Prensa Obrera N° 443

Los trabajadores del diario Página/12 están cumpliendo un paro general por tiempo indeterminado desde el pasado lunes 3 en defensa de los puestos de trabajo de 63 compañeros despedidos por la patronal centroizquierdista. El paro fue votado unánimemente en una asamblea masiva ante el anuncio de los despidos y se inició apenas llegó el primer telegrama. En la asamblea donde fue lanzado, una tercera parte de los trabajadores votó por la inmediata toma del diario. Detrás de esta votación estaba presente la forma de parar la salida del diario, que siguió saliendo por el carnereaje de la mayoría de los jefes. Una moción para que se aumentara la presión sobre ellos, comenzando por la publicitación de sus nombres en todo el gremio, fue bloqueada por un directivo de la UTPBA, que también había mocionado contra la toma. Al calor del conflicto de Página 12, el jueves 6 se realizó una asamblea general del gremio donde los compañeros de la lista Naranja contrapusieron al planteo de “mesas de difusión” y “petitorios firmados por la comunidad”, levantado por la directiva, la necesidad de la movilización y el paro del gremio, encabezados por el reclamo de reducción de la jornada laboral sin afectar el salario, para hacer frente a la ola de despidos que han potenciado las patronales en este último mes y que afecta a muchas empresas del gremio. La asamblea aprobó por aclamación la realización de una movilización del gremio para el miércoles 12 y un festival a realizarse esa misma noche en la puerta del diario.

Telecom promovió el año pasado a toda la supervisión directa a cuadros del personal jerárquico, por lo que los sacó del convenio de FOETRA y los separó del personal de base, evitando así que sus reclamos y su representación se canalizaran por el mismo delegado que atendía al conjunto de los trabajadores. Inició así el camino para lograr una jefatura inmediata totalmente subordinada a los dictados de la gerencia y separada totalmente de los trabajadores, para poder aplicar una mayor explotación. Al mismo tiempo, incorporó a la empresa a personal jerárquico, la mayoría profesionales universitarios, a los que en general colocó por arriba del personal viejo. Ahora vuelve a avanzar, coloca a todo el personal recientemente ascendido como posibles despedidos, ya que afirma poseer una jefatura sobredimensionada. Pide a todo nivel de supervisión que marque, para la cesantía, a los supervisores de un nivel inferior, consiguiendo así quebrar cualquier vestigio de solidaridad existente entre ellos, al tiempo que induce a que “aprieten” a los trabajadores, porque de su “buena letra” dependerá que sigan trabajando. Este proceso se efectúa con la complicidad de la burocracia del sindicato Buenos Aires, que a pesar de que tradicionalmente defendía a todo telefónico, sin importar si estaba o no en su convenio, se niega a defenderlos con el argumento de que no tiene la representación sindical para intervenir. Pero no sólo eso, sino que divide, ya que afirma contar con la palabra de la empresa de que no se producirán cesantías del personal de base. Este proceso se estuvo dando molecularmente y prácticamente sin reacción, ya que los mismos afectados no atinaban a hacer nada para defenderse. Pero en el edificio Conesa fue diferente. Ante el despido de un supervisor, los trabajadores, dirigidos por su verdadera Comisión Interna (ver recuadro) realizaron un paro y asamblea en la calle en la que participaron, no sólo el conjunto de los trabajadores del plantel, sino también gran parte de los telefónicos del cercano edificio Crámer. Para efectivizar el paro y asamblea, los trabajadores tuvieron no sólo que enfrentar a la patronal, sino también a la burocracia de la FOETRA. Los trabajadores tomaron así la iniciativa de unir a todos los asalariados (de base y “jerárquicos”) de la empresa contra la común explotación que sufren, asestando un golpe a los planes divisionistas de la patronal y la burocracia. La asamblea resolvió organizar una marcha y concentración de todos los edificios de la zona norte para el próximo martes 18 de abril. El Plenario de Trabajadores Telefónicos, que agrupa a todas las fuerzas opositoras que se reclaman antiburocráticas, debe volcar todo su apoyo para el triunfo de esta lucha.

Los capitalistas saben que el 14 de mayo ganará uno de sus representantes. Sin embar­go, no están esperando a mayo. Los grandes banqueros no esperan a mayo para exigir que se les entreguen los despojos de unos 140 bancos y obtener así un más completo monopolio financiero. Los “capitanes de la industria” tampoco esperan a mayo para descargar la crisis sobre los trabajadores, bajo la forma de despidos, suspensiones, reducción de salarios y nuevas leyes que destruyen la legislación laboral. El FMI, el gobierno y el Congreso tampoco esperaron a mayo para descargar un impues­to sobre los consumidores, que por sí solo agrava la crisis industrial y la desocupación. ¡Los especuladores no han esperado a mayo para llevarse del país unos 6.000 millones de dólares, con la ayuda del Banco Central! O quizá fueron 10.000 millones, porque las estadisticas del gobierno disimulan la ampli­tud de esa fuga. Los trabajadores no tienen nada que esperar de mayo. Menem es el títere de Cheek; Bordón no le va la zaga, pues ya dijo que aplicaría el plan firmado con el FMI. Massaccesi acaba de nombrar como eventual jefe de gabinete a quien inauguró las privatizaciones en Argentina, Rodolfo Terragno. Bordón-Alvarez, además, han jurado ya su escrupuloso respeto al indulto y la obediencia debida. Los trabajadores no tenemos nada que esperar, pero tampoco podemos esperar. Nos están tirando sobre la cabeza todo el derrum­be del “plan Cavallo”, con yapa. Pero no somos nosotros los responsables de la crisis, ni mucho menos quienes nos benefi­ciamos con ella en los años anteriores. Que paguen los banqueros, los capitanes de la industria, la oligarquía agropecuaria, y los acreedores internacionales. Que paguen ellos. Impuestazo, a ellos —que se graven en un 70% las ganancias capitalistas. Despidos, a ellos —que se estatice la banca bajo control de los trabajadores y se confisque a los que sacaron plata del país. Bajar los ingresos, de ellos —desco­nociendo la deuda externa usuraria y ya mil veces cancelada. Que ellos paguen un salario míni­mo igual al costo de la canasta fami­liar—1.100 pesos. Educación y salud gratuitas. Jubilación del 82% móvil; cajas del estado bajo control de obre­ros y jubilados. Que ellos absorban a los desocu­pados, reduciendo la jornada labo­ral a seis horas, sin afectar los salarios ni los beneficios sociales. Flexibilidad laboral, a ellos — control obrero de la producción, restablecimiento integral de la legislación laboral y convocato­ria de paritarias elegida libremente por los trabajadores. Cárcel, a ellos. No al indulto. Organización contra la policía del gatillo fácil. Juicio y Cas­tigo a los culpables.

En el edificio Conesa, la burocracia de FOETRA Buenos Aires llamó a elecciones el 17/10/94 para la renovación de 5 delegados. Ante la evidencia de que las bases elegirían a candidatos opositores que se reclaman antiburocráticos, la burocracia guillanista trató a último momento de suspender las mismas. Pero, con la convocatoria en la mano, los trabajadores igualmente las realizaron y eligieron a sus delegados con una votación del 90% de los empadronados presentes. La burocracia desconoció esta elección adversa a sus intereses de casta patronal y convocó a nuevas “elecciones” paralelas en un sector del edificio, en las cuales hizo elegir a “su” candidato, siendo en la actualidad el único delegado reconocido en Conesa. A pesar de la solidaridad de otras comisiones internas, concurrencia de los trabajadores al sindicato, realización de asambleas en el edificio, la burocracia se niega a reconocer la elección de los trabajadores. Se está jugando a que venza el período de protección legal de los electos para dejarlos más indefensos frente a la patronal y que ésta pueda diseminarlos, mandarlos a “cursos de capacitación” y presionarlos para que acepten el “retiro voluntario”. La movilización del edificio Conesa evidencia que la Comisión Interna real es la que eligieron los trabajadores, que es la que estuvo a la cabeza de la lucha emprendida. En este marco de lucha, se inició en el fuero laboral un juicio sumario por el reconocimiento de los delegados electos, que todo el gremio telefónico debe apoyar con su pronunciamiento y movilización.

En la tarde del martes 11, el gobierno fueguino desalojó a balazo limpio la planta de la meta­lúrgica Continental, ocupada por sus trabajado­res para reclamar contra el cierre y el despido de todo su personal. La violentísima represión policial dejó un saldo de más de 20 heridos de bala de goma, además de otras decenas de trabajadores heridos y contu­sos, atendidos en el local sindical de la UOM. La CGT de Ushuaia ha declarado, para mañana miércoles 12, un paro general en toda la dudad para repudiar la represión gubernamental. ¡Viva la lucha de los trabajadores metalúrgicos contra la desocupación y la miseria! ¡Viva el paro general fueguino! ¡Huelga general en todo el país!

Abril comenzó sin que los 26.000 docentes, los 8.000 judiciales y los 40.000 jubilados y pensionados provinciales de Córdoba hayan cobrado aún sus sueldos y haberes de febrero. Estas cifras, sin embargo, no incluyen a los miles de empleados de las municipalidades del interior de la provincia que tampoco han cobrado sus salarios. La educación está paralizada, los docentes se encuentran en paro por tiempo indeterminado y los secundarios todavía no iniciaron las clases; durante los primeros quince días del mes, los hospitales sólo funcionaron con guardias mínimas. Los proveedores del Paicor (comedores escolares) y de los hospitales han cortado los servicios por falta de pago. Se ha frenado la obra pública: el consorcio que está construyendo los nuevos edificios de Tribunales despidió a 260 obreros. La obra social del personal provincial (IPAM) ha recortado sus servicios, y las comunas y municipios del interior están en cesación de pagos porque el gobierno provincial no envía los fondos de la coparticipación. La caída de las ventas ha provocado cientos de despidos y suspensiones en las industrias directamente ligadas al consumo popular, como las de la alimentación y el calzado. El gobierno provincial ha destinado más de 250 millones de dólares de los fondos públicos para hacer frente a los compromisos de la banca oficial. “Lo recaudado en tributos en estos días –informa Crónica (4/4)– fue ‘completo’ a sanear las arcas del Banco Social y el de Córdoba”. El ministro Caminotti reconoció que la “cartera con problemas” de ambos bancos suma 850 millones de dólares ... pero se amparó en el “secreto bancario” para ocultar los nombres de los morosos. Hay denuncias que señalan que la mayor parte de estos créditos son ilegales, otorgados contra la opinión de los organismos técnicos de los bancos, y alcanzan sumas multimillonarias. La justicia ha imputado directamente al presidente del Banco Social, Jaime Pompas, y a otros directivos, por los delitos de estafas y fraudes con los créditos “truchos”. Pompas es un hombre clave dentro del clan angelocista: es el apoderado de la UCR y ha sido presidente del Banco en los once años de gobierno de Angeloz. Que los trabajadores sigan pagando El gobernador, por su parte, reconoció que la prioridad de su gobierno son los compromisos con la banca internacional ... a la que planea entregarle los bancos provinciales, luego, claro, de “limpiar” los créditos incobrables que asumirá el tesoro provincial. Por eso ha lanzado una política de guerra para que los trabajadores paguen la factura. Angeloz ordenó el congelamiento salarial, la reducción de las jubilaciones, el aumento de la edad mínima para jubilarse y de los aportes previsionales de los trabajadores en actividad (ver aparte); la reducción del presupuesto de salud y educación; el congelamiento de las vacantes y la no incorporación de suplentes en la docencia. Pero, además, los atrasos en los pagos están siendo llevados a un extremo tal que permitan la “negociación” de su pago en cuotas o en bonos. En esto consiste el “compromiso” de Angeloz de que “el 14 de mayo estará todo arreglado” ... a la par que dice desconocer de dónde van a salir los fondos. Paro activo Las luchas y las movilizaciones son cotidianas en Córdoba. La burocracia sindical –metida a fondo en las privatizaciones provinciales (Bazán como socio de Benito Roggio para el agua; el sindicato de Luz y Fuerza en la concesión de las usinas)– ha intentado por todos los medios impedir una lucha común de los trabajadores. Pero, las tendencias a imponer una lucha común son muy fuertes y abarcan, incluso, a los trabajadores industriales, golpeados por los despidos y las suspensiones. La consigna del paro provincial está presente en todas las movilizaciones. Córdoba marcha a la huelga general.

Por el Juicio y Castigo a los asesinos de W. Bulacio, Carrasco y todos los compañeros

En los supermercados COTO, la patronal ha lanzado una campaña de presiones sobre sus trabajadores para imponer el trabajo obligatorio en sábados y domingos, sin necesidad de pagar extras, ni ningún otro tipo especial de compensación (doble franco semanal etcétera). Pretende que cada trabajador, en forma individual, firme un “convenio” en el que “las partes acuerdan modificar hacia el futuro las condiciones de trabajo”. Así, “el descanso hebdomadario correspondiente a ‘el empleado’ tendrá lugar durante los días de semana (con excepción de los días Sábado y Domingo)...”. El descanso dominical y la conquista del sábado inglés desaparecen. A la patronal no le importa en lo más mínimo la vida de la familia trabajadora, que no tendrá de esta manera ni siquiera la posibilidad de un día a la semana para estar junta. El trabajador se transforma en un apéndice de las necesidades de la producción capitalista, y pierde todos sus derechos y conquistas sindicales. Lógicamente, esto implica también la desaparición de todo tipo de convenio colectivo de trabajo, aun a nivel de empresa, puesto que la patronal de COTO lo intenta hacer firmar individualmente a cada trabajador. Esta es una nueva muestra de la política de “flexibilización laboral”, es decir, de pérdida de conquistas y súper explotación menemista-capitalista. La organización sindical de los Empleados de Comercio, dirigida por Cavalieri, está “borrada”, organizando sus “curros” con los empresarios (jubilación privada, etcétera). La casi totalidad de los trabajadores está dispuesta a rechazar esta presión patronal y no firmar el nuevo “convenio individual”. Lo que se plantea es organizar a los trabajadores del COTO en comisiones por sucursal y formar una coordinadora de todas ellas, para garantizar el rechazo masivo, defenderse contra cualquier intento de represalia patronal y poner en pie una auténtica organización de defensa sindical de los trabajadores del supermercado.

De acuerdo a lo anunciado en estos días por los supervisores zonales y los consultores de McKinsey, y fiel al proyecto de la filosofía corporativa, la política de los directores del banco es liquidar una serie de sucursales o bien reubicarlas quién sabe dónde. Hace unos meses nos decían que las “vedettes” eran las Pymes, los seguros y los préstamos. Ahora son las grandes empresas y los depósitos individuales. Antes fue colocar tarjetas de crédito a todo el mundo. Lo cierto es que esta anarquía en los objetivos es producto de la gran crisis financiera que toda la banca (incluido el Banco Río) han gestado. Pero una vez más, los responsables de la crisis no la quieren pagar y la descargan en nosotros y en nuestras familias. Durante años nos mantuvieron con los sueldos prácticamente congelados, teniendo el banco ganancias extraordinarias. Ahora, con la crisis, siguen ganando y especulando, pues el Banco Central les presta dinero al 13% de interés a los bancos y éstos lo represtan al 90%. Pero nos dicen que hay que hacer el ajuste: reducir los salarios, más flexibilidad laboral, alargamiento de la jornada de trabajo, etc. En definitiva, nos quieren hacer pagar la crisis que es de ellos, no nuestra. No compañeros; la crisis que provocaron los bancos la tienen que pagar los banqueros, no nosotros. Nosotros lo que sí necesitamos es que los “Luncheon cheek” los den todos los meses. Es inexplicable que los hayan dado por única vez. ¿Por qué? No dieron ningún motivo porque no lo pueden dar. Que la crisis la paguen ellos. Nosotros necesitamos: 1) Un aumento salarial que contemple la inflación que arrastramos desde el inicio del “plan” de convertibilidad; 2) ningún despido; 3) que se otorguen los “Luncheon cheek” por 240 pesos como mínimo todos los meses. Es lamentable que, con todos estos problemas, la Comisión Gremial Interna no aparezca. Dijeron que están divididos pero no saben por qué. Necesitamos una Comisión Gremial unida para que defienda los intereses de todos los compañeros. 6/4/95 Lista Naranja del Banco Río

El lock out de la patronal de Ciadea (Renault) trajo como consecuencia el despido de 80 obreros en Thompson Ramco, que se transformaron más tarde en suspensiones ... luego de dos días de ocupación de la planta por sus trabajadores; ahora Thompson Ramco ha anunciado la suspensión de todo el personal por una quincena. Iveco suspendió a sus 400 trabajadores por dos días y amenaza con hacerlo nuevamente la semana próxima. Más de 10 talleres metalúrgicos han cerrado sus puertas y el mismo camino han seguido dos fábricas plásticas ligadas a la industria automotriz. Durante los cuatro años de vigencia del “plan” Cavallo, las patronales automotrices amasaron fabulosos beneficios como consecuencia de la superexplotación obrera, de los subsidios (que entre otras cosas les permitieron mantener elevados los precios de los automóviles) y el “engorde” crediticio del consumo. La llamada crisis automotriz es la indicación más adecuada del derrumbe de la política cavalliana y de la aguda crisis industrial en curso. En estos cuatro años, la burocracia sindical ayudó a garantizar la fiesta patronal. Ahora, de la misma manera, está colaborando para que los trabajadores paguen la resaca de la fiesta. Para impedir el cierre de los talleres, los despidos y suspensiones, para repartir las horas de trabajo sin afectar el salario y para que la crisis la paguen las empresas de su bolsillo –el mismo que se llenaron durante todos estos años—, planteamos la unificación de todas las luchas obreras de Córdoba, la huelga general y la ocupación de toda empresa que cierre o despida.

En los últimos días de marzo, el Banco Cooperativo de Caseros anunció a su personal la imposibilidad de cumplir con el pago de los plazos fijos por problemas de iliquidez, así como también la restricción de los retiros de Caja de Ahorro y Cuenta Corriente por la misma causa, hasta tanto recibiera un redescuento prometido por el BCRA por la fusión con el Banco del Noroeste. La situación de cesación de pagos del Banco pone en peligro los puestos de trabajo de casi mil trabajadores. A decenas de promotores ya se les ha aplicado una cláusula de compromiso de producción para ordenar su despido inmediato. En un comunicado al personal, la Comisión Interna, alineada con el zanolismo, informó que hizo llegar al BCRA su desacuerdo por la “Discriminación que sufre la banca cooperativa por el otorgamiento de redescuentos del BCRA... Mientras la Red de Salvataje otorgó redescuentos del 200 al 300% a los grandes bancos, a nuestro banco lo hicieron en un 50%... protestamos también, por considerar que para el BCRA hay hijos y entenados, y nosotros somos los segundos, pidiendo también la derogación del Art. 62, que obliga a la banca cooperativa a convertirse en S.A. para poder ingresar al Fondo Fiduciario”. Esta CGI no se ha olvidado plantear ninguno de los reclamos patronales. Ha entrado de lleno en la disputa surgida entre las patronales de los grandes bancos y las patronales de los bancos menores, no para reclamar la estatización de los pulpos sino para exigir que se estaticen los créditos incobrables de los bancos menores, a costa del contribuyente. La CGI no dice ni una palabra sobre los despidos, ni hace nada por organizar a los compañeros para enfrentar la política del FMI. La Lista Naranja plantea “Que la crisis la paguen ellos”. Ningún despido. Nacionalización de la Banca. Asamblea General del Banco. Asamblea General del Gremio Bancario.

En su propia versión de la “solidaridad previsional”, el gobierno provincial ha derogado la vigencia del 82%, al decretar una quita de hasta el 7% de las jubilaciones superiores a los 400 pesos. El 90% de las jubilaciones provinciales supera esa cifra. Al mismo tiempo, ha anunciado que aumentará el aporte previsional de los trabajadores en actividad, que en la actualidad ya es del 14,5%, ¡el mayor de cuantos se cobran en todo el país! Estas disposiciones se suman a la ya anunciada un tiempo atrás del aumento de la edad jubilatoria (de 58 a 60 años para los hombres; de 55 a 58 para las mujeres). La rebaja de los haberes y el aumento de las retenciones es presentada como un “sacrificio” para cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones provincial. Pero esto es falso, porque la Caja vio reforzados sus ingresos por los aportes de los docentes nacionales transferidos y por el aumento de la edad jubilatoria. Lo que sucede es que, sencillamente, el gobierno no deposita los descuentos jubilatorios efectuados a los trabajadores. Además, el gobierno pretende que sean las Cajas –es decir, los trabajadores– los que banquen las jubilaciones de privilegio, las cuales deben ser financiadas, según la ley, por el Tesoro provincial. El aumento de los aportes, de la edad jubilatoria y la reducción de las jubilaciones tienen por objeto, como el no pago de los haberes y los salarios provinciales — y como el mismo Angeloz reconoció–, cumplir los compromisos con la banca internacional. Pero su alcance va, todavía, mucho más allá: la destrucción de la Caja provincial es un requisito para su posterior privatización, un “negocio” en el cual Angeloz ya se ha asociado con la AFJP Claridad.

Cuando se anunció, a principios de marzo pasado, el acuerdo con el FMI, la opinión de todos los que “saben” de economía fue unánime: la crisis había sido superada. Desde estas páginas pusimos énfasis en lo contrario: “la crisis comienza ahora”. El acierto incuestionable de la caracterización de Prensa Obrera significa que se mantienen en pie todas las perspectivas políticas que se desprenden de ella. La crisis política y la resistencia popular, que algunos “analistas” admiten para después del 14 de mayo, constituyen ya una realidad del momento. Los enfrentamientos por la suerte de los bancos menores, o por el asunto de la venta de armas a Ecuador, más aún por la ley de patentes, también en la CGT, e incluso entre Menem y Duhalde frente al corte de boleta que se avizora en Buenos Aires; todo éstos son indicios de una crisis de gobierno, que está reflejando el fraccionamiento de la burguesía como consecuencia del derrumbe del “plan” Cavallo y de la crisis económica. De otro lado, la inminencia de una huelga general en Córdoba, cuando la provincia se encuentra ya virtualmente parada, en virtud de las suspensiones y despidos, no pago de sueldos y los paros y manifestaciones, es la expresión más visible de un proceso de luchas que arranca de Tierra del Fuego y llega a Jujuy. Es precisamente cuando se desarrollan estas condiciones pre-revolucionarias que los encuestólogos de moda reprochan a Bordón y a Massaccesi una falta de vigor en sus campañas políticas, lo que deja el terreno libre al menemismo. Pero esta pasividad está reflejando sencillamente el temor de los opositores a “hacer olas” en una situación que asume formas cada vez más convulsivas. La campaña electoral resulta desplazada por la crisis: la voz de los banqueros, del gobierno norteamericano y de los grandes industriales se escucha más alto que la de los políticos patronales, y la necesidad de una lucha directa ocupa la preocupación de masas crecientes de trabajadores. La campaña “electoral” del Partido Obrero, que no es otra cosa que una campaña política de lucha de clases de un partido revolucionario, resulta claramente preparatoria de una nueva etapa política. Ya dijimos hace pocos meses atrás que el derrumbe del “plan” Cavallo debía orientar toda la actividad de las fuerzas realmente consecuentes. “Recién empieza” Ahora estamos en condiciones de ponerle números a nuestra afirmación, a principios de marzo, de que la crisis entraba en su etapa más profunda. Cuando los “economistas” la daban por superada, el Banco Central perdía reservas en efectivo, entre el 14 de marzo y el 3 de abril, por 892 millones de dólares (Broda, en El Economista, 7/4). Mientras que entre el 20 de diciembre y fines de febrero, el monto total de crédito a la industria había au-men-ta-do en 1.500 millones de dólares, durante marzo disminuyó en 3.700 millones, lo que transformó a la “corrida” bancaria en un derrumbe industrial y comercial (ídem). Broda espera una caída ulterior del crédito, por unos 3.000 millones de dólares, hasta fines de mayo. Esta baja espectacular del crédito debería explicar la caída de la oferta monetaria global, que pasó de 56.000 millones de dólares a 47.000 millones, desde fines de diciembre hasta fines de marzo pasados. Sin embargo, en el mismo lapso de tiempo, el Banco Central inyectó dinero por 5.800 millones de dólares para rescatar al sistema bancario. Si a los 7.400 millones que salieron de los bancos, se les resta los 3.700 millones de los préstamos que los bancos lograron recuperar, el déficit neto de 3.700 millones resulta superado en 2.100 millones por los fondos aportados por el Banco Central. Está claro, entonces, que el gobierno ha estado financiando la fuga de capitales por medio de emisión de moneda. Esta fuga adquiere ya proporciones incontrolables. En la edición anterior de Prensa Obrera, nuestro corresponsal en Bahía Blanca, Néstor Conte, denunciaba que el Banco Provincia incitaba a sus clientes a depositar su dinero en las sucursales de Nueva York y las Islas Caimán. Ahora, Norma Nethe, en El Cronista (10/4), informa que todos los bancos están haciendo esta operatoria, para luego recibir desde esa sucursal un crédito en dólares, que luego convierte en pesos. Es decir que el retiro de los depósitos, que, repetimos, sería de aproximadamente 7.500 millones de dólares, se está convirtiendo en un brusco aumento de la deuda externa, como ocurriera cuando estalló la crisis del plan económico de la dictadura militar. A la luz de estos datos, se entiende que la deflación de precios de marzo refleja muy pálidamente la deflación monetaria que se produjo en ese mismo mes, así como la caída del consumo y de las ventas. Contra una deflación monetaria de casi el 20% desde principios de año, y del 10% en marzo, la caída de precios por un 0.4% en marzo constituye un verdadero azote, y no un beneficio, para los trabajadores, que han visto reducidos sus salarios, que han sido suspendidos o que han sido despedidos. Entre suspensiones y despidos, dejaron de trabajar en marzo unos 10.000 trabajadores (Crónica, 8/4), en tanto que la UOM ha informado acerca de más de cinco mil despidos desde principios de año. Lo peor está adelante La verdadera catástrofe económica que se ha registrado en marzo, apenas dibuja el horizonte previsible. De acuerdo a los compromisos con el FMI, el gobierno tiene que conseguir un superávit fiscal para el segundo semestre del año, de cinco mil millones de pesos, cuando para el primer semestre se prevé un déficit de más de 600 millones. Esta cifra puede aún ser mayor, ya que la caída de ingresos fiscales en el primer trimestre de 1995 ya ha sido de 750 millones de pesos. Todo esto simplemente significa que los impuestazos serán todavía más brutales —crecerá aún más el IVA y se aumentará el que grava a los combustibles. Esto provocará una mayor caída del consumo, en medio de una crisis industrial. El gobierno no se privará, por supuesto, de despedir personal y reducir salarios, como ya ocurre con el alargamiento de las fechas de pago con las jubilaciones y con los sueldos de los empleados provinciales. ¿Cómo se explica que el gobierno imponga una política de restricción del gasto público, en plena caída del consumo? Por la necesidad de pagar el capital y los intereses de la deuda externa. Esta aparece claramente como una verdadera plaga económica. Pero incluso un superávit fiscal no alcanzaría para satisfacer a los acreedores si no se consigue simultáneamente un superávit en el comercio exterior. Con relación a esto, el semanario El Economista (31/3) señala que “para que las importaciones caigan en la proporción requerida para el ajuste externo hace falta que el producto bruto interno decline nada menos que 35.000 millones de dólares”. Y esto sería aún más si la fuga de capitales continuara. Pero la explosión económica que las estadísticas postergan para el segundo semestre, en realidad ya ha explotado como consecuencia de los movimientos reales del capital y de la lucha entre los capitalistas. Las asociaciones de bancos nacionales y extranjeros están reclamando de todas las maneras posibles que el gobierno le corte el oxígeno a unos 140 bancos, para quedarse ellos con el monopolio financiero. Apoyan su exigencia con la amenaza de no contribuir al fondo de garantía de los depósitos, previsto en una reciente ley, lo que implica una burla a las instituciones democráticas que deja chica a lo que está ocurriendo con la ley de patentes. Esgrimen, por sobre todo, la amenaza de una mayor fuga de capitales. Pero si el gobierno accediera a este planteo no tendría más opción que provocar una sublevación de depositantes y cortar definitivamente el crédito a numerosas empresas o, de lo contrario, respaldar los depósitos con emisión de moneda. En este caso, la devaluación del peso sería instantánea. De cualquier manera, la exigencia de los grandes bancos significaría igualmente que el Estado se haga cargo de los préstamos, en su mayor parte incobrables, de los bancos que caerían. Como la cuota de crédito internacional del gobierno se ha colmado, ello produciría también una emisión de moneda y una disminución fatal del respaldo en dólares a la circulación monetaria. La mejor prueba del derrumbe del “plan” de convertibilidad es que ya no hay dólares que respalden 1 a 1 al peso, pues un porcentaje indeterminado de las reservas está constituido ya por títulos públicos desvalorizados (que el Banco Central sigue, sin embargo, contabilizando a su valor par). Un cálculo realizado en El Cronista (24/3) establece en $1.21 por dólar el tipo de cambio de acuerdo al nivel de respaldo del peso a esa fecha. Norma Nethe, en su análisis ya citado, recuerda que buena parte de las reservas del Banco Central corresponde a dinero fugado que ha reingresado como préstamo para aprovechar las altas tasas de interés. Crisis política y mayores luchas Que la gran banca no quiera esperar al 14 de mayo, revela otro acierto de este periódico cuando se preguntaba en febrero si el ritmo de la crisis permitiría a Menem llegar a las elecciones o sortear la segunda vuelta. La fecunda imaginación de PO se alimenta, como puede verse, de puro realismo y, claro, de un conocimiento del capitalismo. La división de la burguesía, resultante del derrumbe del “plan”, se ve en la creciente oposición de la UIA y aun de la burguesía agropecuaria, a quien los altos intereses la obligan a vender mal una cosecha que tiene buenos precios internacionales. Se aprecia también en la lucha interbancaria y en las fisuras que comienzan a aparecer en los grandes bancos. Una calificación reciente rebajaba de estable a negativo los certificados de depósitos del Banco Río, el gigantesco pulpo de Pérez Companc (Crónica, 8/4). En lo referente al gobierno, Cavallo acaba de pedir la renuncia de Camillión, en tanto que el ataque de Tacchi contra Bauzá no podría ser más significativo, cuando se recuerda que el primero representa a Cavallo y el segundo fue anunciado como jefe de gabinete de un eventual segundo gobierno de Menem. El cambio de frente de la burguesía se percibe en el pasaje de varios economistas a Bordón y en la acción de un sector del aparato justicialista para cortar boleta Duhalde-Bordón en Buenos Aires. La insistencia de los voceros bordonistas, de que restringirían el ingreso de capital especulativo e incentivarían las exportaciones, nos está diciendo que el Pilo ha tomado abiertamente el planteo de la devaluación. No es casual que su principal asesor sea Vittorio Orsi, ex Pérez Companc y partidario de antiguo de la devaluación. En cualquier escenario, victoria de Menem o segundo turno, la crisis se transformaría en pre-revolucionaria, ya que Menem no podría descargar las responsabilidades sobre sus antecesores y, en el caso de Bordón, porque además debutaría institucionalmente y políticamente debilitado. En marzo pasado se alcanzó un récord de “conflictos laborales”, informa La Nación (10/4), entre los que registra siete ocupaciones de empresas. Estas luchas anuncian un enfrentamiento frontal, porque expresan la oposición de los trabajadores a pagar los platos rotos del derrumbe del “plan” Cavallo. En el plano electoral esta tendencia no se reflejará en las urnas, debido a que las elecciones se encuentran monopolizadas por alternativas capitalistas. La intención del 40% de los votos, que se otorga al menemismo, está falseada porque no tiene en cuenta la abstención del 25-30% del electorado, lo que convierte al PJ en un minoría del 28-30% de la ciudadanía. La cuestión no es, por lo tanto, que Menem-Cavallo tengan apoyo popular, que no lo tienen y que lo pierden día a día, sino que la oposición de las masas no encuentra una vía propia e independiente de manifestarse. Este es el problema que se planteará al rojo vivo como consecuencia del derrumbe actual, en los próximos meses. La consigna de “que la crisis la paguen ellos” traduce perfectamente el estado de ánimo de las masas, que empiezan a sufrir la crisis en carne propia, así como de la situación política en su conjunto. Esta consigna opone las masas a la burguesía y plantea una cuestión de poder. Explicar esta perspectiva, orientar la lucha popular hacia la formación de organizaciones de acción directa y organizar a la vanguardia en lucha en un partido revolucionario —esto es lo que hay que hacer. Los “planes” Cavallo se derrumban en todo el mundo, de modo que estamos ante una tendencia y perspectivas internacionales.

En el Colegio Pueyrredón de la Capital Federal se pretende cerrar cursos con el pretexto de que no cumplirían con un cupo de 20 estudiantes por aula. El objetivo es claro: cerrar aulas, dejar docentes en la calle o con menos horas de trabajo y acabar con las orientaciones específicas de 4º y 5º año. Los estudiantes y docentes se han movilizado masivamente cortando las clases el jueves 5 y viernes 6 de abril, realizando asambleas y sentadas, con la convicción de que no debe cerrar ningún curso. Este conflicto ha forjado una sólida unidad docente-estudiantil y sentado las bases del centro de estudiantes mediante delegados por curso. Esto es un alerta a todo el movimiento estudiantil y a la Coordinadora de Estudiantes Secundarios, porque significa la aplicación de la Ley Federal de Educación, es decir, la destrucción de la escuela secundaria. Solidaridad con el Colegio Pueyrredón, ¡ningún cierre de cursos!

Mientras la crisis bancaria ocupa el centro de la escena, entre bambalinas está en pleno desarrollo lo que podría ser el próximo gran estallido financiero: “la crisis del sector asegurador por varios miles de millones de dólares” (Ambito Financiero, 29/3). El Inder (Instituto Nacional de Reaseguros) ha acumulado una deuda imposible de pagar estimada en 2.000 millones de dólares, con las compañías aseguradoras, por el pago de los reaseguros (seguros que contratan las compañías aseguradoras para cubrir sus propios riesgos). Para enfrentar la cesación de pagos del Inder, Cavallo había creado un impuesto a las nuevas pólizas, que le permitió al Inder entregar a las aseguradoras alrededor de 20 millones de dólares mensuales. Pero en febrero, el Congreso resolvió –en la ley de “solidaridad previsional”– afectar la mitad de estos impuestos a otros destinos. Las posibilidades de pago del Inder quedaban así reducidas a 10 millones mensuales, o lo que es lo mismo, serían necesarios más de 15 años para cancelar la deuda ... sin contar los intereses que se acumulen. Bajo la presión de las compañías aseguradoras, de Cavallo y hasta del propio FMI, Menem vetó este artículo de la ley “solidaria”. El veto presidencial, sin embargo, no soluciona nada, porque al ritmo actual, serán necesarios más de ocho años para pagar la deuda del Inder. En función de esta perspectiva de “largo plazo”, las compañías exigen que se les permita, a ellas, pagar en cuotas de hasta cinco años los seguros sobre los daños personales que han sufrido sus clientes... La deuda impagable del Inder traduce la quiebra general del sistema asegurador. La deuda que ha acumulado el Inder es en su inmensa mayoría ficticia y fraudulenta. “Un trabajo elaborado en conjunto por el Inder y el estudio del ex fiscal Moreno Ocampo, luego de analizar 144 expedientes de una docena de aseguradoras, detectó que 142 tenían irregularidades (es decir, el 98,6 por ciento). ... El 86,1% de los expedientes registraba falta de documentación respaldatoria. E incluso, 95,8% de los expedientes analizados no respetaron los plazos de denuncia de los siniestros, ya que unos 138 expedientes demuestran que algunas compañías tardaron un año y hasta ocho años para denunciar un siniestro” (Ambito Financiero, 20/1). De las sumas pagadas por el Inder, apenas un mínimo porcentaje era destinado al pago de los seguros reclamados por los clientes de las aseguradoras: Ambito Financiero (20/1) informa de casos en que “la compañía reclamó (al Inder) 250.000 pesos de indemnización (pero) el asegurado cobró 18.000 pesos y el resto el presidente de la aseguradora”, y en que el Inder “pagó 450.000 pesos por un siniestro cuyo peritaje fue valuado en 120.000 pesos”. Sólo mediante este saqueo salvaje y sistemático han podido sobrevivir muchas de las compañías aseguradoras. La cesación de pagos del Inder y “la flojedad en el mercado automotor, la retracción del crédito y las dificultades de pago –dice un especialista– hacen prever la agudización de los problemas financieros” (Ambito Financiero, 15/3). La recesión está haciendo caer drásticamente el número de nuevas pólizas. Para disfrazar el quebranto del sistema asegurador, Cavallo ha autorizado a las aseguradoras –como antes lo hizo con los bancos y las AFJP– a contabilizar los títulos públicos que se encuentran en su poder por su valuación técnica y no por su valuación de mercado, muy inferior. Pero las compañías que se vean obligadas a vender esos títulos, deberán hacerlo a precios de mercado (y no a los valores técnicos). El superintendente de seguros, Alberto Fernández, declaró recientemente que “los empresarios que no tengan espaldas para enfrentar las actuales y nuevas condiciones del mercado deberán tocar a retirada” (Ambito Financiero, 8/2). Según Enrique Szewach, presidente de la consultora Evaluadora Latinoamericana, se producirá “una reducción del 50% de la mano de obra ocupada” (Ambito Financiero, 29/3). La burocracia del seguro, que integra con las cámaras patronales y el gobierno una “comisión de mediación” que sirve para que los patrones presionen por la aceleración del pago de la deuda del Inder, no ha dicho una sola palabra sobre los despidos que se vienen.

Al finalizar el mes de marzo fueron convocados a una reunión los directivos de los colegios secundarios Jorge Newbery, Lasalle, Echeverría, Nacional de Aldo Bonzi y 21 de Ciudad Evita, por el jefe de inspectores de la región Pablo Karaswich. Esta reunión contó con la presencia de Ana Cáceres, directora de la Rama Media. Pareciera que el tema principal fue una nota aparecida en el Diario Popular (sección La Matanza), donde padres de la Coordinadora (por ellos formada) aclaraban puntos sobre el último conflicto docente, su preocupación por la escuela pública, sus críticas a los decretos y resoluciones en curso. Este artículo cayó como patada al hígado en el Ministerio Provincial de Educación. Y esto se verificó en el carácter de dicha reunión, en la cual se responsabilizó a los directivos por esta movida de los padres (padres que defienden la enseñanza pública). A los directivos de estas escuelas se les “ofreció” la posibilidad de “redimir sus culpas” si se abocaban a la tarea de escribir y publicar una desmentida de las opiniones de los padres. Esta apretada se completó con la amenaza de recibir sanciones en cado de dar una respuesta negativa. Conclusión: en el Ministerio de Educación no sólo hay una banda de delincuentes que vende escuelas a bajo precio (como manifiesta el cantito de docentes y estudiantes), sino que hay una patota gansteril que aprieta a los docentes e intenta silenciar las opiniones de los padres.

Finalmente, llegarán los despidos al fútbol. A partir de la finalización del actual campeonato, es muy factible que la Primera B desaparezca del profesionalismo. Esa es la firme intención del gobierno, la AFA y la empresa Torneos y Competencias, dueña absoluta de la comercialización del fútbol televisado de la Argentina. La medida, que comenzará a regir en seis meses, dejará en la calle a 400 futbolistas profesionales y semi-profesionales, a técnicos, ayudantes de campo, utileros, médicos, kinesiólogos, personal de maestranza de los clubes y a centenares de sub-ocupados que changuean los sábados por la tarde en las canchas de Primera B. En una forma llamativamente simplista se tiende a explicar esta “crisis” con que la gente no concurre a las canchas. Sin embargo, se registra desde el año ’90 una tendencia sostenida de concurrencia a las canchas, que se ha volcado por entero a la divisional A. La AFA y TyC planificaron la desaparición de la B La AFA tomó la resolución de desdoblar la divisional en un “Nacional B” y otra B, integrada en su enorme mayoría por clubes de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, que es una suerte de divisional C, tradicionalmente amateur, ya que no permite ascender a la A. Los cuadros de gran convocatoria (Chacarita-Morón-All Boys) pasaron al Nacional B, en tanto que en la otra B quedó un refrito de pequeños cuadros sin convocatoria y con escaso patrimonio. Todos estos cuadros, con excepción de Atlanta y Tigre, no recaudan más allá de las 1.000 entradas entre generales y plateas por partido. La AFA fijó precios de las entradas casi en el mismo nivel que la Primera A, para espectáculos inferiores, en instalaciones malas en la mayoría de los casos, sin siquiera partido preliminar. La consecuencia fue la deserción del público de esta categoría. Los dirigentes de estos clubes despreciaron olímpicamente la deserción del público porque imaginaron que sobrevivirían a través de dos ayudas: una, el subsidio del PRODE, y la otra, la televisación de un partido semanal. Pero el PRODE colapsó frente a otros juegos de azar más atractivos y dejó de arrojar dividendos a los clubes, y AFA y TyC acordaron dejar de televisar a la B. Esta medida quebró la posibilidad de que los clubes sigan subsistiendo, ya que las empresas dejaron de hacer la publicidad estática de las canchas y de las camisetas. Esta bancarrota explica que “una de las exigencias de la dirigencia de la divisional B es que la AFA presione a Torneos y Competencias para que abone una deuda de 120 mil dólares, que según argumentan, la empresa le debe a la divisional por derechos de transmisiones televisivas del año pasado” (La Capital de Rosario, 29/3/95). “El monopolio TyC no hace uso de la opción que le brinda la B porque no es redituable, por lo que queda en inferioridad de condiciones respecto a las categorías mayores de la AFA” (Ambito Financiero, 30/3/95). Después de armar esta crisis, la AFA empezó a “oficiar” de intermediaria con el gobierno para que se prorrogue por seis meses la entrada en vigencia de la nueva Ley previsional, que obliga a los clubes a elevar sus impuestos por personal a cargo. Otorgó a los clubes, por seis meses, un subsidio de 5.000 pesos y otras ayudas menores, que sirvieron para que se reanudara el torneo. Además de tener un fuerte tufo electoral, la prórroga es en realidad el tiempo que la AFA les ha dado a los dirigentes para desmantelar sus cuadros, fusionarse o, directamente, dedicarse a otros negocios. A partir del año que viene, el “negocio” quedará sólo en manos de la AFA y TyC. La liquidación del deporte Ríos de tinta han corrido sobre las “mafias” del fútbol, la violencia, las “barras bravas” y los dirigentes corruptos, pero poco se ha dicho de quien verdaderamente organiza el negocio del fútbol. La AFA es la ganadora absoluta de todo esto junto con su asociada TyC. La AFA no compra jugadores pero recibe los beneficios de sus ventas y de las entradas vendidas; por la participación en todos los eventos internacionales y por la televisación de los partidos. La decisión de derrumbar a los clubes de la B está orientada por la FIFA, que busca “italianizar” el deporte argentino, abrir plazas en el interior con sociedades anónimas tipo Mandiyú, incluso con clubes absolutamente importados. El ejemplo reciente de Argentinos Juniors en Mendoza es aleccionador, ya que la AFA logró así desdoblar los torneos de verano y, en el futuro, buscará otras importantes plazas del interior para que la televisión haga su agosto con las transmisiones. Mientras la AFA “europeíza” el fútbol argentino, varias empresas se han largado sobre los despojos de los clubes con dificultades. “La empresa Walt Mart, una de las cadenas más grandes de hipermercados del mundo, le ofreció al Deportivo Morón unos cuatro millones de la moneda estadounidense para adueñarse de los terrenos en los que se erige el estadio e instalaciones anexas” (Nuestras Noticias, Morón, Febrero ’95). Con independencia de la conducta poco clara de los dirigentes de la B, que permitieron que se crearan las condiciones para la desaparición de los clubes, la desaparición de éstos constituye un enorme golpe al desarrollo general del deporte. La AFA liquida con su política al conjunto de las demás actividades deportivas que realizan los clubes. Los que subsistan empresarialmente no retendrán al deporte amateur. Difícilmente vaya a producirse una rebelión contra el despotismo de la AFA. Los dirigentes de la B se adaptarán por medio de otros negocios. Los domingos a la noche, a las 22 horas, nos van a ofrecer cada vez más mejores adelantos técnicos y televisaciones, pero para ver desde nuestras casas el asesinato del deporte nacional.

El miércoles 5 de abril, como parte de la gira de Jorge Altamira por La Matanza, se llevó a cabo, en San Justo, una reunión de la UJS con la presencia de compañeros de Castillo, Casanova, San Justo y Ramos Mejía. Altamira, con los allí reunidos, brindó un análisis de la situación política, el derrumbe del “plan” Cavallo y el rol que juega la “oposición” trucha de los partidos de la burguesía. Los atropellos cometidos contra la juventud, la represión, la superexplotación, la destrucción de la educación, etcétera demuestran día a día la necesidad de organizarnos, dando una vía de desarrollo a la lucha de la juventud. “Que la crisis la paguen ellos” apareció como la consigna que sintetiza la convicción de que tienen que ser “ellos”, los responsables de este derrumbe, y no sus víctimas permanentes, los que deben cargar con las consecuencias. Finalmente, en el debate, logramos disipar algunas dudas acerca de cómo debemos dirigirnos al conjunto de los jóvenes para construir una UJS de masas. Es decir comprendiendo de que todo aquel que lucha por construir centros de estudiantes, contra la represión, contra la “flexibilidad” laboral, ya es un representante del espíritu de lucha de la juventud y, por lo tanto, expresa la idea y el programa de nuestra organización. Llamamos a todos los jóvenes que luchan por sus principales reivindicaciones a formar junto a nosotros una gran organización independiente de la juventud, desarrollando a la UJS.

Los dieciocho clubes que militan en la Primera B Metropolitana han suspendido la disputa del campeonato y declarado un lock out patronal para los más de trescientos trabajadores (futbolistas, directores técnicos, preparadores físicos, etcétera) que actúan en esa divisional. Esto representa el inicio de una reorganización puramente capitalista del fútbol. Julio Grondona, titular de la AFA, “remarcó la necesidad de elaborar una total reestructuración de los estamentos profesionales ...”. “Los clubes deberán jugar en las categorías de acuerdo con sus posibilidades financieras. Sencillo” (La Nación, 5/4). La AFA actuará como un “fondo fiduciario” que decidirá —en base a criterios puramente financieros— quién se queda y quién se va. La “amateurización” de la B y la “reestructuración de los estamentos profesionales” implicará, ni más ni menos, que la “flexibilización” de los jugadores, directores técnicos y otros trabajadores del fútbol. Por eso La Nación (5/4) hace hincapié en denunciar “la obsoleta vigencia del actual Convenio Colectivo de Trabajo nº 430/75, con más de veinte años de ya desgastada y caduca presencia”; en la misma dirección, algunos dirigentes de clubes de la B han planteado que “los jugadores se transformen en autónomos” (Ambito Financiero, 29/3), para imponer los “contratos temporarios”, en los que el trabajador no tiene ninguna dependencia —ni siquiera temporaria— con su empleador. El deporte no puede escapar a las leyes que rigen la organización social capitalista en la cual se desenvuelve: la concentración capitalista en uno de los polos, y en el otro, la quiebra de los pequeños capitalistas y la pauperización y precarización de la masa de trabajadores.

El Comité de Base de Villa Tesei ha lanzado la campaña de defensa y solidaridad con los compañeros del diario La Prensa y la Universidad del Comahue, empezando a cumplir de este modo con una de las resoluciones votadas en la Conferencia Nacional de la Izquierda. La iniciativa de elaborar un “petitorio” para hacerlo firmar masivamente y enviarlo a dónde corresponda, fue votada en una reunión de 10 compañeros del Comité de Base, por unanimidad y con una gran convicción de que la causa de los compañeros perseguidos es nuestra causa. A menos de una semana de votar esta iniciativa, ya suman 16 compañeros del Comité de Base y simpatizantes que recorren las calles explicando los alcances de este ataque a los luchadores y haciendo firmar masivamente, lo que ha dado lugar a que en pocas horas se juntaran unas 100 firmas y empiecen a surgir iniciativas para penetrar con el “petitorio” en las fábricas de la zona, centros de jubilados, sociedades de fomento, etcétera El Comité de Base de Villa Tesei le propuso al Comando Político reunido en Morón el sábado 8/4, que esta campaña u otra que la supere sea votada por el Comando como una campaña de alcance nacional, propuesta que fue tomada y aprobada por el Comando Político del Frente de Izquierda. Reproducimos el texto de la declaración que llamamos a firmar: “Por denunciar el censo universitario como un paso preparatorio para la arancelización de la Universidad pública, la compañera Silvia Mansilla, profesora de la Universidad del Comahue, dirigente de ADUNC y CONADU y militante del PO, debe enfrentar una demanda penal y otra civil por 10.000 pesos. “Por luchar contra el vaciamiento patronal del diario La Prensa, contra los despidos masivos de trabajadores y en defensa del salario, los compañeros Jorge Brodsky, Adrián Alvarez y Ernesto Gutiérrez enfrentan una acción penal por parte de la patronal del diario (A. Fortabat). “Los abajo firmantes nos solidarizamos con la lucha de los compañeros del diario La Prensa y la Universidad del Comahue y denunciamos que esta persecución es un ataque a todos los luchadores obreros y populares. Exigimos el inmediato cese de las acciones judiciales y de cualquier otro tipo contra los compañeros, perseguidos por representar los intereses del pueblo trabajador”. 10/4/95

La represión radicaliza la lucha La marcha protagonizada por los maestros rurales y de provincias de La Paz provocó la solidaridad de los campesinos que se encontraban en el camino. Les dieron comida, lugares de descanso, los acompañaron en los diversos tramos de la marcha, en fin, se identificaron con su lucha. En la ciudad pasó algo semejante. Los intentos por realizar el Cabildo en la Plaza San Francisco fueron apoyados por el pueblo de La Paz, y en la encarnizada lucha que entablaron los maestros rurales contra las fuerzas represivas durante más de dos horas, en Villa Victoria y Munaypata, los pobladores se incorporaron activamente a la lucha y se enfrentaron también a las fuerzas represivas. La burocracia sindical arrinconada Esa presión de las masas se expresó en el Ampliado de la COB y arrinconó a la burocracia sindical, que la semana anterior intentó aislar la movilización del magisterio mediante el diálogo con el gobierno. De ahí que se haya resuelto radicalizar la lucha y decretar, a partir del lunes 27, la huelga general indefinida y la marcha de todos los sectores a La Paz y a las capitales de departamento. Los mineros, trabajadores en salud, seguridad social, estudiantes normalistas y universidades y otros sectores han manifestado su voluntad de plegarse a la huelga general indefinida del magisterio. En algunos casos lo harán movilizándose y en otros de manera pasiva, como es el caso de las universidades. La dictadura policíaco-militar gonista se ha agotado En 18 meses se trata de un gobierno completamente agotado. Fides realizó una encuesta en la que aproximadamente un 90% de la población muestra su repudio al gobierno y un 40% llega a plantear la necesidad de sustituir de inmediato al actual presidente, por su total incapacidad en la solución de los grandes problemas de los bolivianos. La particularidad del momento actual consiste en que existe un malestar generalizado en la sociedad, incluso en el seno de la propia clase dominante. La oposición burguesa parlamentaria empieza a hacer méritos ante el imperialismo para postularse como la reemplazante del gobierno incapaz. Hay sectores que plantean la necesidad de sustituirlo “democráticamente”. El problema está en que esa oposición es aún más débil que el oficialismo, la clase dominante no tiene una alternativa sólida ante la caída del gonismo. Luchar por la efectivización de la huelga general Lamentablemente, algunos sectores controlados por el gobierno, como es el caso de petroleros, ferroviarios, AASANA, COD-Santa Cruz, ENTEL, ENDE, LAB, señalaron que no entrarán a la huelga porque no creen en sus perspectivas. Es indudable que esto debilita la huelga —sobre todo porque son sectores productivos de gran peso en la economía nacional— pero no determina automáticamente su derrota. Contrariamente, la tarea fundamental de hoy día es lograr la efectivización de la huelga general indefinida en todos los sectores, a partir de un profundo trabajo en las bases sindicales. Además, la experiencia enseña que la lucha callejera masiva puede determinar la paralización de los sectores que no están dispuestos a incorporarse a la batalla. La presencia del campesinado y sobre todo de los cocaleros, con el bloqueo nacional de caminos, es decisiva porque eso podría contribuir a la paralización efectiva del país. Estamos viviendo un Estado de sitio no declarado formalmente, (porque) ahuyenta (ría) al capital finaicero internacional. Comités de Huelga desde las bases La clave para la profundización del conflicto, no está solamente en la generalización del conflicto sino en la estructuración, desde las bases, de los Comités de Huelga, en los sectores que se encuentran en la pelea. Si no logramos poner en pie estos organismos que deben proyectarse a unificar a los sectores formando Comités intersectoriales y rematando en un Comité Nacional de Huelga, será mucho más difícil sobrepasar a la burocracia sindical, no podremos avanzar en la lucha. ¡Abajo la dictadura gonista! Objetivos que unifican la lucha actual • Salario mínimo vital de 1.871 Bs con escala móvil. • Anulación de la reforma educativa, defensa de la educación estatal, laica y gratuita, defensa de la Universidad autónoma y con cogobierno paritario. Por la unidad de la teoría y la práctica en el proceso de la producción. • Anulación de la ley de capitalización, defensa de las empresas estatales mediante el control obrero colectivo y la ocupación obrera. • Defensa y generalización de la seguridad social universal, estatal y solidaria. No a la capitalización individual. • Por el libre cultivo, comercialización e industrialización de la hoja de coca. ¡Anulación de la ley 1.008! • ¡No a la doble y triple tributación a los gremialistas! ¡No a la eliminación del régimen simplificado!, ¡que los impuestos los paguen los ricos! • Bono de cesantía y obras públicas para abrir fuentes de trabajo, contra la desocupación masiva. • Abrogación de la participación popular que inicia la privatización de la educación e impide que los ciudadanos tomen en sus manos las decisiones fundamentales del país. • Por la autodeterminación de las nacionalidades oprimidas, por la estructuración de Estados independientes de quechuas, aymaras y tupiguaraníes. ¡Contra la política gubernamental global, impuesta por el imperialismo contra los intereses nacionales! ¡Alianza obrero-campesina para expulsar a la dictadura movimientista mediante la insurrección de masas! ¡Viva el gobierno obrero-campesino (dictadura del proletariado)!

A pesar de la escasa propaganda y repercusión que tuvo en los medios, el paro del 6 y 7 de abril fue un éxito en casi todas las universidades, salvo en Salta, donde los docentes, luego de haber votado un paro por tiempo indeterminado y la negativa a nuevas medidas aisladas, no se sumaron esta vez en la proporción de acatamiento que tiene esa universidad. El cese de actividades votado en la Universidad de Formosa ante el despido de 100 docentes, la toma simbólica del Rectorado de la Universidad de La Plata por docentes y estudiantes, y la ocupación de la Facultad de Exactas de la UBA indican, junto al balance del paro de la Conadu, la tendencia de ascenso en nuestro gremio y la creciente movilización y apoyo del movimiento estudiantil universitario. Es importante señalar que el gobierno intentó una maniobra para confundir a los docentes y debilitar el paro. La UDA convocó a parar en las universidades nacionales en la misma fecha, levantando el mismo la noche anterior. Planteó que el gobierno estaba dando muestras de intentar brindar soluciones al legalizar la anulación del decreto de la incompatibilidad horaria, que en los hechos no se aplicaba, pero que pendía como una espada de Damocles sobre una gran cantidad de docentes. Frente a estas consideraciones entendemos que está planteada la continuación del plan de lucha. El 19 de abril, la Fua y la Conadu convocan a una concentración. La Lista Naranja, integrante del Frente Gremial Docente, llama a convertir esa jornada en un gran paro, con movilización, por el rechazo a la Ley Universitaria, no a la descentralización de las universidades nacionales, reincorporación de todos los despedidos, estabilidad docente, aumento presupuestario y salarial. Llamamos también a todos los docentes a discutir este balance, para que el próximo congreso de Conadu de fines de abril discuta y resuelva la continuidad de las medidas de acción, para hacer frente a la política de destrucción del gobierno.

Uno de los puntos neurálgicos de la “Reforma Educativa” boliviana (en realidad, del Banco Mundial) es su carácter clerical. Efectivamente, en su artículo 57, establece que “en los establecimientos fiscales (estatales) y privados no confesionales se impartirá la religión católica; y en los privados confesionales, la religión acorde con su naturaleza confesional ...”. En ninguna de las declaraciones de la Cob se repudia el carácter clerical de la nueva ley. La denuncia viene al caso, también, porque la Iglesia se ha autoerigido —con el aval del gobierno y la burocracia de los sindicatos— en la “mediadora” entre los docentes y las autoridades. La curia pretende imponer “por las buenas” lo que el gobierno no ha podido imponer “por las malas”: el levantamiento de la huelga docente, la derrota de los maestros y la aplicación de la “Reforma”. Por eso su primera acción de “mediación” consistió en un llamamiento a los sindicatos docentes a “negociar sin presiones” ... es decir, sin huelga.

El gobierno boliviano ha comenzado a llevar a cabo un plan de erradicación de las plantaciones de coca. En caso de que los campesinos lo acepten, pagará 2.500 dólares por cada hectárea de sembradíos destruidos; en caso de que no lo acepten, recurrirá a la fuerza. La premura con que el gobierno de Sánchez de Losada ha encarado la erradicación de la coca se debe a la presión norteamericana, que exige destruir 1.750 hectáreas de plantaciones cocaleras antes del 30 de junio y 5.400 antes de fines de año. En caso de que no se cumplan estos objetivos, EE.UU. “des-certificará” a Bolivia, lo que significa el cierre del acceso boliviano a los créditos de los organismos internacionales —el FMI, el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial. Entre los “esfuerzos adicionales” que deberá cumplir Bolivia para recibir la “certificación” norteamericana se encuentra la aprobación de un nuevo tratado de extradición –“que, según el Canciller de la República, intenta sobrepasar el ordenamiento legal vigente al proponer una suerte de secuestro de bolivianos acusados —no sentenciados— de determinados delitos” (Presencia, 31/3)– y aun la anulación del siempre sacrosanto “secreto bancario” en Bolivia. El imperialismo norteamericano también amenaza con la adopción de medidas militares unilaterales. Sin ser desmentido ni reprobado por ningún miembro del gobierno o del congreso norteamericano, el representante republicano Dan Burton acaba de exigir el bombardeo unilateral con armas químicas de los campos cocaleros de Bolivia, Perú y Colombia ... y de los campesinos que viven en ellos. La intervención militar norteamericana, sin embargo, ya existe: aviones de la DEA –la agencia norteamericana encargada de la lucha contra el narcotráfico– “monitorean” los campos bolivianos para detectar los sembradíos de coca y evitar el “re-sembrado” de los cultivos erradicados. “Bolivia –resume Presencia (2/4)– se halla sumida hoy a la presión externa más fuerte que se haya producido en las últimas décadas. Por primera vez, el peligro de un bloqueo económico y –en extremo– de una invasión al país por parte de los Estados Unidos, aparecen en la agenda nacional”. Las organizaciones de campesinos afectados han rechazado la erradicación y han anunciado la realización de marchas, manifestaciones y cortes de rutas (que ya han comenzado) y la formación de comités de autodefensa para “enfrentar –según declaró un dirigente de la Federación Especial de Campesinos del Trópico (Presencia, 3/4)– cualquier provocación”. A mediados del año pasado, los campesinos cocaleros realizaron una masiva manifestación de protesta hacia La Paz que paralizó, en aquel momento, los planes de erradicación. No es la primera vez que Bolivia emprende, bajo la presión norteamericana, la erradicación de la coca. Bajo el gobierno de Paz Zamora fueron erradicadas 27.000 hectáreas ... ¡pero se volvieron a replantar 33.000! La erradicación fracasó porque, como sostienen dos especialistas, “el problema de los cultivos de coca no tiene que ver en absoluto con represión policial o militar sino con los niveles de pobreza existentes en el país y que obligan a la población a cultivar coca como medio de subsistencia” (Presencia, 2/4). Detrás de las presiones para la erradicación de las plantaciones de coca se busca la militarización de los países latinoamericanos.

El presidente de la Comisión de Presupuesto, el “justicialista” Oscar Lamberto, presentó un proyecto de ley para crear un modelo de contrato laboral para los hombres y mujeres de más de 55 años, que cuenten con 30 años de aportes jubilatorios. Según Lamberto, se encuentran en esta situación alrededor de 300.000 personas, a las que hay que darles “una salida laboral porque se trata de gente muy joven para jubilarse y que las empresas no contratan por considerarlos demasiado viejos” (Clarín, 7/4/95). De acuerdo a lo propuesta de Lamberto, “los empleadores estarán exentos de realizar aportes (jubilatorios)... Tampoco deberán aportar a las ex-cajas de subsidios familiares, al Fondo Nacional de Empleo y al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados” (ídem). De aprobarse este proyecto, según consignó Hector Recalde, ex-asesor de la burocracia sindical, en Página 12 (26/3/95), en la legislación laboral habría 29 modalidades de contratos de trabajo, todos con rebaja o anulación de aportes para las patronales y sin el pago de las indemnizaciones, o reducidas a la mitad y sin preaviso a los trabajadores en caso de despido. Así, las patronales pueden contratar por 2 años a jóvenes entre 14 y 25 años bajo la modalidad del “aprendizaje”, pagando simplemente el salario mínimo, sin preaviso ni indemnización. Pueden tomar a jóvenes bajo la forma de pasantías, con el pago de viáticos y gastos menores, sin derecho a preaviso ni indemnización para el trabajador. Si desea trabajadores maduros, la patronal puede contratar a mayores de 40 años como “fomento de empleo”, sin el pago de indemnización ni preaviso, ni cargas sociales. Puede alegar que lanza una nueva actividad, y entonces contratar por períodos de 6 meses hasta 2 años, sin el pago de indemnización y con el 50% de los aportes sociales. Puede preferir contratar mujeres, de cualquier edad, por períodos de 6 meses hasta 3 años, en cuyo caso tampoco paga las cargas sociales y las indemnizaciones cuando vence el contrato. Puede también contratar por tiempo parcial, por trabajo-formación, por temporada, por lo que se le ocurra, con todos los beneficios antes enumerados. Y si es una PYME, de menos de 40 trabajadores, puede contratar al trabajador como quiere porque las PYMES tiene un régimen especial con vacaciones fraccionadas, preaviso de un solo mes cualquiera sea la antigüedad, eliminación de las categorías por el polifuncionalismo, etcétera. Finalmente, al ingresar a un nuevo trabajo, el trabajador está a prueba durante 3 ó 6 meses, también sin derecho a preaviso ni indemnización, y sin el pago de los aportes por parte de las patronales. La finalidad de toda esta legislación antiobrera no es crear empleo sino fomentar el desempleo, despidiendo a los trabajadores en actividad por contratados bajo cualquier excusa, como la edad del trabajador, el “fomento”, el “aprendizaje”, etccétera. El grito de guerra de las patronales no es el empleo sino el despido.

El alcance de la ley de flexibilidad va más allá de la autorización que da a las patronales para fraccionar las vacaciones. El artículo 90 dice: “los convenios colectivos de las Pymes podrán modificar en cualquier sentido las formalidades, requisitos, aviso y oportunidad de goce de la licencia anual ordinaria”. Esta redacción hace caer una cadena de disposiciones que protegen la licencia anual. Hasta hoy es obligación empezar una licencia un lunes para que se puedan integrar semanas enteras con sus fines de semana. Esto cae. La liquidación de los haberes del período de licencia debe ser hecha y pagada por anticipado y comprende un plus cercano al 20%, que surge de dividir el sueldo por 25 en lugar de los 30 días del mes. Ambas cosas pueden ser eliminadas. Además, la ley de contrato establece el pago proporcional del salario variable de los últimos 6 meses, o sea extras, francos, etcétera, lo cual defiende el salario promedio de bolsillo durante las vacaciones en las que estos pagos no se hacen (extras, por ejemplo). Otra condición eliminable. Por fin, hay una norma muy importante que establece el aviso fehaciente obligatorio 45 días antes, para garantizar la planificación del descanso por parte del trabajador. Condición también liquidable expresamente. En las nuevas condiciones, cualquier día del año una patronal puede comunicar al trabajador que al otro día comienzan sus vacaciones por una cantidad arbitraria de días, sin adicional alguno, sin extras y en cualquier momento de la semana. Es una suspensión encubierta, no se trata de vacaciones. Nadie puede descansar de este modo, es un régimen elaborado en función de los flujos de producción, transformando una conquista en un flagelo. Muchas empresas han adelantado vacaciones en épocas de crisis para descargarla sobre las espaldas obreras. Con la flexibilidad, esto se transforma en permanente. Pero la aplicación de estas disposiciones requiere que la burocracia de cada gremio las incorpore a su propio convenio. Es necesario hacer una amplia denuncia, exigir asambleas y llamar a organizar la lucha, para que jamás se aplique este engendro antiobrero. El inicio de un ascenso obrero partirá de la lucha por sus reivindicaciones, sistemáticamente entregadas por la burocracia.