Prensa Obrera N° 435

PO: Desde la COPE fuiste un activo organizador de las Marchas del Si­lencio y, posteriormente, volcaste tus expectativas políticas en el Frente Cívico. ¿Qué pasó? R: Bueno, no sirvió, porque había una expectativa de cambio, había toda una sociedad pidiendo modificacio­nes, justicia en todos los sentidos, lo que implica cambios en la relación entre los que gobiernan, los que tie­nen el poder y los que no lo tienen. Y hubo atrocidades, por así decir, bajo. Saadi, pero la relación con los humil­des no cambió nada bajo el gobierno del Frente Cívico. En la COPE, un grupo de compa­ñeros rompimos con el Frente Cívico antes de que llegara al gobierno, por­que el hecho de proponer como can­didato a un ex gobernador de facto era una cosa tan ridícula e inconcebible, que no lo podíamos apoyar. PO: ¿Y tu vinculación con el FG? R: Mi vinculación con el FG viene mucho después, luego de un período en que dejé de militar por la gran decepción que tenía. Inicialmente, el FG aparece con propuestas progre­sistas, pero luego emerge el ala del Chacho, donde directamente se vuel­ca a posiciones decididamente reac­cionarias. No sólo no reconocimos a la mesa de conducción nacional sino que trabajamos totalmente indepen­dientes para hacer un Frente Grande progresista, un FG con ideología y perspectiva de cambio. PO: Sin embargo, te alejaste del sec­tor de Pino Solanas. R: El alejamiento es simplemente porque siempre estamos esperando la ruptura real y cierta, estamos espe­rando la formación del frente, y nor­malmente esto no se concreta. Siem­pre ya se está por dar, ya se está por dar, y ya se están dando las luchas, pero lo real y cierto es que no se da y seguimos mezclados, sin diferenciar­nos. Entonces, es una izquierda me­dia frustrada la izquierda del FG. PO: Para los primeros días de mar­zo, el PO convoca a una Conferencia Nacional para debatir con los parti­dos, tendencias, grupos, luchadores. R: Creo que es importante. La única esperanza que tenemos para avanzar, aunque sea a paso de hormiga, es conseguir aunar voluntades, siempre y cuando las voluntades se unan y caminen en esa dirección y que no provoquen una desviación tan grande que al final uno camine para donde no quiere ir. Tiene que ser una fuerza que tenga claro qué es lo que pretende y, además, tenemos que ser más de dos, para tener presencia, fuerza, para que se nos respete y eso se va a conseguir con una política frentista. PO: El próximo 5/2 va a haber elec­ciones constituyentes en Valle Viejo. El PO llama a formar un Frente de Izquierda. R: Me parece sensacional; además, desde ya cuenta con mi apoyo. Deci­didamente me parece muy buena idea y ojalá que se pueda materializar y es la única alternativa que tiene la gente que pretende algún tipo de cambio. No hay otra alternativa. Acá, sea el PJ de Saadi o el que fuere, si están con la política de Menem deci­didamente están contra la clase traba­jadora. De la UCR tampoco se puede esperar nada porque siempre están en lo mismo que el PJ, pero nada más que mostrándose más prolijos. Así que la única alternativa que tiene este país para progresar es una alternativa de izquierda y en esa alternativa de izquierda no se deben atomizar los esfuerzos.

Aunque Rabin y Arafat reci­bieron el Premio Nobel de la Paz, el “acuerdo histórico” por el que fueran laureados se ha hundido en el más completo de los fracasos. Ninguno de sus términos se ha cumplido. Israel no ha retirado su ejército de las ciudades palestinas de la Cisjordania sino que, por el contrario, “tiene hoy más tropas en los territorios ocupados que antes de los acuerdos” {Le Mon­de, 4/12). El retiro, dicen hoy los voceros del gobierno sionista, “es impracticable en un futuro pre­visible” (The Washington Post, 5/ 12). Las elecciones de la Autoridad Nacional Palestina -el “autogo­bierno” de la OLP— han sido pos­tergadas sin fecha y, con ellas, la extensión de la “autonomía pa­lestina” a toda la Cisjordania. La “autonomía” está restringida a Gaza y a Jericó, dos enclaves ais­lados entre los cuales los palesti­nos no tienen el derecho a circular libremente. Incluso en Gaza y Jericó, la Autoridad Nacional Palestina ca­rece de la mayoría de las atribu­ciones del “autogobierno”, bien porque Israel no se las ha transfe­rido, bien porque carece de los medios financieros para ponerlas en funcionamiento. El único atri­buto de autoridad del gobierno “autónomo” es la policía palesti­na, y su consiguiente “servicio de inteligencia”, generosamente financiados por las potencias impe­rialistas y cuyo accionar ha sido reglamentado hasta en sus míni­mos detalles en los acuerdos. La policía de la ANP reprime a los partidarios del Hamas —partido is­lámico opuesto a los acuerdos con Israel-, a los crecientes opositores internos de Arafat en la OLP y a los explotados palestinos que re­pudian cada vez más abiertamente la política de Arafat: las prisiones de Gaza y Jericó, que Israel sí ha transferido a la ANP, han vuelto a llenarse de palestinos. La masacre del 18 de noviembre, cuando la policía de Arafat disparó contra una manifestación multitudinaria convocada por el Hamas, dejando 15 muertos y más de 200 heridos, es un auténtico símbolo del signi­ficado del establecimiento de la Autoridad Nacional Palestina. La situación de las masas pa­lestinas ha empeorado notoria­mente desde la vigencia de la “autonomía”. En Gaza y Jericó, el desempleo y la pobreza han creci­do, agravados por el sistemático cierre de fronteras que impide a los palestinos ingresar a trabajar a Israel. El hambre de tierras de los palestinos crece al ritmo de las expropiaciones sionistas, que se agudizó desde la vigencia de los acuerdos. En el último año, Israel ha expropiado otros 670 kilómetros cuadrados de tierra palestina: los sionistas tienen hoy en su po­der el 70% de las tierras en la Cisjordania y el 30% en la “autó­noma” Franja de Gaza. Desde la vigencia de los acuerdos, Israel ha mantenido y acrecentado su “campaña de construcción de asentamientos en gran escala” (The Guardian, 5/10). Hoy “hay más colonos que nunca en los territorios ocupados”; “la po­blación (de los asentamientos) creció un 10% en el último año, tres veces la tasa promedio de los últimos veinticinco años... en 1 Gaza, los asentamientos han crecido un 20% en el último año” (ídem). En el Gran Jerusalén, Israel está expandiendo a mar­cha forzada los barrios judíos —a un ritmo de 3.000 nuevas viviendas por año-, mientras prohíbe la construcción de viviendas palesti­nas. El plan de construcciones, dice The Washington Post (14/ 12), se ha vuelto “más urgente desde la firma de los acuerdos con la OLP’ y tiene como objeti­vo crear el hecho consumado de que “Jerusalén es la capital de Israel”. Los acuerdos firmados por la OLP han legalizado los asentamientos sionistas existentes y han servido para dar un nuevo impulso a la confiscación de tie­rras de los palestinos. También el agua, un recurso decisivo en la región, sigue más que nunca en manos de los sionis­tas. En la margen occidental del Jordán, los colonos sionistas usan cuatro veces más agua per cápita que los palestinos, quienes tienen prohibido perforar nuevos pozos. En estas condiciones, el “au­togobierno” de la OLP aparece como un agente del sionismo. Guerra civil En Gaza y Jericó, Arafat siente cómo la tierra tiembla bajo sus pies como consecuencia del cre­ciente repudio de la población pa­lestina a los “acuerdos de paz” y al régimen de la ANP. El repudio palestino a Arafat moviliza no solamente a los pales­tinos islámicos. La intelectualidad laica palestina, otrora sustento ((ideológico” de la OLP, ha aban­donado a Arafat, y los opositores internos a Arafat en su propio movimiento, Al Fath, se están convirtiendo en mayoría. En las elecciones internas de la OLP en Ramallah —una de las cunas de la Intifada— los candidatos de Ara­fat fueron derrotados abrumadoramente. Diversas encuestas muestran que menos del 40% de los palestinos apoya a Arafat. La masacre de los manifestantes del Hamas por la policía de Arafat ha sido calificada por un “ministro” de la ANP sólo como “el primer paso” de esa guerra civil; los territorios ocupados y Gaza, donde se concentran más agudamente todas las contradic­ciones de la “autonomía”, “están al borde de la insurrección” (Le Monde, 21/11). El fracaso de los acuerdos ha provocado, también, un profundo retroceso del gobierno de Rabin. Crece aceleradamente la oposi­ción derechista, que reclama la anulación de los acuerdos' con la OLP, y la “ultraderecha”, que plantea la transferencia de los pa­lestinos a Jordania. Los colonos ultraderechistas agitan abiertamente a favor de un golpe de estado. Los colonos derechistas tienen células clandestinas armadas en los asentamientos con el objeto de resistir por la fuerza cualquier intento del ejército por desalojarlos. Estas células, de las cuales formaba parte Baruch Goldstein, el autor de la masacre de la mezquita de Hebrón, tienen como objetivos “por ahora (sic) atacar con bombas propiedades judías y atacar con piedras a los colonos para promover senti­mientos anti-palestinos” y “atacar a los judíos que defien­den las negociaciones con la OLP”... (Robert Friedman, Zealots for Siori). El fracaso del “acuerdo Ra­bin-Arafat” pone en evidencia— otra vez— que la envergadura de la crisis mundial supera, por lejos, la capacidad de arbitraje del impe­rialismo.

Toda la clase obrera debe com­prender definitivamente que votar a los partidos “tradicionales” es sim­plemente legalizar la entrega siste­mática del país, es darles crédito a estos gobiernos cipayos y entreguistas, que han regalado nuestras rique­zas y nuestra dignidad. Es convalidar la corrupción y el despilfarro, el mesianismo y la mentira. Es justificar este “mamarracho” llamado “plan económico”, que ha sumido en la miseria y la desesperan­za a una enorme cantidad de argenti­nos. Quienes no queremos eso, debemos además proponemos un último esfuerzo, lograr un frente de lucha de izquierda puro, sin arribistas ni oportunistas, con verdaderos luchadores progresistas, sin ambiciones perso­nales que desnaturalicen las propues­tas. Esta es la única alternativa posi­ble para combatir a estos gobiernos imperialistas y corruptos. Si lo logra­mos, será la victoria definitiva.

El gobierno de Ernesto Zedillo está preparando las condiciones políticas y milita­res para aplastar la insurgencia campesina en Chiapas y aniquilar al Ejército Zapatis­ta. Mientras utiliza la cadena de TV y la prensa oficialista para proponer “negociacio­nes de paz”, “en las últimas dos jornadas se produje­ron notables avances del ejército al interior de la zona selvática que el EZLN considera su territorio” (Clarín, 26/12). El ejército mexicano ha estre­chado el cerco sobre los terri­torios dominados por el EZLN y la “tierra de nadie” que separaba a los zapatistas de los militares se ha angostado hasta casi desaparecer. El ejército tiene desplegados 60.000 hombres armados hasta los dientes en Chiapas, que cuentan con “instructo­res” y “asesores” norteame­ricanos, argentinos y guate­maltecos. Los vuelos rasantes de aviones y helicópteros mi­litares sobre los territorios zapatistas se han incremen­tado en los últimos días. Incluso, la devaluación del peso tiene un costado rela­cionado, según los analistas, con la política de masacre: “disminuir la presión so­bre el peso -dice el Finan­cial Times (22/12)- podría darle al gobierno el tiem­po para resolver el violen­to conflicto (de Chiapas)”. Estas evidencias han obli­gado a los zapatistas a “rom­per la tregua”. El EZLN ocupó 38 municipios en todo el Estado sin disparar un solo tiro para quebrar el cerco que estaba cerrando el ejército. Después del avance zapatista, el ejército ha recuperado el terreno y ha vuelto a encerrar nuevamente al EZLN. La urgencia del gobierno por liquidar a la insurgencia está dictada por el hecho de que “Chiapas se ha vuelto ingobernable” (The Guar­dian; 4/12). En dos regiones al norte del Estado, los indios tzotziles, ceitales y tojolabales — organizados en la Unión de Trabajadores Agrícolas— han declarado su autonomía respecto del gobierno estatal: asambleas electas organizan el trabajo y la justicia locales y han anunciado que no paga­rán los impuestos, ni las deu­das al gobierno ni el suminis­tro de agua y energía eléctrica (ídem). Gerardo González, di­rigente popular chiapaneco, estimó que “el 40% de la superficie del Estado se en­cuentra bajo control po­pular” {Brecha, 16/12). Eduardo Robledo, el goberna­dor “oficial” del Estado, elec­to sólo gracias a un fraude escandaloso, ha hido “desco­nocido” por el candidato del PRD, Armando Avendaño, quien proclamó un “gobier­no paralelo” con el apoyo del EZLN y de las organizaciones indígenas. El gobierno para­lelo ejerce su mandato sobre 53 de los 110 municipios del Estado de Chiapas. En el campo se libra una guerra civil. Las ocupaciones de tierras por grupos de cam­pesinos armados se han mul­tiplicado en los últimos me­ses. Los terratenientes han formado ejércitos mercena­rios, reclutando veteranos de las guerras de América Cen­tral. Bajo la mirada del ejérci­to, las “guardias blancas” de los terratenientes secues­tran y asesinan a militantes y dirigentes campesinos. Son numerosas las organizacio­nes de derechos humanos, tanto mexicanas como inter­nacionales, que denunciaron la salvaje “guerra sucia” que han desatado los latifun­distas y caciques de Chiapas contra los indígenas sin tie­rras. El gobierno está buscando un “triunfo” que le permita poner un freno a la tendencia a la desintegración del Esta­do; que le permita arbitrar entre las distintas fracciones del partido oficialista, enfren­tadas a muerte en el sentido literal de la palabra; que le dé un “respiro” para buscar una salida a la crisis económi­ca, y que le permita imponer un retroceso profundo y pro­longado a los explotados de todo el país.

Ahora que la farra se termina, los capitalistas se lanzan al negocio de la crisis. Luego de haber acumulado beneficios sin precedentes durante más de tres años, se llevan los capitales y vacían los bancos. Habiendo ase­gurado sus fortunas en dólares, preparan la devaluación en perjuicio exclusivo de los trabajadores. La reacción del gobierno ha sido clarísima: venderemos todos los dólares que sean necesa­rios —les aseguró Cavallo a los banqueros. O, lo que es lo mismo, devaluaremos sólo después de que ustedes hayan puesto vuestros capitales a buen recaudo. Los trabajadores se vuelven a transformar en las víctimas únicas de la crisis engendrada por los capitalistas y por el sistema capitalista. En lugar de prohibir la salida de capitales y de anular las subvenciones que reciben los exportadores y los grupos privatizadores, el gobierno suspendió (por medio de un decreto de necesidad y urgencia) los juicios que siguen los jubilados para cobrar lo que se les debe. Para febrero espera que el congreso haya aproba­do la enésima confiscación a los jubi­lados, mediante una ley que estable­ce que las jubilaciones no podrán ser mayores que los montos que asigne el presupuesto nacional. Como éste tie­ne como prioridad el pago de la deuda pública y sus intereses, la intención es congelar las jubilaciones en 150 pesos para lo que resta del siglo, y aún más. Otra medida de “salvataje” de la dupla Menem-Cavallo ha sido vetar las partidas asignadas por el congre­so para la educación y para la salud. En lugar de que Macri, Antelo y Autolatina paguen lo que deben por haber incumplido con el régimen au­tomotriz, los docentes, los estudian­tes y el pueblo deberán bancar el rescate del sistema bancario y de loe especuladores. Cavallo ha prometido también dejados masivos en la ad­ministración pública y vuelve a reclamar plenos poderes para gobernar la economía por decreto. El famoso “plan Cavallo” es de ellos; la crisis de este “plan” es responsabilidad de ellos; pero la salida al derrumbe que ellos han creado la tene­mos que pagar nosotros. Ajustar el cinturón de los trabajadores- para sacar a los capitalistas de su propia crisis, js la consigna oficial. Luego del derrumbe del banco Extrader y de los trascendidos de que varios más estarían en la lona, Cavallo rebajó los intereses de los préstamos que el Banco Central otorga a los privados e incluso los autorizó a utilizar dinero de los encajes de garantía de los depósitos. Los intereses de los créditos al consumo, en cambio, han comenzado a subir. En lugar de confiscar a los ladrones capitalistas, los bancos comenzarán a sacarles las viviendas y los televi­sores a sus “clientes”. Una crisis en período de vacaciones es un mal síntoma, ya que el verano es la fecha ideal para los despidos masivos; es lo que amenaza con ocurrir en la industria metalúrgica, en particu­lar en Sevel, y en los bancos. El “plan” es de ellos; se jactaban de él y hasta pretendían el premio Nobel por haberlo inventa­do. La crisis del “plan” de ellos es, por lo tanto, responsabilidad exclusiva de ellos. Que ellos la paguen, entonces. Los docentes y estudiantes de la Universidad del Comahue están mostrando el camino al declarar el paro activo total en res­puesta al despido de docentes y reducción de horas establecidos por el gobierno nacional y el consejo de rectores. Asistimos a un derrumbe que no es nacional sino internacional. En este derrumbe, los traba­jadores no tenemos arte ni parte. En los últimos tres años bancamos la fiesta con desocupación, menores salarios y una mayor inten­sificación y alargamiento de la jorna­da de trabajo. La responsabilidad es de los Estados y gobiernos capitalis­tas; de los capitalistas; y del sistema capitalista. Hemos pagado la fiesta, no va­mos a pagar la resaca. El derrumbe económico significa también un de­rrumbe político de los gobiernos pri­vatizadores y de todos los que lo apo­yaron —no sólo la UCR sino especial­mente el recién llegado Frente Gran­de. Es el derrumbe de la autoridad de sus autores. Esto es lo que los pone en pánico. Pasemos la factura, no dejemos que nos la pasen a nosotros. Que cese el pago de la deuda pública; expropia­ción de los bancos; control obrero; ningún despido; anulación sin in­demnización de todas las privatiza­ciones. Salario mínimo de mil pesos. 82 por ciento móvil jubilatorio. Jubilación estatal bajo la dirección de obreros y jubilados. Preparemos la huelga general.

P. es delegado de una fábrica metalúrgica de Capital. Está preocupado por organizar una oposición antiburocrática en la UOM. Se pronunció a favor de la necesidad de organizar una Conferencia Nacional de la Izquierda en los siguientes términos: “Estoy de acuerdo en que hagamos un gran debate abierto tratando de llevar al mismo a la mayor cantidad de trabajadores de base. De ahí sacaremos a los delegados para elegir a los dirigentes o a los referentes de la izquierda”.

Después de una cordial y muy divulgada cena, que contó con las presencias del ex candi­dato presidencial Lula y del propio interesado, se formalizó “amigablemente” la desafi­liación del dirigente Francisco J. Weffort al Partido de los Tra­bajadores (PT). El motivo es nada menos que la incorpora­ción de Weffort al gobierno de Fernando Henrique Cardoso como ministro de Cultura. We­ffort no había esperado ni 24 horas de las elecciones del pa­sado 3 de octubre (cuando las encuestas ya indicaban la vic­toria de FHC) para publicar un artículo de página entera en la Folha de Sao Paulo, con gran­des elogios a su ex profesor (el propio FHC) y esperanzas en su futuro gobierno. Por su tamaño y elaboración, era evidente que dicho artículo sólo podría haber sido escrito varios días atrás, esto es, en plena campaña elec­toral. Esto es más notable si se tiene en cuenta que Weffort era uno de los coordinadores de la campaña Lula y el organizador de un libro-folleto (“13 razones para votar a Lula”), en el que trece conocidos intelectuales explicaban sus razones para votar a Lula. Esto significa que, en plena campaña electoral, hubo un sector de la dirección de la misma que trabajó por la derrota de Lula. Y no cualquier sector. We­ffort, además de destacado in­telectual, fue el primer secreta­rio general del PT, cargo que ocupó durante varios años. Como tal, no fue sólo el porta­voz de los “intelectuales in­dependientes” (en especial universitarios) del PT, sino también el mentor de la organi­zación “Articulación”, ten­dencia dirigente del partido (que incluye a Luí a y a los “nue­vos sindicalistas” surgidos del proceso huelguístico del fi­nal de la década del ’70) creada para oponerse al “excesivo” peso de las tendencias de iz­quierda en el PT. Fue el gran formulador ideológico de la es­trategia democratizante del PT, del programa de la “demo­cracia como valor univer­sal” (o sea, la democracia con­trapuesta a la lucha de clases) sintetizada en su libro (de 1984) “¿Por qué democracia?”. En aquel momento, sólo la ten­dencia trotskista Causa Ope­raría, entre las tendencias del PT, se contrapuso frontalmen­te a esa elaboración teórico- programática, haciendo de ella un análisis minucioso y una crítica marxista (ver O. Coggio­la y R. C. Pimenta, Democracia y Revolución Proletaria, Edi­ciones Octubre, 1985). Cabe agregar que en esta cruzada intelectual “de iz­quierda” de apoyo al gobierno declaradamente “neolibe­ral", capitalista y antiobrero, de FHC, Weffort no está solo, ni siquiera internacionalmente: en su edición del 25 de diciem­bre (regalo de Navidad), el ultrareaccionario "O Estado de Sao Paulo” cede varias páginas a un largo artículo del “mar­xista” (?) inglés Perry Ander­son, significativamente titula­do “FHC es la esperanza de poner al Brasil en la Histo­ria”. Se revela ahora que toda la ideología y política democrati­zantes estaban al servicio de la destrucción del PT como parti­do de clase y hasta como una verdadera organización políti­ca, para transformarlo en una sigla que diese cobertura “de izquierda” a la recomposición del régimen burgués se mi colo­nial brasileño, esto desde la “apertura” del régimen mili­tar en completa crisis desde el final de los años 70. Si la victo­ria electoral de FHC es un paso importante en este sentido, no se debe pensar que la presencia de Weffort dé a la izquierda un verdadero peso en su gobierno: su ministerio controla menos de 60 millones de dólares anua­les (cifra ridícula si se la compa­ra con el presupuesto total). El ministerio Weffort es el último eslabón de una cadena, de la que participa el senador petista Suplicy (que calificó al gabinete de FHC “de excelen­te calidad”), el gobernador elegido (del PT) de Espíritu Santo, Víctor Buaiz, quien declaró que “ahora sólo falta que FHC tome las riendas y no se deje llevar por las fuerzas conservadoras” (después de haber recibido el apoyo del propio FHC para el segundo tumo) (Folha de Sao Paulo, 27/11). Una cadena des­tinada a transformar al PT en reaseguro “de izquierda” del gobierno FHC, quien en estos momentos usa toda su fuerza de presidente electo para impe­dir que el parlamento apruebe, antes de su ascenso, un salario mínimo de 100 dólares (que se­ría de todas maneras miserable después de la estampida de precios del “Plan Real”). Que el PT se mantenga for­malmente fuera del gobierno (que incluye a todos los parti­dos burgueses, inclusive los que estuvieron en la base del gobierno militar) facilita por ahora ese papel, del mismo modo que la desafiliación de Weffort vale tanto cuanto la suspensión que recibió la ex in­tendente de San Pablo, Luiza Erundina, cuando integró el gobierno de Itamar Franco (nada menos que como respon­sable por la “racionalización” del servicio público fede­ral), que no impidió que, tarea cumplida, volviese al PT y fuese nada menos que su principal candidata al senado por el Es­tado de San Pablo. En el PT no hay, pues, “di­vergencias ideológicas” mito una verdadera quinta-columna (dirigente) al servicio de la burguesía, frente a la cual lo que quedó do la izquierda potis­ta capitula de un modo cada vez más miserable. Con la izquierda clasista ex­cluida, la quinta-columna no vacila en mostrar la cara. En Brasilia (donde el PT ganó las elecciones estaduales) el direc­torio regional anunció des­pués de las elecciones haber recibido (por lo menos) 400.000 dólares de las grandes empre­sas constructoras, incluida la Odebrecht, que está en el pro­pio centro de los esquemas de corrupción estatal cuyo '‘des­tape” sacudió al Brasil en los últimos años. La Odebrecht, además, es la principal benefi­ciaría de las obras públicas de la capital federal (sólo las obras del subterráneo están estima­das en más de 600 millones de dólares). No es de extrañar que cun­dan ya en el PT denuncias so­bre corrupción interna, impli­cando inclusive al tesorero na­cional, Paulo Okamoto. La ten­dencia hacia la desmoraliza­ción y la dispersión de la militancia de izquierda, para la cual el PT sigue siendo la principal referencia política, sólo podrá ser eficazmente combatida por la estructuración de un frente de izquierda sobre bases clasistas y revolucionarias, y en la perspectiva de la cons­trucción de un partido obrero independiente.

A cinco años del derrumbe del Muro de Berlín por medio de una acción de masas, las crisis de los gobiernos capitalistas y pro-capitalis­tas y las situaciones de guerra civil se multiplican de día en día. En México, el derrumbe económico va acompañado con una agudización del enfrentamiento de los campesinos y los ganaderos en Chiapas y con síntomas visibles de que el gobierno norteamericano está reclamando una acción sangrienta contra la guerrilla zapatista. En Italia, el hombre que iba a inaugurar la segunda república cayó en medio de una impotencia de opereta y ante manifestaciones impre­sionantes de masas en defensa del sistema jubilatorio. Los “ex comu­nistas” se apresuran, entonces, a socorrer a los capitalistas mediante el viejo recurso de un gobierno de frente popular. En Europa toda, la unidad continental está en harapos y los regímenes de Francia y España en estado de coma; la ex Yugoslavia es el teatro de una dura lucha interimperialista. En Rusia, el régimen de Yeltsin Be fractura ante las dificultades que enfrenta para aplastar al pueblo de Cheche­nia. Mundialmente, sin excepción, asistimos a un derrumbe financiero internacional. Es indudable que ha culminado una etapa y que la iniciativa del imperialismo se ha agotado; en todos los Estados asistimos a un cuestionamiento de las relaciones políticas existentes. Se abre, en consecuencia, una nueva oportunidad de reflexión, balance y reagrupamiento para la clase obrera, que es la única manera de transformar a la crisis mundial en revolucionaria. Pero la primera conduce inevita­blemente a la segunda.

Una gran lucha victoriosa aca­ba de impactar en el gremio de prensa. La agencia oficial Télam, en plan de ajuste, había resuelto despedir a 14 colaboradores, quie­nes venían prestando servicios con la obligación de pasar facturas (es decir, haciéndose cargo ellos del pago jubilatorio, mientras la empresa evadía todos los aportes). Ante la ofensiva patronal, la respuesta de los trabajadores no se hizo esperar: masivas asambleas de más de 100 compañeros hicie­ron retroceder a la empresa, que no sólo tuvo que reconocer la estabi­lidad de los compañeros, sino que además debió blanquearlos, ce­sando con el fraude laboral. Este gran triunfo de los traba­jadores de Télam demuestra que el verso y el despilfarro de la Utpba son una cortina de humo al servicio de la parálisis del gremio, y que para luchar no hace falta gastar un palo verde en publici­dad, sino seguir el camino que trazaron los compañeros de Té­lam: organización, programa de lucha, asambleas y soberanía de las bases. Es decir, la antítesis de lo que nos propone la conducción centroizquierdista de prensa.

El 16 de diciembre se rea­lizó un acto conmemorativo del Santiagueñazo, convoca­do por un conjunto de gremios (ATE, CIDASENS, jubilados, etc.) y organizaciones políti­cas, que reunió apenas a unas 800 personas, de las cuales un 50 por ciento pertenecía a delegaciones de otras provin­cias. Este fracaso tiene su ex­plicación: desde el 16 de di­ciembre de 1993 en adelante, hubo por parte, de la dirigen­cia sindical vinculada al CTA y de parte del factor de la dirigencia política que ahora promueve al Frente Grande, una política de vaciamiento de las perspectivas que había dejado el Santiagueñazo. Durante este año, la Inter­vención ha podido avanzar en gran parte de los puntos con­tenidos en la ley “ómnibus” que provocó la reacción popu­lar. La Intervención sigue manteniendo una gran deuda salarial; ha dado pasos muy importantes en la privatiza­ción del patrimonio provin­cial (servidos eléctricos, casino, el sistema da ñaco, el Dique Frontal de Rio Hondo —clave, pues domina la pro­visión de energía y de agua en la provincia—, eliminó la Caja Popular, como paso pre­vio a la privatización del Ban­co, transfirió la Caja provin­cia)); ha avanzado en loa pla­nes de racionalización me­diante loe retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas. Muchas de estas medidas han generado situaciones conflictivas, pero la llamada "Coordinadora de Gre­mios en Locha” fue de unir esos lochas o de enca­rar algún plan de lucha de conjunto contra la política de la Intervención. El movimiento “Memoria y Participación” fue prota­gonista del Santiagueñazo, pera ha evolucionado hada la derecha y es hoy la base sobre la cual se está poniendo en pie el Frente Grande, que votó la represión al Santiagueñazo. La llamada izquierda del Frente Grande y los sectores influenciados por el Ptp y el Mst, como los docentes “atuoconvocados”, impulsan la conformación de un Frente con carreristas devaluados, como Solanas y Molinas, y que como el Chacho votaron la intervención Federal. En consecuencia, si la In­tervención ha podido avan­zar, no es porque su política tenga consenso (el acto al que concurrió Menem, el 15 de di­ciembre, fue un fracaso, pues apenas reunió a 4.000 perso­nas, a pesar de que se movilizó todo el aparato estatal y se pagaba por la concurrencia) sino por la bancarrota de la política de la dirigencia sindical combativa y de los políticos centroizquierdistas, que por sobre todas las cosas se han reforzado por impedir un desenvolvimiento independiente de los explotados santiagueños.

La Coordinadora de Estudiantes Secundarios se solidarizó desde un principio con los estudiantes del ILSE mediante un comunicado que denunciaba la arbitrariedad del rector del colegio al dejar libres a 25 estudiantes por festejar el fin de curso y que formaba parte de una campaña generalizada contra la juventud, como lo demostraba lo del Moreno, el Nacional Buenos Aires y el Avellaneda, donde estudiantes miembros de los centros fueron agredidos. La Coordinadora estuvo presente casi toda la semana en la puerta del colegio tratando de organizar a todos los compañeros para impedir todo tipo de sanciones y contrarrestar las provocaciones montadas por el gobierno y los medios de comunicación (Neustadt y Cía.) hacia la juventud. En la puerta dialogamos con algunos compañeros del ILSE que nos contaron lo realmente sucedido: ¿Qué fue lo que pasó el día de la vuelta olímpica? Llegamos al colegio y encontramos las puertas cerradas. Empujamos un poco y la puerta cedió, éramos 45 o 50, y detrás de la puerta del hall había preceptores con palos diciéndonos “anímense a entrar”... en­seguida vino la cana que entró al colegio y se llevó a 6 chicos. La policía fue llamada por la vicerrectora y ningún mayor nos acompa­ñó. Estuvimos presos 1 hora y des­pués nos sacó la vicerrectora sin llamar a nuestros padres. ¿Qué hay de verdad en lo que di­fundieron los medios? En primer lugar, todo lo que se dijo fue usado como campaña contra los adolescentes. No agredimos a na­die ni física ni verbalmente, no pin­tamos nada con aerosol y ni siquie­ra dimos la vuelta. No considera­mos que por haber hecho ceder una cerradura seamos “vándalos”. La vuelta olímpica no tuvo como obje­tivo destruir el colegio, el objetivo era festejar el fin de curso. En nin­gún momento nadie nos vino a ha­blar o a discutir para que no la hagamos. ¿Quiénes los apoyaron? Los únicos que nos apoyaron fue­ron los estudiantes y los centros del Buenos Aires, Pellegrini, Avella­neda, Nacional 17, la Coordinadora de Estudiantes Secundarios, la FUA y la FUBA

La patronal privatizadora de Sub­terráneos (FEMESA) acaba de producir cerca de 100 despidos de trabajado­res de distintas líneas y talleres. Ha trascendido que sería la primera etapa de muchos más despidos relacionados con la incorporación de modernos tre­nes japoneses y modificaciones de modalidades de trabajo que produci­rían una drástica reducción del perso­nal. Los trabajadores, en asambleas, especialmente en los talleres, han vo­tado medidas de paros rotativos en las horas pico de tráfico. Pero la burocra­cia de Palacios contrarrestó estas deci­siones haciendo aprobar en el cuerpo de delegados un quite de colaboración que prácticamente no afecta el servi­cio. Las “relaciones camales” de la cúspide de UTA con la patronal que­daron registradas en el último conve­nio, firmado este año, para la rama Subterráneos. Se entregó la histórica reivindicación del horario de 6 horas por insalubridad, lo que facilitó a la empresa pasar de tres a dos tumos con la consiguiente reducción de personal. Se comprometieron a normas de pro­ductividad, incluyendo las modifica­ciones en las condiciones de trabajo, trabajo múltiple, etc. La burocracia de Palacios acordó con mucha anticipación, entonces, las condiciones del “ajuste” y de la racio­nalización en marcha. Los delegados antiburocráticos y el activismo tienen planteado organi­zar una coordinación interlíneas para gestar una alternativa a la complicidad burocrática.

Si como dicen el gobierno ruso, la Onu y el conjunto de las grandes po­tencias, la república de Chechenia pertenece legalmente al Estado mos­covita, los masivos bombardeos de éste contra la población chechena y contra su capital significan que la burocracia restauracionista de Yeltsin no ha vacilado en emprender una masacre contra sus propios ciudada­nos. Según coinciden todos los perió­dicos, los muertos se cuentan por mi­les, como consecuencia de una inva­sión que a medida que revela sus contradicciones se hace más indiscri­minada. Los chechenos no son étnicamente rusos o eslavos sino caucásicos y turcomanos, y fueron integrados al viejo imperio zarista por la fuerza de las armas. Sus reclamos a una indepen­dencia nacional son completamente legítimos, más si se tiene en cuenta que van dirigidos contra un Estado que está entregando su patrimonio a la rapiña del imperialismo. La revolu­ción de octubre de 1917 reconoció el derecho de Chechenia a la autodeter­minación nacional, como consecuen­cia de la cual se convirtió en una república autónoma. Bajo el stalinismo sus dere­chos naciona­les fueron des­conocidos e in­cluso en 1944 Stalin deportó en masa a sus habitantes a Siberia. Chechenia no conquistó su independencia, hace tres años, por medio de procedimientos democráti­cos, sino por decisión de una dictadu­ra dirigida por un ex general del ejér­cito soviético. La decisión de descono­cer esta independencia luego de tanto tiempo no está relacionada, entonces, con la cuestión de los procedimientos. Tiene que ver con un problema que amenaza con provocar un guerra en todo el Cáucaso (Azerbaidján, Geor­gia, Armenia) —es decir, con el petró­leo. El gobierno ruso firmó un acuerdo con los principales pulpos capitalis­tas, principalmente British Petro­leum y Esso, para explotar el oro ne­gro de Azerbaidján, el cual ha abierto un conflicto internacional con rela­ción al trazado del oleoducto que debe transportarlo. En tanto que Yeltsin pretende que pase por territorio ruso, las compañías petroleras y sus go­biernos quieren construirlo a través de territorio turco. El conflicto ya ha llevado al gobierno de Yeltsin a inten­tar el derrocamiento del gobierno de Azerbaidján, el cual apoya el trazado por Turquía. Según los mejores ana­listas internacionales, esta divergen­cia explica los enfrentamientos re­cientes entre Estados Unidos y Rusia en diversos foros diplomáticos. El impasse petrolero amenaza cierta­mente con crear una crisis internacional, ya que pro­vocaría un cie­rre del crédito extranjero para Rusia. Cheche­nia tiene que ver con esto por­que es el territo­rio por donde pasaría el oleo­ducto de acuer­do al proyecto ruso. La evidencia de que este asunto es la cla­ve de toda la crisis está confirmada por el hecho de que el principal impul­sor de la guerra es el jefe de la guardia oficial de Yeltsin, que cuenta con mi­les de soldados y armamento sofisti­cado, además de un control absoluto de departamentos fundamentales de la KGB. Se trata del mayor-general Alexandre Koijakov, el cual se ha anotado en un conflicto petrolero más general al imponer el mantenimiento de las cuotas de exportación del petró­leo ruso, en oposición a una exigencia oficial de liberación de las exportacio­nes efectuada por el Banco Mundial. El enfrentamiento ya ha provocado la suspensión de los créditos del Banco y un parate en los proyectos de inver­sión petrolera por parte de las compa­ñías internacionales. Koijakov de­nuncia que el Banco Mundial preten­de refinar el petróleo ruso en el exte­rior en lugar de que sea procesado dentro de Rusia; el Banco alega que la burocracia de las empresas petroleras quiere seguir monopolizando la venta de petróleo y aprovecharse de ello para su enriquecimiento perso­nal. Lo cierto es que, como consecuen­cia de ello, el conjunto de las relaciones financieras entre la burocracia pro-capitalista de Rusia y el capital internacional se encuentra suspendi­do en el aire. La invasión de Chechenia, fuerte­mente reclamada por el ejército, ha encontrado su principal resistencia también en el ejército. Uno de los gene­rales a cargo de la invasión, Iván Babichev, se ha negado a proseguir con el ataque e incluso se ha permitido con­fraternizar con la población chechena. “Pueden enjuiciarnos allá, en Moscú, pero no avanzaremos”, de­claró. Se han manifestado igualmente en contra el viceministro de ejército, Boris Gromov, y el comandante esta­cionado en Moldavia, Paul Lebev. Los partidarios “democráticos” de Yelt­sin le han dado la espalda al presidente e incluso el parlamento ha votado ma­sivamente contra la invasión. Con todos estos elementos reuni­dos, Yeltsin se ha ganado, junto a una crisis internacional, la fractura del Estado y la posibilidad de una rebe­lión militar. La población rusa se ha manifestado, en un 70%, contra la invasión. Se complete o no la inva­sión, una crisis política de envergadu­ra es inminente. Desde un punto de vista más general, lo que ocurre de­muestra los límites insalvables de cualquier tentativa pacífica de res­tauración capitalista; la inevitabilidad de gigantescas conmociones so­ciales y políticas y aún mayores crisis internacionales; la posibilidad de movimientos revolucionarios. Las ma­sas han vivido una experiencia excep­cionalmente rápida con los dos gran­des intentos de salvación operados por la burocracia stalinista: uno fue el intento de estabilización del régimen burocrático mediante la perestroika; el otro es la tentativa restauracionis­ta. No se ha consumado ni la una ni la otra, pero han servido para provo­car una terrible descomposición so­cial. El camino de una salida dirigida por la clase obrera está directamente relacionado con la asimilación de esta experiencia y con la experiencia de lucha que desarrollen para superarla.

La Coordinadora de estudian­tes secundarios (CES) denuncia la campaña montada desde el gobier­no contra los estudiantes y la ju­ventud, con la excusa de lo sucedi­do en el colegio ILSE. Las “vuel­tas olímpicas” y los festejo de fin de año tienen una tradición de dé­cadas y no constituyen ninguna no­vedad. La novedad es la pretensión del gobierno y ciertas autoridades de damos lecciones de moral y el caradurismo de querer enseñamos el no a la impunidad; esto cuando son los responsables de la mayor impunidad de la historia argentina: el indulto a los genocidas. Por eso la Coordinadora repudia las declaraciones del presidente y la denuncia penal efectuada por un abogado menemista para juzgar como “delin­cuentes” a nuestros compañeros. Denunciamos que se pretende utilizar los métodos de la inquisición con un “castigo ejemplar” a los alumnos del ILSE. Denunciamos los sistemas disciplinarios y de ‘‘sancio­nes” reglamentadas, aplicadas y eje­cutadas por las autoridades y el mi­nisterio como un modelo de impuni­dad y arbitrariedad. Planteamos: de­rogación de las sanciones a los com­pañeros del ILSE, liquidación de todo el sistema disciplinario represi­vo y debate democrático de la convi­vencia en la comunidad educativa por medio de la unión de docentes, estudiantes y padres organizados en defensa de sus derechos y de la enseñanza pública. Denunciamos que la campaña represiva tiene por objetivo encubrir y facilitar la apli­cación precisamente de la Ley Fe­deral de Educación, instrumento para privatizar y destruir el sistema educativo argentino. Por la Coordinadora Pablo Eibusyc (Mariano Acosta) Marina Rieznik (Nacional Buenos Aires) Leonardo Diamonte (ENET28)

Organizado por la Comisión Inter­na de UPCN, se realizó en el Parque Tecnológico del Inti un asado de fin de año, en el que participamos unos 130 compañeros. Fue el 16/12 Justo un mes después de la movilización que prota­gonizamos al Congreso contra el pro­yecto de ley de presupuesto *95, donde los trabajadores del Instituto pudimos ampliar la difusión de nuestros recla­mos a través de los grandes medios de comunicación. Se notó en el asado el crecimiento de la precariedad en el empleo, expre­sado en la presencia de compañeros contratados y becarios, y pudimos tam­bién medir una concurrencia mayor que la vez anterior (´94). La precarie­dad también se notó en el estado deplo­rable en el que se encuentra el quincho, claro que ahora las autoridades festejan por su lado (no precisamente en el quin­cho), lejos de los trabajadores. Esta reunión, por su número y com­posición (sectores de apoyo y técni­cos), efectivos como becarios y contra­tados, expresa que hay toda una base social para seguir resistiendo la ofensi­va de las autoridades que administran el Instituto (aprendices de Cavallo, la UIA y la CGT). Justamente, desde el asado anterior, esta ofensiva se acre­centó con 42 disponibilidades —que enfrentamos con la movilización de comienzos del año, en pleno verano, aislados por la dirección de nuestro gremio (A. Rodríguez, J. Tangari) —, la continuidad del congelamiento sala­rial, un nuevo régimen horario y un nuevo estatuto para el personal que abre la puerta a nuevos despidos. Final­mente está el presupuesto ’95, que apunta al achicamiento y desmembra­miento de los organismos de ciencia y técnica. Por ello organizamos e impul­samos la movilización al Congreso jun­to a la FUA, la Conadu, los compañeros jubilados, estudiantes, a la que intenta­mos ganar a las direcciones sindicales de Cnea y Conicet. Esta comisión interna está por in­gresar al último tramo de su gestión, contando en su haber el ser un baluarte indoblegable en la defensa de sus com­pañeros de trabajo y en su organización independiente frente a los aprietes de las autoridades y de la burocracia sindi­cal. Esta reunión de fin de año constitu­ye una buena base para continuar en la lucha por la recuperación del salario, la defensa de las fuentes de trabajo y de los derechos laborales y democráticos de los compañeros, y por la incorpora­ción a planta de los compañeros contra­tados y becarios.

Este año tuve la oportunidad de poder trabajar estudiando los sistemas políticos, en la materia Educación Cívi­ca de 5o año. Elegimos en ese momento a la alianza política FIS (Frente de Izquier­da por el Socialismo). Así conocimos al PO junto con otros partidos de izquier­da, MST y MAS. Trabajamos con total libertad, ha­ciendo una investigación integral que resultó totalmente exitosa, que asom­bró no sólo a la profesora de la materia, sino también a la regente de estudios del establecimiento, que felicitó al gru­po. Mis compañeros, que no integra­ban el grupo que estudió el tema, traba­jaron con los periódicos de los partidos de izquierda, que nosotros les propor­cionamos, los analizaron y realizaron una visión política de los mismos como trabajo práctico para la materia. Quiero agradecer al Partido Obrero por habernos proporcionado el mate­rial y por abrimos sus puertas para conocer su organización interna y los principios del socialismo. Yo creo que es un partido muy abierto y que van a tener éxito en su desempeño político. Gracias, suerte y sigan adelante.

El 19 de diciembre, la Asamblea General Extraordi­naria convocada por la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Comahue votó el Paro Activo Total contra la resolución del Consejo Superior de esa Universidad de reducir la planta docente, despedir a docentes interinos y reducir la dedicación de los docen­tes concursados. El Paro Activo tiene un cumplimiento masivo, ,1o que incluye la suspensión de todas las mesas de examen; ha habido movilizaciones al Rectorado y una Asam­blea de la Resistencia, el jueves 22, que contó con la presencia de dirigentes nacionales de la CONADU, de sindicatos, partidos políticos y organizaciones estudian­tiles y populares de Neuquén. La Asamblea resolvió la expulsión del gremio de todos los miembros del Consejo Superior y del Consejo Directivo de la Facultad de Derecho que votaron el ajuste y los despidos. La decisión de las autoridades de Comahue es el primer paso de una política de ajuste y despida enfrentan todas las Universidades Nacionales. El presupuesto universitario aprobado por el Congrego además de congelar los salarios, incluye una cláusula por la cual solamente puede afectarse a gastos personal (docente y no docente) el 85 por ciento del total de los fondos recibidos. Esta disposición, que cuenta con la aprobación del CIN y fue negociada una Comisión parlamentaria que incluyó a los rectores de la UBA (radical) y de Río Cuarto (peronista), implica que lo de Neuquén se repetirá en todo el país. La CONADU debe resolver medidas práctica« para cumplir la declaración de su último congreso: “Con salarios congelados, sin presupuesto, y si se aprueba la ley de educación superior, no existen condiciones para el inicio del ciclo 1995”. Es necesario poner manos a la obra para organizar el no inicio.

El gobierno envió un proyecto de ley referido a la pequeña y me­diana empresa (pyme) que convier­te a las pymes en un campo de concentración para los trabajadores. Aunque concebido para las empresas con menos de 50 emplea­dos, el gobierno está autorizado a variar “los requisitos cuantitati­vos del presente artículo” una vez por año, lo que significa que se podrá aplicar a empresas con ma­yor número de asalariados. ¿Qué dice el proyecto? * Que las pymes podrán tomar per­sonal en forma temporaria, sin el pago de aportes previsionales y sin el pago de la indemnización una vez que finalice el contrato; * Ese personal precario podrá ser de hasta la mitad del total del plantel; * Se autoriza a tomar trabajadores temporarios o con contrato, luego de haber despedido personal efectivo. El proyecto deroga el artí­culo 36 de la ley de empleo vigente, que prohíbe tomar personal bajo contrato si la empresa despidió en los 12 meses previos y la autoriza solamente si esos contratos son “en exceso del plantel total promedio de los últimos seis meses”. * También se deroga el artículo 38 .de la ley de empleo, que señala que al vencer los contratos .el trabajador recibe una indemnización de “me­dio salario mensual”. * Se establece la “movilidad inter­na”, en nombre de la productivi­dad, que abarca no solamente “la asignación y cambio de tareas” sino también de “lugar de trabajo u horarios”, lo cual es un régimen agravado de flexibilidad laboral. * Establece que en todos los conve­nios debe existir una rama de py­mes con las siguientes característi­cas: a) Las vacaciones podrán ser modificadas “en cualquier senti­do” por las patronales. b) “Podrán modificar en cual­quier sentido el modo de cálculo y períodos de pago del sueldo anual complementario” (aguinaldo). c) Además, podrán acogerse al procedimiento preventivo de crisis, una norma de la ley de empleo que prohíbe a los trabajadores a tomar medidas de fuerza cuando se decla­ra un conflicto que en este caso afecte a 5 o más trabajadores. En­tonces, las patronales “podrán proponer como salida a la crisis —dice el proyecto— las siguientes medidas: suspensiones, despi­dos, modificación de condiciones de trabajo, suspensión de los efectos del convenio colectivo de trabajo o del estatuto especial aplicable. d) En la rama pyme de los con­venios “se podrá modificar en cualquier sentido el régimen ge­neral de extinción del contrato de trabajo”, lo cual es una vía libre para arrasar con el preaviso y la indemnización de los trabajadores efectivos. Según los diarios, “los nego­ciadores analizan la posibilidad de eliminar la figura del delegado gremial en el estatuto de pymes” (Clarín, 18/12). Se concrete esto o no, en los hechos este proyecto no sólo elimina al delegado sino a toda la organización sindical, porque retrotrae al movimiento obrero al siglo XVIII. Las patronales pymes, que en su gran mayoría forman parte del Congreso del Trabajo y la Producción, junto al CTA, están entusias­madas con este proyecto. A su vez, la burocracia sindical ha cerrado filas en tomo a este proyecto a cam­bio de los nuevos negocios que le ha prometido el gobierno, como los de accidentes de trabajo y de priva­tización de las obras sociales. La consecuencia inmediata, de sancionarse este proyecto de ley, será el despido masivo de trabaja­dores, que podrán ser reemplaza­dos o no por otros, pero en las condiciones de precariedad, movi­lidad y arbitrariedad de esta nueva ley. No fomenta el empleo, como dice el discurso oficial, sino es un grito de guerra contra toda la clase obrera.

TD: ¿Cuáles son los motivos de esta movilización? AB: En la reunión de perfecciona­miento del martes 6/12 se nos infor­ma oralmente que se cierra la carrera de Psicopedagogía, que se limita en dos cursos menos el 1er. año de Magisterio en algunos Institutos, y que en toda la provincia se cierran varias carreras, que Institutos como el de La Matanza pierden 8 carre­ras... AM: Se cierra Psicopedagogía y Ca­pacitación Docente, Capacitación para la Función Supervisora en toda la provincia, pero no en los institutos privados (¡oh, casualidad!), que además son subsidiados por el Esta­do. AB: Que hay un límite de matrícula (que no sabemos cuál es) y si se pasa ese límite se cierran cursos, mientras que en las instituciones privadas no hay límites. Además, se achican las plantas funcionales, por una resolu­ción de la época de Farías de Castro que tenían congelada y están reedi­tando ahora, por la cual dejarían cesantes a varios preceptores, ya que va a haber 90 alumnos por preceptor. También quedan afuera no docen­tes. AM: También los coordinadores de carrera, que .tienen actualmente 8 horas, pasarían a tener la cantidad de horas equivalentes al porcentaje de alumnos, o sea que disminuirían. También existe un cupo de alumnos por curso: no se pueden abrir carre­ras con menos de 25 alumnos. Los docentes de superior no he­mos estado informados de nada, a pesar de que desde mayo han circu­lado versiones. TD: ¿Qué acciones han realizado hasta ahora? AM: Desde que nos enteramos hasta hoy se organizaron comisiones en cada instituto, hubo reuniones en Avellaneda, en Lanús, en diferentes puntos, tratando de agrupamos. Se llamó como se pudo a los alumnos en asambleas, se invitó a participar a toda la comunidad educativa... TD: ¿Cómo hay que seguir? AM: Lo que queda claro es que va­mos a seguir luchando. Lo importan­te sería poder movilizar al resto de las ramas, porque esto es superior, y superior es la formadora de forma- dores, y esto significa la escuela pú­blica, porque... ¿cómo no cerraron las carreras en los institutos priva­dos? Entonces, pensamos que esta convocatoria tiene que ser ampliada y que va mucho más allá de la rama superior, porque ya en media están desapareciendo talleres. Y más allá de la pérdida de la fuente laboral concreta que, por supuesto, como todos somos laburantes de la educa­ción, nos jode, tiene que ver con un replanteo de la Ley Federal, que sa­bemos es mentira, que no es educa­ción para todos, es educación “de calidad” para unos pocos; entonces creo que tiene que ampliarse el deba­te y tratar de buscar los medios para que la comunidad en su totalidad se entere de qué significa esto de cali­dad, equidad, preescolar obligatorio, que sabemos es una mentira. En es­tos últimos años, la matrícula de primaria viene descendiendo, este último año descendió un 20%, o sea que la característica de que ingresa­ban todos y retenía a pocos ahora tampoco se da, ni hablar de deser­ción. Y de ese 20% menos egresa sóloel50%. De aquí en más, ¿qué va a pasar? La gente está siendo enga­ñada a través de los medios, porque desconoce las condiciones en que quiere ser implementado el preesco­lar, el polimodal, un octavo, un no­veno grado, ¿de qué calidad?, ¿de la polimodal van a salir obreros califi­cados? Gente que trabaja en técnica afirma que de la poli van a salir obreros no calificados después de varios años de escuela. Para ser real­mente especializados van a tener que coocurrir a la Universidad ¿y quién va a concurrir? Resumiendo: en este momento lo puntual, lo que aparece es esto, pero hay que ampliarlo, por­que tiene que ver con muchas otras cosas y en ese marco hay que anali­zarlo.

En los primeros seis meses de actuación, las AFJP ya le hicieron perder a los trabajadores un 40% de sus aportes, un récord en mate­ria de confiscación. La caída de la Bolsa arrastró a los valores de los Fondos de Pensión, los que hoy valen menos que en julio pasado. “Por primera vez desde su lanza­miento varios fondos de pensión ostentarán valores de cuota por debajo del inicial o base. Lo que implica lisa y llanamente que perdieron lo que habían ganado hasta ahora” (Ámbito Financiero, 27/12). La mayoría de las AFJP tienen hoy valores-cuota inferiores a 10, su valor inicial. La AFJP Máxima regis­tró el día 22 una valor cuota de 9,92, lo que significa que cayó un 1% en relación a su valor de julio. Pero como desde julio el costo de vida aumentó un 3%, en términos reales la pérdida es del 4%. En verdad, la caída es mayor, pero por una disposición oficial, las AFJP pueden contabilizar el 25% del fondo compuesto de títulos públicos no a sus precios de mercado sino a sus valores nominales más los intereses a cobrar, lo cual infla contablemente el valor de la cuota. Del quebranto producido hay que sumarle el 35% del aporte obrero que se guarda la AFJP en concepto de comisión. Al fondo de un trabajador que aportó 100, fue­ron sólo 65 pesos, y como además perdió el 4%, tiene 62 pesos. En síntesis, la pérdida es del 38% en 6 meses... un récord. Por eso, compañero trabaja­dor, luche contra este sistema de confiscación del salario y la jubila­ción obrera, por el 82% móvil, el retiro jubilatorio a los 60 años, 500 pesos de jubilación mínima y por la administración obrera de las Cajas jubilatorias.

El gobierno está mostrando (por si alguna duda cabía) que en la ley federal de educación no hay ambigüedades. Las ilusiones acerca de sus aspectos progresivos se están derrumbando como un casti­llo de naipes. El gobierno de la provincia de Buenos Aires acaba de decidir el cierre de institutos superiores de formación docentes estatales. Las carreras a cerrar son las siguientes: Psicopedagogía, Estimulación Temprana, Jardín de Infantes, Capacitación Do­cente, Retardo Mental. En todos ' los casos, los beneficiados con la decisión gubernamental son los institutos privados de formación docente, en especial los de la Igle­sia, que han surgido como moscas en el último período. La decisión de cerrar los esta­blecimientos estatales encaja exac­tamente con el propósito de poner en manos de la iglesia a los jardines maternales. Las escuelas diferen­ciadas ya están siendo abandonadas a su suerte por la ausencia de profesionales especializados, de­bido a los sueldos miserables que el gobierno les paga y por la promo­ción de escuelas privadas diferen­ciadas, sostenidas con subsidios de IOMA. Las escuelas de adultos, dado que la matrícula está constituida por hijos de trabajadores o trabajadores no son rentables, razón por la cual el gobierno pretende cerrarlas. Por otra parte, el gobierno empezará a ejecutar la resolución 17000, que consiste en cerrar cur­sos con menos de 20 alumnos o reducir a la mitad las horas cátedra que les corresponden. Así se per­derán de 30.000 a 40.000 horas cátedra, dejando en la calle a do­centes preceptores y a auxiliares. La medida adoptada por el go­bierno se produjo en el receso esco­lar. Sin embargo, eso no impidió que en medio de un calor infernal trescientos docentes y estudiantes de los institutos se movilizarán a la Torre 1, anexo de la Dirección Ge­neral de Escuelas. Los docentes y alumnos que se autoconvocaron (ya que la burocra­cia de SUTEBA brilló por su ausen­cia y saboteó la movilización) deci­dieron elegir una comisión proviso­ria integrada por representantes de todos los institutos y ampliar la lucha a todas las ramas de la educa­ción. Esta lucha ya nos está demos­trando, no sólo la tendencia que el gobierno imprime a la reforma educativa, sino la resistencia tenaz por parte de los docentes y el movi­miento estudiantil.

Lo que la prensa ha convenido en denominar la devaluación mexicana, constituye en realidad un derrumbe financiero en toda la línea. La medida inicial de desva­lorizar el peso mexicano en un 15 por ciento, fracasó en menos de 24 horas cuando se comprobó que no había logrado detener la fuga de capitales. A partir de ahí la paridad internacional de la moneda se desbarrancó hasta un 40-50 por cien­to, provocando enormes pérdidas a los inversores en títulos mexica­nos. Solamente los Fondos de In­versión norteamericanos recono­cieron pérdidas por 10.000 millo­nes de dólares. El salario mínimo de 4 dólares por día, que cobra el 60 por ciento de los trabajadores de México, cayó a 2.30 dólares. La catástrofe no se confina a estos límites, porque aún hay que tener en cuenta la situación de los ban­cos, que tienen fuertes deudas en dólares y compromisos de vender dólares al anterior tipo de cambio. De acuerdo al Financial Times (23/12), el Fondo gubernamental encargado de asegurar los depósi­tos bancarios se encuentra “subcapitalizado” como consecuencia de los pagos que tuvo que realizar en los últimos seis meses para res­catar a bancos quebrados. México tiene una deuda externa de millones de dólares, pero sólo en 1995 debe rescatar 58.000 millones en letras de tesorería, de los cuales 20.000 millones de dó­lares vencen en los próximos tres meses (The Washington Post, 26/ 12). Es natural, entonces, que se comente que la Reserva Federal de los Estados Unidos estaría prepa­rando un paquete de ayuda finan­ciera de 25.000 millones de dóla­res para México. Por impresio­nantes que estas cifras puedan pa­recer, no está excluido que la si­tuación real sea aún peor, ya que los datos que se brindan están ma­nipulados. Hasta hace pocos días, por ejemplo, la prensa financiera internacional atribuía a México unos 12.000 millones de dólares en sus reservas, pero ahora se sabe que no superaban los 6.000 millones. A fines de 1993 esas reservas totali­zaban 24.000 millones de dólares, lo que significa que durante el año tuvo lugar una hemorragia de millones de dólares. Frente a un estallido de seme­jante envergadura, ¿tienen algún sentido las seguridades que se esfuerza por dar Cavallo de que Ar­gentina sería un caso distinto? ¿Qué queda entonces de las reite­radas afirmaciones de que Argen­tina estaba siguiendo el ejemplo “exitoso” de México, o de aqué­llas que dicen que la economía se ha “globalizado”? Hace solamen­te 45 días, el actual ministro de finanzas de México aseguraba, él también, que “no había necesi­dad de devaluar” (The Financia! Tunes, 9/11) y que una salida de capitales sería compensada por una disminución de las importa­ciones —la tesis preferida de Ca­vallo. Pero Argentina y México tienen en común, junto a toda América Latina, el hecho de que sus economías han sido exclusiva­mente financiadas por el ingreso de capital especulativo, por mon­tos sin precedentes, provocando un gigantesco endeudamiento ex­terno a corto plazo. Argentina tie­ne vencimientos de capital, en 1995, por 5.000 millones de dólares, sin ninguna posibilidad de refinanciarlos^ esto equivale a la mitad de las reservas argentinas. El saldo del presupuesto nacio­nal no alcanza para pagar los intereses de la deuda públi­ca. La devaluación argenti­na es sólo una cuestión de tiempo. Para que la catástrofe mexicana no sea el anuncio del derrumbe argentino, de­bería poder ser clasificada como un hecho aislado, pero se olvida que sigue inmedia­tamente a la catástrofe vene­zolana de hace algunos me­ses, y un poco más lejos en el tiempo a la de Turquía, Fili­pinas y otros “mercados emergentes”, que sufrieron el “boom” y el “crac” de la especulación internacional. Lo increíble es que no se tenga en cuenta la propia devaluación sufrida por el dólar durante el transcurso de 1994, como consecuencia de la salida de capitales de los Estados Unidos y la ten­dencia al derrumbe de los títulos públicos y las acciones del merca­do de Nueva York. “La posibili­dad de un aterrizaje suave (de Wall Street) está desaparecien­do”, dice The Economist (10/12), quien también revela una tenden­cia al retiro de inversores de los Fondos de los Estados Unidos. La quiebra reciente del Fondo de In­versión del condado de Orange, en California, puso de manifiesto la crisis generalizada de los especu­ladores. Especuladores como George Soros; bancos de inver­sión como Goldman Sachs; Fon­dos gigantescos, como Fidelity, han tenido en este año pérdidas enormes. Como consecuencia de la caída de los títulos públicos nor­teamericanos, las acciones de los bancos de ese país han perdido el 10 por ciento de su valor (The New York Times, 23/12). Las alternati­vas de financiamiento internacio­nal a este derrumbe son por el momento inexistentes, toda vez que los bancos japoneses deberán dar de baja a sus préstamos inco­brables por valor de 200.000 mi­llones de dólares. Si se mira bien, México debe­ría ser considerado privilegiado debido a su libre acceso al merca­do norteamericano. Si en algún lugar fuera aplicable la tesis de que la deuda externa sirve para modernizar a la industria y para exportar, ese lugar debería ser México. México, sin embargo, ha registrado un déficit sistemático en su comercio internacional, en especial con Estados Unidos, que llegó en 1995 a los 25.000 millo­nes de dólares; es decir que ha sido un vaciadero de exportaciones norteamericanas. De los 50.000 millones de dólares invertidos por el capital norteamericano en México, menos de 15.000 millo­nes han ido a activos físicos (The New York Times, .27/12); en Ar­gentina la proporción es todavía menor, aun teniendo en cuenta la compra de empresas instaladas, que no agrega capital nuevo. La crisis mexicana y la corrida cambiaría que ha provocado en Argentina y en América Latina señalan la irreversible caducidad de los “planes Cavallo”, que consis­ten simplemente en financiar el movimiento económico mediante el ingreso masivo de capital espe­culativo. El ciclo ahora se ha inver­tido; si Cavallo no devalúa, dejará sin financiamiento a las empresas privadas y al Estado. Esto ya se está manifestando en el constante creci­miento de las tasas de interés. Pero una devaluación deberá provocar, primero, un derrumbe financiero. Si por necesidades políticas o temo­res financieros el gobierno no toma la iniciativa de la devaluación, ella la producirá “el mercado” median­te la fuga de capitales y la caída de bancos. La situación es más grave de lo que se piensa. Un estudio reciente demuestra que los bancos norte­americanos han ocultado el monto real de sus préstamos e inversio­nes en América Latina, para no transgredir el tope de exposición que les exigen las reglamentacio­nes de los Estados Unidos. Como consecuencia de esto, gran parte de sus compromisos figuran en las cuentas de sus sucursales (The Economist, 22/10/94). Mientras que el crédito de los bancos norte- americanos con Améri­ca Latina estaba regis­trado oficialmente en 90 mil millones de dólares, a través de sus sucursa­les ese monto subía unos 53 mil millones más, un 60 por ciento adicional. La mayor parte de este dinero se encuentra in­vertida en títulos públi­cos y en acciones, los que en el caso argentino han caído notablemente en su cotización, provo­cando grandes pérdidas a los bancos. Para disi­mular estos quebrantos, Cavallo los autorizó hace un mes a contabili­zar el valor de su cartera no al precio de mercado, sino al valor nominal de emisión. Si la disposi­ción en nada cambia la realidad de las pérdidas, sirve para engañar a los accionistas y evitar que vendan sus participacio­nes en los capitales de los bancos. John Reed, el presidente del Citibank, responsabilizó por esta situación al déficit fiscal crea­do por Cavallo como consecuen­cia de la rebaja de los aportes pa­tronales a la Segundad Social. La posibilidad de una crisis bancaria en Argentina está planteada, pre­cisamente, por las pérdidas que sufren los bancos como resultado de la caída de los títulos públicos, lo cual se ha agravado luego del derrumbe mexicano. A esto se agrega la morosidad en la devolu­ción de los préstamos por parte de la industria, para conformar un cuadro de potencial corrida bancaria. Por todo esto, las caídas de Argencard y de Extrader no son un hecho aislado, más bien anuncian que nuevos bancos se sumarán a la cesación de pagos. ¿Puede el Mercosur ofrecer una salida? Incluso si se supone una ex­pansión de la demanda brasileña, la situación económica se compli­caría en lugar de distenderse, ya que plantearía mayores exigen­cias de financiación en un cuadro de crisis financiera; las tasas de interés subirían aún más y blo­quearían cualquier alternativa de reactivación. Por otro lado, hay que tener en cuenta que en Brasil existen fuertes presiones devaluacionistas como consecuencia de la aparición de un déficit en el co­mercio exterior, las que natural­mente inciden sobre Argentina. En recientes declaraciones, Cava­llo admitió la posibilidad de deva­luaciones pactadas entre Brasil y Argentina. En cualquier caso, la crisis financiera amenaza con des­integrar la flamante unión aduane­ra del Mercosur. Un ejemplo del pantano en que se encuentra la política económica oficial lo brindan los Fondos de Pensión, donde los fondos de los aportistas se han desvalorizado en forma absoluta como consecuen­cia de la caída de la Bolsa y debe­rán seguir haciéndolo por la mis­ma razón. Se trata de una situación insostenible. ¿Podría salir del paso con una ayuda financiera norteamericana? El derrumbe de México lo des­miente. Todo lo ocurrido en esta crisis demuestra que la devalua­ción inicial del 15 por ciento fue efectuada con el acuerdo de la Reserva Federal. El hecho de que esta devaluación pactada no hu­biera podido detener la fuga de capitales, constituye un fracaso político muy serio del gobierno Clinton y de los banqueros yan­quis. Si Cavallo reclama el apoyo de Estados Unidos o del FMI, és­tos le exigirán, con seguridad, que fije una política y un plazo para operar una devaluación. Lo más importante de toda esta crisis es que ha derrumbado el mito del “mercado” y de la “esta­bilidad” y que ha mostrado que el destino de millones de personas se encuentra al arbitrio de un puñado de especuladores internacionales. El mercado es anarquía y la estabi­lidad es hipotecamiento. A la des­ocupación y a la pobreza, se agre­gan ahora la carestía e incluso la hiperinflación. Ninguno de los problemas que existían hace diez años han sido resueltos: la deuda externa está más arriba que nunca, a pesar de las privatizaciones y de las refinanciaciones. De nuevo hay una situación de cesación de pagos. El capitalismo no puede sobrevivir sin producir crisis cada vez más intensas y profundas. Al seguir a los partidos patrona­les, los trabajadores confiaban su salida a los planes económicos de la burguesía. El derrumbe de estos planes plantea a la clase obrera la obligación de seguir un camino propio, autónomo, independiente. Para parar la crisis que nos amenaza es necesario quitarles a los capita­listas el monopolio de los grandes medios de producción y financieros y ponerlos bajo control obrero. Esta es la base para detener la hemorra­gia económica y reestructurar el país sobre bases que sirvan a sus auténticos productores.

El 9 de diciembre fue un lunes negro para Di Tommaso y la súper podrida burocracia de la UOM La Plata. En Propulsora, la fábrica que los burócratas consideraron prematuramente “suya”, la lista Azul, de los interventores de la UOM en la planta, perdió por afano frente a la Verde, que encama al activismo histórico de oposición. La Verde casi duplicó en votos a la lista burocrática patronal, con 243 votos contra 170 de la Azul, la mayor diferencia de las tres últimas elecciones. Desafueros y despidos En setiembre del 93, con la comisión interna " combativa al frente, los trabajadores de Propul­sora salieron a la huelga reclamando 200 pesos de aumento y la marcha atrás en la flexibilización laboral. Al cabo de 22 días de lucha fueron denotados y la patronal (Techint) y la burocra­cia se dieron como objetivo destruir el cuerpo de delegados para terminar con la resistencia de los trabajadores. Techint inició juicio penal a compañeros de la interna y del cuerpo de delegados por haber apoyado la huelga, les pidió el desafuero gremial y, a renglón seguido, los suspendió “por tiempo indeterminado”. La “causa” contra los compañeros represaliados fue una falsificación monstruosa y un ejemplo de las relaciones de clase que unen a los capita­listas con la burocracia y la justicia. El burócrata Di Tommaso (secretario general de la UOM La Plata y “diputado sindical” de Duhalde) acusó a la interna y a los delegados de “anárquicos” e “irresponsables” por no acatar la “orgánica” del secretariado, el juez fue “seleccionado” por su condición de viejo conocido de la burocracia —dictó cursos de “capacitación” en la propia UOM. El pedido de desafuero, no es necesario decirlo, salió en tiempo récord. El objetivo de quebrar toda resistencia se “completó” con la expulsión de los delegados de la UOM, “retiros voluntarios”, un clima de persecución genera­lizado y el nombramiento de interventores puestos a dedo por el sindicato. La resistencia Esta victoria no surge de la nada. En las difíciles condiciones creadas por la ofensiva patronal burocrática, y a partir de un núcleo del “viejo” cuerpo de delegados, los trabajadores de Propulsora pararon y se movilizaron recla­mando el retiro de las causas penales y el cese de la persecución y la solidaridad activa de todas las organizaciones de la clase obrera. En condiciones aún más difíciles por el clima car­celario impuesto, llamaron a enfrentar el robo de la “jubilación privada” y obtuvieron una pequeña pero significativa victoria: el 99% de la planta repudió a las AFJPs, se quedó en la estatal y dejó “pagando” a ACTIVA, la admi­nistradora con la que “corre” el secretariado. Un grupo de trabajadores, en representación de la planta, se hizo presente en la Federación de Box en el inicio del plan de lucha de la UOM repartiendo un pronunciamiento masivamente firmado en la planta contra la expulsión de sus delegados y los planes de lucha michos. Pro­pulsora cumplió masivamente los paros de la UOM y el activismo intentó apoyarse en ellos para replantear la lucha en la planta. Todo este proceso mantuvo, con alzas y bajas, una línea de resistencia y una red de activistas que estuvo dispuesta a “poner la cara” frente a la maniobra urdida por la patro­nal y la burocracia para “legalizar” la interven­ción. La “convocatoria” a elecciones fue el mo­numento a la farsa, secreta y lanzada con apenas 72 horas de anticipación en un transparente alejado de las secciones. La burocracia “llamó” a elecciones sólo cuando creyó asegurado el monopolio sindical y, sobre todas las cosas, que el activismo no podía presentar una lista que amenazara el “unicato”. La maniobra terminó en un fracaso absoluto: los interventores fueron derrotados en todas las secciones de la fábrica y aun entre los “pibes”, jóvenes que ingresaron en el último año y que no vivieron la experien­cia anterior. La victoria de la Verde puede abrir una nueva etapa en la fábrica y aun en el movimien­to obrero de la zona. La recuperación del cuerpo de delegados está abriendo el debate sobre todas las reivindicaciones contenidas: reclamo salarial unificado (hoy la fábrica está partida y los salarios atados a las “carpetas” de flexibilización laboral), efectivización de todo el perso­nal contratado, reincorporación de los despedi­dos a la fábrica y de los expulsados a la UOM.

PO: El PO ha encarado una campa­ña por un Frente de Izquierda... JL: Yo estoy de acuerdo en unir lo más posible contra Menem. A partir del Santiagueñazo se ve que el pueblo empieza a reaccionar y busca una alternativa. Más que de izquierda yo diría popular. Tenemos un abanico muy grande que incluye a sectores peronistas, nacionalistas y populares, que todavía no están en la izquierda. El enemigo principal es Menem, des­pués tenés las otras variantes como el Frente Grande, que no propone nada y que ya se sacó la careta. Hay que hacer un Frente donde tengan cabida la izquierda y los que rompen con el PJ, la UCR y el FG. PO: ¿A quiénes te referís cuando hablas de sectores populares? JL: Por ejemplo a los dirigentes que organizaron desde abajo la Marcha Federal y el Santiagueñazo. No veo dirigentes de “primera línea”, pero puede haber dirigentes populares y de base en los gremios. Como parti­dos están los de izquierda. PO: ¿Qué opinas de que el Frente sea encabezado por Pino Solanas, Molinas o Brunatti? JL: No estaría de acuerdo, no con­fío en ellos. No me han demostrado que estén verdaderamente contra el plan de Menem. PO: ¿Cuándo vos hablas de Frente Popular, te referís a un Frente de colaboración de clases? JL: Yo no estoy de acuerdo con los burgueses. Pero el Frente tiene que incluir a los sectores populares. PO: ¿Esos sectores “populares” se­rían por ejemplo la FAA de Volando y las Apymes? JL: No. Esos sectores no están contra el plan Cavallo, ni son antimenemistas. Un Frente encabezado por algu­no de ellos no es un Frente Popular como lo entiendo yo, ni de izquierda como decís vos. PO: Pero la política que prima en los autoconvocados va en ese sentido... JL: No creo que partidos de izquierda tengan la posición de impulsar esas candidaturas... Me indignaría. PO: En relación al programa... JL: Hay que levantar un programa popular que tienda a solucionar los problemas y avance en un sentido revolucionario. No tiene que ser un programa para incluir a los burgue­ses, sino para limitarlos. Si después quieren venir, tienen que subordinar­se a ese programa y no pueden enca­bezar el Frente.

En el puerto de Mar del Plata, a minutos de la “ciudad feliz”, la explo­tación capitalista ha llegado casi a su punto de perfección. Amparándose en un convenio “marco” suscripto por la burocracia menemista (Saravia), las patronales han destruido el básico de convenio y la garantía horaria (salario previsto para los períodos anuales de baja), las dos conquistas sobre las que se cimentó la construcción del sindica­to obrero del pescado. El salario ha pasado a ser un “conformado” que varía de planta a planta y dentro de cada una de éstas, con un básico “asisten­cial” y premios a la producción y al presentismo que constituyen la mayor parte del ingreso y que secciones ente­ras no perciben. La otra arma de las patronales fue la cooperativización tre­cha, por la que centenares de trabajado­res permanentes fueron convertidos en mano de obra transitoria y a destajo de “empresas” armadas por testaferros de los pulpos. Este cuadro de superexplotación tiene pocas comparaciones: “de personas que directa o indi­rectamente estaban ocupadas por la actividad, hoy no tenemos más de 9.000” (presidente de la Cámara de Armadores de Buques, en “Redes”, 8/ 94). Como lo reconoce el representante de un pulpo “nacional”', “las empre­sas que sobrevivieron lo consiguie­ron a base de mejorar su eficiencia (superexplotación)... A partir de la constitución de cooperativas con el personal se mejoró notablemente el rendimiento, se atenuó el ausentis­mo... y hoy existen productos que de no ser por las cooperativas no po­drían elaborarse. El cambio ha sido de tal magnitud que hoy una planta filetea hasta el pargo” (un pez peque­ño que antes no se industrializaba) (Solimeno en “Redes”, ídem). La pes­ca —clavada” en Mar del Plata en toneladas desde hace cinco años—y su industrialización se hacen hoy con la tercera parte de los trabaja­dores empleados, lo que da idea del salto en la “productividad obrera” que se han embolsado los pulpos. No sólo esto. Los patrones se han beneficiado con la reducción del 40% en los aportes provisionales, con el régimen de “charteo”, por el que se asocian a barcos extranjeros que se llevan el pescado sin procesar y reci­ben a cambio reembolsos y devolu­ción de impuestos, con el reintegro del 18% por exportaciones de mayor va­lor agregado (esto a partir del 1° de enero). Este ‘Jolgorio” se completa con el reciente acuerdo de pesca con la Comunidad Europea, que habilita a los pulpos internacionales a una cap­tura de 250.000 toneladas anuales con destino a sus plantas —el 40% del total actual—, una depredación en regla “que será más barata que la que actualmente la CEE realiza en Groenlandia”, y “en uno de los últi­mos calameros del mundo que no han sido depredados” (Clarín, 20/9). Los patrones “nativos” han saludado este acuerdo, que les permite “aso­ciaciones temporales” con los arma­dores extranjeros para beneficiarse del negocio exportador, armado con la rebaja de aranceles de la Comunidad para el pescado en bruto argentino, con el reembolso por exportaciones y “la entrega de subsidios para la compra de buques” (Clarín, ídem). Esto revela, de paso, la impostura de la política de “defensa de la industria nacional de la pesca” levantada por el PTP (Lista Marrón del SOIP) y que sólo conduce a un movimiento de co­laboración de clases con la patronal nativa “flexibilizadora” y entreguista. La consigna de derogación de los con­venios pesqueros apunta a redistribuir beneficios entre los pulpos, pero no resuelve ningún problema de los tra­bajadores. La denuncia de los beneficios acu­mulados por las patronales pesqueras por la vía del subsidio estatal, los con­venios internacionales y la ‘‘produc­tividad obrera” plantea la oportuni­dad de una campaña por el básico (5 pesos la hora) como salario por la jomada de 8 horas (que hoy se ex­tiende a 11 ó 12 horas sin siquiera pago de extras) y una garantía horaria equivalente al 80 por ciento de esta cifra. La sola defensa del básico por las 8 horas pone un límite a la desocupa­ción en el puerto. Esto plantea la lucha contra el convenio de empresa y sección —“igual salario, igual trabajo" en cada planta—, por la denuncia del convenio "marco ’’negrero del SOIP y paritarios electos en asamblea general Frente a estos salarios diferenciados, los compañeros de La Campagnola ocuparon recientemente la planta re clamando un salario “conformado” común. Los trabajadores de las plantas vienen resistiendo el intento patronal de generalizar las "cooperativas” y lo han frenado en algunos casos (Mellino), pero junto a esta lucha está planteado el desafío de organizar al obren) “cooperativizado”, el eslabón más débil en la cadena de explotación, que la burocracia del SOIP no admite en el gremio y que carece de toda protec­ción (en su última asamblea, la Lista Celeste votó impulsar una comisión de defensa del obrero cooperativizado sobre la base de una plataforma de reivindicaciones que los organice frente a los patrones testaferros). El punto clave es, de todos modos, sol­darse a la organización de las plantas grandes que concentran a la casi tota­lidad del personal efectivo y sindicalizado y en algunas de las cuales se plantea la renovación de los cuerpos de delegados. El boletín Celeste puede convertirse en la gran herramienta del proceso de reconstrucción del SOIP, como tribuna de denuncia de los atropellos patronales y burocráticos y or­ganizador de una corriente clasista y revolucionaria en el puerto.

Mario Torres fue delegado de Foetra. Militó en el Mas y el Mst y fue candidato a concejal y constituyente provincial por el FIT y el FIS. Telefónica de Argentina lo despidió con la complicidad de la burocracia del “Gallego” Barreiro. PO: ¿Cómo ves la situación del movimiento obrero y la izquierda? M: Mira, desde el Santiagueñazo hay un cambio en la situación del movimiento obrero, las luchas de los trabajadores son más decididas y existe una tendencia a utilizar méto­dos más radicalizados, como ocupa­ciones, cortes de ruta, etc.; un im­portante sector de trabajadores ha pasado a enfrentar al gobierno con medidas de acción directa. Por el lado del “plan” Cavallo vemos cómo hace agua la estabili­dad, las cuentas ya no cierran y se acabó el recurso de privatizar. En cuanto a la izquierda, apare­ce dispersa y no está a la altura de darle una salida a los trabajadores y enfrentar al “plan” Cavallo con éxi­to. PO: ¿Cómo ves la campaña del PO por una Conferencia Nacional? M: Hace falta un Frente de Izquier­da. Yo no veo que exista hoy un partido, como antes lo fue el Mas, con características de masas y que actuaba como referente de un im­portante sector del activismo obrero y de izquierda... ahora sólo subsis­ten planteos pro-burgueses y pro- burocráticos, que promueven ilu­siones en Álvarez, Solanas o en el CTA y MTA, pero estas corrientes no son una salida. Estoy por un Frente de Izquierda que responda a los intereses de los trabajadores, ésta es la única opción para ayudar a formar una conciencia de clase, centralizar las luchas y a que los trabajadores no voten a los verdugos; en definitiva, a separar la paja del trigo. Las experiencias del FU y FIS fueron valiosas, pero no superaron el acuerdo electoral. Hay que llevar al Frente de Izquierda a constituir agrupaciones en los sindicatos y el movimiento estudiantil, tenemos que intervenir unificados en la lucha de clases a través de agrupaciones de bases. Estoy de acuerdo con la Confe­rencia, porque estoy convencido de que lo único que puede arrimar al activismo obrero y de izquierda es la garantía de un debate democrático. No hay que reproducir los acuerdos de cúpulas o de direcciones, hay que luchar por un Frente de Izquierda sin patrones ni burócratas. PO: ¿Algo más? M: Quisiera aprovechar para llamar a los compañeros luchadores a es­forzarse en constituir el Frente de Izquierda, para formar una real opo­sición al “plan” Cavallo. Nuestro objetivo debe ser poner el Frente al servicio de los nuevos luchadores que surgen en Río Tur­bio, en la UOM de Tierra del Fuego, en el Noroeste, así vamos a despejar el camino a un gobierno de trabaja­dores.

Si hasta ahora la salud era un negocio, en adelante será un “negoción”. El plan inte­gral de salud pública que lan­zó el gobierno tiene básica­mente tres ingredientes: la llamada “autogestión” del hospital público, la desregu­lación de las obras sociales y la creación de las Administra­doras Privadas de Salud (APS). Estas APS pretenden ocupar en la salud el lugar que tienen las AFJP en la ju­bilación y las ART en los acci­dentes de trabajo, lo cual de­lata ya su carácter delictivo y confiscador. En los últimos meses, grandes multinacionales de la salud desembarcaron en Argentina, comprando algu­nas compañías, como Exxel Group, un grupo financiero norteamericano, Cruz Blanca y varias compañías de segu­ros de salud, como Principal, de EE.UU. También la burocracia sindical ya está trabajando activamente en crear estas APS para lucrar, junto a los grupos económicos capitalis­tas, con la salud obrera. Las burocracias de la UOCRA y FATSA han formado un holding con ITT Hartford, de EE.UU., y las de Luz y Fuer­za, Smata y Municipales han formado por su parte otro, lo que corona el negocio de las AAA (AFJP, ART, APS). “Autogestión” hospitalaria El plan de privatización de la salud liquida al hospital público mediante la llamada autogestión y descentraliza­ción hospitalaria. La “auto­gestión”- no es tal, sino autofinanciación, y ello signi­fica que el hospital público debe autofinanciarse arancelizando sus prestaciones. Jus­tamente, los médicos munici­pales denunciaron una induc­ción en 300 millones de pesos del presupuesto porteño de salud para 1995, una cifra que deberá cubrirse cobrando a los' pacientes la atención médica. De este modo, la “auto­gestión” significa la muerte de los hospitales públicos ubi­cados en las zonas obreras y con alta desocupación, ya que contarán con ingresos inferio­res a los ubicados en zonas de más alto poder adquisitivo. Para no pagar el arancel, habrá que exhibir certifica­dos de pobreza, a cambio de lo cual se obtendrá una atención de segunda. La diferencia­ción de la atención médica re­sultará también del hecho que los hospitales “autogestionados” podrán privatizar ciertas áreas y celebrar con­tratos privados con clínicas y entidades de medicina priva­da. El gobierno dice que la “autogestión” logrará que las obras sociales y empresas de medicina prepaga paguen por la atención de sus afilia­dos en los hospitales, pero para eso no se requiere ningu­na “autogestión” sino sim­plemente la voluntad de co­brarles, lo cual se puede hacer mediante un sistema de débi­to automático. La “autogestión” apunta a eliminar el presupuesto es­tatal de salud y derivar el dinero al pago de la deuda externa. Liquidan las obras sociales El segundo paso es la des­trucción de las obras sociales, tarea que queda a cargo de la “desregulación”. La “desregulación” significa que el actual aporte a las obras so­ciales podrá ser destinado a cualquier entidad privada de salud, para lo cual cada tra­bajador comprará el plan de salud que corresponda a su salario. Habrá una presta­ción médica básica y a partir de ahí otra diferenciada, se­gún el mayor salario del tra­bajador. Si el trabajador re­quiere una atención médica superior a estos planes, debe­rá realizar aportes “volun­tarios” adicionales. En una primera etapa, la “desregulación” permitirá el traspaso del trabajador de la obra social de su gremio a la de otro gremio hasta un 20% del padrón , pero en el caso de los que están fuera de convenio o de personal supe­rior, la “desregulación” será aplicada en beneficio de la medicina privada, por ejemplo Medicus, Diagnos, etc. Un plan privado de salud familiar no baja de los 200 pesos, cuando el aporte del trabajador, incluida la con­tribución patronal, es hoy de 50 pesos. La diferencia de 150 pesos será lo que el traba­jador tendrá que aportar de su bolsillo para acceder a una atención médica mediana. Justamente, para que el trabajador emigre de la obra social, el gobierno dispuso la rebaja de los aportes patro­nales, lo que obligará a recor­tar en mayor medida las pres­taciones médicas de las obras sociales. La “autogestión” del hospital público, la “desre­gulación” de las obras socia­les y la creación de las APS forman un único plan, que tiene por objetivo ampliar el negocio de la salud. Se estima que las APS podrían tener un giro de negocio de 13.000 mi­llones de pesos anuales, lo que da una dimensión de los intereses que están en juego. Por una salida obrera El Partido Obrero plantea, i la defensa integral de la sa­lud trabajadora y la de toda la población, cuya primera me­dida es la anulación de los decretos de “desregula­ción” de las obras sociales y “autogestión” hospitalaria. Planteamos que la salud sea estatizada y sea sosteni­da exclusivamente con el aporte patronal, a cambio de una cobertura integral y uni­versal a toda la población. Para que la salud deje de ser un negocio, se requiere la ex­propiación de los grandes sa­natorios y laboratorios y la elaboración de un plan esta­tal de salud único, dirigido por los trabajadores.

En el Hospital Ramos Me­jía se constituyó un núcleo de trabajadores municipales que apoya la convocatoria de la Conferencia Nacional de la Izquierda del 4 y 5 de marzo convocada por el PO. Este grupo de compañeros acordó en dar un paso real en la tarea de poner en pie una organización independiente de los tra­bajadores, sin arribistas políti­cos. Los compañeros coincidie­ron con la crítica del PO a la posición de Autoconvocados y acordaron con el texto de convo­catoria a la Conferencia Nacional publicada en Prensa Obrera. El acuerdo tiene un carácter activo, militante; los compañeros del Ramos convocan, junto a otros núcleos de trabajadores, al 1er plenario hacia la Conferen­cia que convocamos en el local de Once del PO, el viernes 13/1 a las 17 horas. Jorge, uno de ellos, decía que la situación que se plantea con esta convocatoria le hacía acordar al *83, cuando peque­ños núcleos de activistas conscientes pusieron en movi­miento a miles y miles, a lo que Alejandro y Cristina agre­garon que ahora sería sin ilu­siones en la democracia bur­guesa. Coincidimos en aque­lla reunión en que de concre­tarse este paso real en la orga­nización independiente de los trabajadores, se trataría de un paso profundamente cons­ciente. Manos a la obra.

El PO está desarrollando una campaña contra el plan de privatización (destrucción) de la salud pública. Como un aspecto de ella encaramos la lucha contra el “hospital de autogestión”, que consiste en arancelar los servicios hospitalarios, privatizar los sectores más “eficientes” e incorporar el hospital público a la red privada de futuras “administradoras de salud”. Entrevistamos al Dr. JOSE MEGNA, médico de la Maternidad Sarda de la Municipalidad de Buenos Aires. PO: ¿Cuál es tu opinión sobre la “autoges­tión hospitalaria”? JM: Para ubicar el tema de la “autogestión” tenemos que consideraren primer lugar que ha cambiado el modelo que dirige la salud. Tene­mos un modelo “nuevo”, diría yo, dirigido por las AFJP, los grandes bancos, por las grandes corporaciones financieras, bajo el disfraz de la autogestión hospitalaria, que se resume en que el pobre, el carenciado, el trabajador, va a tener chances cada vez menores de insertarse en una adecuada prestación. PO: Esto no coincide con la posición de la Asociación de Médicos Municipales. JM: La Asociación, sin ir en desmedro de las posiciones que pueden emitir algunos de sus militantes, cumple un rol lamentablemente complementario al modelo menemista de la salud. El modelo del hospital público “Carri­llo” ya no existe, cada vez son menos las chances de los calendados de recibir una atención medianamente correcta. La Asocia­ción no denuncia esta situación con total cla­ridad. Vos tenes que los hospitales están pla­gados de servicios arancelados, de lugares donde se otorgan “certificados de pobreza”. No denuncia que los sectores privados están haciendo uso de servicios hospitalarios, de patrimonio público. De este modo, los restos del hospital público tratan de ser defendidos dentro de un marco regido por las AFJP. Entonces, entiendo que la Asociación se ubica dentro de una gestión de complementariedad política con el nuevo modelo. No busca alter­nativas. PO: ¿Y las movilizaciones? JM: Son movilizaciones que se formulan bajo un planteo genérico, abstracto, de “defensa del hospital público”, sin denunciar concreta­mente, como dije, los intereses privados que se mueven detrás del “modelo”. Tampoco se formula un plan sostenido de lucha. Días pasa­dos escuché al Dr. Visillac, por quien siento el mayor respeto personal, que decía (creo que en La Red): sería bueno dejar las cosas como están hasta que se nombren las nue­vas autoridades de la Capital”. Pareciera que contemplara la posibilidad de que gane las elecciones el Dr. De la Rúa, para un nuevo enfoque de la situación hospitalaria. Yo creo que el debate de fondo con la Asociación es decir claramente que ni de los radicales ni del PJ se puede esperar una alternativa al tema de la salud, porque ambos coinciden en un Segu­ro para la Salud con una “cápita para pobres”. PO: ¿Y el Frente Grande? JM: No, tampoco es una alternativa; coinciden ellos también, junto a los socialistas, con el Seguro de Salud que, como lo definí, es la forma en que van a ser privatizados los hospi­tales. PO: ¿Cómo plantearías la lucha? JM: Yo creo que en lo coyuntural se debe definir un programa político en el cual los trabajadores tengan la posibilidad cierta de establecer el derecho a la salud como un recla­mo objetivo. Considero que el funcionamien­to de la salud debe ser público, manejarse con un gran presupuesto estatal y que los trabaja­dores, la comunidad, los trabajadores de los hospitales, debieran tener la posibilidad de controlarlo en sus fundones y en sus fondos. Pero para serte sincero, creo que sólo constru­yendo una instancia socialista de desarrollo político, los trabajadores tendrán acceso a la salud. PO: Tu respuesta nos introduce en la propues­ta del PO de construir un Frente de Izquierda para superar la crisis de dirección de los trabajadores. JM: No tengo una opinión definitiva y me gustaría pensarlo. En este momento, y desde mi experiencia personal, me siento un poco en crisis con todo lo que sea electoral. Me preocu­pa que organizaciones políticas de izquierda, a veces bien intencionadas, sean ganadas a la defensa de la democracia burguesa, que se envenenen de democratísimo. Coincido en que el rol de los partidos obreros sea el de impulsar un gran debate postulando sus candidaturas con una perspec­tiva obrera, trabajadora, etc.; pero no tengo claridad suficiente para definirte en términos estrictos esa participación. PO: ¿Cuál ha sido tu experiencia política? JM: He sido militante de izquierda. En los últimos años estuve en el Mas. Hace cinco años que no lo hago. PO: En una Conferencia de Izquierda, ¿estás dispuesto a continuar el debate sobre esta cuestión? JM: Sí, estoy de acuerdo.

Las posibilidades de éxito de una conferencia nacio­nal de izquierda dependen del movimiento que sea capaz de suscitar entre la masa de luchadores obreros y militantes políticos socialistas. La actual generación de luchadores ha pasado por una rápida sucesión de fracasos políticos sin haber acertado en su superación. Desde las expectativas suscitadas por el PI, en 1985, luego por el Mas y el Frente del Pueblo-Izquierda Unida, más tarde por el Frente del Sur y el Frente Grande, sin contar a la CGT de Ubaldini y luego al CTA de De Gennaro, la izquierda activa se embarcó en todas las propuestas democratizantes que se le propusieron, sin reconocer el hilo conductor que unía a todas ellas, es decir su condición de distintas variantes de cooptación a la democracia burguesa. Estos fracasos muy escasa­mente asimilados, han creado un cuadro de fatiga moral que obstaculiza las posibilidades de superación política. El progreso incuestionable del partido obrero se ha visto relativamente frenado por esta circunstancia. Las di­recciones de izquierda responsables de todos esos fraca­sos, se esfuerzan por recrear un clima de confusión, cuando no actúan abiertamente entregadas, a pesar de su imparable disgregación. Un ejemplo de ello es el esfuerzo que están realizando el partido comunista, el Mst y el Ptp para poner en pie a un cadáver político como Solanas, que no representa ningún movimiento popu­lar, ni semipopular, sea de la clase social que fuere. La candidatura de Solanas representa para sus defenso­res, no un factor de reagrupamiento o de lucha, sino la posibilidad de disputar una tajada de las candidaturas para las próximas elecciones. El llamado a una conferencia de izquierda, en la que participen mayoritariamente los activistas y militantes que no actúan partidariamente, pretende desarrollar una experiencia política común que permita superar la disgregación existente y, por sobre todo, los programas, políticas y métodos democratizantes. La reciente pro­puesta de Solanas y del partido comunista para que el radical Alvarez Guerrero fuera candidato a la vicepresi­dencia, demuestra el estado nauseabundo en que se encuentra esa llamada “izquierda”. No hay que olvidar nunca que la Constitución actual es un producto de la actuación de esa izquierda en la reciente Asamblea Constituyente. La necesidad de reagrupamiento del activismo obrero y de los militantes de izquierda se ve reforzada por la rapidez con que el régimen Menem-Cavallo está entrando en el ocaso, con su secuela de ataques indiscriminados contra las conquistas populares y la respuesta de las rebeliones populares. La conferencia es una oportunidad de clarificar las bases de ese reagrupamiento porque permite la intervención libre de todos los activistas que se organicen para participar de ella. Llamamos a todos los activistas sindicales y militan­tes políticos que comprenden la necesidad de oponer al poder de la burguesía y dé sus partidos una organización política independiente de los trabajadores, a formar los comités por la conferencia de la izquierda, para elegir luego sobre la base de ellos a los delegados a la conferen­cia nacional. Llamamos a todas las organizaciones constituidas de la izquierda a romper con el carrerismo político y a sumarse lealmente a la organización de la conferencia y al impulso y organización de sus resolucio­nes y conclusiones.

Durante diez días los traba­jadores del Hospital Posadas desarrollaron un paro por tiem­po indeterminado en reclamo del pago de los sueldos, el agui­naldo y el presupuesto para ga­rantizar los insumos necesa­rios. El viernes 16/12 se realizó una asamblea conjunta de unos 200 profesionales y no profe­sionales. El interventor mene­mista se presentó ante la asam­blea y prometió “el pago para la próxima semana, ya que el presidente tenía a la firma el decreto correspondiente”. El repudio fue unánime y el inter­ventor fue echado en medio de abucheos, chiflatinas e insul­tos. Ahí se votó la continuidad del paro hasta que se efectivicen los pagos y la realización de una movilización en la puer­ta del hospital con corte de ca­lle. El cartel que encabezó la movilización decía “Contra la autogestión”. El lunes 19/12, en una nueva asamblea conjun­ta, unos 300trabajadores ratifi­caron la continuidad del paro, profundizando las medidas al l votarse no recibir más pacien­tes para internación, manteniendo la atención de los que ya estaban. En la asamblea se planteó la necesidad de coordinar la lucha con el resto de los hospitales que se encuentran movilizados, recibiendo una ovación de los compañeros. El viernes 23/12 se pagaron los sueldos y el paro fue levantado al obtenerse lo reclamado. En estos días se están reali­zando los concursos entre los profesionales del hospital. La intervención ha desconocido a la Asociación de Profesiona­les como la genuina represen­tante de éstos, otorgándole a la inexistente APROSAN (una entidad creada por la interven­ción, partidaria de la autoges­tión) la representación gremial como veedores con voz y voto, dejándole a la Asociación el “derecho” a participar, por su­puesto, sin voz ni voto. Estos concursos están viciados de nulidad, que se retire APRO­SAN de los jurados, integrán­dose como veedores con voz, voto y derecho a veto a repre­sentantes de la Asociación de Profesionales. Estas manio­bras divisionÍ8tas, este impulso y reconocimiento a la camera APROSAN (en medio de un paro por tiempo indetermina­do), apuntan a quebrar a la or­ganización gremial de lucha. La lucha del Posadas empal­ma con la lucha que vienen desa­rrollando los hospitales munici­pales contra la autogestión y la disminución del Presupuesto ’95. El ataque del gobierno es integral y de conjunto, entonces la respuesta de los trabajadores de la salud también debe ser de conjunto y con un programa in­tegral en defensa de la salud pú­blica y sus reclamos. Más allá de la división arbitraria en jurisdic­ciones, los hospitales municipa­les, provinciales y nacionales tienen en común el azote que significa la política menemista de autogestión, es decir, destruc­ción de la salud pública. Enton­ces, se plantea como una necesi­dad inaplazable la formación de una coordinación común, única, de todos los hospitales, cual­quiera sea su jurisdicción, po­niendo en pie así un amplio mo­vimiento que dé por tierra defini­tivamente con la política mene­mista y sus representantes.

Alicia Harischabalet es empleada municipal, militante indepen­diente, integrante de un núcleo de activistas que impulsó la Marcha Federal y el paro del 2 de agosto frente al freno de la conducción pro­radical del sindicato. Entablamos un debate con ella en tomo a la convocatoria a la Conferencia de Izquierda y el proyecto de programa presentado por el PO. Nos hizo llegar la siguiente posición: “Mi opinión sobre el pro­yecto de programa para un Frente de Izquierda se puede sintetizar en algunas reflexio­nes: es positivo formar un Frente de la Izquierda, pero es negativo que sólo sigan siendo frentes electorales. Las expe­riencias de agrupamientos coyunturales las conocen los militantes de izquierda y, en par­ticular, la frustración por el olvido rápido de los acuerdos. “Acuerdo con muchas de las propuestas en relación al tema económico, educación, etc., pero me parecen planteados no como puntos de un proyecto sino como una enunciación de ideas. Discrepo con el análisis sobre el sandinismo y Cuba. La situación de las masas cubanas está vinculada al planteo im­puesto por el gobierno de los Estados Unidos y no a la política del gobierno cubano. “Entiendo que todos estos planteos pueden seguir siendo para la izquierda meras enun­ciaciones si no se logra una inserción en la base. La iz­quierda no encuentra el méto­do para llegar a los trabajadores, en el sentido de avance en la conciencia”.

PO: ¿Cuáles son las causas del paro que están desarrollando los trabajadores del Hospital Posadas? MT: Los motivos son recurrentes, todos los meses estamos con el mismo problema, ya llevamos el paro número 24 este año. Se ha agotado el presupuesto 1994 y acá de lo que se trata es de la firma de un decreto, un mecanismo burocrático del gobierno, una ampliación del presupuesto que signifique que estén los recursos para pagar los sueldos de este mes, el aguinaldo y los insumos imprescindibles para que el hospital funcione correctamente. No sólo estamos peleando por nuestro salario sino también por la defensa del hospital público contra el hospital de autogestión. PO: ¿Qué posición tienen con respecto a la autoges­tión? MT: La autogestión es la política que está funcionan* do en estos momentos para liquidar el hospital públi­co. La salud se convierte en una mercancía en benefi­cio de los grandes grupos económicos. Es una lucha estratégica nuestra, estamos enfrentando una parte descamada y vital de este modelo económico y social, que requiere de la unidad de todos los trabajadores, profesionales y no profesionales y, por supuesto, que se amplíe con la lucha de toda la comunidad. PO: ¿Cómo ven la posibilidad de coordinar en un movimiento único todos los reclamos de los trabaja­dores de la salud? MT: Siempre hemos sustentado el criterio de la unidad con los compañeros municipales y provinciales. Nuestra idea es bregar para que se concrete una fuerza que pueda torcer el brazo a esta política y a este gobierno. Nosotros reivindicamos una metodología vieja pero eficiente, la democracia de los trabajadores, las asambleas que mayoritariamente indiquen los pasos a seguir. Estamos en una lucha muy dura que no sólo se refiere al problema salarial, tenemos que buscar un instrumento que permita avanzar en una alternativa más sería en la sociedad argentina, que pasa por una dirección del movimiento obrero que contemple estas aspiraciones que para nada están representadas por la CGT. PO: ¿Cómo tienen previsto continuar esta lucha? MT: Hoy realizaremos una movilización al Ministerio de Salud y el miércoles 21 participaremos en la movilización del conjunto de los hospitales. 19/12/94

PO: ¿Qué pensás del planteo de viabilizar un Frente de Izquierda a tra­vés de una Conferencia Nacional de la Izquierda? G: Yo pienso que sería importante para mantener una perspectiva de lu­cha que sea realmente opositora de todas las políticas que se vinieron tejiendo hasta ahora, inclusive la del Frente Grande, que apunta a aplacar toda una movilización popular que se viene dando y que podría ir mucho más allá. Por eso pienso que sería importante para debatir estas cosas y estaría de acuerdo con un Frente don­de las decisiones que se tomen sean realmente de oposición. PO: Sectores de la izquierda plan­tean que el Frente sea la plataforma electoral para gente como Pino Sola­nas o el fiscal Molinas... G: Yo estaría en contra de la política que vinieron dando Pino Solanas o Molinas, por el hecho de que lo que yo he visto hasta ahora es todo lo contrario de lo que tendría que reivin­dicar este Frente de Izquierda. Por ejemplo, la votación de la interven­ción a Santiago frenó toda una lucha que se pudo profundizar y llegar a mayores logros. PO: Vos integras en tu facultad el MEB. ¿Pensas que hay que llevar este planteo a la agrupación y que el MEB participe de la Conferencia? G: Yo creo que el MEB tendría que discutirlo, pero desde mi punto de vista lo tendría que tomar. Sobre todo por los enfrentamientos que tenemos a nivel universitario —por ejemplo, el que vivimos con el censo. Acadé­micamente, como agrupación, ve­mos cómo en las instituciones se van digitando políticas que favorecen a de­terminados grupos. El Frente de Izquier­da nos abriría campos como para poder tener una actuación más fuerte en todo sentida.

Un petitorio reclamando a la directiva de ATE la convocatoria a una inme­diata asamblea general para resolver un plan de movilización por el salario y contra la “autogestión” en los hospita­les, tiene ya la firma de 350 compañeros y sigue “caminando”. La iniciativa partió de varios delegados del Hospital Materno In­fantil (PTP, PO, Independientes) ante la inminente puesta en marcha de la “autogestión” y el silencio inmutable del sindicato. El petitorio está siendo impulsado en el Mater­no, el Provincial y la ex Cerenil, es decir, las tres concentraciones hospitalarias públicas de Mar del Plata. Los compañeros, en el texto que está siendo firmado, plantean reto­mar el reclamo de 550 pesos de básico para todos los estatales, re­cordando que fue votado en el Con­greso Provincial de ATE realizado este año, y exigen el pase a planta permanente de becarios y contrata­dos. Caracterizan que el proyecto de “autogestión” de los hospitales “condena al deterioro de la salud de la población, al discriminar la atención entre quienes paseen co­bertura social y quienes no la poseen... condenando al personal a trabajar en condiciones aún más precarias que las existentes y a la inestabilidad laboral”. Reclaman la asamblea general para tratar la movilización por estos puntos y oponen a la “autogestión” la “obligatoriedad del estado pro­vincial o nacional en la atención de la salud pública en todas sus niveles. Aumento del presupuesto hasta cubrir el 25% del total anual, priorizando totalmente en los servicios propios”.