Prensa Obrera N° 452

La política económica del plan Cavallo vomita trabajadores a la calle y los convierte en desocupados. Gran parte de ellos comienza como chofer de taxi. Para poder trabajar son obligados a firmar el “contrato de locación”, pagar de 50 a 60 pesos por turno de 12 horas, cargando con gastos de combustible, pinchaduras, etc. El contrato liquida la jornada de 8 horas, el descanso semanal, vacaciones, aguinaldo, enfermedad e indemnización. Convierte a trabajadores en relación de dependencia en autónomos, debiendo pagar al sistema previsional igual suma que los propietarios de taxi. Estos mismos lograron evitar presentar en SACTA el libre deuda previsional. Muchos debían varios años, y tener que regularizar deudas les hubiera obligado a vender sus licencias. De esta forma, la patronal puede sostener su tasa de ganancia sobre la espalda de los choferes. La clase media ha sido alcanzada por el desempleo y, como consecuencia de esto, se redujeron los viajes en taxi. Por lo tanto, el trabajo no asegura siquiera el pago del alquiler diario. ¡Explotados de arriba a abajo!

El “plan” Cavallo ha “logrado” paralizar al país. Hay provincias virtualmente paradas; hay industrias completamente paradas; existe una quiebra creciente del comercio; la desocupación llega a más de tres millones de trabajadores. Los que tienen trabajo, no cobran. No solamente en Córdoba o Río Negro los atrasos en los pagos de los salarios son moneda corriente. No hay que olvidar que la consigna de no pagar, la lanzó primero Cavallo para los jubilados y empleados públicos nacionales. Los que no cobran, tampoco tienen perspectiva de cobrar, ya que la recaudación de impuestos cae todos los días. Los “economistas” están preocupados de que Cavallo no pueda “cumplir” con el FMI, porque la de que “cumpla” con los trabajadores ya la han dejado atrás. A este cuadro de bancarrota se le ha juntado ahora el colapso comercial con Brasil. Pero en todo lo que se ha dicho sobre este asunto, falta lo fundamental: que los decretos de Cardoso son un respuesta a la bancarrota del “plan Cavallo” brasileño, el Real. Argentina no sufre, entonces, las consecuencias de una calamidad externa, sino su propia calamidad proyectada desde el exterior. Lo que tampoco se ha dicho es que los decretos de Cardoso fueron reclamados por los pulpos automotrices internacionales que operan tanto en Brasil como en la Argentina, es decir que fueron impuestos por los verdaderos amos de nuestros países y por los verdaderos dueños de sus gobiernos. Por eso es que Menem y Cardoso se van a poner de acuerdo. Los decretos de Cardoso apuntan a superexplotar todavía más a los obreros de Brasil y, a través de esto, a reforzar la presión sobre los de la Argentina. También por esto, Menem y Cardoso se van a poner de acuerdo. Los acuerdos entre estos dos títeres del imperialismo deberían servir de lección para que los obreros del cono sur nos unamos internacionalmente para acabar con los “planes Cavallo” en todos nuestros países. La crisis en el Mercosur, en el marco del derrumbe del “plan” económico, acentuará todavía más la recesión, la quiebra comercial y la desocupación. ¿Qué política se dan frente a esto los grandes capitalistas? Un reciente documento, que lleva la firma del Trust Bank (yanqui) y del Dresdner Bank (alemán), la define con todas las letras. Ofrece un rescate financiero al “plan Cavallo”, es decir, mayor endeudamiento, a cambio de la privatización de la salud, de la ley de patentes que reclama Cheek, del cierre de unos sesenta bancos rivales, de mayor flexibilización laboral y, necesario para esto, de la sanción de la ley universitaria. El capital financiero explota la bancarrota menemista para forzarlo a ir hasta el final. Es claro, sin embargo, que la promesa de ir a fondo con esto necesita el respaldo de una garantía. Los pulpos no prestan contra palabras o proyectos. Esa garantía para un amplio sector de la banca internacional es la entrega del poder a Cavallo —es decir, que él sea el ministro coordinador o jefe de gabinete. Un comentarista de La Nación asegura que si no acepta el planteo de estos bancos, “Menem es hombre muerto”. El planteo es una advertencia política al clan menemista, que últimamente ha tenido “roces” con Cavallo. Pero la amenaza de los banqueros, después de siete años de mandato menemista delata la enorme debilidad del actual régimen político. El capital financiero está diciendo que no puede gobernar con los actuales instrumentos “democráticos” ni con el precario “pluralismo” de moda. Un desenlace de la crisis en la cúspide del poder es más o menos inminente. La burocracia sindical está sintiendo la proximidad de ese desenlace con toda intensidad. La cúpula de la CGT no ha logrado que se atienda su pedido de asociación con los pulpos capitalistas interesados en la privatización de la salud; los grandes bancos han reiterado que quieren el control sin límites de este negocio. Privatización de la salud y ley de patentes van, por supuesto, juntas. Pero la decisión de los José Rodríguez y de los Juan Zanola, de buscar un acuerdo con los Saúl Ubaldini y los Palacio, no tiene envergadura para oponerse al curso de la gigantesca crisis actual. Es necesario que intervengan los trabajadores. La inevitabilidad de que esta intervención se produzca está demostrada por la tendencia que están expresando los estudiantes a sobrepasar a la burocracia alfonsinista-bordonista de la FUA y a construir sus organizaciones de base. La política económica cavallana y el régimen menemista han agotado sus posibilidades frente a las masas, no importa lo que haya ocurrido en las urnas hace sólo 45 días. Los despidos masivos y el no pago de los salarios han puesto a los trabajadores en una situación límite; la única duda ahora es cuál será el detonante de una movilización general o de una serie de movilizaciones de alcance superior a lo ocurrido desde 1989. Es necesario preparar esta evolución de los acontecimientos y darle una dirección. La ausencia de salida para las masas, de parte de los capitalistas y del gobierno, plantea determinar esa salida y actuar para que la masa se aproxime a ella y la modifique según sus propias necesidades de lucha. Es necesario un congreso de trabajadores, y por lo tanto son necesarios plenarios, conferencias, asambleas y movilizaciones que impulsen un plan de lucha y la convocatoria de un gran congreso obrero y de las masas. El objetivo es oponer al derrumbe del “plan” oficial, un plan económico y político de los explotados y un plan de lucha para imponer las reivindicaciones apremiantes. No hay que pagar la deuda externa. No hay que pagar impuestos al consumo. Es necesaria una jornada de trabajo de seis horas, con un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar (1.200 pesos), para darles trabajo a todos. Es necesario un impuesto extraordinario a los beneficios de los grandes capitalistas. Es necesario el control de cambios y de los bancos por parte de los trabajadores. Es necesaria la unidad internacional de los obreros y campesinos de América Latina. Huelga general hasta que nos paguen y hasta que nos reincorporen. Hay una salida, ¡¡¡que la crisis la paguen ellos!!!

Finalmente, el presidente Cardoso ha colocado al Mercosur en terapia intensiva al fijar cupos a la importación de autos, inclusive los provenientes de Argentina, y rebajar del 18 al 2% los aranceles de importación de máquinas, repuestos y accesorios para la industria automotriz y de maquinaria agrícola. Esto último apunta a una gran reducción de costos en Brasil, otorgando una competitividad decisiva a su industria. En los considerandos del decreto, se dice que “esta medida provisoria (decreto) implanta, en Brasil, un régimen automotriz semejante al que prevalece en Argentina desde fines de 1991...”. Los diarios argentinos se equivocan cuando caracterizan a la decisión brasileña como nacionalista-industrialista-proteccionista. Por de pronto no explican de que nacionalismo se trata, si Cardoso acaba de aprobar la entrega de las telecomunicaciones y el petróleo al capital extranjero. En verdad, al establecer un régimen automotriz similar al argentino, el gobierno brasileño ha decidido otorgarles a los grandes pulpos automotrices imperialistas “todas las facilidades” necesarias, como dijera su secretario de planificación, José Serra, para seguir haciendo inversiones en Brasil. La más importante es la posibilidad de importar toda la infraestructura (“máquinas, equipos, herramental, moldes, instrumentos y aparatos industriales y de control de calidad, nuevos, con sus respectivos accesorios, piezas de reposición y moldes, además de materias primas, partes, piezas, componentes, conjuntos y subconjuntos”) con un arancel del 2%. Esta medida supera por lejos a la que incluye a la Argentina en la restricción brasileña a la importación de autos, al punto que, no por casualidad, Brasil no tuvo reparo en suspender por 30 días. Los acuerdos de Ouro Preto La crisis actual arrancó el año pasado, cuando Brasil cuestionó el régimen automotriz argentino y a una de las disposiciones de éste, que determina que las importaciones que efectúen las empresas instaladas en el país deben compensarse con exportaciones. Los brasileños consideraron “que estaban financiando la reconversión automotriz argentina” (Clarín, 13/11/94), es decir, a los pulpos radicados en la Argentina, que naturalmente apoyaron el acuerdo de Ouro Preto (Clarín, 31/12/94). El acuerdo de Ouro Preto duró, sin embargo, sólo seis meses. La razón es que una serie de automotrices, como Toyota, Renault, Fiat, habían decidido instalarse en la Argentina, al amparo del régimen automotriz argentino, para abastecer a todo el Mercosur y eventualmente exportar a otros mercados. “Ahora, Brasil ofrece mejores condiciones, ya que permite importar autopartes, bienes de capital y materias primas con una carga de sólo el 2% contra el 18% del arancel externo común vigente en el Mercosur” (La Voz del Interior, 17/6/95). Se trata de una postura claramente “aperturista” al capital imperialista, la completa victoria de éste, que se sirvió, en realidad, del régimen automotriz “argentino” para presionar a Brasil a establecer uno igual. Macri y Antelo El decreto de Cardoso es un tiro de gracia para Macri y Antelo: les cierra el mercado brasileño y les abre a Renault y a la Fiat (bajo cuya licencia operan Macri y Antelo) la posibilidad de invertir en Brasil y obligar a Sevel y a Ciadea a “privatizarse” en beneficio de los verdaderos patrones del negocio. Como señala The Wall Street Journal, “Ford, General Motors y Volkswagen están muy integradas con sus contrapartes brasileñas, mientras que las ensambladoras locales de Renault y Peugeot Citröen cuentan con (necesitan) el mercado brasileño para contrarrestar sus malos resultados en la Argentina” (La Nación, 16/6/95). Para las “multinacionales”, la decisión brasileña significa que podrán operar desde ambos países con regímenes privilegiados. “A las que están instaladas en los dos países, el decreto las beneficia porque les cierra el mercado a terceros y beneficia, entre ambas, a la plaza en la que tienen mayores inversiones”. “Volkswagen, Ford, Mercedes Benz y Fiat estarían en esa posición de privilegio, a diferencia de Ciadea o Sevel, que resultarían más afectadas”. “Si yo fuera el gerente para Latinoamérica de una multinacional aplaudiría la medida”, dijo el ex-Bunge & Born, Guillermo Carracedo (Página12, 17/6/95). “Es llamativa la ausencia de críticas a la actitud de Brasil por parte de las empresas que tienen un pie en ambos países” (Ambito Financiero, 16/6/95), se quejó Mauricio Macri. El mandamás de Sevel planteó que “el gobierno argentino no debe ceder ni un centímetro a las pretensiones brasileñas, porque de hacerlo pondría en riesgo incluso la radicación de capitales de otros sectores industriales”, pero el de General Motors dijo que “la restricción a las exportaciones locales tiene que convenirse de modo tal que no dañe el modelo automotor sellado por la Argentina” (La Voz del Interior, 17/6/95). Se ha producido así una fisura en ADEFA, la cámara patronal que agrupa a las automotrices instaladas en la Argentina. Manaos y Tierra del Fuego Brasil planteó revisar también los acuerdos sobre Manaos y Tierra del Fuego, dos “zonas francas” que importan sin pagar impuestos de aduana y cuyos productos pueden circular por los países del Mercosur sin el pago de aranceles (hasta el año 2013). La gran burguesía brasileña plantea que las mercaderías provenientes de Manaos y Tierra del Fuego paguen el arancel externo común, como si hubiesen sido importadas de otros países. Con esto se busca desmantelar las “armadurías” instaladas en esas zonas, que compiten con las grandes industrias vinculadas al imperialismo. Por ejemplo, desde Manaos se ha desarrollado una industria de armado informática y electrónica que obstaculiza la penetración de IBM y otros pulpos fabricantes de computadoras. De imponerse el criterio brasileño, quedarían fuera del juego las armadurías argentinas de Tierra del Fuego (que operan bajo licencia), algo que no ven con desagrado los monopolios extranjeros. Ruptura o acuerdo De este análisis, surge que Cardoso y Menem marchan a un acuerdo, por exigencia de los grandes capitalistas. Por la posición dominante de éstos en uno y otro país, el acuerdo se torna inevitable. Lo más probable es que Brasil flexibilice los cupos de importación de autos de Argentina, a cambio de la aceptación del régimen automotriz. Esta sería la postura del propio Cavallo, quien declaró al diario Gazeta Mercantil (12/6/95) que Brasil debe contar con un régimen automotriz similar al argentino, “con cuotas para importaciones de terceros países y libre dentro del Mercosur”. Con esta posición Menem viajó a San Pablo. “Estamos obligados a negociar ya un régimen común, en el que habrá que ver cómo se equiparan las diferencias, admitió un miembro de la comitiva presidencial” (Página 12, 17/6/95). Pero este eventual acuerdo “desestabiliza” aún más los “planes” Real y Cavallo. A la Argentina se le destruye el mercado brasileño de autos y electrodomésticos, acentuando la actual recesión, y le estrangula la balanza comercial. A Brasil le significará un mayor déficit comercial, porque aumentarán las importaciones, beneficiadas por un arancel casi cero, y golpeará a un sector importante de fabricantes de máquinas y de autopartes. Se ve claramente que el Mercosur no es un proyecto nacional, y que fácilmente se pliega a las superiores presiones del gran capital internacional.

La crisis entre Argentina y Brasil tiene una raíz muy simple: los grandes pulpos automotrices exigen una feroz liquidación del capital sobrante en este “mercado” y la posibilidad de una explotación infinitamente mayor de los trabajadores de ambos países. El decreto de Cardoso va dirigido a concentrar la industria terminal y autopartista en pocas manos, para lo cual ha reducido al 2% el arancel de importación para las terminales. En segundo lugar, se propone subsidiar la “racionalización” capitalista de la industria, con la incorporación de maquinaria que reduzca la necesidad de trabajadores y aumente su rendimiento, para lo cual establece un mecanismo que le permite reducir el pago de impuestos en concepto de amortización del capital. No es para nada casual que el gobierno brasileño haya tomado estas medidas poco después de haber establecido la desindexación de los salarios, es decir que sólo podrán ser aumentados por razones de “productividad”. Este feroz ataque a los explotados brasileños constituye al mismo tiempo un enorme factor de presión contra los obreros argentinos, ya que los alcances de las medidas brasileñas van a ser usados como razones para aumentar la explotación en la Argentina, ¡aunque los pulpos que operan en uno y otro lado de la frontera son los mismos! No tenemos, entonces, fundamentalmente, un enfrentamiento Brasil-Argentina, y que esto es así lo demuestran las seguridades que está dando Cavallo de que se llegará a un acuerdo. Lo que tenemos es un enfrentamiento de los pulpos de aquí y de allá, de un lado, contra la clase obrera de Argentina y Brasil, del otro. Es por esto que tenemos que forjar una unidad internacional. ¿Con qué programa? Muy sencillo. Que nos paguen el mismo salario mínimo, igual al costo de la canasta familiar. Que la patronal financie las jubilaciones, aportando a una Caja del Estado, bajo control de los obreros y los jubilados. Que se reduzca la jornada a seis horas, para crear un cuarto turno laboral, que dé trabajo a los desocupados. Que se eliminen los impuestos al consumo y se establezca un impuesto progresivo, a partir del 70%, sobre las ganancias. Que se formule un plan económico bajo la dirección de la clase obrera. O superbeneficios para las Generals Motors, Fords o Fiats y VWs, falsamente argentino-brasileñas y realmente imperialistas, o la vida de los obreros de Argentina y Brasil, y de toda América Latina.

Acaba de concluir en Santo Domingo el “primer congreso sobre la situación de las trabajadoras sexuales dominicanas” (increíble lenguaje de simulación e hipocresía). Sus conclusiones son demoledoras: “En los últimos años, la República Dominicana se ha convertido en uno de los principales países exportadores de mujeres para el comercio sexual internacional. Más de cien mil dominicanas ejercen la prostitución, la mitad en el exterior. Las mulatas dominicanas son cada vez más demandadas en Europa” (Le Monde, 25/5). Las mujeres pobres de la Dominicana, señala una de las intervinientes en el Congreso, pueden “elegir” entre cuatro clases de empleo: “el trabajo doméstico, donde normalmente son tratadas como esclavas; las zonas francas industriales, donde son superexplotadas y mal pagas; el trabajo informal o la prostitución” (en este caso son, no esclavas de la escala más brutal, sino “trabajadoras” sexuales). Según denunciaron, la prostitución y la exportación de mujeres están organizadas por verdaderos monopolios capitalistas, que cuentan con la complicidad de los funcionarios estatales de la Dominicana y, claro está, también de los países receptores. El tráfico de mujeres para la prostitución ha alcanzado tal envergadura, que “una gran parte de las transferencias de divisas que permiten equilibrar nuestra balanza de pagos es el fruto de los servicios sexuales que nuestras mujeres venden en el exterior” (ídem). La otra fuente de divisas es el “boom” turístico que vive el país: los operadores turísticos no dudan en vender a la Dominicana como una “paraíso sexual”. Los balnearios destinados al turismo internacional son reputados “por el número impresionante de los prostituidos, mujeres, hombres y niños”. La prostitución infantil, continúan los participantes del congreso, “es cada vez más corriente en las playas dominicanas” (ídem). La carne y la sangre de las mujeres, los niños y los hombres prostituidos en las playas dominicanas y en las calles de las ciudades europeas se ha convertido en un “factor macroeconómico” para “equilibrar la balanza de pagos” ... es decir, para pagar la deuda externa dominicana a los grandes banqueros y especuladores internacionales. Así funciona el capitalismo.

Nos enteramos que el Pts ha optado por denunciar la ruptura del PARTIDO OBRERO con el Foro de San Pablo; en particular el pedido de expulsión del Movimiento Bolivia Libre por su responsabilidad gubernamental directa en la imposición del Estado de Sitio, de la represión militar y del confinamiento de centenares de líderes sindicales bolivianos, debido a que, denuncia el Pts, “la clave era expulsar a quienes atacan a obreros huelguistas con los métodos del fascismo”. “Increíblemente —dice el PTS— no hubo denuncia pública de PO en el Foro contra el PT... el PO no levantó la voz sobre esto (se refiere a la huelga petrolera en Brasil)”. Para el PO, en cambio, la posición del Pts coincide con la de la derecha del Foro, la cual aceptaba que formuláramos toda clase de denuncias, pero no que reclamáramos expulsiones. Lo dijeron hasta el cansancio en Montevideo: “levantar la voz”, muy bien, “denunciar públicamente”, puede ser, ¿“condena política”?, fenómeno. Pero nada de expulsiones. Todo esto está demostrando que el Pts no supera el nivel de charlatanería, al igual que el de la derecha del Foro. Una charlatanería harto cobarde, por otro lado, porque mientras el Pts “levanta la voz” desde su ignoto periódico, el PO lo hizo ante la prensa de todo el mundo y de cara a la totalidad de los delegados de la izquierda democratizante y proimperialista latinoamericana. Los charlatanes y cobardes ... son además mentirosos, porque disponen desde hace un mes de la declaración pública del PO al Foro, donde no sólo “denunciamos” y “levantamos” la voz y reclamamos expulsar al MBL, sino que denunciamos el carnereaje del PT de Sao Paulo, la represión del EZLN, el rol proimperialista del FMLN y a todo el Foro por los resultados objetivos y evidentes de su política. Los que han hecho del macaneo y la impostura una suerte de oficio dicen dirigirse a los “honestos militantes” del PO, una manera de encubrir su propia deshonestidad. Recordemos al respecto que los únicos que no se fueron del Foro son los propios morenistas, fundadores del Foro y hasta encargados del informe internacional en el Iº Encuentro, en Brasil. “Dime de qué te jactas y te diré de qué adoleces”. Una más del Pts.

La crisis cordobesa ha pasado al centro de la crisis nacional. La provincia está naturalmente parada como consecuencia del atraso de hasta tres meses en el pago de los salarios a empleados públicos, docentes y jubilados y de las suspensiones masivas en las plantas automotrices y en la industria metalúrgica en general; la UOM advirtió que la situación se agravará el mes próximo de acuerdo a lo que les informa la patronal de las fábricas terminales de automotores. Para completar el cuadro, Fiat “retrasó” su radicación en Córdoba, dejando en banda a los 300 trabajadores; la construcción ha despedido a dos mil obreros en los últimos meses, la Lockheed prevé dejar a 900 trabajadores del Area Material en la calle. Los paros y acciones de los trabajadores tienen paralizado a todo el aparato del Estado (salud, educación, justicia). Y la movilización de los universitarios contra la sanción de la ley de Educación Superior se ha agregado al panorama cotidiano de marchas y concentraciones de los estatales. El anuncio de que el gobierno pagaría con bonos los salarios atrasados (que llevarían a una quita directa de más del 50%, según los cálculos más optimistas) y de que impulsaría el descuento de dos días de trabajo a todos los agentes del Estado provincial, ha llevado a un alza de la lucha de los estatales. La UEPC (docentes) se vio obligada a levantar una tregua de 15 días y la burocrática Coordinadora de Gremios Estatales se vio obligada a convocar a un paro activo del sector para el martes 21. La situación de Córdoba es una expresión descarnada del derrumbe del “plan” Cavallo. ¿Salida? La burguesía tiene un planteo de salida: “privatizar” la banca provincial, la electricidad y el agua, a cambio de una financiación del Fondo Fiduciario y alternativamente del Banco Mundial. Con este dinero se salvaría a algunos capitales de la bancarrota y se restablecería el crédito. Pero los empleados públicos deberán cobrar en papel pintado, se producirán despidos masivos y se reducirán los salarios y las jubilaciones. Los trabajadores de la industria automotriz deberán esperar a que mejore el mercado. Pero este programa no lo puede impulsar el debilitado gobierno de Angeloz. La subida anticipada del gobernador electo, Mestre, se encuentra dificultada por las trabas que pone Cavallo a cualquier plan que no incluya la entrega del Banco Provincia a un hombre suyo. La crisis provincial y la nacional se entrelazan ¡Salida! Pero la crisis económica y el empantanamiento político de la provincia se agravan por la política paralizadora de la burocracia sindical. La plata para pagar a los trabajadores se encuentra en los Tesoros de la nación y de la provincia, pero se destina a pagar la deuda externa y los jugosos sueldos de la alta burocracia del Estado o los subsidios a los diversos aparatos del clero, desde la educación privada hasta los organismos de asistencia social. Bastaría un paro general y una inmediata huelga general, para que los gobiernos de la nación y de Córdoba pusieran toda la plata sobre la mesa. Todo depende de la decisión política de no pagar la deuda externa ni los “ñoquis” reales, y esa decisión política, el movimiento obrero sólo puede imponerla por la fuerza. Pero conjuntamente con lo anterior, el movimiento obrero debe contraponer su salida a la hambreadora del gobierno. No pagar la deuda externa y un plan de medidas económicas para reactivar la economía bajo la dirección de la clase obrera y en función de sus prioridades, debe ser el planteo que los trabajadores pueden realizar a partir de un congreso de delegados de base y en el marco de un plan de lucha. Si se mira con un poco de cuidado, se ve fácilmente que sólo la clase obrera puede dar una salida a la crisis automotriz, ya que tanto los planteos de Cardoso como de Cavallo apuntan a concentrar a la industria de autopartes en pocas manos, reducir la masa de trabajadores y darle con todo a la “flexibilidad laboral”. La posibilidad de un planteo común de los obreros del Mercosur contra Cardoso y Cavallo, es decir, contra sus mandantes, los pulpos automotrices; esa posibilidad nace casi sola de los propios hechos y de la política de los capitalistas. Las necesidades de equipos de transporte son inmensas para los países del Mercosur; sólo bajo el capitalismo la producción de esa industria aparece sobrante. Reivindiquemos el funcionamiento industrial a pleno bajo control obrero y llamemos a los obreros de todo el cono sur a emprender el mismo camino y a unificarnos en un plan industrial único por encima de las fronteras. Huelga general hasta que paguen. Plan económico y político elaborado por un congreso de trabajadores. La vanguardia de los obreros de Córdoba puede ya dar pasos prácticos en la dirección mencionada. Puede convocar a plenarios y conferencias regionales que impulsen los pronunciamientos por la huelga general y la elección de delegados, y debe lanzar ya una propuesta de plan obrero alternativo. Este es un camino de salida, real y popular.

Desde hace varios meses, el final de la quincena es sinónimo de tensión e incertidumbre entre los trabajadores de Aurora (Avellaneda): todos saben que la patronal anunciará despidos. Con este procedimiento, se han caído casi cincuenta puestos de trabajo en el último semestre. La patronal aduce “caída de las ventas” y “falta de pagos”. Lo cierto es que estos despidos coincidieron con un verdadero “boom” de ventas a Brasil, tal como lo acaba de reconocer el presidente del pulpo. En este período, se hundieron varios de sus principales competidores, como Noblex y Continental. Mientras tanto, el 50% del grupo Aurora fue comprado por Grundig (Alemania): esto significa que la “crisis del mercado de los electrodomésticos” (que la patronal agita ante los trabajadores), significa en realidad, una mayor monopolización del mercado ... para Aurora, Philco y Phillips. Mientras esto ocurre, la patronal está “reorganizando” la planta de Avellaneda en perjuicio de los trabajadores: en la fábrica se están dejando de realizar las tareas de mayor complejidad y calificación, para concentrarse en el “armado”. Así, los compañeros más calificados están soportando traslados permanentes de sección, y asignación de tareas que están por debajo de su calificación. Es evidente que la patronal pretende hacer tabla rasa con las actuales categorías (especialmente las de los compañeros más antiguos y calificados), y “reorganizar” la producción de acuerdo a “nuevas modalidades”: trabajadores contratados y flexibilizados, y por lo tanto, con salarios inferiores. Belén, Guerrero y la CI Este propósito plantea despidos de todo un sector de la fábrica y desconocimiento completo del convenio para los que queden adentro (“flexibilidad”). La secuela de despidos que se viene produciendo forma parte de esta ofensiva. La Comisión Interna y la UOM seccional se limitan a “acompañar” las medidas y justifican a la empresa por “la crisis que atraviesa en sus ventas internas” (ocultando el “boom” de las ventas en Brasil y la desaparición de una parte de sus competidores). Recientemente, y ante el anuncio de 8 despidos, la CI pactó con la patronal el canje de cinco de éstos por “retiros voluntarios”, convirtiéndose en el instrumento de la política patronal. Frente a los despidos que se vienen, la CI promueve una lista de “retiros voluntarios”. Respuesta obrera Con relación a toda esta situación comienza a generarse un importante debate en las secciones y crece el repudio contra las reuniones con la patronal a espaldas de la fábrica y de reuniones informativas “por sección” en lugar de la asamblea general. En la última de estas “reuniones informativas”, varias secciones reclamaron la asamblea general, y en una de ellas, el planteo fue votado por abrumadora mayoría. Con estas reivindicaciones es necesario agrupar a un sólido grupo de compañeros, que se proponga modificar lo que está ocurriendo. Que la “reorganización” del pulpo Aurora la financie la patronal con los beneficios acumulados gracias a sus récords de ventas en los últimos años (mientras los salarios permanecían congelados). Para lograr esto, necesitamos una campaña por la asamblea general. a) Defensa de todos los puestos de trabajo. b) Defensa de todas las categorías y derechos laborales adquiridos en la planta. c) Ante la caída de la producción: jornada de 6 horas sin afectar el trabajo. d) Reclamo de un plenario de delegados de la UOM seccional, para impulsar una acción regional y nacional frente a la ofensiva patronal,

Para el próximo 14 de agosto están convocadas las elecciones generales de CTERA. En el cuadro de los bloques de fuerza presentes constituidos, TRIBUNA DOCENTE integra la Lista Rosa, en la cual participan varias agrupaciones de izquierda. La Rosa debe enfrentar al oficialismo marysanchista y a un bloque del Ptp, la Unidad Socialista y sectores ubaldinistas, encabezado por el “famoso” Marcos Garcetti (enterrador de la huelga de l988). La Rosa es exclusivamente un acuerdo electoral de distribución de candidaturas; no tiene, seriamente, un programa. Lamentablemente, está unida por la orfandad ideológica de sus integrantes, y no por un espíritu de movilización. TRIBUNA DOCENTE integra este frente señalando sus limitaciones. El “programa”, presentado por la Comisión Directiva de ATEN Capital (Neuquén) fue adoptado prácticamente a “libro cerrado”. No tiene una sola mención al clero a pesar de que la “reforma educativa” es su hechura hasta en los mínimos detalles, ni denuncia que está librando una lucha militante por el monopolio de los institutos de formación docente y el contenido de los nuevos planes de estudio. El “programa” no caracteriza el interés de las distintas clases en la “reforma educativa”, en especial del Banco Mundial y de la burguesía industrial. La campaña de TRIBUNA DOCENTE se empeñará en cubrir este vacío programático. El Banco Mundial pretende sacrificar la educación estatal y gratuita para dedicar la recaudación impositiva al pago de la deuda externa y al subsidio de los procesos de “privatización”. Para el gobierno y la oposición patronal, el Estado debe actuar como una Caja que distribuya la recaudación para pagar a los acreedores del Estado. Mediante la liquidación de la gratuidad (aranceles) de la enseñanza se opera una reducción del poder adquisitivo del salario, lo que significa un aumento de los beneficios de la clase capitalista. Segundo. La reforma apunta a la descalificación de la fuerza de trabajo (poli-modal), con lo que disminuye los costos de su formación profesional. Por otro lado, a través de las “pasantías”, se explota a la fuerza de trabajo en forma casi gratuita. Tercero. La ofensiva capitalista impulsa la dominación ideológica del clero y el apoliticismo. El clero, es el mayor beneficiario del negocio de la enseñanza privada. La burocracia de Ctera colabora con el clero, al igual que todo el centroizquierdismo. Incluso la izquierda no es consecuentemente anti-clerical. El clero ha inspirado la reforma de la Constitución. Para enfrentar esta tendencia, planteamos que la crisis capitalista la paguen, no la educación ni los docentes, sino sus responsables capitalistas y clericales. En función de esto, levantamos la reivindicación de un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar (1.200 pesos), la defensa de cada puesto y hora de trabajo, contra los contenidos de la enseñanza dictados por el clero y el copamiento de los institutos de formación docente, por la enseñanza estatal, gratuita y laica bajo gestión docente-estudiantil. La campaña electoral debe ser una oportunidad para desenvolver una lucha ideológica contra el capital, sus agentes clericales y el gobierno y una tarea de organización para dar a Ctera una dirección clasista.

Del generalizado hundimiento de las provincias no se salva tampoco la provincia de Buenos Aires. “Si el ritmo de los ingresos fiscales sigue como hasta ahora— declaró el ministro de economía provincial, Remes Lenicov— la provincia tendrá un déficit de 250 millones más o menos” (Ambito Financiero, 5/6) El colapso de las finanzas bonaerenses demuestra que el trato preferencial que recibe Duhalde del estado nacional (los 600 millones de dólares del “Fondo del Conurbano”), no ha sido suficiente para impedir que la provincia haya llegado al borde de la cesación de pagos. Esta es una consecuencia de la transferencia de los servicios de salud y educación a las provincias, que Cavallo impuso para “salvar” al “plan económico”. El hipotecamiento del gobierno de Duhalde es un dato relevante para caracterizar de conjunto la situación de la provincia. Ataque post-electoral Duhalde se propone remediar la quiebra con un recorte del 10% en educación. “Son 2.300 millones de pesos anuales los que van a parar a educación. El 10% de ahorro de esa cifra resolvería el problema” (ídem). Este “ajuste” fue deliberadamente postergado para después de las elecciones. El blanco principal del ataque son los docentes. Se prepara, para antes de las vacaciones de invierno, una “reforma laboral que tenderá a desalentar y restringir la figura del maestro suplente y a reducir la estructura jerárquica del escalafón docente” (La Nación, 11/6). La medida apunta a una gran reducción del plantel docente, administrativo y de dirección, y a un gran apriete a los docentes en actividad. Como parte de estas medidas, se contempla una redefinición de “la carga horaria” que, de acuerdo a lo trascendido, implicaría una prolongación de la jornada de trabajo a 6 horas. Además, el ingreso y la promoción pasarían a ser determinados por sistemas de “evaluación”, manejados discrecionalmente por los directivos y funcionarios de turno en lugar de las actuales Juntas de clasificación y disciplina, que cuentan con participación docente. Se pretende una “modificación del régimen de licencias que actualmente reconoce 120 días corridos por enfermedad para el personal titular y provisionales y suplente con un año de antiguedad” (ídem). Que la crisis la paguen ellos ¡Pero la crisis no la tienen que pagar los docentes ni la educación! Sin embargo, los dirigentes de SUTEBA-CTERA, ya han declarado que “los cambios deben responder a motivos pedagógicos”, pretendiendo ignorar los motivos que lo impulsan. La CTERA ya había propuesto la extensión de la jornada a 7 horas, precisamente con argumentos “pedagógicos”. Llamamos a promover asambleas en las escuelas, sacar pronunciamientos, formar cordinadoras, para impulsar un movimiento de resistencia nacional. Por un Congreso de base de CTERA, sobre la base de delegados elegidos y mandatados por Asamblea para dar una respuesta de conjunto a la ofensiva capitalista. —Educaciónen todos los niveles financiada por el presupuesto nacional. —No pago de la deuda externa. —Salario básico igual a 1.000 pesos para el maestro de jornada simple. —No a los despidos y superexplotación. —Ocupación plena para los docentes en ejercicio y suplentes sobre la base de un salario que cubra la canasta familiar. —Defensa de la estabilidad y demás conquistas consagradas en el Estatuto del Docente.

El hecho de que la ley universitaria tuviera que recibir media sanción parlamentaria bajo la custodia de 2.000 policías y que los representantes del pueblo sólo pudieran sesionar con un Parlamento vallado, en el centro de 36 manzanas bloqueadas por las “fuerzas del orden”; este escenario es ya una revelación del carácter infame y reaccionario del proyecto de marras. El contenido de la ley de educación superior es fascistizante y autoritario porque consagra la intromisión ilimitada del Estado en la Universidad. A partir de la vigencia de la nueva ley, la Universidad se transforma de hecho en una suerte de dependencia del Ministerio de Educación. El funcionario respectivo queda, a partir del nuevo ordenamiento legal, facultado para vetar los estatutos de cada universidad, dictaminar sobre los planes de estudio, presidir la denominada comisión de evaluación de las casas de estudio, resolver los criterios con los cuales se aplicarán fondos presupuestarios especiales y, finalmente, otorgar los propios títulos habilitantes. En el primer proyecto de ley se decía abiertamente que las universidades cederían la capacidad de otorgar tales títulos a un organismo extra-universitario, bajo la órbita del Poder Ejecutivo, las cámaras patronales, la Iglesia y los dueños de la educación privada. El rechazo que suscitó, obligó a redactar el artículo 34 del proyecto votado en Diputados, que plantea que sólo las universidades pueden emitir diplomas y títulos, pero agregando un artículo 35, que dice que el Ministerio de Educación les dará el reconocimiento oficial a los titulos, y otro artículo, el 36, que afirma que no se podrá ejercer la profesión respectiva sin contar con el “reconocimiento oficial” del ... Ministerio. La característica oligárquica de la ley se revela en la disposición que obliga a que los gobiernos de cada universidad cuenten con mayoría de los docentes. Se trata de este modo de preservar el dominio de las camarillas y trenzas profesorales que, por un lado, enlazan a la Universidad con el Estado, pero que, por sobre todo, asegura la dominación de los grandes capitalistas (consultores económicos, pulpos de la salud, el clero, consultoras técnicas). El problema de la integración de los cuerpos directivos no tiene nada que ver con el saber y los conocimientos, sino con intereses de clase. Los estudiantes deben tener mayoría en función de un programa que transforme a la Universidad en ámbito favorable a la revolución social (es decir, a la satisfacción de los intereses de la mayoría nacional). La ley crea el Consejo Universitario, el Consejo Interuniversitario Nacional, el Consejo de las Universidades Privadas y la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, todo un engendro burocrático para controlar a docentes y estudiantes. Todos estos dispositivos apuntan a una completa sumisión de la Universidad, que se financiará con una confiscación al salario —arancel— y con subsidios estatales seleccionados para respaldar estudios e investigaciones limitadas, que ahorren costos a los monopolios nacionales y extranjeros y que sostengan a las fundaciones de los Quarracino y los fascistas como Porto. Los 16.000 millones de dólares anuales comprometidos en el pago a los usureros del endeudamiento público, equivalen exactamente al financiamiento durante una década de las 30 universidades nacionales. Esta ley fue prohijada por el Banco Mundial. El desenmascaramiento de todos y cada uno de los aspectos de esta ley es fundamental para extender el movimiento actual y estructurar masivamente Cuerpos de Delegados, que pongan en pie una Asamblea General de Estudiantes y un plan de movilización huelguística general, para derrotar al gobierno, al Banco Mundial y al clero.

Luego de la movilización del miércoles 7 frente al Congreso, en la que participaron más de 4.000 estudiantes platenses, el movimiento de lucha se mantuvo vigorosamente en pie. Ha habido asambleas masivas y han sido ocupadas las facultades de Arquitectura y Medicina (otras “tomas” que aparecen en la prensa son “simbólicas”, es decir truchas). La política de Franja Morada (acompañada hasta el grotesco por el Ptp) consiste en una elaborada estrategia de desmovilización. Ha convocado a un Congreso Extraordinario de la FULP para el sábado 17, en el cual sólo podrán votar los delegados ya designados en los comicios pasados, es decir que no podrá votar la inmensa mayoría de los que han sostenido las tomas, marcharon al Congreso y luchan a brazo partido contra la ley (FM también pidió al Consejo Superior de la UNLP que “reafirme” el rechazo a la ley y se “comprometa” a resistir su implementación, sin importarle que ese Consejo Superior está implementando la ley desde hace tiempo, con cupos de ingreso, pasantías o aranceles administrativos). El Congreso así dispuesto se propone someter al movimiento de lucha a la “mayoría” de Franja y en particular liquidar las asambleas, que son el terreno del debate y la organización de la lucha, como lo señaló abiertamente la Franja en Económicas: llegó la hora de poner fin a las asambleas y reemplazarlas por “plebiscitos”. En torno a este Congreso trucho se polarizó el debate en las asambleas. La UJS fue la única corriente que denunció la maniobra y declaró que “no necesitamos un Congreso como ése. Lo que necesitamos es un Congreso donde puedan ir, intervenir y votar todos, o sea una asamblea general estudiantil para discutir y resolver un plan de lucha hacia el paro nacional universitario activo hasta derrotar la ley”. Franja logró hacer aprobar este Congreso “orgánico” en una mayoría de facultades (Ingeniería, Arquitectura, Económicas, Naturales y Veterinaria) pero no en las restantes. Las facultades de Bellas Artes, Periodismo, Exactas, Medicina, se pronunciaron por “ir todos y votar todos”; en favor de esta posición estuvieron “Prensa Latina” (Periodismo), Quebracho (Exactas) y ECO, una escisión de FM en Medicina. El Frente Grande se partió en tres; en algunas facultades por el Congreso “orgánico”, por “ir todos” en Bellas Artes y por la abstención en Trabajo Social. Aunque en la UTN, una de las facultades que se ha incorporado recientemente al proceso de lucha, triunfó la posición “orgánica”, se aprobó igualmente la moción de “ocupar las facultades por tiempo indeterminado”. Las asambleas, con una concurrencia que va de los 300 a los 600 estudiantes, siguen siendo el motor de la movilización —los cuerpos de delegados se han desarrollado sólo de modo incipiente en algunas facultades (Periodismo, Humanidades). La rebelión frente al Congreso trucho de la FULP hizo vacilar al bloque convocante (FM-Ptp), al punto de que existe la posibilidad de que lo suspendan. La UJS llama a convertir el Congreso en una asamblea general, que vote el paro de 36 horas y la ocupación de facultades, marchar masivamente el 21 y el llamado a una Asamblea General de Estudiantes de la Capital, el conurbano y La Plata.

El viernes 16 de junio sesionó en la Facultad de Filosofía y Letras la Interfacultades de la UBA, con representantes de los cuerpos de delegados de Filosofía, Ciencias Sociales, CBC, Paseo Colón, y contingentes de Arquitectura, Psicología, CBC Uriburu, CBC Ciudad Universitaria y CBC Avellaneda. La Asamblea resolvió llamar a movilizarse masivamente el miércoles 21 de junio en la marcha convocada por la FUA en oposición a la Ley de Educación Superior menemista. Asimismo, efectuó un llamado a los compañeros de las diversas universidades del interior y de La Plata, que están adoptando medidas de lucha por fuera de las federaciones, y superando la parálisis de la Franja Morada, a celebrar en forma conjunta una asamblea general nacional el mismo 21, a posteriori de la marcha, en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. La UJS llama a profundizar este curso de acción, para reagrupar al activismo y a la vanguardia en la vía de superar la inacción de la FUA y dotarnos de una perspectiva que nos conduzca a la victoria frente al desvergonzado ataque menemista. 17/6

Hace veinte años, el 6 de junio de 1975, se inició una activa huelga de los obreros de la Ford de Pacheco, que derivó en pocos días en la mayor huelga política de masas de la historia nacional. Fueron “las jornadas de junio y julio de 1975”, que acabaron con el gobierno de López Rega y el régimen terrorista de “las triple A”, y que hubieran podido impedir por completo el golpe de 1976, de haber contado con una dirección revolucionaria. El “Rodrigazo” El 4 de junio de 1975, Celestino Rodrigo, ministro de Economía del gobierno de Isabel-López Rega (1), anunció una devaluación de la moneda en un 160% y una duplicación del precio de los combustibles, que desató una carestía descontrolada (en pocas semanas, el pan aumentó un 200%). El “Rodrigazo” traducía el fracaso del “pacto social” montado por el gobierno de Perón. Durante sus dos años de vigencia, las luchas obreras tuvieron un carácter políticamente limitado, pero el agotamiento de la experiencia de la clase obrera con el peronismo en el poder irán dándole progresivamente características más profundas, que adquirirán perfiles definidos en el conflicto del Smata-Córdoba (2) de agosto de 1974 y, sobre todo, en la gran lucha de los obreros de Villa Constitución (marzo-abril de 1975) (3). Las grandes huelgas de Crónica, el diario La Calle, Editorial Abril y Villa Constitución hicieron fracasar el intento del ministro de economía, Gómez Morales, de ponerle un “techo” (del 20%) a las paritarias, que habían estado “congeladas” bajo el imperio del “pacto social”. El reemplazo del “gradualista” Gómez Morales por Rodrigo significaba que la camarilla lopezrreguista pasaba a una política de guerra abierta al movimiento obrero. Para la camarilla lopezrreguista, la liquidación de las paritarias era un aspecto de su proyecto continuista, lo que incluía la posibilidad de un auto-golpe para postergar las elecciones previstas para 1977: “la derogación de las paritarias —decía la “edición de emergencia” de Política Obrera del 27/6/75— no se podrá lograr sin derrotar a los trabajadores, sin golpear duramente a sus organizaciones. Esto significaría, ni más ni menos, que una quiebra de las libertades democráticas que quedan. Esto significaría que los López Rega buscarán perpetuarse en el poder, aun pasando por encima de las elecciones. La derogación de las paritarias es, entonces, un golpe represivo contra las masas y el camino seguro hacia el golpe de Estado ejecutado desde el propio gobierno”. Numa Laplane, comandante del ejército de ese momento, apoyaba el autogolpe (4). El descontento ante la anulación de los acuerdos paritarios, resuelta por Isabel Perón, se manifestó el viernes 6 de junio, cuando los 8.000 obreros de la Ford salen en movilización por la Panamericana; en Córdoba, los trabajadores de la IKA Renault y de las restantes plantas automotrices y autopartistas se lanzan a la calle; en Santa Fe, la dirección de la UOM local es completamente sobrepasada (y obligada a renunciar) ante la irrupción de los metalúrgicos, encabezados por los trabajadores de la Fiat de Sauce Viejo. Cuando Rodrigo anunció los aumentos y planteó la liquidación de las paritarias, la burocracia sindical estaba completamente comprometida con el gobierno. Durante dos años había sido la “pata” fundamental del “pacto social”, estaba asociada a gran parte de los negociados de la camarilla y era cómplice del terrorismo gubernamental. Pero el ataque lopezrreguista era demasiado vasto, el choque entre los apetitos de López Rega y Miguel demasiado profundo y la reacción obrera demasiado amplia para que la burocracia pudiera “asimilarse” al “rodrigazo”. Desbordada por la impresionante protesta obrera, la burocracia se vio obligada durante todo el proceso huelguístico a distanciarse del gobierno y a coquetear con la movilización, pero toda su actuación estuvo enderezada a contener el movimiento y salvar al gobierno de la embestida obrera. Hacia la huelga general Durante las dos primeras semanas de junio, en medio de la tempestad, Rodrigo trató de fijar un tope a los acuerdos paritarios que aún no se habían firmado: primero del 38%; dos días después del 45%. El jueves 12 se abre una nueva etapa: luego de los abandonos de plantas del martes 10 en Córdoba, en Santa Fe y en Ford, la clase obrera cordobesa tomó la iniciativa de convocar a una huelga general regional. En la movilización, que tiene lugar el jueves 12, los manifestantes exigieron, por primera vez, la caída de López Rega; a partir de entonces, la renuncia de la camarilla derechista pasa a convertirse —junto con la plena vigencia de las paritarias— en las dos reivindicaciones claves de todo el movimiento. Después de la histórica jornada cordobesa, la movilización cobra nuevo impulso. El martes 17, 10.000 obreros de la Ford y de la zona norte copan la Panamericana en reclamo del 100%; 8.000 trabajadores de Tamet, BTB, Pullmania, Piazza y Traful salieron al paro activo por el 100%; en Santa Fe, trabajadores de Fiat Sauce Viejo, Tool Research, Bahco, Grossi y muchas otras fábricas marcharon por las rutas contra el tope salarial; decenas de fábricas del Gran Buenos Aires se declaran en asamblea permanente (Astarsa, GM, Peugeot, Chrysler, Abril, Hidrófila, entre las más importantes); en La Plata, dos masivas asambleas en los Astilleros de Ensenada y en Propulsora (10.000 trabajadores en cada una de ellas) votan un aumento del 150%. El país entero se había convertido en una gran asamblea obrera dispuesta a defender sus conquistas. La burocracia se atrinchera en los locales sindicales, se niega a concurrir a las asambleas obreras e intenta quebrar a las nacientes Coordinadoras interfabriles, que eran bloques de organizaciones fabriles de base no controladas por la burocracia. Una fracción de la burocracia (Uocra, comercio) se lanza desesperadamente a firmar por el 45%; la intervención del Smata Córdoba desconoce la autonomía de los convenios de cada planta y firma por el 90%, notoriamente inferior a la inflación. La UOM negocia un 150% que absorbe todos los aumentos conseguidos en las fábricas durante los dos años de “pacto social”. Miguel moviliza a la UOM para “agradecer” a Isabel la firma del convenio. Cuando la burocracia creía haber “cerrado” la movilización, ésta recién comenzaba. 27 de junio: huelga política de masas El acuerdo no podía durar: lo obtenido era muy insuficiente para los trabajadores e intolerable para la camarilla. A la una de la mañana del viernes 27, el gabinete decide anular las paritarias. Entre la espada y la pared, a las tres de la mañana, la CGT debió convocar a una manifestación a Plaza de Mayo para el lunes siguiente. En su comunicado fijaba claramente su línea política: defender al gobierno de Isabel-López Rega. Bajo una llovizna persistente, una multitud de más de 250.000 trabajadores se fue renovando desde las 10 de la mañana a las 5 de la tarde en la Plaza de Mayo. La convocatoria representaba un nuevo esfuerzo de la burocracia para negociar un acuerdo con la camarilla. Contra la “orientación” fijada por la burocracia, los manifestantes reclaman durante horas la caída del “Brujo” López Rega. Sin haber conseguido nada, la burocracia desconcentra a pedido de Isabel, que al día siguiente llama al “sacrificio” y confirma la anulación de los convenios. A partir de entonces, la movilización fue incontenible. En el Gran Buenos Aires y la Capital, la parálisis industrial es completa y los trabajadores están en la calle; el 2 de julio se suman a la huelga los bancarios. En La Plata, los trabajadores de Propulsora, Petroquímica y los Astilleros invaden el centro de la ciudad y exigen una nueva marcha sobre la Casa Rosada; en Santa Fe se organiza una importantísima manifestación de masas hacia Rosario desde San Lorenzo, Granadero Baigorria, Fray Luis Beltrán y Puerto San Martín. La huelga general es completa ... sin que la CGT la haya declarado. Impresionantes columnas obreras convergen sobre la CGT, las CGTs regionales y los locales sindicales para exigir la huelga general. En la semana del 31 de junio al viernes 4, en una medida todavía más amplia que en la jornada del 27 en Plaza de Mayo, los trabajadores reclaman la caída de la camarilla lopezrreguista; los gremios más controlados por la burocracia, como la UOM, están completamente paralizados y las direcciones de fábrica –incluso aquellas controladas hasta hace poco por la burocracia pero que, en el curso de la lucha, se ven obligadas a superarla– empiezan a incorporarse a las Coordinadoras regionales. La gigantesca huelga general –no declarada por la CGT– marca el punto más alto de la movilización independiente de la clase obrera argentina en su historia y señala, después de tres años de gobierno peronista, la perspectiva de un cambio fundamental en la estructura interna del movimiento obrero. Obligada por toda la situación, la CGT lanza un paro general de 48 horas para el 7 y 8 de julio, que incluye, esta vez, al transporte. El paro de la CGT —en las vísperas del feriado del 9 de julio— es un intento desesperado de evitar las manifestaciones al centro del poder político y las ocupaciones de fábrica, que habían comenzado a producirse en los últimos días de la semana anterior y de llegar a un acuerdo con la camarilla. El gobierno de la camarilla lopezrreguista está completamente paralizado, lo mismo que el parlamento. La “salida” a la impasse la marcan las FF.AA.: asumiendo la representación política de la burguesía, el Alto mando desautoriza la política seguida por el comandante lopezrreguista y exige a Isabel la homologación de los convenios y la renuncia de López Rega como único camino para sacar a los obreros de la calle y evitar que la movilización escape de control y que el crecimiento de las Coordinadoras y la continuidad de las movilizaciones puedan crear una situación de doble poder. Finalmente, el gobierno se vio obligado a reconocer su derrota y aceptar la homologación de los convenios y prometer cambios en el gabinete. Semi-victoria Las jornadas de junio y julio no se convirtieron en una victoria completa de la clase obrera porque no lograron crear un nuevo eje de organización y de poder de los trabajadores, que fuera capaz de hacer frente a una situación revolucionaria. La quiebra del gobierno de la camarilla había abierto una situación revolucionaria porque los explotadores ya no podían seguir gobernando como lo venían haciendo, al mismo tiempo que los oprimidos habían dejado de tolerar las condiciones que les imponían sus explotadores y se movilizaban en forma crecientemente independiente. La derrota del gobierno significa el fracaso de todos los intentos de la burguesía por asimilar y diluir el ascenso obrero iniciado en 1969 con el “Cordobazo”. La derrota del lopezrreguismo a manos de la huelga –al entrañar la crisis general del gobierno peronista y del sistema de alianzas del peronismo y todos los partidos legalizados, replantea en forma agravada la crisis del Estado burgués. Como las jornadas de junio-julio no crean un doble poder o alternativa revolucionaria, las masas quedarán sin dirección frente al rápido reagrupamiento golpista de la burguesía, ¡¡¡que se encubrirá con slogans antilopezrreguistas, democráticos y constitucionales!!! La huelga general de junio-julio puso en claro la enorme experiencia que había acumulado la clase obrera desde el Cordobazo: a diferencia de éste, el sector protagónico (y en cierto momento decisivo) de la movilización es la clase obrera del cordón industrial del Gran Buenos Aires, que se opone, no a una dictadura militar, sino al gobierno constitucional del movimiento popular por excelencia de la burguesía. El rasgo más importante de la huelga general es que pone de manifiesto la tendencia a la independencia de clase de la clase obrera: en los tres principales centros industriales (Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe), la iniciativa surge de las internas antiburocráticas o que, en el curso de los acontecimientos, se ven obligadas a superar la tutela de los aparatos sindicales. El punto más alto de esta movilización independiente fue la formación de las Coordinadoras Interfabriles, a instancias de las internas antiburocráticas, como instrumento para extender y coordinar el movimiento huelguístico, pasando por encima de las diferencias de gremios; su primer punto de contacto son las manifestaciones callejeras que siguen a los abandonos de planta. La gestación de las Coordinadoras fue una consecuencia de la total debacle de la burocracia. Las Coordinadoras no fueron “sindicatos paralelos” sino alternativas de dirección. Es lo que ocurrió, por ejemplo, en la seccional Matanza de la UOM, donde la Coordinadora se hace elegir dirección regional luego de haber ganado la mayoría de fábrica a sus posiciones. El golpe militar del 24 de marzo de 1976 y la sangrienta dictadura videliana fueron la herramienta de la burguesía y el imperialismo para liquidar –junto con la liquidación física de miles de delegados, miembros de comisiones internas y activistas antiburocráticos– las perspectivas políticas abiertas por la victoria de la huelga general de junio y julio de 1975.

Durante la huelga general de junio-julio de 1975, quedó patente la traición de la burocracia —que no declaró nunca la huelga general, atacó a las Coordinadoras e intentó, hasta el último instante, salvar a la camarilla. Pero la huelga sirvió también para poner en claro la impotencia y la catástrofe política de las corrientes pequeñoburguesas y stalinistas. Durante toda la huelga general, las organizaciones guerrilleras, paralizadas, plantearon la formación de un gobierno de unidad del peronismo no lopezrreguista con la oposición (Montoneros) o de un “frente patriótico y democrático” con la burguesía opositora (ERP). El PC, por su parte, participó en todo acuerdo o bloque que se constituyó durante la huelga para encontrar un punto de reagrupamiento que limitara la movilización. Al tiempo que repetía que “no queremos el fracaso del gobierno” (o sea, que querían el fracaso de la huelga contra el gobierno), proponían la formación de un “gobierno cívico-militar” ... En consonancia con esta orientación, el PC abandonó las Coordinadoras interfabriles y las agrupaciones sindicales combativas. El PST —la corriente morenista— debutó en la huelga general ... reprochándole a los obreros de Fiat Córdoba haber repudiado a los burócratas que bajaron a la fábrica (Avanzada Socialista, 13/6/75). Durante dos largas semanas —¡y qué semanas!— la prensa del PST dejó de aparecer; hasta el 30 de junio no sacó ninguna orientación de orden político general ni, tampoco, ninguna consigna para generalizar la huelga. Cuando lo hizo, planteó la perspectiva, no de una victoria de la huelga, sino de una recomposición burguesa: la renuncia de Isabel y la elección de un sindicalista —un burócrata, claro— como presidente del Senado para actuar como presidente interino. La clave para entender esta política es que la huelga agudizó la política frentepopulista del morenismo, que se expresó en su integración al “Bloque de los 9” con toda la oposición burguesa, no casualmente “resucitado” durante la huelga. Política Obrera —la organización que dio nacimiento al PO— intervino a fondo en la formación de las interfabriles, planteando, desde el inicio de las movilizaciones, un programa de combate: “Defender las paritarias: 200% de aumento; ajuste trimestral de los salarios. Paro de 24 horas, Congreso de Delegados de base de la CGT y los sindicatos con mandato de bases. Fuera el gabinete reaccionario; anulación de las medidas económicas; por un plan económico y político elaborado por la CGT; por Comités Unitarios; por el Frente Unico de los partidos obreros y combativos” (Política Obrera, Nº 232, 11/6/75). Una semana más tarde, cuando el malón burocrático se apresuraba a firmar por el 45%, PO planteaba: “No al tope del 45%. Por un paro de 24 horas de la CGT. No firmar sin consulta de los trabajadores: Asambleas Generales y Congreso de Delegados con mandato” (Nº 233, 18/6/75). El 4 de julio, cuando la huelga general estaba en su apogeo, el PO —señalando la emergencia de una situación revolucionaria y alertando contra “el auto-golpe de Isabel-López Rega”— planteó la necesidad de “la huelga general centralizada con ocupaciones de fábricas” (Nº 235, 4/7). Una movilización obrera de la envergadura de la de junio-julio de 1975, marcó a fuego el carácter de clase de las tendencias que actuaban en ese entonces en el movimiento obrero.