de Cavallo en Santiago del Estero y, según el vicegobernador electo, Luis Peña, hoy “la situación económica, administrativa y financiera es desesperante ... mucho peor que antes del estallido social del 16 de diciembre de 1993” (La Voz del Interior, 2/8). Según distintas fuentes, Schiaretti tomó créditos bancarios por más de 50 millones de pesos sólo en los últimos seis meses (La Gaceta, 24/6) y dejó un déficit de 9 millones (La Voz del Interior, 2/8). El último de estos préstamos, por 14 millones, estaba destinado a pagar el aguinaldo ... pero lo cierto es que hoy, a principios de agosto los estatales no cobraron los aguinaldos y “la nueva gestión no ha dado señales” de cuando piensa pagarlos (La Voz del Interior, 2/8). Schiaretti denunció que dejó el dinero necesario para pagarlos y que “si no los pagaron, no voy a opinar” (La Voz del Interior, 3/8). Los atrasos en los pagos en las municipalidades del interior ya han desatado un “estado de asamblea” permanente y movilizaciones en la mayoría de los pueblos. Los gremios provinciales, por su parte, declararon una “tregua” de quince días, que no tiene ninguna perspectiva ante los ataques que se vienen. Apoyándose en el “desastre” dejado por los cavallistas, los que vienen a reemplazarlos aplican una política cavallista: el gobernador Juárez ya anunció una reducción salarial de entre el 5 y el 15% y se estudia la eliminación de los adicionales por antigüedad, por título y por funciones operativas (La Gaceta, 24/6) y el despido de 1400 estatales (despedidos en su momento por Lobo y luego reincorporados por Schiaretti). ¿Pero no era que las “leyes de emergencia” y las reducciones salariales y los despidos eran el resultado de “no haber hecho el ajuste”? Santiago del Estero fue la adelantada de las privatizaciones, de la “racionalización del gasto” y hoy está “entre los distritos con mayores inconvenientes para saldar sus deudas con proveedores y empleados” (La Voz del Interior, 2/8). ¿Cómo explican los que nos acusan de ver “crisis” donde no existen que nosotros hayamos pronosticado, con dos años de anticipación, que la intervención cavallista sólo podía acentuar la bancarrota provincial? El hundimiento de Santiago del Estero –la “joya de la corona” cavallista– es la síntesis del hundimiento general del “plan” Cavallo.

La crisis de conjunto se ha agravado en la provincia. A Ortega le quedan tres meses de gobierno y desesperadamente está procurando llegar a octubre sin que se produzca algún estallido. Por eso está evitando aplicar una serie de medidas que está reclamando el bussismo para disminuir el déficit mensual, que llega a los 15 millones de pesos. Entre esas medidas está la transferencia de la Caja Provincial, una ley de jubilaciones anticipada, la prórroga del “bono” hasta 1999 (vence a fin de año), y una recolocación de los bonos Independencia por 200 millones de pesos. La tensión entre FR y el gobierno se ha alimentado también en relación a la disputa por el nombramiento de los miembros del Tribunal de Cuenta, de los órganos de control de las empresas privatizadas, de los miembros faltantes en la Suprema Corte y en el Tribunal Constitucional (un organismo clave, pues es el que determina el carácter constitucional de las leyes, hasta la sanción de las mismas por vencimiento de tiempo). Los medios han recogido la postura de un ala del bussismo que plantea no asumir la gobernación si no se establecen garantías políticas y financieras de gobernabilidad de la provincia. Uasuf, un dirigente bussista, reclamó una auditoría del Banco Mundial para establecer cuál es el real endeudamiento del Estado, haciendo trascender que superaría los 600 millones de dólares, cifras que superan largamente lo admitido hasta ahora por el gobierno. La crisis de las finanzas públicas se combina con un derrumbe de los precios del azúcar ante una zafra excepcional (se estima que la producción nacional llegará a 1.500.000 tn.) y una caída de la demanda de la industria alimenticia. Esto ha potenciado los choques entre los ingenios, por un lado, y por la sanción de una ley promovida por el bussismo, por la cual se crea la Comisión Provincial del Azúcar y un modelo tipo para los contratos de maquila. Los dirigentes de la CART lograron el veto de Ortega para tener las manos libres para negociar con los cañeros la contratación de la caña, en condiciones más ventajosas. Los empleados públicos están cobrando los sueldos con un mes de atraso. La tarifa del agua acaba de subir un 100%, el boleto un 15% y los despidos son imparables. Sólo en esta zafra, 15.000 zafreros fueron reemplazados por las cosechadoras integrales. Durante julio, numerosas reparticiones estuvieron parando y hubo algunas movilizaciones por el atraso en los pagos, pero la dirigencia, tanto del CTA como del MTA, se niega a encarar la lucha de conjunto, e incluso una lucha de conjunto de sus propios gremios. En ese marco, tanto en la sanidad como en ATE y en otros gremios (municipales), sectores de activistas y delegados están motorizando por medio de asambleas la lucha y coordinaciones. Avanzar en este sentido es la tarea central.

En el año ´93 Angeloz empezó a concretar una de sus mayores operaciones de entrega del patrimonio provincial: la concesión de agua y cloacas de la ciudad de Córdoba hasta el año 2025. El principal impulsor de las privatizaciones es el Banco Mundial, que ya en 1991 envió una carta apurando al entonces presidente de EPOS (hoy Dipas) para que privatizara sus servicios, dado que el préstamo otorgado a la empresa (Nº 2641-AR/Subproyecto Epos) imponía “una solución global e institucional” (privatizadora); o sea que son mentiras las afirmaciones del ex secretario general del Sipos (Sindicato Personal de Obras Sanitarias), Luis Bazán, de que el Banco Mundial recomendaba que fuese el Estado el que se encargara de los servicios de saneamiento. Esta afirmación figura en la campaña publicitaria “No nos lavemos las manos”, televisiva y gráfica, con lo que indujo a la confusión de que el Banco Mundial no era el responsable de la privatización. Debido a las presiones del sector de Mestre y Martí (intendente de la ciudad de Córdoba), Angeloz dividió a la ex Epos en dos partes: sector Cloacas y sector Agua. Las cloacas fueron transferidas al Municipio y el agua quedó en la órbita provincial, a la que le sumó la Dirección Provincial de Hidráulica, a los fines de que la privatización fuera más rentable. En el caso del agua, Angeloz tiró el anzuelo de la “iniciativa privada”, que fue rápidamente mordida por Bazán, que convocó a la formación de una Cooperativa de la que se colocó como síndico; a partir de ese momento se acabó la lucha contra la privatización, reemplazada por agencias publicitarias, y abolidas las asambleas que permitían la libre discusión. En diciembre de 1994, y a partir de su asociación con los corruptos del gremio (caso del tesorero y otros integrantes de la Comisión Directiva), y para ocultar el despojo a los trabajadores de más de 180.000 dólares a lo largo de dos años, de no realizar balances, el manejo de los fondos y la destrucción del patrimonio de nuestro gremio, Bazán renunció a la secretaría general y dejó una comisión títere, pasando a funcionar en las sombras y sólo en lo referido a los “negocios” relacionados con la privatización. La privatización de Angeloz y Menem Finalmente Angeloz retira el anzuelo de la “inicativa privada” (léase cooperativa), y convoca a una licitación abierta para el agua, un negocio con una facturación de aproximadamente 100 millones de dólares anuales. La licitación es a dos sobres; el primero es la propuesta técnica y el segundo, la económica. Se presentan los grupos más concentrados de la economía argentina asociados a grupos multinacionales (operadores del servicio); éstos son: Aguas Cordobesas (grupo Soldati, Lyonesse des Eaux, Banco de Galicia, etc.); Aguas Mediterráneas (Roggio con la Themes Water Overses Inglaterra, etc.); Northumbrian (de Inglaterra); y Saur Internacional (grupo Macri). En la apertura del primer sobre (28/3/95), Aguas Cordobesas obtiene la mayor clasificación y por más de 6 puntos supera a Roggio, quedando fuera del negocio el grupo Macri. Bazán, en una asamblea trucha, se hace nombrar asesor del sindicato y en la asamblea general del 6/3/95, ante la denuncia de la lista Verde, confiesa que está negociando con Benito Roggio, pero que es “sólo a los fines de defender a los compañeros que intentan pasarse al área privada”. A esto se le debe sumar que el ex jefe de personal de la Dipas y hoy gerente de Roggio, Sr. Fiori, y otros personajes concurren asiduamente al gremio a negociar con Bazán sin que se sepa exactamente qué. A partir de aquí, los dirigentes del sindicato convocan a no luchar contra la privatización y sólo a enfrentar las cuestiones reivindicativas inmediatas. Cualquier medida de lucha contra la privatización propuesta en asamblea general es inmediatamente abortada, negando todo debate, en base a una “genial” estrategia que dice tener Bazán, ligada a una serie de denuncias acerca de la corrupción relacionada con la privatización. A tal fin Roggio crea un lobby con la participación de Bazán, de los concejales Terreno, Sixto Ceballos (menemistas), los diputados Lamisosky (ex presidente del Banco Israelita), Tejeda, Olivero, Novillo Corvalán y Miguel Correa (burócrata de la CGT Chacabuco), todos ellos del justicialismo (UFS), a los que se le suman los diputados ultramenemistas y los de la UCeDé, que solicitan la suspensión de esta privatización (La Voz del Interior, 9/6/95). A partir de la constitución de este lobby, Bazán presenta una denuncia ante la fiscalía del menemista Pérez Villalobo, acusando a la Comisión Adjudicadora del delito de corrupción y el diputado Lamisosky cuestiona judicialmente el proceso licitatorio; el fiscal promueve la causa, la que no ha sido resuelta todavía pero que ha suspendido este proceso licitatorio. La interrupción beneficia especialmente a Roggio. (1) La privatización de Martí y Mestre Martí tomó con gran entusiasmo la transferencia a la órbita municipal del servicio de cloacas, ya que con una pequeña cantidad de personal (160 compañeros, aproximadamente), el negocio creció a pasos agigantados, duplicando la tarifa en menos de tres meses. El 26 de mayo de 1994, Luis Bazán firmó el acta-acuerdo con el municipio que permite a los trabajadores transferidos renunciar al convenio 3858/86, con lo que destrabó el principal escollo para la posterior privatización. El personal transferido queda totalmente flexibilizado y a merced del futuro grupo privado (Roggio). Ante este triunfo, Martí se lanzó a pergeñar el proyecto de una falsa “sociedad mixta con mayoría estatal” para la cloaca, a la que agrega el agua a pesar de que ya estaba en curso la licitación de Angeloz. Bazán pasa a ser el principal operador de Roggio y se convierte en un propagandista fanático de la “municipalización”. La Voz del Interior (14/9/94) titulaba: “Autorizan creación de sociedad mixta para las cloacas y el agua”, y a renglón seguido: “El Concejo Deliberante aprobó el proyecto en primera lectura”. Más adelante, con el título: “Propiedad de las acciones”, especificaba que el capital de la “sociedad mixta” va a estar constituido en un 45% por el capital privado, en un 51% por el municipio y en un 4% por el personal transferido (inferior al PPP de Menem). Plantea que, al cabo de 4 años, el 15% del capital del municipio podría ser transferido al sector privado (con lo que perdería sentido la “sociedad mixta con mayoría estatal”). En cuanto a la administración, plantea un directorio de 9 miembros (5 por el municipio, 3 por los privados y uno por los trabajadores), pero la clave está en el gerenciamiento: dos gerentes por los privados y uno por el municipio. Con el título “Acuerdo del sindicato”, La Voz del Interior del mismo día publicaba las opiniones de Luis Bazán: “Debemos reconocer que este proyecto de economía mixta ha receptado una serie de observaciones que lo mejoran y lo hacen más aceptable para una perspectiva de saneamiento organizado en una empresa mixta”, tras señalar que “esta solución es la menos peor”. Agrega el diario: “Bazán se pronunció contra el proyecto de concesión del agua potable, que se instrumenta a nivel provincial y consideró que la iniciativa municipal es esencialmente superadora a la alternativa absolutamente irracional que plantea la Provincia, agregando luego que hasta Martí reconoció que su correligionario comete un grave error al pretender entregar el agua a grupos privados”. Algunos datos de la historia de Roggio. La revista Mercado (5/95) aclara: “Es un secreto a voces que hasta hace muy poco Roggio estuvo caminando por la cuerda floja” y que “a pesar de los aciertos que le permitieron facturar 400 millones en 1994 ... conocieron la frustración en lo que pinta como el negocio del siglo: quedaron afuera de la licitación del agua y la cloaca para la Capital y el Gran Buenos Aires. Sin embargo, no perdieron mucho tiempo y a través de su empresa Aguas Mediterráneas se apropiaron de la empresa de Tucumán y están probando suerte en Mendoza y Santa Fe”, y empujando fuertemente en Córdoba a fin de quebrar las pretensiones del grupo Soldatti y del grupo Macri. El libro Los dueños de la Argentina II, de Luis Majul, comenta en relación a la recolección de la basura en la ciudad de Córdoba, lo siguiente: “Roggio fue el principal sponsor de la campaña de Eduardo Angeloz para la gobernación de Córdoba y de Mestre para la intendencia, (y que) Clima (Roggio) no existía hasta que a Mestre se le ocurrió rescindir el contrato de la municipalidad con Aseo (Macri). Aseo cobraba por tonelada de basura levantada y no un monto fijo por cuadra, Clima estuvo levantando la basura por cuadra hasta que Aldo Roggio se dio cuenta de que con ese sistema empezaba a perder millones de dólares; ahora Clima hace su trabajo con el mismo método que lo hacía Aseo. Clima factura hoy cerca de 1.500.000 de dólares y pelea por seguir recogiendo las 30.000 toneladas de basura que 1.300.000 cordobeses acumulan mes a mes”. Roggio, en un reportaje en el mismo libro reconoce que Mestre dio a su compañía la posibilidad de “acceder a un nuevo negocio”. Bazán, síntesis de corrupción, doble discurso y entrega El Sipos fue el laboratorio de ensayo de la acción que luego desarrollaría este verdadero monje negro de las privatizaciones en el ámbito del sindicalismo burocrático a nivel provincial. El profundo entrelazamiento de Bazán con la privatización explica que fuera el principal impulsor de la tregua de Primatesta y la quiebra del plan de lucha en el momento más álgido. El relevo de Angeloz por Mestre abrió la puertas del negocio del agua y la cloaca a Roggio; por eso Bazán quebró la Coordinadora y llamó a los trabajadores de Dipas a “hacer funcionar a fondo las cajas recaudadoras” y a empujar por una pronta “municipalización del agua” (léase privatización), levantando todo tipo de acción gremial. Estas actitudes llevaron a Mestre a declarar en un programa televisivo que Bazán “es un dirigente inteligente que entiende la situación por la que pasa la provincia”. También son de destacar los dobles o triples discursos de este “combativo”, como sus declaraciones al periódico Propuesta del Partido Comunista (29/6), en donde usurpando títulos se declara secretario general del Sipos para mostrarse a continuación como miembro activo de la Corriente Político Sindical de Liberación, a pesar de reconocerse en numerosos reportajes de La Voz del Interior como miembro del Moas y proclamar, por otro lado, su participación activa en el CTA. En esta nota, se declara ferviente combativo, adjudicándose cuanta lucha pasa por Córdoba. A dos días de esta nota, en connivencia con Primatesta, y luego de haber jurado en un plenario abierto de la Coordinadora de Gremios Estatales que iba a impulsar el paro del jueves 29, lo levantó traicionando junto al resto de los dirigentes de la Coordinadora los mandatos de lucha). Luego del ascenso de Mestre, en Dipas se ha expulsado a compañeros contratados con más de 15 años y aparecieron de nuevo los ñoquis ... después de que Luis Bazán y la conducción títere del sindicato se cansaron de explicar que apoyaban “algunos puntos” de la Ley de Emergencia porque permitiría eliminar a los ñoquis. Ahora se blanquea a los ñoquis y se echa a trabajadores reales. En la última asamblea, Bazán leyó un extenso plan de “saneamiento” de la empresa y le miente a la gente diciéndole que será tratado en una entrevista con Mestre, quien ha declarado que “no cogobierna con ningún sindicato”. Lo que se avecina es la privatización lisa y llana de sus servicios, con la complicidad de Bazán en caso de que sea “municipalizada”. La privatización de Dipas (en cualquiera de sus variantes: la de Angeloz-Menem-Soldatti o la de Mestre-Roggio-Bazán) traerá aparejado un nuevo ataque a los trabajadores y al pueblo cordobés. La lucha que se abra en torno a ella encontrará a Bazán en la vereda de enfrente de los intereses populares. El activismo y la vanguardia deben sacar todas las conclusiones para enarbolar la verdadera propuesta surgida del conjunto de los trabajadores, que no es la del Banco Mundial, sino la de una empresa estatal, dirigida por sus trabajadores y al verdadero servicio del pueblo.

A un mes del golpe de estado que lo colocó como agente de Cavallo y del Banco Mundial en Córdoba, Mestre “confesó que el ajuste instrumentado mediante la ley de emergencia económica resulta insuficiente” y “dejó entrever la necesidad de profundizar aún mas el recorte de la masa salarial” (La Nación, 2/8). Esto fue dicho en una provincia donde se han reducido en un 30% los salarios de todos los empleados estatales, se ha barrido con gran parte de los adicionales por antigüedad y se ha recortado en un 40% la jornada laboral (con excepción de los docentes). Se pretende condenar a los trabajadores de Córdoba a pagar una deuda que no han contraído, que nadie sabe a cuánto asciende ni como se compone, pero que crece día a día. Entre los 600 millones de deuda denunciados por Angeloz, los 1.200 reconocidos por Mestre al momento de asumir y los 1.800 declarados “oficiosamente” al día de hoy, la deuda se ha convertido en un valor al cobro en beneficio de los capitalistas, funcionarios y punteros que vaciaron los bancos provinciales y las empresas públicas y que hoy “descargan” sus chanchullos sobre los trabajadores. Crisis financiera Aún con la enorme confiscación en marcha, las “cuentas de Mestre” no cierran. La recesión y la crisis industrial están hundiendo todos los cálculos de recaudación impositiva, en una provincia cuyos fondos coparticipables están comprometidos por lo menos hasta setiembre. A las suspensiones sistemáticas en las terminales de la industria automotriz, los más de 3.000 suspendidos de las plantas de autopartes, los casi 1.000 despidos entre AMC, Matricería Austral y Cervecería Córdoba, se le suman los centenares de contratados estatales que están quedando en la calle. La crisis financiera ha paralizado la entrega de los bonos Cecor, el otro gran mecanismo de confiscación por el que la inmensa mayoría de la clase obrera cordobesa debe cobrar sus salarios en certificados cuyo poder adquisitivo no está asegurado. El Directorio del Banco Provincia se resiste a asistir al gobierno en el rescate de los bonos que se presenten a su cobro, lo que “generó alarma entre banqueros y comerciantes que habrían solicitado al gobierno una política de rescate semanal”. Esto ha llevado a “un nivel de ruptura extremo” y a que Mestre se plantee “la inminente remoción de las autoridades (angelocistas) de la entidad”. La razón del choque es que el Banco “entró varias veces en rojo con el Central” y si acepta los bonos, su precaria situación financiera lo desmoronaría. Pero a la vez, “en varios de los acuerdos sellados en el último período de la administración Angeloz entre el Banco Provincia y entidades financieras internacionales se habría incluido una cláusula que prohibe explícitamente la remoción de cargos” (Ambito Financiero, 4/8). Esto ha agravado la crisis política general y es la razón de fondo de “las fuertes diferencias (en el) bloque de diputados provinciales del oficialismo” —entre “angelocistas” y “mestristas” (La Voz del Interior, 26/7). Esta crisis coloca al gobierno como rehén absoluto de la gran banca y puede acelerar la ingerencia del Banco Mundial, interesándolo en la operación “rescate” de los bonos a cambio de que se privatice el patrimonio público de la provincia. El gobierno Mestre ya anunció la decisión de obtener créditos del Banco Mundial, no para “financiar sueldos” sino para financiar la privatización en masa de las empresas públicas, incluyendo los bancos provinciales. Dipas (Obras Sanitarias) será la primera de la lista porque “el conflictivo proceso de traspaso al sector privado del servicio de agua potable... tuvo ayer luz verde” cuando la justicia dejó de lado la acción penal contra los funcionarios responsables de la licitación (La Voz del Interior, 1/8). La Comisión interna del Banco Provincia ha denunciado un verdadero plan de vaciamiento del banco ejecutado por “un directorio que vino a privatizar, con 170 asesores que cumplían una función privatista y (que) ahora con el gobernador Mestre está promoviendo (esta) tarea”. Esto explica la “diversificación de horario, la rebaja salarial y una falta de competitividad de hecho y casi terminal del banco con respecto a la banca privada”. Se quiere ocultar que “hay 400 millones de pesos de deudores, en su mayoría empresas cavallistas de la Fundación Mediterránea, que son las que pretenden quedarse con (la) institución” (La Voz del Interior, 3/8). Abrir las cuentas Porque es un rehén de Menem-Cavallo y del capital usurario internacional y por la descomposición del “plan” económico, Mestre está obligado a profundizar la entrega y el ataque contra las masas. La Legislatura provincial ha convertido en ley el decreto por el que se incrementa la edad jubilatoria en cuatro años; es inminente el aumento de luz, gas y teléfono para “descargar” el impuestazo a los ingresos brutos; la reducción de sueldos y el despido de contratados en las comunas continúa . El “plan de guerra” está jaqueado por la resistencia de los trabajadores y por la crisis financiera y política en la que está envuelto. Existe una fractura general en la sociedad entre los que disfrutaron de la “fiesta” y los que “deben” hacerse cargo de sus “gastos” Porque existe una fractura general es necesaria una salida general: que la crisis la paguen los culpables. El débil gobierno mestrista tiene su “punto fuerte” en la política colaboracionista de las direcciones sindicales, que se limitan a marcar el paso y a preservar el “muro de silencio” sobre las cuentas del estado y los capitalistas. La huelga general hasta la derogación de la ley de emergencia y la reincorporación de los cesantes plantea, la apertura de las cuentas del estado y los capitalistas. No hay otro modo de impedir que se descargue la crisis sobre las espaldas del pueblo.

Las tres fracciones del movimiento sindical de Córdoba han anunciado un paro activo general “para el jueves o el viernes” de esta semana. La burocracia se ha visto obligada a sacar una medida de lucha frente a la avalancha de despidos y suspensiones, la crisis del “plan Mestre” y, por sobre todo, la resistencia de los trabajadores. Los bancarios del Social y el Provincia han ganado las calles contra la “emergencia” y el vaciamiento en favor de los “privatizadores”. En las reparticiones estatales, los hospitales, y en parte de las empresas públicas la aplicación de la “emergencia” está empantanada. La resistencia ha llegado a los municipios. En todo este proceso los sindicatos tienen la siguiente política: “convivir” con el ajuste, marcar el paso, alentar expectativas en las maniobras del mestrismo y dejar en definitiva que el movimiento de lucha se agote en estas limitaciones. Ha sido necesario casi un mes de “emergencia”, suspensiones y despidos en masa para que la burocracia se comprometiera a un paro general. El programa de Campellone (Smata) es reclamar la “rotación de las suspensiones”, Grahovac (docentes) ha aceptado bajo “protesta” la extensión de la jornada escolar a los sábados y tiene “expectativas” en que el gobierno “reconsidere” los despidos de los contratados en Minoridad; la burocracia del sindicato municipal de Río Cuarto ha terminado en un pacto con la intendencia sobre la base de que la reducción salarial se pague en bonos. La burocracia compite en “salidas creativas” que pretenden demostrar que se pueden “ahorrar recursos” sin bajar los salarios ni despedir. La “tregua” que recibió a Mestre y permitió avanzar a fondo en las modificaciones a la Ley de Emergencia continúa, sólo que ahora se dice buscar “rectificaciones”. La burocracia no enfrenta la ley ni los despidos, Se limita a discutir las modalidades de su aplicación. Esta política no tiene perspectivas frente a la brutalidad del mazazo que se descarga sobre los trabajadores y los nuevos ataques en ciernes. El “ala izquierda” de la burocracia no tiene nada distinto que ofrecer respecto al resto. No es casual que La Voz señale que “el paro general fue propiciado por distintos gremios (pero) capitalizado por el Movimiento de Organización Sindical (MOAS)”, es decir por la fracción derechista de la burocracia, que tomó a su cargo su ejecución (2/8). El vuelco en la situación política de conjunto en Córdoba, plantea la huelga general y la posibilidad, por este medio, de abrir una perspectiva de salida de conjunto. Para eso, es necesario no aceptar bonos ni despidos, ni reducciones, y reclamar que se abran las cuentas del Estado y los capitalistas lo que permitirá encontrar la plata para salir de la crisis. Esto impedirá la entrega del patrimonio público (EPEC, Dipas, AMC). Fuera los saqueadores yanquis del Banco Mundial de Córdoba y de Argentina. Para todo esto planteamos: construir comités de huelga en cada repartición y en cada empresa, convocar a plenarios abiertos de delegados y activistas en cada gremio y difundir la necesidad de un congreso de bases provincial.

El vaciamiento de Area Material Córdoba (ex Fábrica Militar de Aviones) y el despido —hasta ahora— de 820 trabajadores, retrata el carácter saqueador y colonial del régimen menemista. La decisión de despedir a los trabajadores del Area se tomó en realidad hace más de siete meses, cuando los gobiernos nacional y provincial firmaron el contrato de concesión a la Lockheed. Las condiciones de la “privatización” de la compañía, entre ellas la vía libre a las cesantías, fueron fijadas a través de un decreto secreto de la Presidencia. La empresa yanqui “se ampara en este contrato para afirmar que la decisión no se apartó un ápice de lo convenido” (Página/12, 5/8/95). “Lockheed nunca se comprometió a respetar... el número de empleados, según las últimas modificaciones al contrato”, confirma La Voz del Interior, que tuvo acceso al texto (2/8). Pero el carácter secreto del contrato no sólo se explica por la suerte reservada a los trabajadores. Con la Lockheed, Area Material pasará de ser una fábrica de aviones a un taller de mantenimiento. La empresa se compromete a reparar para el ejército argentino 36 verdaderas piezas de museo del arsenal yanqui (aviones Skyhawk) a un costo asegurado de 100 pesos la hora hombre. A través de este operativo queda cancelada la fabricación de los aviones Pampa o Pucará. Además, los trabajadores cesanteados son mano de obra calificada que participó de la construcción del misil Cóndor. El Departamento de Estado se ha asegurado así, además del desmantelamiento de las instalaciones del proyecto Cóndor la destrucción de los recursos humanos asociados a ese proyecto. No existe, por otra parte, ninguna continuidad asegurada por lo que la planta puede ir al desguace liso y llano en breve tiempo: la empresa dejó trascender la posibilidad de otras 400 cesantías. Incremento del costo laboral, aumento del déficit del presupuesto para subsidiar a la empresa yanqui, pérdida de mano de obra calificada, Argentina colonia: éste es el balance del negociado con la Lockheed.

El 1º de agosto llegó la novedad de que la empresa OCA (del grupo Yabrán) había firmado un acta-acuerdo con la Federación de Sindicatos de Choferes de camiones, dirigida por Hugo Moyano (del MTA), homologada por el Ministerio de Trabajo, por la cual se acuerda “que las horas extraordinarias que pudieran hacer los trabajadores” se pagarán como horas simples, en función de un “estado de crisis” declarado por la patronal. Si tenemos en cuenta que en OCA —como en todas las empresas del ramo— los trabajadores realizan diariamente tres o cuatro horas extras, la reducción salarial es del 25%. Por supuesto que la burocracia de la rama clearing (donde están agremiados los compañeros de correos privados) no hizo ninguna consulta a los afiliados ni a los delegados, quienes se enteraron cuando la patronal les presentó el acta firmada. Este ataque fue repudiado por los compañeros de todos los sectores, muchos se retiraron sin hacer ninguna hora extra, incluidos los empleados de mayor sueldo, a los que la reducción les significa una quita de 120 pesos. Esta entregada fue justificada por la burocracia, planteando que se debía preservar la fuente de trabajo y que de lo contrario la empresa despediría a 1.200 compañeros. Por otro lado, la empresa está tomando personal contratado por 15 ó 20 días. La crisis no existe, pues la empresa está en expansión. OCA tiene los servicios más caros de la rama, una carta vale 3,70 pesos, tiene servicios de motos, cobrando el doble que el resto; telegramas. Toda esta expansión significó inversiones que la empresa OCA viene financiando con la superexplotación a sus trabajadores, con jornadas de hasta 15 horas. Esta empresa negrera pertenece al mismo grupo de empresas de seguros e inversiones que estaría por adjudicarse la licitación de ENCOTESA (correo), y este régimen de superexplotación que está llevando adelante con sus empleados, pretendería aplicarlo a sus futuros obreros de ENCOTESA, con el acuerdo de la burocracia de Moyano. OCA, además, tiene una importante publicidad en los coches de carrera de Traverso. Esta reducción salarial no es sólo de OCA. La empresa OCASA desde hace dos meses redujo dos días de trabajo, que figuran como “permiso”, pero son descontados del sueldo, y se pierde el premio al presentismo (100 pesos por mes). En la empresa Skika también acordaron que las horas extras sean compensadas con francos. Se realizan muchas horas extras en las fechas pico y se otorgan los francos cuando hay baja de trabajo, es la aplicación en regla de la flexibilización laboral, todo esto con el aval de la burocracia del “combativo” Moyano. En Andreani, las horas extras no se pagan. En las empresas chicas hay atrasos en los pagos. En la propia OCA, el aguinaldo se pagó en dos cuotas (el 19/7 la primera y el 20/8/95 la segunda). Todas las empresas de correo privado aplican a fondo la flexibilización laboral, basando sus ganancias en la superexplotación de sus obreros. Es necesario ponerle freno a este ataque brutal al salario. Los compañeros debemos reclamar a los delegados asambleas de base para votar un plan de lucha por la anulación de las actas-acuerdo de reducción de salarios, por el pago íntegro de todas las horas adeudadas o pagadas a menor valor y por un aumento salarial. Por la jornada de 8 horas. 3/8/95

Las sucesivas traiciones perpetradas por la Celeste tanto a las luchas nacionales como a las provinciales ha producido un vaciamiento de los sindicatos. Infinidad de compañeros resuelven su desafiliación ante la impotencia que les produce un aparato sindical que no permite las decisiones de las bases. También se desafilian entidades enteras ya sea por decisión de sus bases como en el caso de AMSAFE (Santa Fe), o por la vía de no pagar las cuotas sindicales como ATECH (Chaco), Santiago y Tucumán, que han protagonizado heroicas luchas provinciales. La UEPC de Córdoba estaba integrada a la Celeste y para esta elección sus dirigentes han planteado que “deberán resolver a quién votar”. Lo cierto es que no integran la lista oficialista. Los dirigentes Celestes son plenamente concientes del descontento que reina en las bases docentes por su gestión de traiciones y consensos con el gobierno nacional y los provinciales. Por ello han montado una campaña electoral sigilosa, casi secreta y plagada de obstáculos para impedir que se manifieste este descontento. He aquí algunos procedimientos: No han emitido comunicados por escuela informando de la convocatoria, ni de los lugares de votación. No han publicado hasta el momento (falta una semana para la elección), donde vota cada afiliado. Han colocado las urnas discrecionalmente: estudiando dónde hay votos celestes o directamente, como en el caso de Salta, disminuyendo a menos de la mitad los lugares de votación, no colocando urnas en localidades combativas como Gral. Mosconi, e impidiendo el voto de los compañeros de la montaña y la campaña ya que no sólo no llegan por distancia a la urna más cercana sino que se ha impedido el voto por correo que es tradicional en ADP. Se impide la designación directa de los fiscales generales por parte de las listas. Este procedimiento, que hasta para las elecciones de presidente de la nación le compete a la lista, en el caso de CTERA, debe pasar por el filtro de la Junta Electoral Nacional, recibir la correspondiente credencial y si le llegó a tiempo al rincón del país que el compañero tiene que fiscalizar, podrá actuar. Han colocado urnas en Santa Fe en procedimiento antidemocrático y de claro intervencionismo de la Junta Ejecutiva Nacional. Y por si esto fuera poco, la campaña se hace con un corte de dos semanas por las vacaciones de invierno. Todas las protestas presentadas ya sea ante la Junta Electoral o ante el Ministerio de Trabajo tuvieron respuesta favorable al procedimiento de la burocracia. Para acabar con los despidos, las rebajas salariales, la modificación de los estatutos para liquidar años de conquistas, es imprescindible recuperar CTERA. Votar por la Lista Rosa el 14/8 es votar por esta perspectiva.