Prensa Obrera N° 447

Durante toda la semana, los estudiantes del Nacional Buenos Aires realizaron al mediodía, entre la salida del turno mañana y la entrada del turno tarde, sentadas frente a la puerta del Colegio para protestar contra la creciente provocación y persecución de las autoridades. Esto fue resuelto por el Centro de Estudiantes y el Cuerpo de Delegados, recientemente formado. El rector ataca conquistas estudiantiles históricas, como que no se pone falta a los días de ausencia por los viajes de fin de curso que se realizan en quinto año. “De viaje de egresados que se vayan cuando ya están de vacaciones”, declaró el rector Sanguinetti a Crónica (6/5). Es decir, cuando ya egresaron. A esto se suma también una creciente obstrucción al funcionamiento del Centro de Estudiantes y de las agrupaciones, en particular hacia el Frente de Lucha, que ganara las elecciones a fines del ‘94. Se intenta prohibir la realización de reuniones de agrupaciones dentro del colegio y el funcionamiento del cuerpo de delegados; se prohíbe la realización de fiestas los sábados para recolectar fondos para actividades del Centro; etc. La respuesta de lucha del Centro para defender sus conquistas, contra la política de represión y regimentación del rector, tiene como consigna estratégica la de luchar por el cogobierno docente-estudiantil. Es decir que los estudiantes intervengan en el gobierno del colegio, en las resoluciones que se toman y los afectan (disciplina, planes de estudio, etc.). La juventud estudiantil del Buenos Aires retoma las mejores tradiciones de lucha de la Reforma del 18. La Coordinadora de Estudiantes Secundarios ha volcado su solidaridad en apoyo a las sentadas. Es necesario reforzarlas ante las amenazas del rector de montar una provocación contra la organización estudiantil del Buenos Aires.

Gigantescas protestas y manifestaciones obreras de masas han tenido lugar en toda Rusia contra el gobierno de Yeltsin. “Centenares de miles de empleados, docentes y trabajadores de otras ramas participaron hoy en una protesta nacional desarrollada en toda Rusia” (La Nación, 13/4). La Federación de Sindicatos Independientes, que organizó la jornada de huelgas, denunció que “el gobierno adeuda más de 1.140 millones de dólares en salarios atrasados y que hay trabajadores que no cobran sus salarios desde hace dos años” (ídem). El no pago de los salarios es practicado regularmente por los gerentes de las empresas estatales —y también por los de las “privatizadas”. Los burócratas —sean estatales o “privados”— fugan sistemáticamente al exterior lo que le roban a los trabajadores. Las protestas han sido especialmente fuertes en San Petersburgo —donde marcharon 60.000 manifestantes—, en Siberia y en el oriente ruso: “centenares de miles de trabajadores marcharon por toda la isla de Shajalin y en las regiones de Primorsky y Khabarovsk”. En la región de Primorsky se viene registrando una ola de huelgas obreras, entre ellas la importantísima huelga de los 11.000 mineros del carbón. Desde hace tiempo, las huelgas por el pago de los salarios atrasados se vienen repitiendo en la Rusia yeltsiniana con la regularidad de un reloj –las más importantes han sido las de los mineros de febrero, la de Aeroflot y la de la planta automotriz Autovaz. Pero la del miércoles 12 es la primera jornada de huelga y protesta a escala nacional de todo el Estado y que unifica a los trabajadores de un sinnúmero de gremios. “Muchos de los manifestantes reclamaban la renuncia inmediata del presidente Boris Yeltsin ... y ondeaban banderas rojas” (ídem). El debate en la clase obrera y las consignas de carácter abiertamente político parecen ganar un lugar cada vez mayor: los mineros se encuentran preparando una huelga general por tiempo indeterminado, entre cuyos reclamos se encuentra la inmediata renuncia de Yeltsin. “Nosotros pusimos a Yeltsin en el poder —dice un minero de Vorkuta refiriéndose a las grandes huelgas de 1989 y 1991 que golpearon a Gorbachov y facilitaron el ascenso de Yeltsin— y podemos echarlo” (The Financial Times, 14/3). La “sensibilidad política entre los mineros es extraordinaria”, dice el diario de los banqueros londinenses, porque el gobierno de Yeltsin, siguiendo las directivas del FMI, prepara el cierre de la tercera parte de las minas y el despido de la mitad de los mineros. Frente a un gobierno golpeado por el fracaso político de su invasión a Chechenia, por la fractura del alto mando militar, por la crisis económica galopante y por los enfrentamientos en el propio seno de la camarilla gubernamental, la manifestación nacional del 12 de abril puede significar el inicio de un alza generalizada de los trabajadores rusos.

El sábado 29/4 se realizó el Cuarto Congreso Extraordinario de la Fuba, que pese a su nombre, nada tuvo de extraordinario. En momentos en que las tomas de facultades y la multitudinaria movilización del viernes 28 habían convulsionado las universidades y las calles de La Plata y la Capital, y frente a la perspectiva de unificar la lucha estudiantil con la de los trabajadores no docentes, la Fuba, dirigida por Franja Morada y de común acuerdo con las corrientes del Frepaso y de Solanas, resolvió congelar todas las medidas de lucha para después de las elecciones. La UJS fue la única corriente que concurrió al Congreso a exigir la resolución de un plan de lucha, siendo vocera de los cientos de estudiantes que habían votado en asambleas por la continuidad de la lucha y en contra del “consenso” parlamentario. Que la Fuba no haya resuelto nada muestra nuevamente a Franja Morada y a las agrupaciones centroizquierdistas como agentes directos del Rectorado y de los partidos patronales en el seno del movimiento estudiantil, cuya política apunta siempre a contener, desviar y diluir la lucha. El activismo debe entender este problema para encarar una lucha política contra estas corrientes, dándole un nuevo impulso a las asambleas, cuerpo de delegados y movilizaciones, en la perspectiva de preparar un paro activo docente-estudiantil, tomando las facultades por el tiempo necesario hasta que las leyes privatistas sean retiradas del Congreso. Está planteada entonces la lucha por construir una dirección consecuente, independiente del Rectorado y de los partidos patronales.

Que los colectiveros se encuentran entre los trabajadores más salvajemente explotados por las patronales no es, ciertamente, ninguna novedad. Lo novedoso, sin embargo, es que ha aparecido un estudio realizado por el Conicet (con el auspicio de la Organización Panamericana de la Salud) que permite cuantificar el grado de explotación que sufren los colectiveros y mensurar sus desastrosos efectos sobre la salud del trabajador y sobre la seguridad de los pasajeros. “El colectivero del área metropolitana está sometido a un estrés permanente y los estudios demuestran que ese colectivero es el trabajador más estresado del mundo”, aseguró el doctor Enrique Segura, quien encabeza la investigación médica del Conicet (Diario Popular, 16/4). “Luego de seis horas al volante, pierde gran parte de sus reflejos, volviéndose ineficiente y peligroso, (pero) el 85% de los trabajadores del autotransporte maneja hasta 10 horas continuas para incrementar el salario” (ídem). Como consecuencia de esta auténtica masacre, “el 80% de los choferes se jubila por invalidez antes de llegar a la edad correspondiente (55 años) o al tiempo trabajado (30 años)” (ídem). El aumento de la edad jubilatoria que votaron “nuestros” diputados y senadores es, por lo tanto, especialmente destructivo para los choferes. Más aún, como las extras se han convertido en la norma para llegar a fin de mes, el tiempo de descanso no alcanza para recuperar la fatiga que produce la jornada de 10 y 12 horas y el colectivero es víctima de fatiga crónica. Como consecuencia de esta explotación, verdaderamente esclavista, aumentan exponencialmente los riesgos de accidentes; cuando éstos se producen, son los trabajadores –y no los patrones– los que van a parar a la cárcel y son sometidos a juicio. El régimen de superexplotación que imponen las patronales es un verdadero “devorador de hombres”. La Comisión Nacional del Transporte Automotor (Conta) le ha retirado la licencia a 6.000 colectiveros afectados por enfermedades síquicas y físicas producidas porsu trabajo. Lo notable es que muchos de estos colectiveros tenían apenas un año de trabajo, es decir, que poco tiempo antes habían pasado perfectamente los exámenes sicofísicos que ahora reprobaban ¡Basta un año arriba del colectivo para destrozar a un trabajador sano! Según el doctor Segura, “las enfermedades más características de los colectiveros son un estrés muy pronunciado y dolores difusos de difícil diagnóstico” (ídem). Precisamente, como se trata de enfermedades “de difícil diagnóstico”, los médicos de las empresas acusan a los trabajadores de “simular” y los mandan a trabajar “medicados” ... es decir, dopados. Las patronales, sedientas de superbeneficios, hacen cada día más pesada la carga de los choferes, incorporando unidades cada vez más grandes y con mayor cantidad de pasajeros y acortando los horarios, con el argumento de que “ahora los choferes no tienen que cobrar el boleto”. La patronal del autotransporte –la Fatap– anunció el “fin del mundo” cuando se le impuso la colocación de máquinas expendedoras de boletos. Después de esta conquista obrera, sin embargo, ninguna empresa fue a la quiebra: al contrario, siguieron amasando superbeneficios y “capitalizándose” a caballo de la superexplotación de los choferes y el saqueo de los usuarios (en el Gran Buenos Aires, el boleto es el más caro del mundo). La responsabilidad por esta masacre incunbe a la burocracia de la UTA, que permite los sueldos de miseria –que obligan a la realización de extras– y las terribles condiciones de trabajo que enferman al trabajador. ¡Que el transporte automotor sea declarado trabajo insalubre! ¡Seis horas de trabajo por un salario igual a la canasta familiar! ¡Reducción de la edad jubilatoria! ¡Fuera la multiplicidad de tareas: que el chofer sólo se dedique a manejar, guardas para operar las máquinas expendedoras y cambiar monedas! Hay que terminar con este régimen de superexplotación antes que la superexplotación termine con los choferes.

No creemos que ninguno de los casi ocho millones de ciudadanos que votó el domingo por Menem ignore quién es el verdadero ganador de los comicios. Durante varias semanas fue bombardeado, por un lado, con la amenaza de que una derrota de Menem derivaría en una fuga de capitales, en el dislocamiento del sistema bancario y aun en una hiperinflación. Por el otro lado, bordonistas y radicales se esmeraron en dejar en claro que bajo ninguna circunstancia alterarían la política económica oficial. Desde hace varios años, los centroizquierdistas vienen reconociendo, y propagandeando, la “racionalidad” del “plan” Cavallo. Chantajeado de un lado, y sin alternativa de conjunto del otro, el electorado respondió “racionalmente”, precisamente lo que los centroizquierdistas no quieren ahora admitir. La Bolsa No es la voluntad popular, ni la mística peronista, ni la tercera democracia, lo que se impuso el domingo. Nadie, ni el oficialismo, se atrevería a afirmar que han triunfado los intereses de las masas trabajadoras. La que ha triunfado es la Bolsa, es decir, los accionistas de las grandes empresas y los acreedores del Estado. La masividad del voto no puede ocultar cuáles son los intereses sociales que prevalecieron. Las masas, incluso concientemente, son rehenes del gran capital financiero, pues esperan de él, si no la salida a la crisis, al menos que no se agrave o que se atenúe. Hasta la parte creciente de las masas que ha retomado, desde principios de año, el camino de la lucha, no vislumbra todavía una alternativa de conjunto a la política oficial. “Voto Castigo” El fracaso del bordonismo y del centroizquierdismo no podría haber sido más patético, esto si se tiene en cuenta que su política consistió en impulsar un corte de boleta... que concluyó favoreciendo a Menem. En Córdoba y en Río Negro, la clase media radical se fugó en masa al menemismo, luego de haber depositado su voto a favor del candidato a gobernador de la UCR. En la patria chica de Bordón, el menemismo ganó la presidencia y la gobernación, pulverizando a la alianza Frepaso-UCR. El domingo 14, el bordonismo recibió un descomunal “voto castigo” por su completa nulidad como oposición política. Cumplir con la Bolsa Ahora, Menem está obligado a cumplir con la Bolsa, puesto que es un rehén de ella, no con sus votantes. Deberá imponer la ley de accidentes de trabajo y extender el régimen de contratos precarios de trabajo a las grandes empresas y a los trabajadores ya efectivizados. Deberá proceder a la privatización de la salud, liquidando las obras sociales y el sistema hospitalario gratuito (en realidad, ya está arancelizado). Deberá privatizar la educación y barrer con la oposición de los docentes y de los estudiantes. Deberá promover la quiebra de una centena de bancos y concentrar el sistema financiero. Deberá establecer nuevos impuestazos, reducir los salarios y despedir masivamente a empleados públicos provinciales para pagar la deuda externa. Deberá elevar las tasas de interés para atraer capital golondrina del exterior, lo cual está previsto en el acuerdo con el FMI. Este acuerdo establece una política deflacionaria (despidos, reducción de salarios, disminución del crédito), que tiene por objetivo superar el derrumbe, manifestado en los últimos meses, del “plan” Cavallo. ¿Gobierno fuerte? A pesar del 50% de los votos, Menem-Cavallo no tienen asegurada la fuerza ni la cohesión interna para imponer esta política. Las masas han confiado su salida a la Bolsa, pero desconocen el precio que deberán pagar por ello. El gobierno deberá crear las condiciones políticas para aplicar este plan, para lo cual deberá derrotar a los trabajadores en una lucha directa. El tiempo de simulación pre-electoral ha concluido. El apoyo de la Bolsa a Menem está condicionado al cumplimiento de este programa. Es por eso que la victoria electoral de la Bolsa puede transformarse de aquí en más en el derrumbe de Menem. El monopolio con que ha quedado el menemismo de la totalidad de las instituciones del Estado, se encuentra en violenta contradicción con la diversidad, la multiplicación y el constante agravamiento de las condiciones sociales sobre las que debe gobernar. La demolición de la oposición burguesa constituye, en estas condiciones, un síntoma de descomposición del conjunto del régimen político. Los próximos enfrentamientos dirán si esta situación se dirige hacia una suerte de anarquía o hacia un régimen de fuerza (Estado de sitio). Agotamiento del centroizquierdismo Los resultados electorales, por lo tanto, no disminuyen sino que acentúan la perspectiva de agravamiento de los conflictos sociales, o sea la lucha de clases, e incluso de crisis política. El retroceso electoral de la izquierda, que ha caído en un 50% de sus débiles votaciones anteriores, y a veces en hasta un 80%, enmascara el pasaje de la oposición activa, popular y de izquierda, hacia el campo del bordonismo, a través del Frente Grande y de las burocracias sindicales del CTA y del MTA. Todo un sector de luchadores, de la clase obrera y de las masas acompañó hasta su completa derechización la experiencia centroizquierdista. La alternativa política que toda la izquierda democratizante contribuyó a crear, en 1991-2, con la formación del Frente del Sur, concluyó fagocitando a sus artífices y llevando a un amplio sector popular a la más completa encerrona política. Este fracaso se verifica especialmente en el intento de la Alianza del Sur de suplantar al Frente Grande del “Cavallo” Alvarez, pero con sus mismos métodos frívolos y electoreros y con su mismo programa de adaptación al capitalismo. El empeño del partido comunista y del Ptp en sacrificar la formación de un frente de izquierda, con el propósito de convertir a Solanas en un caudillo electoral, concluyó el domingo en una catástrofe electoral (esperaban un millón de votos y sacaron 80.000), en un corte de boleta contra Solanas, que desnuda la cortedad de miras y la bancarrota política de sus autores. El agotamiento de la experiencia centroizquierdista puede convertirse en un poderoso impulso a la lucha (contra la que los agentes del Frepaso y del solanismo han actuado como freno) y aun de reagrupamiento revolucionario, si ella es superada concientemente por los luchadores obreros y populares. “La tercera es la vencida” El Partido Obrero hizo su peor elección desde 1985; perdió la mitad de los votos con relación a su mejor elección, en 1991. Fuera del carácter minoritario de nuestro partido en la clase obrera, el resultado electoral se explica por las características subjetivas y coyunturales que tuvo la elección —impasse de las masas y desplazamiento de la oposición popular activa hacia el bordonismo charlatán. No esperamos superar esta situación desde un marco exterior a la presente situación política, sino por medio de ella misma. La victoria de la Bolsa deberá desarrollar las condiciones necesarias para la derrota de la Bolsa, para lo cual es necesaria la conciencia de esta situación y de esta perspectiva. Dijimos durante toda la campaña electoral que el desenlace de la crisis política no tendría lugar en el primer turno ni en un hipotético segundo turno, sino en la tercera ronda de enfrentamientos a la cual conduciría inevitablemente cualquier resultado electoral. Mantenemos esta caracterización y este pronóstico. Nuestra consigna es, en función de esto: hacia las luchas. Ni un paso atrás en la defensa de los derechos conquistados por las masas; ni un paso atrás en la lucha por las reivindicaciones planteadas.

El martes 25, una asamblea interclaustros en la facultad de Humanidades, con la presencia de estudiantes de otras facultades (700), resolvió la ocupación de la facultad durante dos días para concurrir al acto organizado por el Congreso de la Cultura, del Trabajo y la Producción (CCTP) , marchar a Buenos Aires a la movilización convocada por la FUA y participar del acto del 1º de Mayo organizado por la CGT San Lorenzo. Esta propuesta fue acordada previamente por las agrupaciones ALDE, Venceremos, Pampillón y Franja Morada, quienes se mantuvieron como un bloque homogéneo a la hora de discutir otras propuestas. El debate se planteó a partir de una moción de la UJS de continuar con la ocupación de la facultad hasta el 1º de Mayo, para luego concurrir al acto de San Lorenzo y no producir el levantamiento de la toma para converger con el acto de las Pymes. Para la UJS, no se podía confluir con aquellos que son puntales en la aplicación de la flexibilización laboral y principales responsables de los despidos y suspensiones de los últimos tiempos, sino unirnos con los trabajadores, verdaderas víctimas del “plan” económico. A la hora de la votación de ésta y otras propuestas, el bloque político nucleado en torno a Franja generó un clima de confusión, donde no se pudieron expresar las distintas mociones expuestas, imponiéndose de este modo una votación en bloque. El día miércoles, luego de una sentada y concentración masivas, se logró arrancar una nueva asamblea, que votó impulsar la convocatoria a asambleas por facultades, la conformación de cuerpos de delegados y la continuidad de la lucha. Está planteado continuar y desarrollar el grado de movilización alcanzado, constituyendo los cuerpos de delegados e impulsando la convocatoria a una asamblea general extraordinaria para continuar la lucha “por el retiro de la ley”.

En vísperas de las elecciones, el anuncio de Domingo Cavallo de que la prioridad de un nuevo gobierno menemista será la privatización de la salud, constituyó un llamado especial a los grandes grupos económicos para que vuelquen sus fondos a la reelección de Menem. Cavallo es consciente, de que lo que está en juego es un negocio que desvela a los grandes grupos nativos y extranjeros, que supera incluso a la jubilación privada. Se calcula que el negocio de la salud en la Argentina mueve 15.000 millones de pesos por año, algo que les hace perder el sueño a los grandes grupos económicos. De esos 15.000 millones, más de 10.000 millones se manejan por las obras sociales y los hospitales públicos y el resto por la medicina privada pre paga. Domingo Cavallo definió así el próximo gran ataque del gobierno menemista contra los trabajadores. El plan “consiste en la privatización de los servicios de salud a través de bancos y compañías de medicina prepagas, que están vinculadas con las AFJP y que adquirieron experiencia a través del manejo de ellas. Sería un sistema similar al que se aplica en Chile...” (El Cronista, 4/5/95). Esta privatización consistirá en transformar el actual aporte obligatorio a las obras sociales en un cuota de un plan de salud privado. De este modo, los grandes pulpos médicos se asegurarán una masa de 7.000.000 de afiliados, totalmente cautivos, quienes pasarán a tener coberturas de salud diferenciadas en función de los sueldos. “El sistema de salud privado es equivalente al esquema armado por las AFJP y prevé una prestación básica para todos los afiliados. Estas serán crecientes de acuerdo a los aportes que realice el empleado” (Ambito Financiero, 4/5/95). Por lo tanto, para la inmensa mayoría de los trabajadores con salarios inferiores a los 700 pesos, habrá un plan asistencial básico, que cubrirá una atención mínima, y sólo podrán acceder a una medicina superior si efectúan aportes voluntarios adicionales. Ese plan mínimo será de “asistencia” y cubrirá dos o tres consultas médicas para toda la familia y urgencias básicas. No cubrirá complicaciones cardíacas, enfermedades complejas, trasplantes, síndrome de Down, sida, hotelería, medicamentos, etc. La privatización de la salud no es otra cosa que una condena a una medicina precaria y una confiscación mayor del salario obrero. La burocracia menemista está plenamente metida en este nuevo negocio, como lo volvió a ratificar el burócrata del Smata, Raúl Amín, cuando reconoció “las negociaciones que venimos llevando con el gobierno para ‘flexibilizar’ el sistema en forma consensuada” (Página 12, 4/5/95). La burocracia es partidaria de desregular las obras sociales, asociando a éstas con los grandes pulpos de la salud, de manera de coparticipar en el negocio, como lo están haciendo con la jubilación privada. Justamente, uno de los acuerdos entre el gobierno y la burocracia es “la creación de un Plan Médico Obligatorio (PMO)”, una especie de “cobertura básica asistencial” que deberá brindar toda entidad que reciba los aportes obligatorios de los trabajadores. De esta manera, se “garantizará” que todo trabajador tenga un ... plan de salud privado, aunque dicho plan ofrezca una cobertura muy inferior a la de las actuales obras sociales. Ante este plan de mayor destrucción de la salud de la población trabajadora, el Partido Obrero plantea : - Abajo la privatización. Por un Plan de salud único, estatal, gratuito, financiado con aportes exclusivos de las patronales y bajo control de los trabajadores. - Expropiación sin pago de todos los recursos de salud en manos de pulpos privados, como laboratorios, sanatorios, medicina pre-paga, etcétera.

La burocracia menemista de FATUN, gremio de los no docentes, contando con el aval del gobierno, decidió crear su “propia” Obra Social, retirando a sus afiliados de las que tienen en común hasta el momento con los docentes universitarios. La separación de los no docentes en otra obra social, además de ser un premio del gobierno a la burocracia (para que pueda rapiñar sin cortapisas los ingresos de la misma) por los servicios prestados en contener la lucha reivindicativa de los trabajadores, es un paso más en la destrucción de las obras sociales, con vías a su futura “privatización”. La división de bienes, edificios y activos de las obras sociales universitarias en dos no sólo debilita a ambas, sino que también le quita poder de negociación en el sistema de contrataciones existente, por presentar un paquete con una menor cantidad de afiliados frente a los prestadores (Hospital Italiano, etc.). Esta medida ha sido acompañada por un nuevo golpe del rector Shuberoff. Desde noviembre decidió incrementar el pago de coseguros para las prestaciones. Los docentes deberán abonar al prestador un porcentaje que antes era financiado por la obra social. El argumento que presentó el directo general de DOSUBA (Obra Social de la Universidad de Buenos Aires) para implementar esta disposición, vía decreto 266/94, es “la grave crisis financiera de DOSUBA, dado que los bajos salarios no permiten el recupero de los coseguros de manera y tiempo razonables”. Propone que dado que los salarios son bajos (lo que implica poco descuento al trabajador para la obra social) reducirlos aún más, haciendo pagar al afiliado los tratamiento médicos. La mayoría de la Directiva de ADUBA (Ptp y otros) han ocultado esta resolución, que conocían desde octubre del ‘94 por lo menos. No informaron de la misma ante la Comisión Directiva en pleno ni ante el Congreso del gremio. Los representantes de ADUBA (Sindicato de los Docentes Universitarios de Capital) ante el Consejo de gestión de DOSUBA, nombrados por la moayoría de la Directiva, no se opusieron a esta resolución. Por el contrario, en forma unilateral, la mayoría de la Directiva elaboró y distribuyó entre los afiliados una encuesta, en la que se sugiere, con diferentes opciones, que seamos los docentes los que nos hagamos cargo de las crisis financiera de DOSUBA y de su consecuencias (¿también aquí “construir” igual que la burocracia de FATUN, una obra social “propia”?) Frente a esta situación, la lista Naranja, integrante de la Directiva, lanzó una campaña para que ADUBA tome medidas concretas por la derogación del decreto 266/94; que sea la Universidad (y no los trabajadores) la que se haga cargo de la crisis financiera que atraviesa DOSUBA, sin que esto afecte de manera alguna a los salarios; que los representantes gremiales en el Consejo tengan poder de veto y resolución; que se investigue el destino de los fondos. A su vez ha reclamado a la directiva de ADUBA que los representantes del gremio en la dirección de la obra social sean electos democráticamente por los afiliados, reciban mandato y puedan ser revocados por la base. Se plantea la necesidad de llamar a los trabajadores no docentes a resistir la resolución —tomada sin consulta a la base del gremio— de romper con la obra social única y a constituir un frente común para defender la obra social de los trabajadores universitarios.

Las declaraciones de “arrepentimiento” de los jefes de la Armada y la Fuerza Aérea han vuelto a revelar, por si hacía falta, que no existe autocrítica ni depuración alguna de las fuerzas armadas y que el único propósito de los mensajes abiertos por el general Balza es preservar a la oficialidad de nuevas confesiones. Concretamente, que los que denuncian muertes y torturas lo hagan en un cuartito del Estado Mayor y no en los medios de comunicación, para lo que el generalato garantiza la “reserva correspondiente”. La “autocrítica” de la Armada fue, en realidad, un llamado a cerrar filas en defensa de la oficialidad, integrada en más de la mitad por quienes ordenaron y ejecutaron las torturas y la desaparición de militantes obreros y populares. Luego de dedicar un párrafo a los “métodos equivocados que permitieron horrores inaceptables”, saludó a “la mayoría de quienes, en medio del odio y de la violencia de la guerra que se vivía, cumplieron lealmente planes y órdenes creyendo en la causa justa por la que luchaban”. ¿Autocrítica? “los militares ... no hicimos otra cosa que combatir según las leyes de la guerra”. Naturalmente, “cuando terminó la lectura, los marinos cantaron a capella, ‘valiente muchachada de la Armada’” (La Nación, 4/5). Horas después, Molina Pico defendió el pedido de ascenso de los torturadores Pernías y Rolón, y a Astiz por tener “todas las condiciones morales para ser un oficial de la Armada” (Clarín, 5/5, Río Negro, 6/5). Para el jefe de la Fuerza Aérea hubo “errores de procedimientos y también horrores... de ambas partes”, es decir, una “guerra sucia” entre militares y guerrilleros, cuando la verdad es la que vuelve a surgir de los testimonios, un plan de exterminio de la militancia para aplastar las luchas populares que habían manifestado su potencialidad revolucionaria en las huelgas generales de junio y julio del 75. Este fué el propósito del golpe, alentado y organizado por la burguesía ante el colapso del gobierno de Isabel Perón. Dentro del propio Ejército, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Mario Cándido Díaz, un hombre que tuvo un papel protagónico en el encubrimiento del crimen del soldado Carrasco y en el impulso al “voluntariado militar” ante la crisis producida por este asesinato, no sólo cerró la supuesta puerta abierta por Balza a los denunciantes de los crímenes, llamó a callarse o atenerse a las consecuencias. “No es posible reconstruir ninguna lista (de desaparecidos) ... los arrepentidos son personas que no debieron haber hablado” (Río Negro,5/5). Menem-Bordón: defender al gendarme Aunque una encuesta precisó que “el 64 % quiere que se abra de par en par la puerta de la verdad sobre el pasado reciente” y que “cuanto más joven se es, más se pide explicaciones sobre los hechos y las responsabilidades” (Clarín, 7/5), el tema derechos humanos figuró sólo por obligación en las “agendas” de Bordón, Chacho Alvarez, Massaccesi o Solanas. Luego de respaldar políticamente a Balza, se llamaron a silencio. El gobierno, en cambio, luego de la salida de apuro de la jefatura de Ejército frente a las confesiones, fijó una política. Estuvo detrás del “arrepentimiento” de Firmenich: “la subsecretaria de Derechos Humanos, Alicia Pierini, confirmó... que habló con Mario Firmenich para convencerlo de realizar una autocrítica pública” (Clarín, 5/5) y, quizás, del testimonio amenazante del torturador y asesino “Turco Julián”: “si la cosa está planteada así, exactamente, yo lo volvería a hacer”. El mensaje fue: “si no frenamos las confesiones y nos ‘reconciliamos’, aquello puede volver”. El objetivo final de esta política es “cicatrizar” las diferencias entre torturadores y centroizquierdistas, una de las condiciones para formar un gobierno de unión nacional frente a la descomposición del “plan” Cavallo y sus consecuencias políticas. La “reconciliación” interesa y en grado superlativo a la Iglesia, comprometida con el genocidio a través del 90 % de sus jerarquías, y sumida en una profunda crisis frente a lo que era archisabido y ha vuelto a tomar estado público con las confesiones. Un sector de obispos ha salido a reclamar una depuración de los más implicados: “Jaime de Nevares y... su sucesor, Agustín Radrizzani, expresan su dolor y arrepentimiento por aquéllos de diferente jerarquía que participaron y legitimaron actos de violencia o represión” (La Nación, 8/5). Juicio y castigo a todos El gobierno ha tomado la iniciativa en forzar la “reconciliación”, pero la maniobra no podría haber prosperado un minuto sin la conducta infame del centroizquierda, desde Bordón a Solanas. El FREPASO se ha revelado como una agencia del departamento de estado yanqui y también del generalato apadrinado por éste. Recordar que fue Graciela Fernández Meijide la que llevó la voz cantante en el encubrimiento del alto mando ante el crimen de Carrasco, pidiendo el servicio militar optativo al presidente Menem para acallar la movilización contra la dictadura en los cuarteles. Recordar la reciente respuesta de Bordón a la pregunta de un periodista: “En caso de ser presidente, ¿enviaría el pliego de ascenso del capitán Astiz al Senado? Supongo que no lo envío, pero me voy a hacer asesorar...De todos modos es un derecho discrecional del Presidente...” (Página 12, 10/3). Para los altos mandos, un “mea culpa” institucional podría enterrar los reclamos por el juicio y castigo y blanquear a los torturadores que el Senado no puede ascender por la denuncia popular. Pero el proceso abierto por las declaraciones de Scilingo no es una operación concertada y ordenada, sino una manifestación de aguda crisis política. Las “revelaciones” han vuelto a sacar a luz el genocidio consumado por la dictadura e indultado por los sucesivos gobiernos de la “democracia”, y han impactado profundamente a la juventud. Nunca como ahora, en los últimos años, ha estallado la condena a los militares asesinos y al clero que “asistía” a los verdugos. La virtual suspensión del servicio militar optativo, la quiebra presupuestaria de las fuerzas armadas, el fracaso en ocultar los crímenes en los cuarteles, el vuelco del alto mando al tráfico internacional de armas, todo esto revela que la crisis militar ha entrado en una nueva etapa y es uno de los componentes de la descomposición política más general del gobierno. Que se abran los archivos militares y de la Iglesia. Acceso a los cuarteles. Listas sí, pero de los asesinos. Juicio y castigo a todos los culpables.

Comunicado de Prensa Neuquén, 13 de mayo de 1995 JUEVES 4 DE MAYO: La Asamblea General decide comenzar la toma de la Universidad Nacional del Comahue. VIERNES 5 DE MAYO: Continuación de la toma en forma activa y pacífica con la incorporación de la Facultad de Economía, Ingeniería y Turismo, quedando, de esta forma, tomadas todas las facultades del asentamiento Neuquén. SABADO 6 DE MAYO: Se cumple un año del juramento del rector Bohoslavsky. Este día asiste el juez Labate para constatar la denuncia hecha por el señor rector, en la cual se refería a la toma de la Universidad Nacional del Comahue como “... Usurpamiento del edificio público”. A raíz de esto, el juez labró un acta constatando el estado de la Universidad. También se llevaron a cabo actividades culturales, en las que participó el Coro de la Universidad y distintos grupos de rock, como medida de apoyo a la toma iniciada por los estudiantes. DOMINGO 7 DE MAYO: Se siguió con las actividades culturales. Movilización al centro de Neuquén (18 horas) con 500 personas. LUNES 8 DE MAYO: Se difundió la situación de la Universidad en los colegios secundarios, gremios, a los partidos políticos y a la comunidad en general, convocándolos a participar de una marcha a realizarse el día martes 9 de mayo, a la hora 18,00, en el acceso al puente carretero que une las ciudades de Neuquén y Cipolletti, partiendo previamente del monumento al General San Martín, ubicado en el centro de la ciudad de Neuquén. A la hora 07,00 se tomaron los asentamientos de Río Negro (facultades de Derecho y Ciencias Sociales y Facultad de Ciencias Agrarias). El gremio de los docentes (ADUNC) realizó una Asamblea General en la que decidió apoyar la medida llevada a cabo por los estudiantes, así como también el gremio de los no-docentes. El rector Bohoslavsky, junto con su comitiva, ocupó la sede de CALF (Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza) para desempeñar sus actividades. MARTES 9 DE MAYO La actividad central del día se llevó a cabo en horas de la tarde y fue una marcha que tuvo una adhesión “multitudinaria” (más de 2.000 personas), con el objetivo principal que es la defensa de la Educación Pública, gratuita e irrestricta. A esta marcha adhirieron partidos políticos, gremios, colegios secundarios.. Posteriormente a la marcha, se realizó un acto en el que tomaron la palabra un integrante del claustro docente, otro del claustro no-docente, un miembro de cada comisión de trabajo (seguridad, prensa y difusión, y organización política, que a su vez está dividida en comisión de comida, cultura y estudio de la Ley de Educación Superior)y el Presidente de la FUC (Federación Universitaria del Comahue). En esta marcha estuvieron presentes, también, distintos medios gráficos y de difusión radial, los que pudieron constatar la forma en que se llevó a cabo la marcha: activa y pacíficamente. Se juntaron las diez firmas necesarias para que el Consejo Superior sea convocado el día miércoles a partir de la hora 10,00. MIERCOLES 10 DE MAYO: Ante la negativa del rector de convocar al Consejo Superior (como expresa el estatuto), los Consejeros Superiores se reúnen en forma simbólica y se transmite por los medios de difusión un pedido expreso para que acate lo establecido estatutariamente (se sumaron a los consejeros superiores 3 decanos: Humanidades, Ciencias Agrarias y Ciencias de la Educación). Entre otras cosas, hoy, miércoles 10 de mayo, se ha agredido a un compañero que fue a filmar el acto que iba a realizar el señor rector Bohoslavsky con sus funcionarios. Todo esto en CALF. Se han iniciado acciones legales en cuanto a este tema, ya que el video muestra claramente a las personas agresoras. El secretario académico, Gustavo Crisafulli; el secretario general, el señor Marzolido, y el decano de la Facultad de Ingeniería, Tabarrozzi, se han ofrecido como interlocutores en la Asamblea de hoy a las 13 horas. La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales levanta la toma por presiones de parte de Franja Morada y JUP, que interfieren en la Asamblea. Hay novedades en el caso penal iniciado a Patricia Varela y Marcelo Márquez (Presidente de la FUC). Se han iniciado nuevas acciones legales contra la secretaria adjunta del gremio docente, Silvia Mansilla, y contra el secretario general Luis Tiscornia. JUEVES 11 DE MAYO: ¡¡Hoy cumplimos una semana!! Fue un día “tranqui”. Por la tarde se realizó una clase pública en el monumento al General San Martín. Asamblea General donde se resolvió, entre otras cosas, lo siguiente: Considerar personas NO-GRATAS a Gabriel Raffart, profesor ayudante de la cátedra de Historia Social Moderna y Contemporánea, de la Carrera de Servicio Social, por ser considerado un “aliado” del rector, y a la Sra. María Teresa Pauleti, por presionar con perder el año a los alumnos que están realizando las prácticas. Mandar a un compañero de cada comisión de trabajo, junto con la Junta Representativa, a la mesa negociadora con los funcionarios del rector. VIERNES 12 DE MAYO: Se reunió la Junta Representativa más los delegados de cada comisión de trabajo, con los miembros de cada comisión en la Biblioteca Central. Se esperaba esta reunión como una instancia de diálogo para tratar los puntos del petitorio, propuestos por la Asamblea. Se realizó una Asamblea en la que se votó por: REAFIRMAR LOS PUNTOS DEL PETITORIO Y RECHAZAR LA PROPUESTA DE LOS FUNCIONARIOS DEL RECTOR. CONVOCAR A UNA ASAMBLEA PARA LA HORA 14,00 DEL DIA SABADO 13. LLAMAR A UNA MOVILIZACION EN EL MONUMENTO A SAN MARTIN A PARTIR DE LAS 18 HORAS, EL DIA LUNES 15 DE MAYO. (Sábado 13/5, 22 horas, continúa la toma).

Las AFJP se han largado a una verdadera lucha publicitaria por mostrar cuál de ellas es la que viene obteniendo mayores rendimientos para sus afiliados. En varios avisos publicitarios, todas dicen tener el mayor valor-cuota, que es el índice que registra día a día la valorización o desvalorización de los fondos de los aportes de los afiliados. Según los diarios, a diez meses de iniciada la “jubilación privada”, el rendimiento promedio de los fondos de las AFJP sería del 10%. Sin embargo, un informe del Banco del Buen Ayre, que participa como socio de la AFJP Jacarandá, revela la enorme mentira que se esconde detrás del llamado valor-cuota, ya que en realidad “nuestras estimaciones, nos indican que las carteras han perdido —en promedio— un 14 %” (Reporte del Banco del Buen Ayre, mayo 1995). El informe toma el caso de una persona que aportó 400 pesos por mes entre julio de 1994 y abril de 1995. Incluido el medio aguinaldo de diciembre, aportó en total 4.200 pesos. “De los 4.200 de aporte, la AFJP retuvo 1.260 pesos en concepto de comisiones y seguro, e invirtió 2.960 pesos”. Como el precio de los títulos públicos y acciones en que invierten los aportes las AFJP cayó, el Banco del Buen Ayre, sobre la base del menú de inversiones autorizadas, estima que, en mayo, esos 2.960 pesos se redujeron a 2.534 pesos. Esto es, después de un año de aportes, su “capital” se descapitalizó en un 40 %. O dicho en otras palabras, le cobraron 1.260 pesos de comisión para hacerle perder otros 426 pesos. Pero en verdad, la pérdida sería mayor aún, porque si esos 4.200 pesos hubieran estado depositados en una caja de ahorro común, su valor habría subido alrededor de 150 pesos, totalizando 4.350 pesos y en la cuenta de la AFJP sólo tiene 2.534 pesos: una pérdida del 42%. Esto, sin embargo, no se refleja en el valor cuota ni en el resumen de cuenta de los afiliados, porque como lo denunció en su momento el PO, el Banco del Buen Ayre dice que “las AFJP emplean valuaciones técnicas para calcular el valor de una parte sustantiva de la cartera (en vez de emplear los valores de mercado) ...”. Esto es, valúan la mitad de los títulos públicos no a su cotización real, sino a la que teóricamente devengaría de acuerdo a los términos de su emisión. Justamente, porque las AFJP trampean el valor de los títulos o cédulas hipotecarias, los afiliados a una AFJP, aunque teóricamente serían los dueños de los fondos, no pueden saber, insiste el Reporte del Banco del Buen Ayre, “ni el valor nominal invertido en cada tipo de valor, ni el valor de mercado de cada uno de ellos, ni el número de cuotas partes en el que se divide el patrimonio. Si por casualidad, consigue alguno de esos datos, verificará que el valor de la cuota parte por el que convierten sus aportes mensuales es mayor que el valor de la cuota parte de la cartera tomada a valores de mercado”. La “jubilación privada” es así, dicho por los propios banqueros, un sistema confiscatorio, que oculta sus cifras para mejor engañar a los trabajadores. Por eso, el PO plantea derogar la “jubilación privada” y establecer un sistema previsional estatal único, con el 82% móvil, bajo administración y control de los trabajadores, sobre la base del aporte exclusivo de las patronales.

El periódico Hoy (19/4) critica al PO porque hemos denunciado que el Ptp ha realizado un frente con el ex menemista Pino Solanas —acusado por el propio Ptp hace poco tiempo atrás de haber abandonado “en toda la línea las posiciones antiimperialistas”—, el PC de Etchegaray —también acusado por el Ptp de ser los agentes del “social imperialismo soviético” y de no oponerse a las AFJPs por integrar sus dirigentes la dirección de las mismas— y el FDA del vice-rector de la UBA, Borón, aliado político del radicalismo y acusado —también por el propio Ptp no hace mucho— de ser el principal “teórico” del imperialismo socialdemocrático europeo; todos ellos comprometidos a apoyar, en la segunda vuelta, al Frepaso de Bordón y el Chacho Alvarez. Pero esta denuncia de la Alianza del Sur ya había sido hecha por el propio Ptp unos días antes de que se integrara a ella. Nosotros nos limitamos a cuestionar: “¿Solanas ya no tiene intención de votar por Bordón en la segunda vuelta? Sobre esto, el Ptp guarda ahora silencio” (PO, 4/4). El Ptp responde con una sarta de improperios, pero no nos contesta. Sólo afirma que el PO habla de la posición electoral del Ptp, pero no “respecto de la posición electoral del PCR” (19/4). ¿Es que el Pcr tiene otra posición electoral diferente a la del Ptp? Pero más allá de jugar con los sellos partidarios del maoísmo, el Ptp no dice una palabra sobre el voto a Bordón en la segunda vuelta. Es más, en los últimos días, Solanas, su candidato a presidente y máximo referente, ha declarado que apoyaría a la fuerza que se enfrentara a Menem en una segunda vuelta: es decir, no sólo a Bordón, sino eventualmente también al radical Massaccesi. Tampoco el Ptp nos dice por qué si antes criticaban a los dirigentes del PC, como Jacobo Lacks, de estar al frente de AFJPs como Previsol (7/7/94), ahora se callan la boca cuando éste encabeza la lista de diputados en Tucumán por parte de la Alianza Sur a la que se acaban de integrar. El Ptp responde que el PO no entiende que “vivimos en un país dependiente y atrasado del Tercer Mundo... (y que) apuntamos por igual a la Standard Oil que a una pequeña o mediana empresa. Más aún: como el pequeño patrón es siempre más egoísta y ruin (por su propia situación económica) que un patrón monopolista, ellos le dan con más saña al pequeño que al grande. Lógicamente, en política terminan golpeando a todo el mundo por igual...” (Hoy, 5/4). El Ptp sigue acusándonos a “los dirigentes del Partido Obrero porque para ellos el enemigo principal —en los hechos— son las PYMES y las cooperativas, dado que carecen de toda idea respecto del problema nacional y consideran que la lucha del proletariado en Jujuy es igual a la lucha del proletariado en California” (Hoy, 19/4). Pero el Ptp se pone a la rastra de esta “pequeña y mediana empresa” (de sus representantes políticos) y hasta asume su programa ¡¡“egoísta y ruin”!! No es casual que el método de análisis del Ptp lo haya llevado a apoyar a Isabelita-López Rega en 1975 y a Menem en 1989, a pesar de la política francamente antiobrera que éstos encarnaron. El Ptp sigue reivindicando el “frente antigolpista” con Isabelita durante las movilizaciones revolucionarias de 1975, que enfrentaron el “rodrigazo”, y el nuevo intento de Mondelli-Isabelita en 1976. Así, sin solución de continuidad, el frente con el “pequeño” explotador se transformó en un frente contrarrevolucionario contra la clase obrera y la huelga general. Pero aun dentro de esta concepción, el Ptp no ha formado ni siquiera un “frente”, pues la Alianza del Sur no realizó nada en común y no protagonizó ninguna movilización común, ni siquiera electoral, salvo servir de apoyatura electoral a un cineasta casquivano. Fue una cooperativa electoral, que ya ha desaparecido.

Si los bancos están en crisis, las compañías de seguro están en la lona. En los dos últimos años, las aseguradoras tuvieron pérdidas por 600 millones, equivalentes al 60% de su patrimonio neto, y “éste sería el quinto año consecutivo que el sector sufre pérdidas” (Revista América Económica, abril 1995). Pero, además, las compañías tienen 130.000 juicios por siniestros no pagados, por 2.000 millones, “el doble del patrimonio neto del sector” (Revista Estrategas, marzo-abril 1995 ). De ese total, 90.000 juicios son contra compañías privadas, de los cuales “las dos terceras partes corresponden a riesgos reasegurados en empresas privadas a partir de 1992 y el tercio remanente a siniestros que las compañías tendrán que afrontar en soledad”. Por eso, los dueños de las compañías fraguaron siniestros para que el INDER, el instituto estatal de reaseguros que está en liquidación, les pagara los correspondientes reaseguros. “Una investigación... demostró que de cerca de 160 expedientes analizados, sólo dos registran pagos en regla. Es decir, no hubo coima de por medio, ni el siniestro es ficticio. Los perjuicios solamente en estos 158 casos —una pequeña fracción del total— contra el Estado llegan a u$s 6 millones. Está comprobada la acción de compañías importantes, como el grupo Juncal, el holding que incluye al Banco del Lavoro y Unión de Comerciantes” (ídem). Por supuesto, nadie fue preso. El fraude mayor, sin embargo, lo armó el propio gobierno con la liquidación del INDER. Es que las compañías dicen que el INDER les debe entre 1.500 y 2.000 millones. En 5 años no pudo determinarse esa deuda, y sin embargo el gobierno la está pagando en efectivo, con fondos que recauda de un impuesto a las nuevas pólizas. Mientras a los jubilados el gobierno les pagaba con demora los fallos judiciales con bocones a 10 años, las compañías se llevaban por siniestros no comprobados un riguroso contado. Por eso, Menem, a instancias de las aseguradoras, vetó un artículo de la ley de “solidaridad previsional” que destinaba la mitad del impuesto a las pólizas a las Cajas oficiales de jubilación. Fue una “decisión de respetar las obligaciones emergentes de la deuda pública y dar seguridad jurídica a la economía” (Ambito, 19/4/94), exclamaron al unísono los coimeros y estafadores contra el INDER. El próximo fraude será contra los propios asegurados, porque “saldrá un decreto para que las compañías puedan pagar en cuotas las sentencias judiciales por daños a las personas, que representa el 75 % de la cartera total” (Estrategas, ídem). En este cuadro de bancarrota, fraude y estafa a los asegurados, las grandes compañías de seguros internacionales han decidido instalarse en el país para dedicarse al superrentable negocio de la “jubilación privada”, que les permite recaudar, compulsivamente, 600 millones por año (el 20% del aporte del trabajador). Metropolitan Life, Eagle Star, ITT Cenit, New York Life, Leucadia, Jackson, Principal, han venido a la Argentina “seguros” del colapso de las compañías locales y extranjeras con decenas de años en el país. Lo que las atrae no es el auge del mercado sino su inminente derrumbe, del cual esperan sacar una buena tajada. Para los trabajadores del seguro se abre un período de grandes luchas contra los despidos y los ataques a granel de las patronales, incluido el cierre de compañías.

Minga al Mingo, la deflación que pregona Cavallo está en el pueblo que la siente en sus bolsillos al no tener un peso; en la familia del trabajador argentino hay angustias y desesperación, inseguridad en su puesto de trabajo, producto de este ministro liquidador de empresas y fábricas, comercios que bajan sus cortinas por falta de ventas. Despidos de personal dejando a los trabajadores desamparados y sin cobertura social. ¿Dónde está el salariazo y la revolución productiva prometidos por el presidente? Sigue creciendo la desocupación; aumento de impuestos y servicios, y la recaudación fiscal baja en un 30%. El pueblo no aguanta más. Las economías regionales de las provincias están olvidadas y desprotegidas; los pueblos de Santiago del Estero, Tucumán, Jujuy, Rosario, la reciente cruel represión en Tierra del Fuego, donde el obrero sólo reclamaba sus derechos y el gobierno ordenó la represión contra los obreros indefensos. La militancia radical le recuerda a la dirigencia que la UCR es la causa de los desposeídos... Por ello repudiamos enérgicamente esta política de atropellos y hambre de este régimen autoritario y antiobrero que es lacayo del FMI.

Las imágenes que mostró la TV de las decenas de turistas argentinos varados en el Caribe, como consecuencia de la quiebra de la compañía de turismo que los había llevado hasta allí es otra expresión, directa y palpable, del derrumbe del “plan” Cavallo. La “bonanza” que los cavallistas proclamaban tenía tres patas: la venta de automotores, la venta de electrodomésticos y los viajes turísticos, en particular al exterior. La “fiesta” se terminó: esa clase media “dorada” ha sido alcanzada por el desempleo creciente, por la reducción salarial que imponen las grandes empresas a su personal jerárquico y, sobre todo, por la desaparición del crédito, como consecuencia de la crisis bancaria. Las fábricas automotrices han suspendido la producción; las armadurías fueguinas de electrodomésticos están despidiendo trabajadores en masa y, según los especialistas, ha pasado a “sobrar” la mitad de las 3.200 compañías de turismo... junto a sus miles de empleados, que irán a parar a la calle.

Comunicado de Prensa El PARTIDO OBRERO, Regional Moreno, repudia el carácter totalitario y fascista de las declaraciones del contador Asseff contra dos periodistas de medios zonales. Expresamos nuestra solidaridad a los trabajadores de prensa y llamamos a organizar un poderoso movimiento en defensa de la libertad de expresión y las libertades públicas, dirigido a plantear la destitución del “pollito” de Videla. El PARTIDO OBRERO repudia igualmente la agresión que “a balazo limpio” sufriera el sábado 22 de abril un local justicialista, de parte de una patota contratada por la “Unión Vecinal”, de cuño menemista y duhaldista, que dirige Asseff. El PARTIDO OBRERO llama la atención sobre el cinismo de las declaraciones del candidato a intendente municipal justicialista, Sr. Mariano West, llamando a un “mea culpa” a sus pares del radicalismo, el FREPASO y la Unión Vecinal, para “poner fin a esta metodología, que consiste en contratar a estas bandas” que, como Mariano West afirmó, “TODOS —por los partidos mencionados—, en algún momento, los hemos contratado”. El PARTIDO OBRERO llama a sacar todas las conclusiones a la ciudadanía acerca del carácter de estas organizaciones supuestamente “mayoritarias”, que recurren a estas “bandas” para desenvolver su actividad política, cuya finalidad no puede sino estar en correspondencia con esos métodos patoteriles y antidemocráticos. El candidato Mariano West es el último “arrepentido” de la larga lista que puebla estos días la hipocresía nacional. Alerta trabajadores, el futuro verdugo del pueblo morenense no es ni más ni menos que Mariano West, ¡el hombre del partido que gobierna para los burgueses y ricachones que hunden al país y que cegó la vida del trabajador salteño-fueguino Víctor Choque!

La huelga por tiempo indeterminado de los mineros de Río Turbio ha entrado en su segunda semana, en rechazo a la violación del convenio colectivo de trabajo por parte de la patronal. En el acta-acuerdo que dio fin a la ocupación de la mina hace tres meses, la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) dejó sentada su pretensión de “renegociar” el convenio laboral. Desde febrero ha tomado a una subcontratista para realizar el laboreo minero con personal que trabaja por convenio de UOCRA, sin estabilidad, sin preparación adecuada, sin normas de seguridad y con salarios de hambre. En los talleres centrales de mantenimiento se presiona a los trabajadores para que renuncien y no se les da tareas, mientras el área está siendo desmantelada. Incluso el aumento salarial logrado con la ocupación se paga en rubro aparte, pues no ha sido incorporado al básico. La patronal otorgó la mayoría de las vacaciones en el mes de marzo, lo que suscitó una gran bronca, incluso entre los contratados, muchos de los cuales renunciaron al cobrar su primer sueldo. El paro del CTA-MTA, del 21 de abril pasado, fue masivo, se realizaron asambleas conjuntas y los contratados elevaron un petitorio reclamando su efectivización y equiparación con el resto de los trabajadores. En este momento, la empresa lanza la provocación que desencadena el conflicto: se niega a proveer el carbón de uso domiciliario con que se calefaccionan todavía muchas familias. Se vota entonces un petitorio de tres puntos: provisión de carbón, pago de adicional por interior de mina a los accidentados y respeto irrestricto al convenio laboral de ATE. La patronal había presentado su proyecto de convenio laboral, que impone la flexibilización total y barre con las conquistas del viejo convenio. Cuando la patronal interrumpe las negociaciones, una asamblea, el 2 de mayo, resuelve iniciar paros de cuatro horas por turno, que son acatados por efectivos y contratados. Fracasa una nueva negociación y el paro se extiende a seis horas. La patronal ofrece entonces negociar (se interrumpen los paros), soluciona la provisión de carbón y ofrece pagar el adicional de interior de mina, pero se niega a firmar el convenio del 75. Se reanudan los paros y se organiza una marcha hasta Río Turbio. El jueves 11 otra movilización de los dos turnos llega hasta la Intendencia, allí hablan los dirigentes y se recibe la solidaridad de la población. Al día siguiente, los mineros se enteran del despido de cuatro compañeros del Ferro, cunde la indignación y se marcha hasta la Administración, arrancándose el reingreso de los trabajadores. El domingo 14 gana la Intendencia, por escaso margen, el PJ, y cómodos Menem y Kirchner. El lunes continúa el paro y se conoce una oferta de la empresa que aceptaría la vigencia del convenio. La asamblea decidió continuar con el paro hasta que se ratifique esa posición oficialmente en el Ministerio de Trabajo. Al momento de escribir estas líneas, está prevista una marcha a 28 de Noviembre . Si no hay arreglo, la mina se vuelve a ocupar. Es urgente organizar la solidaridad y la difusión de esta lucha decisiva en toda la provincia de Santa Cruz. En esa tarea está empeñada el FUT.

Al Pts no se le ha ocurrido otra cosa cosa, para distraer a sus militantes de su política carnera en el conflicto de Página 12, que denunciar a Altamira por una supuesta propuesta de Altamira de introducir el control obrero de la producción por la vía de una reforma constitucional, según lo habría planteado en un reportaje a Clarín. No se les ocurrió verificar la veracidad de la información del diario patronal. Con este mismo criterio, hubieran podido recurrir a la revista Gente, que en 1984 publicó que Altamira “admiraba” al imperialismo norteamericano. Pero lo curioso no es la “precipitación” del Pts, sino el hecho de que la posición que denuncia es la de esta organización, no del PO. Fueron el Mas, el Mst y el Pts quienes plantearon la convocatoria a una Asamblea Constituyente, el 10 de abril pasado, para introducir el socialismo constitucionalmente. El PO atacó y derrotó esta posición política. Sólo a un imbécil se le ocurre decir lo contrario. Pero a la imbecilidad aún no le han encontrado remedio. Para el PO, la convocatoria a una Asamblea Constituyente revolucionaria está condicionada a la toma del poder por los trabajadores, y entonces se planteará, entre otras cosas, el control obrero de la producción. El Pts tiene a Prensa Obrera y a la plataforma del Comando de Izquierda para documentarse, pero prefiere a Clarín. Los procedimientos polémicos de los rompehuelgas de Página 12 confirman otra vez más que estamos ante un grupo de provocadores. El Pts también nos acusa de plantear una Federación de Naciones latinoamericanas, sin plantear “de qué signo” ésta sería. “Altamira —dice el Pts— no aclara que sea una federación de repúblicas obreras y socialistas; ¿quiere decir entonces una unidad capitalista... al estilo del Mercosur con “justicia social?”. Siempre citando a Clarín. ¡Pero podrían citar a La Nación (11/5)!, donde se plantea “Por la unidad política de los pueblos de América Latina, en contraposición a la actual cartelización entre los monopolios que operan en el continente”, o a Télam, la agencia oficial de noticias, donde, ante la pregunta: “¿Cuál es su propuesta de futuro?”, contestamos: “La unidad política de América Latina, sólo posible por medio de gobiernos obreros y campesinos”. El único planteo burgués es el del morenismo, Pts incluido, que habla de “una segunda independencia”, es decir, mantener la división continental creada por la primera. El Pts pone al desnudo todo lo que la medicina aún tiene que recorrer: descubrir el remedio a la imbecilidad.

El paro del 21 de abril, por sí sólo, sirve para caracterizar a la conducción de ATE Provincia y en general al degennarismo. La “militancia” de los dirigentes por el paro fue exclusivamente radial y televisiva, no hubo una sola asamblea en hospitales o reparticiones públicas, no hablemos de piquetes. El paro pasó casi inadvertido en la mayoría de los lugares de trabajo y sólo en los Astilleros Río Santiago, donde pesó la tradición y el empeño de un sector del activismo, la huelga fue masiva. El violento contraste entre la simpatía que despertó el paro y su escaso cumplimiento sólo se explica por el derrotismo y falta de convicción de los dirigentes, que no pusieron el menor empeño en impulsar una jornada de lucha que enturbiara la “paz social” con el gobierno duhaldista (el paro en UTA fue débil). La conducta del CTA-MTA está en absoluta sintonía con la política del Frepaso en la provincia, que no le presenta batalla a Duhalde, especulando con el corte de boletas. El degennarismo hundió a ATE El sometimiento de la dirección de ATE al bordonismo es un paso más en el vaciamiento colosal del gremio. En pocos gremios dominados por la burocracia “tradicional”, la fragmentación de los trabajadores ha llegado a tal punto. ATE resignó siempre la lucha por un convenio único, que hoy en los hechos no existe. Cada repartición, ministerio u hospital tiene su propio régimen salarial diferenciado del resto, según sean los agregados al básico. No hay salario común ni respeto a las seis horas por insalubridad (hospitales), ni freno a la flexibilización laboral (que el gobierno introdujo con la firma de ATE en el ARS). ATE no llega a ser un sindicato, y la propia paritaria, consagrada por una ley que la dirección degennarista y el Frente Grande consideraron como una conquista “histórica”, es trucha, porque sujeta el salario y las condiciones de trabajo a “lo normado por la ley de presupuesto”. Construir la oposición en ATE Provincia El 6 de junio se realizarán las elecciones en ATE. En la provincia de Buenos Aires se presenta la Violeta-Naranja Agrupación Opositora, un gran paso en el reagrupamiento del activismo combativo y la única alternativa para organizar al gremio. Se presenta también la lista Blanca, que reclama para sí ser la “elegida” de Duhalde y que ha sido hasta hace muy poco aliada de la Verde degennarista. Todavía van juntas en algunas seccionales (Ensenada), juntas manipularon los congresos provinciales para tapar las denuncias sobre malversación de fondos y juntas se opusieron a un plan de lucha general de la provincia. Unos y otros han firmado un pacto de no agresión, como lo confirma la borratina de la Blanca de la asamblea de La Plata, que consideró la Memoria y Balance presentada por la conducción oficialista. El esfuerzo por constituir la Violeta-Naranja se hizo en oposición a corrientes como el Ptp, que no quisieron presentar batalla a la conducción degennarista, lo que no debe llamar la atención porque unos y otros forman parte del bloque bordonista al que adscribió sin tapujos el “Perro” Santillán en el acto de la CGT San Lorenzo. La lista antiburocrática ha sacado un manifiesto de presentación al gremio: “¡¡Paso a los que luchan!!” y definió como consigna central de su campaña la lucha por paritarias libres, para arrancar un básico común, barrer con el presentismo y la flexibilización laboral y defender la salud pública contra la privatización abierta o encubierta. La Violeta-Naranja llama a constituir comisiones para recuperar a ATE en todos los lugares de trabajo.

Después de dos meses de heroica y porfiada huelga general indefinida, los maestros bolivianos han debido volver derrotados a las aulas. La huelga fue levantada sin haber obtenido la derogación de la ley de Reforma Educativa y sin haber logrado, tampoco, la liberación de los dirigentes del magisterio de La Paz, encarcelados y enjuiciados hace ya más de un mes. Quien ha logrado doblegar a los docentes no ha sido, sin embargo, el gobierno, quien apeló a la represión indiscriminada de las manifestaciones y al Estado de Sitio, allanamiento de los locales sindicales y a la detención, juzgamiento y deportación de sus dirigentes. La burocracia sindical de la COB se empeñó a fondo en la derrota de la huelga docente, siguiendo al pie de la letra el libreto trazado por la curia católica. Según han revelado los propios dirigentes de la COB (Presencia, 3/5), la Iglesia les presentó “un ultimátum” para que levantaran la huelga general y se comprometieran a imponerles a los docentes el retorno a clase. La burocracia debía comprometerse además, a no lanzar nuevas medidas de presión —y a no permitir que lo hicieran sus sindicatos de base. Sobre la base de la aceptación total y completa de este “compromiso” (que ni siquiera obliga al gobierno a levantar el estado de Sitio) –y de un compromiso adicional de “respeto al Estado de Sitio” (Presencia, 4/5)– fue liberado el principal dirigente de la COB, Oscar Salas. Este burócrata no tuvo empacho en reconocer (Presencia, 4/5) que “la mediación de la Iglesia (es decir, el ultimátum que la Curia lanzó a la COB) salvó al movimiento obrero” (es decir, a la propia burocracia) ... La resistencia de la base docente a la traición de la burocracia cobista ha sido enorme. Apenas conocida el “acta de entendimiento” firmada por la COB y el gobierno a instancias de la Iglesia, una masiva asamblea general del magisterio urbano de La Paz votó mantener la huelga general indefinida y reclamar un Congreso extraordinario de la COB y la expulsión de los dirigentes que firmaron el acuerdo con el gobierno. Votó también el levantamiento del Estado de Sitio, la libertad de todos los presos y la devolución de los descuentos salariales por los días de huelga. Los maestros rurales de La Paz y los maestros de Cochabamba también votaron mantener la huelga y denunciaron la traición de la COB. Los de Oruro condicionaron su retorno a clases a la liberación de todos los maestros detenidos. Pero apenas un día después, una nueva asamblea de los docentes paceños acordó que “ante la traición de los dirigentes de la COB, que debilitó al movimiento obrero, nos vemos en la necesidad de suspender la huelga general indefinida” (Presencia, 4/5). Unos días más tarde, el mismo diario católico Presencia (12/5) informaba que “hay luz verde para la Reforma Educativa”. Ahora, terminada la huelga, el gobierno, la burocracia y la Iglesia se lanzan a descabezar a las direcciones sindicales más combativas. La policía allanó el local donde dos dirigentes de los maestros de La Paz habían iniciado una huelga de hambre en reclamo de la libertad de tres dirigentes del sindicato (entre ellos Vilma Plata, del POR) que han sido detenidos y sometidos a juicio y que el gobierno se niega a liberar con la excusa de que están “bajo jurisdicción judicial”. El argumento que utilizó el gobierno para detener a los huelguistas de hambre es que “violaron el acuerdo COB-gobierno” (que impide la realización de nuevas medidas de presión). La traición se ha convertido en ley. Sigue planteada la lucha por la reincorporación de todos los militantes y dirigentes sindicales despedidos por el gobierno (la inmensa mayoría de ellos, opuestos a la burocracia sindical), por la inmediata libertad de todos los docentes y trabajadores presos y por la derogación del Estado de Sitio.

Para las elecciones del 23 de mayo en el gremio docente de Santa Fe —AMSAFE— se presentan cinco listas: dos corresponden al actual oficialismo (“Educación Popular”, UCR), una al marysanchismo (que es conducción en la seccional Rosario), otra al “Frente para Recuperar AMSAFE-Tribuna Docente”, que reúne al activismo y a los protagonistas de los movimientos de lucha. La quinta lista es trucha, pues fue armada por el Ptp a último momento, luego de buscar infructuosamente un frente con el marysanchismo, y tiene la finalidad de dividir los votos de la izquierda. La conducción provincial de AMSAFE ha dejado pasar todos los ataques gubernamentales y ha firmado —junto a la intergremial estatal— la entrega de las conquistas jubilatorias, a cambio de una suma fija de $ 100 por única vez, que encima no fue pagada nunca. Esta conducta acentuó el retroceso de la burocracia, que se expresó en su derrota en Rosario en sucesivas elecciones, abrió una crisis en sus filas y llevó al “pase al costado” de Ediberto Sánchez (secretario general de AMSAFE). Este abandonó la militancia gremial y se integró en la lista de diputados provinciales de Usandizaga (UCR). El marysanchismo y el bordonismo santafesino disputan la conducción provincial como un objetivo estratégico y el aparato del PJ alineado con Bordón ha comenzado a moverse en favor de la lista. Tribuna Docente, en noviembre 94, intervino en las elecciones de miembros del Tribunal de Clasificación, enfrentando a estos mismos bloques. Hizo una excelente elección (primera en San Lorenzo, segunda en Rosario). Esa intervención ha permitido conformar ahora, con compañeros independientes, las listas del “Frente para recuperar AMSAFE-Tribuna Docente” en la provincia, San Lorenzo y Rosario. Encabezan la lista provincial Muni Finkelstein y “Chunga“ Viale; la de Rosario, María Elena Molina; la de San Lorenzo, Miguel Martorell; todos, activistas reconocidos y probados en AMSAFE. El Frente tiene el apoyo de la Corriente de Trabajadores de la Educación, la agrupación del PC en el gremio, que en Rosario agrupa a compañeros independientes y en crisis con la orientación oficial (en las elecciones a Tribunales de Clasificación apoyó la lista de Tribuna).En Rosario, además de los bloques que se presentan en la provincia, se presenta una lista auspiciada por el Mas, que agrupa a elementos desmoralizados, cuya única perspectiva es una hipotética escisión de la seccional Rosario. El Frente planteará la defensa intransigente de cada puesto de trabajo y cada hora de cátedra, del régimen jubilatorio y del básico, y unirá esta lucha a la organización de los docentes para recuperar AMSAFE. Opondrá la soberanía de las asambleas generales al estatuto trucho del gremio. Llamará a expulsar a los que hundieron a AMSAFE y a cerrar el paso a los liquidadores de CTERA.

Heroísmo de las bases e incapacidad de los dirigentes La valerosa lucha de los maestros, la prolongada huelga general indefinida, las múltiples manifestaciones y bloqueos callejeros, los heroicos combates —con piedras, palos y warak’as— del magisterio rural, las decenas de heridos y presos, los cientos de confinados, todo ha sido vilmente traicionado por los dirigentes de la COB. No podía ser de otra manera, esos dirigentes responden a partidos oficialistas como el MBL y pro-oficialistas como CONDEPA y ASD. Ni siquiera hay sueldos La traición es tan grave que ni siquiera garantiza el pago por los días no trabajados, o sea que casi no existe sueldo de marzo y abril para los maestros. Tampoco se garantiza la libertad de los dirigentes Raúl Nina, E. Aliaga, G. Soruco, V. Plata, J. L. Alvarez, Evo Morales y otros. Esta vergonzosa traición de los dirigentes debe ser castigada por las bases. Lo más grave es que abandonaron la lucha por los objetivos del salario mínimo vital y por la anulación de la reforma educativa y todas las leyes antinacionales del neoliberalismo, así como el aplastamiento de la política global de la dictadura gonista. Ante la traición de los dirigentes de la COB y las confederaciones, las federaciones de urbanos y rurales están obligadas a tomar medidas que impidan el azote a las bases que han salido al combate. Preparar las futuras batallas El heroísmo de las bases en lucha mostró que es indispensable barrer a la burocracia sindical que no sólo traicionó en el levantamiento de la huelga, sino que desde el principio boicoteó la unificación de los diversos sectores, impidió que se potencie y se radicalice aún más la lucha, en fin, se ha convertido en el peor obstáculo que tienen que vencer los trabajadores. Esa labor nos plantea, al mismo tiempo, la lucha por rectificar el proceso degenerativo del partido revolucionario (POR), que le impidió trabajar en el seno de las bases cocaleras y de otros sectores, para iniciar el combate con un pacto magisterio-cocaleros y otros sectores, para encaminarse seriamente a aplastar al bloque del neoliberalismo, la clase dominante y el imperialismo. Esa unidad hubiera planteado la necesidad de estructurar el frente único antiimperialista en plena batalla, hecho que habría potenciado la lucha. ¡Abajo la dictadura policíaco-militar asesina, odiada por la gran mayoría de los bolivianos! ¡Abajo las leyes malditas, antinacionales: la reforma educativa, la ley 1008, la capitalización y participación popular! ¡No a la entrega de las empresas estatales a los pulpos transnacionales que saquearán los recursos naturales y nuestra economía! ¡Por el salario mínimo vital de 1870 Bs con escala móvil! ¡Por el libre cultivo, comercialización e industrialización de la coca! ¡Desconocimiento de la deuda externa y nacionalización de la gran banca! ¡No a la doble y triple tributación para los gremialistas! ¡Que los ricos paguen los impuestos! Nuestro objetivo: Establecer el gobierno obrero-campesino, que es el gobierno revolucionario de los explotados bolivianos, dirigido por el proletariado (dictadura del proletariado).

El viernes 5, los trabajadores de Buxton (autopartista) resolvieron ocupar el establecimiento. Se les adeudan tres quincenas y el aguinaldo; ahora se los suspende por 15 días sin un peso. A esta degradación no se llegó en un día. Es difícil saber cuándo comenzó la operación contable para el vaciamiento financiero de la empresa. Hay que tener en cuenta que participan expertos en la materia: Osvaldo Recalde liquidó el diario “La Razón” y hoy es directivo de Buxton, como Arana, que ya tiene en su haber la desaparición del Banco de Intercambio Regional (BIR). Está claro que cuando el año pasado se incendiaron las oficinas y se quemaron todos los libros contables, el proceso de quiebra fraudulenta se desarrollaba a plena marcha. Pero la UOM no se dio cuenta. Tampoco se dio cuenta la Comisión Directiva cuando se comenzaron a pagar quincenas y premios en forma desdoblada y semanal. Hubo asambleas y propuestas de lucha pero la burocracia estaba a favor de legalizar esta forma de pago a través de un acuerdo en la Subsecretaría. Después vino el no pago del aguinaldo y la quincena en tres cuotas. Llegó a haber movilizaciones internas al margen de los delegados, pero la Comisión Interna decía que trababan las negociaciones. Cuando los atrasos en los pagos sumaban ya tres quincenas, el aviso de suspensiones colmó la paciencia y se resolvió la ocupación. A pesar del desprestigio ganado por su parálisis propatronal, la burocracia pudo maniobrar y quedar al frente del conflicto, en una situación extremadamente contradictoria. De un lado, los obreros (y aun supervisores) muestran una gran vitalidad organizando piquetes para recolectar dinero en la ruta, impusieron una combativa manifestación por el centro de San Martín hasta la Subsecretaría y cumplen las guardias con extrema disciplina. “Esto lo teníamos que haber hecho hace cinco meses”, comentaba uno de los ocupantes. Por otro lado, los delegados y CD han montado un cerrado cordón de seguridad contra cualquier expresión de solidaridad que provenga de otras fábricas de la zona, aun metalúrgicas. Se acercaron las comisiones internas del Inti, de Robert Bosch (ex Argelite) y estudiantes de enfermería del Hospital Eva Perón. También una delegación del PO. Siemmens, a su turno, a través de su CI, ofreció hacer una colecta en puerta de fábrica. Negativa total. La burocracia de San Martín de la UOM ya carga con la derrota de Zanella. Ha permitido que veintiocho (!!) fábricas despidan o suspendan. Con esta política y esta dirección, Buxton no tiene ninguna posibilidad de victoria. Hay que imponer un Comité de Lucha, elegido en asamblea, con los mejores activistas de estos ya diez días de ocupación. Exijamos desde todas las fábricas que se articulen las luchas para defender todos los puestos de trabajo. Impongamos un Congreso de Delegados para dar batalla por las 6 horas de trabajo, con 1.000 pesos de mínimo. Esta es la única forma de que haya trabajo para todos. Todos unidos en la defensa de las 6 horas y de la ocupación de Buxton. Ocupemos toda fábrica que cierre o despida. Que se la expropie y funcione bajo control obrero.

Más de doscientas personas se reunieron en un combativo acto en solidaridad con el pueblo boliviano, en el Anfiteatro de Historia de la Universidad de San Pablo. El acto, convocado por los sindicatos universitarios y por los centros estudiantiles, fue presidido por el compañero Osvaldo Coggiola. Fue precedido por una intensa movilización de los estudiantes bolivianos residentes en San Pablo, que llegaron a panfletear a la hinchada del Bolívar, que ese mismo día (3 de mayo) disputaba con el campeón brasileño, Palmeiras, un partido por la Copa Libertadores. En el acto hicieron uso de la palabra los propios compañeros bolivianos, quienes informaron a los brasileños sobre las raíces históricas y de clase de la violencia gubernamental contra el movimiento de los trabajadores en ese país. Fue exaltada la importante movilización de maestros, profesores y campesinos, y criticada la decisión de la dirección de la COB de levantar la huelga general y negociar con los agentes del imperialismo en el gobierno los objetivos del movimiento huelguístico, así como la complicidad de la “democracia” boliviana con la implantación del Estado de Sitio. Osvaldo Coggiola realizó un balance histórico de la lucha por la independencia de clase y la revolución proletaria en Bolivia. Fue formado un Comité de la Universidad de San Pablo contra la Represión Política en Bolivia.

El 28 de abril se realizó una asamblea “informativa” en la fábrica Laci, de Pompeya; esta asamblea tomó de “sorpresa” a los delegados antiburocráticos y a los activistas, lo que fue aprovechado por el delegado de la burocracia, que ante las posiciones de tomar medidas contra los despidos y que no se podía esperar a mayo porque la patronal no iba a esperar, afirmó que no se podía hacer nada hasta después de las elecciones; además, para cortar el debate, se las rebuscó para “pudrir” la asamblea con provocaciones y difamaciones contra el activismo, hasta lograr la dispersión de la misma. Además, la línea burocrática era que es mejor dejar pasar algunos despidos antes de que cierren la fábrica y quedar sin ningún puesto de trabajo, metiendo el miedo y la desmoralización. Después de este trabajo sucio de desmoralización y desorganización que no pudo ser contrarrestado, la patronal aprovechó el momento y despidió a 8 contratados, rescindiéndoles el contrato, y a 12 efectivos (entre los que se encuentran los compañeros que enfrentaron las posiciones de la burocracia, por lo cual muchos sospechan que fueron señalados por el delegado de la burocracia). La patronal argumenta la caída de la producción y ni se molestó en seguir un solo paso legal para estos casos (comunicar al ministerio antes de tomar medidas), lo cual la pone como violadora de la ley. Lo que tampoco dicen es que en el último período se pasaron de 6.000 metros de placas a 9.000 metros con el mismo salario. En la última reunión de los delegados con la empresa, ésta tuvo una actitud provocativa y les dijo que iba a pagar las indemnizaciones en cómodas cuotas y entre el 50 y 70%. Esto es sólo parte del ataque, ya que se corre la bola de que se organizaría un solo turno, por lo tanto habría más despidos y mayor explotación para los que queden adentro, convirtiendo la fábrica en un infierno. Todavía no está dicha la última palabra. Los compañeros realizaron una asamblea a la salida de la fábrica junto con los despedidos y sin la presencia del burócrata sindical, que decidió disminuir la producción “por falta de personal” y exigirle al sindicato que baje a la planta para la realización de una asamblea, ya que muchos compañeros quieren tomar medidas pero con la presencia del sindicato. Los delegados y activistas son concientes de que es muy difícil que los compañeros sean reincorporados sin medidas de lucha, el único modo por el cual van a poder pararle la mano a esta patronal negrera. Que la crisis la paguen ellos con las superganancias que hicieron en este último período, por la reincorporación de los compañeros.

Brasil vive una virtual huelga general de trabajadores estatales: los petroleros y los ferroviarios; los trabajadores de la previsión social de cinco estados; los trabajadores de la salud pública, los docentes y funcionarios universitarios, los docentes secundarios y primarios, los telefónicos y los trabajadores de la generación eléctrica de varios estados y otros trabajadores de numerosos servicios públicos federales, estaduales y municipales de todo el país. Están anunciadas nuevas huelgas para los próximos días, lo que llevaría el número de huelguistas al medio millón. Aunque los huelguistas levantan reivindicaciones salariales, el verdadero motor de la huelga es, sin embargo, la cerrada oposición del movimiento obrero a la reforma constitucional impulsada por el gobierno de Fernando Cardoso que privatiza el petróleo y las telecomunicaciones, y a la “reforma previsional”, es decir, a la “jubilación privada”. La “reforma previsional” plantea elevar la edad jubilatoria en 5 años para los hombres y en 10 para las mujeres (es decir, a 65 años, en un país donde el 50% de los trabajadores que ganan el salario mínimo no llega hasta esa edad y cuando la “expectativa de vida” de los trabajadores rurales es de apenas 47 años– Folha de Sao Paulo, 23/3); la eliminación del aguinaldo y de la correlatividad que gozan los jubilados respecto de los beneficios y aumentos de los trabajadores en actividad; la prohibición de que los jubilados trabajen y hasta puedan aspirar a cargos públicos remunerados (¡un jubilado no podría, por ejemplo, candidatearse como diputado!). El movimiento obrero se ha levantado contra esta barbarie cuyo único objetivo es la destrucción del actual sistema previsional, para “crear” el negociado de la jubilación privada. Un sector del PT, encabezado por su líder parlamentario Eduardo Jorge, apoya esta masacre social. El gobierno se propone derogar el derecho constitucional a la licencia por maternidad (de cuatro meses) que gozan actualmente las mujeres trabajadoras. La huelga petrolera ha paralizado el refinamiento de crudo, pues sólo una de las diez refinerías brasileñas está en funcionamiento. La “justicia” del trabajo ha declarado ilegal la huelga (a pesar de que los petroleros reivindican el cumplimiento de un acuerdo laboral firmado en diciembre de 1994 en presencia del propio presidente de la nación e incumplido por la empresa); la patronal de Petrobras despidió a más de 70 compañeros y el gobierno anunció el “alistamiento” de varias unidades militares especiales para intervenir contra los huelguistas (Clarín, 14/5). Nada de esto, sin embargo, doblegó a los petroleros, quienes comenzaron a firmar “renuncias colectivas” para expresar su solidaridad con los despedidos y anunciaron la continuidad de la huelga y manifestaciones callejeras para los próximos días. La lucha obrera ha desatado una crisis política en el gobierno y también en el PT, una parte del cual votó en el parlamento la privatización de las telecomunicaciones y la “reforma previsional”.

Los centroizquierdistas no han dejado pasar ocasión, luego de las elecciones, para difundir a los cuatro vientos la “depresión” que le han causado las elecciones. Pero para averiguar qué los diferencia del menemismo, es suficiente echar una mirada al conflicto de Página 12, provocado por el despido de 70 compañeros, a los que se les ha ofrecido pagar la indemnización en cuotas. La patronal “progresista” del diario encontró un aliado natural en la burocracia, no menos “progresista”, de la UTPBA, la cual acepta los despidos y la modalidad del pago de las indemnizaciones. Dado el completo estancamiento de la negociación de partes, encuadrada en una “conciliación voluntaria” deseada por la UTPBA, la burocracia de ésta pretendió disimular su fracaso con una huelga ineficaz que sirviera para probar que la lucha había sido derrotada. Ante la evidencia de la maniobra, los activistas establecieron, el viernes previo a las elecciones, un cordón de piquetes para tornar efectivo el paro. Como consecuencia de esto la patronal debió recurrir a una edición de emergencia, con la colaboración de sus redactores bordonistas, realizada en otra imprenta. Ante el éxito de los huelguistas, la burocracia de la UTPBA decidió que era la hora de apelar a los métodos de Lorenzo Miguel, sin disfraces, por lo que dispuso por sí, en nombre de una Comisión Ampliada, el levantamiento de la huelga. Los “demócratas” simplemente se “olvidaron” de llamar a una asamblea. Incluso amenazaron con reclamar la intervención del ministerio de Trabajo, algo que evitaron hasta ahora para probar las ventajas de los métodos centroizquierdistas para romper las huelgas. Es necesario rechazar este chantaje y oponer a la regimentación del Estado o de la burocracia que se respalda en él, la convocatoria y soberanía de las asambleas sindicales.

Entusiasmado, según la prensa, Lula se refirió a la campaña que acaba de lanzar el Pt brasileño. ¿Una campaña contra los salarios de miseria? No. ¿Contra los despidos? No. ¿Contra la flexibilización laboral? No. ¿Contra la destrucción de la salud y la educación públicas? No y otra vez no. La campaña que acaba de lanzar el Partido dos Trabalhadores es para vender 100.000 tarjetas de crédito en este año. Sí, compañero, leyó bien, vender tarjetas de crédito. Claro que no se trata de una tarjeta vulgar, sino de la “PT-card”, que el partido de Lula ha lanzado en asociación con el Bradesco —el mayor banco privado del Brasil— y el pulpo multinacional Visa, el mayor operador mundial de tarjetas de crédito. La burocracia “lulista” ha convertido al PT en una “marca”, y por lo tanto, al burócrata en un patrón y al militante en un consumidor (cuando compra) y en un explotado (cuando “coloca” la tarjeta). Lula no ha vacilado en declarar que “el lanzamiento de la tarjeta de crédito es apenas el inicio de una campaña de marketing del partido que debe extenderse a la explotación comercial de la marca PT” (Gazeta Financiera, 11/3). Los “propietarios” de la “marca” son, naturalmente, los burócratas del partido, que han entrado al “big business” como los “dueños” y explotadores de un mercado cautivo de 120.000 militantes, 720.000 afiliados y varios millones de votantes y simpatizantes. Y, naturalmente, porque se trata de un mercado cautivo, la tarjeta de crédito de la burocracia petista es la más cara del Brasil (un 15% por encima de las restantes), un precio que los militantes deberán pagar porque “desde la aparición del PT-card, el petista que se precie va a tener que ir con la tarjeta de crédito en su bolsillo” (ídem). La “estrella del PT” —el símbolo del partido— también vende automóviles. El pulpo Mitsubishi acaba de lanzar en Brasil un auto clásico y lujoso, el Lancer. La publicidad que lo promociona “muestra a un joven ejecutivo, distendido, que avanza hasta el vidrio del auto y le pone un adhesivo... del PT. Una voz ‘en off’ simplemente comenta: ‘compre un compañero’”. La dirección del PT “explica” esta “modernización” como una forma de financiar su actividad política. “Ganaremos dinero como capitalistas para gastarlo como socialistas”, dice Lula... Pero la ocurrencia denuncia a su autor, y no precisamente por su sentido del humor, ya que “gastar” dinero no es un objetivo socialista, sino capitalista, aunque lo hagan los “socialistas”.

El viernes 13 se realizó un acto en el CTA, en el que participaron delegados y activistas telefónicos, organismos de derechos humanos y distintas expresiones políticas. Este acto fue convocado como una respuesta al ataque que sufrió la esposa de Horacio Vigo, delegado general del edificio Conesa. Este suceso acaeció el 9 de mayo pasado, en que un grupo armado ingresó en su casa, destrozando documentación y profiriendo amenazas. Horacio Vigo y el resto de la comisión interna del edificio Conesa no son reconocidos por el sindicato y la empresa como representantes del edificio, a pesar de que fueron votados por más del 90% de los trabajadores, todo ello por el “delito” de ser opositores a la actual dirección guillanista. Es en esta dinámica en que se inscriben los hechos y, por lo tanto, la autoría moral de los mismos. Lo sucedido indica la necesidad de redoblar los esfuerzos para fortalecer al Plenario de Trabajadores Telefónicos (organismo unitario de la oposición antiburocrática a la actual conducción), para terminar con la burocracia sindical.

Todos los días, el gobierno y los diarios argentinos presentan a Brasil como la salida a la crisis argentina, esto debido al “boom” de exportaciones que se registra hacia el país vecino. Dicen que el éxito del Plan Real llevó a un “boom” de consumo y a un espectacular crecimiento económico del 9% en el primer trimestre del año; que Brasil seguirá creciendo y que, por los acuerdos del Mercosur, las compras de productos argentinos continuarán sin freno, compensando la recesión interna. ¿Pero cuál es la verdad? “En los primeros cuatro meses del año hubo una pérdida acumulada de reservas de 10.402 millones de dólares” (Gazeta Mercantil, 3/5/95). En consecuencia, las reservas están hoy en los 28.000 millones. Pero estos 28.000 millones son reservas “prestadas”, porque “la deuda de corto plazo es de 35.000 millones”. (Gazeta Mercantil, 6/5/95). Esta fuga de capitales significa que la gran burguesía internacional y nativa van a una nueva devaluación de la moneda . “La política económica del Brasil carece de armonía”, tituló The Wall Street Journal ( 12/4/95) pero, más preciso, el Banco de Boston “sugirió que el gobierno debería realizar ajustes en su tasa de cambio para que la caída de fondos acumulados (en las reservas) no sea aún mayor” (El Cronista,13/4/95). Es que el llamado “boom” de consumo tiene una base eminentemente inflacionaria. Un dato basta para mostrarlo. “La cantidad de dinero en Brasil casi se duplicó en términos de dólares de 130.000 millones a 220.000 millones en el término de un año” (El Cronista, 9/5/95), a pesar de la disminución provocada por la fuga de capitales. “Es cierto que el sector privado ha aumentado sus compras, en especial de bienes durables. Pero para hacerlo debe contar con dinero: en vista de que éste no proviene del exterior (no hay entrada sino salida de capitales) es el Banco Central el que ha financiado, mediante emisión, el incremento de la demanda” (Ambito, 11/5/95). El Plan Real también elevó en forma espectacular la deuda pública, calculada oficialmente en 220.000 millones de dólares. Como la tasa de interés de esta deuda se ubica en el 5% mensual, se generan intereses por más de 100.000 millones anuales. Formalmente, el Estado está en quiebra y sólo el Estado de San Pablo tiene una deuda de 36.000 millones. El Banco oficial de San Pablo está quebrado: fue intervenido por el Banco Central “debido a su monstruosa cartera, buena parte de la cual está constituida por deudas contraídas por el propio Estado” (La Nación,12/4/95). En estas condiciones, la burguesía mundial presiona en favor de una privatización generalizada, que permita rescatar deuda externa y atraer, de este modo, capitales especulativos. En los últimos días, como consecuencia de varias leyes aprobadas por el Congreso, el flujo de capitales se invirtió. Pero este giro, de prosperar, aumentará la subordinación del Real frente al dólar. Esto último redundará en nuevas presiones proteccionistas de parte de la burguesía brasileña y en mayores trabas a la importación. El balance comercial ya acumula un déficit de 3.000 millones en los primeros 4 meses del año. Para reducir este déficit, el gobierno aumentó al 70% los aranceles a la importación de autos y bienes electrodomésticos, lo cual elevó los precios internos y la sobrevaluación del real. Este cuadro de fuertes contradicciones en el plano económico se completa con un importante ascenso del movimiento obrero, evidenciado en la huelga petrolera, del transporte, del correo, profesores y empleados de energía y salud. Los trabajadores del petróleo desconocieron el dictamen del Tribunal Superior de Trabajo, que habia declarado ilegal la huelga, desconocieron las amenazas de despidos de Petrobras y, como lo admitió el propio gobierno en un comunicado, “los trabajadores tienen el control de la producción y distribución de los combustibles” (Ambito, 12/5/95).

La masiva marcha universitaria del 28 de abril (20.000 estudiantes, docentes y no docentes) abrió una etapa de ascenso de la lucha de la Universidad. La consigna que unifica esta lucha nacional es el retiro del parlamento del proyecto de Ley de Educación Superior, que plantea la arancelización y privatización universitarias, la reducción de los planteles docentes, la flexibilización de los no docentes, la restricción del ingreso, la liquidación de la autonomía y la regimentación de los centros de estudiantes. Algunas facultades (Sociales y Filo de la UBA, por ejemplo) fueron más lejos y votaron también por el retiro de las leyes “alternativas” del Frepaso y de la Fua-Conadu, las cuales reproducen en líneas generales las características reaccionarias de la ley menemista y cuyo objetivo es llegar a un “consenso” con el menemismo. O como dice “Chacho” Alvarez, convertir la política universitaria en “una política de Estado”. Las direcciones oficiales —la Fua y la Conadu— han pretendido “congelar” la movilización con el argumento de la cercanía electoral. Pero la lucha universitaria pegó un nuevo salto, con dos enormes movilizaciones allí donde los rectores quisieron pasar a la aplicación práctica e inmediata de los “principios” de la ley: la huelga y la ocupación del rectorado por los no docentes de Buenos Aires y la toma y huelga general por los tres claustros de la Universidad Nacional del Comahue. Buenos Aires: huelga y ocupación del rectorado El rector de Buenos Aires, el radical Shuberoff, pretendió imponer la quita del presentismo que cobraban los trabajadores no docentes, lo cual significaba una reducción de hasta el 25% para trabajadores que, en sus categorías más bajas, cobran apenas 200 pesos mensuales. Una inmediata y masiva huelga general no docente —en el curso de la cual se eligió un comité de lucha— y una combativa toma del rectorado de la UBA puso rápidamente las cosas en su lugar. Shuberoff fue obligado a dar marcha atrás y a reponer —bajo otros conceptos— el pago del presentismo e incorporar a planta permanente a los compañeros contratados. La huelga, además, reclamó contra los proyectos de privatización de un sector (rayos) del Hospital de Clínicas y “cualquier otra forma de privatización de la Universidad”. Los intentos de Franja de carnerear la huelga fracasaron (montar “mesitas” para reemplazar a los no docentes en huelga), fueron repudiados por los estudiantes y debieron ser levantadas. Comahue: ocupación y huelga general En diciembre pasado, el Consejo Superior de la Universidad del Comahue, a propuesta del rector Bohoslavsky, votó la reducción de 200 puntos docentes del presupuesto, lo que significó el despido de 50 docentes: se trataba de la primera “experiencia piloto” de la aplicación de la nueva ley menemista. En respuesta a ello, una masiva asamblea estudiantil, en Neuquén, votó el jueves 4 la ocupación de la Universidad y la huelga general. En los días siguientes se sumaron a la toma los asentamientos de Río Negro. Franja Morada, Venceremos y hasta el Mas se opusieron a la toma. La toma se caracteriza por su elevado nivel de organización —los estudiantes han formado un conjunto de comisiones que actúa, de hecho, como dirección del conflicto— y por una gran determinación, lo cual ha hecho fracasar varios intentos de quebrarla. Dos asambleas generales de los docentes y no docentes resolvieron sumarse a la huelga, con lo que la paralización de la Universidad del Comahue es total. El rector Bohoslavsky inició una causa penal contra los estudiantes y docentes con la excusa de la “usurpación” de la Universidad y se ha negado a convocar al Consejo Superior ... El rector ha abandonado la Universidad y, junto con su comitiva, ha ocupado la sede de la Calf (cooperativa de Luz y Fuerza), donde no ha tenido empacho en agredir a un compañero que pretendía filmar la reunión que allí mantenía con sus subordinados. Las asambleas y las manifestaciones —algunas muy masivas, como la de 2.000 compañeros del martes 9 de mayo— dan la tónica de la ocupación. En una de estas asambleas se produjo una importante novedad en relación al juicio que el rector Bohoslavsky le ha iniciado a la dirigente docente y del PO provincial Silvia Mansilla: tres testigos estudiantes —que fueron presentados por el rector para testimoniar contra Silvia— manifestaron que no lo iban a hacer porque la querella se basaba en hechos completamente falsos. La asamblea votó el reclamo de que el rector retire la denuncia penal contra Silvia Mansilla y otros compañeros de la dirección del gremio. La toma y la huelga se mantienen después de más de una semana gracias a una importantísima lucha política. El miércoles 10 de mayo, la Franja Morada y la Juventud Universitaria Peronista montaron una campaña de intimidaciones contra los estudiantes e impusieron —por un muy escaso margen de 130 a 112— el levantamiento de la toma en Derecho (asentamiento de General Roca). Cuando pretendieron hacer lo mismo en la facultad de Económicas, fracasaron. Es necesaria una lucha de conjunto, nacional, para derrotar la ley menemista de destrucción de la educación superior.

Para el movimiento obrero francés, el triunfo del derechista Jacques Chirac es un episodio político más. Por de pronto, los resultados electorales no son lo que parecen. “Las abstenciones se situaron en el punto histórico más alto para una primera vuelta (21,63%)” y también para la segunda vuelta (más del 20%); lo mismo sucedió con los votos en blanco. “Los seis candidatos periféricos (los que carecían de cualquier posibilidad de pasar a la segunda vuelta) totalizaron un 38% (en la primera vuelta) ... cuando en las elecciones anteriores alcanzaron apenas un cuarto de los sufragios” (Le Monde, 26/4). Entre la clase obrera, estos candidatos “periféricos” fueron la mayoría absoluta: el 53% de los obreros (y el 58% de los desocupados) votaron por ellos. Lutte Ouvriere –una de las organizaciones trotskistas francesas– superó el 5%, y alcanzó el 8% en localidades de concentración obrera. La derecha —“atomizada” según Clarín (10/5)— no tiene nada que festejar. El hecho político nuevo –y fundamental– es la ola de huelgas obreras que se extiende a lo largo y a lo ancho del país desde antes de la primera vuelta electoral y que aún continúa. En las plantas de los pulpos Renault, Michelin, Kodak, Rhode-Poulenc (químicos), Alcatel (telefonía), Coca Cola y Yoplait (alimentación), en las industrias petrolera y petroquímica estatal, en el transporte colectivo de París, en los ferrocarriles, en los subterráneos y en las empresas estatales de aeronavegación, en los aeropuertos y en los correos, en el Tesoro, en todas las dependencias estatales de la isla de Córcega, se han registrado paros y huelgas activas por aumentos salariales, condiciones de trabajo y defensa de los puestos de trabajo. Algunas de estas huelgas fueron levantadas después de que los trabajadores impusieron sus reivindicaciones. En ningún caso, y esto es muy significativo, las patronales o el gobierno pudieron imponer una derrota. “Los asalariados rechazan oponer la ocupación a los salarios” dice Le Monde (15/3). Se trata no sólo, como dice Le Monde, de un repudio “a tres años de rigores”, sino de una rebelión obrera contra la política oficial de “flexibilización” y desempleo que la burguesía francesa viene llevando adelante desde hace años. La mayoría de las huelgas son largas, duran varias semanas y los trabajadores deciden todo en asambleas diarias. La radicalización de las medidas de lucha comenzó por iniciativa de abajo: de los obreros de la planta de Renault en Flins (la primera en salir a la huelga) y, en particular, de sus obreros jóvenes. Los trabajadores consideraron “un insulto” la propuesta patronal de un aumento salarial de un 1% (que implicaba un aumento de la masa salarial total de 100 millones de francos ... mientras la empresa anunciaba beneficios en 1995 por 3.000 millones). “Un millar de trabajadores jóvenes de la planta de Renault en Flins bloquearon en dos asaltos la entrada de la autopista A 13”, informaba Le Monde (13/3). Recién con la planta de Flins paralizada –y bajo la presión de “los obreros más jóvenes que incitan a los sindicatos a retomar el terreno de las luchas” (ídem)– la burocracia llamó al paro en las demás plantas de la Renault. Uno de los hombres de la central sindical stalinista –la CGT– explicaba que “si la CGT –o cualquier otro sindicato– no hubiera actuado, habríamos sido totalmente repudiados y desconocidos por cada trabajador de la planta” (The Militant, 3/4). Poco a poco, se fueron sumando otras plantas de la Renault –la mayoría de las cuales todavía sigue parada– y las plantas de otros gremios. Una ola de huelgas de tamaña magnitud, que comenzó en las vísperas de una elección presidencial –y que continuó sin interrupción entre el primero y el segundo turno electoral, y aun después del segundo turno– está revelando qué poco esperaban los trabajadores del resultado de las elecciones para resolver la crisis social. Como caracterizaba Le Monde (3/5), “los trabajadores se preparan para un tercer turno social”, el de las huelgas y recule de las patronales y el gobierno.