Prensa Obrera N° 444

Un trabajador asesinado, más de sesenta heridos de bala, decenas de detenidos y la represión más salvaje y sanguinaria de que se tenga memoria en Tierra del Fuego: ésta es la respuesta que el gobierno provincial, el gobierno nacional —que lo apaña, lo justifica y envía la Gendarmería para protegerlo— y la burguesía dan al reclamo obrero del cumplimiento de la ley, del pago de las indemnizaciones por despido y de la defensa de los puestos de trabajo. El desalojo de la planta ocupada mediante un operativo digno de los “grupos de tareas” de la dictadura, el apaleamiento indiscriminado de la población trabajadora, el asesinato a sangre fría de un trabajador desarmado, las torturas en las comisarías y en presencia del propio gobernador, el apresamiento de trabajadores y activistas sin ninguna orden legal y el ametrallamiento de locales sindicales revelan que la lucha de clases ha llegado a un punto de ruptura, que la “democracia” es apenas una hoja de parra de la dictadura del capital y que para el movimiento obrero no hay posibilidad alguna de conciliar la más pequeña de sus reivindicaciones con la insaciable sed de beneficios y superexplotación del capital. Es “ellos o nosotros”. Y los trabajadores fueguinos han dicho unánimemente “ellos; no nosotros”. Y resistieron el desalojo, y protagonizaron una enorme huelga provincial, y resistieron a pie firme a la policía; y marcharon silenciosamente —en la mayor movilización de la historia fueguina— para despedir los restos del compañero asesinado, y marcharon con tal combatividad y bravura que ese día la policía ni se atrevió a salir a la calle. Y siguieron la lucha con otra jornada de protesta y reclamando un paro activo nacional de todo el movimiento obrero. La movilización continúa. Es una lucha a muerte por el trabajo, por la vida de las familias obreras, por la democracia política. Después de haber amasado fortunas con la superexplotación obrera y con los “curros” de la “promoción industrial”, los capitalistas amenazan con convertir la isla en un desierto. La lucha obrera que se está librando es una lucha por la existencia misma de la Tierra del Fuego. La lucha fueguina se ha convertido en una cuestión de primer orden para el movimiento obrero de todo el país. Porque hay que romperle el espinazo al gobierno provincial que asesina obreros, y al gobierno nacional, que lo apaña y envía la Gendarmería contra los trabajadores. Porque la lucha fueguina es la expresión más concentrada del hundimiento del “plan” Cavallo —que tenía su caballito de batalla en la “reactivación”, uno de cuyos puntales era la venta de electrodomésticos. Porque el despido sin indemnización —que los obreros fueguinos están enfrentando valerosamente— es la perspectiva que le espera a todo el movimiento obrero argentino con las nuevas leyes de “flexibilización laboral”. Porque la victoria fueguina será un punto fenomenal de apoyo para todas las luchas que se comienzan a registrar en todos los rincones del país. Todo por la victoria de los trabajadores de Tierra del Fuego. Paro activo nacional.

Martes 11. El desalojo “El martes el juez ordenó el desalojo de la planta. Sin mediar negociación alguna, la policía provincial comienza a disparar y a golpear en forma indiscriminada a los delegados y activistas que realizaban un cordón solidario en la fábrica. La reacción de los que circunstancialmente pasaban o trabajaban en las cercanías fue sumarse a la resistencia de los trabajadores. A partir de ese momento, la policía comenzó a perseguir al conjunto de los trabajadores. Los compañeros de Noblex, que queda a pocos metros de la Continental, al salir del turno fueron recibidos con gases y palos. Ya a esa altura de los acontecimientos, los compañeros heridos sumaban decenas y la banda policial recorría no sólo el parque industrial sino la mayor parte de la ciudad, golpeando y deteniendo compañeros. Los trabajadores que se sumaban a la resistencia lograron desbordar varias veces a la policía. La actitud patoteril de la policía duró toda la noche; a esa altura ya no usaban sólo municiones de goma sino también perdigones de plomo y sus armas reglamentarias. Los trabajadores, entre los que se encontraban gran cantidad de compañeras, respondíamos a la represión devolviendo las bombas de gas y arrojando piedras”. Miércoles 11. Paro, marcha y represión generalizada “El Congreso de la UOM y varios gremios agrupados decretaron un paro general para el miércoles en repudio a la represión y por la libertad de los detenidos. Después de marchar a la Casa de Gobierno, una gruesa columna de manifestantes se dirigió a la Jefatura de policía a reclamar la libertad de los presos. Los milicos nos tiraron con gases, balas de goma y perdigones de plomo. Los enfrentamientos con los manifestantes duraron varias horas, pero en ningún momento lograron diezmar la resistencia. Avanzaban, golpeaban, disparaban pero lográbamos reagruparnos y los hacíamos retroceder a piedrazos”. Cómo fue asesinado el compañero Víctor Choque “Durante varias horas la policía recorrió las calles céntricas disparando sus armas contra todo lo que caminara e inclusive a domicilios particulares y sedes sindicales, como la de Gastronómicos, cuyo frente fue baleado a itakazos. En uno de estos raids fue asesinado el compañero Choque, afiliado a la Uocra. No se tiene información sobre si el compañero Choque participó o no en la movilización, pero de lo que no hay dudas es la actitud que tenía cuando fue asesinado de un balazo en la cabeza: estaba recostado en una columna, con las manos en los bolsillos, observando junto con otros compañeros la represión policial. Así, con las manos en los bolsillos, cayó asesinado”. Secuestros y torturas “El secretario de organización de la UOM de Ushuaia, el compañero Valle, junto con otros compañeros, fue salvajemente golpeado en la jefatura policial en presencia y por orden del gobernador Estabillo. Mientras eran golpeados, también en presencia de una jueza, Estabillo les gritaba ‘¡vamos a terminar así con todos los zurditos como ustedes!’. “Un compañero que tenía la espalda llena de perdigones me contó que a un compañero de Ate lo detuvieron con un bombo, lo llevaron para el fondo de la comisaría y lo molieron a palos, mientras la jueza estaba dentro de la comisaría. Cuando lo dejaron salir, debió atravesar una doble fila de policías que lo golpeó nuevamente. El compañero está internado y corre el riesgo de perder la vista. “Durante la noche del jueves, varios compañeros denunciaron que al salir del velatorio del compañero Choque fueron secuestrados por la policía por varios minutos y amenazados con Itakas”.

El Partido Obrero, junto al CTA y MTA, convocaron el pasado jueves, a una marcha de repudio por el asesinato de Víctor Choque y la presencia de la gendarmería en Tierra del Fuego. Alrededor de 200 jóvenes y trabajadores de diferentes sectores se dieron cita en la céntrica Plaza Rivadavia, en un marco de terrible desocupación (21%), más las docenas de bancarios (Banco del Sud) que a partir del 12/3 se sumaron a las filas del ejército de desocupados. El PO puso de manifiesto en su intervención esta similitud con los reclamos de los metalúrgicos fueguinos, y quién debe hacerse cargo del fracaso de los “negocios patronales”. El resto de los oradores llamó a tomar el camino de la lucha para enfrentar al gobierno y su plan. Es hora de pasar de las palabras a los hechos.

El régimen político del indulto, la obediencia debida y el punto final se ha lanzado a una nueva y repodrida amnistía: la de la jerarquía de la Iglesia Católica, cómplice de los asesinos de la dictadura. La jerarquía eclesiástica tenía un conocimiento acabado del genocidio que la dictadura de Videla y Massera perpetró contra el pueblo argentino. Esta es la conclusión obligada de las denuncias de la esposa del periodista desaparecido Julián Delgado acerca del papel jugado por el entonces nuncio apostólico (embajador del Vaticano) Pío Laghi. En tanto que Menem y Alfonsín salieron a “absolver” al acusado, el significativo silencio de los clericales Bordón y Alvarez sólo puede entenderse a la luz de sus declaraciones anteriores: “el indulto, la obediencia debida y el punto final son cosa juzgada”. Según la esposa de Delgado, Laghi tenía acceso a las listas de los desaparecidos que confeccionaban las distintas fuerzas y hasta fue consultado por el almirante Lambruschini sobre el destino que debía dar a cuarenta de ellos, detenidos en la ESMA. Laghi, dio un sólido respaldo al genocidio cuando “Tres meses después del golpe militar, el 27 de junio de 1976, (Laghi) bendijo a las tropas del Ejército. ‘El país tiene una ideología tradicional —dijo— y cuando alguien pretende imponer otro ideario diferente y extraño, la Nación reacciona como un organismo, con anticuerpos ante los gérmenes, generándose así la violencia. Los soldados cumplen el deber prioritario de amar a Dios y a la Patria que está en peligro, agregó. No sólo puede hablarse de invasión de extranjeros sino que hay también invasión de ideas que ponen en peligro los valores fundamentales’ ... Y concluyó terminantemente, dirigiéndose a los soldados: ‘Sigan ustedes las órdenes, con subordinación y valor, como dicen ustedes’” (Página 12, 15/4). En marzo de 1977, la Conferencia Episcopal denunció a “las fuerzas del mal” que habían desatado “satánicos planes” contra “la ideología tradicional”; en la misma Conferencia Episcopal, monseñor Tortolo —vicario general castrense y por entonces presidente de la Conferencia— “hizo una defensa teológica de la tortura” (Página 12, 16/4). El Vaticano recompensó con un ascenso el paso de Laghi por Argentina: lo nombró nuncio en los Estados Unidos. La jerarquía eclesiástica tuvo una activa participación en la represión. El obrero desaparecido Juan Martín denunció ante la Conadep que fue visitado por Laghi en su lugar de detención en Tucumán, y la esposa del desaparecido Gustavo Ponce de León Sarrabayrouse denunció que Laghi tenía en su poder una carpeta sobre el “caso” de su esposo, donde estaban las fotos —de su familia, de sus hijos, de su esposo— que se habían llevado los secuestradores. Otros desaparecidos han denunciado en el juicio a las juntas la sistemática presencia de los capellanes militares en los campos de concentración de la dictadura y en las sesiones de tortura –algo que ha reconocido el obispo de Viedma, monseñor Hesayne, quien anunció que en la próxima reunión de la Conferencia Episcopal pedirá una investigación y la expulsión de los culpables. En su reciente confesión, el represor Scilingo denunció que sus superiores le informaron que la “práctica” de arrojar detenidos vivos al mar había logrado la “aprobación” de la jerarquía eclesiástica como un “método cristiano” y que, luego del primer vuelo, fue “reconfortado” por el capellán de su unidad naval. Monseñor Graselli, segundo del vicario general castrense y presidente de la Conferencia Episcopal en 1976, monseñor Tortolo, estaba encargado de reunir la información sobre los desaparecidos que le suministraban los vicarios y capellanes que la Iglesia tenía en cada una de las bases militares, y con ella conformó una “lista” en la que regularmente marcaba con una “x” a los desaparecidos asesinados por los grupos de tareas (ídem). Más todavía, la Curia porteña le vendió a los militares una isla en el Tigre donde se montó un “campo de concentración temporario”, que sirvió para ocultar a los todavía sobrevivientes de la ESMA durante la visita de la Junta Interamericana de Derechos Humanos en 1979. La curia jugó, también, un papel fundamental —que sólo ella podía cumplir— en silenciar y ocultar las denuncias de la masacre formuladas por los familiares de los desaparecidos. Los obispos argentinos se negaron, en reiteradas oportunidades, a recibir —y todavía más a publicar— las listas de desaparecidos que les acercaban los organismos de familiares, y el propio Laghi impidió la realización de una entrevista de una delegación de “Madres” con el Papa, acusándolas de “comunistas” (Página 12, 16/4). Miembros prominentes de la Curia —como el monseñor Castagna— le negaron tajantemente a los familiares que los cadáveres que aparecían en las orillas del Río de la Plata o de la provincia de Buenos Aires fueran de los desaparecidos y otros —como monseñor Galán— amonestó públicamente al cura Federico Richards, que dirigía una publicación parroquial en la que denunciaba los crímenes y en cuya parroquia fueron secuestradas la monja francesa Alice Dumon y una decena de madres. La curia fue, junto con el imperialismo y la gran burguesía argentina, el principal sostén político de la dictadura. “La Conferencia Episcopal comía con los torturadores y dejaba a la intemperie a las madres de sus víctimas ... el arrepentimiento no alcanzó a quienes debe alcanzar, incluida la misma Conferencia Episcopal”, acaba de declarar monseñor Hesayne, miembro de la propia Conferencia. A confesión de parte ... Las denuncias se acumulan y todas desnudan la activa complicidad de la jerarquía eclesiástica en la masacre que los genocidas llevaron a cabo en nombre de la “fe católica”. Bajo la dictadura videliana, como en la guerra civil española o en la conquista de América, “la cruz y la espada” fueron un único y sanguinario enemigo de los pueblos.

La creciente movilización de los trabajadores obligó a la Legislatura a derogar varios decretos de necesidad y urgencia que Ortega había emitido para enfrentar la cesación de pagos, en particular el que establecía una quita del 5% para todos los salarios. Sin embargo, el decreto que derogaba el régimen de licencia de la docencia se mantuvo y fue derogado el que restringía en un 30% los aportes a los colegios privados. La lucha ha continuado para que la Legislatura asegure que se paguen los salarios a tiempo. Ortega, por su lado, estableció el pago desdoblado de los salarios. En este cuadro, nuevos sectores se fueron sumando a la lucha. El 7 de abril, Día Internacional de la Salud, se concretó una marcha de alrededor de 1.000 médicos, que denunció que el gobierno había dejado de aportar al Subsidio de Salud (la obra social del personal estatal, la más importante de la provincia), y que iban a mantener un paro por tiempo indefinido en los hospitales estatales hasta que el gobierno pagara los salarios y cumpliera con otras reivindicaciones, como el reconocimiento de la Carrera Sanitaria, que fue sancionada en época de la intervención federal. A la semana siguiente se sumaron los municipales de la capital, quienes, en una movilización muy combativa amenazaron al intendente bussista Bulacio, que si para la semana siguiente no paga los salarios iba a arder la municipalidad. Con este clima de efervescencia social, tanto Ortega como el bussismo están maniobrando para que la situación no se desborde. Los diarios informan que se estaría negociando un conjunto de medidas de racionalización estatal y privatizaciones, que asegure que el período de gobierno de Ortega haga parte del trabajo sucio previo a la asunción del próximo gobernador. Paralelamente a estas maniobras, el aparato del PJ estaría promoviendo la prórroga de las elecciones provinciales para setiembre, y según el Diario Siglo XXI, un sector del PJ impulsaría luego del 14 de mayo la formación de un Frente Cívico, con la UCR y el FREPASO, con el eje de impedir el triunfo bussista. En esta política entraría de cabeza la dirigencia del CTA, que recientemente decidió dar su apoyo a Bordón, pero dejó la puerta abierta para que en la elección provincial, con el argumento de no debilitar la única fuerza capaz de derrotar al bussismo, mantendrían su apoyo al PJ. Se hace imperiosa una lucha de conjunto, único medio para que la crisis provincial la paguen los chupasangre capitalistas. Para ello es necesario establecer un pliego de reivindicaciones que incluya a todos los trabajadores y sectores de la llamada clase media (profesionales, comerciantes, cañeros chicos, etc.), que también están afectados por diversas medidas impositivas, tarifarias (con la privatización de DIPOS —agua—, las tarifas van a aumentar un 100%), unidos a un conjunto de medidas transicionales, como la fijación de un impuesto a las ganancias capitalistas, el cobro automático de la coparticipación federal en la provincia, el desconocimiento de la deuda pública con los grandes capitalistas que han vaciado el Banco Provincia, y con el Estado nacional, que ha vaciado en todos estos años gran parte de los fondos coparticipables, para subsidiar a los grandes capitales.

El jueves 13 falleció el compañero José Barraza, víctima de una cruenta enfermedad. Barraza, de 66 años, había sostenido una continua lucha en defensa de los intereses de la clase obrera. Fue cesanteado del Correo en 1955 por su oposición a la “Libertadora”. En los años 70 participó de la constitución de la lista Marrón del SMATA, como obrero de IKA Renault. Posteriormente fue reincorporado al Correo hasta su jubilación, después conformó un Centro de Jubilados. Barraza se sumó al Partido Obrero en 1985, como militante activo, y matuvo su simpatía por nuestra organización hasta su muerte. En los últimos años, a pesar de sus dificultades de salud, había comenzado a accionar entre los jubilados de la Plaza San Martín en defensa de los 450 pesos y contra la jubilación privada. Llevó una vida de lucha que supo transmitir a sus hijos. Transmitimos a su familia nuestro pesar y despedimos al compañero Barraza hasta la victoria final.

La demolición del llamado “plan Real” brasileño ha adquirido un ritmo acelerado en las últimas semanas. La fuga de capitales ha sido de más de 13.000 millones de dólares en los primeros ochenta días del año. La devaluación del 7% del real, a principios de marzo, no ha hecho más que acelerar la fuga y preparar nuevas devaluaciones ... como lo ha reconocido el ministro de Finanzas, Pedro Malán. “Un informe del Banco de Boston sugirió que el gobierno debería realizar ajustes en su tasa de cambio” (El Cronista, 13/4), en tanto que “para el 64% de los (empresarios) encuestados, la devaluación del real no fue suficiente” (O Estado de Sao Paulo, 12/4). Al mismo tiempo, el tradicional superávit comercial brasileño (exportaciones menos importaciones) ha dejado su lugar a un déficit creciente: entre noviembre y febrero, el déficit comercial fue de 2.700 millones; sólo en el mes de febrero superó los 1.100 millones y se espera que aumente todavía más en marzo. Para detener la avalancha de mercancías importadas, el gobierno de Fernando Henrique Cardoso elevó los aranceles (impuestos a los productos importados), primero del 20 al 32% y luego al 70%. En consecuencia, los precios de los productos importados han aumentado hasta un 60%... y también aumentaron los precios de los productos nacionales, desembarazados de la “competencia” externa. Así, se espera para abril una inflación del 2%, el doble de la de marzo, la cual fue, a su vez, el doble que la de febrero. La fuga de capitales y el déficit comercial han “limpiado” las reservas del Banco Central, que han pasado de 40.000 millones en octubre a 30.000 millones en marzo, ¡una caída del 25% en apenas cinco meses! Pero “los banqueros estiman que por lo menos un tercio de las reservas se refiere a capital especulativo de corto plazo ... ” (Ambito Financiero, 5/4). Si se considera que Brasil está obligado a pagar al capital financiero internacional, sólo en 1995, más de 15.000 millones de dólares en concepto de intereses de la deuda externa, de “royalties” y de seguros –que no puede refinanciar con nuevo endeudamiento “en condiciones aceptables”, según Folha de Sao Paulo (26/3)– no es aventurado afirmar que Brasil enfrenta la perspectiva de una cesación de pagos. Para evitar la fuga de capitales y la “corrida” contra el real, el gobierno de Cardoso promovió el aumento de las tasas de interés internas, lo que ha elevado en un 40% el costo de la deuda pública: “unos 20.000 millones de dólares” (El Economista, 20/3). Sin posibilidades de nuevos créditos externos y con crecientes dificultades para renovar la deuda interna, Cardoso ha recurrido a una emisión descontrolada: sólo entre julio y febrero emitió moneda por 15.000 millones de dólares, ¡un monto que equivale, nada menos, que al 50% de las reservas del Banco Central! (Ambito Financiero, 6/4). El potencial de devaluación e inflación brasileña es, por lo tanto, enorme. Una parte sustancial de la emisión monetaria ha ido a parar al salvataje de los bancos oficiales, los que se encuentran en una virtual quiebra. 1995 debutó con la intervención al mayor banco del país —el Banco del Estado de Sao Paulo—, incapaz de hacer frente a la montaña de créditos incobrables que ha acumulado. Una eventual privatización del Banespa —en torno a la cual se registran marcadas divergencias en el seno del propio gobierno— significará que el Estado se haga cargo de las deudas incobrables del Banespa, elevando todavía más el déficit fiscal. La fuga de divisas, la caída de las reservas, el déficit comercial en aumento y las crecientes dificultades para refinanciar la deuda interna diseñan un horizonte “mexicano” para el gobierno de Fernando Henrique Cardoso. San Pablo, el mayor estado del país, ya ha entrado en la cesación de pagos: después de haber acumulado una deuda pública de 36.000 millones de dólares, San Pablo no puede afrontar el pago de los sueldos de sus trabajadores ni sostener la educación o la salud públicas (El Cronista, 12/4). La demolición del “plan real” hará mucho más que hundir las expectativas de la burguesía argentina de “salvarse” exportando al Brasil. La presunción de la propia burguesía brasileña sobre la catástrofe a la que se enfrenta ha llevado a los redactores del informe económico mensual del Instituto Getulio Vargas a finalizar su último trabajo con una frase por demás ilustrativa: “Que Dios nos ayude” (Ambito Financiero, 12/4).

Las patronales electrónicas de Tierra del Fuego no se encontraban presentes en la Isla cuando se desataron los despidos y, en respuesta a ellos, la ocupación de Continental Fueguina. Tampoco estaban cuando se descargó sobre los trabajadores la represión criminal. Seguramente estaban pasando la “semana santa” en un “Country” o, quizás, navegando aguas afuera. Son “ausentistas”, como sus predecesores de la oligarquía vacuna de la provincia de Buenos Aires o de la lanar de la Patagonia. Victor Choque, el compañero asesinado, era salteño y probablemente dejó el clima cálido del terruño empujado por la desocupación, para “hacer patria”, como se dice, en el frío y lejano sur. Allí descubrió, como tantos otros, que poblar Argentina y fundar una familia en esta tierra, es incompatible con el régimen capitalista. Dos clases sociales, dos destinos, irreconciliables unos y otros. La crisis que Cavallo y sus consortes quieren hacer pagar a los trabajadores, se ha cobrado su primera víctima. Que la crisis la paguen ellos, se ha transformado en una consigna de defensa de la vida de los trabajadores. Que es posible hacerles pagar a sus responsables y beneficiarios el derrumbe de su propio “plan” hambreador, lo demuestra lo que viene ocurriendo desde hace un par de semanas. En la propia Tierra del Fuego, un verdadero espíritu de sublevación se ha apoderado de los obreros y de la mayoría popular, para defender el derecho al trabajo, para voltear al gobernador policial responsable del asesinato y para encarcelar a los que lo ordenaron y ejecutaron. Que es posible lo demuestra Jujuy, donde el pueblo le impuso su ley a la Legislatura, obligándola a derogar las reducciones de sueldo decretadas por el gobernador, luego de sufrir un amenazante sitio por parte de 10.000 compañeros. Lo demuestra Córdoba, con sus 15.000 antorchas —la demostración política de masas más importante de la última década. Necesitamos una acción conjunta, es decir, una dirección, para destruir la política en curso y, de antemano, la que ofrecen los “opositores”, que insisten (y cómo no habrían de hacerlo) en pagar la deuda externa con la miseria del pueblo y en rescatar al capitalismo en bancarrota a fuerza de impuestazos contra los trabajadores. Si cobramos conciencia de esta situación, nos daremos los medios para superarla. Así de sencillo.

La lista Violeta, antiburocrática del gremio de judiciales de la Capital, ha denunciado en un comunicado (10/4), bajo el título “Peligro inminente”, la Acordada Nº 7/95 de la Corte. En ella dispone “invitar a los integrantes del Poder Judicial de la Nación... (a)... disponer voluntariamente una quita en sus compensaciones”. Y ordena, en otro punto, a la Secretaría de Superintendencia Administrativa elevar un informe sobre las sumas aportadas voluntariamente, “a los efectos de que esta Corte considere en función del resultado obtenido la situación presupuestaria existente y la necesidad de disponer medidas de mayor gravedad que permitan cumplir los objetivos que fundan la presente”. La lista Violeta rechaza y repudia esta nefasta Acordada, “que no hace más que ratificar nuestra opinión sobre esta Corte, obediente al gobierno de Menem-Cavallo y enemiga de la clase trabajadora argentina”. Denuncia que las “medidas de mayor gravedad mencionadas por la Acordada significan despidos, privatización de Mantenimiento y Producción y del Archivo, no renovación de los contratos, suspensión de las horas extras de la Secretaría Electoral”. Plantea, finalmente, la declaración: “¡Plan de lucha ya!, para enfrentar los planes de Menem-Cavallo y sus lacayos, para defender nuestras fuentes de trabajo; para que la crisis la paguen los que la ocasionan (entre ellos, la Corte y sus jueces)”.

El candidato a presidente del Frepaso, Bordón, envió hace más de dos semanas una carta al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, que extrañamente tuvo escasa difusión. A diferencia de lo que hizo Cavallo en 1989, cuando afirmó que un futuro gobierno de Menem desconocería los acuerdos que los emisarios de Alfonsín estaban negociando con la banca internacional, Bordón reclama el apoyo de ésta al gobierno, es decir, al “impuestazo” y a las reducciones de salarios, mediante los cuales la clase capitalista pretende que el Estado nacional, o sea los contribuyentes, continúe pagando la deuda externa y esquive la cesación de pagos y la bancarrota. Consecuente, Bordón acaba de publicar el texto de su carta en La Prensa del miércoles pasado (12/4). En la introducción, justifica su posición asegurando que “no somos de los que piensan en función de obtener votos a cualquier costo”. Obviamente, se refiere a evitarle los costos a los capitalistas, porque en lo que tiene que ver con los trabajadores, el último paquetazo representa el mayor golpe que le haya asestado el menemismo en sus seis años de gobierno. En la carta, Bordón “solicita el apoyo de su institución a los requerimientos financieros que le fueran presentados para mi país”. Cada palabra, en esta frase, es una mentira, porque no es “para el país” que se ha pedido la plata, sino para los banqueros; no fue requerido por el país al Fondo sino exigido por éste al gobierno; ni es tampoco un “apoyo” del FMI al país lo que fue negociado, sino de éste al FMI y a sus socios, que reclaman el pago de la deuda externa. En el texto de la carta, Bordón justifica su pedido en la necesidad de evitar “el dolor de las transiciones traumáticas entre períodos presidenciales”, pero es claro que sólo piensa en el “dolor” de los banqueros, porque en lo que se refiere a los trabajadores, el acuerdo con el FMI ha agravado considerablemente sus penurias. El estilo es el hombre, dice el refrán —la carta retrata la sumisión completa del bordonismo aun antes de llegar al gobierno e incluso antes de que se vislumbre la posibilidad de que ello ocurra. Bordón se arrastra para llegar a la presidencia y con ello anticipa el servilismo excepcional de sus relaciones con el imperialismo. ¿Se puede llamar a semejante inconducta, una alternativa popular a Menem? El contraste con la conducta de Cavallo, en 1989, ilustra el grado de coloniaje en que ha caído la burguesía nacional en el sexenio que está a punto de expirar.

El Partido Obrero de la Capital realizó, el martes 11, un acto político de repudio al “accidente” criminal que costó la vida de Filemón Vázquez en la obra de remodelación del Banco Francés en Florida al 200 (ver Prensa Obrera Nº 441). Treinta militantes del PO levantaron una tribuna en la esquina de la propia obra (Florida y Perón), desde donde Pablo Rieznik y Sergio Villamil denunciaron las condiciones criminales de trabajo y la superexplotación que sufren los trabajadores, agravadas por las leyes antiobreras del gobierno menemista y la complicidad de la burocracia sindical, en este caso de la UOCRA. El volante, repartido previamente en la obra, en otras obras de la zona y en el microcentro, llamaba al repudio de este crimen capitalista y al juicio y castigo de los responsables por el accidente que costara la vida de un trabajador, y a reclamar la libre organización de los trabajadores (en la obra no hay delegados y existe un clima carcelario), para defender sus derechos, su vida y enfrentar las leyes menemistas de “flexibilización laboral”. Trabajadores de la obra comentaron a Prensa Obrera que el volante cayó como una bomba entre los trabajadores, generalizando el debate sobre la necesidad de organizarse. La patronal, con cola de paja, “licenció” a los obreros cuatro horas antes de la finalización de la jornada, para evitar el contacto con el acto anunciado. Y al día siguiente, el sector de electricistas decidió parar hasta que la empresa pague los salarios postergados. En éste y otras grandes obras de la Capital, es necesario avanzar hacia la construcción de organizaciones de base de los trabajadores.

“Según el candidato de la Alianza Sur Fernando ‘Pino’ Solanas, —informa La Prensa (12/4), en caso de que los comicios del 14 de mayo desemboquen en un balotaje, lo más probable es que ese sector apoye a quien enfrente al oficialismo”. ¿Cómo lo explicó? “‘Es un tema que aún tiene que decidirse en el seno de la Alianza, pero si las mayorías nacionales votan en contra de Menem y hubiera segunda vuelta, difícilmente dejaríamos de acompañar la voluntad de sacar a Menem’, dijo”. Estas declaraciones contrastan con el titular del último número del periódico Hoy (12/4), del Ptp, miembro flamante del Frente Sur, que lanza un sonoro “No al engaño de Bordón-Massaccesi”. Pero revelan, además, las características mañosas del candidato, que le adjudica el calificativo de “mayorías nacionales” a los que voten por los proimperialistas opositores, con la única finalidad de azucarar su posición entreguista. El mismo “razonamiento”, si se lo puede llamar así, utilizó la izquierda peruana, hace cinco años, cuando votó en la segunda vuelta por Fujimori, lo que provocó que el domingo pasado hubiera sido barrida del escenario político peruano. Pero, según las encuestas, más mayoritario que Bordón es el propio Menem, e incluso en muchos distritos tiene mayor respaldo electoral entre los sectores más pobres de la población. Bordón es, todavía, más anti-nacional que Menem, como lo prueba su reciente apoyo gratuito al FMI y al Banco Mundial. Un candidato a verdugo no es menos “antinacional” que el verdugo de turno. Solanas, que apoyó a Menem en 1989, no aprendió, evidentemente, nada.

Las patronales de la industria metalúrgica de Morón (unificado) están arrasando con los trabajadores metalúrgicos. El “fin de fiesta” del “plan” Cavallo, ha lanzado a las patronales del sector (en su mayoría Pymes, niñas mimadas del CTA y el Frepaso) a descargar brutalmente su propia crisis sobre la espalda de los trabajadores. Digamos de paso que con los datos y cifras que veremos más adelante, alcanza para derrumbar el verso menemista de que la crisis no habría afectado a la economía “real”. Según datos oficiales de la burocracia de la UOM seccional Morón —insospechada de izquierdista o antipatronal—, en los últimos 12 meses se han producido 712 despidos: Di Loreto, Difrani, IDT, Aluminio C y K, Power, McLean, Marilo SA, Fundiciones Longoni (y esto sólo para nombrar algunas empresas). Además, 330 suspensiones (Antena, Di Loreto, Copare, Italo, Mecca Cass, La Pilarica, Bitzer, entre otras) y el cierre definitivo de otras cinco fábricas (Fadelli, Sayr, Fundiciones Regolini, Onecor, Cobresmalt). En el mismo informe (abril’95) se señala una interminable lista de atropellos de las patronales, indemnizaciones no pagadas o pagadas al 50%, no pago de horas extras, patronales como La Pilarica que convirtieron las vacaciones en suspensiones, pagando sólo 14 días a los obreros a quienes les correspondía 21 o 28, incremento golopante de los accidentes de trabajo por intensificación de producción y maquinaria “obsoleta”... y así de corrido. El elemento que mejor grafica esta situación de crisis con dimensiones de catástrofe para los trabajadores es que EL 70% DE LOS DESPIDOS Y SUSPENSIONES SE HAN PRODUCIDO EN LOS ULTIMOS 45 DIAS, y pensar que todavía hay “especialistas” y carreristas políticos que hablan de la “estabilidad” y de que Argentina se habría despegado de la crisis. La conducta de la burocracia Frente a esta sistemática destrucción física y moral (no sin resistencia) de la clase obrera, la burocracia miguelista (o sus despojos) de Barcus ha tomado la iniciativa de... autoconvocarse en “huelga de hambre” en la plaza de Morón, difundiendo un larguísimo comunicado de prensa, donde NI UNA SOLA VEZ, en extensos 7 puntos, menciona la palabra lucha, paro o asamblea. Por el contrario, y destacado en el punto 1, señala que ellos “desde el principio han defendido la estabilidad económica... y lo seguirán haciendo”, para concluir llamando “a la serenidad y a que Dios nos ilumine...”. Con toda seguridad, Barcus y sus tres amigos no se morirán de hambre ni mucho menos, en su “serena huelga”. Pero lo que sí es seguro, es que en las horas en que los burócratas estén posando de “hambrientos” para la televisión, miles de trabajadores metalúrgicos no podrán alimentar a sus familias. Para los metalúrgicos de Morón no hay vueltas, son Ellos o Nosotros, o las patronales o los trabajadores metalúrgicos. El camino lo señalan los obreros de la UOM de Tierra del Fuego, que han ganado las calles reclamando la jornada laboral de 6 horas sin afectar el salario, para enfrentar las suspensiones y despidos. Hay que llevar al plano de la organización el repudio de los compañeros de la autopartista Di Loreto, que cuando Barcus y sus amigos llegaron para pedir solidaridad con su “huelga de hambre”, los obreros casi se los “comen” y no se pudieron quedar más de 5 minutos en la planta. No se puede esperar nada de los burócratas que han liquidado a la UOM; la gravedad de la situación impone la tarea de cooordinación de delegados y activistas combativos para preparar una asamblea general del gremio, que barra con los entregadores y ponga a la UOM en pie de lucha.

Desde el comienzo dijimos, en estas páginas, que la devaluación mexicana de diciembre pasado, había sido ordenada por el gobierno norteamericano. Ahora tenemos la confirmación oficial. En efecto, de acuerdo a la revista Newsweek (27/3), “El Banco Mundial favorecía un peso más barato para hundir el extraordinario déficit comercial. Lo mismo planteaba la Tesorería de los Estados Unidos, que urgió en privado una devaluación del 30% o más. ¿Por qué no lo hizo públicamente? El subsecretario del Tesoro, Lawrence Summers, insiste: ‘No es apropiado que los gobiernos oficiales desestabilicen los mercados privados’”. El domingo pasado, el funcionario mencionado por Newsweek confirmó lo señalado en un artículo en Página 12. Allí, Summers revela que “no se permitió (a México) disponer de las líneas permanentes de créditos recíprocos”, porque la función de ellos no era “sostener la moneda ante una política insostenible”. El subsecretario yanqui se queja en Página 12 de “que la devaluación no se hizo adecuadamente” y de que “el resultado previsto no era poner a México al borde de la cesación de pagos”. El funcionario ya habla aquí como inspirador y autor de la devaluación, lo que coloca a México como simple colonia. No se entiende qué es lo que Summers entiende por devaluación inadecuada, cuando él mismo había propuesto que fuera de una magnitud tal, un 30%, que debía necesariamente provocar la cesación de pagos de amplios sectores y, por lo tanto, del propio país. Lo anterior debe ser tenido en cuenta en momentos en que se escucha a los yanquis jurar que defienden la “estabilidad” argentina, incluso cuando ya han habido varios trascendidos que aseguran que el FMI apoya una devaluación del peso. Ocurre que la desvalorización de las monedas latinoamericanas frente al dólar y la fuga de capitales de la región hacia los Estados Unidos, están compensando la desvalorización del dólar frente al yen y al marco, y compensando también la salida de capitales de los Estados Unidos hacia Europa. América Latina es una plataforma exportadora norteamericana, por eso les interesa hoy a los yanquis que devalúen sus monedas y ayuden así a los capitales norteamericanos en la guerra comercial con Japón y Alemania, especialmente. Bordón le acaba de mandar una carta de apoyo al FMI, porque sabe que éste favorece la devaluación del peso y, por lo tanto, los intereses exportadores. Es bien probable, a la luz de esto, que sean los capitales europeos los que apoyen la “estabilidad” de Cavallo.

La huelga por tiempo indeterminado en Página/12 continúa firme. Pero está llegando a una etapa de definiciones. La empresa ha seguido mandando telegramas de despido, aduciendo como causa la participación de los trabajadores en asambleas de personal, toda una tradición en Página/12. El número de cesanteados alcanza la cifra de 68 compañeros. Es evidente que el conflicto debe profundizarse, puesto que, a pesar del paro, el diario sigue saliendo gracias a un grupo de jefes y carneros, con el centroizquierdista Verbitsky a la cabeza. La conducción de la Utpba no está impulsando, en lo más mínimo, la generalización de la lucha a todo el gremio ni la profundización del paro de los trabajadores de Página/12 para impedir la salida del diario. Un signo evidente de esto es la pertinaz negativa a encarar resueltamente la organización de asambleas por empresa, con la perspectiva de arrancar un paro general de todo el gremio, ni la puesta en pie de un real Comité de Movilización de los trabajadores de prensa. Los compañeros acaban de realizar un festival en las puertas del diario el miércoles 12, cuya organización se concretó en sólo 48 horas gracias al esfuerzo del activismo, que tomó decididamente en sus manos la tarea, ante la evidencia de la conducta “negligente” de la UTPBA. Un sindicato que siempre se jactó de tener excelente llegada entre los “referentes” sociales, y que cada vez que organiza un protocolo lleva a varias figuras “amigas” del espectáculo —Jorge Guinzburg, Ignacio Copani, Lito Nebbia—, llegada la ocasión de aportar artistas para el festival de apoyo al conflicto de Página/12 se quedó con las “manos vacías”. Ni hablar de la propagandización y publicidad del festival. A empresas como Clarín, Télam y La Nación no llegó siquiera un solo afiche o volante gremial. ¿Por qué la impotencia de la dirección de la Utpba para apoyar el conflicto de Página/12 y llevarlo al triunfo? ¿Será por los múltiples lazos políticos centroizquierdistas que la unen con la dirección del diario? Es evidente que el desafío para el activismo de Página/12 pasa, en primer lugar, por organizarse, a fin de discutir una línea de intervención que le permita superar la política de derrota por la cual brega la Utpba, así como el bloqueo y el aislamiento al que, respecto el conjunto del gremio, intenta condenarlo la burocracia centroizquierdista. La patronal no está dispuesta a retroceder, a no ser que la movilización de los trabajadores la obligue. La profundización de las medidas de lucha (ocupación de la planta, impedir la asistencia de los jefes carneros, etc.) está a la orden del día, así como la inmediata puesta en marcha del fondo de huelga. La LISTA NARANJA de PRENSA planteó esta orientación a través de un volante repartido en Página/12 y otras empresas del gremio, y de una propuesta que fue entregada en el seno del Comité de Lucha, que reproducimos aparte. También es necesario volcar el apoyo del movimiento obrero y de la opinión pública a la huelga. El boicot al diario de los Verbitsky carneros mientras dure la huelga y armar una red de distribución popular a la Página de los Trabajadores es una tarea de solidaridad que toda la izquierda y el movimiento obrero deben tomar en sus manos.

Para la burguesía argentina, el “plan” Cavallo ha significado un retroceso estratégico en el dominio de los “negocios” que se generan en nuestro país. Esto es patente en el terreno industrial, donde grandes “capitanes de la industria” –como Bagley– fueron absorbidos por los pulpos internacionales; donde las principales “empresas nacionales” –Ciadea y Sevel– son meras licenciatarias de las automotrices europeas; y donde los “privatizadores” son rehenes técnicos y financieros de sus asociados y de los bancos con los que se endeudaron para financiar sus “adquisiciones”. Lo mismo sucede en la banca, donde los bancos “nacionales” serán las principales víctimas de las liquidaciones que se vienen. Y lo mismo sucederá, también, con las compañías aseguradoras. Grandes pulpos internacionales, como Metropolitan Life, New Yok Life, Jackson Life, Alico y Aetna ya se han instalado con el declarado objetivo de monopolizar el negocio asegurador. “El interés de las empresas extranjeras ... se despertó luego de que, en 1993, se permitió a las compañías reasegurarse en el exterior, ya que hasta ese momento debían hacerlo en la Argentina” (El Cronista, 11/4). La liquidación del Inder (el Instituto Nacional de Reaseguro) terminará por cerrar el círculo en beneficio de estos pulpos que, por una parte, podrán monopolizar el negocio del reaseguro, y por la otra, se librarán de la competencia de las compañías “nacionales”, la mayoría de las cuales se encuentra en la quiebra y ya no podrán beneficiarse con los subsidios del Inder. El superintendente de seguros, Alberto Fernández, ha reiterado lo que ya han dicho otros funcionarios estatales: que a muchas de las aseguradoras “nacionales” “les ha llegado la hora de irse del mercado” (Ambito Financiero, 12/4). El masivo cierre de compañías en quiebra y la fenomenal concentración del mercado que se viene provocará, según el especialista Enrique Szewach, más de 10.000 despidos en el gremio del seguro. Las aseguradoras extranjeras, además, están asociadas con los bancos extranjeros y nacionales y sus AFJP (Metropolitan con Orígenes; New York con Máxima, el Deutsche Bank, el Roberts y el Quilmes; Alico con Previnter, el Boston y el Shaw): se trata de potencias financieras que, en pocos años, concentrarán por completo, en no más de cinco o seis grandes grupos, el “ahorro nacional”.

Los trabajadores de Página/12 estamos en conflicto a raíz del despido de 65 compañeros. El jueves 30 de marzo la empresa los intimó a presentar sus renuncias a cambio de montos que van desde el 25 al 60 por ciento de la indemnización legal, financiados en planes de pago que llegan hasta un año y medio. También advirtió a los trabajadores que si rechazaban la oferta serían despedidos con justa causa, inventando en cada caso una excusa para dejarlos en la calle sin un peso. Desde ese día, todos los trabajadores de Página/12, con el apoyo inmediato de la UTPBA, nos declaramos en estado de alerta. Desoyendo los reclamos, el lunes la empresa comenzó a cumplir su amenaza y los trabajadores declaramos un paro por tiempo indeterminado. Al menos diez compañeros recibieron telegramas de despido con causa o suspensión por 30 días, como castigo por su participación en la asamblea en la que se discutió el conflicto. Los compañeros despedidos o suspendidos, al igual que el resto de los trabajadores, somos los mismos que en estos años construimos un diario que se distinguió por la defensa de los derechos humanos y por el rechazo, entre otras muchas barbaridades, de la flexibilización laboral y el ajuste salvaje. Ahora, los trabajadores de Página/12 necesitamos de nuestros lectores para romper el muro de silencio y terminar con los despidos en el diario. Si Página/12 se transforma en pionera del ajuste salvaje, ya nadie podrá leeerlo sin vergüenza. Por eso, hoy le pedimos a nuestros lectores que les escriban a las autoridades del diario para que reincorporen a los despedidos, cesen las amenazas y respeten el estatuto del periodista y las leyes laborales. Escribirle a: Fernando Sokolowickz Editor Responsable Ernesto Tiffenberg Director Periodístico Diario Página/12 Belgrano 673 - (1092) Capital

A los “escépticos”, la situación argentina los debe tener desconcertados. De tanto repetir que el “neoliberalismo” había triunfado, que la clase obrera había “desaparecido”, que el hundimiento de la burocracia rusa y del muro de Berlín habían asentado un dominio sin rivalidad de parte del imperialismo; en resumen, a fuerza de una completa capitulación ante la ideología dominante, los “escépticos” no podían prever ni el derrumbe del “plan” Cavallo ni la rebelión popular que ese derrumbe no podía dejar de provocar. El hundimiento de los “planes” Cavallo se extiende a un número cada vez mayor de países, no sólo desarrollados sino avanzados y, lo que es más notable, su vigencia se reduce a pocos meses, como está ocurriendo en Brasil. La semana que acaba de transcurrir, sin embargo, tuvo su propia peculiaridad, pues combinó como nunca en los meses previos la crisis económica con la lucha obrera y popular. En Tierra del Fuego se asistió a una virtual sublevación de la población toda; en Jujuy, unos 10.000 manifestantes sitiaron la Legislatura y la obligaron a derogar los decretos de necesidad y urgencia del gobernador; en Córdoba, una manifestación con antorchas, de 15.000 personas, anunció la masividad del paro general que se espera para hoy, martes 18; en Paraná, la lucha de los estatales va cobrando cada vez mayor vigor, radicalización y masividad. Los trabajadores violentan la legalidad burguesa para responder a la violación de sus derechos básicos, y a veces constitucionales, de parte de la burguesía. Esta tendencia deberá extenderse a todo el país, por una razón muy simple: no se abonan los salarios desde enero o febrero y los despidos y suspensiones ya tienen un promedio de 300 personas por día. Esto explica que Cavallo se quiera curar en salud y evitar que se declaren en quiebra, antes del 14 de mayo, entre cuarenta y cien bancos, con su correspondiente secuela de caos. Menem y Cavallo vuelven a protagonizar (síntoma de la agudeza de la crisis) un papel de árbitros entre los grandes capitalistas y las masas. Apelando al temor de una crisis incontrolable, Cavallo pretende limitar la presión de los grandes banqueros que le exigen la resolución de la bancarrota financiera antes de las elecciones, aun arriesgando el peligro de una devaluación. El ministro de economía no está sino cobrando en su misma moneda, ya que fue precisamente con una corrida bancaria y con la hiperinflación con que alimentó las brasas, en 1989, antes y después de la derrota electoral de Alfonsín. Desesperados por ponerse en sintonía con los grandes intereses capitalistas, Bordón y Terragno (éste ya está reemplazando a Massaccesi) han empezado a llamar a las cosas por su nombre. El primero acaba de declarar que el plan Cavallo está agotado, mientras que el segundo, más preciso, dijo que había que abandonar el plan de convertibilidad. Este es, precisamente, el recambio que prepara el gran capital —el abandono de la política oficial y la inauguración de otra que pasa por la devaluación de la moneda y un re-ajuste de las relaciones económicas internacionales de la burguesía argentina. Sin este reacomodamiento, la patronal carece de un marco y de una política de conjunto para seguir aplicando la flexibilidad laboral y el abaratamiento y superexplotación de la fuerza de trabajo. La fractura vertebral que plantea el derrumbe del “plan” Cavallo ya ha abierto una crisis política y las correspondientes maniobras para superarla. Crece el apoyo económico de los grandes capitalistas a Bordón, para que el mendocino pueda llegar al segundo turno. Si las encuestas no llegaran a darle esa posibilidad, es altamente probable que una parte de los “capitanes de la industria” acentúe la fuga de capitales, con el apoyo de un sector de la banca internacional, para romper la línea de resistencia electoral del menemismo o, complementariamente, forzar a un acuerdo Frepaso-UCR antes del primer turno. Según algunas versiones, Massaccesi retiraría su candidatura a cambio del apoyo de Bordón a los candidatos radicales a las gobernaciones, y López Murphy y Terragno podrían ser el ministro de economía o jefe de gabinete, respectivamente. Una reelección de Menem impediría que la responsabilidad por los paquetazos anti-obreros que se prevén para el segundo semestre pueda ser adjudicada al gobierno precedente. Una fuerte manifestación de la crisis que enfrenta la sucesión de Menem la constituye el rechazo de Erman González a las medidas bancarias de Cavallo de semana santa. Es claro que el diputado riojano actúa como vocero de la gran banca y refleja la inviabilidad de esos anuncios. Cavallo se limitó a suspender a cuatro pequeños bancos, cuando es oficial que son cuarenta los bancos que no devuelven sus depósitos, por un equivalente a 10-12.000 millones de dólares. Los grandes bancos, por su parte, no han superado la desvalorización que les ha ocasionado a sus capitales la caída de las inversiones que tenían en la Bolsa o en el mercado inmobiliario. La garantía de los depósitos ofrecida por Cavallo, no tiene, por otra parte, ningún valor, porque no asegura el valor de los depósitos en pesos en caso de una devaluación. La pretensión del gobierno de evitar que una gran cantidad de bancos sea declarada en quiebra se encuentra en contradicción con el hecho de que el Fondo Fiduciario, encargado de rescatar a los bancos en crisis, estará en manos de los bancos más poderosos, que ya han declarado su interés por dejar en pie a sólo 60 de los 180 bancos que aún existen. La situación económica se encuentra empantanada, y esto es lo peor que puede ocurrirle a un gobierno capitalista. En este marco, se acaba de saber que el déficit fiscal para los tres primeros meses del año ha sido superior al pactado con el FMI, lo que echa una sombra grande a las posibilidades de que se pueda pagar la deuda externa de este año con los recursos del impuestazo y de los bonos “patrióticos”. A medida que se anuncia la superación de la crisis, la cesación de pagos se hace más próxima. El total de la deuda externa privada que vence antes de junio es de 834 millones de dólares, en tanto que la pública es de 3.000 millones (Ambito, 17/4) Toda gran crisis económica, especialmente cuando es acompañada por una convulsión social creciente, es capaz de despertar a los muertos. Esto explica la reaparición del CTA y del MTA, y más aún el realineamiento de un sector de la burocracia de la CGT. Los burócratas del CTA se van viendo obligados a modificar la única actividad que tenían agendada para este año, sus elecciones directas el 6 de junio, y empezar a convocar a algunas manifestaciones; para tanto, tuvo que ser asesinado el compañero Choque en Tierra del Fuego. Este sector de la burocracia está a la espera de un triunfo de Bordón para saber a qué atenerse —fuera de eso va a la rastra, rastreramente, de los acontecimientos. Es necesario que la vanguardia de la clase obrera, es decir, los luchadores, conquisten una real independencia política, es decir, aprecien correctamente la situación: una crisis fulminante por arriba, limite de la tolerancia popular con la miseria por abajo, insustituibilidad de la acción directa de las masas para hacer frente a la catástrofe que las amenaza. Las elecciones del 14 de mayo se tranforman cada día más en una ceremonia vacía de contenido, no sólo para la clase obrera sino para todas las clases sociales, incluidos los explotadores. Está claro que el desenlace de la crisis no va a tener lugar en las urnas. Después de las elecciones, al que le toque el turno del gobierno le tocará también la tarea de enfrentar una crisis descomunal y una viva resistencia popular, acicateada por la desilusión de seis años de mentiras menemistas, libre-mercadistas y estabilizadoras. La campaña electoral se torna cada vez más para los socialistas revolucionarios en una campaña política de preparación de las masas y la vanguardia para jornadas fundamentales y, quizás, decisivas. ¡Que la crisis la paguen ellos!

Entendemos que el conflicto de Página/12 refleja un problema —el de los despidos— que afecta al conjunto del gremio. Por eso, entendemos necesaria la fijación de un Plan de Asambleas por empresas, anunciado con anticipación y a realizarse en la próxima semana con la participación del Comité de Lucha, para preparar un paro general del gremio. En segundo lugar, proponemos volcar un apoyo más activo a Página/12, mediante las siguientes medidas: a) Sacar un afiche que diga que Página/12 está parando. b) Enviar una carta al Sindicato Gráfico Argentino, pidiendo el paro del personal de su sector en los talleres gráficos donde se imprime el diario. c) Volanteo y concentración en las puertas de las fábricas Tabaré y Conforti para que Página/12 no salga. d) Realización de piquetes de convencimiento en Página/12.

Los trabajadores jujeños han logrado un fenomenal triunfo sobre el gobierno hambreador y menemista del gobernador Perassi: obtuvieron la derogación —por una ley de la Legislatura provincial— de los decretos de “necesidad y urgencia” del gobierno provincial que instauraban la emergencia previsional, la rebaja de los salarios y las jubilaciones provinciales, la liquidación de conquistas laborales y sindicales de los empleados provinciales, colocaban en disponibilidad a la totalidad de los empleados públicos y habilitaban la privatización de las empresas públicas. Los decretos desencadenaron una auténtica rebelión provincial. Un petitorio reclamando la derogación de los decretos recogió más de 30.000 firmas y hubo manifestaciones callejeras de masas, algunas de ellas brutalmente reprimidas por la policía. Finalmente, el martes 11, la manifestación más numerosa que se recuerde en la historia jujeña —en la que participaron, además de los estatales, numerosos estudiantes y hasta profesionales y personal jerárquico de la administración pública— rodeó la Legislatura provincial, dispuesta a no moverse de allí hasta que los decretos fueran derogados. Una gruesa columna proveniente de la localidad de Perico no pudo llegar a la ciudad por el impedimento de la policía provincial, que la detuvo en la ruta. “La Casa de Piedra (Legislatura) —cuenta El Pregón (12/4)— estaba virtualmente rodeada de compactas columnas de gente entonando cánticos, pidiendo y clamando a viva voz que los diputados deroguen los decretos”. Cuando el “mediador” eclesiástico, el presbítero Germán Maccagno, se dirigió a los manifestantes reclamándoles “tiempo y paciencia para negociar”, “se produjo una explosión de quejas y una silbatina a la vezz que se escuchaban expresiones como ‘se acabó toda la paciencia’... En tanto, la multitud gritaba ‘que se vayan Perassi y compañía’” (ídem). El fantasma del Santiagueñazo rondaba la Legislatura: bajo la sofocante presión de la manifestación que se negaba a disolverse, los legisladores de la UCR, la Fuerza Republicana, el Movimiento Popular Jujeño se vieron obligados a votar la derogación de los decretos y hasta el PJ se vió obligado a obedecer la “sugerencia” de la Iglesia de dar el quorum necesario para que la ley derogatoria pudiera salir. La noticia de la derogación de los decretos antiobreros hizo explotar la alegría popular: la movilización había logrado pararle el carro al gobierno provincial y a sus mandantes, Menem y Cavallo. El gobierno provincial ha retrocedido pero no está vencido. Perassi ya anunció que “no hay fondos” para pagar los salarios y las jubilaciones y dejó flotando la posibilidad de vetar la ley que derogó sus decretos. Al mismo tiempo, el gobierno provincial envió a la legislatura una “ley de emergencia previsional” que establece el traspaso de la Caja jubilatoria provincial a la órbita nacional, la reducción de las jubilaciones al 70% de sus valores actuales y la inejecutabilidad de los fallos judiciales en favor de los jubilados provinciales por un plazo de cuatro años. El gobierno ha dado un paso atrás para evitar un “jujeñazo” pero no ha renunciado a aplicar su programa, que es el de la oligarquía provincial y el gobierno nacional. La consigna es no bajar la guardia y prepararse para las nuevas luchas.

Para los estatales neuquinos, la convocatoria a elecciones realizada a través del diario Clarín del 8 de marzo, estuvo de hecho cajoneada hasta el lunes 13 de marzo, en que se notificó a quienes oficiaron de delegación de la junta electoral local y recién un día después se pudo disponer de planillas de avales, candidaturas, etc. Este ocultamiento del llamado no es un hecho menor desde que a partir de la convocatoria sólo hay 10 días hábiles hasta el cierre de plazos para presentar lista. Es decir, el oficialismo que cuenta con la información de antemano y que aprovechó, por ejemplo, la entrega anual de guardapolvos para juntar avales, largó con una gran ventaja. En escasos días hubo que vencer este primer escollo y juntar los avales y las candidaturas. La Naranja y Blanca realizó un esfuerzo militante y logró derrotar esta maniobra del degennarismo. El miércoles 22, al expirar los plazos, nuestra lista se presentó en regla: 46 candidaturas, más de 150 avales, etc. Desde un primer momento, la Naranja y Blanca buscó también presentar una lista de unidad antiburocrática con los activistas que estuvieron al frente de la huelga del sector de salud y que están opuestos al oficialismo. El espíritu unitario que prevalecía en muchos compañeros fue boicoteado desde la Junta interna del Hospital. Castro Rendón, cuyo secretario general fue parte de las dos conducciones anteriores de la seccional y de la que se apartó por cuestiones camarillescas. La propuesta de la Naranja y Blanca era unificar, en función de reconocer que en los hospitales hay muchos activistas antiburocráticos, más allá de las posiciones de la Junta Interna. Finalmente, el boicot de la Junta Interna a la unidad antiburocrática se reflejó en que armaron una tercera lista (la Morada-Verde), pero el esfuerzo de nuestra lista no pasó desapercibido para muchos de estos activistas del área salud, los cuales se integraron a la Naranja y Blanca. Nuestra lista está integrada por muchos delegados, miembros de juntas internas y reconocidos luchadores (algunos votados por sus compañeros de trabajo para integrarla). La Naranja y Blanca ha recogido muchos años de militancia gremial y de ser la única oposición al degennarismo. Después que la actual conducción quebrara la huelga de salud, hubo un reflujo general de los estatales, incluso no saliendo a las últimas movilizaciones (algo inédito en el gremio, con una tradición movilizadora de años). Centenares de compañeros, incluso, se han desafiliado. Estas bajas la directiva las ha cubierto afiliando a empleados municipales del interior de la provincia e inflando el padrón. La actual conducción sufre un gran descrédito en la base, lo cual evidentemente se va a reflejar en la votación. Por eso la unidad antiburocrática era un elemento clave. La Morada-Verde, agrupación Germán Abdala, hasta en el nombre no puede esconder su filiación degennarista. Por eso en las próximas elecciones del 6 de junio, en ATE Neuquén se presentan dos listas degennaristas. Hay una única opción para recuperar el gremio de manos de la burocracia, y esa opción es la Naranja y Blanca. La Naranja y Blanca ha votado en una reunión plenaria un vasto plan de campaña: ya ha salido una rifa para recaudar fondos y un boletín, y prepara una peña para el mes entrante. Además, está comtemplado recorrer el interior de la provincia para llegar a miles de compañeros.

El martes 18 hay un paro activo provincial en Córdoba decretado por el Cta y el Moas (Moviomiento de Organización y Acción Sindical). El paro concentra innumerables movilizaciones y luchas que se están desarrollando en toda la provincia como resultado de dos factores: el primero, el total derrumbe de las finanzas provinciales, con docentes, jubilados, judiciales y municipales que todavía no han cobrado sus sueldos; el segundo, la crisis industrial y comercial (fundamentalmente entre los autopartistas y terminales automotrices pero también en la alimentación, el calzado y los talleres metalúrgicos) que ha provocado un tendal de despidos y suspensiones. El gobierno ha agravado la crisis de conjunto al desviar los fondos públicos al salvataje de los bancos provinciales y a cumplir sus compromisos con los grandes bancos internacionales. El derrumbe radical en Córdoba es todavía más grave si se considera que el gobierno provincial ha contado sistemáticamente con el sostén de la “oposición” justicialista y de la burocracia sindical, que se negó hasta el final a la convocatoria de una lucha común. El paro fue arrancado por la enorme presión que viene de abajo, en particular de los docentes que han declarado el paro por tiempo indeterminado. El paro que la burocracia no pudo frenar es la base para preparar la huelga general e intervenir a fondo en la crisis política que se ha abierto con el hudnimiento de la provincia y su gobierno.

Más de 20.000 docentes, padres y alumnos se movilizaron el pasado miércoles 12 por las calles de Córdoba en defensa de la educación. La movilización —a la que al día siguiente La Nación no dudó en calificar como “imponente”— fue la mayor de los últimos tiempos y una de las más numerosas desde 1983. La masividad de la marcha es la respuesta de la población ante la total parálisis de la educación, como resultado de que el gobierno aún no terminó de pagar los sueldos de febrero y aún debe totalmente los de marzo. La movilización fue convocada por los sindicatos docentes (UEPC, Amet, Sadop) y estuvo precedida por innumerables movilizaciones, asambleas zonales, tomas de edificios públicos, en las que los maestros, los padres y los alumnos estaban unificados detrás de la consigna “que se les pague a los docentes ya”. El rasgo distintivo de la marcha, sin embargo, fue la importante presencia de los colegios privados y, sobre todo, los confesionales. La Iglesia y la patronal privada impulsaron la marcha como protesta por el atraso del gobierno en hacer efectivos los subsidios a la enseñanza paga: no era, pues, un reclamo obrero sino un reclamo enteramente patronal. La jerarquía eclesiástica imprimió su propio sello político a la marcha, con la anuencia de las direcciones sindicales docentes: se impidió marchar con carteles, se impuso el silencio a los participantes y, en el documento leído, se reclamaron mayores subsidios y la aplicación de la clerical y antieducativa Ley Federal de Educación. El copamiento político de la marcha por la curia llegó al extremo de alterar su recorrido: no fue de plaza Colón a plaza San Martín (como estaba programado) sino de María Auxiliadora a la Catedral ... La acción desembozada de la Iglesia provocó cortocircuitos en el gobierno: por primera vez en once años, Angeloz no concurrió a la procesión de Pascuas. Al mismo tiempo, los docentes cuestionaron a la burocracia haber entregado la marcha a los curas —que no levantan la consigna de mayor presupuesto para la educación pública pero no vacilan en reclamar mayores subsidios para la educación privada. Los curas y los parásitos de la educación —con el consentimiento de la burocracia docente– pretenden montarse en el descontento popular y usar a los maestros y padres como arietes para sacarle mayores prebendas a un gobierno impotente y en crisis.