Prensa Obrera N° 449

El viernes 11 de mayo se concretó una clase pública en la Facultad de Filosofía, a la que se sumaron estu­diantes de otras facultades (Psico, Derecho, Artes, etc.) en repudio al proyecto de Ley de Enseñanza Supe­rior.. Como resultado se constituyó una Coordinadora, que organizó una importante movilización el viernes 19 de mayo, con una toma previa de Filo- Psico, que reunió a alrededor de 1.000 estudiantes de varias facultades. Este movimiento surge completa­mente al margen de la FUT (Federa­ción Universitaria de Tucumán), que es sólo un sello; también surge, en la mayoría de los casos, al margen de los centros que dirige FM. La “Coordinadora” ha decidido impulsar una serie de mesas de debate, realización de asambleas y una movi­lización, que culminará con ocupacio­nes el martes 30 a la noche. Al calor de este proceso, como ya ocurre en Artes, se está impulsando La formación de cuerpos de delegados para ir más a fondo en la organización del movi­miento estudiantil y superar, por esta vía, la acción frenadora y desorgani­zadora de la FM. De esta manera, el estudiantado tucumano se está sumando al torrente de lucha que ha despuntado a nivel nacional contra la arancelización de hecho y el proyecto de institucionali­zarlo mediante la Ley de Enseñanza Superior.

El miércoles 24, alrededor de 200 personas (estudiantes universitarios, secundarios y gente que se sumó ahí) cortamos Cabildo y Juramento protes­tando contra la Ley de Educación Su­perior. En dos asambleas consecutivas, los estudiantes de Drago pidieron so­lidaridad activa de los colegios secun­darios de la zona (Cuba, Liceo N° 9 y Avellaneda). Alrededor de las 8 de la noche se realizó una asamblea en la cual se explicó que la ley prepara el arancel la privatización y liquida la autonomía universitaria La combatividad y el apoyo de los secundarios y de la gente que por allí circulaba fueron notorios. En la asamblea se insistió en la importancia de la toma de la facultad y la marcha que se haría la semana próxima.

Menem salvó su gobierno, y de yapa obtuvo la reelección, como consecuen­cia del gigantesco socorro que le prestó la banca internacional. Una leve disidencia con los acreedores le hu­biera costado simplemente la cabeza. El mismo Frepaso pretendió ganarse el de­recho a la sucesión, proclamando su in­conmovible compromiso de pagar todas las deudas internacionales y de permitir toda la fuga de capitales que le reclama­ra el capital financiero internacional. El 14 de mayo, el electorado del país, carente de una alternativa independien­te de la gran burguesía, fue víctima de un escenario construido por la banca mun­dial. Como Cavallo se lo reconoció a The Wall Street Journal (4/5), “si no hubié­ramos ido al Fondo en búsqueda de apoyo, habríamos sido forzados a devaluar”. Pero precisamente por haber puesto las reservas del país al servicio de la Bolsa, la economía nacional se ha hundi­do en una crisis que crece de día en día. El 90% de las provincias se encuentra en cesación de pagos; la industria automo­triz, tanto terminales como autopartistas, se encuentra paralizada —con sus­pensiones que, en la mayor parte de los casos, no reconoce el pago de los alanos caídos. La desocupación, que Menem promete remediar en su segundo mandato, crece a pasos agigantados. El famoso retorno de los depósitos a los bancos simplemente que la recesión en industria expulsa al dinero de la circulación. La situación financiera en el plano internacional está muy lejos de haber superado el “efecto tequila”, pues el sólo rumor de que Aeroméxico no había logrado cancelar una deuda, el viernes pasado, hundió al dólar y a la Bolsa neoyorquina, y produjo una baja genera­lizada en toda América Latina. Es significativo que el gobierno no pueda rematar sus acciones en las em­presas de gas, debido a la falta de interés en el mercado financiero. Los extremos a que está llegando la crisis económica, aunque no explican los enfrentamientos entre el ejecutivo y el congreso, constituyen sí su telón de fon­do. Es que los derechos que pierda cual­quier sector de la burguesía, constituye, en el contexto actual, una causa suficien­te para su desaparición. Pero precisa­mente porque el 14 de mayo ganó la Bolsa, Menem y Cavallo están obligados a transitar todos los caminos inconstitu­cionales para imponer el punto de vista de los grandes pulpos, atrincherados con los laboratorios internacionales en el re­damo de una ley de patentes extranjeri­zante. Con el agravamiento de la crisis social se produce, entonces, una agudización de los enfrentamientos dentro de la burgue­sía explotadora. Aunque haya sacado el 50% de los votos efectivos (y esto apelan­do al fraude), Menem se parece más a un gobierno con mandato prorroga­do que con mandato renovado. Es así como él mismo encara, al menos, las próximas elecciones en Santa Fe y en la Capital, donde su probable derrota pue­de disipar rápidamente los resultados del 14 pasado. Claro que como no se trata de cambiar de verdugo, es necesario que, para la próxima Constituyente de la ciudad de Buenos Aires el movimiento popular de­signe a sus propios candidatos para lu­char contra la destrucción de la sa­lud, de la universidad y la educa­ción; contra las altas tarifas, los malos servicios y los negociados con las contra­tistas; contra el desalojo y la especula­ción inmobiliaria; la recuperación del sistema jubilatorio y de sus conquistas; por un plan urbano, en fin, bajo la direc­ción y en beneficio de las mayorías traba­jadoras. La consigna de la hora es, con todo, asegurar la victoria del movi­miento estudiantil, que está luchando en todo el país por el retiro del Congreso del proyecto de ley de enseñanza supe­rior. Este proyecto pretende arancelizar los estudios, es decir producir otra confiscación de los salarios, y des­truir, en beneficio de un puñado de pul­pos capitalistas, el patrimonio univer­sitario acumulado. La contradicción que paraliza a los explotados argentinos está probable­mente bien representada por el pueblo de Concordia, Entre Ríos, quien junto con el voto a Menem se opuso, con el 80% de los sufragios, a la privatización de la represa de Salto Grande. Para que quede claro a nivel nacional lo que parece muy claro a nivel local, a nivel de lugar de trabajo y a nivel de lugar de estudios, es necesario simplemente llevar a la victo­ria las reivindicaciones y luchas de las localidades, fábricas y colegios. Para eso es necesario la victoria de los estudiantes universitarios. Marchemos con ellos. Desarrollemos las luchas. Pre­paremos de este modo un gran combate nacional.

En los últimos años hubo, como consecuencia de la destrucción de la escuela pública, un florecimiento de la escuela privada. Ahora, “por proble­mas económicos» cayó un 25% la matrícula en los colegios privados”, y además, “en este momento el nivel de morosidad (en el pago de las cuo­tas) alcanza hasta al 40%”, lo cual “suele ser el primer paso para sacar a los chicos del colegio e inscribirlos en una escuela pública. En cuatro años credo 60% el número de alum­nos en los colegios del Estado” (Am­bito Financiero, 24/5/95). ¿Qué tal? La privatización de la educativa está provocando una deser­ción en la escuela privada y un espec­tacular aumento de la escuela pública que la política oficial, sin embargo, destruye todos los días. La privatiza­ción es un obstáculo infranqueable para que la inmensa mayoría pueda acceder a la educación. De este modo, se hizo añicos otra ilusión de la peque­ña burguesía, que creyó que podía sustraerse a la destrucción de la escue­la pública mandando a sus hijos a una “privada”. El fracaso de los privatizadores, replantea la lucha por el aumento del presupuesto para la escuela pública y por una educación única, estatal, laica y gratuita.

El gobierno se largó de lleno a privatizar la salud. "Este año se tiene que definir el tema de las obras sociales... se van a des regu­lar mediante el diálogo con los sindicatos, como hicimos con las privatizaciones", dijo Menem el domingo pasado. Esta llamada desregulación- privatización es un ataque sin pre­cedentes contra la salud de los tra­bajadores. Lo que el gobierno pro­pone es que el actual aporte de salud (3% el trabajador, 4,5% las patronales) no vaya obligatoriamente a las obras sociales sino que también puedan recibirlos las empresas de medicina privada. Como un plan de salud privado de un matrimonio y dos hijos no baja de 250 pesos por mes (60 pesos por persona) en tanto que el 7,5% del aporte a la obra social representa sólo unos 50 pe­sos (12 pesos por persona), sola­mente una superminoria podría acceder a esos planes privados. De allí entonces que la propuesta guberna­mental es “fijar una cápita míni­ma universal y permitir servicios adicionales con aportes extras” (Diario de Río Negro, 29/5/95). La clave del plan del gobierno es esta “cápita mínima”: reemplazar la actual cobertura médica que brindan las obras sociales, que es universal, por un plan médico, solamente míni­mo, básico o asistencial de 12 pesos. La palabra asistencial tiene aquí un sentido claro: cobertura elemental. Y la familia trabajadora que desee una cobertura más amplia deberá realizar “aportes extras La burocracia sindical hace tiempo que abandonó la defensa de ‘la cobertura universal, amplia y solidaria” (prestación médica si­milar para todos los trabajadores, con independencia del sueldo y abarcativa de todas las enfermeda­des) a cambio de “establecer un plan médico obligatorio común que garantice la calidad de aten­ción médico-asistencial” que se cubriría “con una cápita básica de 25 pesos” (Diario de Río Negro, ídem). A partir de esos 25 pesos, habría planes superiores, es decir que el básico es realmente crucial. Para la burocracia, al igual que para el gobierno y los pulpos médicos-sanatoriales, el problema de la salud pasa por “bajar costos” es decir aumentar beneficios) restringiendo para ello las coberturas obligatorias y obligando a los trabajadores a pagar “extras”. Las publicitadas diferencias entre la burocracia y el gobierno restringen exclusivamente al a pecto de su asociación con la medicina privada. La burocracia quiere garantías de una asociación con los pulpos de la salud. Está en juego la salud de millones de trabajadores. Por eso el PO plantea al movimiento obrero, a los activistas, a los delegados, una amplia campaña basada en el siguiente programa: -Abajo la privatización y desregulación de la salud. Por un plan de salud único, estatal, gratuito, financiado con aportes exclusivos de las patronales y bajo con­trol de los trabajadores. -Expropiación sin pago de todos los recursos de la salud, como sanatorios y laboratorios. -Fuera la burocracia sindical de las obras sociales. Por la admi­nistración y control obrero de las obras sociales. -Abajo la autogestión y arancelamiento del hospital público. Triplicación del presupuesto, bajo control de trabajadores y médicos.

El martes 23, el movimiento estu­diantil reaccionó en forma inmediata en cuanto se tuvo noticia de que la Cámara de Diputados trataría la Ley de Educación Superior. La semana anterior había protagonizado una “masiva marcha de antorchas”, a la que concurrieron 2.000 compañeros En pocas horas se convocaron asambleas, que tuvieron una concurrencia masiva y allí se decidió la toma de S faculta­des, entre ellas Humanidades. Perio­dismo, Ciencias Exactas e Ingeniería. Las tomas se levantaron a la tarde siguiente, cuando se tuvo la certeza de que la ley no iba a ser tratada. Pero en nuevas asambleas se votó un plan de acción y movilización, que incluye nuevas tomas de facultades y una gran marcha a la Capital para el miércoles 31 Esta respuesta del estudiantado contrastó con la política de la FULP y la FUA, que proponían movilizar para el 7 de junio cuando, a juicio de estas direcciones, la ley se trataría en el Senado. En la UNLP proliferan los cursos y exámenes de ingreso (Medicina), las fundaciones (vía de entrada del gran capital en el gobierno universitario-Ingeniería), los contratos con terceros (Periodismo, Humanidades, Ingeniería) y las pasantías (explotación y fle­xibilidad laboral de estudiantes de periodismo en el diario El Día), decir que, antes de su sanción el rectorado, con la conducta cómplice de las direcciones radicales, está implementando de hecho la ley menemista. Esto desnuda la política de simulación y derrota de la FULP.

La mora o atraso en el pago de los aportes jubilatorios a la “jubi­lación privada” es del 44%. Se­gún los datos oficiales, sobre 3.600.000 afiliados, aportan re­gularmente a las AFJP unas 2.000.000 de personas. En la ju­bilación estatal la mora es menor, del 26%: aportan 2.200.000 so­bre 2.900.000 afiliados. “De los datos oficiales surge que los morosos no son solo los autónomos sino también los trabajadores en relación de de­pendencia” (Clarín, 21/5/95). Pero como es la patronal la que descuenta compulsivamente el aporte del salario de sus trabaja­dores, surge que “muchas em­presas que retuvieron las con­tribuciones del personal, no las depositaron. ¿Razones? Difi­cultades de caja, sumadas al escaso y caro crédito bancario, los llevó a usar el dinero de los aportes para el giro de los nego­cios” (Clarín, ídem). En síntesis, las patronales usaron para sí el aporte de los trabajadores. La consecuencia de esta eva­sión es que, a diferencia del siste­ma estatal el aporte no ingresa en la cuenta del trabajador afiliado a la AFJP, por lo cual tendrá menos dinero cuando llegue el momento de su jubilación. En síntesis, se jubilará con un haber inferior al ya magro importe que podría recibir. (En la jubilación estatal eso no es así porque lo que se toma en cuen­ta no son los aportes sino los ser­vicios certificados con los recibos de sueldos o declaración jurada de la patronal). El trabajador no puede denun­ciar judicialmente a la patronal ante la DGI por no haber deposita­do los aportes, porque antes de iniciarla el trabajador sería despe­dido perdiendo, ya no la jubila­ción, sino el sueldo. Ni qué decir en el caso de que quiebre la empresa que evadió los aportes de sus trabajadores. Ni siquiera por la vía judicial los trabajadores podrán recuperar esos aportes, perdiendo prácticamente la jubilación. La “jubilación privada” es un robo múltiple, compartido en­tre las AFJP y las patronales. Las primeras se quedan con una parte del aporte (35% de comisión), además de la que sustraen para sí por el manejo financiero del dine­ro obrero durante 30 o 40 años. Las segundas, le descuentan el 11% del sueldo al trabajador y pueden evadirlo, sabiendo que el robo quedará impune. De este modo, por la vía de la llamada mora previsional, hoy el 44 % de los afiliados a la “jubila­ción privada” tiene una cobertu­ra jubilatoria inferior a la propia miseria que le correspondería o directamente la pierde. La priva­tización previsional concluye así en la liquidación directa de la ju­bilación.

La movilización universitaria se va abriendo camino. El Nacional Buenos Aires realizó sentadas y asam­bleas, y participó con una fuerte columna en la marcha del 28 de abril; también lo hizo el Carlos Pellegrini. Ahora se están agregando la masa de los colegios de la Capital (ver nota sobre la participación secundaria en la lucha del CBC) y el Conurbano. Es que la Ley Federal de Educación (Polimodal) destruye la enseñanza media y el proyecto de ley universitaria condiciona el ingreso a la Universidad y la arancela. El futuro del movimiento estudiantil secundario está ligado a esta lucha por el retiro de la ley menemista. La Coordinadora de Estudiantes Secundarios ha lla­mado a participar de la marcha que se realizará el miércoles 31 y ha convocado a un gran Plenario Abierto para el sábado 3 de junio a las 15 horas en la Facultad de Ciencias Sociales (Marcelo T. de Alvear y Uriburu). Este es el camino, profundizar la movilización de masas contra la privatización de la Universidad. Hacia la Huelga General en defensa de la Universidad estatal, laica y gratuita.

La huelga de los mineros de Río Turbio —y de los trabajadores de Yacimientos Carboníferos Fiscales de Río Gallegos— culminó, des­pués de tres semanas de lucha, con una rotunda victoria. El conflicto comenzó cuando la patronal comen­zó a desconocer las conquistas arran­cadas en noviembre —el aumento salarial, el pago del adicional por trabajo en el interior de la mina a los I compañeros accidentados y la en­trega de carbón para uso domicilia­rio— y comenzó a cerrar sectores, trasladando compulsivamente a su personal. La patronal se ha visto obligada ahora a reconocer plena­mente la vigencia de este acuerdo. La victoria obrera fue lograda por la gran combatividad y decisión de la base minera, que logró superar el aislamiento a que la sometió la directiva nacional de ATE. Durante las tres semanas de huelga, la direc­tiva centroizquierdista fue incapaz de tomar una sola medida de solida­ridad nacional. El ataque patronal a principios del año, determinó que el paro na­cional del 21 de abril se cumpliera no sólo masivamente por los com­pañeros afiliados a ATE, sino tam­bién, por los 90 trabajadores de la contratista que cumple sus tareas dentro de la mina y están afiliados a la Uocra. A partir de entonces, reco­menzó la lucha por la plena vigencia del convenio y del acuerdo de no­viembre. Luego de las elecciones, la pa­tronal despidió a la contratista y dejó a más de 100 compañeros en la calle, y a 18 compañeros efectivos de Río Gallegos... La Directiva de ATE so­licitó la “mediación” de la Iglesia y del gobierno provincial: la huelga se mantuvo sobre la base de la enorme bronca de los mineros. Poco des­pués, la patronal montó una nueva provocación al negarse a firmar el acuerdo. La intransigencia patronal fue radicalizando la lucha: se sumó la mayoría de los jefes y supervisores y, finalmente, ‘el martes 22 se ocupó la mina: “en el fondo del socavón somos fuertes; desde allí triunfamos en noviembre y allí debemos estar’. Con la mina ocupada, la patronal retrocedió nuevamente y cedió a los reclamos: pago del au­mento salarial acordado en noviem­bre; pago del adicional por trabajo, en mina a los accidentados; provi­sión de carbón para uso domicilia­rio. Derrotada, sin embargo, la pa­tronal ha sabido maniobrar para de­jar una puerta abierta que le permita golpear más adelante a los mineros. La directiva de ATE renunció a re­clamar la reincorporación de los con­tratados despedidos; aceptó que la patronal condicione el pago de los días de huelga al compromiso de los trabajadores de producir 180.000to­neladas de carbón en los próximos cuatro meses, un requisito de impo­sible cumplimiento. Dejó el control de los cierres de sectores y traslados de personal en manos de la Comi­sión de Control de la Concesión y, gravísimo, aceptó una cláusula de “paz social” que maniata a los tra­bajadores. El acuerdo establece tam­bién la convocatoria a paritarias, cuando la patronal ya ha presentado un anteproyecto de convenio... que establece la jomada de 12 horas y la “polifuncionalidad” de los trabaja­dores. Es inevitable, entonces, un próxi­mo enfrentamiento.

La Ley de Enseñanza Superior pretende “privatizar” la Universidad. No solamente a través de la reducción del presupuesto público (para pagar la deuda externa) y el arancel, sino fomentando la creación de las universidades privadas, fuente de beneficios para el capita­lismo, y autorizando “acuerdos”, “socieda­des Comerciales” y “financiamiento exter­no” con los grandes capitales. Es una ley de confiscación del salario, al gravar a la educación, y de dislocación de la universidad estatal. Porque el planteamiento del “financiamiento externo” sólo servirá a cátedras y departamentos aislados, dejando a la gran mayoría de las actividades sin salida. No existe en el proyecto ningún concepto pedagógico, sólo adecuación a los requeri­mientos de un capitalismo en crisis que tiene que arrasar con las conquistas educativas de la población para defender su tasa de ganancia. Programa En defensa de la educación estatal, única, gratuita y laica: derogación de la nefas­ta Ley Federal de Educación y retiro del pro­yecto de Ley de Enseñanza Superior que se encuentra en el Parlamento, así como de los proyectos complementarios sobre “régimen económico-financiero” y del decreto sobre “incompatibilidades” para el despido de do­centes. Triplicación inmediata del presupuesto bajo control estudiantil-docente. Fondos pú­blicos para más y mejores edificios, reequipa­miento de laboratorios y bibliotecas, becas estudiantiles, comedores y vivienda universi­taria. Que se financie con los fondos provenientes del desconocimiento de la deuda ex­terna e interna con el capital financiero y de un impuesto confiscatorio al gran capital. No al arancel, ni a las tasas, contribucio­nes o impuestos a la clase media y los trabaja­dores. Abolición de los posgrados pagos y fondos para su financiamiento. Eliminación de los aranceles por exámenes y trámites ad­ministrativos. Por la vigencia plena e integral del ingreso irrestricto. No a los exámenes, “ci­clos” o cursos de ingreso. No al limitacionismo: no a las condiciones de regularidad, a las materias y exámenes “filtro”. Control estu­diantil de los mecanismos de evaluación en las cursadas. Derogar la legislación que permite otor­gar títulos habilitantes a las Universidades Privadas. Investigación de sus activos, propie­dades y funcionamiento. Nacionalización de los establecimientos y total separación de la Iglesia de las tareas de formación educativa. No a la privatización de la Universidad. Fuera los monopolios capitalistas de la educa­ción. Abajo el secreto comercial y de las patentes que impiden el acceso a la investiga­ción y a la tecnología de la gran empresa. Ningún subsidio para la utilización de los recursos de la Universidad por parte de los monopolios capitalistas. Defensa de la autonomía y el cogobierno: no a la votación por “claustros”, vigencia del principio del sufragio universal, paridad estudiantil docente en los organismos directi­vos. Integración de los auxiliares docentes en el claustro de profesores. Concursos de oposi­ción y antecedentes con tribunales integrados democráticamente por docentes y alumnos. Aumento salarial para los docentes y no docentes. Media canasta familiar para el cargo testigo. Aumento de los cargos de dedicación exclusiva. Fuera los premios, la aplicación de la “flexibilidad laboral” y los pagos en negro. Por la vigencia del nomenclador docente. Por la unidad del movimiento universi­tario con los trabajadores. Por organizaciones sindicales fundadas en el funcionamiento por Asambleas y Cuerpos de Delegados, cargos elegibles y revocables, por la independencia política del movimiento universitario. Por un Congreso de Bases de la FUA y CONADU para votar un plan de lucha único. Por la unidad docente-estudiantil y junto al movi­miento de lucha de los trabajadores y explota­dos.

Un nuevo paquetazo antiobrero está en marcha. “Un déficit de 250 millones obliga a la provincia a postergar pagos” (El Día, 24/5). “Duhalde apunta a los empleados públicos de la provincia” (Hoy, 24/5). Según un informe del Ente del Conurbano, la gobernación se pati­nó hasta el último peso de las parti­das para este año. Desde hace un año, el Banco Provincia no presenta ‘balances al Banco Central. Otras 48 horas Según el diario El Día, el gober­nador “estudia” el escalonamiento del pago del aguinaldo. También está preparando la li­quidación del estatuto del empleado público, para anular la estabilidad laboral y barrer con el régimen de licencias. Un instrumento clave es el régimen de 48 horas semanales (que Cañero no pudo imponer). Según el diario Hoy, las 48 horas semanales impondrían un régimen de trabajo de 9 horas diarias de lunes a viernes, y ¡¡3 los sábados!! La finalidad de estas “otras 48 horas” es forzar el "retiro” de tra­bajadores. Asambleas, paro activo de advertencia La Violeta-Naranja, lista anti- burocrática en las elecciones de ATE Provincia, ha llamado a todos los trabajadores estatales a unir fuerzas para impedir el paquetazo de Duhalde y Lenicov. A actuar preventiva y enérgicamente. A impulsar asam­bleas por repartición, edificio, hos­pital o dependencia, para discutir y reclamar un plan de acción provin­cial y un paro activo de advertencia contra estas medidas antiobreras. ¡¡¡No a las 48 horas, defensa de las conquistas, básico mínimo co­mún de 1.000 pesos, pago en térmi­no del salario y del aguinaldo!!!

El 11 de mayo, miles de secundarios ganaron la calle frente a la Municipalidad para exigir la entrega de los pases escolares. Las empresas, con la complicidad de la comisión de transportes, vienen bicibleteando la entrega de carnets tramitados y pagados por unos 20.000 estudiantes (que permiten una rebaja del 50% de la tarifa). La entrega de pases provisorios (que las empresas no reconocen) les permite a éstas ahorrarse los 35 centavos de re­baja. Esto les ha reportado, en 50 días, unos 350.000 pesos. La bronca de los chicos superó la iniciativa de la FES (Federación de Estudiantes Secundarios, dirigida por el centro-izquierda); frente a la levan­tada, inconsulta y por los medios, de la movilización prevista para el 18/5, columnas de varias secundarias y téc­nicas volvieron a colmar el municipio desde las 8 a las 15 horas, confluyendo con una importante columna de los terciarios de Artes Visuales. Allí se eligió una comisión, que arrancó una audiencia con la comisión de trans­portes para el 22/5, lo que dio lugar a una nueva movilización. Esta vez se sumaron terciarios de Cerámica, For­mación Docente y Educación Física. La entrevista fue de nuevo arrancada a gritos y los concejales prometieron una respuesta para el 29. Una asam­blea callejera votó una nueva movili­zación para ese día. La comisión empezó a echar las­tre, entregando 8.000 credenciales, no casualmente entre los colegios secun­darios que más se movilizaron. El ca­mino de los estudiantes está claro: plan de lucha activo hasta arrancar el boleto, asambleas de la FES para unir a todos detrás de este objetivo. Entre los terciarios se ha comenzado a dis­cutir la constitución de una central de estudiantes, con la idea de federarse junto a los secundarios frente a la gran batalla contra la destrucción educa­cional planteada por la Ley Federal. Provocación Durante la última movilización, una camioneta policial trató de que­brar el férreo cordón de los estudiantes bloqueando la calle. Luego de esto, una patota de civil detuvo a un mani­festante por falta de documentos. Los jóvenes rodearon tan enardecidamen­te a los milicos que éstos se vieron obligados a liberar al detenido y em­prender la retirada. ¡Así se hace!

El 6 de junio son las elecciones de ATE. En la provincia de Buenos Aires (el distrito más grande y nu­meroso) se presentan tres listas: la Verde degennarista, la Blanca de Duhalde y la antiburocrática Viole­ta-Naranja (Agrupación Opositora). La Violeta-Naranja ya está ac­tuando como un canal de interven­ción del activismo combativo. En el hospital San Juan de Dios, se con­quistó la efectivización de los beca­rios, todo un programa real y con­creto contra la superexplotación y la desocupación, que contrasta con la parálisis de la burocracia y la iz­quierda del verso. A los lectores de Prensa Obrera les informamos que el sistema de “becarios” se ha gene­ralizado en salud y en los hospitales y es un arma del gobernador Duhal­de y el ministro Massi para explotar mano de obra “pasante”, barata y sin estabilidad laboral o afiliación sindical. Hablamos no sólo de la buro­cracia del verso (la burocracia bordonista) sino especialmente de la izquierda del verso, que ha desaparecido de ATE hasta el 6 de junio ‘para no pronunciarse en esta elección. Esta lista de degennaristas ver­gonzantes está encabezada por el PTP, para quien “no existían posi­bilidades de presentar lista en la provincia”, aunque sí de negociar un puesto de “partenaire” en las elecciones truchas del CTA. Entre los borrados se anota también el dúo Mas-Pts, que “han capitulado miserablemente” al “Foro de San Pablo” (el degennarismo).

1- El V° Encuentro del Foro de San Pablo estuvo confrontado a una elección decisiva. Es responsabilidad de sus organizaciones dirigentes haber cruzado una línea que divide lo más elemental, es decir, la frontera que separa a la víctima del victimario, al explotador del explotado, al opresor del oprimido a los trabajadores de los patrones, a la izquierda de la derecha. El V° Encuentro se vio confrontado a elegir entre el pueblo boliviano apaleado y sus represores, entre obreros huelguistas y los métodos del fascismo, o sea, la abolición de las garantías democráticas y constitucionales, el Estado de Sitio, la deportación y aun el apaleamiento de dirigentes sindicales ya detenidos y que son los que encabezaron una gigantesca huelga general. 2-El V° Encuentro, orientado por sus principales fuer­zas, se negó a tratar siquiera en los términos que correspon­de un asunto de esta gravedad. Nos referimos a la responsa­bilidad directa, gubernamental, orgánica, del Movimiento Bolivia Libre (MBL) en las acciones dictatoriales empren­didas por el régimen de Sánchez de Lozada contra los maestros y trabajadores de su país, apenas días atrás. El problema es de tal envergadura que la prensa urugua­ya lo comentó ya cinco días antes del inicio de las delibera­ciones del Foro. Desde el comienzo de la reunión, previo al V° Encuentro, del denominado Grupo de Trabajo, nuestro partido advirtió que no podíamos ni debíamos aceptar en el Foro a los verdugos del pueblo. Lo dijimos en una declara­ción pública: el MBL debía ser expulsado. 3-El Partido Obrero planteó en la primera intervención del V° En­cuentro el viernes 26, en el momento de su apertu­ra, el carácter de principios de esta deli­mitación y la necesidad, en consecuen­cia, de discu­tirla en forma inmediata. La Mesa que di­rigió los tra­bajos se com­prometió a tratar el punto en la sesión plenaria del sábado, pre­vio pasaje del mismo por el debate de una comisión. Aceptamos este criterio para poder zanjar la cuestión. De hecho, todo el viernes el debate se desarrolló en una de las tres comisiones en que se dividió el Encuentro. Toda la prensa del Uruguay y aun extranjera, oral y escrita, informó que se trataba de un “tema recurrente” dominaba al encuentro en su inicio. El tema ganó entonces el alance de una discusión pública y general. Nadie ya podía hacerse el distraído. En la comisión referida los trabajos fueron cenados con una intervención tar­día del representante del MBL que defendió el Estado de Sitio, la “Inevitable represión” y aun el carácter “popular” del gobierno de Sánchez de Lozada. Para concluir la farsa, el representante del MBL negó inclusive la existencia actual de presos políticos, como pueden testimoniar los delegados presentes y las res­pectivas grabaciones. 4-El sábado, al abrirse la sesión plenaria con el infor­me de la comisión que discu­tió este punto, el Partido Obrero denunció que, mientras el hombre del MBL escon­día información, la prensa boliviana divulgaba el apalea­miento en prisión de la dirigente docente Vilma Plata, en huelga de hambre, y de un paro general de protesta del I magisterio el miércoles último. Llamamos a votar sin dila­ciones el punto al concluir este debate. La Mesa, no obstante llevó al Plenario a postergar la cuestión y someterla como una resolución más de las que habitualmente abundan en este tipo de Encuentros. A pesar de esto, cerró los trabajos del sábado sin discutirlo. Admitió inclusive que el MBL volviera a intervenir para acusar a los “trotskistas” por la opresión, un argumento podridamente reaccionario según' lo señaló un delegado que lo sucedió en la palabra. De este modo, no se quiso votar la expulsión del MBL noción presentada por el Partido Obrero, 20 delegados de 10 partidos de Argentina, Chile, México, Paraguay y Uruguay. Más todavía, siquiera se asumió la responsabili­dad de un debate franco y resolutivo sobre esta moción. Las maniobras y dilaciones al respecto emponzoñaron el clima de las deliberaciones. De este modo, con excusas de proce­dimiento se toleró la presencia del MBL como una cuestión de hecho durante la mayor parte de los trabajos del V° Encuentro. 5- No lo aceptamos. Denunciamos la hipocresía de algunas intervenciones que nos imputaban “intolerancia” cuando se traía de separar y expulsar a un represor confeso. Impugnamos la pretensión supuestamente esencial, central, que se pretende adjudicar el Foro, de articular las fuerzas para enfrentar el “modelo neoliberal”, cuando precisamen­te es a los ejecutores de la represión “neoliberal” que se les asigna un sitial dirigente en el propio Foro de San Pablo. El Partido Obrero es miembro fundador del “Encuentro de Partidos de Izquierda” convocado por el PT de Brasil en 1990. El PO intervino desde entonces en lodos los debates y señaló las terribles limitaciones de una política que, con la excusa de renovar el pensamiento de la izquierda y recrear el socialismo, concluyó en la antigua reivindicación del mercado y la economía capitalistas, de la colaboración con la burguesía y no del gobierno de los trabajadores, de la “integración justa y equitativa” con el imperialismo y no de la lucha por la liberación nacional, de la fraseología hueca y el debate seudo-académico y no de la acción común en favor de los trabajadores y explotados de nuestro conti­nente. 6- Hasta aquí llegamos. Se han superado los límites inclusive de un inocuo debate e intercambio de ideas. Como lo afirmamos en nuestra moción de expulsión del MBL, estamos del lado de las víctimas y no del lado de los victimarios. No somos cómplices. El Foro, ahora con los verdugos confesos incluidos, no puede ser ninguna alterna­tiva a las masas humilladas de nuestro continente. Este es el contenido de la ruptura que hiciéramos pública ante todos los delegados horas atrás, al terminar la jomada del sábado 27. Montevideo, sábado 27 de mayo de 1995, 20:00hs.

Los votos que obtuvo Menem no han detenido la crisis que vive Tierra del Fuego ni, tampoco, han frenado las luchas de los trabajadores. Los conflictos se suceden sin so­lución de continuidad. Tal es el caso de Noblex, una planta metalúrgica donde el Ministerio de Trabajo acaba de dictar la conciliación obligatoria después de varias semanas de huelga. El conflicto comenzó por la persecución desatada por la patronal contra el delegado Horacio Catena, a quien le inició juicio reclamando fraudulenta­mente su desafuero. En Noblex — como en La Prensa, en la Universi­dad de Neuquén o en Jujuy— el curso judicial se convierte, cada vez más, en arma de las patronales contra la organización sindical de base y los delegados luchadores. Mientras los delegados son sometidos a proceso, los asesinos del obrero Víctor Choque – asesinado por la policía en Ushuaia hace apenas un mes- siguen impunes y en libertad. La patronal de Noblex perdió el juicio que había entablado y, posteriormente, también perdió la apelación… por eso le inicio dos nuevos juicios, tan fraudulentos como los anteriores, para impedir su regreso a la planta. Los compañeros de Noblex respondieron con la huelga al nuevo ataque, excusa que la patronal utilizo para cumplir lo que era su objetivo de fondo: despedir a todos los trabajadores. La UOM de Ushuaia decreto entonces la huelga general por la reincorporación de todos, que fue levantada cuando el Ministerio de Trabajo dicto la conciliación obligatoria. Pero en Noblex, los trabajadores prosiguieron con las medidas de fuerza en repudio a la persecución antisindical. Una nueva conciliación obligato­ria, con todos los despedidos aden­tro, permite la vuelta al trabajo. La patronal, sin embargo, sigue sin per­mitiré! ingreso del delegado Catena a la planta e insiste con su procesa­miento judicial. La firmeza de los trabajadores de Noblex les ha permitido obligar a la patronal a dar un paso atrás y aceptar la reincorporación de los despedidos. Sigue planteada la lucha por el cese de la persecución contra Caleña y el resto de los delegados y por una solu­ción de fondo a la crisis de la desocu­pación; la semana de 35 horas, el reparto de las horas de trabajo entre todos sin afectar el salario.

Cuando la delegación del Partido Obrero ya había proclamado su ruptura con el Foro, luego de tres días de dilacio­nes, la dirección del V° Encuentro puso a votación, el domingo 28 por la mañana, horas antes de fina­lizar el mismo, la moción de ex­pulsar al MBL. Una votación “sui generis”, distorsionada, con una presentación completamente des­calificada y sin que la defendiera... quienes originalmente la plan­teamos. No pudieron evitar, entonces, poner la firma de su rechazo a expulsar del Foro a los represores del pueblo. Este desenmascara­miento es nuestra victoria luego de una implacable lucha política. Desde un principio, a partir de 1990, el Partido Obrero fue señalando los límites insalvables de la política democratizante. La caída de la URSS, razón que moti­vó el 1° Encuentro en 1990, dio lugar a una verdadera regresión. La izquierda latinoamericana, in­capaz de entender el fenómeno stalinista y su derrumbe, elevó al socialismo al limbo de una utopía (literalmente, lo que no existe en ningún lugar). Mucho antes, los “teóricos” salidos del stalinismo habían descubierto las virtudes “universales” de la democracia (burguesa), del mercado (capita­lista) y del propio imperialismo, con el cual acabó concibiendo una alianza estratégica. Desde el cambio formal de nombre (de “Encuentro de partidos de Izquierda” a “Foro”), hasta los planteamientos más re­cientes de un acuerdo con Clinton, el PARTIDO OBRERO fue retra­tando el itinerario de una descom­posición inevitable. Con su ruptu­ra en este V° Encuentro, el PO concretó lo que nadie se animó a hacer: una tarea sistemática de desenmascaramiento político, e inclusive moral, en la ciudad de la de la centroizquierda latinoamerica­na El corresponsal de Página 12 reputó nuestro gesto como altiso­nante y a las denuncias del PO como “desproporcionadas” a los “votos” que recoge en las eleccio­nes. Esta gente mide al represor por los “votos” que respaldan a quienes lo desenmascaran. Esta­mos frente a un derrumbe moral en el cual Página 12 representa, em­blemáticamente, a toda la “iz­quierda”.

El 23 de mayo, los docentes de San Lorenzo demostraron su voluntad de cambio. La comisión di­rectiva departamental conformó una lista gracias a compromisos económicos (subsidios), con el solo fin de mantener la burocracia de Ediberto. Por su parte, el marysanchismo, por intermedio de Tessa, ni siquiera logró conformar lis­ta departamental, pagando de esa forma la cobardía política de Ana Lía Semorile de abandonar el gre­mio en el año '95, cuando más hacía falta una dirección que lu­chara contra los ataques del go­bierno. Tribuna Docente con­formó la lista con la participación activa y voluntaria de compañeros que vieron, como punto de referen­cia, su accionar durante los cinco largos años de vaciamiento con­cierne del gremio por parte de las direcciones. La propuesta fue muy sencilla: reorganizar el gremio como herra­mienta que sirva para la defensa de los derechos de los trabajadores y de la Escuela Pública. En base al sostén de esta propuesta y a la militancia de los integrantes de la lista de TRIBUNA DOCENTE, el con­junto de compañeros vio a la mis­ma como única salida, en un mo­mento en que fracasaron no sólo las burocracias de los otros gre­mios, sino también la CGT local que se inclinó visiblemente hacia el bordonismo en las elecciones del 14/5, demostrado en el acto del l°/5, donde llamaron a votar al centroizquierdismo. Los docentes del Departamento de San Lorenzo de­cidieron con su voto el inicio del único camino que puede enfrentar los planes fondomonetaristas de Menem-Cavallo. Decidieron lu­char por la Escuela Pública, contra la Ley Federal, contra el nuevo régimen laboral docente, contra la flexibilización laboral, contra el traspaso de las Cajas de jubilación a la Nación y para defender los derechos del pueblo trabajador. Por eso, el Frente para Recuperar Amsafe-Tribuna Docente ganó las elecciones del 23/5. Convocamos a todos los com­pañeros a sumarse a TRIBUNA DOCENTE, para defender el úni­co programa que puede arrancar el histórico pliego reivindicativo.

Con la única excepción del Movi­miento de Participación Popular (MLN, PST, independientes), la tota­lidad de la bancada parlamentaria del Frente Amplio-Encuentro Progresista (PC incluido) acaba de votar la ley de “seguridad pública Se trata de un engendro represivo apadrinado por el gobierno de Sanguinetti, que aumenta las penas para los llamados “delitos sociales” (e incluso tipifica nuevos “delitos”) y refuerza los poderes represivos de la policía y los jueces. El “blanco” principal de la ley son los menores de edad, pues la ley permite encerrarlos en penales “de máxima seguridad”, junto con los presos mayores (El Observador, 24/5). Sobre los delitos que habitualmente cometen las fuerzas represivas (tortura, priva­ción ilegítima de la libertad), los ex­plotadores (ilícitos económicos, co­rrupción) y los que sufren los meno­res, la ley votada por el FA no dice una palabra. Tan bárbara y represiva es la ley que ha sido rechazada unánime­mente por los especialistas en la materia (Brecha, 25/5). El FA, sin embargo, no se ha limi­tado a votar la ley: participó activa­mente en, la tarea de “consensuarla” con los blancos y colorados para que pudiera ser votada unánimemente. “El interés de los lemas tradiciona­les por incluir a los opositores (el FA) en la aprobación de la norma— dice la frenteamplista Brecha (25/ 5) — creció en la medida en que lo hacía el rechazo a su contenido por parte de los técnicos consultados — sin distinción de filiaciones políti­cas”. El FA votó la ley pocas horas antes de que se reuniera en Montevi­deo el V° Encuentro del Foro de San Pablo. Está clarísimo entonces por qué la mayoría de los partidos del FA que participaron en el Encuentro — también aquí con la excepción del MPP— rechazaron el reclamo del PO de expulsar al Movimiento Bolivia Libre del Foro. Se opusieron a su expulsión por la sencilla razón de que el FA está en el mismo campo represivo, policial y antidemocráti­co de sus “colegas” bolivianos, es decir, rechazaron la moción del PO “en defensa propia". El pasaje de la “izquierda" lati­noamericana al campo de la represión contra los explotados es un fenómeno de alcance general: el MBL vota el Estado de Sitio e integra el gobierno que confina y apalea a los trabajadores huelguistas; el Frente Amplio vota la persecución policial contra la juven­tud trabajadora y explotada: Solanas vota el envío de la gendarmería contra los trabajadores santiagueños. La “izquierda” ha asumido el papel de ver­dugo de los explotados: es la conse­cuencia natural de su pasaje abierto al campo del “mercado”, de la “iniciativa privada” y de la “integración continental” con el imperialismo norteamericano.

De 1992 a 1995, AMSAFE estuvo dirigida por Educación Popular, la lista de Ediberto Sán­chez (UCR), responsable de la entrega de conquistas fundamen­tales. El es, precisamente, el gran derrotado en los comicios de AMSAFE (23 de mayo). El buró­crata radical buscó refugio en las listas de diputados de su partido y su lista se presentó dividida, con un sector (Nueva Educación Po­pular) que buscó “salvarse” de­nunciando el entreguismo de la conducción de la que forma parte. Sobre la base de esta división, pudo ganar la lista del marysanchismo (Trabajadores de la Edu­cación, Tessa) (falta conocer los resultados de varios distritos y el escrutinio definitivo). Ganó en San Lorenzo, segunda en Rosario El resultado provisorio de Rosario dio al marysanchismo 1.433 votos: al Frente para Recu­perar Amsafe-Tribuna Docente 480 (16%): a una de las divisiones de la burocracia oficial, 477, y a la otra, 426. Una lista armada de apuro por el Ptp, luego de fracasar en su intento de pactar con el marysanchismo, 261. En San Lorenzo (ver nota), la lista de Tribuna ganó la elección seccional por 220 votos contra 186 de la lista de la burocracia radical unida. Una elección con final de crisis Al momento de escribir estas líneas, la Junta Electoral —con­trolada por la burocracia radical— ha postergado el escrutinio defini­tivo hasta el lunes 29. Las urnas han sido guardadas en la capital, custodiadas por un "cuerpo de seguridad” nombrado por la Jun­ta y ha aparecido la “novedad” de votos por correo enviados directa­mente a Santa Fe. No se han pro­clamado los resultados proviso­rios de ningún departamento. Tanto el marysanchismo como las dos fracciones del actual oficialismo se adjudican la victoria. Tribuna ha denunciado esta situación y re­clamado el escrutinio definitivo y el control de las urnas por los representantes de las listas.

El V° Encuentro del Foro de San Pablo resuelve la expulsión de sus filas del Movimiento Bolivia Libre, que, integrando el gobierno de Sánchez de Lozada, impuso en su país la suspensión de las garantías demo­cráticas y constitucionales, el Estado de Sitio, la deten­ción arbitraria, confinamiento y maltrato (según denun­cia de Amnesty Internacional) de centenares de dirigen­tes sindicales. Aún hoy sigue vigente el Estado de Sitio en Bolivia y la detención ignominiosa de líderes obre­ros que encabezaron una gigantesca huelga nacional contra la política reaccionaria del gobierno. La presen­cia del MBL es incompatible con los más elementales propósitos que dieran originalmente lugar a nuestros Encuentros. Se trata de una decisión insoslayable por­que estamos al lado de las víctimas y no de los victima­rios. MLN-Tupamaros (Uruguay) Julio Marenales - Jorge Quartino Movimiento de Participación Popular (Uruguay) José Arrillaga Partido Socialista de los Trabajadores (Uruguay) Gustavo Vásquez - Ernesto Herrera - Aldo Gilí Movimiento Revolucionario Oriental (Uruguay) Edgardo Amaral - Mercedes Luna - Mario Rossi Partido Comunista de Paraguay César González - Deyliz Ramírez Partido Democrático Popular (Paraguay) Rodolfo Ortiz - Hugo Richer Movimiento de Izquierda Revolucionaria (Chile) Guido Straforiney Partido Revolucionario de los Trabajadores (México) José Martínez Cruz Partido Revolucionario de las y los Trabajadores (México) Braulio Moro Partido Obrero (Argentina) Pablo Rieznik - Gustavo Páez - Rafael Fernández

Buenos Aires, 29 de mayo (Interdiarios). La Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (Utpba) en­cuadró hoy el juicio oral y público al que será sometido mañana un perio­dista “en el marco de la campaña en la que decenas de compañeros han sido procesados civil y penal­mente en casos de persecución que han sido avalados por la justi­cia”. “Ernesto Gutiérrez es acusa­do de falso testimonio tras haber salido de testigo en el juicio labo­ral que el diario ¿a Prensa le sigue al delegado Jorge Brodsky, un hecho aberrante que contó con el aval de la Justicia y que sentó un grave precedente para el ejercido Ubre de las actividades gremiales y profesionales”, dijo la Utpba. El sindicato de los periodistas porteños explicó en un comunicado que Brodsky “fue despedido del diario el mismo día que fue elegído como su delegado por la abru­madora mayoría de trabajadores del matutino, a la par que se pedía a la Justicia su desafuero sindi­cal”. Según la Utpba, los periodistas Adrián Alvarez y Gutiérrez declara­ron como testigos de Brodsky, “ra­tificando que éste era, efectiva­mente, el delegado sindical elegí - do por la mayoría de los trabaja­dores del diario La Prensa, hecho por el cual fueron procesados bajo el cargo de falso testimonio”. Alvarez también fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal nú­mero 21 a un mes de prisión en suspenso y “con Gutiérrez se pre­tende seguir el mismo camino”, denunció la Utpba.

Cuando la tensión de la ceremo­nia inaugural aún dominaba en el auditorio proveniente de los más diversos países de América Latina, la delegación del Partido Obrero alzó su mano para pedir la palabra y proponer la modifica­ción del temario previsto. Tres mi­nutos bastaron para que el ambiente quedara cargado, esta vez con la tensión propia de un planteo demo­ledor: debía considerarse la expul­sión del recinto de un represor, del representante de un partido que el mes anterior y mediante el decreto dictatorial del Estado de Sitio, había enviado el Ejército a detener y de­portar a centenares de dirigentes obreros y líderes de una inmensa huelga general. “No debe haber lugar para los victimarios, nuestro campo es d de las víctimas. El V° Encuentro tiene que expulsar en consecuencia al Movimiento Bolivia Libre integrante del gobierno de Sánchez de Losada”, concluyó la primera intervención del encuentro Maniobras Para la mayoría de los delegados, sin embargo, no fue un planteo novedoso. La noche anterior, en el acto público previo al inicio de las deliberaciones del Foro, el Partido Obrero había distribuido dos mil volantes con la declaración política que explicaba largamente el sig­nificado de este pedido de expulsión (ver Prensa Obrera N° 448) y seña­laba que lo que estaba en juego era el I propio Foro y aun su más mínima aspiración de ser un simple ámbito de debate o intercambio de ideas I entre fuerzas “progresistas” de América Latina. En el Palacio Peñarol, donde se celebraba el acto, un gran cartel rezaba “Fuera los represores del pueblo boliviano”, firmado por nuestros compañeros del Partido de Trabajadores del Uru­guay. La presencia de verdugos del movimiento obrero y popular era, por lo tanto, un problema que debía resolverse sin dilación. La Mesa que dirigía los trabajos del Plenario, in­tegrada por el Frente Amplio del Uruguay, el Partido de los Trabaja­dores de Brasil, el FMLN del Salva­dor y algunas otras reaccionó de inmediato Informó que ya d día previo, el denominado “Grupo de Trabajo”—una suerte de secreta' fiado del Foro había recibido la pe­tición del PARTIDOOBRERO Po nía a considerar, en consecuencia, que al planteo fuera sometido a debate en una de las tres “comisiones” en que se dividiría el Plenario, el que a su tumo lo consideraría desde la mañana del sábado 27. La maniobra consistía en hacer pasar de entrada la presencia del MBL, patear el asunto para adelante y presentar todo esto como... una voluntad de abrir un debate que se pretendía en realidad diluir y/o evi­tar. En lugar de poner de relieve el carácter insoslayable de la expul­sión solicitada, se pretendía una vo­tación de “procedimiento” para no tratar el punto directamente y como si lo que estuviera en juego fuera nuestra oposición a debatirlo. Con este planteamiento la delegación del Partido Obrero obligó a la Mesa, visiblemente molesta, al compromiso de mantener el debate abierto para el plenario del segundo día, el más importante del Encuen­tro. Impacto Desde el comienzo, la cuestión presentada por el Partido Obrero tomó la forma de un problema anunciante. En la tarde del mismo viernes 26, la Comisión respectiva no pudo prácticamente tocar la cuestión a su cargo, es decir, el balance desde el IV° Encuentro de La Ha­bana (1993). Intervinieron 30 dele­gados y, según contabilizó el propio representante del MBL, 24 de ellos i utilizaron casi un 40% de su inter­vención para referirse al problema de su expulsión. El fuego fue abierto otra vez por el PO, esta vez en los cinco minutos permitidos. Se clarificó el significa­do de la propuesta y se señaló que la insistencia de sus dirigentes en pre­sentar al Foro como una articulación continental “para enfrentar al modelo neoliberal“ sería una com­pleta impostura si se tolerara la pre­sencia de un representante de la re­presión “neoliberal” en sus filas Un planteo que ganó, enseguida, el apoyo explícito de Julio Marenales, delegado y dirígeme histórico del MLN Tupamaros, organización que integra al Frente Amplio Su decla­ración en el sentido de que nuestra moción {ver aparte) era esencial­mente conecta fue acompañada por otros delegados Finalmente, diez partidos de distintos países y veinte delegados suscribieron con su firma el pedido de expulsión del MBL La totalidad de los delegados argen­tinos, incluido el PC y Solanas, se limitaron a sugerir una “condena política”, es decir, un saludo a la bandera, en la línea de los represen­tantes más derechistas del Foro La discusión que se queda dila­tar o proscribir, terminó por lo tanto, “infiltrando” todas las exposicio­nes y alcanzó un nivel explosivo. Todos los noticieros de la TV uruguaya sin excepción —canales 4,5 y 10— tomaron este punto como el asunto controvertido del Furo La prensa de varios pataca se acercó para escuchar el significad? de nuestro pisoteo. En la mañana del sábado 26, el conjunto de los diarios uruguayos, de derecha a izquierda, informaba que el reclamo de expulsión del MBL había dominado toda la apertura de los trabajadores del V° Encuentro. Ahora sabemos que también lo registraron del mismo modo muchos de los principales medios de América Latina. Confesión Cuando el viernes 26 terminaron los traba­jos de la Comisión, sólo entonces el represen­tante del MBL atinó a usar la palabra, en último lugar, para evitar que nadie pudiera ya contestarle. Aprovechó entonces para expli­car... el carácter “popular” del gobierno de Sánchez de Losada, proclamar a viva voz la defensa del estado de sitio como una contribu­ción a la “paz social” y justificar la “limpieza de procedimiento” con la cual los prisioneros habían sido deportados a sus lugares de detención por parte del ejército. Un silencio de oprobio recorrió la sala cuando el hombre finalizó su exposición. Lo único que consiguió fue que el sábado 27, al abrirse el Plenario, el clima adquiriera todavía una temperatura más elevada. Apenas iniciadas las deliberaciones, precisamente con el Informe de la Comisión antes señalada, el Partido Obrero pidió por tercera vez la palabra. Esta vez el aire se cortaba con un cuchillo: fue cuando, apelando a los periodis­tas y delegados presentes como testigos, di­vulgamos la información recibida desde Bue­nos Aires sobre el paro general del magisterio boliviano del miércoles anterior y el cobarde apaleamiento de la dirigente Vilma Plata en huelga de hambre en la prisión. Tratamos de embaucador al hombre del MBL que horas antes había desmentido inclusive la existencia de presos políticos en su país Bastaron entonces once minutos de intervención, en 48 horas, para que la fuerza de un planteo, la convicción y la dignidad que éste transmitía, terminara por hacer girar a su alrededor a todo el V° Encuentro del Foro de San Pablo. Uno de los principales diarios del país, orientado por el Frente Amplio, reflejaba así la situación: “las sesiones del segundo día del Foro cayeron en un pozo que parecía sin fondo ante la recurrencia en discutir la expulsión del Movimiento Bolivia Libre” (La República). El V° Encuentro se terminaba. Quienes dirigían las deliberaciones hacían lo imposible para evitar que se votar a la moción y, por sobre todas las cosas, que se discutiera. Hubo que interrumpir varias veces a la delegada del PC uruguayo —Marina Arismendi - cuando insistía en la índole “particular”, “nacional “específica” de nuestra moción, lo que para ella justificaba que pasara a tratarse sobre el final de los trabajos como un problema secun­dario. Cuando la Mesa propuso el sábado a las 19hs cerrar los trabajos sin abordar ese punto, tomamos la palabra, denunciante que el Foro había caído en un camino sin retorno y proclamamos de manera pública y abierta nuestra ruptura. Una hora después terminamos de escribir la declaración final (ver aparte), la imprimimos y cerramos el domingo nuestro trabajo militante entregándola en en mano a cada uno de los delegados y representantes de la prensa, nuevamente interesados en conocer nuestras conclusiones. Tarea cumplida.

Buenos Aires, Mayo de 1995 Sres. Jueces Tribunal Oral N° 28 Paraguay 1536 - Piso 3o Capital Federal Rechazamos y repudiamos la persecución judicial montada contra los delegados y trabaja­dores del diario La Prensa Adrián Alvarez, Ernesto Gutié­rrez y Jorge Brodsky por parte de la patronal de dicho diario, a partir de un conflicto gremial originado en el intento por parte de la empresa de desconocer el fuero gremial y la libertad de trabajo de los compañeros. Reclamamos el cese de las acciones penales destinadas a ilegalizar cualquier acción de defensa gremial que realicen los trabajadores y a sentar jurispru­dencia violatoria de derechos constitucionales consagrados. Firman: Comisión Interna no docente de Ciencias Sociales. Julio Rodríguez (Presidente del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales). Fernando Moroni (Presidente de la FUBA). Daniel Nieto (Presidente de la FUA). Ricardo Romero (Junta Ejecutiva - FUBA). Diego Sztulwark (Secretario de DDHH - CECSO; agrupación "El Mate”). Lucas Rozenmacher (Secreta­rio de Cultura - CECSO; Franja Morada). Lucía Cargrez (Secretaria Gremial - CECSO; MOVES). Secretaría de Relaciones Obre­ro-Estudiantiles (CECSO- En Clave Roja; PTS) Nicolás Waschman (MST) Sergio Szulman (Secretario de Presupuesto (CECSO, UJS- PO).

La huelga petrolera en Brasil ha entrado en su cuarta semana y se man­tiene firme, a pesar de la violenta ofen­siva que han lanzado contra ella el go­bierno y la burguesía y de que varios corresponsales de diarios argentinos la dan por terminada. Las refinerías si­guen paradas, el nivel de producción es bajísimo (apenas el 20% de lo normal) y se ha cortado el suministro de energía a cientos de empresas. Durante casi un mes, el gobierno utilizó todos los medios a su alcance para quebrarla: en dos oportunidades la justicia decretó su ilegalidad e impuso una multa millonaria a los sindicatos; la empresa despidió a un centenar de tra­bajadores y no pagó los salarios; el go­bierno decretó la ocupación militar de cuatro refinerías; el sindicato petrolero de Macaé denunció que la Petrobras “usó la fuerza” para ocupar dos plata­formas en la Bacía de Campos, el mayor complejo de producción petrolera de Brasil. Cardoso recurrió incluso a la importación de combustibles y aún de técnicos e ingenieros argentinos para mantener en operaciones las refinerías (Ambito Financiero, 29/5). La campaña de “terrorismo democrático” lanzada por la burguesía contra los trabajadores —a los que acusa de “subversivos” y “golpistas” por negarse a acatar las órdenes de los jueces —es sencillamente descomunal: los “demócratas” simple­mente pasan por alto que la única sub­versiva es la propia justicia, que desco­noció el acuerdo salarial que el gremio firmó a fines del año pasado con Itamar Franco. Sin embargo, cada uno de estos ataques gubernamentales “radicalizó la huelga” (Folha de Sao Paulo, 26/5). PT Desde el comienzo de la huelga, el PT evitó ponerse del lado de los huelguistas y Lula declaró su disposición a actuar como “mediador”. Averaldo Menezes de Almeida, presidente del sindicato petrolero de la Bajada Santista, no erró el viscachazo cuando denunció que “la cú­pula del PT está llevando al partido a quedar encima del muro” (Folha de Sao Paulo, 23/5). Los parlamentarios del PT formaron, junto con los diputados oficialistas, una comisión que tenía por objeto “acercar a las partes”. Cuando la justicial laboral (TST) de­claró la ilegalidad de la huelga petrole­ra, la dirección del PT se negó a enfren­tar al tribunal... con la excusa de que se trataría de una institución de la de­mocracia”. El TST, sin embargo, nada tiene que ver con la democracia sino que es una institución heredada de la dicta­dura militar, cuyo único objeto es impe­dir el derecho de huelga. El senador Eduardo Suplicy planteó abiertamente que “sólo un acuerdo político con el TST podría superar la impasse (de la huelga)” (Folha de Sao Paulo, 23/5) y, el propio Lula declaró que “las expectati­vas están ahora en el TST”... Conforme la huelga se fue profundi­zando, la aparente “neutralidad” de la dirección del PT fue revelándose como una oposición. En un reportaje publicado en Página! 12 (28/5), Marco Aurelio García, de la ejecutiva del PT, criticó abiertamente a los huelguistas: argumentos: “Creo que los petrole­ros cometieron un error mezclan­do la reivindicación económica con su oposición, justa por demás, a la quiebra del monopolio i petróleo”, para terminar diciendo que “las huelgas de los servicios son cada vez más impopulares”. El propio Lula atacó a los huelguistas: “al comando de la huelga le faltó habilidad” (Folha de Sao Paulo, 23/5) Al igual que García, Lula, Jair Menguelli (ex presidente de la CUT y actual diputado por el PT) y Vicentinho, actual presidente de la CUT, reclamaron una ley de huelga que establezca “reglas más claras que no perjudiquen a la población” (O Estado de Sao Paulo 28/ 5), o lo que es lo mismo, que declare la obligación de mantener la prestación de determinados servicios que el Estado considere “esenciales”. La política de la CUT estuvo dictada por la misma orientación. Por eso la mantuvo aislada, no movilizó al conjunto del movimiento obrero para ganar una huelga en la cual no sólo está en juego la suerte de los petroleros. Esto porque la derrota de la huelga petrolera es, tam­bién, un requisito para que la burguesía y el gobierno vayan a fondo en la liquida­ción en masa de las conquistas obreras: la destrucción del sistema previsional esta­tal, la “flexibilización” aún mayor de las condiciones de trabajo y la miseria salarial. El punto culminante de esta política de la CUT fue su cerrada negati­va a convocar la huelga general de apoyo y solidaridad que le redamaban los sindicatos petroleros. Por el contrario, José Zunga, presidente de la CUT de Brasilia, justificó un levantamiento de la huelga diciendo que “tenemos que pensar que la vuelta al trabajo de los petroleros (sin obtener ninguna de sus reivindica­ciones) no es una derrota”.

Buenos Aires, mayo 30 de 1995. Por medio de estas líneas, la agrupa­ción Orientación Socialista hace pública su solidaridad con el com­pañero Ernesto Gutiérrez, ante el en­sañamiento del que lo está haciendo víctima la patronal del diario La Prensa al colocarlo en el ámbito de la justicia penal con motivo de su comportamiento en un reciente conflicto laboral. Lo que aquí cuenta para nosotros no es el encuadre jurídico formal que bajo esta justicia de clase se le dé finalmente a lo actuado por el compañero Gutierrez, y queremos destacar al respecto la trágica ironía que implica el hecho de que el nombrado matuti­no, cuya prédica centenaria constituye un permanente falso testimonio acer­ca de la realidad social que vivimos— basta recordar su identificación con la última dictadura militar que padeci­mos y la forma en que brindó cubertu­ra al brutal genocidio perpetrado contra nuestro pueblo— sea precisamente quien se erige ahora en acosador de un asalariado al que le imputa un delito del cual nunca se sintió obligado a rendir cuentas ante nadie. Dejamos sentada con esto nuestra posición al respecto.

“Fernando, no vayas a aflojar”. El “consejo” que Menem le envió a Cardoso es la muestra más abierta de la estrecha colaboración que le ha brin­dado el gobierno argentino al brasileño para quebrar la huelga petrolera. Argentina exportó a Brasil canti­dades suplementarias de petróleo para sustituir el que dejaban de producir los trabajadores en huelga y, según Ámbito Financiero (29/5), proveyó de inge­nieros y técnicos a la Petrobras para que continuara operando. La burgue­sía argentina, representada por Me­nem, aumentó sus exportaciones de petróleo a Brasil no sólo en interés de sus propios negocios: una victoria de los petroleros brasileños hubiera sido un fenomenal punto de apoyo para la lucha de los trabajadores argentinos contra el Cardoso nacional. Por eso, Menem dio un reconocimiento “espe­cial” a la intervención del ejército con­tra los trabajadores en huelga. A la burocracia sindical argentina - incluida, por supuesto, la centroizquierdista del CTA- ni siquiera se le pasó por la cabeza apoyar esta lucha mediante el boicot a las exportaciones petroleras argentinas a Brasil.

La Cámara de Diputados se apresta a tratar el proyecto de Ley de Educación Superior y todo parece indicar que el menemismo está “con­sensuando” su sanción con las “opo­siciones” parlamentarias. Los rectores entregados Aunque por primera vez el Con­sejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a todos los rectores de las universidades estatales del país, convocó a la FUA, Conadu y Fatun a una “reunión abierta”, su objetivo fue atacar las ocupaciones “violentas” como la del Comahue y “el regreso de métodos de protesta que atentan contra las instituciones” (Clarín, 27/5). El rector de la Universidad del Comahue, Bohoslavsky, se dio el lujo de denunciar que la toma del Comahue perjudicó la efectivización de contratos que la universidad había celebrado con em­presas privadas (!). El CIN terminó pidiendo al gobierno que atendiera a los “aportes” enviados por los recto­res para que fueran incorporados al proyecto oficialista. Los rectores ya vienen aplicando la ley menemista en la práctica (ver nota) y ahora pretenden poner en marcha otros aspectos de la misma (creación de paritarias sectoriales por universidad). Impasse Mientras tanto, se multiplican las marchas y ocupaciones estudiantiles de las facultades y colegios universi­tarios. El 28 de abril, 20.000 estu­diantes coparon los alrededores del Congreso. En el Comahue las faculta­des estuvieron ocupadas durante casi 20 días; también se produjeron ocupaciones en La Plata. Pero la dirección de la FUA — dirigida por la Franja Morada, el MNR, etc. —se limita a encuadrar al movimiento y a aislar a sus expresio­nes más combativas—como la toma general del Comahue. El “plan de lucha” de la FUA contiene medidas aisladas, en gran medida pactadas con los rectores ra­dicales, como la “ocupación pacífi­ca” de las facultades para el miércoles 31 o la realización de una Asam­blea Universitaria Nacional para el 17 de junio, en “donde participen todos los Consejos Superiores de las Uni­versidades Nacionales” y “persona­lidades de la Cultura y de los movi­mientos sociales”. A dicha asamblea “se invitará públicamente al go­bierno...”. “Impresionada” por el triunfo electoral menemista, Franja Morada llama a un frente contra el “menemis­mo ensoberbecido por la victoria”, a “la UCR, con sus diputados, go­bernadores y su estructura nacio­nal” y “al Frepaso con la fuerza que le da haber obtenido el segundo lu­gar en la voluntad popular”. Llama también “a la creación de una multipartidaria”, como si los partidos patronales no apoyaran la política universitaria de Menem-Cavallo. Por el temor de la Franja Morada a la “mayoría parlamenta­ria absoluta que posee el menemis­mo” y que le serviría para “sancionar el arancel, la inter­vención y la destruc­ción de la Educación y la Univer­sidad Pú­blica” no se puede en­frentar con combina­ciones parlamentarias; la ban­cada radical está dis­puesta a dar “quórum” a la “mayoría absoluta” Las corrientes del Frente Grande proponen juntar las 600.000 firmas que requiere la "nueva constitu­ción” para presentar una “iniciativa ” de ley ante el Parlamento. Esto ya fue planteado con ningún resultado ante la privatización de las jubilaciones, la privatización de la CNEA, etc. Preparar, organizar, la huelga general Para derrotar la ley y la privatiza­ción que ya está en marcha es necesa­ria una gran movilización nacional “Fuera la ley menemista del parla­mento”, derogación de los aranceles existentes; por la triplicación del pre­supuesto bajo control estudiantil-docente; por el aumento de salarios a docentes y no docentes; por el cese de los convenios de privatización; por el ingreso irrestricto; por la autonomía y el cogobierno docente-estudiantil. Movilización nacional significa, siguiendo el ejemplo del Comahue, impulsar la organización de cuerpos de delegados; ocupar masivamente las facultades y la huelga general. Al cierre de esta edición se estarán realizando Asambleas y ocupando las facultades en la UBA, La Plata, Mar del Plata y otras universidades. Hay que votar en esas asambleas la organización de una movilización continuada, de la huelga general con ocupaciones y muchas hasta que los proyectos sean retirados.

Más del 80% del magisterio urba­no de Bolivia acaba de cumplir un paro de 24 horas para repudiar la con­tinuidad del encarcelamiento de los dirigentes del sindicato docente de La Paz y el apaleamiento de Vilma Plata, dirigente de la docencia paceña y del POR. El gobierno no está cumpliendo con el pago de los salarios de marzo. En los últimos días, los maestros de Cbuquisaca comenzaron una nueva huelga indefinida hasta el pago de los salarios atrasados y los sindicatos do­centes de La Paz, Oruro, Sucre y Poto­sí cumplieron paros de 24 horas. La Confederación Nacional de maestros urbanos votó también la realización de huelgas de hambre en todos los departamentos y, justamente el mis­mo día del paro de los docentes urba­nos, la central de los maestros rurales se reunía para decidir sus propias me­didas de fuerza. En la madrugada del 19 de mayo, más de un centenar de policías irrum­pió en el "Centro de Orientación Fe­menina”, el penal donde se encontra­ba encarcelada desde hace ya dos me­ses Vilma Plata, dirigente docente de La Paz. Los represores pretendían obligarla a terminar con la huelga de hambre que estaba cumpliendo en protesta por su detención. Según rela­tó una de las presas en ese penal, “se la arrastró desde el tercer piso y su cabeza iba rodando como una pelo­ta: entonces esta señora por los siete días de huelga se desmayó, y con palabras soeces la estaban sacando en ropa interior”( Presencia, 20/5). El salvajismo de la acción, despertó la inmediata solidaridad de las demás presas, que fueron brutal e indiscrimi­nadamente reprimidas. El secretario de Régimen Interior “reivindicó la acción policial” (ídem) contra Vilma Plata... al tiempo que el ministro del Interior condecora­ba a los policías que intervinieron en la represión de las manifestaciones y movilizaciones de los docentes duran­te la huelga indefinida. La burocracia sindical no interrumpió ni un solo minuto las negociaciones con el go­bierno en repudio a la represión... Cuando dos días después de la golpiza, Vilma Plata compareció ante el juez, denunció la intención del go­bierno de eliminarla físicamente (Pre­sencia, 20/5). La denuncia ha sido corroborada por una detenida, que declaró que “cuando nosotros recla­mábamos, nos dijeron por qué esti­bamos defendiéndola, que ella de­bería morir como un perro" (Pre­sencia. 20/5). Por la inmediata libertad y uno de los procesos judiciales contra Vilma Plata y de todos los docentes y sindica­listas detenidos; ahajo el Estado de Sitio.

La Ley de Educación Superior dará un nuevo impulso al proceso de sometimiento de la Universidad al capital. Tal es el caso de los posgrados y maestrías, implementados a un costo superior a los dos­cientos pesos por mes, que se plan­tean como obligatorios para el ejer­cicio de la docencia en la nueva legislación. De hecho, la política consiste en desjerarquizar las carre­ras de grado, que otorgan títulos cada vez más devaluados, y jerar­quizar los posgrados arancelados. En la carrera de Economía se intenta aprobar una reforma del plan de estudios, que acorta el ciclo de grado a cuatro años e instrumen­ta un posgrado pago de dos. En muchas facultades se están desti­nando las mejores aulas para estos cursos; la sede de Hipólito Yrigoyen de Psicología está prácticamen­te “tomada” por la Secretaría de Posgrado. En Sociales, no sólo fal­tan aulas para cursar, sino que desde el año pasado se reformaron varias, a las cuales sólo tienen acceso los que pagan estos cursos. La semana pasada, Página 12 denunció que los posgrados que Cavallo está organizando para formar sus técnicos para el Ministerio de Economía, se dictarán, entre otras instituciones, en la UBA. Portantiero, decano de Sociales, acaba de suscribir un acuerdo con la empresa “Socorro Médico Pri­vado SA”, para que los alumnos de Comunicación y Sociología realicen pasantías (basadas en en­cuestas telefónicas), pagadas irri­soriamente, pero que servirían para “recursos genuinos para la Facultad, dado que la empresa abonará un canon por los servi­cios” (Portantiero en Revista de Ciencias Sociales, abril del ’95). Todo esto delata gráficamente la política del gobierno, radicales y del Frepaso (Jozami, concejal del Frepaso, fue uno de los precursores del posgrado de Sociales); formar “especialistas” en los posgrados arancelados, contar con una mano de obra baratísima entre los estu­diantes a explotar con las pasantías y obtener recursos “genuinos” de financiamiento mediante acuerdos con pulpos privados. La UJS llama a organizar el boicot al pago de los cursos de posgrado, a rechazar que las facultades se transformen en centros de I contratación de mano de obra barata (cobrando comisiones como en Sociales) para las grandes em­presas y a organizar un frente de lucha contra la “universidad del futuro” que quiere el gobierno. Por una Universidad estatal, laica, única y gratuita.