Prensa Obrera N° 451

En la movilización realizada el día 7/6, convocada por la FUA contra la Ley de Educación Superior, la FADU contó con la presencia de una columna de 350 compañeros. Todo parecía desarrollarse normalmente hasta que el Centro de Estudiantes (Ce.A.D.I.G.), dirigido por Franja Morada, llamó a desmovilizar como parte de la maniobra que estaba montando la FUA. Esto generó la bronca de muchos de los compañeros, y la dirección del centro, ante esta presión, se vio obligada a convocar a una asamblea para el día jueves. En esta asamblea, de la cual participaron más de 700 compañeros, se decidió el corte de la Avda. Lugones junto con la Facultad de Exactas, y la toma activa de la facultad (contra la opinión de FM de toma simbólica), efectivizada por 200 compañeros. Se realizaron asambleas masivas por turnos el viernes, donde se decidió la conformación de cuerpos de delegados, formación de una comisión Interfacultades y de una comisión para convocar a docentes y no docentes a participar de las asambleas; concurrir a los colegios primarios y secundarios a explicar nuestra lucha; exigir la libertad de los estudiantes detenidos en la marcha del 7/6 y una nueva asamblea para el día martes 13/6. Este proceso de lucha es considerado por los estudiantes como un hecho histórico para la facultad, ya que desde el ’73 no se registraba un acontecimiento de semejante envergadura. De este modo, Arquitectura se ha incorporado a este torrente de lucha de los universitarios de todo el país contra la destrucción de la educación pública, gratuita y laica.

“Gracias” a La Nación (8/6) nos venimos a enterar que “el hermano Daniel Mugica, presidente del Consejo Superior de Educación Católica... se pasó noches enteras trabajando en los controvertidos Contenidos Básicos Comunes y en múltiples aspectos de los programas de formación docente, codo a codo con el ministro Rodríguez, con la secretaria de Programación y Evaluación Educativa, Susana Decibe, y con monseñor Jorge Meinvielle, en una tarea silenciosa que los diarios nunca contaron porque no se informó. No había tiempo para la prensa”. ¿Se puede relatar con mayor hipocresía el trabajo conspirativo al que se han dedicado los burócratas oficiales de la educación y los burócratas del clero, para imponer los criterios de esta secta oscurantista sobre el conjunto de la sociedad argentina? Si los pactos que se establecieron en estas reuniones llegan a buen puerto, las escuelas, colegios y universidades se convertirán en realidad en un enorme convento y la iglesia en la institución suprema, no dentro del Estado, sino al lado de él. Para que este pacto se viabilice no será necesario pasar por el Congreso, pues la facultad para imponerlo le cabe al Consejo Federal de Educación, que reúne a los burócratas oficiales del conjunto de las provincias. En este caso, el pueblo no deliberará ni siquiera por medio de sus representantes, ya que los burócratas están designados a dedo. El régimen democrático reclama respeto alegando representatividad, pero funciona como un aparato fuera de control, de características despóticas. Pero no es necesaria siquiera esa reunión del Consejo Federal, pues el nuevo presidente del Consudec, padre Iantorno, le acaba de informar a Clarín (10/6) que “el Ministro de Educación aceptó ‘casi todas las propuestas’ que el Episcopado le presentó semanas atrás para ‘mejorar la elaboración’ de los contenidos básicos comunes (CBC)”. Pero, como sabemos, estas “propuestas” ya habían sido aprobadas antes de presentadas, como consecuencia de un trabajo nocturno y silencioso. ¿Se puede revertir esto de otra forma que no sea con la movilización masiva y la huelga general para imponer el gobierno estudiantil-docente de la educación, sin injerencia de capitalistas ni obispos?

No parece que tengan razón los diarios que aseguran que Cavallo ganó su pugna con el bloque menemista del Congreso. La ley de patentes será promulgada como lo planteó el Congreso y la ley que debe “corregirla” seguirá con las pautas básicas establecidas por los adversarios de Cavallo. La anti-obrera ley de accidentes de trabajo tampoco será aprobada como lo quería el equipo económico, sino como lo reclamó el bloque UIA-CGT. De este modo, las AFJP seguirán a cargo de las pensiones por incapacidad absoluta o muerte, que en el proyecto de Cavallo lo debían cubrir directamente las empresas, permitiendo a las AFJP disponer de más dinero para invertir en títulos públicos. Aunque la Asociación de Bancos extranjeros (ABRA) le dio un ruidoso apoyo al ministro, sus representantes se encargaron de insistir de que no comparten la política de Economía de poner la plata del Fondo Fiduciario para rescatar a los bancos quebrados. Esta Asociación está manejada por el Banco de Boston, que orienta el ex secretario de Tesoro norteamericano, David Mulford. En el otro bando, el de la Asociación de Bancos nacionales (ADEBA), milita el “acriollado” Citibank, que ha diversificado sus inversiones hacia algunas industrias. Los miembros de Adeba, entre los que se incluyen Pérez Companc y el Banco Galicia, se acaban de reunir con Eduardo Bauzá para discutir un recambio en el gabinete nacional (La Nueva Provincia, 4/6). En una violenta reunión de gabinete, Cavallo caracterizó a la crisis política actual como una consecuencia de la pretensión legislativa de primar sobre el poder ejecutivo, con lo cual estaba reclamando que se gobernara por decreto o que, eventualmente, se cerrara el Congreso. Un planteo semejante estaba delatando el empantanamiento de Cavallo, quien sabe muy bien que el imperialismo mundial no admitiría una infracción a las “normas democráticas”. Ese planteo significaba, además, que Economía condicionaría futuros acuerdos con el Congreso, una tarea que deberá estar a cargo del futuro jefe de gabinete, Bauzá. Si se tiene en cuenta que el gabinete ha llegado a un acuerdo solamente provisional en relación a la reestructuración de ministerios que exige la nueva Constitución, resulta perfectamente claro que la crisis política no se ha disipado en absoluto, que Cavallo no ha ganado nada, que la posición del equipo económico se ha debilitado y que estamos sólo en presencia de una tregua. Contra lo que puedan hacer suponer los pronunciamientos capitalistas de apoyo a Cavallo, es probable que el desenlace de una crisis ministerial sea la salida de Cavallo, porque al imperialismo se le plantea ahora, más que el rescate de un “plan económico”, el salvataje de un gobierno y de un régimen político. La causa de fondo de todo esto es que la crisis económica producida por el derrumbe del “plan” Cavallo, se agrava a cada momento. Se ha conocido en el curso de la semana que Cavallo utilizó los dólares del Fondo Fiduciario, destinado al rescate de bancos, para el pago de la deuda externa que venció en mayo. Esto ha naturalmente acentuado todavía más la crisis bancaria, lo que explica que el retorno de depósitos sea prácticamente inexistente. Las previsiones de una menor recaudación tributaria que la ya reducida de los últimos meses, deberán agravar la tendencia a la cesación de pagos. Otra manifestación de la tendencia a la bancarrota la ofreció esta semana el grupo Alto Paraná, en el que participa el Citi, cuando tuvo que renegociar su deuda externa ante la imposibilidad de pagarla. Lo mismo acaba de ocurrir con Aeroméxico. La cuestión es que el “plan Brady” aprobado tanto por México como por Argentina, excluye la posibilidad de estas renegociaciones, que se presentan entonces como recursos extremos o irrepetibles. Ocurre que si se pone en duda la capacidad de pagar los títulos de deuda externa que han florecido luego del “plan Brady”, simplemente se pone en jaque al conjunto de las Bolsas internacionales donde esos títulos se trafican. La crisis argentina, con todo, no es sino el reflejo del impacto de la crisis internacional sobre las débiles estructuras sociales del país. Durante los últimos meses, por ejemplo, ingresaron 35.000 millones de dólares desde Japón a la Bolsa de Nueva York, lo que hizo caer las tasas de interés norteamericanas, prometiendo un financiamiento más barato para sobrellevar la crisis argentina. Pero en los últimos días, como consecuencia de la guerra comercial nipo-norteamericana, esos capitales japoneses han comenzado a retirarse y el Banco Central de Japón se niega a reducir sus tasas de interés, como se lo piden los gobiernos de Estados Unidos y Europa. La conclusión de esto es que el escenario internacional ofrece menos posibilidades de salida al derrumbe del “plan” Cavallo. Ni hablar si se concretan los proyectos automotrices brasileños, que le cerrarían el mercado a la exportación de Argentina. De acuerdo a los dichos de Macri, estaríamos, en este punto, ante “una crisis terminal”. A la luz de esta caracterización se puede comprender mejor por qué la economía argentina se deteriora como consecuencia de la política oficial de atender los intereses de la banca internacional y de los acreedores del Estado. La continuación del pago de la deuda pública deberá acentuar la depresión, las quiebras y la desocupación. Como consecuencia de ello, la crisis política que ya ha sido planteada, deberá estallar. Un cronista cavallano soltó, en su comentario del domingo pasado, que el caos económico y político reinantes correspondía al que se había anunciado para el caso de un triunfo de Bordón. Esto demuestra que el régimen actual no es una defensa contra nada, sino la causa de todo el desbarajuste. La falta de un eje de reacción para el movimiento obrero, prueba la bancarrota de las burocracias de las organizaciones tradicionales, incluidas el MTA y el CTA. Este acaba de hacer una “elección directa” que no fue siquiera registrada por el movimiento obrero. La movilización popular crece, sin embargo, en todo el país, y no solamente la de los universitarios y secundarios. En Río Negro existe una rebelión popular creciente y un vacío de poder; en Córdoba, ante la declaración oficial de quiebra, por parte de Angeloz, los trabajadores están discutiendo la declaración de una huelga general en defensa del pago de sus salarios; ATE ha tenido que amenazar con paros. En Buenos Aires, los metalúrgicos del poderoso pulpo alemán, Bosch, acaban de impedir con la lucha el intento de despidos masivos. Es necesario, entonces, iniciativas de conjunto. Tomando el ejemplo de los universitarios, que se han lanzado frenéticamente a organizar cuerpos de delegados, los cuales podrían convocar a una Asamblea General de estudiantes, llamamos a todos los partidos de izquierda y a todos los movimientos y sindicatos en lucha a elegir delegados, para reunir Asambleas Populares, que impulsen planes de lucha por las reivindicaciones y la huelga general. Que la crisis la paguen ellos. Cobremos nuestros salarios. Ocupemos las oficinas y empresas que no nos paguen. No al pago de la deuda externa. Fuera Menem-Cavallo.

Los consejeros superiores de la UBA se fueron bien lejos, a Colón, en Entre Ríos, para modificar los planes de estudio y asignarles los recursos necesarios, incluidos preponderantemente los de “orígen externo” (La Nación, 24/4). También en la Universidad, como se puede ver, el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes. Pero una “reforma curricular” que depende de “recursos externos” significa simplemente que será condicionada por los bancos y los “capitanes de la industria” que apoyan el proyecto de ley de enseñanza superior. Esto sin hablar de que el principal proveedor de fondos para proyectos educativos es el imperialísimo Banco Mundial, autor de todas las “reformas educativas” del continente. El consejo superior de la UBA incluye también a los delegados estudiantiles fubistas, lo que está demostrando que éstos están más cerca de Menem que de los estudiantes en lucha. El cónclave colonense también decidió formar “equipos técnicos para detectar las necesidades de acción”, pero en ningún momento convoca a los estudiantes al debate político del proyecto. Una reforma curricular, sin embargo, es por sobre todo una iniciativa política, pues el carácter de la educación está directamente determinado por la naturaleza de la sociedad y del Estado. La exclusión de los estudiantes responde a la necesidad de procesar una política privatizadora. ¿Cómo se puede esperar que una Asamblea Universitaria de esta gente, como impulsa la FUA, sirva para derrotar a la ley menemista?

A fines del año pasado, la empresa Bosch (multinacional alemana), de Brasil, compró el 60% del paquete accionario de la “nacional” Argelite, con lo que dejó planteada una guerra comercial en el Mercosur con Lucas Indiel (inglesa) por el mercado de las autopartes eléctricas. Se calcula que en el año 2.000 sólo quedarán 500 de las 1.800 autopartistas que funcionan a nivel mundial. En este marco, Bosch Brasil necesita una filial en la Argentina que le dé fachada industrial a un emprendimiento de tipo comercial. Se trata de ponerle la etiqueta “Made in Argentina” a productos que tendrán aquí un ínfimo valor agregado, pero que servirán para “compensar” cupos de importación. Es claro que semejante parasitismo no puede ir acompañado de estabilidad laboral y que, por lo tanto, la patronal va a atacar todas las conquistas, incluyendo a los propios puestos de trabajo, para bajar los costos y mejor competir con Lucas Indiel. En el colmo de la hipocresía, Robert Bosch, la mayor autopartista de Europa, declaró “en crisis” a su filial argentina, a 120 días de constituirse en el país. Formalmente, el objetivo de la empresa era suspender por 9 días, pero las intenciones van mucho más allá: bajar los sueldos; nuevo régimen disciplinario y, por sobre todo, despedir a decenas de compañeros. El “procedimiento de crisis” (figura legal) ya había sido aplicado en Zanella, con el saldo terrorífico de 120 despedidos con la indemnización reducida y en cuotas, en una derrota sin lucha. Esta experiencia sirvió para conocer a fondo los mecanismos del chantaje, que constituyen el “espíritu de la ley”. Es así que dos horas después de haber tomado conocimiento de que Robert Bosch iniciaba el “procedimiento de crisis” ante el ministerio, una asamblea resolvió su rechazo y la negativa a negociar nada en el marco de esa presentación. La rápida reacción dejó rengueando la intención de la empresa de aplicar un mecanismo que sólo es efectivo en el marco de la confusión y la desmoralización. Quedó abierto así, en la fábrica, el debate sobre la necesidad de la movilización callejera. La comisión interna se mantuvo en la posición inicial de rechazo, a pesar de que comenzaron a sentirse las presiones: para el sindicato había que negociar y para compañeros ilusionados en el bordonismo también había que negociar “para ganar tiempo” (y llegar a las elecciones). La patronal presionó con dos despidos “por legajo”. Finalmente, la comisión interna firmó una elaborada denuncia, que debía actuar como rechazo legal (y político) del procedimiento de crisis. No llegó a ser presentado: la patronal reculó y mandó a archivo el expediente. Esta victoria importante no significa más que un round. El intento de despedir se va a replantear. Sea con un nuevo “procedimiento”, sea “por legajo” o sea como “caso puntual”, la defensa de todos los puestos de trabajo está a la orden del día. Los despidos se pueden detener y es imperioso hacerlo.

La situación rionegrina (ver PO 446) se descompone de a minutos. Al presente (10 de junio) sólo una minoría de estatales ha cobrado sus haberes…de ¡abril!… A los hospitalarios se les adeuda las guardias de marzo a esta parte —una parte sustancial de sus ingresos— y los jubilados y pensionados aún no han cobrado marzo. La mora en el pago a los proveedores y prestadores del Estado tiene características similares, lo que ha motivado el “corte” del I.PRO.S.S. (seguridad social de la provincia) y la suspensión del servicio telefónico y de gas a numerosas escuelas y oficinas públicas, en particular del interior de la provincia. La movilización popular contra este ataque no se ha tomado un respiro. La educación, la salud y la administración central están en permanente “retención de servicios”; las movilizaciones y tomas están a la orden del día y se acentúa la tendencia a una confrontación más profunda. El ministro Zecca hizo debutar el BORA (cuerpo especializado en represión), desalojando violentamente a los delegados al congreso de UNTER (docentes), que habían ocupado el Consejo Provincial de Educación en Viedma, con un saldo de numerosos docentes y periodistas golpeados… para tener que enfrentar en los días siguientes una movilización de repudio que terminó costándole la cabeza. En Río Negro está cuestionado el régimen político, y el conjunto de los partidos patronales hacen denodados esfuerzos por salvar “la gobernabilidad del sistema”, como declarara Zecca para justificar el desalojo del CPE. Massaccesi, luego de su aventura presidencialista volvió para realizar el “trabajo sucio” necesario para facilitar al próximo gobierno (del radical Verani) la “gobernabilidad del sistema”. A este operativo de salvataje se han sumado las dirigencias sindicales del FER —Frente Estatal Rionegrino—, que centran sus preocupaciones en “no entorpecer los plazos de la transición democrática”. No bien pisó la provincia, Massaccesi solicitó la renuncia de toda la planta de funcionarios políticos (aproximadamente 800, contando “asesores”, “colaboradores” y ñoquis varios), para finalmente aceptar la de 60 funcionarios menores… y tener la autoridad (o el argumento) para poner en la picota a 1.200 agentes estatales contratados. Esto ha caído como un petardo en el avispero, ya que es un paso gigante para el desmantelamiento de la Salud Pública; el propio director del hospital de General Roca sostuvo que el Hospital se sostiene sobre los contratados, y el solo despido de uno de ellos cuestiona su continuidad. Numerosos funcionarios menores (directores de hospitales y de servicios) se han negado a colaborar con esta medida, planteando que no elaborarán ninguna lista de contratados ni evaluarán sus tareas, ni impulsarán ninguna propuesta que implique la disminución de la planta de trabajadores hospitalarios. Sin embargo, el burócrata Scalesi, de UPCN provincial, declaró su beneplácito porque “los despidos sólo alcanzarían al 10% de los contratados, y no al 20% como se anunció originariamente” (Río Negro, 8/6). Para poder cobrar los sueldos en término, y para impedir el hundimiento de la educación y la salud públicas, se deben tomar medidas de fondo contra los capitalistas que vaciaron el Banco provincial y se enriquecieron a costillas del sacrificio de los trabajadores rionegrinos. ¡Que los padres y alumnos que ocupan colegios y escuelas en defensa de la educación pública, retomen el camino de los congresos provinciales! ¡Por un Congreso provincial de delegados y activistas de todos los estatales! ¡Por una gran Asamblea popular, que vote un programa de lucha y abra un camino para el triunfo de los explotados!

La Junta Electoral de AMSAFE pretende resolver con un colosal fraude su derrota en las recientes elecciones docentes de la provincia y en particular en la seccional San Lorenzo, ganada por el Frente para Recuperar AMSAFE-Tribuna Docente. El escrutinio provisorio hecho en la seccional arrojó un resultado de 220 votos para la lista de Tribuna contra 186 de una de las fracciones en que se dividió la burocracia radical (como consta en los escrutinios de mesa y el acta de escrutinio provisorio firmado por la Junta Electoral local). En el escrutinio definitivo, realizado en la ciudad de Santa Fe, se computaron los votos emitidos por correo de escuelas rurales y quedó nuevamente confirmado el triunfo de la lista. Pero la Junta Electoral Provincial se ha negado a proclamar este triunfo de la lista y acaba de anunciar que pretende convocar a “elecciones complementarias” en cinco urnas que fueron anuladas en el comicio de la seccional por vicios manifiestos. Sin embargo, para reconvocar a “elecciones complementarias”, el estatuto de AMSAFE establece un plazo de 15 días corridos del comicio, que venció el pasado miércoles 7. La Junta Electoral Provincial está integrada por miembros de la burocracia radical, que fue a la elección dividida en dos fracciones, y que perdió los comicios a manos de la burocracia marysanchista (Tessa). Las urnas fueron guardadas en la capital durante 72 horas, custodiadas por un “cuerpo de seguridad” nombrado por la Junta. Existen denuncias de cambio de urnas en las elecciones de Santa Fe Capital, decenas de mesas anuladas y amenazas de comicios complementarios determinados “selectivamente” por la Junta. La conducción electa en AMSAFE San Lorenzo ha reclamado por carta-documento la inmediata proclamación de la lista ganadora, denunciando el operativo fraudulento y antiestatutario de la Junta Electoral y ha lanzado una campaña pública contra los usurpadores.

En Río Negro, la educación provincial está paralizada desde hace meses por la falta de pago a los docentes, al punto que en varias localidades del interior ya ha sido declarada la “emergencia educativa”, paso previo a la pérdida del año lectivo. La salud pública está al borde del colapso, como consecuencia de la apropiación de los fondos presupuestarios de los hospitales por parte del Tesoro provincial, del no pago de salarios a sus trabajadores y de los proveedores y de la amenaza del despido del 30% del personal médico, de enfermería y administrativo que revista como contratado. La justicia vive una prolongada “feria extraordinaria”. La población trabajadora se ha rebelado contra el no pago de los salarios y las jubilaciones, y la destrucción de la escuela y el hospital públicos en toda la provincia, incluso en las localidades más pequeñas y alejadas como El Bolsón y Valcheta. La extensión de la rebelión provincial ha quedado claramente expresada en las manifestaciones de masas que se han registrado en todos los pueblos y ciudades rionegrino, en repudio a la represión policial contra los docentes que ocupaban el edificio del Consejo Provincial de Educación, en reclamo del pago de los salarios atrasados. El comercio ha señalado a Massaccesi como el responsable de la cesación de pagos que se vive en la provincia y hasta la Iglesia denuncia que el gobierno pagó los subsidios a la educación privada con cheques sin fondos. La crisis ha licuado el poder político provincial. Massaccesi ha “desaparecido” de la provincia. Para El Diario de Río Negro (4/6), “el mandatario ausente parece incapaz de continuar cumpliendo las obligaciones del cargo que posee hasta diciembre”. El gobierno de la provincia ha quedado en manos anónimas, como lo prueba el hecho de que la brutal represión a los docentes que ocupaban el Consejo Provincial de Educación fue decidida por uno de los ministros, en ausencia del gobernador y sin el conocimiento de su vice. Ante “el vacío de conducción existente en Río Negro” (ídem), su sucesor ya ha anunciado que no está dispuesto a asumir el gobierno antes de diciembre. El gobierno ha anunciado el despido de 5.000 empleados públicos contratados (lo que llevaría a la parálisis de los hospitales provinciales, cuyo personal está constituido en un 30% por contratados) y su disposición a privatizar el banco y la empresa de energía provinciales... pero no tiene la fuerza para llevar adelante sus anuncios. Los directores de los hospitales ya han anunciado que no se desprenderán de un solo contratado, mientras que los grupos capitalistas locales, temerosos de que la monopolización del banco y de la empresa de energía por el gran capital financiero los lleve a la quiebra, critican abiertamente la privatización. Por eso, en la provincia circulan rumores que indican que el propio Massaccesi estaría intentando forzar una intervención federal, “tendiente a que sea la Nación y no el actual gobierno o el electo quien concrete el imprescindible ajuste...” (ídem).

El jueves 8 de junio se realizó, en la plaza de Primera Junta, una asamblea abierta de colaboradores y televidentes de Canal 4 “Utopía”, en la que los trabajadores del Canal denunciaron la persecución de la que vienen siendo objeto por parte del gobierno, que ha propalado la especie de que se trata de un canal “trucho”, cuando en realidad le ha solicitado al COMFER el correspondiente permiso para operar, “recibiendo como única respuesta 3 allanamientos y 2 decomisos”. Los compañeros comparaban su caso con el trato que recibe el diputado justicialista Pierri, quien ha obtenido licencia para sus veinte canales, o Crónica TV, “que emite en forma abierta a pesar de haber sido sólo autorizado a transmitir en forma codificada”. Estas licencias, aseguran los compañeros, fueron otorgadas sin llamado a concurso público. Las licencias son otorgadas por decreto del Poder Ejecutivo, valiéndose para ello de la ley de radiodifusión sancionada por la dictadura militar. Tanto el Partido Obrero, a través de un comunicado firmado por Pablo Rieznik, como la Lista Naranja de Prensa, se acercaron a la asamblea para dar expresión a su solidaridad a través de sendos pronunciamientos, y quedando a disposición para discutir acerca de las distintas iniciativas en defensa de la libertad de expresión.

La bancarrota de los Estados provinciales es la directa consecuencia del saqueo de las provincias que el Estado nacional realiza en beneficio del gran capital financiero internacional. Un estudio reciente revela que sólo en 1994, las provincias recibieron 5.800 millones de pesos menos de lo que les correspondía según la ley de coparticipación en vigencia (poco más de 9.000 millones de pesos en lugar de 15.000 millones); como consecuencia de “la transferencia de las escuelas de la Nación a las provincias, los dos pactos federales y la resignación por parte de las provincias del 15% de coparticipación para el sistema de seguridad social” (Río Negro, 3/6). Semejante confiscación alcanza para explicar también la aguda depresión económica que sufre todo el interior del país. El saqueo del 40% de los ingresos provinciales por parte de la Tesorería nacional desmiente la supuesta “disciplina fiscal” cavalliana: bastaría con consolidar las cuentas de la Nación y las provincias para mostrar que el “plan” Cavallo ha agudizado la bancarrota histórica del Estado nacional mediante un endeudamiento generalizado. Los gobiernos provinciales pretendieron sobrellevar la caída de sus ingresos coparticipados mediante el endeudamiento: la deuda pública de Córdoba, por ejemplo, supera los 1.000 millones de dólares, y la de Río Negro trepa a los 400 millones, dos cifras que superan largamente sus ingresos anuales por coparticipación. La crisis bancaria ha hecho estallar todo este castillo de naipes, porque los bancos ejecutaron las garantías de las deudas provinciales —los fondos de coparticipación: Río Negro, por ejemplo, tiene embargado el 50% de sus ingresos coparticipados. La salida que Cavallo propone a esta bancarrota es la privatización de los bancos, las empresas provinciales de energía y aguas corrientes y las Cajas de jubilación. Pero para esto es necesario que se estaticen las deudas impagables de los bancos, lo que acentuaría enormemente la hipoteca del Estado. Pero incluso esta vía está cuestionada, pues, según el propio presidente del PJ rionegrino, “la privatización de la Erse (la empresa provincial de energía) y del Banco de la Provincia van a servir para ponerse al día con los salarios, pero la situación de déficit estructural va a continuar, porque los aportes del fondo fiduciario no van a alcanzar para liberar los fondos de la coparticipación, que se encuentra afectada en más del 50% por las financieras de la capital” (Río Negro, 6/6). Todo esto explica por qué, allí donde la “solución” cavallana se aplicó a fondo (La Rioja, Corrientes, Entre Ríos, San Juan), los Estados provinciales tampoco pueden pagar los salarios en fecha y preparan despidos masivos. Pero Cavallo no sólo se ha “esfumado” los 5.800 millones que ha sustraído de la coparticipación federal, sino que ahora, ante la caída de la recaudación fiscal, reclama a las provincias un “esfuerzo” mayor. Es así que ha excluido de la coparticipación el reciente aumento del IVA, ha prohibido nuevos adelantos a las provincias, impone el cobro compulsivo de los adelantos otorgados antes de las elecciones y exige despidos masivos de empleados públicos. Es necesario poner fin al pago de la deuda externa y cobrar compulsivamente a los capitalistas locales los créditos otorgados por los bancos de provincia. Apertura de los libros. Comisiones obreras de control sobre los bancos y fondos públicos.

La Municipalidad de Buenos Aires acaba de anular ochocientos contratos de la llamada planta transitoria del personal de hospitales, que se venían renovando anualmente de manera automática. La mayoría de estos despidos encubiertos afecta a profesionales de las Areas Programáticas. Son estructuras de varios años de existencia que se ocupan de programas especiales de atención primaria, como centros de salud en los barrios carenciados, sanidad escolar, detección de enfermedades y promoción de salud. Una estructura de residentes especializada en Sida, que quedó sin contrato en el Hospital de Niños, cubre, con otra médica, la atención de 250 chicos portadores de esa enfermedad (La Nación, 8/6). Además, las cesantías afectan principalmente a los hospitales que atienden a las poblaciones más carenciadas de Capital y Gran Buenos Aires (Penna, Santojanni, Argerich, Piñero). Estos despidos son una clarísima manifestación de la nueva política de “autogestión” (autofinanciamiento) para los hospitales públicos, que consiste en la eliminación del financiamiento estatal de la salud (un millón de pesos menos, por mes, en sueldos), “racionalización” (despidos) y eliminación de inversiones “improductivas”, como las acciones de atención primaria mencionadas. Un sector de los afectados realizó una concentración frente a la Secretaría de Salud del Municipio. Las asociaciones profesionales y las gremiales deben apoyarlos y reclamar la derogación de la legislación privatizadora de los hospitales.

Con el grito de “¡Derlis, escucha... Islas Malvinas está en lucha!”, más de 100 vecinos declaraban públicamente que la “tercera vuelta” había comenzado para uno de los barrios más populosos de Neuquén. La importante movilización del 1º de junio fue votada por una Asamblea que reunió a 140 personas y contó con el apoyo de otras 300, que fueron participando en reuniones donde se difundía y organizaba la manifestación. Producto de esta movilización y a pesar del expreso desconocimiento de la misma por Asuntos Vecinales (organismo que reglamenta el funcionamiento de las Juntas Vecinales) y por parte del Presidente del barrio (puntero del MPN), las autoridades municipales tuvieron que reconocer a la nueva dirección sostenida por los vecinos en lucha. Ante los vecinos movilizados y los medios de prensa, las autoridades se tuvieron que comprometer a dar respuestas urgentes a los reclamos de mensura y terminación de obras públicas, como cloacas, gas, agua y luz, comprometiéndose a recibir a la Comisión Vecinal todos los viernes para tratar temas puntuales. Nuestra política, impulsada desde la Agrupación Naranja y Roja, fue clarificar a los vecinos por medio de boletines y volantes, preparándolos para no caer en la trampa de que la Asamblea del día 8 no se podía hacer porque se debía esperar la asunción de las nuevas autoridades. El acierto de la Naranja y Roja fue corroborado por la masiva Asamblea de unos 160 vecinos, quienes obligaron a las nuevas autoridades a exigir que el Concejo Deliberante saque la ordenanza para continuar con las mensuras, se reubique a los vecinos del zanjón en el mismo barrio y que se continúe con las obras de cloacas. Al finalizar, se planteó la formación de subcomisiones por los distintos problemas y quedó convocada una nueva Asamblea para dentro de 15 días.

El jueves 8/6, un tribunal penal procedió a leer los “fundamentos” de una condena a seis meses de prisión en suspenso contra el trabajador del diario La Prensa, Ernesto Gutiérrez. Dos horas le llevó al presidente de dicho tribunal leer el equivalente a un “libro” de 56 páginas, cuya pretensión es sentar jurisprudencia y justificar la abominable sentencia contra este compañero. Ernesto Gutiérrez fue acusado de “falso testimonio” por su declaración en un juicio de otro fuero (laboral), en donde la empresa se proponía despojar de la inmunidad gremial —para después despedir— al delegado gremial Jorge Brodsky. Lo primero que llamó poderosamente la atención de todos los compañeros que concurrieron a las audiencias del juicio oral y público (es decir, aquellos a quienes les fue permitido ingresar a la sala, que contaba con sólo 15 asientos y donde no podía haber gente parada), es que ninguna de las alevosas y groseras contradicciones en que incurrían los testigos de la empresa, quedaba registrada en acta taquigráfica, grabación o filmación alguna. Es que a pesar de ser “públicos”, los juicios en realidad no pueden ser grabados ni filmados si el tribunal lo impide —como sucedió en esta oportunidad—, ni tampoco se toman actas taquigráficas oficiales de las declaraciones. Esta aberración permite deformar luego lo que afirman los testigos, dejando la “interpretación” final a los jueces, que en este caso dieron toda la impresión de actuar como querellantes, al punto tal que la absoluta mayoría del público presente —si no la totalidad— sentía que Gutiérrez estaba condenado antes de iniciarse la instancia oral y pública. El sistema de juicio oral y público, lejos de lo que nos venden Laura Santillán y Canal 13 en “Justicia para Todos”, es más pernicioso que el anterior, pues no deja rastros del proceso. El encuadramiento de la represión dentro de la legalidad, que tanto se pregona, ya está preparado y funcionando. Se impone una campaña para acabar con este sistema arbitrario, que exija el derecho a la grabación, filmación y confección de actas oficiales, que deberán ser refrendadas por las partes, con garantías para todos de poder utilizar el medio que mejor considere para la reproducción textual de lo manifestado en los debates orales. Aproximación a la sentencia Un análisis exhaustivo de la sentencia será material para otro número de Prensa Obrera. Pero de lo visto y oído se puede afirmar que la sentencia es manifiestamente arbitraria por las siguienes razones: 1) Se probó en la causa que el acta judicial utilizada para condenar a Gutiérrez no fue realizada en presencia del juez laboral ni del secretario, como ordena la Ley, lo que hace nulo todo el proceso contra el trabajador de prensa Gutiérrez. Sin embargo, esto no fue admitido por el tribunal. 2) El acta notarial fechada el 24/3/93, realizada por una escribana a pedido de la patronal del diario La Prensa y utilizada en la causa como prueba acusatoria contra Gutiérrez, no recabó el testimonio de todos los periodistas presentes el día de los hechos, como lo reconoció en el juicio la propia escribana contratada por la empresa. Sin embargo, esto no fue admitido por el tribunal. 3) Varios testigos reconocieron que los hechos utilizados para perseguir penalmente a Ernesto Gutiérrez no ocurrieron en la forma que lo afirmaba La Prensa SA. Estas declaraciones no fueron admitidas por el tribunal. 4) Los testimonios utilizados para condenar al periodista Gutiérrez corresponden todos a altos ejecutivos de La Prensa SA, parte interesada en el resultado del juicio, algo que la ley prohíbe. La impugnación de los mismos no fue admitida por el tribunal. La sentencia será apelada ante el Tribunal de Casación y la Corte Suprema de Justicia, pero es de destacar que La Prensa SA contrató los servicios del ex-secretario de justicia de Videla, doctor Durrieu. Bajo este régimen y autoridades cumplió funciones como juez de facto el Dr. Oliván, presidente del tribunal, que acaba de condenar al trabajador del diario La Prensa, Ernesto Gutiérrez. Tanto la condena contra el delegado Adrián Alvarez como contra Ernesto Gutiérrez, son pasos que da la patronal de La Prensa para poder aportar “pruebas” y condenar al delegado Jorge Brodsky, tres (3) veces sobreseído en su causa penal. El hecho de que en el juicio oral de Ernesto Gutiérrez, a Brodsky se lo mencionara en una proporción de 5 a 1 respecto del acusado, grafica la verdadera intencionalidad de la patronal. Contra esta ofensiva fascista se impone la realización de un acto público. En ese sentido hay que trabajar. Se trata de profundizar la actual campaña de denuncias y pronunciamientos en curso, hasta darle un curso de movilización efectivo.

La semana pasada, el gobierno brasileño informó que impondría cupos a la importación de autos y de electrodomésticos de Argenti­na, lo que produciría una crisis “terminal” para el Mercosur y por cierto un tiro de gracia a la “convertibilidad” argentina. La violencia de esta situación que­dó retratada cuando el argentino Pedro Waisman, dueño-patrón de Aurora, ¡pidió la renuncia de la ministro de Industria de Brasil, Dorotea Werneck! Mauricio Macri, por su lado, decía sin rodeos que “el Mercosur está en peligro”. Brasil pretende limitar las im­portaciones de autos al 5% de su producción automotriz interna, para hacer frente a un ritmo de importaciones de autos equivalen­te a 720.000 unidades anuales, que amenaza con provocar un dé­ficit sin precedentes de la balanza comercial. A comienzos de año es­tableció un aumento de los arance­les del 35 al 70% para los autos importados fuera del Mercosur, que podría reducir “a 350.000 los vehículos importados en 1995” (Gazeta Mercantil, 31/5/ 95). Pero, al mismo tiempo, “el Mi­nisterio de Industria está realizando estudios para fre­nar el ingreso de productos como calzados, tejidos, ju­guetes y porcelana” (ídem), cuyas importaciones aumentaron un 94% en los primeros 5 meses del año, mientras que las exporta­ciones sólo crecieron un 6%. En este marco, Brasil se lanzó a frenar también las importaciones de Argentina. En medio de una contundente recesión, Brasil es hoy el único mercado donde la burguesía argentina coloca una parte de su producción. Si las fá­bricas automotrices argentinas es­tán paralizadas 2 o 3 semanas al mes, a pesar de su exportación a Brasil, el cierre sería total si Brasil importara a cuentagotas. Aunque Femando Cardoso ha suspendido la firma del decreto de cupos y se ha abierto una negocia­ción entre ambos países, la cues­tión sigue planteada, porque exis­te la amenaza de una crisis en la balanza de pagos del orden de los 25.000 millones. De ahí que “en el área técnica del gobierno ya hay sugerencias para re­vertir el cuadro del déficit comercial... a través de la adopción de una pequeña desvalorización del real res­pecto del dólar combinado con un proceso de desaceleración de la economía” (Gaze­ta, ídem). Pero el “tamaño” de la devaluación no lo puede decidir ningún gobierno, como lo acaba de demostrar México (y el propio Brasil hace dos meses). Brasil plantea: establecer un ré­gimen automotriz de protección y prebendas similar al argentino. Con esto, la burguesía brasileña se dispone a disputarle a la argentina la radicación de algunas automo­trices extranjeras en su país para abastecer a todo el Mercosur y exportar hacia el resto del mundo. Por ejemplo, “el ministro brasi­leño de Planeamiento, José Serra, prometió 'todas las fa­cilidades legales9 posibles para la instalación en Brasil de la fábrica Renault” (La Na­ción, 8/6/95). El patrón de Ciadea, por su lado, “Manuel Antelo expresó que Brasil pretende modificar las reglas del juego de la industria automotriz para que las terminales se radiquen en su territorio” (ídem). “Ciadea (de Antelo) es una de las empresas que eventualmente resultaría más afectada” (Cronista, 8/6/ 95), porque “la marca Renault no tiene fábrica instalada en Brasil y sus planes eran hacer fuertes inversiones para am­pliar la producción en Argen­tina...” (Ídem). Concretamente, Brasil apunta a Chrysler, General Motors, Toyota, etc. Ya “la norteamericana Chrysler... rescindió ayer el contrato con la firma (argenti­na) que importaba sus mode­los en Brasil y anunció que en el segundo semestre de 1996 comenzará a producir el jeep Wrangler y el automóvil Neón. La Chrysler brasileña pasaría a controlar todas las operaciones en América Lati­na, que hasta el presente esta­ban a cargo de la filial Puerto Rico” (EZ Cronista, 8/6/95). Estamos ante una disputa entre los grandes patrones de la indus­tria automotriz mundial por el acaparamiento del Mercosur en materia de terminales y autopartes. “Los cambios por los cua­les está atravesando la indus­tria automotriz mundial es­tán provocando un corri­miento de los socios locales (en cada país) cuando el nego­cio deja buenos dividendos. Las fábricas no quieren dejar en manos de terceros el con­trol de la torta...” (Ámbito, 18/ 11/94). Fiat le canceló a Macri la licencia, Antelo teme que la Ren­ault también lo desaloje por la vía de Brasil y directamente, reinsta­lándose en la Argentina.

Buenos Aires, 7 de junio de 1995. Dirección Regional de OIT Director: Dr. Mario Trajtemberg Directora Adjunta: María Lara De nuestra consideración: La Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA), entidad sindical y profesional que agrupa alrededor de 10 mil periodistas-trabajadores de prensa de Capital Federal y Gran Buenos Aires, manifiesta ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) su rechazo y preocupación por el proceso judicial que el diario La Prensa ha iniciado contra tres trabajadores —Jorge Brodsky y Adrián Alvarez, ambos delegados de prensa, y Ernesto Gutiérrez. Los detalles de las causas iniciadas por las que reclamamos serán entregadas a la brevedad, con el objeto de que sean elevadas al ámbito correspondiente en la OIT-Ginebra. Sin embargo, queremos anticipar que se trata de una instancia judicial cuyo origen y esencia corresponden al fuero laboral y que han sido tramitadas en el fuero penal, configurando tal hecho un gravísimo precedente, limitante de las libertades sindicales y profesionales de los trabajadores afectados, aparte de ser una amenaza que se extiende a todos los trabajadores. Se adjuntan comunicados de prensa y boletines con los que la UTPBA ha difundido y denunciado esta situación dentro y fuera del gremio de prensa. Del mismo modo en que recurrimos a la OIT en 1994 ante el intento de derogación de nuestro Estatuto del Periodista Profesional, volvemos al mismo foro internacional para exponer hechos de gravedad que vulneran derechos de los trabajadores. Atentamente.- Daniel Terreno Secretario Gremial Néstor Restivo Secretario Derechos Humanos Lidia Fagale Secretaria Asuntos Profesionales Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA)

Perdido entre diversas notas, nos enteramos por medio del se­manario Propuesta que el Movimiento Bolivia Libre fue separado del Grupo de Trabajo del Foro de San Pablo. El MBL integra el go­bierno proimperialista y fascistizante de Sánchez de Losada, que gobierna Bolivia mediante el esta­do de sitio, acaba de reprimir una huelga general encarcelando a 400 dirigentes y activistas sindi­cales y se encuentra en la actuali­dad usando al ejército para erra­dicar los cultivos de coca, debido a una orden que le dio el gobierno norteamericano. El Partido Obre­ro rompió con el Foro de San Pablo en ocasión del Encuentro que se realizó hace poco en Montevido, debido al rechazo de sus integrantes a la moción de expulsar al MBL de sus filas, por represor, policial, antiobrero y fascistizante. El Grupo de Trabajo oficia como dirección del Foro de San Pablo. La ausencia de mayores detalles en la información que brinda el semanario del partido comunista, permite deducir que la se­paración se hizo con el acuerda del MBL La transacción entre los partidos líderes del Foro y el MBL consistió en evitar una condena pública de éste, que hubiera comprometido a esos partidos del Foro, que tienen, todos ellos, lazos suficientemente sólidos con sus respectivos Estados nacionales y, en algunos casos, con el imperialismo. Para evitar inevitables “dificultades” futuras, se le ofreció al MBL la puerta de servicio Toda esta maniobra acentúa el encubrimiento de la represión imperialista que realiza el £r0 de San Pablo. Lo ocurrido en el último Encuentro marca el pasaje definitivo de los democrati­zantes al campo del imperialismo en un sentido militante. El reda­mo del Partido Obrero, respalda­do por otras diez organizaciones políticas, ha servido para desen­mascarar al Foro y a sus partidos principales ante la gran masa de activistas y luchadores latinoa­mericanos, e incluso del resto del mundo. Se trata, por supuesto, de una labor de delimitación política que el PO ha realizado desde el primer Encuentro, en 1991, y que lo llevó en todas las oportunida­des a votar solo, en disidencia, las declaraciones finales. Al rechazar la expulsión del MBL, el Foro de San Pablo ha eliminado la última condición que hubiera permitido que siguiera funcionando como un ámbito de discusión política. Esta deja de ser posible entre re­presores y reprimidos, verdugos y víctimas, el imperialismo y los trabajadores. La exigencia del PO no fue arbitraria sino de princi­pios y vinculada a una cuestión estratégica en la política latinoa­mericana. Desnudó el carácter anti-democrático de los partidos democratizantes. Esa condición principista fue vigorosamente re­conocida incluso por Cuhautémoc Cárdenas ante los soberbios periodistas de Rock and Pop, aun­que el hecho subraya la inconsis­tencia y falta de principios del mexicano, que se empeñó en evi­tar que se votara la expulsión del MBL Como está dicho, el partido comunista reproduce la noticia en su periódico sin acompañarla de ningún comentario, pues des­de un inicio se ha negado a tocar el tema del MBL, esto a pesar de que la expulsión fue reclamada por organizaciones como los Tu­pamaros o el partido comunista de Paraguay. Los redactores de Propuesta tejen y destejen co­mentarios sobre el “posibilis­mo” de éste o aquel planteamien­to efectuado en el Foro, y encu­bren la gruesísima cuestión de que el Foro anida en su seno y protege políticamente a los repre­sores de las masas latinoamerica­nas. El Partido Obrero ha desnuda­do al Foro de San Pablo desde la propia tribuna de éste, que es una tribuna continental. No entender el significado de esta gigantesca acción política es propio de sec­tas.

El pasado 11 de marzo, una Conferencia Nacional de la Izquierda cumplió el importante objetivo de realizar una amplia discusión sobre la crisis nacional y establecer un programa que se ha verificado como excepcionalmente correcto, a la luz de los acontecimientos posteriores. Este solo hecho debería ser suficiente para avergonzar a sus “críticos”. Como consecuencia de la Conferencia se formaron numerosos comités de base, principalmente en la Capital y el Gran Buenos Aires. Como resultado de un nuevo análisis de la situación nacional y de las elecciones del 14 de mayo, el Comando Político adoptó la iniciativa, en su última reunión, de convocar a una plenario abierto de trabajadores y de la izquierda, para el próximo 1º de julio. El objetivo del plenario será lanzar una iniciativa para impulsar las luchas en curso, en particular la movilización universitaria y la defensa de la salud pública, y llamar a todos los luchadores y partidos de izquierda y de trabajadores a presentar un frente común para las próximas elecciones en la capital y diferentes provincias. En el caso de la Constituyente prevista para la Capital, se encuentra en debate la propuesta de organizar una Asamblea de los luchadores de los movimientos vecinales, de salud, municipales, estudiantiles y del conjunto de la clase obrera, para lanzar un programa que supere el tema de la autonomía formal de la ciudad y establezca las reivindicaciones de las masas explotadas. Como consecuencia de esa asamblea y de ese debate, se podría formar una lista de luchadores sociales y políticos del conjunto de los movimientos en lucha y de los partidos de izquierda, para oponerla a los candidatos patronales del PJ, la UCR y el Frepaso, que simplemente se disputan el control de los grandes negociados inmobiliarios y de servicios que ofrece la región de mayor concentración de riqueza del país. El Partido Obrero llama a todos los activistas populares a participar del Plenario de la izquierda y los trabajadores, que ha convocado el Comando Político.

En las últimas semanas, han comenzado a acumularse indicios de que la economía norte­americana ha sufrido una brusca “desacelera­ción”. El Departamento de Trabajo acaba de in­formar que se han perdido 101.000 puestos de trabajo en el mes de mayo, la mayor caída mensual del nivel de empleo desde abril de 1991, que viene a sumarse a una pérdida de 7.000 empleos en abril. Este indicador, al que se considera como “uno de los más confiables para medir el nivel de actividad” (Fi­nancial Times, 3/6), contrasta fuertemente con las previsiones de las consultoras de Wall Street, que habían pronosticado un crecimien­to de hasta 150.000 puestos de trabajo. La pérdida de puestos de trabajo es especialmente fuerte en la construcción y en la industria. En la misma línea, se ha registrado una reducción de la jomada de trabajo semanal promedio (de 34,6 a 34,3 horas). La levísima caída de la tasa de desempleo (que pasó del 5,8 al 5,7%) es la consecuencia de que 900.000 trabajadores, “desalentados por las dificultades de en­contrar empleo”, abandonaron la búsqueda de trabajo (Financial Times, 7/6). Existen otros indicadores de que la econo­mía norteamericana puede estar a las puertas de una recesión: en abril, el índice de las ventas mayoristas registró su primera caída en dos años, y el de las órdenes de compra industria­les volvió a caer por tercer mes consecutivo. El índice que refleja los principales indicadores económicos nacionales también ha vuelto a caer por tercer mes consecutivo: 0,2% en febrero, 0.5% en mano y 0,6% en abril. Según el Financial Times (3/6). Habitualmente te considera que la economía se encuentra en la recesión cuando este indicador cae tres meses consecutivos. Pese a estos indicadores, la mayoría de los economistas norteamericanos no consideran que haya una recesión sino, apenas, una “corrección de inventarios”, es decir, una pe­queña y corta caída de la producción (pero de las ventas). El problema es que “las etapas iniciales de toda recesión parecen similares a una corrección de inventarios” (Financial Times, 7/6). Es por esto que un número significativo de economistas considera que la economía norteamericana ya se encuentra en la recesión. Quienes sostienen este punto de vista se­ñalan que la pérdida de puestos de trabajo y la caída de las órdenes de compra industriales es la consecuencia de la drástica caída de te exportaciones norteamericanas a México las cuales están muy lejos de recuperarse y que pueden reducirse aún más. Las grandes com­pañías industriales y comerciales de México enfrentan la cesación de pagos como consecuencia de sus enormes pérdidas. Una de días. Aeroméxico, ya anunció la ''moratoria deuda. El peligro de una cesación de pagos de México y la perspectiva de una recesión en los Estados Unidos han llevado a la sistemática caída del dólar frente a las monedas europeas y el yen. Pero la caída del dólar no ha provocado un aumento de las exportaciones norteamericanas, como consecuencia de la onda depresiva que reina en Europa y en el Japón. En Francia, “las ventas de automóviles ha caído durante tres meses sucesivos” y “los bienes de consumo sufren la debilidad de la demanda” (Le Monde, 7/6). En Alemania, “las opiniones han pasado del optimismo al pesimismo… la confianza en los negocios se ha derrumbado” y los pronósticos de crecimiento han caído del 3 al 2.5% (Financial Times, 26/5). En Gran Bretaña, “el enfriamiento de la economía norteamericana puede ser Imitado, ya que los indicadores sugieren que el crecimiento puede flaquear en el verano” (Financial Times, 8/6). En este cuadro, han comenzado a surgir temores de una ola de devaluaciones competitivas de las monedas europeas (International Herald Tri­buno, 8/6); no es de extrañar que se pronosti­que que “el crecimiento europeo se frustra­rá” en los próximos meses (ídem. 3/6). Japón, por su parte, no logra todavía superar la rece­sión; los bancos acumulan créditos incobra­bles por un valor equivalente al 10% del pbi nacional. El nivel récord que alcanzó la tasa de desempleo en el pasado mes de abrí I “reúnen a los temores de que la segunda economía del mundo esté cayendo en la recesión” (The New York Times, 31/5). A todo esto hay que agregarle, sostienen otros especialistas, los efectos recesivos que puede tener una guerra comercial abierta entre l°s Estados Unidos y Japón. Esta guerra “evo­ca el espectro de horribles condiciones en los mercados financieros... (En primer lugar, “una caída incontrolada del dólar”)..., frustradas perspectivas de crecimiento de la economía mundial y amenazas de desocupación en todo el mundo” (International Herald Tribune, reproducido por Ambito Financiero, 11/5). “Mientras otros países todavía están luchando por escapar de la recesión”, las cifras del “parate” norteamericano muestran que “las perspectivas del crecimiento mundial no son prometedoras” (Financial Times, 3/6). Después de la aguda recesión de fines de la década pasada y principios de la actual, el ciclo capitalista ha encontrado rápidamente su techo: la excedencia de capitales ha vuelto a saturar rápidamente los mercados. El cuadro depresivo de la economía mundial es una nueva piedra colgada al cuello del “plan” Cavallo

El sindicato de empleados públicos de Córdoba convocó a todo el movimiento obrero de la provincia a lanzar un paro activo “en defensa de los derechos mínimos de los trabajadores cordobeses”. Esta verdadera perspectiva de acción, que debe trasladarse a todo el país, se produce cuando los judiciales se han visto obligados a ocupar los Tribunales y la situación de conjunto de la provincia es de cesación de pagos y bancarrota. Emulando a los gobernadores del NOA, Angeloz ha decretado que se paguen los sueldos con bonos, en una nueva confiscación de los bajísimos sueldos que se cobran. Apoyemos la propuesta de paro activo y que se convoque a un Congreso de Delegados de empresas, para votar la huelga general.

El proceso a Manuel Contreras, ex jefe de la Dina (policía secreta de Pinochet) ha culminado con una pena de... cinco años y diez meses, lo que le permitiría “estar fuera de la cárcel —bajo libertad condicio­nal— en apenas tres años” (Clarín, 5/6). La “pena”, apenas superior a la que hubiera recibido un punguista, sería cumplida en un hospital militar, o bien en una cárcel “de lujo”, especialmente construida para Con­treras y su lugarteniente. Contreras fue procesado por el asesinato de Orlando Letelier, ex canciller de Allen­de, que la Dina ultimó en Washington en 1976. Es el único miembro de toda la cúpula pinochetista procesado por alguno de sus crímenes. La razón para ello es la política de Estados Unidos de poner un coto y desman­telar el imperio económico y militar forma­do por la Dina, que comprende desde facto­rías pesqueras hasta la producción y tráfico internacional de armas. Pinochet, ¿otro “arrepentido”? El vértice de ese andamiaje económico y represivo es Pinochet, quien se ha desmar­cado de Contreras en un intento de salvar parte sustancial de ese negocio. Pinochet pretende también “una segunda ley de am­nistía para los crímenes represivos que se cometieron a partir de 1978, no cubiertos por la ley que Pinochet expidió ese año” (Brecha, 2/6). El arco centroizquierdista chileno ha comenzado a “preparar el cli­ma” para ello, “distinguiendo” a Contreras de Pinochet: Juan Pablo Letelier, diputado del PS e hijo del canciller asesinado, declaró que “no hay evidencia de que el general Pinochet estuviera relacionado con la planificación del homicidio, y que sólo se trata de juzgar responsabilidades indivi­duales” (El Mercurio, 28/5). El fin de una etapa El acatamiento de Pinochet al fallo de la Corte ha “consagrado” la “subordinación de las FFAA. a la sociedad civil” (reivin­dicación de todos los democratizantes chi­lenos y del imperialismo). Significa que el brazo armado del Estado se coloca al servi­cio del gobierno de Frei para enfrentar a la resistencia popular (huelgas docentes y es­tatales, ocupaciones mineras). Se ha cance­lado definitivamente la ilusión de que el gobierno “centroizquierdista” y el propio imperialismo darían cuenta de la cuestión de los “derechos humanos” en Chile.

Desde hace 40 años, las luchas del movimiento estudiantil siguen un patrón común: gigantescas movilizaciones; negociación política entre sus direcciones y el Congreso; fracaso de las negociaciones; derrota del movimiento. La dirección actual de la FUA, la UCR y el Frepaso pretenden que este guión se repita fielmente en la presente oportunidad. ¿Es esto inevitable? ¿Que tal si rompemos con la “tradición”? Profundización Luego de la concentración del miércoles 30 y de la media sanción de Diputados al proyecto de ley universitaria, la movilización universitaria ha ganado en profundidad, como lo testimonian las nuevas ocupaciones ocurridas en Tucumán, en Córdoba y La Pampa; la creciente intervención de las universidades del Gran Buenos Aires; la participación mayor de los secundarios y las ocupaciones en Sociales, Filo y Arquitectura en la UBA. El sentimiento general de los estudiantes es que el voto de Diputados debe ser enfrentado con una lucha de mayor amplitud. Para el próximo miércoles 21 está prevista una nueva manifestación al Congreso, que se prevé será gigantesca. La convocatoria que efectuó la FUA, demuestra que su dirección se sigue sintiendo obligada a “acompañar” al movimiento. ¿Pero la jornada del 21 podrá “torcer el brazo” al Senado? La mayoría menemista en esta cámara es más completa que en Diputados, pero no es esto lo decisivo. Más importante es el hecho de que el Congreso está siendo sometido a una intensa presión política por el asunto de la ley de patentes, por lo que no puede vacilar con relación a la ley universitaria sin desatar al mismo tiempo una completa crisis del actual sistema político. De cara a Cavallo y a Cheek, los “representantes del pueblo” pretenderán, incluso, probar, con la aprobación del proyecto de ley universitaria, que el parlamento es una institución independiente de “toda” presión “exterior”, sin que ello les impida, luego, enmendar la ley de patentes al gusto de los yanquis. Es la propia crisis política del gobierno la que fuerza al Congreso a defender a ultranza lo que no es más que su propia posición política. Para enfrentar esta situación, se requiere una política de mayor alcance que la organización de una gigantesca manifestación para el miércoles 21. FUA El libreto de la dirección de la FUA y de sus tutores de la UCR y el Frepaso es el “tradicional”. Esto se revela en forma contundente en su denuncia ruidosa de la “violencia” estudiantil, el pasado 30, o cuando se enfrenta a ocupaciones no “consensuadas” —es decir, a ocupaciones de facultades reales y efectivas. Para la FUA y compañía, el parlamento es una institución “soberana”, no importa que la compren todos los días los capitalistas, e incluso goza de “inmunidad” frente a la presión popular. Todo esto quiere decir que para los franjistas, el Estado tiene la última palabra. Pero tal cosa equivale a reconocer por adelantado la derrota de los estudiantes. Los dirigentes de la FUA pretenden escamotear esta conclusión con la exigencia de que el Consejo de Rectores se comprometa a no votar las arancelizaciones que autoriza el proyecto de ley. Se trata, claro está, de una monumental tontería y hasta de un intento de estafa consciente, porque el Estado tiene todos los medios para presionar a las universidades a arancelizar y porque, ya hoy, muchas universidades han arancelizado los posgrados y han modificado los planes de estudio para ampliar el alcance de los posgrados. Los proyectos “alternativos” de ley que presentaron la UCR y el Frepaso, admiten la arancelización de los posgrados y la obtención de financiación complementaria mediante convenios con pulpos capitalistas. La dirección de la FUA ha convocado para el 24 de junio a una Asamblea Universitaria con el Consejo de Rectores, a la cual invita también al gobierno. El resultado de semejante asamblea es previsible: de un lado, ratificará la “soberanía” del Congreso nacional, y del otro lado, impulsará un planteo afín al programa de la UCR y del Frepaso. Al cabo de esta asamblea, el movimiento estudiantil se encontrará sin programa de lucha y sin eje político. Esta confiscación de la movilización en curso será justificada como una decisión tomada por la “comunidad universitaria”. Los estudiantes no deben aceptar este lenguaje “comunitarista”, que pretende negar los diferentes intereses sociales que se manifiestan en el ámbito de la Universidad y de la educación en general. Hay una salida La votación que produzca el Senado no tiene por qué ser una estación terminal para la lucha contra el proyecto de ley del Banco Mundial y del clero. El desenlace de esta lucha depende de la fuerza, no de lo que digan los manuales sobre el mecanismo de sanción de las leyes. Si es necesario probar esta afirmación, basta con observar el manoseo legislativo y constitucional que están haciendo Menem y Cavallo con la ley de patentes. EN ESTE MES DE JUNIO SE CUMPLEN, PRECISAMENTE, VEINTE AÑOS DE LA MAYOR HUELGA GENERAL DE LA HISTORIA ARGENTINA, QUE OBLIGO AL GOBIERNO DE ISABEL-LOPEZ REGA A DEROGAR LOS DECRETOS QUE ANULARON LOS CONVENIOS COLECTIVOS DE TRABAJO IMPUESTOS POR EL MOVIMIENTO OBRERO. Recientemente, en Francia, el movimiento estudiantil, poniendo un millón de personas en la calle, obligó al gobierno a derogar la legislación universitaria ya aprobada por el parlamento. Hace poco comentamos, en estas páginas, cómo una huelga general había forzado, en 1926, al gobierno de Alvear, a derogar una ley jubilatoria rechazada por el movimiento sindical. ¿Cómo llevamos la movilización hacia esas alturas? Para ello es necesario que el movimiento estudiantil organice su propio foco de agrupamiento, pues la FUA y Franja representan factores de disgregación y de dispersión. La convocatoria de una asamblea burocrática por parte de la FUA ofrece una buena oportunidad para crear ese foco propio, con un planteo alternativo: una asamblea general del movimiento estudiantil, sin rectores, partidos patronales o gobierno. La consigna de una Asamblea General de Estudiantes es un factor acelerador para una iniciativa y una acción que ya se encuentran en marcha: la formación de cuerpos de delegados en las facultades y colegios. El objetivo de realizar una Asamblea General con los miembros de todos los cuerpos de delegados del país, constituye sin duda un elemento animador para la formación de esos cuerpos de delegados y sirve para que impulsen una movilización nacional ininterrumpida. Todo el problema se reduce a tener el coraje de las propias convicciones y a la voluntad de darnos a nosotros mismos todos los medios que sirvan para la obtención de nuestros fines. La defensa de la educación gratuita no es posible, bajo el gobierno menemista, sino con la huelga general, la cual, por otra parte, es el desemboque de cualquier movilización que haya llegado a un punto muy alto. Pero para que una huelga general sea exitosa, debe haber organización y dirección, y los cuerpos de delegados y una Asamblea General de estudiantes proveen una cosa y la otra. Contrapongamos a la asamblea universitaria trucha de la FUA, la Asamblea General de Estudiantes, capaz de darnos un eje poderoso de agrupamiento y la perspectiva de la victoria de esta lucha.

“La pobreza es la principal causa de muerte prematura y de enfermedades en todo el planeta”. Esta es la conclusión fundamental de informe anual de la Organización Mundial de la Salud, una agencia de las la brecha entre (países) ricos y pobres -dice el Informe- se ensancha, no se cierra” Pero más allá de esto, “más de 12.2 millones de niños menores de cinco años muere anual­mente, en muchos casos por falta de trata­mientos que cuestan 20 centavos de dólar o menos. Si esos niños gozaran de los niveles de vida existentes en los países occidentales, el 95% de ellos sobreviviría”. “La pobreza, con­tinúa el informe, es la principal razón por la cual los niños no son vacunados ni disponen de agua potable, instalaciones sanitarias o trata­mientos adecuados. Más de un millón de niños muere anualmente de paperas, cuando la va­cuna que la previene cuesta apenas 15 centa­vos de dólar. Más de medio millón de niños muere anualmente por causa del tétano neo­natal, en muchos casos porque no existen instrumentos tan simples como tijeras limpias para cortar el cordón umbilical”. Uno de los compiladores del informe, el doc­tor John Martin, ha declarado que “la velocidad de la declinación (de los ni veles sanitarios y de los índices de salud) en ciertos países del África subsahariana son realmente sorprendentes” (Financial Times, 2/5). Que la mayoría de las muertes —especial­mente entre los niños y las parturientas— sea perfectamente evitable a bajo costo, pone en evidencia el carácter social de esta “tragedia humana global” que describe la OMS y su responsable, pues como es sabido, el dinero que falta para la salud, abunda para el pago de la deuda externa.

En el Pelle, Franja se opuso a tomar la escuela porque “hay que darle un buen mensaje a la sociedad... entrando a clase” (?) porque no se puede estar todo el día “haciendo huevo”. Luego boicoteó abiertamente la toma votada en el cuerpo de delegados (incluso disolviendo la asamblea del turno tarde, justamente para que los estudiantes se vayan a sus casas a “hacer huevo”). Ahora plantea juntar 700 mil firmas para presentar un proyecto de ley en el Congreso. A pesar de estas maniobras, los delegados el lunes votaron marchar el 7/6 y tomar el colegio el mismo día (a la marcha fueron entre 500 y 600 estudiantes). Ahora se plantea tomar nuevamente el colegio y hacer sentadas y clases públicas. La Lista 1 y todo el activismo estudiantil secundario y universitario quieren llevar la lucha a fondo.

Según los datos publicados por la Junta Electoral Verde, el oficialismo degennarista se habría impuesto por un porcentaje superior al 85 % contra el 6 % de la Blanca duhaldista y el 5 % de la Violeta Naranja (Agrupación Opositora). El “según” es más que pertinente si se tienen en cuenta las múltiples denuncias de fraude que precedieron a la elección, al extremo de haber impreso boletas de la Violeta-Naranja con otro nombre y color. De más está decir que las boletas auténticas “aparecieron” recién 48 horas antes del comicio y sin garantías de que fueran distribuidas en las seccionales y mesas de votación. En aquellas seccionales como La Plata, Ensenada y Mar del Plata, donde el escrutinio pudo ser parcialmente controlado, la votación por la Violeta-Naranja trepó entre un 100 y un 500 %. El mejor resultado se obtuvo en la seccional Mar del Plata, donde se llegó al 15 % de los votos, en el Hospital Materno Infantil, el 25%. En La Plata, el porcentaje fue del 10 % pero en el Hospital San Juan de Dios la Violeta Naranja aplastó con el 70% (118 a 33 de la Verde), y en el Ministerio de Economía ganó con el 50%. En el Astillero de Ensenada, la oposición antiburocrática redondeó el 12 % de los votos positivos. La Violeta-Naranja tiene la prioridad de impulsar una campaña contra el plan de guerra de Duhalde, que pretende liquidar la estabilidad laboral de los estatales, liquidar la 10.430 (estatuto del empleado público), anular conquistas y licencias y prolongar el congelamiento salarial (este sería el propósito del “estatuto único” anunciado por el gobierno provincial). Con este propósito y para extender el reagrupamiento al Gran Buenos Aires y a todo el interior de la provincia cobra importancia la tarea de preparar un Plenario Provincial de la Violeta-Naranja (Agrupación Opositora).

El pasado 6 de junio, en las elecciones de ATE, se impuso en Neuquén la lista Verde, de De Gennaro, con el 60%; la Morada-Verde obtuvo alrededor de un 30%, y la Naranja y Blanca un 8%. En Neuquén Capital y zonas de influencia, donde se concentran casi 8.000 estatales y unos 2.500 afiliados, la lista Verde obtuvo apenas unos 400 votos. En toda la provincia votó apenas el 40% del padrón, contra el 56% que lo hizo en 1991. Estos resultados muestran la escasa participación electoral en todas las regiones de la provincia. La Morada-Verde es un desprendimiento de la actual directiva y se estructuró capitalizando la bronca de los hospitales y sectores de la salud, luego de que una fenomenal huelga del sector fuera entregada alevosamente por los actuales ganadores de la elección. Los resultados demuestran que un frente Morada y Verde-Naranja y Blanca hubiera tenido reales posibilidades de derrotar a la burocracia. Pero su candidato a secretario general, y a la vez secretario general de la Junta Interna del Castro Rendón, impuso su política macartista contra la unidad. El gobernador Sobisch acaba de anunciar que el ’95 y ’96 serán los años en que se irán 4.000 estatales (el viejo programa anunciado en 1991 por el hoy “anti-sobischista” Luis Sapag). Ni la Verde ni la Morada-Verde tienen una estrategia ni confían en los métodos de lucha que los trabajadores necesitamos para vencer en esta anunciada “tercera vuelta” neuquina. Son necesarios el programa y los métodos de la Naranja y Blanca.

La aprobación en diputados de la Ley de Educación Superior no aplacó los ánimos en la Universidad de Buenos Aires. En Sociales, más de 800 estudiantes resolvieron tomar 1/2 hora de cada clase para discutir las próximas medidas de lucha y elegir delegados para reconstruir el Cuerpo de Delegados. En Filo, una asamblea de 700 estudiantes repudió la complicidad de la FUA con la represión policial del miércoles. En Arquitectura, otra asamblea de 700 estudiantes resolvió el paro estudiantil, la toma de la Facultad y la conformación de un cuerpo de delegados. A las 12 de la noche tuvo lugar una movilización de 400 estudiantes de Filo, Sociales y el CBC para reclamar la libertad de los compañeros detenidos el día anterior. La organización de los cuerpos de delegados indica que los estudiantes nos estamos preparando para batallas mayores. Hasta ahora, el radicalismo y el Frente Grande habían logrado aislar, desde la dirección de la FUA, las luchas más importantes como las no docentes, boicoteando los paros de la Capital Federal. Pero crece la tendencia a la organización estudiantil independiente del Estado y de los rectores.