Prensa Obrera N° 457

También para el Mas el Encuentro Nacional del Movimiento Estudiantil concluyó en un estrepitoso fracaso: “el aparatismo y la autoproclamación, en particular del MST y de Venceremos, con el acompañamiento del PTS, convirtieron al Encuentro en un verdadero desencuentro para la vanguardia estudiantil (...) cuando finalmente llegamos al colegio donde debía realizarse el plenario, los bombos y las consignas saturaron el ambiente... (pero) afuera, tratando de asegurar que se “vote” lo cocinado con el MST, se quedaron Venceremos y también el PTS(...)”. El Mas ratifica nuestra caracterización sobre el sabotaje de la izquierda trucha al Encuentro de los “rebeldes” y señala el carácter franjista del programa que se “aprobó”. “El MST y Venceremos, con el acompañamiento del PTS, terminaron acordando entre ellos una plataforma de generalidades que no se diferencia en nada de la FUA... generaron confusión y desmoralización en muchos compañeros (...) Debemos señalar también que los compañeros de la UJS (PO), con los que tenemos diferencias, insistieron en la necesidad de poner el debate político en el centro y no avalaron la farsa montada por las demás corrientes”. La ratificación de la “farsa” quedó a cargo del Mst, que en un reciente balance del Encuentro responsabiliza ... al Pts y a Patria Libre, a los cuales acusa de haber ejercido un “chantaje”, que “tuvieron” que aceptar: “no tuvimos otra alternativa que aceptarlo, para salvar la unidad que estuvo a punto de liquidarse”. Lo mismo dice el Pts ... pero acusando en este caso al Mst. Una verdadera farsa.

Los días 21 y 22 de julio sesionó en la ciudad de Santa Fe el Congreso Nacional de Centros, que reunió a aproximadamente 350 delegados de diversas universidades del país. La tónica política del mismo estuvo dada por el acto de apertura, en el cual intervinieron los “invitados” de la FUA, los diputados Enrique Mathov (Ucr) y Guillermo Estévez Boero (Psp). Los planteos políticos de ambos apuntaron en un mismo sentido: la apología del “Súper-lema” armado para las elecciones santafecinas por la derecha radical (Usandizaga), el Frepaso y el “procesista” Alberto Natale. Es decir que todo el Congreso estuvo encuadrado en la política “amplia” de alianzas que también la FUA supo implementar a su manera: bajo el paraguas de la “amplitud” se tejió una alianza con los rectores... favorables a la ley menemista. Con la excusa de no espantar a esos “aliados” se impidió, por ejemplo, el acceso a Plaza de Mayo en la marcha del 21 de junio. Esta línea, la de incorporar al enemigo a la movilización, es la misma política de encerrona que la FUA viene llevando adelante, que reventó la movilización y que pontificó desde el propio inicio del Congreso. Como paliativo, la FUA propone más de lo mismo: una campaña de firmas sin destino, y esto aseverado por la propia Franja Morada, para la cual los diputados jamás votarían a favor de la iniciativa popular y, aun en el caso de que lo hicieran, no habría ninguna posibilidad de derrotar al menemismo en un plebiscito. El Congreso estuvo recorrido por una orientación esencialmente leguleya. Prueba de esto es que la principal y única medida votada fue la presentación de recursos de amparo por inconstitucionalidad... ante la Corte menemista. Justamente, lo que brilló por su ausencia fue el debate de la acción directa y de un plan de lucha, suplantado por un ángulo propio de juristas, que tiene su coronación en la consigna de “no aplicación” de una ley cuya derogación el Congreso ni siquiera reclamó. Como señaló la UJS, en una declaración pública, “quien se niega a luchar bajo la bandera de la derogación inmediata de la ley, mal puede luchar para que ésta no se aplique. Está quebrado”. El Congreso fue un monumento a la duplicidad política: la consigna de la “ley no pasará”, encubre que en gran medida ya se aplica y sirve de pantalla para una política consciente de desmovilización. El mentado “plan de lucha” simplemente desnuda que la FUA no tiene nada nuevo que ofrecer. Todo esto delata el carácter burocrático del Congreso, integrado por delegados electos en listas sábanas hace tiempo atrás, es decir, que no fue la representación de los estudiantes en lucha. Esto demuestra la certeza de la caracterización volcada por la UJS en las comisiones y en el plenario final, y el acierto del reclamo de “la preparación de la huelga general universitaria, mediante la convocatoria a nuevas movilizaciones, ocupación de facultades, y el llamado a un nuevo Congreso para principios de setiembre, sobre la base de asambleas previas y la formación de cuerpos de delegados por facultad”.

De Alfredo Bravo, Diputado de la Nación Buenos Aires, 14 de julio de 1995 Atención: UTPBA Estimados compañeros: Antes que nada, quiero hacerles llegar un pedido de disculpas por no poder estar presente en esta oportunidad. No obstante, es mi intención dejar sentado todo mi apoyo a los compañeros Jorge Brodsky, Adrián Alvarez y Ernesto Gutiérrez, ante la arbitraria situación por la que atraviesan, producto de una patronal cada vez más inescrupulosa y con el amparo de las autoridades públicas. Nos encontramos atravesando una etapa en la que quieren retrotraernos a las condiciones laborales vividas a fines del siglo pasado, producto del proceso de concentración del poder en manos de unos pocos grupos económicos. En dicha ocasión, fueron numerosos los trabajadores que dejaron su vida en la conquista de derechos que hoy no debemos regalar. En esta causa se encuentra puesto mi compromiso, más aún cuando se ataca a los trabajadores de prensa que niegan la alternativa de un silencio sumiso. Brindándoles mi más absoluta solidaridad activa, les envío un fuerte abrazo. De la Asociación Argentina de Actores Buenos Aires, julio 14 de 1995 UTPBA Secretario General Juan Carlos Camaño Presente En nombre del Consejo Integral de la Asociación Argentina de Actores, expresamos nuestra solidaridad y apoyo a las medidas tomadas y a tomar por UTPBA en contra de todos los actos que agravien los legítimos derechos gremiales de los trabajadores. Juan Borrás Presidente Marta Albanese Secretaria de Actas

Después de una corta ofensiva, las milicias serbio-bosnias entraron al enclave bosnio-musulmán de Zepa, que se encontraba bajo la “protección” de las Naciones Unidas. Apenas dos semanas antes, Srebrenica, otro enclave bosnio-musulmán “protegido”, había caído en manos de los serbio-bosnios. Tanto Zepa y Srebrenica como Gorazde –aún en manos de los musulmanes-bosnios– son pequeños enclaves en el este de Bosnia, de población mayoritariamente musulmana, que se encuentran rodeados por territorios dominados por las milicias serbias. Como ha ocurrido a lo largo de toda la guerra, con la conquista de las ciudades ha comenzado una nueva y brutal “limpieza étnica”: las milicias serbias deportaron a decenas de miles de mujeres, niños y ancianos y encerraron en campos de concentración a todos los hombres “en edad de combatir” donde se teme que sean torturados y fusilados. Las denuncias de asesinatos, violaciones y otras atrocidades se cuentan por miles. Lógica militar Según un analista militar norteamericano (The New York Times, 13/7), la ofensiva sobre los enclaves intenta resolver “el problema fundamental” de las milicias serbio-bosnias: “la falta de hombres (disponen de 80.000 contra 130.000 del gobierno de Sarajevo)”. Los serbio-bosnios, señala este especialista, “no disponen de tropas suficientes cuando son atacados en varios frentes”. “La caída de Srebrenica –concluye– puede ayudar a disminuir esta presión”. Nada de esto era desconocido para las potencias occidentales; ninguno de los que ahora derraman “lágrimas de cocodrilo” puede declararse “sorprendido” por esta ofensiva. Carl Bild, negociador de la Unión Europea, acaba de declarar que “Srebrenica nunca fue desmilitarizada como se acordó entre las dos partes. Tampoco fue defendida en la forma requerida por la gloriosa resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Y sin ser desmilitarizada ni defendida, estaba cantado que sería vulnerable con la reanudación de la lucha en toda Bosnia después del colapso del acuerdo de cese de hostilidades esta primavera” (Financial Times, 21/7). Tan “cantada”, que hace ya dos meses, un informe interno de la ONU del mes de mayo “recomendaba un abandono de los enclaves musulmanes en la línea de batalla como Srebrenica y Gorazde” por considerarlas “indefendibles” (Financial Times, 30/5). Lógica política Cuando comenzó la ofensiva contra los enclaves, estaba entablada una negociación entre las potencias occidentales y el presidente serbio Milosevic. Ya a fines de mayo pasado, el ex canciller británico, Douglas Hurd, anunció “Milosevic está muy cerca de reconocer a Bosnia-Herzegovina” (Financial Times, 30/5). Aclaremos: reconocimiento de su división en una federación croata-musulmana y una república serbia En agosto pasado, Milosevic “rompió” con el gobierno serbio-bosnio, prohibió la entrada de sus miembros a Serbia (con la notable excepción del general Mladic, jefe de las milicias serbio-bosnias y acusado de crímenes de guerra) y cerró las fronteras. La ONU “retribuyó” estos “esfuerzos” permitiendo los vuelos comerciales a Belgrado, su participación en competencias deportivas y eventos culturales internacionales y el ingreso de mercancías consideradas “humanitarias”. Poco a poco, las cancillerías occidentales comenzaron a descubrir la “eficacia” del bloqueo de Milosevic a las milicias serbio-bosnias y alabaron su “utilidad” en la resolución de las “crisis de los rehenes” de mayo. La voluntad política de las potencias occidentales de llegar a un acuerdo con Milosevic —tanto Estados Unidos como Francia lo consideran “la pieza clave” de los Balcanes (Le Monde, 20/7)— los llevó a cerrar los ojos ante los informes de sus propias agencias de inteligencia sobre la existencia de “una colaboración militar en marcha entre el ejército serbio y las milicias serbio-bosnias” (Time, 17/7) y hasta lo “justificaron” aduciendo que, por las características del terreno, “es imposible cerrar cualquier frontera en los Balcanes” (ídem). Después de la toma de Zepa y Srebrenica, “el recurso a la vía diplomática tiene todavía los favores de la administración (norteamericana), lo que significa, una vez más, reclamar los buenos oficios del presidente serbio Slobodan Milosevic” (Le Monde, 15/7). Al mismo tiempo, el alemán Carl Bild aconseja a las potencias occidentales “estar dispuestos a persistir en la búsqueda de un acuerdo negociado, aún cuando signifique negociar con líderes políticos a los que normalmente no invitaríamos a cenar” (Financial Times, 21/7). En la misma dirección, Le Monde (13/7) arriesga que el ataque a los enclaves no significa que Milosevic no tenga interés en un “acuerdo de paz” sino que se prepara a participar en él “desde una posición de fuerza”. No es de extrañar entonces que un vocero del Departamento de Estado norteamericano indique que en las últimas semanas se han registrado “progresos sustanciales” en las negociaciones con Milosevic (Clarín, 22/7). El imperialismo es responsable Varios analistas internacionales, sin embargo, advierten que “la guerra de Bosnia puede poner fin a la Nato y a las relaciones de seguridad transatlánticas de los últimos cincuenta años” (International Herald Tribune, 6/7).. Gran Bretaña, pero por sobre todo Francia, han fracasado en su intento de dar una “salida europea” a la guerra en Bosnia. El imperialismo norteamericano –con el apoyo de Alemania– se negó a enviar tropas de tierra para la misión de la ONU, al tiempo que armaba secretamente a los musulmanes y negociaba con Milosevic las condiciones del levantamiento de las sanciones económicas a Serbia, lo que fue denunciado por los franceses como un intento deliberado de alargar la guerra. Pero precisamente, el alargamiento de la guerra sirvió para poner en evidencia la impotencia de Francia y de Europa “ante una crisis de seguridad aguda en su propia región”. El fracaso de Francia da por tierra con sus sueños de convertirse, junto con Alemania, en la “potencia rectora” de Europa. Si los acuerdos con Milosevic progresan, Estados Unidos y Alemania quedarán como los tutores de la “paz balcánica” y Francia deberá contentarse con un papel de tercer orden, y no sólo en los asuntos de los Balcanes: “si nada cambia en la política Europea —escribe uno de los más prestigiosos analistas norteamericanos— Europa habrá perdido su derecho a tener un voto decisivo en lo que lo que hace Occidente” (William Plaff, en International Herald Tribune, 6/7). En las últimas semanas, Croacia ha desplazado grandes cantidades de tropas y armamento pesado hacia la frontera con Krajina —la región de Croacia dominada por los serbios-croatas, que reclaman su independencia, en lo que parece la preparación de una ofensiva en gran escala. Alemania —que ejerce un virtual “protectorado” sobre Croacia— ha vetado el ataque porque podría escalar la guerra a todos los Balcanes y pudrir la posibilidad de una “salida negociada” en Bosnia. Pero el gobierno de Tudjman se encuentra bajo una enorme presión de las fracciones guerreristas de su propia camarilla porque la dominación serbia sobre Krajina corta el país en dos y le impide utilizar las rutas, los oleoductos y las redes de energía que unen la costa del Mar Adriático con Zagreb (la capital croata) y el resto del país. Croacia, caracteriza Le Monde (20/7) “se balancea entre la guerra y la paz”. Mientras tanto, en Macedonia, crecen violentamente las tensiones entre los macedonios (eslavos) y los albaneses, que se encuentran “en el mismo estancamiento político que los musulmanes, los serbios y los croatas de Bosnia en 1991 (poco antes de que comenzara la guerra)” (London Review of Books, 9/3). Macedonia es una pieza codiciada para todas las potencias balcánicas porque domina todo el tránsito terrestre de la región (Macedonia es el único lugar por donde se pueden atravesar los montañas de los Balcanes de sur a norte y de este a oeste). Una guerra por Macedonia envolvería, directamente, tanto a Grecia como Bulgaria. Por este motivo, el imperialismo norteamericano, mientras se negaba a desplazar tropas a Bosnia, emplazó una “fuerza expedicionaria” en Macedonia y amenazó con utilizar sus bombarderos pesados contra quien intente extender hacia allí la guerra (Financial Times, 21/7). A la luz de esta situación de conjunto, está claro que sólo la expulsión del imperialismo y de las burocracias restauracionistas y la unidad socialista de los pueblos puede ponerle fin a la tragedia que se abate sobre los pueblos de los Balcanes.

La UIA ha salido histéricamente a reclamar una rebaja de los salarios del 10%, con la excusa de que así se reduciría la desocupación. Se trata de un enorme chantaje que no tiene por objeto reducir el desempleo sino aumentar los beneficios de los capitalistas. En apoyo a la UIA salió Juan Llach, del ministerio de Economía: “el costo laboral aumentó mucho en comparación con el costo del capital” (La Nación, 20/7). Ernesto Kritz, de la Fundación Mediterránea, difunde la misma especie: “Cavallo puso tanto énfasis en abaratar los bienes de capital que, al cabo de pocos años, provocó una fenomenal distorsión de los precios relativos en contra del uso de la mano de obra” (Página/12, 20/7). Si, como dicen, hay desocupación porque “los trabajadores son caros”, la “solución” sería “bajar el costo relativo de la mano de obra respecto del capital, sin subir el costo de este último. Esto requiere reducir los aportes patronales, disminuir la litigiosidad, las cuotas sindicales, los costos de los accidentes de trabajo y desregular las obras sociales” (Inés Piccinino, del estudio del cavalliano Miguel Angel Broda, Página/12, 16/7). La “teoría” es falsa por donde se la mire. Los que la sostienen no presentan ninguna prueba, porque los salarios cayeron en forma espectacular desde el “plan” Cavallo. Los “costos laborales”, en todo caso, están “inflados” por la sobrevaluación del peso respecto del dólar. Cualquiera puede comprender, sin embargo, que un aumento de inversiones incentivado por un menor costo del capital, aumenta el rendimiento y la tasa de explotación del trabajador. Se reduce de este modo la participación del salario en el valor total de la producción. Una reducción del costo del capital sirve para provocar una reducción del costo de la fuerza de trabajo. La acumulación del capital debería, así, incentivar la demanda de fuerza de trabajo. Si esto no ocurre, ello se debe simplemente a que los capitalistas no tienen a quién vender, primero, en proporción al mayor capital invertido y a la mayor productividad y, segundo, en forma absoluta, cuando se ingresa a la recesión. Es necesario, entonces, que los salarios aumenten, no que bajen. La incapacidad para hacer esto producirá una gigantesca crisis, cuando se verifique que las exportaciones no compensan la recesión interna. La práctica ya ha demostrado que la rebaja de los salarios nominales no termina con el desempleo: los salarios ya han sido rebajados nominalmente en Córdoba, en Río Negro, en Buenos Aires, en la administración pública y en numerosas pequeñas y medianas empresas ... con el resultado conocido: la desocupación es récord. La razón es sencilla: “de nada sirve una caída del salario en industrias que sufren una caída vertical en sus ventas: ahí sigue sobrando gente y la seguirán echando, porque no tiene sentido para un empresario tener más operarios que los que necesita aunque les pague el 10, el 20 o el 30% menos” (Página /12, 20/7). La caída relativa de los salarios respecto de la producción total provoca, inmediatamente, una caída del consumo y, por lo tanto, una nueva agudización de la recesión, mayores despidos. Vendrán entonces nuevos llamados de la UIA a “rebajar los costos laborales”. Al contrario de lo que afirma la burguesía, para acabar con la desocupación no hay que reducir los salarios sino aumentarlos, para reactivar el consumo. Los capitalistas, sin embargo, son incapaces de hacer esto directamente, porque choca con la “lógica capitalista”: el aumento de los salarios equivale a una caída de los beneficios. Además, y dada la anarquía del “mercado”, el aumento de los salarios no podría ser establecido conjuntamente. Para acabar con el desempleo hay que actuar contra la “lógica capitalista”, es decir, quebrar la política de las patronales de reducir los salarios, con medidas y métodos anticapitalistas: huelgas, ocupaciones de empresas y edificios públicos, y manifestaciones de masas para imponer el aumento de los salarios y todo un conjunto de medidas que eviten la caída del valor de la fuerza de trabajo (reparto de las horas, reducción de la jornada de trabajo, prohibición de los despidos y suspensiones). No hay una “salida económica” para acabar con el desempleo; sólo la “acción extraeconómica” de los trabajadores podrá impedir su degradación física y moral a manos de los capitalistas.

Acaba de fallecer, en Bruselas, a los 72 años, Ernest Mandel, dirigente histórico del Secretariado Unificado de la IVª Internacional, víctima de una larga enfermedad (Mal de Parkinson). Mandel nació en 1923, en Bélgica, hijo de un dirigente socialista, y desde muy joven participó del movimiento revolucionario. Adolescente, se incorporó a la sección belga de la IVª Internacional, que poseía militantes de la talla de León Lesoil y Abraham León (que sería asesinado por los nazis cuando era responsable por el trabajo obrero en la región minera de Charleroi). Mandel fue hecho prisionero por las tropas nazis y enviado a un campo de trabajo, del que logró huir todavía durante la Segunda Guerra Mundial. Mandel participó de la reorganización de la IVª Internacional en Europa durante el período final de la Segunda Guerra y la “Liberación”. En el Segundo Congreso Mundial le cupo la redacción de algunos de los documentos que caracterizaban a los países de Europa oriental ocupados por las tropas rusas, y en los que había sido expropiado el capital, como “Estados Obreros deformados”, lo que provocó fuertes debates y la salida de algunos sectores (Tony Cliff y la actual Lutte Ouvrière). En el III Congreso Mundial, el principal dirigente de la IVª (Michel Pablo) impuso la concepción de la burocracia soviética como un “factor revolucionario objetivo”. Mandel, a pesar de haber presentado un documento sobre el stalinismo (las “10 tesis”) en el que afirmaba que éste sólo podría ser revolucionario nacionalmente, no internacionalmente, concluyó alineado con la fracción pablista mayoritaria (su propia posición centrista lo llevaba a ello) que provocó la crisis y dispersión de la IVª Internacional, a partir de 1953. En los años siguientes, Mandel se destacaría como el principal teórico y dirigente de esa corriente, que adoptaría los nombres sucesivos de Secretariado Internacional y (a partir de 1963) Secretariado Unificado. Fue responsable por la teorización de un nuevo período de desarrollo de las fuerzas productivas capitalistas (“neocapitalismo”) y por la política de apoyo y/o formación de grupos foquistas en América Latina, que llevaría al SU a fracasos espectaculares, como la ruidosa desafiliación del PRT-ERP argentino del SU, en 1973. En ambos casos (las “nuevas vanguardias” en Europa o los EE.UU., o las “vanguardias guerrilleras” en América Latina) se trataba del abandono de la concepción del proletariado como la única clase consecuentemente revolucionaria: el “mandelismo” no consiguió superar al pablismo. Poco después de la huelga general francesa de mayo-junio de 1968, a Mandel le fue prohibido ingresar en territorio francés durante largos años. Escritor prolífico, Mandel produjo libros que circularon el mundo entero, y entre los que se destaca El Capitalismo Tardío, tanto por ser una expresión concentrada de sus ideas como por la celebridad que conquistó en medios intelectuales y académicos. Mandel siempre reivindicó a Trotsky y a la IVª Internacional. Este mérito no impidió que cada viraje de la lucha de clases mundial pusiera de manifiesto las limitaciones de sus planteos. Esto se hizo latente a mediados de los años 80, cuando Mandel apoyó la “glasnot”, como posibilidad de autorreforma de la burocracia, y paso a defender la progresividad de perestroika: el título de su principal libro al respecto (Más allá de la Perestroika) es todo un programa político. Las tentativas reformistas de la burocracia, sin embargo, tenían un carácter pro-capitalista y no podrían dejar de provocar una crisis revolucionaria que dejaría cara a cara a sus protagonistas fundamentales: el imperialismo mundial (que está por tras de los planes ahora descaradamente capitalistas del burócrata Yeltsin) y la clase obrera soviética. Merece destacarse la posición del grupo mandelista alemán, que se opuso al planteo de unidad de Alemania (so pretexto de defensa del “socialismo” de la RDA), lo que, con la caída del Muro de Berlín, decretó la bancarrota del “mandelismo”. Esto se hizo evidente en el propio Secretariado Unificado, que evolucionó rápidamente hacia una descomposición y degeneración política imparables, llegando a abrazar, en su XIIIº Congreso, la idea del fin (o de la “postergación sine die”) del socialismo, y otros planteos francamente burgueses. El propio Mandel fue sorprendido por esa derechización, y quedó en minoría en el Comité Ejecutivo del SU, donde llegó a calificar como “frentepopulista” la política de una sus secciones principales, la brasileña, que actuaba como verdadera policía política de la burocracia pro-burguesa del PT. Saludamos la memoria del militante y del pensador cuyo nombre y acción estuvieron entre los que más marcaron la frustrada y pendiente tarea central de nuestra época histórica: la construcción de la IVª Internacional.

Hace quince días casi 5.000 trabajadores se movilizaron en San Nicolás, para reclamar por los doscientos despedidos de la Central Térmica San Nicolás que acaban de ser cesanteados por sus nuevos dueños y por los miles y miles que han quedado en la calle desde la “privatización” de Somisa. Una semana después, más de 5.000 trabajadores y jóvenes marcharon por las calles de Mar del Plata en repudio a la cesantía de casi 100 lucifuercistas y en defensa del derecho al trabajo en una ciudad devastada por los despidos en masa y la “flexibilización” de los que laburan. En Villa Mercedes (San Luis), un centenar de desocupados marchó por las calles céntricas reclamando trabajo, subsidio y alimentos. Antes de San Nicolás, Mar del Plata y Villa Mercedes, trabajadores de la fruta desocupados de Centenario habían tomado violentamente el edificio de la municipalidad reclamando trabajo. Las puebladas han comenzado a recorrer toda la Argentina. Ante un degüello social de características catastróficas, miles y miles de trabajadores se han puesto en marcha para defender el derecho al trabajo y evitar la desaparición de pueblos y de ciudades. La convergencia entre las masas es cada vez más profunda, pero se enfrentan al obstáculo de sus direcciones traidoras. Las burocracias del CTA, MTA, ni hablar de la CGT, han hecho lo indecible para contener el paro activo en Córdoba, Mar del Plata o Río Negro. Por las seis horas, por un plan de obras públicas, por el seguro al parado y un reparto de emergencia de tickets-canasta a los desocupados. impulsemos estos reclamos y la movilización para arrancarlos.

Atlántida: “Una campaña en plena lucha” Reportaje a Carlos Ramírez, militante y miembro de la Comisión Interna de Editorial Atlántida P:¿Cómo va la campaña financiera? CR: Estamos en 24 aportes sobre un plan de 39. Lo entendemos como nuestro granito de arena a la construcción del Partido Obrero. Y estamos arrimando a una campaña similar a la de 1994 pero con un doble valor, porque una cantidad de aportistas de campaña lo hacen a la vez todos los meses, ayudando a sostener el nuevo local de zona norte, que hace al mejor funcionamiento del círculo y al desarrollo partidario en esta zona fabril que abarca a Ford, Terrabussi y tantas otras plantas del cordón industrial de la zona. P: ¿Y en qué circunstancia los toma esta campaña? CR: Al igual que el año pasado, estamos en plena lucha para seguir con la vigencia del acuerdo de 4 turnos de 6 horas. Estamos a punto de lograrlo, a pesar de que la situación del movimiento obrero se hace cada vez más difícil. Algunas fábricas del cordón industrial están tomando como ejemplo lo nuestro para tratar de imponerlo a sus respectivas patronales. A nosotros la lucha se nos hizo más sencilla porque este año, el 10 de junio, resolvimos por unanimidad, en una Asamblea General, renovar el convenio (el año pasado un tercio de la fábrica estuvo en contra) y fue tal la disposición a defender las 6 horas, que se votó ir a la toma de fábrica si la patronal incurría en despidos. “Hasta los desocupados aportan al PO” En el marco de la Campaña Financiera lanzada por el partido, el 23/7, varios compañeros realizamos una actividad de colecta en el barrio “La Chechela” de Escobar. Fue una actividad muy importante por varias razones, por un lado, nos permitió recolectar unos 20 aportes, con el dato sobresaliente de que en la mayoría de los casos fueron aportes de vecinos desocupados, que a pesar de su precaria situación económica se solidarizaron con el PO Por otra parte, las discusiones políticas entabladas nos sirvieron para constatar una serie de denuncias sobre la situación del barrio y ver el ánimo favorable del vecindario hacia nuestras posiciones. Como conclusión de ésta y otras actividades similares en otros barrios, creemos que el problema de la desocupación abre la posibilidad concreta de que el PO pueda orientar a las barriadas, dándole un canal de movilización en esta cuestión, como una de las actividades fundamentales de esta etapa política. En referencia a la actividad en Escobar hemos resuelto difundir a fondo en este barrio una charla sobre el tema para el 5/8 y comenzar a trabajar un petitorio, reclamándole al municipio que tome urgentes medidas para resolver la grave situación por la que atraviesan cientos de familias trabajadoras. Además, resolvimos extender esta iniciativa a la regional en general. Claudia - Zona Norte

El 14 de julio estaban reunidas todas las condiciones para un paro activo regional. Luego de la masiva movilización de más de 3.000 trabajadores y jóvenes, el viernes 7, la conducción de Luz y Fuerza convocó a un paro general con movilización para el 14, al cual llamó públicamente a sumarse al resto de gremios del CTA, MTA y CGT. Los reclamos: reincorporación de 93 compañeros cesanteados, anulación de traslados, liquidación de la “tercerización” y defensa del convenio colectivo. Por otro lado los terciarios, los secundarios y ahora los docentes estaban movilizados contra la virtual derogación del boleto estudiantil; lo mismo ocurría con los choferes de camiones contratados por la comuna y los bancarios por despidos, y con los municipales por la “racionalización” en marcha. La desocupación cunde en el puerto y se siente en todos lados. Esto explica que el llamado al paro tuviera un gran eco popular y que en la víspera, el jueves 13, la ciudad hubiera quedado a oscuras durante varios minutos, en apoyo al “apagón” reclamado por L y F. Pero ni los gremios del CTA ni los del MTA se sumaron al llamado de Luz y Fuerza, reemplazaron el paro por una marcha de solidaridad. En las primeras horas del viernes 14, el gobierno dictó la conciliación obligatoria, “retrotrayendo” el conflicto sólo en los papeles, ya que ESEBA no aceptó la reincorporación efectiva de los cesantes, (quedaron suspendidos “sujetos a negociación”), pero el sindicato igualmente levantó las medidas. Mientras tanto, por injerencia de la Iglesia, el gobierno destituyó a Flombaun, administrador de ESEBA, responsable del vaciamiento y de múltiples negociados en beneficio del duhaldismo, para disipar la posibilidad de la huelga general. “No son pocos los que le atribuyen a la Iglesia, en especial al obispo de Mar del Plata, Monseñor Arancedo, haber influido... en que cambiara la estrategia de mano dura”, una de las razones de la caída de Flombaum (La Capital, 15/7). Según este mismo diario, Duhalde estaba advertido de la posibilidad de que “Luz y Fuerza, pese a ubicarse en el ala izquierda de la CTA, encontraría pronto solidaridad en los otros nucleamientos sindicales... no descartándose una escalada que culminara con una huelga general en Mar del Plata, (además) habría sorprendido en La Plata que la población de Mar del Plata...haya expresado un inédito grado de adhesión al movimiento lucifuercista”. Duhalde entregó la cabeza de “su” administrador y ofreció el pago de los días caídos, pero no ha dado un paso atrás en lo sustancial. Pero el conjunto de los conflictos sigue en pie. Los terciarios y secundarios vienen de protagonizar una ocupación en masa del Concejo Deliberante frente a una ordenanza que establece que los estudiantes beneficiarios del boleto estudiantil deben adquirir talonarios mensuales y en cada una de las empresas que vayan a utilizar o, en su defecto, ir cada día y medio a las terminales a reclamar un boleto para dos viajes. José Rigane, secretario general de Luz y Fuerza Mar del Plata, declaró “estar un poco mas tranquilo” por el cambio de Flombaun, y “dispuesto a discutir todos los temas, inclusive lo que.. considero una cuestión de fondo, el convenio colectivo de trabajo” (La Capital, 20/7), mientras los cesantes siguen afuera —una condición puesta por el gobierno para no poner en crisis todo el operativo privatizador de ESEBA. El CTA y el MTA han vuelto a revelarse como un “peso muerto”. Los vasos comunicantes entre la CGT oficialista y el CTA son más profundos de lo que se cree: existe una “tregua social” de ambos con el gobierno Duhalde. Hace muy poco el Congreso del Trabajo y la Producción se quejó “contra la corrupción en la empresa” (Eseba), rechazando pronunciarse contra su “privatización”.

A los compañeros de prensa que concurrimos al acto del 14/7 a solidarizarnos con los delegados y trabajadores del diario La Prensa, perseguidos judicialmente por la patronal, no dejó de llamarnos la atención la ausencia casi absoluta de miembros de la conducción del sindicato: sólo estaban presentes el secretario (Daniel Terreno) y el prosecretario (Jorge Muracciole) del área gremial, e incluso este último se fue antes de que terminara, porque tenía que concurrir a... una cena. El secretario general, Juan Carlos Camaño, el secretario adjunto, Néstor Piccone, y toda la plana mayor del sindicato, estuvieron ausentes sin aviso. Tres días antes del acto, la lista Naranja de Prensa les había acercado una nota, en la cual les reclamaba la salida de afiches y volantes de convocatoria. Sin embargo, ese gesto de la Naranja no sirvió de nada, ya que la conducción no hizo absolutamente nada. Esta política de vaciamiento sindical fue contrarrestada por la intervención decidida de la lista Naranja de Prensa, que llevó el 14/7 a delegados y compañeros de varias empresas, más la concurrencia solidaria de dirigentes políticos, de derechos humanos y de otros gremios, que entendieron cabalmente la convocatoria como una lucha que el movimiento obrero está protagonizando ahora, en forma concentrada, en la persona de los compañeros Jorge Brodsky y compañía, pero cuyas proyecciones afectan, ya sea que se defina este juicio de una forma u otra, a todos los delegados y luchadores sindicales. La Utpba afirma en uno de sus slogans que “la gente existe”. Los trabajadores de prensa nos preguntamos: “¿La Utpba existe?”.

¿Qué caracterización, qué programa y qué acciones plantea la burocracia sindical para enfrentar la catástrofe de la desocupación? Caracterización Gerardo Martínez, secretario general de la CGT, declaró poco después de ser “elegido”, que “se le da una vuelta política al tema (de la desocupación) para desprestigiar al gobierno” y que “Menem y Cavallo están haciendo las cosas bien” (Página/12, 11/7). Ni más ni menos ... Para el secretario general, el gobierno no tiene ninguna responsabilidad en la duplicación de la desocupación en apenas un año. Tampoco las patronales la tendrían, porque en la opinión de Martínez, “los inmigrantes son los grandes responsables de la desocupación” (ídem). Martínez reclama incluso el uso de la fuerza pública contra los inmigrantes, cuando pide que se ponga en práctica la recientemente aprobada “ley de defensa del trabajo argentino”. En sus primeras declaraciones públicas, Martínez muestra una enorme ignorancia: “sólo el 1,3% del aumento del desempleo se debe a inmigrantes de países limítrofes. Suponiendo una inmigración nula en los últimos cinco años, la reducción de la tasa de desempleo no superaría el 1%” (Ambito Financiero, 19/7). La acusación de que los inmigrantes son “los grandes responsables de la desocupación” es una “declaración de principios”: frente único con las patronales y el gobierno contra los trabajadores. Programa La caracterización de Martínez de que la “culpa la tienen los inmigrantes” se completa con el programa que la CGT le presentó al gobierno, que se opone a la reducción de la jornada de trabajo, “prefiero que se mejore el subsidio al desempleo (antes que una reducción de la jornada laboral)”declaró Martínez. La reducción de la jornada y el reparto para que todos tengan trabajo es la única medida que permite mantener la cohesión de la clase obrera. Mediante el desempleo masivo, la burguesía busca agudizar brutalmente la división entre los obreros sin trabajo y los ocupados: el temor a perder el trabajo paraliza a los ocupados; la desmoralización por el paro forzoso y prolongado paraliza a los desocupados. Las organizaciones sindicales tienen la obligación de combatir esta división. Así lo entendieron los trabajadores metalúrgicos de Tierra del Fuego, que dieron un ejemplo para todo el movimiento obrero al exigir la reducción de la jornada a 6 horas diarias y la creación de un “cuarto turno” para que nadie quede en la calle. La reducción de la jornada de trabajo implica un ataque al beneficio capitalista porque serán las patronales las que deberán pagar los salarios de los obreros entre los cuales se reparte el trabajo; el subsidio al desempleo no toca los beneficios capitalistas porque se paga con el presupuesto estatal, que en Argentina se financia con impuestos al consumo. Plantear, como lo hace la CGT, que se aumente el subsidio al desempleo sin reclamar –al mismo tiempo– que se lo financie mediante impuestos al gran capital y el no pago de la deuda externa y que se eliminen los impuestos al consumo, significa reclamar una nueva confiscación a los trabajadores: serán los propios trabajadores quienes paguen el subsidio que reclama la CGT, incluso los propios desocupados ... que pagan el IVA y los restantes impuestos al consumo en cada producto que compran. Acciones La burocracia le reclama al gobierno y a las patronales el “más amplio consenso” ... Gerardo Martínez acaba de declarar que “todo lo que haya que hacer para combatir el desempleo tendrá que ser sobre la base de la estabilidad económica” (Clarín, 22/7), lo que en el lenguaje del burócrata significa el pleno respeto del “plan” cavalliano. La burocracia ha sido cómplice de la política que ha duplicado la desocupación y ahora es cómplice de la poilítica de rebaja de los sueldos nominales que impulsan la UIA y el gobierno. En Córdoba, acaba de dar el visto bueno a la reducción de los salarios de los empleados públicos, al pago de los salarios en bonos y al despido de los contratados; en Río Negro firmó con Massaccesi un “acuerdo de crisis” que oficializa el retraso de un mes en el pago de los sueldos y, también, el despido de los contratados. La responsabilidad por esta traición atañe también al MTA y al CTA, cuyos sindicatos también han firmado el “acuerdo” rionegrino y la “tregua” cordobesa. La salida es otra: asambleas de trabajadores en todos los gremios y comités de desocupados, para reclamarle a la CGT, al MTA y al CTA la huelga general y un plan de lucha contra el desempleo.

Los abogados querellantes del diario La Prensa han intimado al delegado Adrián Alvarez a que pague, por costas judiciales, 10 mil dólares, esto luego de que lo condenaran penalmente, tras haberlo acusado —en un proceso de características inauditas— de “falso testimonio”, por su declaración en el juicio laboral de desafuero del delegado Jorge Brodsky. Estos abogados, que en su momento fueron los mismos que defendieron a Videla, Camps y otras “linduras” por el estilo, e incluso ocuparon cargos como funcionarios de justicia durante la dictadura militar, demuestran con esta actitud el alto contenido de clase de la persecución, pues es norma que en estos casos los honorarios de los abogados los pague la empresa y no acosen al trabajador. Aquí no sólo se intenta quebrar moral, política y psicológicamente al compañero, sino que además pretenden arruinarlo conómicamente. La Utpba tiene el deber de solventar, a través de campañas en el gremio y hacia la opinión pública, las obligaciones que le imponen al compañero Adrián Alvarez, y convertir esta persecución político-económica en un boomerang, que se vuelva objetivamente en contra de los intereses de la patronal videlista y sus amanuenses legales.

Apenas cuatro años después de haber establecido un récord mundial en materia de inflación, la burguesía argentina ha establecido un nuevo récord de desocupación. Ha puesto a la Argentina entre los países de mayor desocupación en el mundo (y el de mayor masa de desocupados sin ningún tipo de cobertura social en todo el planeta) a una velocidad inusitada: en un año y medio (octubre de 1993 a mayo de 1995) duplicó la tasa; en apenas seis meses (octubre de 1994 a mayo de 1995) la aumentó en un 50%. Pero nadie establece un récord por casualidad. Es la consecuencia buscada de una política: “flexibilización”, desconocimiento de los convenios, incremento de los ritmos de trabajo, rebaja salarial, privatizaciones, alargamiento de la edad jubilatoria, rebaja de las indemnizaciones, alargamiento de la jornada laboral. La desocupación no es la consecuencia de las “falencias” del “plan” Cavallo, sino de su estricta aplicación. La difusión de las cifras sobre la desocupación ha provocado una crisis política. Porque ha puesto en evidencia la masacre social que significa el “plan” Cavallo. Porque significa una derrota ideológica (política) del “mercado”. Porque desnuda el derrumbe del “plan” Cavallo. Y, por sobre todo, porque el gobierno carece de política para enfrentar el crecimiento explosivo de la desocupación. La burguesía no sólo está sufriendo la presión de la recesión sobre sus balances; sufre también la presión política de los millones de desocupados que reclaman su “derecho al trabajo”. La Iglesia —con su ramificada organización y su milenaria experiencia— fue la primera en advertir los “peligros” de la enorme tensión que se acumula en las barriadas obreras. El gobierno pretende “completar la reforma laboral” y “reducir los costos laborales” —es decir, seguir aplicando la misma política que nos condujo a la catástrofe actual. La desocupación récord “encuentra a Economía sin políticas compensatorias ni recursos para la seguridad social” (Ambito Financiero, 20/7). El gobierno no tiene fondos para implementar la anunciada versión menemista de las “cajas PAN” o para “ampliar la cobertura” del seguro de desempleo, porque “lo que está haciendo es pagar primero los intereses y la amortización de la deuda y con lo que sobra paga salarios, jubilaciones y proveedores” (Miguel Angel Broda en Página/12, 25/6). La clase obrera tiene planteada una lucha a muerte por la defensa de su integridad física y moral. Para la lucha es necesaria una organización. Entre los desocupados existen muy valiosos, experimentados y combativos activistas obreros y sindicales. El completo abandono de los desocupados por parte de la burocracia hace recaer sobre estos compañeros —y sobre las organizaciones de izquierda y los delegados y activistas antiburocráticos— la tarea de organizar a los desocupados. En las colas para buscar empleo y en los barrios donde se concentran los desocupados es posible —y necesario— forjar la organización y la movilización de los sin trabajo. Para reclamar a los sindicatos, para que tomen la lucha de los desocupados en sus manos y para que convoquen a deliberaciones y a una lucha común de los ocupados y los desocupados, quebrando la cuña que meten las patronales y los burócratas para dividir la lucha obrera. Y para manifestar sobre el poder político por el “derecho al trabajo”, mediante movilizaciones, cortes de ruta y ocupaciones de edificios. Las manifestaciones contra la desocupación de Mar del Plata, de San Nicolás, de Zárate, de Centenario y de Allen marcan el camino. Si Menem y Cavallo no pueden dar solución al problema de la desocupación, ¡que se vayan! Programa Prohibición por ley de los despidos y suspensiones. Expropiación sin pago y bajo control de los trabajadores de toda empresa que cierre o despida; Reducción de la jornada laboral sin afectar el salario; reparto de las horas de trabajo; Seguro al desempleado equivalente al salario; Reducción de la edad jubilatoria; Aumento general de salarios, para reactivar el consumo. Eliminación de los impuestos al consumo; Que los municipios pongan en marcha un plan de obras públicas para dar trabajo a los desocupados y solución a las necesidades más acuciantes de las barriadas obreras; Inmediata suspensión del cobro de los servicios públicos —incluso, los privatizados–, de los impuestos y de las “contribuciones voluntarias” a las cooperadoras escolares y a los hospitales públicos a la población desocupada. Inmediata suspensión del cobro de los alquileres a los desocupados, los que deben ser asumidos por los municipios en el caso de los pequeños propietarios; No pago de la deuda externa e impuesto al gran capital y a la gran propiedad inmobiliaria para financiar los subsidios y las obras públicas; Comités contra la desocupación; Las centrales sindicales –CGT, MTA y CTA en conjunto y cada una por sí misma– tienen la responsabilidad de convocar a asambleas y congresos de trabajadores ocupados y desocupados, para librar una lucha común, y a la huelga general; Fuera Menem-Cavallo.

Las patronales telefónicas cesantearon a decenas de compañeros, como paso previo a una ofensiva “racionalizadora”. Frente a ello, los delegados y activistas opositores, nucleados en el Plenario de Trabajadores Telefónicos, lanzaron una campaña por la convocatoria al Plenario de Delegados. Este se realizó, finalmente, y votó una marcha y concentración para el 21. Ante la amenaza de una gran movilización, el Ministerio de Trabajo acordó con la patronal declarar una “conciliación”, reincorporando a los despedidos. Sin embargo, en el acta que la burocracia firmó con las patronales, se habla de “negociar” nuevas “modalidades de contratación”, lo que apunta a la reducción de personal. En numerosos edificios se votó, en asambleas, rechazar el acta y mantener la movilización del 21, la que fue finalmente levantada por la burocracia sin consultar al plenario de delegados. El Plenario de Trabajadores Telefónicos no estuvo a la altura de las circunstancias, pues la mayoría de sus integrantes aceptó la vía del “consenso”. Un sector bordonista (ex-guillanista), se plegó abiertamente a la burocracia. La Lista NARANJA impulsó en los edificios la defensa de la movilización y el planteo de que sea una Comisión elegida por el Plenario de Delegados la que discuta con la patronal. Ahora está planteado que el activismo y los delegados lancen una campaña para que este programa sea impuesto en el próximo plenario de delegados del 3 de agosto, impidiendo que la burocracia trate de levantarlo. La “negociación” en manos del guillanismo sólo será fuente de nuevas entregas de las conquistas de los telefónicos.

El domingo 16 de julio, perdido en las sierras cordobesas, en condiciones de semiclandestinidad, se realizó una “Reunión Sindical” entre miembros de la llamada Corriente Clasista que orienta el PTP y el “perro” Santillán, y la “nueva” tendencia sindical del PC (que se autodenomina Movimiento Político-sindical Liberación). Para impedir la asistencia de activistas y miembros de otros sectores, se planteó un “derecho de admisión”: sólo podían estar presentes secretarios generales de gremios. Pero, como todo derecho de admisión, era una excusa proscriptiva, ya que según la crónica que hace el PTP en su semanario (Hoy, l9/7), en la “reunión” había, aparte de los famosos “secretarios generales”, “miembros de comisiones internas y delegados representativos”, entre ellos “Miguel Delfini, coordinador de la Corriente Clasista y Mario Alderete del Movimiento Político-sindical Liberación”, ex dirigentes, hoy desocupados, representantes político-sindicales del PTP y del PC. El Mst relata en su periódico (Semanario Socialista, 19/7) que ellos y “muchos activistas judiciales, docentes y estatales” anduvieron recorriendo locales, en la búsqueda del lugar donde “supuestamente se haría la reunión”, hasta que “se enteraron que... se hacía en las sierras. Aun así, algunos compañeros se acercaron hasta el lugar... pero les fue impedida la entrada”. El Mst se traga el verso (o mejor dicho, se quiere tragar) de que era un plenario de secretarios generales y critica que “Los secretarios generales reunidos excluyeron a los activistas...”. Fue, por lo tanto, una “reunión sindical” de los amigos que se vienen juntando desde la Alianza Sur para apoyar la candidatura de Pino Solanas en las últimas elecciones. Frente con la burguesía En la “reunión” se resolvió constituir una “Mesa Nacional Provisoria” y convocar a un “Foro Sindical de Organizaciones que luchan contra el ajuste y el plan económico”, para fines de agosto, en La Rioja. Se votó una declaración, donde plantean “unir fuerzas y aportar al reagrupamiento de sectores opositores al modelo de Menem-Cavallo”. Esto significa un frente con la burguesía “opositora” (sectores de la Ucr y del Frepaso). La plataforma que votó la “reunión sindical” no plantea la expropiación de las AFJP sino “la anulación del régimen previsional de reparto” (refiriéndose seguramente a la cavallista ley de solidaridad previsional). Este cuidado respecto a las AFJP, se debe a la presencia de los Jacobo Lacks, dirigente de Previsol, como primer candidato de la Alianza Sur la presencia del Instituto de Fondos Cooperativos en las AFJP. Llama a la “defensa de la cultura nacional”, pero sin denunciar los avances del clericalismo, por lo que, debemos suponer, integra la cultura nacional. Plantea darle la tierra a quienes la trabajan o la “recuperación de las empresas privatizadas”, pero no su expropiación, dejando abiertas las puertas para que el Estado rescate a los grupos burgueses en crisis con soberbias indemnizaciones. Frente con la burocracia La “reunión” se propuso “crear las condiciones para una verdadera central de los trabajadores”, y llama para ello a la “unidad con los sectores que concretamos la Marcha Federal y el paro del 2 de agosto”, es decir, a las burocracias del Cta y el Mta. No importa que ellos hayan sido furgón de cola del chacho-bordonismo, no importa que hayan aislado las luchas de los trabajadores, no importa que Ubaldini y el Mta estén coqueteando con la “CGT empresaria”. En todo el texto de la “declaración”, no hay una sola crítica que las caracterice como burocracias, ni nada que delimite a sus autores de ellas. Tampoco hay un llamado a organizar un paro activo nacional para apoyar las luchas en curso (Córdoba, Mar del Plata, etc.) y enfrentar los ataques antiobreros (ley de accidentes de trabajo, privatización de la salud, etc.), sino, sólo una convocatoria a “nacionalizar las luchas”, entendida como “la unidad de obreros, estudiantes y pequeños productores”. Viejo plato Desaparecida la fantasmal Corriente Grande de Pino Solanas, el Ptp y el Pc, en lugar de rebobinar y sacar un balance de su Alianza Sur, vuelven por la misma senda de frentes con la burguesía y la burocracia, a la sombra de los cuales poder desarrollar sus aparatos partidarios. No olvidemos que Santillán y la Corriente “clasista” del Ptp se jactan de haberse integrado a una mesa común con las burocracias del Cta y el Mta. Basta de cónclaves clandestinos proburgueses. Lo que hace falta es que la vanguardia obrera debata públicamente. Para ello, es necesario un CONGRESO NACIONAL DE TRABAJADORES, con delegados electos en asambleas de fábricas y empresas.

La burocracia de la Unión de Educadores de Córdoba (UEPC), luego de “consensuar” con el novel gobernador cordobés la ley de emergencia (junto a sus “hermanos en Cristo” Pihen, Bazán, Primatesta, Berrotarán), aceptó el pago de los salarios en bonos, la reducción de un 20% en la bonificación por antigüedad, la prolongación de la jornada laboral hasta diciembre y los sábados, todo esto a cambio del pago de los salarios en efectivo de hasta 400 pesos por mes a “cuenta” de los meses de abril, mayo y junio y la promesa de 200 pesos a cuenta del aguinaldo en los primeros días de agosto. Después de tres meses de no ver un peso, los docentes se sienten millonarios con los 800 pesos que recibieron en el transcurso de dos semanas. Pero tienen el sabor amargo de saber que, al pagar las deudas, quedan nuevamente como antes sabiendo que los próximos pagos serán con bonos, además del recorte salarial. Además, desaparece la figura del interino, que pasó a ser docente “contratado”, y se suprimen los suplentes, medida que se anuncia luego de evaluar el censo realizado por el gobierno durante el lunes 17 y martes 18, y que contó con la venia de la conducción Grahovac. La “ley de emergencia” borra de un plumazo el estatuto del docente, desconociendo el llamado a inscripción para el ingreso, que debía hacerse en junio, además de contemplar la municipalización de “algunos servicios de salud y educación”. La burocracia se quedó sin respuesta cuando se anunció, el miércoles 19, mientras deliberaba el cuerpo de delegados departamentales, la reducción de la bonificación por antigüedad, medida que descartaba. Ante este anuncio, la única salida elegante que encontró para no levantar la retención de servicios (hasta entonces Grahovac quería levantarla), fue pasar a cuarto intermedio para el sábado 22, y llamar para el viernes 21 a la asamblea de delegados escolares, para ver qué hacer cuando se reúna el “órgano máximo de decisión” (al decir de los estatutos gremiales cuando se refiere a la asamblea de delegados departamentales, aparato totalmente regimentado por la burocracia, que a la hora de votar, lo hacen en secreto y a “la voz de ahura” de la burocracia). La desmoralización nuevamente cundió entre los delegados; muchos decidieron renunciar, frente a una nueva traición de la burocracia a una lucha ejemplar como la que vinieron llevando los trabajadores cordobeses. La salida a esta impasse se podrá dar a partir de desconocer los estatutos proscriptivos y atenazadores que la burocracia se niega a reformar, convirtiendo a las asambleas de delegados escolares en plenarios resolutivos, junto a los otros plenarios de empleados públicos, que nos permiten a los trabajadores de la provincia tomar decisiones en nuestras propias manos. El Encuentro de trabajadores se convierte, en estos momentos, en una necesidad vital para prepararnos para las nuevas luchas que se cocinan por el nuevo golpe que se les asesta a los trabajadores con este gobierno de facto.

P: El viernes 14 hubo una importante asamblea en el SMATA, con 2.000 trabajadores ¿Qué se discutió? R: La industria aumotriz está plagada de suspensiones y despidos, y el panorama es que se profundizarán. A las 1.300 suspensiones de Ciadea hay que agregarle 43 despidos en Thompson Ramco y jornadas reducidas en talleres como Vergomi. Ahora tenemos sobre nuestras cabezas la amenaza de despedir a los suspendidos de Ciadea y la “privatización” del sector de mantenimiento, que puede significar 600 trabajadores en la calle. Esta política ya había sido desarrollada por la empresa con el consentimiento del gremio. P: ¿Cuál fue el desarrollo de la asamblea? R: Allí se vieron claras dos políticas. La de Rodríguez, que pretende que se reúna la comisión automotriz para discutir allí la situación de los despidos. Rodríguez tiene una disputa con Cavallo, pero él trabaja para las patronales, por eso firmó los convenios que nos atan de pies y manos. Nosotros propusimos, y así se resolvió, que la política del gremio debía ser resistir cualquier despido o intento de despido. Mocionamos que se repartan las horas de trabajo pagando el 75% de las horas caídas. Lo que correspondería es el 100%, pero el convenio establece el 75%. En caso de no lograr esto, pedimos la rotación de las suspensiones, para que no se concentre en algunos compañeros que serán finalmente despedidos. Para esto votamos que se haga un plan de lucha con movilizaciones y ocupaciones de planta. La directiva de Córdoba planteó que a la marcha venga Rodríguez; se resolvió que las movilizaciones se hicieran con él o sin él. P: ¿Querés agregar algo más? R: Hay que dejar claro que los despidos están ligados a la decisión de la empresa de elevar la productividad. La patronal pretende que pasemos de 520 autos por día a 630 (*) y esto quiere hacerlo sin ningún tipo de inversión, pura y simplemente con mayor trabajo nuestro. José Rodríguez firmó hasta fines de 1999 el aumento de la productividad. El resultado son los despidos y la superexplotación.

Los trabajadores de Córdoba sufrirán una enorme confiscación salarial para pagar una deuda que no han contraido ellos, y que nadie sabe a cuanto asciende ni como se compone. En su discurso de asunción, Mestre anunció una deuda de 1.200 millones de pesos ¡más del doble de la reconocida por Angeloz antes! La Bolsa de Comercio, por su parte, estima que supera los 1.700 millones, un 50% mayor que la reconocida por Mestre. Jorge Caminotti, ministro de Angeloz, contabilizaba deudas financieras por 392 millones; Mestre por 570 millones. Mestre informa que los 1.200 millones incluyen las deudas de los bancos provinciales, pero ésto no explica la duplicación del déficit porque el banco le debe a la provincia 391 millones por los depósitos en cuenta corriente y de “las deudas del banco de Córdoba y del Social afrontadas por la administración central” (La Voz del interior, 12/7) ... es decir, utilizando los fondos destinados al pago de salarios y jubilaciones. Los legisladores de oposición denunciaron que fueron obligados a votar las “modificaciones” a la Ley de Emergencia de apuro y casi sin conocer el texto definitivo. Según estos legisladores, en los números que presentó Mestre “faltan precisiones e informaciones”, “se desconoce cual es la cantidad de empleados que tiene la provincia”, “no se informa sobre el monto de la deuda de la provincia con los bancos provinciales” y se ocultan “la deuda flotante de la provincia y los avales que se han otorgado” (La Voz del Interior, 14/7). Toda una “conspiración del silencio”. ¡Y además lo que ya se conoce! Las estafas en Epec, cuya investigación le costó la vida a Regino Maders; el vaciamiento del Banco Social, que llevó tras las rejas a Jaime Pompas, “hombre de confianza” de Angeloz y “capo” ; de las estafas contra el Banco de la Provincia. Su Comisión Interna denuncia que se otorgaron préstamos por más de 90 millones de dólares a un conjunto de bancos quebrados (Feigin, Austral, Extrader, BID, etc.), todos los cuales son socios de la Fundación Mediterránea ... Cada una de estas estafas, claro, está incluida en la “factura” que presenta Mestre. Según La Voz del Interior, “la sociedad creyó rápidamente las cuentas que presentó Mestre”. Las razones son evidentes. Las “cuentas de Mestre” le permiten a los grandes capitalistas y banqueros cargar todas las deudas en la cuenta que van a pagar los trabajadores. ¡Y esto no es todo! El gobierno de Mestre recibió de la Legislatura “carta blanca” para manejar el bono. ¡Cuanto más rápida sea la emisión del bono, mayor será la “oferta” de los trabajadores que quieran cambiarlos y, por lo tanto, mayor su desvalorización. Los manejos que puede emprender el gobierno para desvalorizar el bono, o para valorizarlo —cuando lo tengan en su poder los capitalistas— son incontables. Hay más. En una oportunidad en que el gobernador explicó su negativa a privatizar el Banco de Córdoba con el argumento de que no solucionaría la deuda provincial porque los préstamos del Banco Mundial sólo podrían destinarse a pagar las deudas del banco, la respuesta que le dio “una fuente calificada del ministerio de Economía” da una idea de las tropelías que se preparan si Mestre accede a entregarle el banco a Cavallo y al Banco Mundial. “El dinero -dijo- es un bien fungible (que se consume con su uso) ... Ese funcionario argumentó que ello es así porque la auditoría sobre el destino de esos fondos está a cargo del gobierno nacional” (La Voz del Interior, 7/7). En otras palabras, si entrega el banco, tiene las manos libres para saquear la provincia con la “cobertura” de Cavallo. A esta altura de la enumeración de chanchullos, está claro que el conjunto de la deuda presentada por Mestre es una estafa y una conspiración capitalista contra los trabajadores. La apertura de los libros contables del Estado provincial, de los bancos y de las empresas públicas de la provincia para que los trabajadores investiguen dónde han ido a parar los fondos, quienes son los grandes deudores de los bancos, quienes evaden los impuestos y quienes son los responsables del vaciamiento provincial no es, tan sólo, una medida de salud pública. Es, por sobre todo, un arma de autodefensa de los trabajadores contra la pretensión de los capitalistas de descargar la crisis sobre las espaldas del pueblo.

El gobernador Mestre debutó con una serie de “modificaciones” a la Ley de Emergencia de Angeloz. Reduce en un 30% los salarios de todos los empleados estatales, los adicionales por antiguedad y en un 40% la jornada laboral (con excepción de los docentes). Para los docentes, se cambia la modalidad de cálculo de los adicionales por antigüedad, lo que significa una rebaja salarial promedio del 27,5%; autoriza el alargamiento del ciclo lectivo y una mayor dedicación horaria; elimina del presupuesto los cargos de los docentes suplentes e interinos. Mientras se recortan los fondos para la educación pública, el gobierno ha comenzado a girar íntegramente los subsidios a la educación privada ... seguramente en “reconocimiento” al apoyo recibido de la Curia católica. Reduce en 5% las jubilaciones superiores a 400 pesos y elimina el 82% (al fijar un tope de $ 3.500 para las jubilaciones). Autoriza a pagar en efectivo sólo 400 pesos a los empleados públicos y docentes y de 300 pesos a los jubilados; el resto será pagado en bonos. El saldo de los salarios y las jubilaciones de mayo y junio también “será pagado oportunamente en bonos” (Río Negro, 15/7). Además, la Cámara de Comercio exigió el derecho a pagar el 50% de los salarios de sus trabajadores con los bonos que reciba. Las municipalidades recibirán parte de la coparticipación provincial en bonos, por lo que también pagarán los sueldos en bonos. El gobierno ha sido autorizado a emitir 800 millones de pesos en bonos (200 millones más que en el proyecto original) porque toda la clase obrera cordobesa va a cobrar sus salarios en bonos: la sobreoferta producirá una desvalorización inicial del bono pero, claro, no será la única. “La única forma de solucionar el problema, de sanear el sector público y de salvar a los bancos oficiales de un gran aprieto –editorializa La Voz del Interior (23/7) es la aceptación de que los Cecor (bonos) no valen lo que su lámina expresa. El mercado realizará este ajuste de forma natural y a través de diversos mecanismos, aunque con un mismo efecto: la desvalorización de los Cecor”. Una estafa para los trabajadores, los bonos son un negoción para los capitalistas: rinden el 12% anual, una tasa que el presidente de la Bolsa cordobesa, Juan Carlos Viano, no dudó en calificar de “generosa” (La Voz del Interior, 12/7). La ley de Mestre establece, además, el despido de los contratados y de los trabajadores del Paicor y la reducción del presupuesto en 282 millones, lo que provocará un derrumbe todavía mayor de la obra pública, y de la educación y la salud públicas. Como sabe lo que se viene, Mestre introdujo en la Ley de Emergencia la prohibición de las huelgas (decretando automáticamente y de antemano la conciliación obligatoria en todo el ámbito estatal y estableciendo “servicios mínimos” en todas las dependencias) y suspendiendo por 180 días los juicios que pudiera ocasionar la aplicación de la Ley. La Legislatura otorgó al gobernador el derecho de prorrogar unilateralmente la ley –que originalmente rige hasta diciembre– por un año más. Golpe de Estado Al mismo tiempo, Mestre anunció la venta del 49% de las acciones del Banco Córdoba y su gerenciamiento por la banca privada, la posibilidad de vender varias sucursales del Banco de Córdoba; de la privatización del Banco Social (“... no es lo mismo que el banco de la Provincia ... Un banco no significa dos bancos” declaró – La Voz del Interior, 12/7); la venta de las centrales termoeléctricas y de “un conjunto de organismos estatales prescindibles” (ídem). Salta a la vista que, cuando Mestre se niega a entregarle el Banco y Epec a Cavallo, no “defiende” el patrimonio de la provincia sino las “cajas” que sostuvieron durante años al radicalismo cordobés. La confiscación salarial y la entrega de los recursos de la provincia será rigurosamente vigilada: Mestre anunció que “el Banco Mundial enviará técnicos a evaluar las cuentas provinciales” (La Voz del Interior, 16/7). Un paquetazo antiobrero fenomenal y el esbozo de un plan de privatizaciones, sometidos ambos a la auditoría del imperialismo mundial: Mestre es un rehén de Menem-Cavallo y del capital usurario internacional. Por un Congreso de Bases para enfrentar la Ley de Emergencia El “paquetazo” de Mestre no recibió la misma respuesta contundente que inviabilizó el de Angeloz. Para que ocurriera esto se montó un vasto operativo político: el gobierno nacional “facilitó” un préstamo de 70 millones con el cual Mestre pudo pagar una parte de los salarios atrasados; la “descompresión” de la situación le permitió avanzar a fondo en la aprobación de las modificaciones a la Ley de Emergencia. Al recibir a Mestre con una “tregua”, la burocracia de la Coordinadora de Gremios Estatales (incluida su ala centroizquierdista, Bazán del Sipos) jugó un papel fundamental en este operativo monitoreado por la Iglesia. La burocracia cordobesa, en realidad, ha ido mucho más lejos que otorgar una “tregua”. Walter Grahovac, del sindicato docente (UEPC), no tuvo empacho en declarar que “Mestre habla con la verdad ... tiene una forma distinta de hacer política y ha expresado cosas que para nosotros resultan significativas ... la verdad, aunque duela, siempre es mejor que la mentira” (La Voz del Interior, 14/7). Está claro que Grahovac –y la burocracia de la Coordinadora– no consideran a Mestre como lo que es: un enemigo jurado de la clase obrera, que viene a hacerle pagar la crisis en nombre del gran capital. Por eso, en el mismo reportaje, Grahovac propone “buscar una salida creativa (sic) ... (para) procurar (sic) que la gente no caiga en la indigencia”. En la propia UEPC tenemos un ejemplo de una de estas “salidas creativas”: la directiva propone que, en lugar de dictar clases los sábados se agregue una hora más de clase los días de semana ... es decir que no impugna el alargamiento de la jornada laboral. Otro ejemplo de estas “salidas creativas” es la afirmación de los miembros de la Coordinadora de que “el bono de libre circulación es más útil que el bono previsto anteriormente, con los cuales los trabajadores sólo podían pagar impuestos” (La Voz del Interior, 9/7). La burocracia no enfrenta la ley; discute las modalidades de su aplicación, para hacerla más “digerible” a los trabajadores. Es, por lo tanto, cómplice del ataque que ha lanzado el gobierno. Esta política criminal, sin embargo, tiene patas cortas frente a la brutalidad del mazazo que se descarga sobre los trabajadores cordobeses. El plenario de delegados y activistas del SEP ha resuelto rechazarla rebaja salarial, la reducción de horas y la quita de los adicionales por antigüedad; los maestros no aceptan la rebaja salarial y reclaman el pago a los maestros suplentes. En las escuelas y oficinas, la tensión está en aumento ... conforme se van conociendo los alcances de la ley y se van agotando los pocos pesos pagados por Mestre. La denuncia de la política de la burocracia de la Coordinadora de Gremios Estatales y la deliberación política de los trabajadores deben servir para preparar la nueva oleada de luchas contra la confiscación: impulsemos en todos los gremios plenarios de delegados y activistas y un Congreso de Bases provincial para enfrentar la ley de la rebaja del salario.

Sobre la base del acuerdo Mas-PO en Santa Fe, hemos conformado una alianza para las próximas elecciones provinciales y municipales del 8 de octubre. El Mst, apenas un día antes que vencieran los plazos oficiales para inscribir alianzas, lanzó una propuesta pública de reproducir en Neuquén el frente derechista que tiene en Santa Fe con el Ptp, incorporando aquí también a Patria Libre. A raíz de la prorroga de los plazos, el Mst volvió a insistir en su frente derechista, en tanto amagaba con un frente con la izquierda con el programa del FIS. Como ven, el Mst tiene un menú de programas depende quién sea el interlocutor, desempolva uno u otro. Un día antes del vencimiento de los nuevos plazos y cuando había fracasado en toda la línea su frente derechista, el Mst, luego de “clavar” un par de citas con el Mas y el PO, se avino a sentarse a escasas horas del vencimiento (viernes a las 18 horas). Pero no concurrió a sumarse al Frente, sino a intentar abortarlo, aunque sea a último momento. Para eso empeñó incluso la presencia en Neuquén de uno de sus máximos dirigentes. Además de ignorar el programa que ya teníamos, el Mst proponía un proyecto de declaración que iba contra el contenido socialista del programa Mas-PO de Santa Fe. Por ejemplo, la propuesta del Mst no denuncia la injerencia del clero y el capital en la educación; excluye la reivindicación del paro nacional universitario activo (“porque es una medida coyuntural que no corresponde ser incluida en un programa”); excluye la expropiación y liquidación de todas las AFJP; no denuncia al Mercosur ni al Nafta; también excluye la consigna de la Unidad Socialista de América Latina y por la unidad internacional de los trabajadores. Tampoco denuncia a los partidos que se denominan de “izquierda” y seudoizquierda que apoyan el ajuste “humano”. Tampoco llama a luchar por el socialismo en el mundo. Cambia el punto 15 del acuerdo Mas-PO que dice: “Participamos en esta campaña electoral para impulsar a los trabajadores en la comprensión de que deben organizarse en forma independiente de la burguesía y sus partidos y luchar por la conquista del poder político, ampliar el terreno de lucha y de educación que permitirá formar una gran vanguardia obrera y revolucionaria...”, por “El frente participa de las elecciones para utilizar la tribuna electoral para apoyar y solidarizarse con todas las luchas obreras y populares y para denunciar la realidad que sufren los trabajadores de todo el país”. Como se ve, el Mst adapta su planteo a lo “que digan” el Ptp, el PC o Solanas. Ni hablar que el control obrero está ausente en el punto que reclama “la nacionalización sin pago (menos mal) de la banca y el comercio exterior”. Cuando su maniobra quedó desvirtuada, el dirigente nacional del Mst demostró que había venido realmente a “hacer escuela”; se despachó con una serie de insultos al Mas y al PO y contra los candidatos y ambas organizaciones.

La Cámara de Senadores aprobó el jueves 20 pasado el proyecto de ley de Educación Superior que ya tenía media sanción de la Cámara de Diputados. La ley es una copia de lo recomendado textualmente por el Banco Mundial, una entidad auxiliar del FMI con sede en Washington, que representa a la banca acreedora. Usureros El principal propósito de la ley universitaria es “extraeducativo”: la confiscación directa o indirecta del salario, sea por vía del arancel o del desfinanciamiento presupuestario. Los recursos fiscales (impuestos al consumo) que antes se destinaban a la educación, ahora se utilizarán para el pago... de la deuda externa. Concretamente, sólo en este año, el Estado tiene que pagar 10.000 millones de dólares a sus acreedores, lo que equivale a 7 años consecutivos del presupuesto de las más de 30 universidades nacionales. La presión del Banco Mundial impuso la “rápida aprobación” de la ley, porque de esto dependía la liberación de diversos préstamos en la situación de desbarranque del plan económico. Debido a este “apuro” quedó enterrado un proyecto de “consenso” acordado con los rectores radicales El “acuerdo” Ese “consenso” permitía que las camarillas de los profesores titulares quedara con el gobierno de la Universidad, disminuyendo la injerencia del Ministerio de Educación. Aunque preveía también eliminar el arancelamiento a los cursos de grado, prometía aplicarlo a los cursos de posgrado, alargando su alcance. Las modificaciones “acordadas” dejaban en pie lo esencial de la ley: a) la “privatización” , por la vía de convenios con las corporaciones privadas; b) el cobro de aranceles encubiertos (“tasas”, “derechos” y “contribuciones”; c) el gobierno universitario con mayoría de los profesores y un sinnúmero de “Consejos” de control, asesoramiento y evaluación dominados por el Poder Ejecutivo y los rectores; d) el limitacionismo (cursos y cupos de ingreso, y condiciones de permanencia en la universidad); e) el apoyo y subsidio a la universidad privada y confesional. La inconsistencia de la oposición radical y frepasista y de la FUA permitió al gobierno sacar su proyecto. La FUA y la CONADU desmovilizaron la resistencia a la ley oficial, para presentar un frente “unido” con los rectores, y han terminado sirviendo a los cómplices y ejecutores de la destrucción de la educación pública.