Prensa Obrera N° 437

PO: ¿Cómo ves la situación de la clase obrera? R: Me parece que el movimiento obrero en sí ha crecido, ha madurado mucho; las luchas como la de Jujuy y Santiago, aquí en Mar del Plata la movilización contra el aumento del boleto y la resistencia de los compañeros de Luz y Fuerza enfrentando la privatización y la flexibilidad, son una prueba más de que los trabajadores están más decididos. Hay quienes puedan opinar que se ha fracasado cuando no se logran todos los objetivos, pero para mí la unidad en sí misma es un triunfo. Los resultados son secundarios... primero hay que unirse en la lucha que es común, después sacar conclusiones y corregir los errores. Es cierto que los trabajadores todavía tienen miedo a la represión o a perder el trabajo, pero también es cierto que a pesar de eso las luchas continúan. Por otro lado, muchos de los compañeros de vieja data como yo, seguimos convencidos de que no será ni hoy ni mañana pero que la revolución es la única salida. Es necesario unirnos con objetivos claros para colaborar de esta forma con la maduración del movimiento obrero, que es quien hará la revolución que culminará con la dictadura del proletariado. Pero a pesar de tener claro todos estos conceptos (o por lo menos son los míos), no veo que aparezca un planteo de conjunto para lograr estos objetivos. Las elecciones no son una herramienta importante, pero hay que dar una lucha en este terreno también. Creo que lo válido es impulsar las agrupaciones, los frentes amplios antiburocráticos, antipatronales y clasistas. PO: ¿Te parece que esto lo puede encauzar el FG o la Corriente Grande de Pino Solanas? R: Yo creo que no porque son parte del sistema. Pero hay que diferenciar: el FG no es de izquierda y no puede ser una opción. Con respecto a Pino, nosotros ya estuvimos con él y nos dimos cuenta que clase de m... era. Muchos compañeros no estuvimos de acuerdo cuando el FREJUPO, y sabiendo quién era Menem, lo impulsamos con el propósito de derrotar a Alfonsín. Solanas no puede ser el candidato que represente a los trabajadores, porque sencillamente no representa sus necesidades. El tipo es parte del modelo y actúa en consecuencia. PO: Nosotros impulsamos la propuesta de poner en pie el Frente de Izquierda y los trabajadores a través de una conferencia nacional, ¿qué opinás? R: Con la conferencia estoy de acuerdo si es representativa, puede ser un punto de reagrupamiento para intercambiar opiniones, experiencias. Un primer paso hacia la unidad por la recuperación de los sindicatos y los cuerpos de delegados. Si la unidad se concreta, el resto sale solo.

PO: ¿Cómo ven la iniciativa de convocar a una Conferencia de la Izquierda? M: Es una grandísima oportunidad de que las personas que no se encasillan en un partido de izquierda puedan manifestarse. L: Yo lo veo positivo, en primer lugar para organizar desde el comienzo del año lectivo la lucha contra los ataques que sufrimos (privatización de la educación, represión; etc.). PO: ¿Cómo piensan que lo van a receptar los compañeros? L: Depende de cómo lo trabajemos nosotros y del enfoque que le demos para agrupar ideas. M: Que sirva para abrir el debate con los independientes. ¿Alguna vez se hizo esto en la izquierda? PO: No. M: Entonces es una gran idea; innovadora.

Rubén: Lo importante es que en la conferencia se discuta cómo defender los derechos del obrero. La izquierda tiene que actuar formando a las bases, unirnos y sacar de la clase obrera y de la conferencia a nuestros mejores candidatos. En la conferencia se debe armar una propuesta de acción contra la flexibilidad laboral que te va a sacar todo, denunciándola, porque la gente todavía no lo ve. Ustedes tienen que trabajar para unir a los compañeros que estamos dispersos, agrupándonos. Eso es lo que tiene que hacer la izquierda. Juan: La izquierda tiene que unirse en esta conferencia para lograr ser un poder de convocatoria y así llamar a movilizar frente a cada ataque que hace el gobierno y los patrones. Si no salimos a la calle no pasa nada. ¿Para qué querés un diputado si no nos organiza para salir a la calle? PO: ¿Qué opinan de un Frente con Solanas? Rubén: No, Solanas ya traicionó; él se fue del FG porque no le dieron un lugar privilegiado en la Lista, o sea sólo le preocupa el puesto. Solanas, como todos los parlamentarios, oficialistas o no, se pusieron en contra del pueblo de Santiago, en contra de los que lo eligieron a ellos. Juan: Solanas no es de izquierda, si en algún momento se movió fue para su provecho y no para los trabajadores. PO: Rubén, ¿qué mensaje les darías a tus ex-compañeros de la JP? Rubén: En este momento les diría que traten de sumarse a lo que realmente es oposición. En este momento no estoy en ningún partido, pero los del FG, Modín, Solanas, etc., que pintaban ser de oposición, terminaron siendo burócratas del oficialismo (PJ, UCR). Para terminar con ellos hay que echar a los “grandes políticos” y organizar a los que luchan ... los de abajo. Tenemos que empezar a crear nuestros propios dirigentes, de la clase obrera. La izquierda tiene que ir a poner la cara en la Conferencia que propone el PO. Juan: Yo conozco a mucha gente que siempre simpatizó con la izquierda, la propuesta es clara, pero va a ser muy difícil agruparnos en una conferencia. Hay que hacer una gran campaña. Meta nomás...

PO: Tu opinión sobre la convocatoria a la Conferencia Nacional de la Izquierda. JN: La propuesta me parece muy positiva, ya que la izquierda tiene que estar unida y organizada en un Frente de Lucha. Tenemos que organizarnos en comités zonales de varios colegios. PO: ¿Qué opinas de un frente encabezado por Pino Solanas? JN: La izquierda no puede tener al frente a una persona como Pino Solanas, que en su momento apoyó a Menem y que también apoyó la intervención a Santiago del Estero.

Frente a la crisis en marcha, Menem y Cavallo han largado un paquetazo antiobrero y antipopular. Quieren salvar a la clase capitalista hundiendo al conjunto de la Nación explotada. Mientras dilapidan los fondos públicos en subsidios y salvatajes a los bancos, dicen que no hay plata para pagar a los trabajadores de las provincias, ni para los jubilados que tienen que vivir con 161 pesos, ni para la salud, ni para la educación. Para salvar a este régimen en agonía quieren abaratar los despidos, alargar las jornadas de trabajo y destruir los convenios, quieren liquidar las empresas públicas y los bancos provinciales, y terminar de transferir las Cajas jubilatorias provinciales. Es una política de chantaje: dicen que si las provincias quieren sobrevivir, tienen que aceptar la flexibilización, las privatizaciones, la entrega del futuro previsional. Pero si aceptan esto, se hunden irremediablemente. Los trabajadores han comenzado a movilizarse para enfrentar este paquetazo antiobrero. En Córdoba, la Asamblea del Hospital Rawson votó parar si no pagan, coordinar con otros hospitales y cortar la ruta; en la Maternidad se resolvió parar desde la fecha de pago; el Banco Córdoba votó el paro a partir del viernes 27, si no cobraban. Los jubilados cordobeses están en la calle movilizados, por los atrasos en los pagos. En Río Negro, las manifestaciones se suceden. También en Jujuy, Salta, Formosa. Aquí, en la Capital, los jubilados han llamado a una gran marcha para el 15 de febrero. Este es el camino que hay que impulsar. Porque sólo una enérgica acción de los explotados podrá terminar con el bestial saqueo capitalista. Ante la traición de la burocracia menemista, reclamemos a las organizaciones sindicales que voten el inmediato paro activo nacional, para retirar estas leyes antiobreras del Parlamento. Impulsar Asambleas en las fábricas y la coordinación interfabril. Para frenar el saqueo: Confiscación de la banca y de los privatizadores, no pago de la deuda externa, reestatización del sistema previsional, salario mínimo de 1.000 pesos, jubilación móvil del 82%, control obrero de las grandes empresas. e quede sentado un precedente gravísimo en el gremio? La patronal de La Prensa acaba de despedir a 22 trabajadores del diario, aprovechando la situación creada por el fallo judicial contra la organización gremial interna. Sin embargo, el sindicato considera “respetados sus derechos” por el hecho de que les fue pagada la indemnización a esos compañeros (cosa que ni siquiera es cierta en todos los casos). La dirección centroizquierdista de Utpba está así liquidada en sus posibilidades de dar respuesta a uno solo de los problemas del gremio. El movimiento obrero debe pronunciarse en favor de la estabilidad gremial de los delegados electos por los trabajadores.

PO: ¿Qué opinás de la convocatoria del PO a una Conferencia Nacional de la Izquierda por un Frente de Izquierda? R: Me parece una buena iniciativa, creo que la izquierda tiene que sentarse, más allá de quién convoque, a plantear qué es lo que quiere y dar un perfil claro a tantos luchadores que andan por ahí, y que por el momento no lo tienen. PO: ¿Es decir, una alternativa de lucha? R: Por supuesto. Hay muchos compañeros que están o estamos necesitando eso. PO: Otras corrientes políticas plantean un frente con Pino Solanas a la cabeza, ¿qué opinás? R: Estoy en contra de cualquier frente que lleve a un representante de ese tipo a la cabeza, porque no creo que represente a la clase trabajadora ni que sea un revolucionario. PO: Estamos impulsando la formación de comités por la Conferencia,¿pensás que es un buen camino para garantizar su realización? R: Creo que todo lo que sirva, lo que tire para adelante para formar un Frente de Izquierda, para dar la batalla para reunir a los partidos, militantes y activistas para discutir qué se necesita, es valorable y sirve en la medida que uno quiera hacerlo.

El PO ha venido dando una batalla contra los frentes electoralistas con políticos arribistas. Criticamos las tentativas “que están realizando el PC, el Mst y el Ptp para poner en pie un cadáver político como Solanas, que no representa ningún movimiento popular, ni semipopular, sea de la clase social que fuere” (PO, 19/12/94). Pero estas corrientes se empeñaron en ofrecer la candidatura presidencial de un frente electoral a Pino Solanas. El hombre, ni corto ni perezoso, les respondió que ni loco pensaba encabezar un frente con ellos. El argumento con que rechazó el ofrecimiento confirma nuestra caracterización de que Solanas es nada más que un arribista: “no me interesa un frente del 3% y menos con ‘la izquierda’’”. El quiere un nuevo Frente Grande con personeros potables para la burguesía, no con izquierdistas en crisis. Solanas salió a buscar compinche que lo acompañe en su aventura electoral entre los hombres de la burguesía. Así propuso a Alvarez Guerrero, presidente de la convención de la UCR, “uno de los pocos que se opuso a la liquidación de YPF, para que no se vendiera sin licitación ni balance” (Página 12), como candidato a vicepresidente. Sin embargo, la búsqueda indica el perfil político de Solanas. ¡Busca a los hombres “éticamente” honestos, que hubieran permitido la “liquidación” de YPF a precio justo! Fracasado con Alvarez Guerrero, Solanas sigue recorriendo el país ofreciendo una vacante a vicepresidente al obispo de Nevares, a Ricardo Molinas, a Pérez Esquivel. No obstante haberlos pateado, el PC insiste en nombrar a Solanas como su precandidato a presidente. Lo mismo sucede con el Ptp, que saluda “las definiciones avanzadas de Solanas... de los diputados Molinas y Polino, de Alvarez Guerrero” (Hoy, 26/1). El Mst, por su parte, llama a constituir el frente electoral a estas corrientes, criticándolas porque “equivocadamente no quieren avanzar en concretar el Frente, esperando una definición de Solanas” (Semanario, 12/1). La dirección del Mst, que se jacta de “realista”, quiere “avanzar” dejándole una silla para que Pino se incorpore a la candidatura presidencial una vez que haya quemado todas sus naves. Pino Solanas es un fraude. Habiendo apoyado la intervención menemista a Santiago del Estero, habiendo acompañado al Chacho Alvarez en el apoyo a la Constituyente reaccionaria, hoy Solanas está hundido y se sostiene todavía por el apoyo que las organizaciones antes nombradas le brindan. El PO considera que todo compromiso, en especial en el terreno electoral, con Pino Solanas, Molinas u otros elementos devaluados y carreristas del centroizquierda, no será un avance, sino un factor de desmoralización para la vanguardia obrera y la militancia de la izquierda. Se trata de superar al Frente Grande no con sucedáneos, sino con un Frente de Izquierda que ayude a un reagrupamiento general de la vanguardia y la izquierda, para enfrentar políticamente a la burguesía y sus partidos. Y la forma más sana, la que crea un mayor protagonismo e intervención, es mediante una movilización política consciente de la vanguardia. La Conferencia de la Izquierda, que el PO y otras organizaciones de la izquierda y diversos agrupamientos de activistas independientes están impulsando, pretende ser un canal para la participación e integración de los activistas del movimiento obrero, de los jubilados, de la juventud. Este no es un planteo nuevo, por lo menos del PO. El 7 de abril pasado, en el acto de cierre de la campaña electoral del FIS, Altamira llamó desde Plaza Once a realizar una Conferencia Nacional de la Izquierda, para discutir las diferencias en un terreno de acción política común. Este llamado lo volvimos a realizar públicamente desde el acto del 1º de Mayo en la Plaza de Mayo. El PO pretende dar un lugar destacado en la Conferencia a la vanguardia independiente y de izquierda, que ve la necesidad de un reagrupamiento independiente de toda candidatura burguesa o pequeñoburguesa. El PO ve la perspectiva frentista no sólo para el ámbito electoral inmediato, sino como parte de un Comando de Acción de la Izquierda para intervenir en el proceso cotidiano de la lucha de clases. Más importante aún, frente a la crisis nacional en desarrollo, que obligará a las masas trabajadoras a replantearse un curso de intervención y movilización, y que reclama una alternativa clasista de dirección. Es hora de definición. Los partidos y corrientes de izquierda deben definirse: frente electoralista democratizante con los carreristas políticos o Frente de Izquierda, de lucha y revolucionario, impulsando la Conferencia Nacional de la Izquierda de común acuerdo. En estas páginas se podrá ver al activismo que se está organizando en comités para impulsar la Conferencia Nacional de la Izquierda. Hay que tomar con toda energía esta tarea. A formar comités por gremio, fábrica, facultad o colegio, para discutir allí las propuestas y elegir delegados que las lleven a la Conferencia Nacional.

El próximo miércoles 15 de febrero ha sido convocada una concentración frente al Congreso. Se realizará con motivo de la Marcha Nº 150 de los jubilados. Llamamos a movilizarse masivamente para reclamar el retiro del Parlamento de las leyes antiobreras (de flexibilización, de accidentes de trabajo, etc.) y antijubilados. Frente a la traición y las parálisis de las direcciones sindicales menemistas, del MTA y del CTA, en el camino de preparar la Huelga General, esta concentración es un paso para hacer sentir la indignación obrera y popular y para avanzar en la organización y coordinación del activismo.

“Ante la perspectiva de la flexibilidad y del ajuste, y del incremento de los ataques al movimiento obrero, se hace necesario más que nunca que los activistas y luchadores nos juntemos a discutir la salida y la alternativa a este plan. Por lo cual la Conferencia de la izquierda y los trabajadores debe ser el puntapié inicial de la organización que precisamos”.

Estimados compañeros: Acabo de leer Del Cordobazo al Clasismo. Excelente testimonio. Reseña fundamental de las luchas obreras de los ’60 y los ’70. Extrae conclusiones claves. Avanza en algunas reflexiones autocríticas que comparto. Es preciso difundir entre las nuevas camadas de luchadores todas aquellas experiencias. Con ánimo fraternal quisiera extenderme sobre un aspecto que, me parece, Gregorio pasa por alto. Coincido con sus evaluaciones autocríticas, tales como que los dirigentes de SITRAC-SITRAM fueron demasiado permeables a la verborragia estudiantil, y en cambio demasiado refractarios a integrarse al Secretariado de la CGT Combativa de Córdoba. Pero pienso que hace falta otra autocrítica más. En la transcripción de los documentos de SITRAC-SITRAM salta a la vista, repetidamente, una consigna ultraizquierdista muy en boga en aquella época: “Ni golpe ni elección, revolución”. No es una cuestión más. Remata cada uno de los documentos. Fue una postura muy debatida por el activismo. Hubo variantes dentro de la misma concepción descolgada del proceso de masas: “Ni golpe ni elección, insurrección”, planteaban organizaciones como el Pcr y Vanguardia Comunista, que conformaban el frente Antiacuerdista, con magros resultados en las elecciones del 11/3/73. “Ni golpe ni elección, guerra revolucionaria”, planteó inicialmente un sector del Prt-Erp. En este caso, con todas las limitaciones que implicaba estar preso en Rawson, Santucho emprendió una polémica interna que permitió corregir parcialmente esa política aislacionista, procurando adaptar una táctica más amplia, más abarcativa, más rica. El Prt, tardíamente, procuró participar en aquel proceso electoral desarrollando Comités de Base, no en apoyo al peronismo, sino intentando impulsar un programa y candidatos alternativos. Como bien recuerda Gregorio Flores, el llamamiento de Salamanca a votar en blanco fue desoído por los mismos mecánicos que lo habían plebiscitado para el SMATA. Por otra parte, los Comités de Base tampoco llegaron a desarrollarse, pues la militancia perretista estaba embarcada (1971/72) más en el militarismo que en otra cosa. Creo que, juzgado a la distancia, es evidente que Tosco y Atilio López supieron ubicarse mejor que dichas organizaciones en el proceso electoral. Por lo menos en Córdoba, expresando de alguna manera precisamente la combatividad de los Cordobazos. El “Gringo” apoyó a Atilio López en el ballotage de abril de 1973, una de las pocas veces que la UCR no ganó en esa provincia mediterránea. Llama la atención cómo los seguidores de Tosco de hoy olvidan aquel episodio. Que la fórmula Obregón Cano-Atilio López no era parte de un proyecto reaccionario, no sólo lo demostraba la trayectoria anterior de ambos. También los sucesos posteriores. En febrero del ’74 se produjo el “Navarrazo”, insólito golpe policial que desalojó al gobernador y vicegobernador elegidos por el pueblo, mientras el gobierno nacional (Perón) hacía la vista gorda. Y meses después, el “Negro” Atilio pasó a ser una de las primeras víctimas de la “Triple A”, en tanto el doctor Obregón Cano debió partir a un largo exilio y aun en la década del ’80, apenas bajó en Ezeiza, fue encarcelado varios años. En conclusión, la consigna “Ni golpe ni elección, revolución” y otras variantes, no eran propuestas políticas correctas. Y con razón, con buen criterio, las desoyeron los mismos trabajadores que protagonizaron los Cordobazos y el clasismo antes, y que incluso en octubre del ’75 produjeron otro mini-Cordobazo. Por supuesto, no niego los aportes que en otros planos, en otros momentos, efectuaron distintas organizaciones políticas y dirigentes de masas. Sólo anhelo aportar al esclarecimiento de uno de los múltiples aspectos de nuestra historia. Reitero, más allá de estas consideraciones mías que se pueden compartir o no, la opinión favorable que me despertó el libro de Gregorio Flores. Fraternalmente

Cavallo lanzó un desesperado operativo de salvataje del sistema financiero en bancarrota. Este es el significado y el objetivo fundamental de la llamada “dolarización” ordenada por Cavallo desde Nueva York el pasado 11 de enero. Bancarrota y salvataje Desde bastante antes del derrumbe de México, los bancos venían sufriendo pérdidas como consecuencia de la caída de los títulos públicos y las acciones que tenían en su poder: ya en noviembre, un mes antes de la crisis mexicana, esta pérdida superaba los 2.000 millones de dólares, un cuadro agravado por la creciente morosidad de sus carteras de préstamos. Con el derrumbe de México se aceleró la caída de los títulos y las acciones y la fuga de depósitos. En pocas horas cayeron el banco Extrader y dos grandes operadores bursátiles y más de una treintena de bancos, incluso de los grandes, se encontraron en una situación “muy comprometida”. Las medidas de Cavallo son un intento desesperado de evitar la bancarrota bancaria y financiera en ciernes. Mediante una simple resolución —la reducción de los depósitos que los bancos deben mantener en el BCRA (encajes)— Cavallo le entregó a la banca 2.900 millones “frescos”. Con tasas interbancarias que, antes de la reducción de los encajes, llegaron al 25%, la entrega de casi 3.000 millones a tasa cero constituye un fenomenal subsidio para que la banca tape los “agujeros” provocados por la fuga de depósitos y la caída de los títulos. Cavallo, además, autorizó a los bancos a convertir en dólares, sin costo alguno, sus depósitos en pesos en el BCRA. En un solo día los bancos se apoderaron de 3.200 millones de dólares de las reservas del BCRA (Clarín, 17/1). De un plumazo y mediante un acto despótico, Menem-Cavallo entregaron el 25% de las reservas a la banca, en lo que constituye la mayor corrida cambiaria de la historia argentina ... Al mismo tiempo, el BCRA dejó de informar sobre sus ventas diarias de dólares ... lo que significa que el gobierno va a seguir entregando las reservas. Sin ingresos de capitales externos ni superávit fiscal, “en el primer trimestre deberán salir cerca de 2.300-2.500 millones de las reservas en concepto de pago de la deuda externa pública ... Aparece claro el porqué de la ‘desaparición’ de una buena parte de la información sobre las reservas ...” (El Cronista, 19/1). Al cabo del primer trimestre, Cavallo le habrá entregado 5.500 millones de las reservas a la banca, lo que significa una reducción de hasta el 45% del “respaldo” del peso. Estamos en presencia de una “conspiración de silencio” para ocultar la violación sistemática de la ley (precisamente, la ley de “convertibilidad”) y la entrega de las reservas al gran capital financiero. Tan espesa es la conspiración que el FMI ha enviado una inspección para realizar un “arqueo de las reservas” , pues teme que, como en México, las informaciones oficiales estén truchadas. La entrega de las reservas ordenada por Cavallo constituye un virtual “golpe de Estado” económico de una magnitud comparable a la estatización de la deuda externa (1982) y el “plan Bonex” de 1990, que confiscó los depósitos bancarios. Fracaso No fueron Cavallo ni el gobierno argentino, sino los propios banqueros los que ordenaron la entrega de las reservas: la llamada “dolarización” fue anunciada por Cavallo en Nueva York y sólo al cabo de una reunión con los grandes banqueros. Pocas veces ha quedado tan claro que el gobierno nacional y el conjunto de las instituciones del Estado —incluido el parlamento, es decir, la oposición patronal— son un rehén del capital financiero internacional. Cavallo se vio obligado a entregar las reservas como consecuencia del completo fracaso de la política con que enfrentó inicialmente el estallido de la crisis bancaria y del derrumbe mexicano. Para evitar una corrida contra el peso, impulsó una fenomenal suba de las tasas de interés; para mantener el valor de los títulos públicos, vetó las partidas presupuestarias asignadas por el Congreso para salud y educación, suspendió por decreto los juicios de los jubilados y anunció que los adjudicatarios de la privatización de las centrales hidroeléctricas y atómicas podrían entregar la totalidad de su cotización en títulos públicos; para evitar la bancarrota bancaria, anunció la formación de una “red de seguridad” privada, sin la intervención del BCRA ... pero con fondos provistos por éste. Nada de esto, sin embargo, logró frenar la corrida contra el peso, la fuga de los depósitos o el derrumbe de los títulos y las acciones. La jornada del 10 de enero, en la cual la caída de las acciones y los títulos batió un récord histórico apenas pocos minutos después de que el ministro “explicó” a los “capitanes de la industria” la “fortaleza del plan”, testimonia el fracaso de Cavallo. La crisis continúa A pesar de este inmenso salvataje, la crisis bancaria se ha ido agudizando con el correr de los días. Esto porque los activos de los bancos se desvalorizaron (usaron sus depósitos o tomaron créditos para comprar títulos y acciones que hoy valen un 20% menos) y porque sus deudores son crecientemente insolventes. Según el propio Banco Central, los préstamos atrasados superaron en setiembre los 14.200 millones de dólares, un total equivalente al 20% del total de los préstamos, al 100% del patrimonio propio de los bancos y aun superior a las propias reservas del BCRA. El corte del ingreso de capitales externos —que bajo el “plan Cavallo” financiaron el consumo y la reactivación— y el aumento de las tasas de interés, provocarán una recesión que tendrá un efecto devastador sobre la crisis bancaria, porque llevarán a una masiva quiebra industrial y comercial, abultando todavía más la masa de créditos incobrables. Frente a este cuadro de descapitalización (bancarrota) del sistema financiero, las “redes de seguridad” montadas por los bancos privados no “aseguran” nada: son, apenas, un intento de financiar con el dinero del BCRA el salvataje de los grandes bancos y la absorción por éstos de las carteras de crédito más rentables de los bancos chicos. Esto explica que El Cronista (16/1) advierta que “no se ha eliminado el riesgo del default (cesación de pagos)” y que Cavallo se haya comprometido ante los banqueros a usar incluso los recursos fiscales —que se les niegan a los jubilados, a los maestros y a las provincias— para garantizar que “no se va a caer ningún banco”. Ellos o nosotros La burguesía se ha unificado detrás de Menem-Cavallo no por la “fortaleza” —inexistente— del “plan”, sino porque levantan un programa de guerra contra los trabajadores, del cual la “flexibilización” en las Pymes, los despidos en las provincias, los recortes en el gasto educativo y de salud y la prohibición definitiva —por ley— de los juicios de los jubilados son, apenas, el primer paso. “Si antes de febrero no aprueban la ley (de suspensión definitiva de los juicios) —les reclamó Cavallo a los diputados— se derrumba todo” (Clarín, 20/1). Este es su programa. ¡Pero éste es el programa que han venido aplicando desde hace ya muchísimo tiempo! La burguesía y el imperialismo ya han aplicado hasta el hartazgo su programa para superar la crisis capitalista y el resultado es que hoy nos amenaza una catástrofe aún superior a la que pretendían remediar: la deuda externa, la miseria social, la subordinación al imperialismo y las perspectivas de un derrumbe económico generalizado son, ahora, mayores que nunca. La burguesía ha mostrado, así, su enésimo fracaso. Su salida es la entrega de las reservas, las riquezas nacionales y las fuerzas vitales de la población trabajadora a la voracidad de los grandes pulpos capitalistas. Los trabajadores debemos preparar una salida propia, nuestra, quitándoles a los capitalistas los grandes medios de producción y la banca y poniéndolos a funcionar bajo el control de quienes producen la riqueza nacional, los trabajadores. El derrumbe del “plan

PO: El PO plantea realizar una Conferencia Nacional de la Izquierda para constituir un Frente de Izquierda. ¿Qué opinás vos, que sos militante del Mas? P.Ll.: Me parece que el llamado a una Conferencia en el que se invite a los sectores militantes de los partidos y a los compañeros independientes de izquierda, que quieren de una vez por todas empezar a ver cuándo asoma el sol de la unidad de los partidos que quieren una revolución socialista, es una idea buena. Me parece que no puede quedar simplemente en una propuesta electoral, en hacer una Conferencia para discutir un Frente que se va a presentar en las elecciones del 14 de mayo y punto. Porque esto, si bien sería avanzar en dar mayor participación a la base en la discusión de un frente electoral, no termina de conformar lo que creo que es la gran ansiedad que hay en quienes han sido alguna vez militantes o simpatizantes de partidos de izquierda o sectores de trabajadores que miran con cierta simpatía a la izquierda: ver a la izquierda unida no sólo para las elecciones sino para la acción de todos los días, para el trabajo en los gremios y las empresas. Me parece, entonces, que si esa Conferencia fuera el puntapié para un Frente con cierta permanencia, lo vería con buenos ojos. Si es sólo para una cuestión electoral, también lo vería con buenos ojos pero a sabiendas de que después del 14 de mayo volveríamos otra vez a empezar de cero cada uno con su discurso. PO: En el cierre de la campaña electoral del FIS, en abril del año pasado, en Plaza Once, Jorge Altamira planteó la Conferencia Nacional de la Izquierda. Es una propuesta del Partido Obrero que no estuvo vinculada a una especulación electoral. Tu partido, el Mas, sin embargo no ha respondido a esta propuesta. ¿Qué opinás? P.Ll.: Creo que la propuesta de una Conferencia debe ser contestada, en primer lugar, por sí o por no, evidentemente. Yo estoy de acuerdo en votar por una posición a favor de realizar una Conferencia, o Congreso Abierto, que sea el puntapié para discutir el intento de accionar en forma conjunta en las elecciones y fuera de las elecciones. Creo que la dirección del Mas, frente a cualquier propuesta que se le alcance, tiene primero la obligación de contestarla. Yo doy o anticipo una opinión alrededor de esto: estoy a favor de la unificación de la izquierda. PO: En ese sentido, sobre la base de tu acuerdo con la Conferencia, ¿cuál sería tu compromiso práctico y lo que estás dispuesto a hacer para su éxito? P.Ll.: Así como les doy una respuesta a ustedes a favor en forma personal, doy y daré mi opinión dentro del partido acerca de una posición a favor de empezar a discutir este punto para llevarlo adelante. Los partidos conservan su independencia. Ningún partido se va a diluir a partir de la existencia de una Conferencia para la conformación de un frente más permanente. Creo que el primer compromiso que debe asumir todo militante de izquierda respecto de esta Conferencia es dar la pelea en su partido, en su núcleo independiente, etcétera, para convencer a los que no estén convencidos todavía de la necesidad de la conformación de un frente de acción permanente. Que dure no sólo para las elecciones —insisto— sino que sirva para la conformación de listas gremiales únicas, la discusión de todos los conflictos que van a ir apareciendo durante este año, la discusión de un órgano de difusión que sirva para debatir teóricamente y que pertenezca a todos, no a un solo partido, un órgano donde podamos discutir Cuba, la situación rusa, etcétera, con opiniones de todos los compañeros y que podamos leer todos. Creo que eso va a empezar a ayudar.

Buenos Aires, 20 de enero de 1995 Los trabajadores de metalúrgica Pastoriza, reunidos en Asamblea el día 20/1/95, a las 12 horas; y ante las gravísimas tentativas del gobierno de cercenar una vez más nuestros derechos adquiridos, muchos de ellos hasta con la sangre de compañeros; decidimos no solo repudiar energicamente este nuevo atropello, sino que por intermedio de nuestros delegados, descalificamos las expresiones de nuestros Secretario General Lorenzo Miguel, de felicitaciones al Secretario General de la CGT Antonio Cassia por la firma del nuevo estatuto, que prácticamente nos deja al borde de la esclavitud. Y por haber permitido que nuestros legisladores metalúrgicos “Naldo Brunelli” y “Luis Guerrero”, hayan impulsado y aprobado finalmente el 21/12/94 otra ley no menos nefasta para los trabajadores. Lamentablemente los metalúrgicos ya nos estamos acostumbrando a que nuestros dirigentes, en nombre vaya a saber de que doctrina (seguramente no ha de ser la peronista) y a cambio de qué apoyen o impulsen leyes u acciones en contra del movimiento obrero; tampoco estamos dispuestos a aceptar las solicitadas de la conducción de la U.O.M.R.A. apoyando la reeleción del culpable no solo de nuestros males y padecers, sino también de nuestros padres y abuelos jubiladas. Hemos decidido entregar con nuestro más enérgico repudio dicha nota al Secretario General de la U.O.M.R.A., “Lorenzo Miguel”; Secretario General Capital de la U.O.M.R.A., “Ricardo Martinez”, legisladores nacionales de la U.O.M.R.A., “Naldo Brunelli y Luis Guerrero”.

La Lista Naranja del gremio bancario ha sacado una declaración llamando a un “Plan de Acción contra los inminentes cierres y despidos” en el gremio. Plantea que corresponde actuar ya, antes de que se precipiten los acontecimientos. La política de la Asociación Bancaria debe poner al gremio en movimiento. Asambleas en todos los bancos y plenarios de delegados para colocar la defensa de la fuente laboral en el centro de la situación y organizar movilizaciones y un paro de advertencia contra los despidos, los cierres de fuentes de trabajo y por una “red de seguridad y salvataje” para los trabajadores, que plantee la reducción de la jornada de trabajo sin afectación de los sueldos. No es ésta la política del zanolismo, que acompañó todos los atropellos patronales de los últimos años (privatizaciones y despidos en el Hipotecario, Banade, Caja de Ahorro, bancos provinciales). En el último periódico de la Bancaria (enero) se anuncia la amenaza de despidos masivos, revelando incluso que “Entre las franquicias para las entidades involucradas en procesos de fusión o absorción, una admite la postergación de las consecuencias que se originen en quebrantos derivados del pago de indemnizaciones por despidos sobre los resultados”. Sin embargo, en las 20 páginas de la publicación, no existe una sola palabra sobre alguna medida a tomar ante tan grave situación. Un ejemplo “vívido” de la política zanolista ante los efectos de la crisis bancaria sobre los trabajadores, es la postura de la seccional Mar del Plata de la Asociación Bancaria, frente al despido de 4 compañeros del Banco Cooperativo de Caseros de esa ciudad. “Sabemos que algunas entidades crediticias deberán fusionarse o ser absorbidas por otras y que esto conlleva, desgraciadamente, una reducción de personal, pero pretendemos que de llegar a ese momento las patronales sepan manejarse a la altura de las circunstancias y no procedan a realizar un ajuste salvaje ...” (La Capital, 5/1). La entidad gremial realizará la “correspondiente denuncia ante el tribunal competente”, reclamando “que se reviertan los telegramas de despido y que se produzca la apertura de un registro de retiros voluntarios” (ídem). La Lista Naranja bancaria llamó a que las internas antizanolistas, la lista 94 y los activistas tomen una iniciativa común de acción y una campaña contra los despidos que se vienen en el gremio.

Un grupo de trabajadores, vecinos de Villa Tesei, constituyó un comité de base para militar por la realización de la conferencia y el frente de izquierda. La que sigue es una declaración que será repartida casa por casa en todo el barrio: “Nosotros, un grupo de trabajadores de Villa Tesei, estamos de acuerdo con la propuesta del Partido Obrero con la realización de una Conferencia de Trabajadores y la Izquierda, donde estemos representados los que pertenecemos al pueblo trabajador. “Porque estamos cansados de los partidos tradicionales que, en definitiva, representan los intereses de los patrones. “Porque pensamos que los únicos que podemos luchar consecuentemente por nuestros intereses de trabajadores, somos nosotros mismos, los trabajadores. “Para dar esa lucha, comprendemos que necesitamos construir una herramienta política propia que es un Frente de Trabajadores y un Partido de Trabajadores. “Por todo esto, nos comprometemos a constituir un Comité de Base en el barrio de Tesei que prepare e impulse la Conferencia de Trabajadores y la Izquierda, a donde pensamos llevar nuestra voz y nuestro voto para ayudar a construir nuestra herramienta política”.

Como en su momento la “convertibilidad”, la llamada“dolari-zación” es un recurso de emergencia, dictado por la agudización de la crisis e impuesto por el capital financiero. Para parar la corrida cambiaria de 1991, Cavallo tuvo que lanzarse a la aventura económica de transformar las reservas del país en una garantía inmediata y directa de la circulación del peso. El hipotecamiento de las reservas fue, precisamente, un recurso último para evitar la “dolarización” que estaban imponiendo “los mercados” mediante la corrida bancaria. “El ‘sofisticado’ ‘plan Cavallo’ —decíamos en el documento político de nuestro Vº Congreso— no es más que una enorme ‘operación de pase’, por la cual el Banco Central recibe dólares a crédito contra la entrega de pesos que rinden una tasa de interés varias veces superior a la internacional”. Ante la crisis bancaria actual y la corrida contra el peso, Cavallo se vio obligado a entregar las reservas. O lo que es lo mismo, los bancos se negaron a renovar la “operación de pase” — la “convertibilidad”— y exigieron la inmediata ejecución de su garantía, las reservas. “La lógica de la ‘salida’–dice El Cronista, 19/1– es que comience a reducirse el respaldo del peso bien por debajo de (lo) que marca la Ley de Convertibilidad”... o lo que es lo mismo, su abandono. Las medidas adoptadas bajo la presión de los grandes banqueros constituyen la expresión más rotunda del derrumbe del “plan Cavallo”, tanto más resonante cuanto que su ejecutor es el propio Cavallo.

PO: Como ex-militante del PC, ¿cuál es el balance de esa experiencia? C: Después de haber militado 27 años en el PC y haber sido dirigente del mismo en Villa Tesei, haber sufrido la represión y la persecución por ser un luchador, alcancé a comprender que la dirección del Partido Comunista no respondía a los intereses de la clase obrera, y lo sentí como una traición hacia mí y a mis compañeros de clase. La demostración de la traición fue clara: los Frentes con la pequeñoburguesía, aliada a los grandes capitalistas, de ninguna manera podrían defender nuestros intereses... PO: ¿Cuál es tu posición frente a la propuesta de realizar una Conferencia de la Izquierda? C: Convocar al movimiento obrero en general y a los dirigentes clasistas, en particular, a participar en la Conferencia de los trabajadores y la izquierda, para que el programa que salga de ella responda a los intereses de los trabajadores y del pueblo. Me comprometo a participar en los comités de base para impulsar el desarrollo de los mismos y la propia Conferencia.

La “escalada” de accidentes —cuya responsabilidad el gobierno atribuye a los choferes de colectivos— es, en primer lugar, consecuencia del caos y la falta de planificación urbana y social. La “urbanización” de la Capital y el Gran Buenos Aires se ha regido por las leyes de la anarquía capitalista —que sólo tiene en cuenta los beneficios patronales—, que han determinado un anacrónico sistema de transporte, asentado en un déficit de infraestructura pública y de servicios de transporte rápido y barato (subtes y FF.CC.) en favor del parque automotor individual. La segunda causa es la “flexibilización laboral” y la superexplotación de los choferes. La “flexibilización” en el transporte ha significado la degradación del conductor “profesional”, transformado crecientemente —como dicen los choferes— en “un repuesto más, descartable” y “el más barato”. El resultado ha sido el incremento de la precariedad laboral, expresado en la contratación de personal temporario, sin experiencia, y la superexplotación manifestada en el retorno al trabajo sin libreta, lo que les permite a las patronales violar regímenes legales de descanso y goce obligatorio de francos. Las patronales, además, sólo reconocen las prescripciones de “sus” médicos, que desconocen sistemáticamente las enfermedades que provoca la actividad estressante del volante. El chofer oculta sus enfermedades ya que los patrones sólo pagan los días caídos que ellos reconocen. Los “controles” oficiales pavimentan esta tarea y la legislación vigente permite el despido por “justa causa” o la “inhabilitación” del trabajador desahuciado por el deterioro de su salud. Las normas capitalistas obligan al trabajador a laburar en cualquier estado, pero no hacen responsable a las patronales por los eventuales riesgos de la tarea del chofer. Las patronales no están obligadas a cubrir a los choferes ante eventuales siniestros; por el contrario, obligan a los trabajadores a contratar un seguro para “protegerlos” ante posibles reclamos penales o inhabilitaciones. Meses atrás, el gremio del transporte arrancó una importante reivindicación —la instalación de las máquinas expendedoras de boletos— que atenuó en parte el régimen infernal de trabajo del chofer. Pero las patronales intentaron revertir esta conquista reforzando los regímenes de “velocidad comercial”, que obligan al chofer a cumplir horarios incumplibles a cualquier precio. Los accidentes son la consecuencia de la voracidad patronal. La tarea número uno de la hora es poner en pie un movimiento de defensa del trabajador del autotransporte. Un programa elemental debería partir de la obligación del trabajo por libreta y de la discusión paritaria, entre trabajadores y patrones, de los diagramas de cada recorrido, quebrando la norma capitalista de la “velocidad comercial”; hacer cumplir la norma que no se corta más boletos, estableciendo que allí donde no está la maquinita, la patronal debe colocar un guarda. Hacer valer estos reclamos ultrabásicos, exige romper la parálisis de la dirección de la UTA, que como el tero pone el grito contra la nueva ley de flexibilización de las PYMES para despistar, porque los huevos para luchar contra la “flexibilización” concretita, que rige ya en el transporte, no aparecen por ningún lado. Asambleas por línea y plenarios de delegados con mandato de asambleas, para organizar la resistencia y un plan de lucha que derrote la “flexibilización” laboral en la UTA, que juega con la vida de los choferes, pasajeros y vecinos.

Con la aprobación de la Ley de Presupuesto 1995, quedó definido el objetivo político del gobierno para las universidades nacionales: congelamiento salarial y racionalización del personal. Al exiguo monto del presupuesto aprobado —luego reducido por decreto de Menem-Cavallo— se le agrega un nuevo elemento: la llamada “descentralización salarial”. El artículo 19 establece que “las universidades nacionales fijarán su régimen salarial... a cuyo efecto asumirán la representación del sector empleador en el desarrollo de las negociaciones colectivas...”, con la restricción de que sólo podrá utilizarse para gastos en personal el 85% del total de fondos asignados. La mayoría de las universidades supera con creces ese tope. Hasta ahora, los salarios de los trabajadores universitarios se fijaban nacionalmente, de manera unificada y centralizada, por parte del Poder Ejecutivo Nacional, sin intervención directa del cogobierno universitario. El establecimiento de un presupuesto a todas luces insuficiente obligará a las universidades a buscar el financiamiento “en el mercado”, operando como proveedoras de servicios, trabajando por encargo para las empresas. De esta manera, “sobrevivirán” formalmente como entidades públicas, pero se privatizará su actividad, poniendo al propio financiamiento público como un complemento de los recursos obtenidos del “mercado”. En estas condiciones, la “descentralización salarial” opera como una palanca adicional para forzar la conversión del cogobierno universitario en gerencia empresarial. El gobierno nacional obtiene la ventaja adicional de trasladar los conflictos generados por los bajos salarios al interior de las universidades nacionales. Schuberoff, de acuerdo En octubre pasado, una declaración del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el cuerpo que reúne a los rectores de las Universidades Nacionales, caracterizó como “insuficiente” el presupuesto y reclamó que se cumpla con “la pauta prevista en la Ley Federal de Educación, que significaría un incremento de 280 millones de pesos para 1995”. Con respecto a la descentralización salarial, planteó: “Las actuales circunstancias convierten en inviable cualquier propuesta de descentralización de política salarial debido a: a) El magro presupuesto ... que compromete el normal cumplimiento de las funciones de la Universidad... b) La ausencia de un ámbito de mediación para evitar el enfrentamiento entre las Universidades Nacionales y aun en el interior de ellas mismas” (bastardillas nuestras). Muchas palabras para decir algo muy sencillo: el CIN se limita a rechazar la “descentralización” sólo “por ahora” ( “en las actuales circunstancias”). La verdadera posición del CIN se reveló en su intervención en la Comisión Parlamentaria que “consensuó” la redacción del artículo de la ley de presupuesto relativo a la descentralización. Esta comisión se integró con los rectores Schuberoff (UBA, radical) y Cantero (Río IV, peronista) y los diputados Bullrich (PJ) y Zeballos (UCR). En la redacción “consensuada” se establece que “el Estado Nacional destinará durante los ejercicios fiscales 1995 y 1996 recursos financieros que garanticen para ese último año a las universidades nacionales un presupuesto que alcanzará como mínimo la cifra de 1.840 millones de pesos” (bastardillas nuestras). Como el presupuesto se aprueba año a año, esta cláusula es meramente declarativa y para 1995 se presta acuerdo al monto dispuesto en el proyecto del Poder Ejecutivo. Con relación a los “mecanismos de regulación”, el tope del 85% para gastos en personal fue explicado por el diputado radical Zeballos como una “‘cláusula de protección’, en particular para las universidades que tienen menor capacidad de negociación y que son aquellas que tienen comprometido su crédito presupuestario en el pago de salarios por encima del 85 por ciento de lo que les corresponde... para que en el marco de la negociación particular, a nivel individual de cada universidad, la presión de las federaciones docentes y no docentes no genere un desequilibrio que termine imposibilitando cumplir con los reclamos de esos dos sectores y, por ende, planteando un inconveniente de difícil o imposible solución al carecer de recursos en ese nivel”. Más claro... esta cláusula, que no estaba presente en el proyecto original, revela que para aceptar convertirse en los ejecutores de la política oficial, los rectores buscaron un recurso legal contra los legítimos reclamos de los gremios, mediante la inclusión de una disposición que aparezca obligándolos a hacer lo que voluntariamente han aceptado: ser los administradores de la miseria por cuenta del Ejecutivo menemista. ¿Y la CONADU? A principios de enero, una “reunión técnica” de la CONADU rechazó en forma unánime el presupuesto 1995 y la “descentralización salarial”, al tiempo que respaldó las medidas de lucha de los trabajadores de la Universidad del Comahue (ver aparte). Se ratificó la resolución del último Congreso de la CONADU: “... no están dadas las condiciones para iniciar el ciclo lectivo 1995 (y se) convoca a todos los docentes universitarios a la defensa de la universidad pública y (se) declara el gremio en estado de emergencia”. La declaración advierte sobre la política de despidos, con la excusa de adecuarse a la ley, y denuncia: “Esto ya está ocurriendo en la Universidad Nacional del Comahue”. “La respuesta de la docencia del Comahue —que declaró paro total con suspensión de todas las actividades, organizó marchas y asambleas populares y ya proclamó que de no anularse los despidos no habrá inicio del ciclo 1995— es la ‘respuesta testigo’ de cómo la CONADU enfrentará esta política de avasallamiento a los docentes y de destrucción de la Universidad Pública”. ¿Esta posición del Congreso de la CONADU será llevada adelante por la mayoría de la Mesa Ejecutiva ligada al CTA? Para cumplir con lo votado por el Congreso, preparando al gremio para el “no inicio”, hace falta una política activa, pero la Mesa no ha hecho trascender ninguna de estas declaraciones combativas. La “reunión técnica” de enero fue convocada con el único objetivo, luego modificado por los concurrentes, de analizar la legislación relativa a las paritarias. Pero la “reunión técnica” llegó a la conclusión de que en estas condiciones no hay nada que discutir en paritarias, porque la aprobación del presupuesto nacional deja afuera la cuestión salarial, el corazón de cualquier convenio colectivo. Hacer de las paritarias el objetivo inmediato del gremio es una vía muerta, diversionista por referencia a la tarea realmente planteada: organizar la resistencia contra la racionalización y los despidos, y para quebrar el congelamiento y la atomización salarial. La CONADU debe seguir ese rumbo y convocar a la acción común a toda la comunidad universitaria (estudiantes, no docentes, etc.), para luchar por el aumento del presupuesto universitario y por el control del mismo por los docentes, no docentes y estudiantes, en defensa de la universidad pública.

En la misma semana que arreciaron los ataques gubernamentales a los choferes, en dos importantes líneas metropolitanas que reúnen a más de mil trabajadores cada una, se desenvolvieron luchas de envergadura contra la prepotencia patronal y la complicidad oficial. En la 60, el movimiento nació del reclamo por la libreta de trabajo, que la empresa se negaba a entregar a los trabajadores, permitiendo todo tipo de atropellos en materia de descansos y francos. Luego de parar durante 24 horas, la patronal se comprometió a regularizar la situación. En la 136, de la zona Oeste, los choferes se “abstuvieron” de tomar tareas durante casi 48 horas, ante el retraso del pago del aguinaldo. El presidente de la empresa logró imponer el levantamiento de la medida con la complicidad de ex-delegados propatronales. Sin embargo, la patronal se vio obligada a cumplir un compromiso de pago días después, y dar marcha atrás en el intento de golpear al Cuerpo Gremial y provocar despidos. Estos movimientos de resistencia destacan que las “cláusulas de paz social”, que la burocracia de UTA pactó con las patronales, comienzan a ser desbordadas.

El Consejo Superior de la Universidad del Comahue, a propuesta del rector Bohoslavsky, votó la reducción del presupuesto de la masa salarial docente en 500.000 pesos para 1995, lo que equivale al despido de 200 docentes de dedicación simple (12 horas), y pospuso hasta febrero una modificación a las Obligaciones Docentes que introduce la “flexibilización laboral” en las actividades académicas. Los consejos directivos de las facultades de Derecho y de Economía vehiculizaron de inmediato esa política, votando despidos de docentes interinos y regulares y criterios de multifuncionalidad que violan la estabilidad laboral. Los docentes de la Universidad Nacional del Comahue hemos dado una respuesta de lucha: en una masiva asamblea se votó por unanimidad el paro total de actividades, incluida la no toma de exámenes, con concentración diaria a partir de las 10 horas a las puertas del Rectorado. También se resolvió expulsar del gremio a todos los consejeros docentes que votaron el ajuste y los despidos y convocar a una “Asamblea de la Resistencia” para el 22/12. En la “Asamblea de la Resistencia” estuvieron presentes otros gremios, estudiantes, partidos políticos, organismos de derechos humanos y dirigentes de la CONADU de todo el país. Con más de 300 docentes, se ratificaron las medidas de fuerza y se votó el NO INICIO del año académico 1995. La Federación Universitaria del Comahue y los Centros de Estudiantes apoyaron la lucha docente y ya resolvieron para marzo la TOMA DE LA UNIVERSIDAD. Terminada la asamblea, se marchó al Rectorado, se organizaron enormes pegatinas, petitorios con miles de firmas, solicitadas, volanteadas en las colas de estudiantes que se inscribían, etc. 1994 cerró con otra masiva Asamblea Docente el día 27, con presencia estudiantil, que ratificó el Plan de lucha y convocó a la Segunda Asamblea de la Resistencia para el 7 de febrero. La responsabilidad de la CONADU Las decisiones “negreras” del Rectorado del Comahue y su gabinete forman un curso de acción que va a repetirse en todas las universidades nacionales: reducir violentamente las plantas docentes, no docentes y la matrícula estudiantil mediante aranceles, restricciones al ingreso, etcétera, y aceitar el mecanismo que asegura para minúsculas camarillas dirigentes sus negociados con fundaciones, grandes empresas, etc. Por eso, también está planteado el camino de profundizar la lucha de los docentes universitarios del Comahue, como una causa popular de defensa de la educación pública, gratuita, estatal, científica y extender esta lucha a nivel nacional. La responsabilidad de la CONADU hoy es preparar las tareas prácticas para NO INICIAR EL CICLO 1995, ya que “no hay condiciones”, tal como lo aprobara el último Congreso de la CONADU en noviembre de 1994. Organizar el plan de lucha nacional es la primera tarea del próximo plenario de la CONADU, el 10 y 11 de febrero. Es necesaria una acción nacional y unificada de los docentes, los investigadores, los no docentes y los estudiantes universitarios, el paro y la toma de todas las universidades nacionales, para enfrentar esta ofensiva sin precedentes del gobierno, los rectores y sus consejeros.

El lunes 10, los cajeros de la Casa Central del Banco Nación pararon como un solo hombre. Reclamaban la libertad de tres compañeros detenidos bajo la acusación de robo y la implementación de normas elementales de seguridad para el sector. El paro, que se resolvió por asamblea, fue tan sólido que no pudieron quebrarlo las presiones de la dirección, ni el intento de que cajeros de otras sucursales carnerearan la medida. Al cajero, un activista del banco, de izquierda y candidato de la Lista antizanolista en las recientes elecciones gremiales, le endilgaron la desaparición de 100.000 pesos. La policía se llevó al compañero, al jefe del sector y a otra compañera, vinculada personalmente al cajero. Pero resulta que la cuestión de seguridad en el Nación es un verdadero escándalo, como lo revelan los permanentes ilícitos cometidos a la luz del día y en las circunstancias más obvias. Según trascendidos de medios judiciales, en el Banco funciona una “mafia” de altos funcionarios. Los trabajadores —que son los chivos expiatorios— viene reclamando desde hace tres años, en presentaciones gremiales y por medio de petitorios, condiciones de seguridad elementales. Que impidan que cualquier desconocido acceda a sectores críticos, como ocurre actualmente, poniendo en juego la responsabilidad de los empleados que manejan valores. Este “caos” favorece a los sectores que tienen en mira la privatización del Nación. Los cajeros resolvieron levantar el paro sobre la base de la firma de un acta donde la patronal se compromete a no sancionar a los acusados hasta no obtenerse resultados del sumario y a comenzar a implementar las medidas de seguridad reclamadas. Fue considerado un triunfo de la lucha. Cuando el compañero fue liberado, cuarenta y ocho horas después, una asamblea eufórica de los cajeros festejó el triunfo. La Comisión Interna (zanolista), en cambio, levantó el plenario de delegados convocado a pesar de que la patronal confirmó los cargos administrativos contra el cajero e intentó trasladar a la compañera, liberada sin ningún cargo.

La burocracia de Yeltsin ha convertido la invasión a Chechenia en una masacre salvaje y descontrolada en la misma medida en que la tenaz resistencia de los chechenos fue poniendo en evidencia las contradicciones políticas de la burocracia moscovita, las divisiones en la cúpula del Ejército y del gobierno ruso, la desmoralización de las tropas enviadas a la operación y la oposición de la población rusa a la invasión y al gobierno yeltsiniano. La artillería y la aviación han bombardeado Grozny, la capital chechena, hasta destruirla. Con un salvajismo inusitado, han bombardeado indiscriminadamente hospitales, maternidades, escuelas, barrios, aldeas y hasta granjas aisladas causando miles de víctimas entre la población civil, a la cual —según Yeltsin— los invasores “defienden”. La masacre sistemática lanzada por la burocracia no ha logrado, sin embargo, quebrar la resistencia. Tras un mes de operaciones, los invasores no han logrado dominar Grozny. Las pérdidas rusas son abrumadoras: la organización rusa de derechos humanos Memorial estima en 12.000 las bajas del ejército invasor mientras en Moscú circulan versiones de que el ejército está arrojando los cadáveres de los soldados rusos en los precipicios y desfiladeros del Caucaso para ocultar el número real de bajas. Los soldados rusos no mueren sólo por las balas chechenas. Se ha denunciado que unidades especiales del Ministerio del Interior asesinan a los soldados que retroceden o intentan rendirse. Los sitios donde los chechenos mantienen detenidos a los prisioneros —“por cientos, los soldados rusos dejan de luchar y se entregan” (La Prensa, 19/1)— son objeto de un bombardeo especialmente encarnizado por parte de la propia artillería rusa. Todo esto explica los abrumadores testimonios que recoge la prensa del odio que incuban las tropas y la oficialidad rusa contra el alto mando y el gobierno de Moscú. Fracaso político Yeltsin ha anunciado, por tercera vez, la toma de Grozny ... Pero aún cuando lo logre, la toma de Grozny no resuelve ninguno de los problemas políticos y militares que enfrenta Yeltsin. No ha aniquilado la resistencia de las milicias chechenas, que se preparan para llevar al ejército ruso a una desgastante guerra de guerrillas mientras las divisiones en la cúpula del ejército y del gobierno se han hecho más evidentes que nunca. En el alto mando se está produciendo un verdadero aluvión de generales opuestos a la invasión. En el gobierno, a la deserción de los “liberales” partidarios del ex primer ministro Yegor Gaidar se suma el parlamento, en el que se encuentra en preparación una resolución reclamando la renuncia de Yeltsin y la convocatoria a elecciones. Las divisiones, incluso, han alcanzado al propio grupo que rodea al presidente. Yeltsin ha desautorizado abiertamente al primer ministro Chernomirdin cuando éste anunció un acuerdo con representantes chechenos en Moscú para un “cese del fuego”. El enfrentamiento, “según los analistas, refleja una honda discrepancia entre el entorno militar del presidente (favorable al aplastamiento por la vía de las armas a la resistencia chechena) y su primer ministro, un representante de la vieja nomenklatura comunista que teme los costos de una guerra impopular dentro y fuera de las fronteras de Rusia” (La Prensa, 19/1). Las fisuras comienzan a aparecer en el propio “entorno militar del presidente”: Yeltsin virtualmente ha “degradado” al ministro de Defensa, el general Pavel Gratchev, y uno de sus más fieles aliados, al quitarle el mando del Ejército y limitar las atribuciones de su ministerio a la instrucción de las tropas. Todo esto indica que, cualquiera sea el desenlace de las operaciones militares, los objetivos políticos que pretendía alcanzar Yeltsin con la invasión a Chechenia han fracasado. No ha logrado resolver la “cuestión chechena”. Al contrario, ha convertido al dictador Dudayev —un ex general del Ejército ruso— en el líder de un “pueblo en armas” cuando, apenas unos meses atrás, la mayoría de la población chechena rechazaba su dictadura. La guerra tampoco le ha servido a Yeltsin para “recuperar el control” sobre las 89 unidades que integran la Federación y contra las cuales lanzó una catarata de decretos en el curso del año que “en gran medida fracasaron” (International Herald Tribune, reproducido por Ambito Financiero, 18/1): durante la invasión, Tarstán y Yakutia, dos repúblicas situadas en el corazón de Rusia y mucho más poderosas que Chechenia, han reafirmado su independencia. Esto explica que, con temor, Le Monde afirme que “aunque Chechenia no sea una pérdida completa para Moscú, no habrá puesto fin a las fuerzas centrífugas que amenazaban la integridad de Rusia desde el desmembramiento de la URSS”. Yeltsin tampoco ha logrado fortalecer el régimen de su camarilla personal. La prensa se ha encargado de hacer notar el papel jugado por la camarilla presidencial —y en particular por el jefe de la “guardia presidencial” Alexandre Korjakov— en tres hechos claves y relacionados: el desencadenamiento de la guerra con Chechenia, el choque con el Banco Mundial a raíz de las divergencias sobre las exportaciones petrolíferas rusas y el intento por disciplinar, incluso por medios militares, a un conjunto de fracciones de la burocracia opuestas a Yeltsin. Peter Reddaway, ex director del Instituto Kennan de Estudios Rusos avanzados, señala que uno de los objetivos de la camarilla presidencial era utilizar la invasión para golpear a sus opositores: “los grupos de poder que controlan los recursos —los sectores de energía y bancos, el complejo militar e industrial, el lobby agrícola— (que) empezaron a desconfiar de Yeltsin considerándolo como impredecible e incompetente” (International Herald Tribune, reproducido por Ambito Financiero, 18/1). Todos los objetivos políticos que Yeltsin pretendía alcanzar mediante la invasión —el aplastamiento de Chechenia, el “fortalecimiento del Estado ruso”, el cercenamiento de las libertades públicas, el disciplinamiento de la burocracia opositora— siguen pendientes; la guerra ha puesto en evidencia la debilidad de Yeltsin para alcanzarlos. Precisamente porque la guerra exponía esta debilidad a los ojos de todos, el imperialismo norteamericano —después de haber apoyado la masacre con el argumento de que era un “asunto interno ruso”— “aconsejó” a Yeltsin “terminar cuanto antes con el esfuerzo militar”. Yeltsin deberá ahora intentar alcanzar esos objetivos en un cuadro signado por una muy aguda descomposición económica y social —la producción industrial ha caído un 21% sólo en 1994, un derrumbe aún superior a los de 1992 y 1993 (18 y 16% respectivamente); el rublo, después del derrumbe de octubre “ha sufrido una verdadera paliza en los últimos tiempos” (The Wall Street Journal, reproducido por La Nación, 19/1), el desempleo y la miseria popular son aterradores— y, sobre todo, por un profundo odio popular agudizado por la guerra. La “toma” de Grozny anunciada por Yeltsin no altera la cuestión fundamental: una crisis política de envergadura está en marcha.

A partir de la iniciativa tomada por la tripulación de dos barcos, de presentar un petitorio a su patronal de aumento salarial del 100%, se desarrolló un conflicto que mantuvo paralizados a más de 50 barcos durante una semana. La medida fue acatada por el 100% de trabajadores del SOMU y por 50 conductores que también adhirieron a la medida, a pesar de que su sindicato carnereó el paro. Esto muestra un punto de recomposición para los trabajadores marítimos en su lucha contra las patronales y la burocracia del sindicato, que aceptó el decreto menemista 1772/91 de cambio de bandera, que arrasó con importantes conquistas: disminución de tripulantes por barco, reducción de francos, congelamiento salarial, etc. Hoy, considerando que caducaría el decreto, el sindicato coquetea ante las luchas que se anuncian para recuperar lo perdido. La burocracia se adelantó y largó el paro, y luego lo levantó sin consultar a las bases del gremio. No realizó ninguna asamblea y aceptó un aumento del 50% al plus por viaje, que representa un 18% en el aumento salarial, lejos del reclamo inicial que planteaba el 100%. Sólo el convencimiento de los trabajadores del SOMU de no zarpar si no había aumento salarial, fue lo que arrancó a las patronales el aumento y también el pago de los días de huelga. Es una victoria que sólo les pertenece a los trabajadores del SOMU.

Hace ya cuarenta y cinco días que la burocracia de Yeltsin lanzó un brutal genocidio contra el pueblo de Chechenia. La masacre indiscriminada de civiles inermes, por un ejército armado hasta los dientes, repudia la conciencia y los sentimientos de los explotados de todo el mundo. Y en primer lugar de los rusos, que han salido a la calle a protestar contra la invasión y el gobierno que la ejecuta. En estos cuarenta y cinco días, el partido comunista no ha encontrado ni la oportunidad ni el espacio para denunciar en su prensa la masacre de los restauracionistas. Para cualquier demócrata, socialista o revolucionario, la denuncia de esta masacre es una obligación política y moral inexcusable; el silencio frente al genocidio, que practican Echegaray y compañía, es pura complicidad con los asesinos, los mismos que ayer invadieron Hungría y Checoslovaquia para aplastar a los trabajadores con sus tanques ... con el cálido apoyo de Echegaray y sus antecesores. Los militantes del PC deben exigirle a su dirección que se pronuncie clara y abiertamente. Repetimos, el silencio es complicidad.

Este es el título de una solicitada publicada por un conjunto de docentes “autoconvocados” de varias escuelas y colegios de la zona— Media Nº1, Normal, Nacional, Agrotécnica y primarias. Los “autoconvocados” llaman a enfrentar la Ley Federal de Educación. “Los efectos de la implementación de la Ley —sostienen— llegan a Mercedes: cierran el Instituto de Formación Docente y Técnica Nº 7, jardines de infantes: hay casos de inscripción condicional en salas de 3 y 4 años”. “¿Que harán 50 o más maestras al desaparecer 7º?”,se preguntan. Denuncian, además, la escuela polimodal, que plantea “una alternancia entre escuelas y empresas (por lo que sabemos, mano de obra gratis)” y “la total descalificación del título técnico”. Se pronuncian contra la “virtual privatización de la escuela pública” y la “pérdida de la estabilidad laboral”, exigiendo “la plena vigencia del estatuto del docente”. La iniciativa de poner en pie “autoconvocados” surge de la inminencia de este ataque y la parálisis de la FEB local, sindicato que agrupa a la mayoría de los docentes. Es el bautismo, además, de un núcleo de Tribuna Docente en el distrito, que participó de un debate sobre la Ley Federal y tomó esta propuesta en sus manos.

La garantía por 40.000 millones de dólares que el gobierno norteamericano ofreció a México tiene el propósito de evitar la inminente cesación de pagos mexicana –o, lo que es lo mismo, la bancarrota de sus acreedores, el gran capital financiero norteamericano. La garantía es un salvataje para Wall Street, no para México. No es éste, claro, su único objetivo. La garantía asestará el golpe definitivo a la autonomía nacional mexicana. Para otorgarla, Estados Unidos exige, además del consabido “severo plan de ajuste y austeridad”, la entrega del petróleo y el sistema bancario mexicano al gran capital norteamericano. Se trata de una expresión excepcional de la opresión imperialista: México es obligado a poner su principal riqueza, el petróleo, a disposición de la Texaco, la Amoco y los grandes pulpos petroleros yanquis para salvar a los banqueros estadounidenses. En 1992, Estados Unidos ofreció a Israel una garantía por 10.000 millones de dólares con la condición expresa de llevar adelante el “proceso de paz” en Medio Oriente, que condujo a la firma de los acuerdos con la OLP y, a término, a la brutal crisis política que hoy convulsiona al Estado sionista. Las consecuencias explosivas sobre el régimen político mexicano que tendrá la garantía que hoy Estados Unidos quiere imponerle a su “socio” del Nafta no serán menores que aquéllas. Por años, y aun bajo los gobiernos más proimperialistas, la burguesía mexicana se opuso sistemáticamente a entregar el petróleo al capital extranjero. Incluso durante la “crisis de la deuda” de 1982, cuando México cayó en la cesación de pagos de su deuda externa, la burguesía azteca defendió su control sobre el petróleo. Esto porque es consciente de que la entrega de las riquezas petrolíferas –el principal recurso del país– al capital extranjero la convertirían en un mero apéndice de la burguesía norteamericana ... casi al mismo nivel que sus vecinos centroamericanos. Pero si no entrega el petróleo, México se verá obligado a declararse formalmente en cesación de pagos, a abandonar el Nafta y a convertirse en un “paria” financiero internacional por décadas. Frente a la brutal presión del imperialismo norteamericano por salvar a sus banqueros y apropiarse del petróleo mexicano, la fractura de la burguesía mexicana –y la consecuente agudización de la lucha de clases– es inevitable. Todo esto, claro, sin mencionar la resistencia que las masas explotadas mexicanas opondrán a la violenta pauperización que pretende imponerles la burguesía. Está planteada una crisis política de dimensiones descomunales. El Estado mexicano no tiene la menor autoridad para arbitrar los violentos conflictos de clase que se avecinan. El presidente mexicano, Zedillo, no sólo es “el más débil de la historia reciente de México” (La Nación, 22/1) sino que, además, está a la cabeza de un partido, el PRI, profundamente dividido –como lo prueba el asesinato del candidato presidencial Colosio por orden de dirigentes del propio PRI– y cuyo “ciclo histórico” está agotado. El intento de Zedillo de armar un acuerdo político con los partidos de la oposición para darle una base de sustentación a su gobierno, dio como resultado ... la “rebelión” de los caciques del PRI y las violentas manifestaciones de los propios miembros del PRI del Estado de Tabasco contra el gobierno nacional. En el lejano sur, la rebelión de Chiapas –que se extiende por medio Estado– es una expresión concentrada de la tendencia a la desintegración del Estado mexicano. El régimen político mexicano está condenado a saltar por los aires bajo las presiones contradictorias del imperialismo norteamericano, de los intereses de la burguesía nacional y de los explotados. ¡Pero con el Nafta, la crisis política mexicana tendrá una repercusión directa e inmediata en los Estados Unidos! La crisis recién comienza y no se detiene en la frontera, como lo prueban las dificultades que encuentra Clinton para hacer aprobar la garantía por los parlamentarios de su propio partido. Hace poco más de un año, cuando faltaban pocos días para la entrada en vigencia del Nafta, en un artículo acertadamente titulado “Echan Nafta a la caldera norteamericana”, caracterizábamos que México era una “‘bomba de tiempo’ que deberá estallar, porque es muy tarde para desactivarla” y agregábamos que “el proceso de la crisis capitalista será al mismo tiempo el proceso de la absorción de México por los Estados Unidos, y la respuesta popular que generará inevitablemente esta anexión será también el inicio de la revuelta popular en los Estados Unidos ... EE.UU. cree tener la llave o el disparador que haría explotar la ‘bomba de tiempo’ pero en realidad sólo tiene la mecha” (Prensa Obrera, Nº 409, 22/12/93). Las explosivas consecuencias del derrumbe mexicano confirman esta caracterización.

El PO salteño, junto a un conjunto de dirigentes sindicales y vecinalistas, se encuentra organizando la segunda movilización contra el aumento del boleto urbano de pasajeros ($ 0,70, el más alto del país en una ciudad de sueldos de 300 pesos), a través de una comisión multisectorial. La primera batalla, una movilización de 250 personas, ya planteó una primera definición política en las direcciones de la lucha. La Federación de Centros vecinales, convocante original del proceso, se acaba de retirar repudiada por todo el mundo y mostrando sus compromisos políticos y personales con el intendente. La dirección de la movilización se torna cada vez más independiente y combativa, siguiendo un camino de necesaria ruptura con los partidos que gobiernan el municipio (PJ, MODIN, UCR, Ulloa). Ante la negativa del intendente de vetar el aumento, el viernes 3 de febrero volveremos a la carga con una movilización por un boleto de $ 0,50 y la derogación de las ordenanzas de aumento y monopolio empresarial. Nuestro partido además planteará la necesidad de la municipalización del transporte, para terminar con dicho monopolio.

En Australia, el año ‘94 terminó en medio de una significativa ola de huelgas obreras. A partir de noviembre, comenzó una serie de paros parciales que abarcó a numerosas ramas de la producción: conductores de camiones, empleados de carga y descarga de combustibles de los aeropuertos, maestros de Nueva Gales del Sur, obreros de la construcción, textiles y de la alimentación, entre otros. En todos los casos, los huelguistas reclamaban aumentos salariales y la derogación de las normas de “productividad” que las patronales lograron imponer en los últimos años. Las huelgas australianas tienen un punto de especial interés para los trabajadores argentinos: la mayoría de los huelguistas, excepto los docentes y los de los aeropuertos, trabajan en “pequeñas y medianas empresas”. En los últimos años, el gobierno y las patronales impusieron un “sistema especial de trabajo” para las pymes, consistente en la violenta“flexibilización” de las condiciones de trabajo: jornadas más extensas, ritmos de trabajo más intensos, aumentos por “productividad”. Los resultados están a la vista. También como aquí, la burocracia del Consejo Australiano de Sindicatos, subordinada al gobernante Partido Laborista, ha sido imprescindible para imponerles la “flexibilización” a los trabajadores. Esta política es la que la ola de huelgas ha puesto en cuestión.

La burocracia de la CGT acaba de arribar a un acuerdo con las cámaras empresarias y el gobierno, para elevar al Congreso un proyecto de ley que “flexibilice las modalidades de contratación” de los trabajadores de las llamadas “pequeñas y medianas empresas” (Pymes) que arrasa con conquistas sindicales y coloca en un estado de total precariedad al trabajador. Las empresas pueden “contratar” personal y despedirlo sin pagar ninguna indemnización: “No regirá la imdemnización prevista en el artículo 38 de la Ley Nacional de Empleo” (art. 88, inc. c). “El preaviso (por despido) se computará a partir del día siguiente al de su comunicación” (art. 94). Ahora, en cambio, la patronal está obligada a pagar hasta fin de mes (“complemento del mes”) y luego el preaviso y a partir de los 5 años de antigüedad se pagan dos meses de preaviso. Queda en claro que este proyecto no es para crear nuevo empleo sino para abaratar el despido de los “viejos” trabajadores en actividad. Por otra parte, si la Pyme se declara en “crisis” y pide la aplicación del “procedimiento preventivo de crisis”, será el Estado, a través del Fondo Nacional de Empleo, el que “asumirá total o parcialmente las indemnizaciones respectivas, o financiará acciones de capacitación y reconversión para los trabajadores despedidos” (art. 97). Quiere decir que el gobierno se está preparando para subsidiar los despidos. Las patronales de las Pymes podrán tomar personal “a prueba” por 90 a 180 días y luego echarlo sin pagar indemnización, ni preaviso. El acuerdo propina un golpe importantísimo a los convenios colectivos, porque plantea la necesidad de establecer convenios propios para las Pymes (art. 98) o bien que “contenga(n) un capítulo específico que regule las relaciones laborales en la pequeña empresa” (art. 100), lo que significa la división de los convenios únicos por industria. Los trabajadores de las Pymes no podrán beneficiarse de la unidad con sus hermanos de clase de las grandes empresas para obtener condiciones dignas de trabajo. Pero lo más importante es que se autoriza a que la burocracia y las patronales puedan revisar en los convenios colectivos conquistas como el pago del aguinaldo (que podrá ser fraccionado en por lo menos 3 partes); el período y la modalidad de las vacaciones; la extensión de la jornada laboral (que podría extenderse hasta 12 horas diarias por “necesidades de la producción”, sin pagar extras); etc. Es decir que deroga prácticamente el piso mínimo que otorgaban las leyes en vigencia (Ley de Contrato de Trabajo, etc.). Está claro que no se pretende disminuir la desocupación —para lo cual habría no que alargar la jornada de trabajo, sino acortarla, sin afectar el salario—, sino aumentarla todavía más. Un ataque a toda la clase obrera Este no es sólo un golpe a los trabajadores de la pequeña empresa. Los burócratas alegan que estas condiciones regirían para las empresas de hasta 40 obreros. Pero el artículo 83 autoriza a que “las pequeñas empresas que superen (las) condiciones anteriores podrán permanecer en el régimen especial de esta ley por un plazo de 3 años (!) siempre y cuando no dupliquen el plantel”. Es decir que el acuerdo, de entrada, alcanza a las empresas de hasta 79 operarios. En el número anterior de Prensa Obrera, el militante y sindicalista gráfico, Néstor Pitrola, denunció que un sector de las patronales del sector (Tabaré, Conforti, Indugraf, etc.) estaban seccionando sus empresas en varias “Pymes” para acogerse a este régimen antiobrero. Es más, el proyecto de ley plantea que las Pymes pueden conformar “sociedades anónimas” entre “socios protectores” (grandes empresas) que tengan el 49% de las acciones y una serie de Pymes, que tendrían el 51% restante, con el objetivo justificado de acceder a créditos subsidiados por el Estado. Esto favorece el proceso de “tercerización” por el cual las patronales forman empresas subsidiarias donde se incrementan los ritmos de trabajo y explotación y encima reciben exenciones impositivas y crediticias. Es un “caballo de Troya” para todo el movimiento obrero. La Nación (26/1) le dedicó un editorial para resaltar que este proyecto para las Pymes exceptúa parcialmente “del cumplimiento de las normas laborales y aun de los convenios colectivos” y lo señala como un valioso precedente para ser extendido al resto de las empresas. El representante de la gran patronal industrial (UIA) ha “protestado”, porque pretende extraer nuevas “conquistas” patronales y antiobreras en el debate parlamentario . Caro Figueroa se comprometió a que en la próxima semana “comenzarán las negociaciones con los empresarios y la CGT para remover la ley 14250 de Convenciones Colectivas de Trabajo” (La Nación, 20/1). Lo cierto es que Menem ha reclamado al Congreso que, junto con este proyecto para las Pymes, salga todo el paquete antiobrero pendiente (ley de accidentes de trabajo, ley de quiebras, etc.). El propósito de este proyecto no es crear nuevo empleo, sino abaratar los costos del despido masivo de trabajadores. Todo el movimiento obrero debe repudiar este proyecto y pronunciarse contra él, denunciando la traición de la cúpula cegetista (que naturalmente ha recibido sus coimas por ello). Movilización y huelga general para frenar el paquetazo antiobrero.

Después de tres semanas de huelga con ocupación, los trabajadores de las plantas de La Courneuve y Petit-Quevilly, del pulpo GEC-Alsthom, uno de los grandes fabricantes europeos de turbinas de gas, lograron imponerle un recule a la patronal. Los huelguistas impusieron el reconocimiento de un acuerdo firmado en 1991, tras una huelga, que establecía el congelamiento de los despidos hasta 1997 y que la patronal pretendía desconocer. Junto con esto, lograron el pago de una suma fija y un aumento de salarios similar al que obtuvieron recientemente sus compañeros de la planta de Belfort, también mediante la ocupación de la planta. Lograron también una serie de mejoras para los trabajadores de planta exterior (los que trabajan montando las turbinas en sus lugares de destino). La lucha de la GEC-Alsthom comenzó hace más de un mes en la planta de Belfort: sus 600 trabajadores ocuparon la planta y sus piquetes paralizaron el trabajo de todas las plantas en el parque industrial de la GEC en Belfort, donde trabajan 7.500 obreros. Los piquetes de Belfort lograron mantener su propia huelga y además extender su “ejemplo” a otras plantas. La extensión de la huelga, con ocupación y piquetes de Belfort a La Courneuve y Petit-Quevilly, constituye una importante derrota para la burocracia sindical, que pretendió aislar la huelga inicial de Belfort con el argumento de que “cada planta tiene sus propios problemas” ...

A muchos trabajadores les ha llamado la atención la “tibieza” de la respuesta del CTA y del MTA al proyecto de flexibilización para las Pymes. El CTA, en un comunicado firmado por De Gennaro, Piccone y su plana mayor, critica algunos aspectos de la flexibilidad laboral (pero sin nombrar específicamente el proyecto para las Pymes), pero no propone ninguna medida para enfrentarlo y se limita a lamentarse de que “la administración económica no contempla la producción y el trabajo”. El MTA, en cambio, en una solicitada sí critica la “iniciativa de flexibilización de las Pymes”, pero su única conclusión es que frente a la CGT convertida en una “sucursal del gobierno” cree “llegado el momento de pensar en una representación auténtica, solidaria, democrática y social de los trabajadores”. “Pensar”, sí; movilizarse, ¡no! Los Ubaldini, Palacios y Cía. tampoco llaman a la movilización de los trabajadores, se limitan a “diferenciarse” de las direcciones oficialistas de la burocracia. Tanto De Gennaro, que se encolumna políticamente detrás del Chacho Alvarez, como Ubaldini, que se orienta hacia Bordón, son ambos la base de apoyo “sindical” al Frepaso. Y no van a mover un dedo contra el estatuto de las Pymes por la sencilla razón de que mantienen un acuerdo con estas patronales. De Gennaro, particularmente, creó el llamado “Congreso de la Producción y el Trabajo” (CTP) donde los trabajadores hacen de furgón de cola de las llamadas “pequeñas” patronales (Apyme, Federación Agraria, etc.). Este “congreso” apoyó la jubilación privada con la excusa de no “alejar” a los “pequeños banqueros” que participan en las AFJP. Uno de estos “pequeños banqueros” es Jacobo Laks, presidente del IMFC, dirigente de la “Corriente Grande” de Solanas ... y miembro del directorio de la AFJP Previsol. En diversas oportunidades, el CTP de De Gennaro y las Pymes reclamó un estatuto laboral especial para las Pymes. Mientras se daban los últimos retoques al proyecto “consensuado” para las Pymes, el periódico “APYME”, de la Asociación que nuclea a estos “pequeños” empresarios y que participa con De Gennaro del CTP, decía que la barbarie que se estaba “cocinando” contra los trabajadores era todavía insuficiente: “APYME sostiene que el reciente proyecto de ‘flexibilidad laboral’ para empresas con menos de 50 empleados no contempla una solución integral a los problemas que afectan a los empresarios del sector”. A buen entendedor ... los patrones de las Pymes reclaman, además de la “flexibilidad”, el otorgamiento de subsidios crediticios e impositivos. ¿Y el “clasismo” del PTP y del PC? El PTP, que viene bregando por un “frente nacional” con los patrones de las Pymes, se ve en figurillas. Trata de explicar (“Hoy”, 25/1) a éstos que “no es cierto que éste (proyecto) ayude a la pequeña y mediana empresa —¿entonces por qué lo apoyaron?— (porque) las relaciones laborales en la pequeña y mediana empresa ya están flexibilizadas; en realidad, esto pretende sancionarlas jurídicamente”. ¡Pero esto bastaría para denunciar la ley y convocar a la movilización general del movimiento obrero contra ella, porque cualquier luchador sindical sabe (y cualquier patrón también) la importancia que tiene la forma jurídica para sustentar su lucha contra la explotación! Pero para el PTP, convertido en asesor de las Pymes, “el problema de las pequeñas y medianas empresas —dice— no es el de las relaciones laborales ya flexibilizadas desde el año 89, sino la política del gobierno...”. Y entra a aconsejarlas sobre la necesidad de “desarrollar las economías regionales” y otras medidas “para lograr un mercado interno poderoso y autosostenido”. Pero el problema es concreto y no se puede disolver en consideraciones vagas sobre las “economías regionales” : ¿los obreros de las Pymes deben luchar o no contra sus patronales que les vienen aplicando de hecho la “flexibilización” y que ahora se la quieren aplicar de derecho? ¿O deben constituir un frente común con sus explotadores para que se les otorguen créditos baratos y subsidios? El PC (Propuesta, 26/1) señala “la grave situación por la que atraviesan —además de la clase obrera— los sectores de la pequeña y mediana empresa”. “Según nuestra opinión la lucha debe encolumnar a ambos sectores accionando para el ensanchamiento del mercado interno”. Los stalinistas reconvertidos no se han anoticiado de que la lucha de clases existe también en las Pymes y que, muchas veces, asume un carácter brutal porque el único “recurso” que tiene el pequeño empresario para “competir” con los monopolios es superexplotar a sus obreros. El PC, en cambio, propone un accionar conjunto de obreros y patrones —es decir, la subordinación de los primeros a los segundos— de las Pymes para desarrollar “un perfil industrial con sentido nacional... diversificar la producción agraria, renegociando la deuda externa, teniendo en cuenta los intereses nacionales...”. El programa para desarrollar la “industria nacional” que levanta el PC tiene la “particularidad” de no plantear ningún ataque a los monopolios. Ni siquiera plantea el no pago de la deuda externa (sino su renegociación con sentido “nacional”). Estos “pequeños” patrones —con los que el PTP y el PC nos invitan a marchar juntosÞ propugnan como una vía de desarrollo para las Pymes, la “tercerización” , que consiste en que las grandes empresas den trabajos “subsidiarios” a terceros, a Pymes, las que podrían realizarlos a menores costos mediante el trabajo precario y la “flexibilización laboral”. El programa de las Pymes, refrendado por el Congreso del Trabajo y la Producción, es el del actual proyecto flexibilizador. En lugar de enfrentar al gran capital —reclamando su expropiación, la renacionalización sin indemnización de la empresas privatizadas, la banca única estatal, etc.—, los patrones de las Pymes hacen frente común con los monopolios contra los trabajadores. ¡Un frente de colaboración de clases, de por sí incorrecto, en momentos que te patean la cabeza ya es de suicidas! El PC llega a afirmar que “el modelo sindical tradicional” de “sindicato único por rama de actividad y el convenio colectivo” está hoy superado. ¡Coincide nada menos que con el ministro Caro Figueroa y los más grandes capitalistas de la Argentina! Para el PC, la “transnacionalización”, la “desindustrialización”, el “rol de los medios comunicacionales (?)” y otras paparruchadas obligarían a definir “nuevos términos para el conflicto obrero-patronal en nuestro país” y “una nueva modalidad político-organizativa de los trabajadores”, que “hoy en día se encarna (...) en el CTA” y en otras “formas movimientistas” (adivinó, compañero lector... El Congreso del Trabajo y la Producción con los pequeños y medianos explotadores). El PC abandona formalmente la defensa de los convenios colectivos y de los sindicatos por industria (y la lucha por su recuperación de manos de la burocracia propatronal). Pero sin sindicatos, sin lucha de clases, sin unidad obrera para imponer un convenio colectivo a las patronales, los trabajadores quedan atomizados como clase. Huelga general Es evidente que del CTA y del MTA no partirán iniciativas de lucha contra la flexibilidad laboral. Es sobre esta base, de complicidad y parálisis, que Menem se anima a atacar frontalmente a los trabajadores. Es necesario desenmascarar a estas direcciones “opositoras” reclamando que se pronuncien contra el proyecto de “flexibilización” para las Pymes y exigiendo que se vote un inmediato paro activo nacional, con marcha y concentración en Plaza de Mayo. Es necesario retomar el camino de la Marcha Federal y preparar la Huelga General, para enfrentar la catástrofe social que se avecina. Asambleas, Plenarios de Delegados, Interfabriles, que denuncien este proyecto y reclamen y organicen el paro y la movilización, para impedir el paquetazo antiobrero. Sólo una enérgica movilización de los trabajadores, jubilados y la juventud, podrá detener este paquetazo desesperado de un gobierno y una clase en descomposición. El PO llama a un Frente de los activistas y la izquierda, para impulsar la resistencia activa a este plan antiobrero.

Veinte mil trabajadores de la General Motors y varias de sus plantas de montaje se encuentran paralizados como consecuencia de una huelga en una de las fábricas de autopartes del pulpo. Los huelguistas reclaman la incorporación de más personal porque, simplemente, no soportan las condiciones de superexplotación que les ha impuesto la empresa. Hace tres años, cuando la General Motors registró cifras históricas de pérdidas, la patronal lanzó un plan de “racionalización” que incluía el cierre de plantas, el despido de miles de trabajadores y la “flexibilización” de los “sobrevivientes”. Los efectos de esa “flexibilización” se están haciendo sentir ahora: las jornadas se han alargado hasta las doce horas diarias y se trabajan seis días a la semana. Los ritmos de producción aumentaron un promedio del 20%. Como consecuencia de esta masacre laboral, la “productividad” de cada obrero se ha más que duplicado en el curso de apenas tres años. Las consecuencias de la “flexibilización” sobre la salud de los trabajadores son, simplemente, demoledoras: en el mes de noviembre pasado, sobre 12.000 trabajadores de un conjunto de plantas de la GM en todos los Estados Unidos, había más de 1.000 con liciencias por distintas enfermedades laborales. La huelga actual en GM no es, sin embargo, apenas una huelga en una planta aislada. Se trata de la séptima huelga que han lanzado los trabajadores de las distintas plantas y complejos productivos para derrotar las normas de “flexibilidad”, algunas de las cuales han culminado en victoria para los obreros. Nos encontramos en presencia de una dura y prolongada batalla de los trabajadores norteamericanos contra la “flexibilidad” y la superexplotación.

Un año y medio atrás, vecinos de Glew comenzaron a desbaratar una estafa en relación a la instalación de gas natural. Entrevistamos a tres integrantes de la Comisión de Gas, que nos relatan cómo su movilización le paro la mano a los negociados del “gobernador de las Obras”. C: La empresa Leaco hace firmar 200 contratos en blanco en el Barrio Gorriti (Glew) para la construcción de la red de gas natural. Frente a esta forma fraudulenta, el barrio se organiza y moviliza, desbaratando la maniobra de Leaco y los “punteros”, formando esta comisión vecinal, que es la que comenzará las tramitaciones directas con Metrogas. S: Nos movilizamos para que se nos devolvieran los contratos en blanco, cuestión que logramos por la presión de la gente. PO: ¿Qué pasó con Metrogas? A: Las tratativas duraron más de un año, tuvimos más de 50 entrevistas donde no se nos escuchó y se nos subestimó. Decidimos dirigirnos a Enargas (ente regulador), el que adoptó la misma postura que Metrogas. Logramos que se convocara a Audiencia Pública Vinculante, donde participaron Metrogas, Municipalidad y nosotros. PO: ¿Cómo terminó el fallo y qué conclusiones sacan? C: El 28/12/94, por resolución Nº 40 se establece: a) Que Metrogas se haga cargo de la obra (es decir, nosotros no tenemos que pactar con las empresas contratistas). Esto tira a la basura la ordenanza 165. b) Que haya un aporte vecinal, pero éste se realizará cuando ya se esté usando el gas y con acuerdo del usuario. Puede ser en cuotas y cobrarse por factura. No tenemos que hipotecar nuestra casa con contratos individuales. ¿Cuál es el punto que todavía no logramos? Que el aporte sea ínfimo (el máximo es de 530 pesos), pero esto está en discusión. Hemos logrado un triunfo para nuestro barrio, pero sobre todo sirve de antecedente para otros vecinos que tienen los mismos problemas. Por ejemplo, en La Gloria y San Carlos, también con Leaco; en Almafuerte, Canmar y Gendarmería con Continental. El nuestro fue un “caso testigo” y triunfamos. Demostramos la connivencia del Municipio con las empresas. Lo importante es organizarse. Es saber que los Entes Reguladores no defienden nuestros intereses sino el de las empresas.

Se ha conformado el comité del Comercial Carlos Pellegrini por la Conferencia Nacional de la Izquierda. Vemos la necesidad de reagruparnos para poder luchar contra todas las injusticias que tenemos que soportar día a día. La represión (Carrasco, Bulascio), la Ley Federal de Educación, el indulto, la desocupación, son las consecuencias de la crisis que se nos quiere hacer pagar. La única posibilidad de defendernos contra estos ataques es agrupándonos y luchar por nuestros derechos. Es por eso que llamamos a la Conferencia Nacional de la Izquierda para poder organizarnos y conformar una alternativa de lucha. Gustavo, Ariel, Valeria, Laura (Siguen firmas) 20/1/95