Prensa Obrera N° 458

El tan cacareado “aumento de las exportaciones argentinas” —con el que Cavallo pretende mostrar las “bondades” de un “plan” que se derrumba— es un fraude estadístico, aduanero y político. Lo revelan dos informaciones conocidas en los últimos días. El Cronista (24/7) informa que uno de los rubros exportados de crecimiento más explosivo —al punto de convertirse en la principal exportación argentina a los Estados Unidos— es el oro: las exportaciones argentinas de oro a los Estados Unidos se han multiplicado en más de 650% en apenas un año, pasando de 56 millones de dólares (en 1993) a 368 millones en 1994. Pero sucede que buena parte del oro exportado ... es importado. El fraude aduanero consiste en lo siguiente: el oro ingresa al país sin pagar aranceles, pero cuando es vendido al exterior los exportadores perciben “reintegros a la exportación” (subsidios) por su venta. Estamos en presencia del negoción de cobrar jugosos subsidios estatales por “pasear” el oro extranjero por nuestro país. Por esta —y otras— estafas, Gustavo Parino (director de la Aduana y “hombre” de Cavallo) está siendo procesado penalmente y se le ha dictado prisión preventiva. Las exportaciones truchas de oro han servido para “inflar” enormemente las cifras totales de las exportaciones argentinas. Sin el oro, “la Argentina sólo hubiera exportado por valor de 1.359 millones de dólares y no de 1.725 millones en 1994” (El Cronista, 24/7). Es decir, que las exportaciones sólo habrían crecido un módico 17% y no el “mágico” (sic) 45% que cacarea Cavallo (Río Negro, 29/7). El cronista se siente obligado a señalar que “aun esos 1.359 millones constituyen una mejora notable respecto de los 1.156 millones que se exportaron en 1993, siempre sin contar el oro”. ¡Pero aún así tampoco puede hablarse de un “crecimiento de las exportaciones” ... sino, apenas, del precio a que se las vende! En La Nación (30/7), el economista Wálter Graziano revela que el aumento del precio internacional de los cereales y la caída vertical del consumo interno “explican” el 70% del crecimiento de las exportaciones. Todo esto significa, naturalmente, que sin el oro, las cifras de importaciones son también considerablemente menores; y de que la caída de las importaciones, debido a la crisis, y no el aumento de las exportaciones, ha determinado el superávit del comercio exterior.

La Central Obrera Boliviana (COB) cumplió una huelga general de 24 horas en repudio a la prolongación del estado de sitio y en apoyo a los campesinos que bloquean las rutas en el interior del país. Con la prolongación del estado de sitio, el gobierno pretende ir a fondo en la represión de los campesinos plantadores de coca, para cumplir con las imposiciones del imperialismo norteamericano para que sean erradicadas 5.400 hectáreas de cultivo de coca. Tropas del ejército —especialmente entrenadas por los norteamericanos— ingresaron en los campos cocaleros para cumplir las órdenes yanquis, quienes, a su vez, realizan un “seguimiento satelital”. La burocracia de la COB tiene una enorme responsabilidad en continuidad de esta política de represión y entrega. En mayo levantó la muy combativa huelga de los docentes —que entonces ya había cumplido dos meses de duración— entregando las reivindicaciones de los maestros y aceptando el mantenimiento del estado de sitio y la detención y confinamiento de cientos de dirigentes sindicales y huelguistas. Lucha campesina La erradicación forzada de los cocales equivale a condenar a la miseria a las familias campesinas. En los campos de El Chapare (departamento de Cochabamba), recomenzaron, por este motivo, los cortes de ruta y los choques con las tropas. La represión gubernamental fue salvaje: Waldo Arancibia, de la Asamblea por los Derechos Humanos, denuncia que “con el estado de sitio, el gobierno quiere tapar las desapariciones y asesinatos en El Chapare” (Página/12, 19/7). Pocos días después de esta denuncia, falleció el dirigente Campesino Gustavo Callisaya, como consecuencia de las heridas sufridas en la represión gubernamental. De todos modos, los cortes de ruta continuaron e incluso se extendieron, y no sólo entre los cocaleros. Los campesinos del departamento de Cochabamba decretaron el “bloqueo alimentario” de la ciudad. La agitación campesina se ha extendido a las ciudades. En Cochabamba, el gobierno reprimió con extrema violencia tres marchas de campesinos, trabajadores y estudiantes. En La Paz, familiares de los campesinos confinados iniciaron una huelga de hambre por su liberación. Al mismo tiempo, en todos los departamentos del país, el gobierno enfrenta movimientos regionales por una mayor autonomía (“movimientos cívicos”) y paros y manifestaciones aisladas de los docentes (en particular los rurales, contagiados de la agitación que se vive en el campo) y de los mineros. La “democracia” boliviana es apenas la máscara de una dictadura civil, incapaz de gobernar sin la cotidiana violación de los derechos políticos y democráticos más elementales.

Lo han pasado tres meses desde las elecciones del 14 de mayo y hasta los “encuestadores de mercado” están registrando el derrumbe del “plan económico” y del propio gobierno dentro de la llamada opinión pública. El último informe de Gallup le da a Menem y al “plan” el apoyo de sólo el 30% de los entrevistados. Para los políticos en general y para los de la izquierda en particular, en cambio, el “plan” estaría aún vivito y coleando. La razón de semejante ceguera es muy clara: no existe ninguna política capitalista alternativa que pueda superar el derrumbe económico y el crecimiento vertiginoso de la desocupación en los tiempos que la gravedad de la crisis lo exige. Este es el único motivo por el que el “plan Cavallo” no ha recibido todavía sepultura oficial. Semejante incapacidad explica una característica fundamental de la situación actual: el inmovilismo del gobierno y las crecientes manifestaciones de división tanto entre los capitalistas como entre los funcionarios del menemismo. Ejemplo contundente de la parálisis lo constituye el anuncio por enésima vez de un plan de viviendas, para el cual no existe financiación, o la construcción de un aeroparque en una isla que aún no existe. Pero por otro lado se pretende reducir los aportes patronales a las Cajas de Previsión y a las Obras Sociales, compensándolos con impuestos al consumo que agravarían todavía más la recesión económica y la desocupación en masa. En cuanto a la división de la burguesía, el mejor exponente ha sido Mauricio Macri, quien imputó las suspensiones en la fábrica Cormec a la caída de la venta de motores a Brasil, derrumbando el último argumento de los defensores del “plan económico”. Que el “plan Cavallo” continúa, por otra parte, en cesación de pagos, acaba de demostrarlo Alpargatas, que al no poder levantar un pagaré de su deuda externa, tuvo que vender importantes activos de la empresa. Se supo igualmente esta semana que la cartera de préstamos irrecuperables de los bancos ha subido del 20 al 30% del total de los créditos, aunque la cifra con seguridad debe estar llegando ya al 50%. Pero quien mejor conoce el cuadro de cesación de pagos del “plan Cavallo” es, con certeza, el FMI, quien se opone a cualquier rebaja de los aportes patronales, en un momento en que está cayendo violentamente la recaudación impositiva, porque ello impediría el pago de la deuda externa. Sin embargo, la reducción de esos aportes es la única carta que Cavallo tiene en la manga para “aliviar” la quiebra de una gran parte de la patronal, aunque ello signifique dejar de pagar por completo las jubilaciones, entregar el Pami y provocar la bancarrota de las obras sociales. Los anuncios de una renuncia de Tacchi están reflejando mejor que nada el derrumbe impositivo del “plan”, o para decirlo con las palabras del jefe de la DGI —que el plan está hecho “mierda”. A la luz de esta situación, el choque entre Cavallo y Duhalde, en torno a los aportes patronales, no parece ser un fuego de artificio, sino el intento de cambiar de política por parte de un sector de la burguesía. El derrumbe del “plan Cavallo” ha llegado a la provincia de Buenos Aires con todo, como lo demuestra lo ocurrido en General Sarmiento, así como la evidencia de que Duhalde deberá, él también, empezar a demorar el pago de sueldos y finalmente hacerlo con bonos. ¡Qué ironía! Argentina debe ser el único lugar del mundo donde se califica como plan de estabilidad a un régimen económico que sobrevive gracias a la creación ilegal de moneda, como está ocurriendo con los bonos provinciales. Cuando se conjugan todos estos elementos con el ingreso de nuevos contingentes populares a la lucha, como los estatales de San Juan y Entre Ríos, los obreros de Luz y Fuerza, del Smata y del Area Material, en Córdoba, o la ocupación de la comuna de General Sarmiento, resulta claro que el conjunto de la situación nacional ha dado un vuelco. El derrumbe del “plan Cavallo” es la causa que ha provocado todas las luchas desde principios de año y el que, en los dos últimos meses, ha llevado a la calle incluso a los votantes del menemismo. Las idas y vueltas del oficialismo con el tema de las elecciones en la Capital, reflejan que teme, simplemente, un derrumbe electoral. Esta crisis tiene una salida y pasa por que la paguen ellos, los grandes capitalistas responsables. Empezando por el no pago de la deuda externa. Pero la propia crisis ha puesto en un primer plano otra reivindicación fundamental: que se abran las cuentas. Porque si todos los gobernadores y todos los capitalistas dicen que no hay plata, corresponde que sepamos adónde se fue esa plata y adónde se está yendo. Sabemos, por ejemplo, que la plata que falta en Córdoba la tienen los pulpos que tomaron prestado del Banco de Córdoba, y la que falta en San Juan la tienen los que vaciaron al Banco de San Juan, empezando por su gobernador. La plata hay que sacársela a esta gente. Lo mismo hay que hacer a nivel nacional e internacional. Para ello, que se abran las cuentas. Es interesante hacer notar que la Legislatura de Córdoba acaba de decidir lo contrario, al vetar la posibilidad de la investigación de la gestión de Angeloz. Llamamos a todas las fuerzas populares a concretar una campaña nacional en torno a estas dos reivindicaciones. Que se abran las cuentas y el no pago de la deuda externa. Mientras tanto, los trabajadores no aguantan más. Es la hora de una huelga general para que se deroguen todas las leyes de emergencia y se reincorpore a todos los despedidos. Para que se establezca un seguro al desocupado, igual al salario previo, para los cuatro millones de desempleados. Que se reduzca la jornada laboral a seis horas, sin afectar el salario. Llamamos a una campaña por la huelga general.

La prolongación del estado de sitio fue votada por unanimidad por todo el gabinete boliviano, que cuenta entre sus miembros a representantes del Movimiento Bolivia Libre. Fue precisamente uno de los integrantes del MBL —el canciller Antonio Arancibia— quien se encargó de defenderlo públicamente: “El estado de sitio —declaró— respeta el orden constitucional y garantiza la paz social” (La Voz del Interior, 19/7). Esta “reincidencia” (El MBL también votó y justificó el primer estado de sitio) desnuda la complicidad del Foro de San Pablo, que se negó a expulsar al MBL en su última reunión en Montevideo.

Con huelgas, manifestaciones y ocupaciones de edificios públicos, los estatales sanjuaninos están resistiendo el intento gubernamental de hacerles pagar —mediante una violenta reducción de sus salarios— el vaciamiento capitalista de la provincia. Los grandes grupos capitalistas provinciales –Pulenta (Bieckert-Crush), Cartellone (Resero), Pescarmona, Paolini, el propio gobernador Escobar– vaciaron la banca provincial. Valiéndose de su condición de grandes accionistas del banco (el 49% de las acciones está en manos privadas), los grupos capitalistas se “auto-otorgaron” préstamos por decenas de millones (El Cronista, 27/7) que, claro, nunca devolvieron: “sobre 300 carpetas (créditos) importantes, sólo 50 no tienen problemas” (ídem). La lista de los grandes deudores del banco incluye —en primer lugar— a las empresas del grupo del gobernador Escobar, el grupo Paolini, “un empresario italiano que logró del gobierno todas las licitaciones habidas y por haber” (Página/12, 29/7), a Pescarmona, a Alberto Catena (latifundista y representante-testaferro en la Argentina de Mario Conde, presidente del fundido Banco Banesto de España) ... y la lista sigue. Los mismos grupos son, también, los grandes deudores de la empresa provincial de energía por varios cientos de miles de dólares cada uno. En diciembre pasado, para evitar la quiebra, el gobierno utilizó los fondos coparticipados y de los impuestos provinciales para pagar las deudas del banco (Página/12, 30/7). Por eso, “el banco le debe al Estado provincial 63 millones de dólares” (ídem) ... una suma equivalente a más de dos meses de sueldos y aportes previsionales de todos los empleados provinciales (El Cronista, 27/7). Los maestros, estatales y jubilados comenzaron entonces a cobrar con atraso, porque sus salarios habían sido utilizados para sostener al banco, es decir, a los capitalistas que lo vaciaron. Antes que Escobar, Angeloz en Córdoba y Massaccesi en Río Negro ya habían metido la mano en las jubilaciones, los salarios y las partidas de salud y educación para evitar la quiebra de los bancos provinciales ... y la ejecución de sus deudores capitalistas. La “ley de emergencia” sanjuanina —reducción salarial del 30%, reducción de los adicionales por antigüedad, despidos de los contratados y de los docentes suplentes e interinos, reducción de las jubilaciones— fue redactada por Roberto Esteso, funcionario del ministerio de Economía nacional, que además fue colocado por Cavallo como “comisario político” en el gabinete de Escobar, para garantizar la aprobación de la rebaja salarial. La rebelión popular que vive San Juan es la respuesta popular a este saqueo capitalista.

El ataque del ejército regular de Croacia contra las posiciones de las milicias serbio-bosnias en el oeste de Bosnia amenaza con desatar una guerra general en la ex Yugoslavia. El avance croata cortó las comunicaciones entre Bihac (un enclave bosnio-musulmán sometido a un fuerte ataque de las milicias de los serbios de Croacia y de Bosnia) y la vecina Krajina, la región de Croacia dominada por los serbio-croatas. La guerra se ha extendido de tal manera, que “todas las guerras balcánicas se convierten en una sola” (Financial Times, 24/7). El Financial Times (31/7) informa sobre la posibilidad de un “acuerdo de última hora” que evite el asalto croata sobre Krajina: las milicias serbio-croatas deberían retirarse de Bihac y, además, reconocer la soberanía de Croacia sobre Krajina, la que sólo gozaría de un status “autónomo” dentro de esa república. Es decir, el regreso a los términos del acuerdo Vance-Owen de 1991, que tiene a Milosevic, el presidente de Serbia, como uno de sus firmantes. La “influencia” de Milosevic es decisiva: el jefe de las milicias serbio-croatas, Mile Mrksic, fue designado personalmente por Milosevic en mayo y es un general del ejército serbio. La ofensiva croata siguió en apenas cinco días a la firma de un acuerdo de colaboración militar entre el gobierno de Croacia y el de Bosnia (musulmana). “Observadores estadounidenses y alemanes —informa La Nación (29/7)— asistieron a las conversaciones entre los bosnios y croatas”. Los alemanes han sido los principales proveedores de armas de Croacia desde su independencia; los norteamericanos han venido armando clandestinamente a los bosnio-musulmanes y les han provisto instructores para entrenar a sus tropas (Río Negro, 29/7); “el ataque –concluye un largo informe de la Associated Press reproducido por La Nación (29/7)– cuenta con la tácita aprobación de Occidente” ... Mientras promueve el ataque croata, el imperialismo norteamericano continúa buscando a todo vapor un acuerdo político con Milosevic, el presidente de Serbia. Según la prensa europea, los ataques sobre las “áreas seguras” de la Nato de Zepa y Srebrenica “parecen haber sido planificados más en Belgrado (capital de Serbia) que en Pale (capital serbio-bosnia)” (Financial Times, 31/7). La conducta del propio Milosevic frente al ingreso de Croacia en combate confirma la continuidad de las negociaciones: cuando los serbios de Bosnia y Croacia le exigían una participación activa en su defensa, Milosevic se limitó a responder con “una tibia protesta ante la ONU” (Clarín, 30/7), cumpliendo precisamente una de las principales exigencias imperialistas, el cese de toda ayuda militar a las milicias serbias de Bosnia y Krajina. La diplomacia yanqui pretende dictar su salida a todas las partes en disputa, incluidos los franco-británicos, cuyos “esfuerzos de paz” están siendo abiertamente boicoteados por los norteamericanos. Por eso, han comenzado a aparecer en todos lados llamados a que “Bosnia reconozca la realidad y acepte la derrota” (Roland Steel, de la Universidad del Sur de California, en Clarín, 31/7). Esto es lo que explica que el canciller francés declare que “Bosnia está en el filo de la navaja entre la guerra y la paz ... todo es posible, tanto una explosión generalizada como, bruscamente, el comienzo de un proceso de paz” (Clarín, 28/7).

Los compañeros municipales de General Sarmiento han logrado imponer un retroceso al gobierno provincial, que tuvo que poner el dinero para pagar parte de los salarios adeudados.La decisión de mantener y profundizar las medidas de fuerza y la movilización, la combatividad de los trabajadores de las reparticiones y de los hospitales y la denuncia de la política de miseria social de los Menem-Cavallo-Duhalde-Ortega, fueron la clave de este avance, aunque la pelea recién comienza. La responsabilidad principal es de Duhalde, que “con lo que sobra paga salarios, jubilaciones y proveedores” (Página/12, 25/6). De acuerdo al ministro de Economía, Remes Lenicov, a pesar de los 600 millones de dólares del “Fondo del Conurbano”, se “tendrá un déficit de 250 millones de dólares” (Ambito Financiero, 5/6). Duhalde está en un rápido proceso de “angelocización”. Según explican La Nación (11/6) y Ambito Financiero (5/6), Duhalde pretende la aplicación de una “reforma laboral que tenderá a desalentar y restringir la figura del maestro y a reducir la estructura jerárquica del escalafón docente” y recortar en un 10% el presupuesto educativo: “Son 2.300 millones de pesos anuales los que van a parar a Educación. El 10 por ciento de ahorro de esa cifra resolvería el problema”. Es decir, atacar al conjunto de la población trabajadora. La división de los distritos, organizada por Duhalde, es el paso final del abandono de las poblaciones a su propia suerte: los distritos que puedan responder por la riqueza de su población, podrán mantener las necesidades de su comunidad, y los que no, se hundirán en la marginalidad. El camino es la profundización y la extensión de la lucha al conjunto de los trabajadores y de la comunidad de nuestro distrito.

Hemos recibido un llamamiento del Comité Ejecutivo para la 33º Asambleas Internacionales contra la guerra firmado por la Federación Nacional de Japón de Asociaciones de Autogobierno Estudiantil (Zengakuren), el Comité Juvenil Anti-Guerra y la Liga Comunista Revolucionaria de Japón (Fracción Marxista Revolucionaria). El llamamiento –fechado en Tokyo el pasado 26 de junio– convoca a la realización de una Asambleas para “luchar juntos contra los ataques de la guerra, el neofascismo y la reacción, superando la extición de los movimientos contra la guerra y por la paz”. Los convocantes caracterizan que “el mundo presente ha asumido un aspecto bastante similar al existente en las vísperas de la Segunda Guerra Mundial” como consecuencia de “la erupción de varios tipos de nacionalismo, o ultranacionalismo, luchando unos contra otros”. “Cada país imperialista –continúan– ha lanzado una aguda y severa ‘guerra fría económica’ contra los demás ...(que) intensifica la formación ‘tripolar’ de bloques mutuamente opuestos y excluyentes de Estados Unidos, Europa y Japón. Afectados por la reacción de esta ‘guerra fría económica’, todos los países imperialistas se encuentran ante el surgimiento de tendencias extremadamente reaccionarias”. “En la ‘quebrada’ Rusia también sucede lo mismo. El nacionalismo ruso se ha ubicado en el primer plano. Con el trasfondo del descontento y repulsión del pueblo trabajador agobiado por la pobreza contra Yeltsin, ha resurgido el viejo partido stalinista y también ha crecido el ultranacionalismo”. Los firmantes del llamamiento denuncian el ataque a Chechenia como una muestra del “chauvinismo gran ruso”. Finalmente, carcaterizan la existencia de un ascenso de las tendencias reaccionarias en China –“con las ambición de pegar un gran salto para ser ‘una China más grande’” – y de parte de los “los líderes de los países que llegaron tarde al capitalismo (que) ahora intentan reclamar por sus propios intereses estatales recurriendo a sus tradiciones nacionales o religiosas”. Los firmantes denuncian que la prolongación de la guerra en Bosnia es la consecuencia de la intervención de los imperialismos norteamericano y alemán y de Rusia “que apoyan abierta o encubiertamente a cada una de las fracciones nacionalistas en lucha”. Los convocantes de la “33º Asambleas ...” acusan al stalinismo de haber hundido el movimiento internacional contra la guerra como consecuencia de “haber subordinado las luchas anti-guerra de los trabajadores y los pueblos a la defensa de la URSS, el ‘socialismo en un sólo país’”. El ataque con gas sarín Refiriéndose al “crecimiento de las tendencias más reaccionarias en Japón”, los firmantes del Llamamiento denuncian que “el indiscriminado homicio terrorista ... ocurrido el pasado 20 de marzo, en las horas de la mañana en el subterráneo de Tokyo con gas venenoso sarín ... no fue otra cosa que una enorme conspiración –bajo la cubierta de la secta de la Verdad Suprema– montada por un comando del poder estatal, que se introdujo subrepticiamente en esa secta. “La reacción extrema, neofascista, dentro de la elite política, que movieron los hilos del comando infilitrado, han intentado provocar, por medios artificiales, ‘una crisis de seguridad de la nación, del pueblo y del Estado’ para excitar el descontento social y, por este medio, reorganizar y reforzar el sistema político dominante en Japón. Su objetivo es la victoria del imperialismo japonés en la ‘guerra fría económica’ contra los imperialismos norteamericano y europeo y la formación de un bloque económico en Asia bajo su propio ‘liderazgo’. Con la intención de realizar este propósito, los neoestatistas en Japón ... intentan fortalecer el aparato de la violencia estatal, el sistema de mantenimiento del orden público y concentrar el comando y control de estos sistemas en las manos del primer ministro y, más tarde, crear –mientras impulsan transformaciones en los sindicatos– un sistema social ‘que movilice a toda la nación’, similar al sistema Tenno que estableció el Estado poco antes de la guerra. Los convocantes de la “33º Asambleas ...” denuncian que tanto el Partido Socialdemócrata como el Comunista “han abandonado toda lucha contra esta enorme conspiración reaccionaria”. “El ataque con gas nerviso sarín –concluyen– fue una grave conspiración, que nos recuerda el incendio premeditado del Parlamento alemán cometido por los nazis en 1933. Por medio de intrigas como esta, pretenden imponer la reorganización y el fortalecimiento del sistema neofascista en el poder. El llamamiento concluye con una convocatoria a la lucha unificada contra todas las tendencias reaccionarias y guerreristas y con una invitación a participar en las “Asambleas contra la guerra” que se realizarán el próximo 6 de agosto (aniversario del bombardeo atómico sobre Hiroshima) en las principales ciudades del Japón.

PO: ¿Cuál es la situación de los trabajadores municipales que ha desencadenado el conflicto? R: Este conflicto tiene más de un año, cuando Ortega se quedó con las retenciones de las obras sociales; esto equivale a más de 1.000.000 de pesos. A esto se suma que se están vaciando hospitales y corralones, no se invierte en el parque industrial, no hay insumos en los hospitales, encima se acusa a los trabajadores y médicos del robo de los insumos. Con la excusa de que ha bajado la recaudación, se atrasaron en el pago de los sueldos desde el año pasado, se nos está pagando fraccionado en julio y del aguinaldo sólo se pagó el 25%. Quiero aclarar que se ha pagado el 25% del aguinaldo gracias a que, en el caso del corralón, el cuerpo de delegados está controlando con las oficinas contables lo que ingresa y pagando con la recaudación el aguinaldo. Se adeuda, además, dinero sobre un convenio por categorías del año ’93. El combustible de la movilización fue el anuncio de que se va a echar a 1.500 municipales en el distrito. PO: ¿Cuál es la situación del gremio? R: Está planteada más que nunca la unidad del gremio, “unidad del cuerpo de delegados”, de quienes fueron los motores de salir a la lucha. En el caso del corralón, en primer término echamos por medio de asambleas y conformación de lista a los carneros y planteamos iniciar este conflicto con el corte de Ruta 8, la semana pasada. Nos encontramos en asamblea permanente, donde discutimos las medidas y votamos nuestro programa. PO: ¿Cuáles serían las medidas a seguir y el programa del corralón? R: Lo primero que discutimos es que el problema no es Ortega; es Ortega, Duhalde, Menem y Cavallo. El plan de lucha tiene como principal eje intensificar las acciones, movilizaciones, asambleas, cortes de ruta, olla popular. Con estas iniciativas hemos sacado a los compañeros a la calle. Hemos votado en asamblea: • Ningún municipal a la calle. • No al ajuste de Duhalde, Menem y Cavallo. • Fuera los corruptos. Destitución de sus puestos. • Fondo de huelga con control del cuerpo de delegados.

PO: ¿Cómo ven la situación del movimiento obrero? Horacio: Yo veo que está peleando, pero sale a la calle a pelear sin dirección. Por eso los triunfos parciales terminan en derrotas aplastantes, como en el caso de Córdoba. Claudio: La situación está cada vez peor. Algunos sectores salen a luchar, pero no hay dirección. PO: ¿Y cómo piensan ustedes que se puede superar este problema? Horacio: El movimiento obrero debe darse una dirección revolucionaria. Por eso me parece piola lo de Congreso de Trabajadores. Pero a la vez hay que organizar a los desocupados, a fin de darles una salida en medio de esta situación de catástrofe, provocada por el capitalismo a nivel mundial. José: Coincido con los compañeros en que lo necesario es construir una herramienta política totalmente independiente de los partidos burgueses. El Frepaso sacó 6 millones de votos, pero no se diferencia en nada del menemismo. La alternativa la va a construir una dirección política revolucionaria que sepa englobar a los distintos conflictos. PO: El Partido Obrero, a fin de impulsar sus distintas campañas políticas, entre las cuales se destaca fundamentalmente la de Congreso de Trabajadores, ha lanzado su campaña financiera. ¿Qué les parece la financiación de nuestro partido con el aporte de la clase trabajadora? José: La Campaña Financiera está bien planteada, porque apunta a construir una herramienta política que hoy promueve el Congreso de Trabajadores, que lo necesitamos para organizarnos frente a las persecuciones judiciales a los compañeros de La Prensa, a favor de la lucha de los trabajadores y los estudiantes, etcétera. Horacio: Todo trabajador que tenga conciencia de su clase tiene que aportar a las organizaciones obreras. El peronismo creó una falsa conciencia en la clase, pero los trabajadores debemos entender que es necesario romper con los partidos patronales y construir nuestros propios partidos. Claudio: Estoy de acuerdo con una campaña financiera. Si no nos defendemos nosotros, ¿quién nos va a defender?

Durante la Asamblea de los municipales de General Sarmiento fue agredido Luis Zamora, del Mst. La responsabilidad de la agresión es de la dirección del sindicato, cuya política es cercenar la actividad de los partidos de izquierda, mientras acepta la “mediación” de la Iglesia, madre de todas las derrotas. Saludamos todas las iniciativas de lucha de los trabajadores municipales, apoyamos la coordinación con otras comunas y denunciamos abiertamente la proscripción de los partidos de izquierda como algo fatal para la victoria.

Han sido convocadas para el 5 de octubre próximo las elecciones en el gremio de prensa. Pero como paso previo, la burocracia centroizquierdista de la Utpba hizo elegir, en una Asamblea en donde movió a todo su aparato (ñoquis del sindicato, jubilados), una Junta Electoral monocolor, bloqueando a la lista Naranja la posibilidad de acceder al organismo de control de las elecciones. El oficialismo en Prensa ha llevado el vaciamiento sindical demasiado lejos, por lo que ha resuelto manejar los padrones en forma absolutamente discrecional. En las elecciones pasadas, la oposición tuvo acceso al padrón general recién dos días antes de las elecciones en el gremio, lo que imposibilita un control y facilita el fraude. La otra anomalía pre-electoral es la ausencia absoluta por parte de la Utpba de un programa capaz de sacar al gremio de la situación apremiante en que se encuentra, como lo revelan los despidos (80 en Página/12, 200 en La Nación, 80 en La Prensa, etcétera), y las rebajas salariales (La Razón, Página/12). Las consignas de la UTPBA son inoperantes o convalidan normas como la ley de accidentes de trabajo, la ley de emergencia previsional, la de jubilación privada, la ley de quiebras, etc. Para superar a esta conducción entregadora y vaciadora, la lista Naranja de Prensa llama a construir un Frente de Recuperación Gremial, para lo cual convoca a una Asamblea de Trabajadores de Prensa, cuya función sea votar un programa de lucha y a sus candidatos.

Luego de la renuncia de Angeloz, los enfrentamientos en la provincia parecieron apaciguarse. La burocracia recibió a Mestre con una tregua, la burguesía apoyó el recambio y el “interventor” asumió el gobierno en un escenario difícil de prever quince días antes. Ese escenario acaba de quebrarse. La movilización en conjunto de los trabajadores de CIADEA, Area Material Córdoba, Cormec y Perkins, el lunes 31 de agosto, alteró la situación en su conjunto. Durante la semana previa, el intento de aplicar la Ley de Emergencia chocó con los estatales en dos puntos claves: el viernes 28, una asamblea masiva de Luz y Fuerza resolvió no acatar el recorte de jornada laboral y de salarios y repudiar el nombramiento del interventor Mazzini Pinto (puesto por Mestre), por considerarlo “un serio avance hacia la privatización de la empresa, puesto que tiene intereses particulares concretos en relación a EPEC (y) se encuentra vinculado a los grandes grupos económicos de Córdoba” (La Voz, 29/7). La asamblea votó un plan de paros internos, reclamar a la Coordinadora de Gremios Estatales un paro provincial y constituir un “comité de disciplina” cuya misión es vigilar que se cumplan las resoluciones de la asamblea. Si a esto se une el inicio de la movilización en Obras Sanitarias (ver reportaje) —un gremio dominado por una burocracia pactista y mestrista (Bazán)— así como las asambleas en las distintas dependencias y sucursales del Banco Provincia que decidieron desacatar la Ley y trabajar los cinco días hábiles de la semana cumpliendo horario normal, se advierte la extensión de la resistencia. Las burocracias de estos gremios se declararon “sorprendidas” al enterarse de que sus sindicatos eran incluidos en la Ley de Emergencia, lo que las colocó a la defensiva frente a los trabajadores. La “sorpresa” confirma que hubo un pacto Angeloz-Primatesta-Mestre que el flamante “interventor” rompió por poderosas “razones de Estado”. La noticia de que “la administración Mestre procurará obtener créditos del Banco Mundial”, no para “financiar sueldos”, desnuda el giro de la gran banca frente al gobierno de Córdoba luego del golpe de Estado que volteó a Angeloz. “No podemos seguir viviendo de prestado —declaró Darwich, ministro de Hacienda—, por eso hemos planteado esta ley de emergencia” (La Voz, 29/7). La “ayuda” del Banco Mundial apunta a financiar la privatización en masa de las empresas públicas, incluyendo los bancos provinciales. Esta es la negociación que emprenderá la “misión” del Banco, que visitará Córdoba durante la última semana de agosto, “para debatir y exponer junto al equipo económico mediterráneo, con el fin de identificar las principales áreas de nuestro enfoque de trabajo” (ídem). La amplitud de la confiscación de salarios que está ejecutando Mestre, lo revela lo ocurrido en la empresa de energía (EPEC). El gobierno dispuso que la empresa absorbiera los mayores costos impositivos derivados de un impuesto adicional del 5.5% al consumo eléctrico, “una forma legal para que recursos generados por EPEC pasen a las arcas del Estado”. Con este golpe de mano, Mestre se apodera de 1.030.000 pesos (antes 463.000) provenientes de la reducción salarial. Una crisis que se generaliza El proceso de resistencia tiene otros protagonistas. En varias reparticiones, los empleados públicos han organizado comités de lucha, votados en asambleas, para impedir la aplicación de la ley. En varios hospitales, médicos y enfermeras decidieron mantener las jornadas laborales, denunciando que implementar la ley de emergencia significaría convertir a los hospitales en salas de guardia. La dirección del SEP está absolutamente desorientada. La ley de emergencia extendió la crisis al conjunto de los trabajadores cordobeses. Ha dejado a miles de chicos y ancianos sin el “paraguas protector” del Paicor, lo que implicaba una comida diaria y calzado. Además, generaliza la situación al interior de la provincia: hay 165 municipios que deben los salarios a sus empleados, los concejos deliberantes han adherido a la ley de emergencia y dispuesto reducciones salariales y horarias. En Río Cuarto, los municipales ocuparon el Concejo, impidiendo la aplicación de la ordenanza que aplica la ley; en Bel Ville, el sindicato resolvió un plan de lucha. Todo esto ocurre aun antes de que hayan comenzado a circular los bonos para pagar los salarios adeudados. El gobierno ha sido autorizado a emitir 800 millones de pesos (200 millones más que en el proyecto original). Como la Cámara de Comercio exigió el derecho a pagar el 50 % de los salarios de sus trabajadores con bonos y los municipios van a hacer lo mismo porque reciben parte de su coparticipación en los “Cecor” , la inmensa mayoría de la clase obrera cordobesa va a cobrar sus salarios en bonos cuyo poder adquisitivo no está asegurado. Para los capitalistas, en cambio, rige el valor nominal, el rescate asegurado y un rendimiento del 12% anual. La Coordinadora de Gremios Estatales jugó un papel fundamental en el “golpe de Estado” de Córdoba, debido a que la “tregua” que armó con el gobierno y el clero permitió avanzar en la ley de emergencia. Pero el desarrollo de la crisis y la resistencia de los trabajadores la ha dejado girando en el vacío. Le reclama al gobierno “rectificaciones a la Ley de Emergencia”, como si cada burocracia (Obras Sanitarias, bancarios) pudiera zafar por la propia de la reducción salarial. Sus planes “alternativos” (bancarios), o de “saneamiento” (Obras Sanitarias), están condenados al fracaso. Un salto en la crisis La patronal de Ciadea (Antelo) se negó a rotar las suspensiones entre todo el personal y adelantó que pretende despedir a los que hoy están fuera de la planta. Cormec (Macri) suspendió a 600 trabajadores por 35 días, debido a la caída de las exportaciones a Brasil. Esto significa que estamos en presencia de un derrumbe de los negocios de los dos grandes testaferros de la industria automotriz: Antelo y Macri. Córdoba es el escenario, entonces, de una fractura de la burguesía argentina y del primer caso en que el derrumbe del “plan” Cavallo disloca a dos baluartes de los “capitanes de la industria”. Se ha ingresado, por lo tanto, en una crisis política general. Se ha incorporado a la lucha la clase obrera industrial. Tanto los obreros metalúrgicos de Cormec y Perkins, como los del Area Material Córdoba, recibieron un gran impulso al enterarse del anuncio de la marcha de los trabajadores mecánicos. Que se abran las cuentas La Legislatura radical, decidió no votar la investigación del manejo de las cuentas públicas por parte de Angeloz. Un punto clave, porque todos están de acuerdo, por ahora, con las “cuentas de Mestre”, un “agujero negro” que el “interventor” hizo llegar a 1.200 millones de dólares y que hoy los “trascendidos” elevan a 2.000. En esta “cuenta” que se les quiere hacer pagar a los trabajadores, entra el vaciamiento del Banco Social, las estafas contra el Banco de la Provincia (préstamos a bancos quebrados, todos socios de la Fundación Mediterránea), el vaciamiento de EPEC, una masa de deudas en favor de los capitalistas que ya se llevó los fondos destinados a salarios y jubilaciones. El vuelco en la situación política cordobesa plantea la huelga general hasta la derogación de la ley de emergencia; reincorporación de todos los despedidos; que se abran las cuentas del Estado y los capitalistas; que se haga público el pacto del “golpe de Estado” bendecido por el clero; el enjuiciamiento a Angeloz. La apertura de los libros del Estado provincial, de los bancos y de las empresas públicas es la vía para que los trabajadores investiguen dónde han ido a parar los fondos y quiénes son los grandes deudores y los responsables del vaciamiento. Es necesario impulsar comités de huelga en cada repartición y en cada empresa, los plenarios abiertos de delegados y activistas en cada gremio, votar un congreso de bases provincial para enfrentar y acabar con la ley de emergencia.

El sábado 22, 400 trabajadores y estudiantes llenaron las instalaciones del Club Villa Malcom en la fiesta de apoyo a la Campaña Financiera del PO. Se destacaban compañeros de la Sanidad, estudiantes secundarios del Moreno, del Buenos Aires y de otros colegios capitalinos, estudiantes universitarios de Sociales, Filo, Arquitectura, del CBC junto a docentes universitarios, trabajadores de prensa, municipales. Una mesa bastante repleta estaba ocupada por los jubilados, que mostraron las suyas en la pista de baile. Pedro Mourin, en nombre de la Capital, llamó a redoblar esfuerzos para construir el Partido apoyando la Campaña Financiera. Dichos recursos se necesitan para encarar la lucha contra el avance del clericalismo en la educación, para defender la salud pública, para luchar por la derogación de la ley universitaria, para enfrentar la desocupación y los intentos de rebaja salarial, para poner en pie una gran Asamblea de trabajadores y de la Izquierda en la Capital, que tome en sus manos estas banderas.

“La Ley de Emergencia se ha aplicado en Dipas con la mayor celeridad y crudeza. La reducción horaria se aplicó directamente, quitando las tarjetas para imponer el trabajo tal como lo fija la ley, de lunes a miércoles un grupo y de jueves a sábado otro. Tuvimos que actuar de apuro, se hizo una asamblea de sector, en Administración Central, donde participaron alrededor de 350 compañeros; histórica porque hace mucho tiempo que no se convocaba a tanta gente y por el contenido de la asamblea. Allí se resolvió no acatar la decisión de la reducción horaria y de la reducción salarial y enfrentar el despido de 18 contratados. Esta cuestión se llevó a la asamblea general el mismo día y allí se resolvió lo mismo (pero la burocracia neutralizó los intentos de resolver el paro y la movilización, acompañando a Luz y Fuerza y Vialidad)”. P: ¿Cuál fue la conducta de la directiva? Ana: “Primero, ellos no plantean la derogación de la Ley de Emergencia, dicen que quieren discutir “puntos de la Ley”, siendo que todos sus puntos nos perjudican. La directiva se dedicó en la asamblea a dar una serie de razones técnicas y científicas en favor de una propuesta del sindicato para lograr ahorros en la empresa en lugar de la reducción salarial y que se le hizo llegar al gobernador sin que éste haya querido recibirlos. Proponen una “salida” sólo para Dipas —no para el resto que sufre el mismo ataque— pero lo que importa es que se trata de una distracción para los trabajadores, para dilatar toda resistencia a la ley y dejar correr el despido de los contratados. Días antes, la directiva había planteado que a nosotros, por ser un ente autárquico, no nos iban a aplicar la Ley y hoy resulta que entramos como cualquier otro gremio. El desencanto, la desilusión de los compañeros fue muy grande y, en el caso de la Lista Verde, planteamos el error político que había significado la conducta de la directiva desde que creyó que los legisladores iban a dar un plazo de 72 horas para negociar la Ley y a las cinco horas estaban sancionándola y reprimiendo al pueblo. Denunciamos el negociado con Primatesta, tras lo cual vino Mestre, como mejor discípulo de Menem-Cavallo y sobre la base de la atomización del movimiento sindical y la tregua pactada a espaldas de la gente. Llamamos al paro y la movilización —se repartió un volante que tuvo una excelente acogida, pero esto no fue resuelto. Las asambleas fueron masivas, hubo un cuestionamiento importante al sindicato, que expresa una desconfianza que, hasta el momento, parecía no existir. Este es el proceso que veremos cómo sigue...” P: ¿Cómo interviene en todo esto el tema de la privatización de la Dipas? Ana: “El Sipos, Bazán, se han pronunciado contra “este” proceso corrupto de privatización; entiéndase que si hubiera “otro” proceso que no fuera “corrupto” o que fuera con el sindicato, no habría desacuerdo. El gremio estaba totalmente de acuerdo con el tipo de privatización que planteaban Martí (actual intendente de la capital) y también Mestre, que era favorecer la entrega a Benito Roggio a través del plan de “empresa mixta” y “municipalización”, ya sancionada en el Concejo Deliberante, con un 51% en manos del Estado, gerenciamiento privado desde ahora y entrega de la mayoría accionaria en cuatro años. Toda esta debacle lanzada estos días tiene que ver con la “privatización” del agua, y el gremio tiene la expectativa de que ésta se operará bajo la forma de la “municipalización”, que de hecho es la entrega a Roggio, el grupo con el que el gremio tiene los negociados”.

De miembros de la Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABA) Se pronunciaron contra la persecución penal a Jorge Brodsky y demás trabajadores del diario La Prensa, Mirtha Mántaras (de la Comisión de Derechos Humanos de la AABA), Ernesto Moreau (vicepresidente de la Comisión Directiva), Boris Pasik (presidente de la Comisión de DD.HH. del CELS), y los abogados Laura Zimerman, Liliana Fontán, Hugo O. Segura, Angel F. Di Paola, Liliana Magrini y Adolfo Vignolo. Del Sindicato Unico de la Publicidad Repudiando las causas penales contra los compañeros del diario La Prensa se manifestaron Vicente Alvarez (secretario general del SUP), Osvaldo Sorrentino (secretario adjunto), Juan Carlos Montenegro (secretario gremial), Roberto Brullo (secretario de Prensa y Cultura), Casella (secretario de Asistencia Social y Turismo), E. Vallejo (vocal) y Miguel A. Peña (delegado de Nielsen).

Ya han pasado quince días desde la difusión de los índices récord de desocupación pero las medidas prometidas para “pulverizar” el desempleo siguen sin aparecer. La parálisis oficial respondería, según la prensa, al “desconcierto generalizado del gobierno” (El Economista, 28/7). La razón de este desconcierto es que las únicas medidas capaces de atacar seriamente la desocupación, tienen un carácter anti-capitalista. Pero “el gobierno es rehén de la Bolsa” (Prensa Obrera, 16/5). Más de lo mismo Menem y Cavallo están planteando profundizar la política que ha provocado el estallido del desempleo, por la simple razón de que su preocupación principal sigue pasando por la necesidad de pagar la deuda externa y mantener vivos los negocios de la Bolsa. Esta política deberá llevar a una explosión todavía mayor de la desocupación, entre otras cosas, porque “si la mayoría de las provincias encara la racionalización del gasto público –advierte El Economista, 28/7– unas 200.000 personas en forma directa o indirecta serán afectadas por despidos o reducciones salariales”. Otro ejemplo de esta política son las previsiones para 1996 que estipulan “el congelamiento de los gastos y de los salarios públicos”, es decir, que “no hay nuevos fondos para atender subsidios al desempleo” (Clarín, 25/7). Los anuncios sobre “la extensión del seguro de desempleo” hablan de reducir su importe (de 300 a 200 pesos mensuales) y su duración (de doce a seis meses) para “ampliar” el número de sus “beneficiarios” de 110.000 a poco más de 600.000 ... apenas el 23% de los desocupados oficialmente reconocidos. Mayores beneficios para los capitalistas Para Menem, Cavallo y los capitalistas, el drama de la desocupación es una “excusa” más para acumular mayores beneficios. La UIA declaró haber abandonado su “propuesta” de rebajar los salarios. Pero las patronales están eliminando premios, adicionales y tickets de alimentos, cuando no reducen lisa y llanamente el salario. El propio gobierno aplica a rajatablas la reducción salarial en todas las provincias y anuncia la rebaja de los aportes patronales. ¡Pero hoy los “costos laborales” son los más bajos de toda la historia! El cavallista Juan Luis Bour (El Economista, 28/7) se ve obligado a reconocer que “para el promedio de la industria, teniendo en cuenta la productividad del personal ocupado y la reducción de los aportes patronales, el costo laboral unitario fue el año pasado un 6% inferior al existente en los años 1985, 1986 y 1990 (¡cuando la hiperinflación devoraba los salarios!) y se redujo abruptamente (sic) con respecto a los años inmediatamente precedentes (12,3% en relación a 1993)”. Los aportes patronales no son, como pretenden hacer creer las patronales y el gobierno, “impuestos al trabajo”, sino salarios diferidos que sirven para financiar las obras sociales y la jubilación estatal. Su eliminación significará una directa reducción del salario. Se estima en 1.000 millones de pesos la pérdida de recaudación de las cajas jubilatorias como consecuencia de la reducción de los aportes patronales el año pasado. La reducción de los aportes patronales (salario) no aumenta el empleo: “el año pasado, la reducción de aportes (entre un 30% y un 80% según la región) ... no implicó la generación de nuevos empleos sino que, por el contrario, la cantidad de empleos se redujo” (ídem). Pero con la recaudación tributaria cayendo en picada, no será posible eliminar los aportes patronales sin “renegociar el acuerdo con el FMI ... En este sentido no hay misterios: como contrapartida de la reducción de los aportes patronales se le exigirá al gobierno la suba de las alícuotas de otros tributos. Combustibles es el primero en la lista” (ídem). Es decir que el aporte patronal será reemplazado por un nuevo impuesto al consumo. El gobierno también anunció que “acelerará la reforma laboral”, en particular en lo referido a la eliminación de las indemnizaciones por despido. Para ello, permitirá que “todas las empresas que contraten nuevo personal gozarán de los beneficios contemplados en la actual ley de flexibilización laboral para las pequeñas y medianas empresas” (Ambito Financiero, 28/7). El británico Charles Bean, “uno de los economistas que más ha estudiado el problema del desempleo, así como las recetas para combatirlo”, reconoce que “no parece haber relación entre los costes del despido y el nivel de desempleo si se toman largos períodos de tiempo. No es realmente una cuestión importante” (Río Negro, 28/7). Hay una salida Miguel Angel Broda –uno de los consultores del gobierno— no tuvo empacho en escribir que “resolver el problema de la desocupación puede llevar muchos años (sic) ... puede implicar la postergación (sic) de media generación (sic)” (El Economista, 28/7). La clase obrera no puede esperar tanto. Que la crisis la paguen ellos. Esto significa: reparto de las horas de trabajo para que nadie quede en la calle; reducción de la jornada de trabajo, para crear un “cuarto turno”, sin afectar el salario; prohibición por ley de los despidos y suspensiones; confiscación bajo control de los trabajadores de toda empresa que cierre, suspenda o despida; subsidio al desempleo equivalente al salario vigente; reducción de la edad jubilatoria; plan de obras públicas bajo control de los trabajadores; aumento de los salarios (reactiva la demanda); eliminación de los impuestos al consumo; impuestos al gran capital; no pago de la deuda externa.

El 20 de julio murió en Bélgica, a los 73 años, Ernest Mandel. Fue un activista del movimiento revolucionario desde su juventud; desde entonces hasta su muerte mantuvo una lucha inclaudicable contra el sistema imperante. Adhirió al trotskismo desde muy joven, siendo luego miembro del secretariado de la IVª Internacional. Si bien se destacó tempranamente en el plano de la teoría económica, ejerció la docencia en la Universidad Libre de Bruselas y se reveló como un economista de relieve internacional, nunca fue un marxista académico. Sus principales contribuciones al pensamiento económico marxista se alternaron con obras de divulgación que contribuyeron a la educación política de generaciones de militantes. Destacado polemista, debatió con figuras como Bettelheim, Galbraith, Carrillo, Althusser y Sartre. La medida de que no era un “alma bella” puede darla la reacción que mereció entre las democracias liberales contemporáneas: desde los años 60 tenía prohibida la entrada en EE.UU., Francia, Alemania, Suiza y Australia. Fue militante de un marxismo crítico, abierto a lo mejor del pensamiento contemporáneo. En la práctica y en el pensamiento combatió, a veces en sus propias filas, contra toda idea del marxismo como una concepción cerrada y acabada del mundo. Entendió al sistema capitalista como un régimen sujeto a contradicciones e históricamente transitorio. Supo ser, en su propio tiempo, un crítico implacable del stalinismo y de los socialismos reales. Luchó por desenvolver y fortalecer las organizaciones que se reclaman del marxismo, pero jamás depositó en ellas la solución de las contradicciones de la sociedad. Reivindicó que el protagonista son las masas y las organizaciones sólo su instrumento. No entendió el curso de la historia como lucha de aparatos, la reivindicó como lucha de clases, donde sin renunciar al clasismo dio relevancia a los movimientos sociales autónomos. Entendió la lucha por el socialismo como la lucha contra toda forma de discriminación y opresión. Ante el ligero tratamiento que hiciera un cronista de Página/12 el 21/7/95, sostenemos que cualquier balance crítico exige el reconocimiento del rigor de una obra y la consecuencia de una trayectoria. De ningún modo puede evaluárselo, como parecen ser los presupuestos de esa nota, desde los parámetros de éxito, fama y poder contra los que él mismo, como socialista, combatió. Quienes estamos en deuda con su obra y tuvimos, con acuerdos y desacuerdos, oportunidad de compartir con él proyectos y debates, queremos dejar testimonio de que con su muerte desparece una de las últimas grandes figuras de los marxistas clásicos, de aquellos que supieron reunir en su persona el compromiso intelectual con la pasión militante por transformar esta sociedad cada día más injusta y cruel. Blas de Santos, Alejandro Grimson, Abraham Sachman, Carlos Schonfeld, Horacio Tarcus, Alberto Guilis, Eduardo Gruner, Angel Fanjul, Dora Coledesky, Ricardo Zambrano, Alicia Caccopardo, M. Arroyo, Jorge Muller, Rolando Astarita, Adolfo Gilly, Guillermo Almeyra, Daniel Pereyra, Alberto J. Plá, José Lungarzo, Fernando Carnevali, Aurelio Narvaja, Carlos Suárez, Rubén Lozano, Jorge Muracciole, Daniel Ximenez, Oscar Martínez, Diana Rossi, Pedro Brieger, Emilio Cafassi, Carlos A. Brocatto, Pastora Campos, Cristina Martín, Esther Mouzo, Alberto Bonnet, Maggi Bellotti, Eduardo Lucita, Norberto Menéndez, Cristina Vieno, Roque Moyano.

Después del remate de las empresas públicas, de la implantación de la jubilación privada y la “flexibilidad laboral”, el gobierno auguró una etapa de más trabajo y mejores salarios. Hoy tenemos, como resultado, 2.700.000 desocupados y 1.300.000 “subocupados”. Es decir, un cataclismo social y político que pone de manifiesto el derrumbe del llamado “plan Cavallo”. Pero ante este estado de cosas, las “recetas“ del gobierno y las patronales sólo conducen a un punto: menores salarios y despidos en masa, es decir, la perspectiva de una mayor desocupación. Ninguno de los capitalistas que se llenaron los bolsillos con la explotación obrera de todos estos años está dispuesto a dar trabajo acudiendo a las ganancias ya realizadas. En nuestra zona, tenemos un claro ejemplo de ello con la empresa Aurora Siam: luego de haber batido récords de ventas de electrodomésticos y de haber integrado a dieciséis firmas bajo su control, el grupo Taraciuk (ahora asociado con la Grundig de Alemania) pretende despedir a un centenar de trabajadores en su planta de Avellaneda. Así, se sumarían a la legión de desocupados trabajadores metalúrgicos altamente calificados. Un contingente que, en nuestra zona, sumó, días atrás, a los trabajadores de la empresa Cristalux. El Partido Obrero denuncia el ataque que se prepara en Aurora Siam, y convoca a los trabajadores de la zona a una acción colectiva para parar la desocupación. Por la reducción de la jornada de trabajo sin afectar el salario, y la creación de un cuarto turno de trabajo. Por una ley que impida las suspensiones y despidos. Por un seguro al parado equivalente al salario y tickets canasta entregados por las municipalidades a los desocupados. Por un plan de obras públicas financiadas con impuestos a las grandes fortunas y el no pago de la deuda externa. Tras estas reivindicaciones, reclamemos la convocatoria a asambleas generales y plenarios de delegados a nuestras organizaciones sindicales, y el llamado a la huelga general.

El ferroviario Osvaldo Ramírez se desempeñó durante 38 años en el ferrocarril, hasta su privatización. Fue despedido y ya con 60 años no cosiguió luego trabajo. Varios meses después, en noviembre del año pasado, tuvo un accidente fatal. Su esposa inició el trámite de pensión. No prosperó. A la viuda de Ramírez no le corresponde la pensión por fallecimiento. Los 40 años de aportes no le dan derecho a nada. ¿Por qué? La nueva ley previsional establece que el trabajador, afiliado al sistema público o privado, que no registre 6 aportes en los últimos 12 meses, es aportante irregular y no tiene derecho al cobro de la pensión por invalidez y muerte. En la ley anterior, el derecho a la pensión regía hasta 5 años después del último aporte. De este modo, millones de desocupados y subocupados –30% de la población activa, equivalente a 4.000.000 de trabajadores– carecen por completo de toda cobertura jubilatoria. El trabajador más desprotegido y necesitado –el que está desocupado– está al margen de toda “seguridad social”. Como está desocupado y no aporta, en el futuro no tendrá jubilación o su haber será muy bajo. No tener sueldo, hoy, equivale a no tener jubilación o un haber de miseria en la vejez. Además, si por una enfermedad o accidente el trabajador quedara incapacitado, no tiene derecho a la pensión por invalidez. Si fallece, su esposa e hijos no tienen derecho a la pensión por fallecimiento. La “nueva” jubilación es una estafa completa porque le obliga al trabajador a aportar una parte de su salario –el 11%–, quitándole la cobertura de pensión para el período que más lo necesita, cuando está desocupado. Como la tendencia es a la desocupación creciente, la mitad de la clase trabajadora se quedará sin cobertura previsional. La privatización de la jubilación ha concluido en la eliminación de la previsión social. El Partido Obrero plantea la derogación de la actual ley previsional y la expropiación sin pago de las AFJP. El PO propugna una ley de jubilaciones con el 82% móvil y cobertura universal de la invalidez y fallecimiento, sobre la base del financiamiento exclusivamente patronal, en un régimen administrado por trabajadores y jubilados.

Miguel Martorell es secretario general de AMSAFE San Lorenzo. El martes 25, las elecciones complementarias en cinco escuelas dieron su último y concluyente veredicto: Tribuna Docente, 38; Dignidad Docente (burocracia radical), 18; blanco, 14. El llamado a complementarias había sido el último intento de la Junta Electoral de la burocracia para evitar su derrota. El Frente... Tribuna ganó las elecciones el 23 de mayo, ganó las complementarias un mes después en tres de las cinco mesas escrutadas (el comicio fue interrumpido por el Ministerio de Trabajo ante irregularidades monstruosas), y volvió a ganar ahora, acumulando el 55% de los votos de la estratégica seccional del cordón industrial rosarino. Antes de esta “tercera vuelta”, la conducción electa ya se había puesto al frente de la lucha contra el despido de 6 preceptores del secundario más importante de la zona. Junto a padres, docentes y jóvenes, impulsó un reclamo masivo para que el Concejo Deliberante de San Lorenzo vote una partida de emergencia para sostener a los preceptores y reclame a la gobernación el apoyo del presupuesto provincial. La flamante conducción se ha fijado cuatro tareas inmediatas y urgentes, más allá de orientar cada reclamo y cada lucha: una, reconstruir el cuerpo de delegados; dos, una campaña de afiliación masiva (muchos compañeros han desertado o no se han sumado por la política de la burocracia); tres, sacar el boletín de AMSAFE San Lorenzo, para que cada docente pueda hacer oír su voz y su opinión y para que tengamos una tribuna de esclarecimiento; cuatro, mudar el local del sindicato al corazón mismo de San Lorenzo.

Desde estas páginas hemos informado la sucesión de atropellos de la Junta Electoral de AMSAFE (radical) en las recientes elecciones docentes en la seccional San Lorenzo, ganadas por el Frente para Recuperar AMSAFE- Tribuna Docente. La Junta Electoral se niega a proclamar la victoria de esta lista y ha convocado a “elecciones complementarias” en cinco urnas que habían sido anuladas por vicios manifiestos. Estas elecciones sólo se hicieron parcialmente, porque el Ministerio de Trabajo interrumpió el comicio ante sucesivas impugnaciones, pero en las mesas en las que se escrutó, Tribuna amplió la diferencia que había obtenido en la elecciones generales. Finalmente, el Ministerio de Trabajo determinó una nueva convocatoria a complementarias para el 25 de julio. La conducción electa de AMSAFE San Lorenzo, sin embargo, no está esperando a que la oficialicen. Se ha puesto a la cabeza de la lucha contra la cesantía de 6 preceptores del colegio secundario Nº.2, sostenidos con auxilio de la cooperadora y ahora “borrados” de la planta. Tribuna ha instalado una mesa de agitación y está impulsando una firma masiva por la reincorporación de los preceptores a cargo de la comuna en forma inmediata. El conflicto ha llegado a las páginas de La Capital (Rosario): “Miguel Martorell, secretario general de AMSAFE en el departamento de San Lorenzo, detalló una serie de peticiones hechas por el gremio a las autoridades provinciales, municipales y a la CGT San Lorenzo... reincorporación inmediata, solicitud a los concejales locales para que voten una partida de emergencia para el pago de salarios, intervención del Concejo y la Municipalidad para que actúen ante el Ministerio de Educación a efectos de conseguir los nombramientos y que la CGT San Lorenzo convoque a un plenario de delegados para organizar la defensa de los puestos de trabajo y de la escuela pública”.

En asambleas generales breves y tensas, todos los brazos obreros se levantaron en Atlántida para votar la renovación del convenio de 4 turnos de 6 horas hasta el 21 de marzo de 1996. El acta incluye una cláusula de estabilidad laboral y ratifica las condiciones salariales y de trabajo del año anterior (se había logrado un aumento del 11 por ciento). No todo quedó igual, sin embargo; por requerimiento patronal, dos secciones volvieron a 3 turnos, se reasignaron puestos y se discutieron algunos cambios en modalidades de trabajo mediante un debate colectivo abordado por comisiones obreras de sección a la par de Comisión Interna, avaladas por asambleas de los sectores. La lucha arrancó un mes y medio atrás, el 10 de junio, cuando una asamblea en el cine Garín, con la concurrencia de 257 gráficos, votó por unanimidad un programa y la forma de llevarlo adelante: a) Renovación del convenio de horas, ningún despido. b) Pedido de un 4% de aumento. c) Rechazo de todo premio y en particular del plan de “sugerencias” implementado por la empresa. d) Discusión colectiva de las condiciones de trabjao requeridas por la empresa e) Rechazo del cheque en blanco pedido por la patronal a través de “un cambio de actitud”, que abarcaba desde la más amplia multifuncionalidad hasta la aceptación de todo tipo de premios y la autocrítica de nuestros paros. f) Ocupación de planta en caso de despido masivo. h) Insistir mediante un petitorio masivo (más una colecta de 1.000 pesos) en la reincorporación de un despedido (por una sustracción menor) por el que paramos toda la planta durante un turno de 6 horas. Ingresamos a la negociación ante una patronal encrespada por el paro masivo que hicimos el 21 de abril y por la huelga contra el despido del compañero de encuadernación. Simultáneamente, Perfil discontinuaba 90 compañeros, con la total eliminación de los contratados y retiros voluntarios y forzosos de un número de compañeros que tiende a ampliarse en los próximos días. Esta realidad es la de todo el gremio y el movimiento obrero El voto unánime de las 6 horas constituyó un salto político colosal, porque un año atrás, un frente de la burocracia ongarista, ciertos derrotistas, elementos patronales tradicionales y otros “amontonados” había arrastrado al 30% del taller a votar en contra de las 6 horas, atrás de la ilusión de las horas extras. La Comisión Interna cerró su balance político con propuestas de acción conjunta hacia las comisiones antiburocráticas del gremio gráfico, para reclamar una inmediata reunión con la Comisión Directiva del Sindicato en la que exigiremos la formación de una comisión contra la desocupación y la convocatoria al gremio para luchar por las 6 horas, por una ley contra despidos y suspensiones, contra la rebaja salarial y contra la privatización de la salud. También votamos llevar este programa al movimiento obrero de la Zona Norte, asolado por la hiperrecesión, en la perspectiva de un Plenario de Trabajadores de la zona.

El centroizquierdismo argentino, dedicado al tema de los derechos humanos (ahora, no bajo la dictadura), ha dejado pasar la oportunidad para denunciar la trama social que sostuvo a la dictadura videliana y llevar la campaña contra los responsables del genocidio, a los “capitanes de la industria”, los banqueros y los cardenales. “La clase dirigente —dijo el asesino Massera— alentó la guerra contra la subversión” (Río Negro, 29/7), “elimínenlos a todos, nos decían, porque necesitamos seguridad para nuestros negocios” (Clarín, 29/7). Ciertamente, lo que dice Massera no es ninguna novedad. Las denuncias e investigaciones han demostrado el funcionamiento de puestos de detención en el interior de las grandes fábricas (los más conocidos son Acindar y Ford, pero no los únicos) y la directa participación de las patronales en la confección de los “blancos operativos” de los “grupos de tareas” de la dictadura (Miluz, Mercedez Benz). Lo que confiesa Massera no sólo es cierto, además es obvio: los Macri, los Pérez Companc, los Soldati, los grandes banqueros y los grandes pulpos imperialistas eran (y lo siguen siendo) los verdaderos “dueños del país”; fueron ellos los que pusieron a la dictadura en el poder, los que se sirvieron de ella y los que se convirtieron en “demócratas” cuando la dictadura se agotó. (En el elenco hay que incluir a los Quarracino, Neustadt, Grondona, Alfonsín, Luder, etc.). En lugar de utilizar su muy bien informada “base de datos” para acrecentar con detalles y nombres la “confesión” de Massera, Horacio Verbitsky, en Página/12, “prefirió” atacar al asesino por sus mentiras —que, claro, son muchas y muy conocidas. Verbitsky eligió no denunciar la responsabilidad de la burguesía en el genocidio, porque esa misma burguesía es la que hoy apoya al régimen democratizante —que Verbitsky defiende— y a sus partidos “avanzados”. Los Pérez Companc, Soldatti y Macri, que ayer financiaban y aplaudían a los “grupos de tareas”, hoy financian y aplauden a los Bordón, a los Chacho Alvarez y a las Graciela Fernández Meijide. Se habría puesto así en evidencia la continuidad social, política y económica existente entre la “democracia” y la dictadura o, lo que es lo mismo, el carácter de la “democracia” como un instrumento político de los explotadores contra los explotados. La conciencia de clase (burguesa) del democratizante Verbitsky superó la conciencia antidictatorial del burgués Verbitsky. La respuesta distraccionista del centroizquierdismo ante las declaraciones de Massera sintetiza su política de separar a los grandes capitalistas de los militares y de la dictadura que ellos llevaron al poder. Para los Chacho, los Ibarra y las Meijide —enfrascados como están en la pelea por el queso de la futura Intendencia porteña— se trata de no malquistarse a los “sponsors” de la próxima campaña.