Prensa Obrera N° 429

“Asociación ilícita con fines de robo”. Esta es la única manera de calificar el “aumento” que el Ministerio de Economía acaba de otorgar a los jubilados que cobran el haber mínimo ... en beneficio del pulpo Metrogas. El “aumento” de marras es de apenas siete, seis y hasta 3 pesos, una burla descarada. Pero al sobrepasar los 150 pesos de haber, los “beneficiarios” del “aumento” perderán automáticamente el subsidio del que gozan actualmente sobre el consumo de gas. Con la liquidación del subsidio, Metrogas-Cavallo habrán confiscado, de un saque, hasta el 25% de los haberes de los jubilados que cobran el mínimo. Con esto, Cavallo podrá ahorrar 10 millones de dólares anuales, que es el costo del consumo subsidiado que el Estado paga a Metrogas. Condenando a la miseria extrema a millones de jubilados, Cavallo espera obtener los fondos para financiar las reducciones impositivas y previsionales a los patrones y el “agujero negro” creado en las Cajas por la privatización previsional. Así entienden Menem-Cavallo la “solidaridad social”.

Convocan: MPU Quebracho - Descamisados (Peronismo Que Resiste) - Corriente Patria Libre - Lisandro Viale (PRISA) - Corriente Marxista-Leninista del PC - Ateneo 21 de Octubre - Agrupación Popular 9 de Julio - Organización de Trabajadores Independientes - CONAT - Partido de la Liberación - Agrupación Juvenil Venceremos. Estimados compañeros/as: Partido Obrero Por la presente tenemos el agrado de invitarlos al Acto que realizaremos el viernes 7 de octubre próximo, a las 20 horas, en el Salón de la Universidad Tecnológica Nacional, Medrano 950 (esquina Lavalle) de la Capital Federal. Sin otro particular, y esperándolos allí, los saludamos afectuosamente.

La reforma constitucional de Santa Cruz fue pensada exclusivamente para la satisfacción de las necesidades de la camarilla Kirchner y de los grupos privatizadores: Reelección; sucesión por los familiares; legalización de la entrega del petróleo, gas y carbón; anulación de los informes públicos del Banco Provincia; decretos de necesidad y urgencia; plebiscitos al servicio del poder, y una reforma municipal que prepara las condiciones para la municipalización de servicios educativos y de salud, pero mantiene los municipios sometidos al poder económico de la gobernación. Además, se ha buscado la unificación de los mandatos y el espaciamiento de las elecciones a 4 años. La complicidad del radicalismo fue comprada con la promesa de cargos en empresas del estado provincial y obtenida por un chantaje político similar al de Menem: amenaza de “consulta popular”. El FUT denunció desde un primer momento estos objetivos reaccionarios y se propuso combatir la Constituyente a través de la denuncia y llevando las reivindicaciones populares a la campaña electoral, primero, y adentro de la Constituyente, después, como un instrumento de denuncia adicional del carácter patronal de la reforma. Impulsamos desde este ángulo una campaña de firmas, pronunciamientos y actividades callejeras, charlas acerca de la incorporación de las conquistas jubilatorias al texto constitucional, como un medio de trabar la entrega de la Caja de Previsión a la Nación y de defender el 82%, la edad de 50 y 54 años en la jubilación ordinaria, la jubilación docente, la incorporación de todos los trabajadores de la provincia a la Caja y el control de los trabajadores sobre una Caja basada en aportes patronales. La campaña tuvo un éxito destacable: el sindicato vial (MTA) trabajó nuestro petitorio y nos aportó 500 firmas; la ADOSAC trabajó un petitorio propio y nos aportó unas 2.000 firmas; sectores de la burocracia más tradicional, como APAP o la Asociación Bancaria, se pronunciaron a favor del reclamo; los jubilados bancarios, los jubilados docentes, el centro de jubilados de Caleta Olivia, el centro de jubilados residentes en la Capital Federal, el centro de jubilados de San Julián y una asamblea de jubilados de Gallegos emitieron comunicados públicos, enviaron cartas y firmas a los tres bloques. Los sindicatos municipales de Río Gallegos y de Caleta Olivia, así como varias decenas de municipales de Las Heras hicieron público también su reclamo por la Caja y en muchos de los casos tomando no sólo la intransferibilidad sino el 82%, la edad y el control de los trabajadores sobre la Caja. En total se adjuntaron a los despachos más de 4.000 firmas. Nuestra agitación con los “Informes al Pueblo” (afiches) 2 y 3 se concentró en este tema, que se fue transformando en el único que despertaba interés y expectativas de todos los que se iban tratando en la Convención. El radicalismo, presionado por nuestra campaña, también presentó un proyecto de “disposición transitoria” para la “intransferibilidad de la Caja” (pero no para el 82% ni las reivindicaciones concretas). El tema de la Caja, que ni soñaban en tratar cuando llamaron a la reforma, se instaló simplemente en la Convención. A tal punto, que el bloque del gobierno fue postergando su tratamiento, hasta colocarlo como último punto. El FUT llamó a concurrir a una de las sesiones y pidió el inmediato tratamiento del proyecto sobre la Caja en atención a la importante cantidad de público entre jubilados y activistas gremiales. El PJ se negó, lo que motivó una nueva denuncia del FUT y el retiro de la gente de las tribunas. Cada escaramuza sobre otros temas fue preparando un debate final que se dio el viernes 23/9, al cual el bloque del menemismo concurrió con la consigna de no contestar nada y sólo limitarse a imponer su mayoría con las manos. La intervención del FUT en esa sesión no se la van a olvidar los que allí estuvieron presentes, por mucho tiempo: se denunció la colaboración de los diputados de Santa Cruz con la sanción de la ley nacional de jubilaciones, se hizo una denuncia pormenorizada de este régimen de estafa de las AFJP, se mostró cómo el gobierno provincial YA ENTREGO las conquistas jubilatorias de más de la mitad de los trabajadores de Santa Cruz y se marcó la intención del clan Kirchner de montar ellos también una AFJP. Se analizó con detalle la situación actual de la Caja de Previsión provincial y la intención del gobierno de aplicar en ella un ajuste que baje los beneficios del 82% y de la edad jubilatoria. Se desmontó hasta en los aspectos legales la argumentación hipócrita de que el tema “no está habilitado”. Se citaron actas de comisiones de la propia Convención donde el presidente de la misma se pronunció contra el mantenimiento de las conquistas jubilatorias. Se desmenuzó todo el problema de la defensa de las conquistas de los empleados públicos como parte de la recuperación de las conquistas de todos los trabajadores. El presidente del bloque del PJ, Zannini, no pudo resistir la consigna de silencio y trató de criticar la redacción de los proyectos del FUT y de la UCR. Sólo para recibir una contundente réplica, donde luego de dejar en claro el carácter capitulador de la disposición transitoria de la UCR (que en definitiva es partidaria del ajuste dentro del sistema estatal), se desafiaba al PJ a que dejara de hacer demagogia y presentara su propia redacción. Zannini ya no pudo contestar, pidió la votación e impidió con su mayoría cualquier posibilidad de incorporar las conquistas jubilatorias a la Constitución. La claridad del debate fue total, la barra oficialista, integrada por funcionarios en horas de trabajo, se calló ante la fuerza de nuestros argumentos. En este punto se completó una experiencia política que colocó al FUT no sólo en un papel “digno”, sino como dominador neto de los debates, lo que fue reconocido por todo el periodismo y por todos los observadores independientes. La barra del FUT nos acompañó en todas las sesiones, imponiendo por momentos la consigna de “la Caja no se va, no se va...” hasta en la sesión que terminó cerca de las 4 de la mañana, en que la barra oficialista rentada ya se había retirado. Apenas terminó el debate de la Caja y restando tres puntos en temario, el bloque del FUT hizo el balance anticipado de esta reforma al servicio del clan que gobierna Santa Cruz, repitió las denuncias punto por punto y se retiró con una frase : “Ustedes han creado este monstruo, háganse cargo de él, el FUT se retira definitivamente de esta Convención”. Nos fuimos con nuestra barra y con los activistas y jubilados que estaban presentes. Tal fue el modo en que el oficialismo sintió el golpe, que media hora después nos cortaban el teléfono del bloque, que durante tres meses había emitido fax a todos los puntos de la provincia para multiplicar el conocimiento de la batalla política en que estábamos empeñados. Intentaron amordazarnos para que el balance de la Convención no llegue a la población, pero no lo consiguieron. Se publicó el Informe al Pueblo Nº 4 y todos los medios de difusión dieron cobertura a nuestra retirada de la Convención y a nuestra ausencia posterior en el momento en que se juró. El balance de la intervención del FUT es altamente positivo en un terreno para nosotros nuevo, como la lucha parlamentaria. La presencia de un bloque revolucionario agravó hasta lo indecible la crisis de la UCR, que dio mil volteretas y se partió en medio de la Convención. El gobierno se vio obligado a dar a todo el proceso constituyente un “muy bajo perfil”, para achicar lo más posible nuestras posibilidades de usarlo como tribuna. La actitud enérgica y de principios sostenida por el FUT ha fortalecido la única oposición política con existencia real en la provincia.

En la presente etapa, en la que el partido se encuentra en plena campaña electoral y con la necesidad de transformarse en punto de referencia de la izquierda y los sectores combativos del país, es que debemos volver a la discusión sobre la prensa, su función y las características que tiene. Debemos definir, debate por medio, hacia quién está dirigida, qué vocabulario maneja, sus tiempos de publicación y la importancia que tiene como herramienta política y como punta de lanza del partido hacia las masas. Este debate no debe ser meramente técnico, debe ser sobre todo un debate político. Mucho se ha hablado sobre la Prensa, pero lo cierto es que muchos coincidimos en que es deficiente, difícil de entender y por lo tanto, difícil de distribuir masivamente. Uno de los problemas que tiene es el vocabulario que se maneja en diversas notas. Son principalmente términos que en muchos casos rozan lo intelectual y que no se manejan en el conjunto del movimiento obrero. Estos términos aparecen como normales en diarios que se publican en forma masiva, pero debemos tener en cuenta que la mayoría de los trabajadores no son asiduos lectores de diarios y que un gran sector es semianalfabeto, y le cuesta un gran esfuerzo leer algo. En estos casos, que son los más, palabras o términos que no son cotidianos en las estructuras laborales, sólo confunden al trabajador y lo distraen de lo que esencialmente debe entender: el mensaje político, las consignas y las propuestas del partido. Pareciera ser que la prensa está destinada a un cierto sector de la sociedad. Un sector de vanguardia, de militantes avanzados, de cuadros. Una prensa para activistas y dirigentes sindicales, para estudiantes o para gremios como el docente. ¿Pero qué pasa cuando debemos meter prensas entre los metalúrgicos, los portuarios o los obreros de la UOCRA? Al trabajador le cuesta muchísimo entender ciertos términos, o seguir un análisis puramente económico-financiero de los que abundan en la prensa. Se utilizan páginas enteras para denunciar el sionismo del Mas que muy pocos lectores entienden. Se ocupan espacios inmensos para una nota sobre el desembarco de Normandía, que no deja ningún provecho. No es que no se deba denunciar al Mas, sino que debe hacerse a un nivel político que coincida con el nivel del lector, del obrero común. Palabras como ornitólogo, lesa democracia, clones, leguleya, fuenteovejuna, no son términos que se manejen cotidianamente, por lo tanto son palabras que confunden. Todo esto nos lleva a pensar que la prensa es sólo para la vanguardia. ¿Es el nuestro entonces un partido que sólo pretende ganar a la vanguardia, a dirigentes sindicales o militantes de otros partidos? ¿Es un partido que renuncia avanzar hacia un partido de masas? No debe existir una prensa para un sector de trabajadores y volantes o boletines para otro sector. Es necesario que la Prensa Obrera entre en todos los hogares de los trabajadores. Que sea el informador real de los hechos políticos y sindicales que ocurren en el país, pero desde la óptica revolucionaria. Debe ser la contracara de los diarios y la TV de la burguesía. Pero para que esto ocurra, el trabajador que compre la Prensa Obrera tiene que encontrarse con un vocabulario fácil, fluido; si no es así, nadie comprará un diario que no puede entender. Esta es una de las causas por las cuales no se toma la prensa, por parte de los militantes, como herramienta principal de contacto con los trabajadores, porque así como nadie compra algo que no entiende, nadie vende algo que no puede explicar con sus propias palabras. Si cambiamos el vocabulario de la prensa, agilizamos la llegada a las distintas regionales y publicamos notas con claridad política, avanzaremos en la inserción del partido en el movimiento obrero.

Al cierre de esta edición, los cables informaban de la violenta represión que estaban sufriendo los trabajadores estatales del Chaco, que se encontraban frente a la Legislatura para reclamar contra la transferencia de la Caja de Jubilaciones a la Nación. Apenas pocas horas antes, el secretario de Cavallo, Juan Llach, había anunciado que los trabajadores de las Cajas provinciales que ya habían sido transferidas debían optar entre el sistema estatal y el privado. Los chaqueños estaban, entonces, diciendo No a la privatización de sus aportes y jubilaciones, y estaban defendiendo el 82 % móvil. Una situación explosiva similar está presente en La Rioja y que no han podido ocultar los entreveros entre el gobernador Arnaudo y Cavallo. El Estado provincial se encuentra en bancarrota y sólo podría pagar los salarios a los trabajadores si obtiene recursos nacionales a cambio de transferir su Caja de Previsión. El menemismo emplea contra las provincias la misma política de garrote y de chantaje que el imperialismo utiliza contra las naciones que se encuentran bajo su férula. En Jujuy, el proceso judicial contra el “Perro” Santillán es la expresión más visible, cínica y provocadora del enfrentamiento del gobierno contra los trabajadores estatales, cuyos salarios siguen congelados a los niveles de abril de 1991. A pesar de toda esta gravísima situación, las organizaciones que se hicieron cargo de la dirección oficial de la Marcha Federal del 6 de julio y del paro activo del 2 de agosto pasados, no dicen esta boca es mía. En el apogeo de aquellas manifestaciones, Víctor de Gennaro, de ATE, prometió una lucha por una nueva central sindical, pero desde entonces no se lo ha vuelto a oír, menos aún a ver. Lo único que se supo es que a principios de setiembre hubo una reunión entre las cúpulas del CTA, del MTA y del Frente Grande, en la cual se decidió dejar cualquier cosa relativa a la Marcha Federal, o incluso a un paro aislado de protesta, para otra ocasión. El sometimiento de las organizaciones oficiales de la Marcha Federal a la política del “Cavallo” Alvarez está produciendo un daño enorme a los trabajadores. Una consecuencia de esta parálisis se ha manifestado en la victoria de Duhalde en el plebiscito, ya que los trabajadores tuvieron que participar de él sin la posibilidad de contar con una alternativa práctica y política a sus necesidades. El panorama político y social del país no se agota, sin embargo, con las situaciones provinciales. El gobierno menemista ha lanzado una ofensiva contra los jubilados, el PAMI, el Conicet, la CNEA y la educación universitaria y secundaria, que se manifiesta en diversas medidas especiales y, fundamentalmente, en el proyecto de ley de Presupuesto para 1995. Este prevé despidos y congelamientos de salarios, el pase a disponibilidad de decenas de miles de empleados públicos, privatizaciones a granel y la reducción de las prestaciones médicas para los jubilados. También incluye la persecución impositiva contra los autónomos. Fuera de esto, el congreso se apresta a dictar una ley de accidentes de trabajo que simplemente termina con esta figura laboral, lo cual puede convertir a las empresas en simples mataderos de trabajadores. Por último, y no por ello menos importante, en todas las fábricas y en todos los sindicatos del país la clase obrera tiene la necesidad de renovar los convenios de trabajo y debe enfrentar el congelamiento de los salarios y la ofensiva que pretende la liquidación de la jornada de ocho horas, del descanso dominical y de las vacaciones en verano, e imponer la multiplicidad de tareas. Es la hora de una nueva Marcha Federal y de un paro activo. Que el CTA y el MTA rompan con los patrones y sus agentes y convoquen a una Marcha Federal de forma inmediata. Llamamos a los frentes de gremios estatales de todas las provincias a reclamar la movilización nacional. Llamamos a derrotar el proyecto de presupuesto para 1995 y a convocar para ello a una gran marcha al Parlamento. Llamamos a las direcciones sindicales de Conicet, de la CNEA, de la Universidad y de los jubilados a abandonar la vía muerta de los petitorios de leyes, que son práctica y constitucionalmente inútiles, por el camino de la acción directa, de la movilización popular. Los llamamos a que formen un Comité Unificado para impulsar la marcha contra el Presupuesto de Cavallo En todas las principales democracias burguesas del mundo, el proyecto de ley de presupuesto define los marcos de la ofensiva capitalista legal contra los trabajadores. Por eso, todas las burocracias sindicales reformistas y colaboracionistas consideran al tratamiento del presupuesto como el momento fundamental por excelencia de la reivindicación obrera. No necesitamos compartir todas estas ilusiones y engaños para comprender que no podemos quedar atrás incluso de los demócratas y de los burócratas reformistas, como sería si nos recusáramos a intervenir mediante la movilización, la lucha, la huelga y la Marcha Federal para impedir que se sancione el nefasto proyecto de presupuesto de los privatizadores, explotadores, usureros y menemistas. El seguidismo a la burguesía es el camino de la derrota. Retomemos y profundicemos la Marcha Federal.

Los convencionales del Frente de la Unidad Trabajadora, Miguel del Plá y Ricardo Mercado, sostienen que el oficialismo adoptó como excusa para no incluir los derechos jubilatorios en la Constitución, el que se trataba de un tema “no habilitado por la Ley 2.341”, mientras que otros temas “no habilitados” sí fueron tratados. Señalan que, en primer lugar, por una “fe de erratas” fue modificado el artículo 137º, que consistía en corregir una palabra mal ubicada en el texto de 1957. Además, por razones de “congruencia”, se reformó el artículo 145º para adecuarlo al nuevo régimen municipal, y luego, “por la defensa del medio ambiente”, fue incluido un artículo nuevo al que “arbitrariamente se le puso el número 73º”. Los convencionales expresan que “se puede violar la Ley —entonces— para una fe de erratas o para ser congruente, pero no para defender a los jubilados”. “En algunos pasajes de la Convención, el menemismo manifestó su voluntad de incluir a la Caja de Previsión en la Constitución, pero la imposibilidad de hacerlo por razones de habilitación legal—agregan— aunque la inclusión de otros artículos en las mismas condiciones desenmascara esta argumentación hipócrita, utilizada como excusa”. Por otra parte, los convencionales señalan que el gobernador Kirchner “se presenta a sí mismo como la única garantía de defensa de la Caja, y pretende con esta demagogia colocar especialmente a los jubilados como rehenes de su reelección”. El FUT denunció en sesión que los diputados nacionales del bloque oficialista por Santa Cruz votaron a favor de la Ley de Jubilaciones de Menem, que lleva la edad a 65 años y suprime el 82%, y ahora se preguntan si “se pueden dejar las conquistas jubilatorias de los empleados provinciales bajo la custodia de quienes ya entregaron las mismas conquistas de los trabajadores privados o nacionales de nuestra provincia, afectados por la Ley Nacional”. “Por qué motivo podría defender el 82% de nuestra Caja el mismo que votó para bajar el 82% de las otras Cajas”. Finalmente, los convencionales denuncian que “es sólo cuestión de tiempo que den el zarpazo contra la Caja de Previsión Social y ésta es la razón por la cual el Gobierno Provincial se negó a incorporar la Caja en la Constitución”, al tiempo que llaman a quienes participaron de la defensa de la Caja a conformar un movimiento permanente “en defensa de las conquistas jubilatorias y para derrotar la estafa de la jubilación privada”.

Con relación a la investigación judicial relacionada con el tráfico de drogas en el concejo deliberante, el dr. Angel f. Di paola, miembro de la comisión de derechos humanos de la asociación de abogados de buenos aires y abogado de la union de trabajadores de prensa de buenos aires, denuncia: 1.1. Con fecha 8 de junio de 1994 se inició ante el concejo deliberante un expediente tendiente a que se declare la nulidad absoluta de la designacion del comisario colotto como jefe de seguridad del concejo. 1.2. La designación “a dedo” de colotto por el presidente del concejo deliberante, juan trilla, es violatoria de lo dispuesto en el artículo 23 inciso c) de la ley 23.054. De su aprobación participo trilla como ex senador nacional y por la misma argentina ratificó el pacto de san jose de costa rica. 1.3. La realizacion de un concurso publico previo de antecedentes y oposicion, como así lo impone el artículo 23 inciso c) de la ley 23.054, hubiera impedido la designacion de colotto como jefe de seguridad del concejo y posibilitado la designación de un jefe de seguridad con mejores antecedentes que colotto. 1.4. El comisario colotto ha sido denunciado como represor y como partícipe de operaciones de represion durante la última dictadura militar. 1.5. Dicha dictadura militar hizo de la promoción del narcotráfico uno de los objetivos más evidentes y persistentes de su accionar. Basta recordar, entre otros operativos, que fue la unica dictadura militar del cono sur que instaló en 1980, en bolivia, al primer gobierno de narcotraficantes y le dio apoyo en todo su accionar. 1.6. No debe resultar por lo tanto extraño que un partícipe y defensor activo de la última dictadura militar, como lo fuera el comisario colotto, no haya tenido la idoneidad, ni la capacitacion profesional, ni la decision necesaria para impedir y hacer cesar el accionar de la banda que continuaría operando en el concejo. 1.7. Tales ancedentes de colotto y el citado accionar de la ultima dictadura militar nunca pudieron ser ignorados por el actual presidente del concejo y ex senador nacional, juan trilla. Este, ademas y pese al pedido de nulidad, sigue manteniendo a colotto como jefe de seguridad. 1.8. Todas las circunstancias más arriba denunciadas, serán puestas en conocimiento del juez federal por el abogado denunciante.

La victoria de Duhalde en el plebiscito de la provincia de Buenos Aires significa sin duda un reforzamiento del gobierno menemista y del régimen político patronal en general. Por eso, su reelección fue apoyada por la totalidad de los grupos capitalistas sin excepción, incluyendo aun a los más virulentos críticos del “plan” Cavallo. También la burocracia sindical apoyó al gobernador con una profusa propaganda de televisión. Dentro del arco de la burocracia que apoyó a Duhalde se inscribió también la UOM y hasta el “opositor” Ubaldini, lo que significa que una parte del MTA se puso a favor de la reelección. Los adversarios de la burocracia cegetista, en especial el CTA, no abrieron prácticamente la boca durante toda la campaña. Hay que tener en cuenta, después de todo, que en algunos asuntos, como el futuro de los Astilleros de Río Santiago, existe entre Duhalde y la burocracia de ATE un acuerdo bastante amplio. La importancia de la victoria de Duhalde radica, por sobre todas las cosas, en los altos porcentajes que obtuvo en distritos como La Matanza, Moreno, Florencio Varela o Esteban Echeverría. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurrió en todas las elecciones anteriores, el peronismo perdió en San Nicolás, la “patria” de Naldo Brunelli, el entregador de Somisa. Ha tenido que pasar un cierto tiempo para que el electorado pudiera apreciar las consecuencias funestas de la “privatización”. Los resultados del pasado 2 de octubre, sin embargo, revierten sólo en parte la tendencia declinante del menemismo y de Duhalde que se manifestó el pasado 10 de abril. Considerando el 26 por ciento de abstenciones y el 3 por ciento de los votos en blanco, el 61,5 por ciento que obtuvo el reeleccionismo el domingo pasado sobre el total de votos positivos, se transforma en un 43 por ciento del total del padrón electoral. Hay que tener en cuenta, por otro lado, que en esta ocasión la posición reeleccionista fue apoyada por el Rico, en el Modin, y por los alfonsinistas, en la UCR (Massaccesi, el “pollo” de Angeloz y de Alfonsín, llamó abiertamente a votar Sí). Si se le descuentan al bloque reeleccionista los votos que en las elecciones pasadas sacaron quienes apoyaron el domingo a Duhalde, el porcentaje específicamente justicialista se reduce al 30-32 por ciento. Esto explica por qué Duhalde fue tan remiso en convocar a un plebiscito y por qué, luego del domingo, se ha comenzado a hablar de la necesidad, por parte del justicialismo, de llegar a un acuerdo político con el Modin y con Alfonsín o Angeloz para las elecciones de mayo próximo. El análisis anterior demuestra que la importancia del plebiscito no residió en la adhesión electoral que obtuvo Duhalde, sino en la capacidad de éste para imponer una derrota política a sus opositores, explotando las contradicciones internas de éstos e incluso cooptando a una parte (Rico, Alfonsín, Ubaldini) para su política. De un modo más general, el duhaldismo ha logrado ejercer un arbitraje en la explosiva situación social de la provincia, impidiendo el desmadre de la lucha de clases, en abierto contraste con lo que ocurre en tantas otras provincias. Constituyen ejemplos de ese arbitraje su intervención en el conflicto de Astilleros, cuando fue ocupado enérgicamente por sus trabajadores; en los conflictos de los vecindarios “colgados” con Edenor y Edesur; en los casos de ocupaciones de terrenos, y finalmente, con la llamada “obra pública” que, además de proveer enormes beneficios a la “patria contratista” de la provincia, significó un gasto por cada votante duhaldista de 170 pesos por año. Más recientemente, Duhalde prometió convertirse en vocero de los reclamos agropecuarios ante Cavallo y desde ya en invertir una parte de los fondos del Banco Provincia en la refinanciación de deudas. Duhalde se ha empeñado en una política de arbitraje, no en solucionar problemas, que se agravan de día en día, en especial la desocupación, y lo ha hecho gastando sumas de dinero que no podrá mantener en el tiempo. Desde un punto de vista electoral, Duhalde es un gobernante hipotecado; de aquí que los elogios que las patronales y los alcahuetes prodigan a su gestión no sean más que palabra hueca. Fracaso opositor Resulta sorprendente observar la competencia entablada entre los opositores, como Alvarez y Storani, para adjudicarse el éxito por los resultados que obtuvo el No el domingo pasado. Pero no porque, como dice Menem, resulta ridículo disputarse la paternidad de la derrota. Lo que importa es que el domingo pasado se asistió a la completa división del triunvirato anti-menemista que fuera anunciado hace algunas semanas en una confitería del barrio Congreso. Storani, Bordón y Alvarez hicieron rancho cada uno por su lado. Incluso Solanas no apareció por la provincia en las dos semanas de campaña, lo que no le impidió acusar de esta misma falta a su colega de bancada, José Octavio Bordón. Storani denunció, de su parte, que Alvarez había favorecido a Duhalde al anunciar que una parte del electorado que el 10 de abril había votado por el Frente Grande, no iba a votar por el No. Alvarez también acusó de otras cosas a Storani. Los aliados “sociales” del Frente Grande no se hicieron ver. Una parte del MTA votó por Duhalde; Volando hizo un acuerdo con Duhalde pocos días antes del plebiscito y se enfrentó violentamente a dos economistas del Frente Grande en las páginas de Página 12; los dirigentes del CTA dieron ausente sin aviso. El plebiscito del domingo marcó un fracaso descomunal en aspectos más estratégicos de parte de la oposición, que ésta alegremente se empeña en ocultar. No solamente Duhalde consiguió la reelección, y de paso la vía libre para privatizar Eseba y la Caja del Banco Provincia, reforzando aún más la “caja” del clan bonaerense; no sólo logró esto, sino que además impuso la reforma clerical de la Constitución provincial, una vez que obtuvo la alianza con todo el Modin sin excepción; esto explica, digamos de paso, el importante apoyo de todos los sectores del clero a la reelección de Duhalde. Pero todos estos desastres tienen su origen común en la complacencia y colaboración del Frente Grande con la reforma de la Constitución nacional, que es lo que habilitó el éxito de la política de Duhalde. En su corta existencia, el Frente Grande ha resultado ser una verdadera desgracia para el pueblo; no en vano debutó votando el envío de la gendarmería a Santiago del Estero. Mucho más importante aún, si esto fuera todavía posible, ha sido el freno impuesto por la burocracia del CTA-MTA a la continuidad de la Marcha Federal, en gran parte a instancias del Frente Grande o con el pretexto de respaldar su progreso electoral. El freno impuesto de este modo a las movilizaciones populares ha sido un factor de primer orden para facilitar a Duhalde la posibilidad de éxito de su política de arbitraje entre las clases. El CTA insiste en esta política de derrota, ahora, al llevar la lucha de los científicos y trabajadores de la CNEA y del Conicet a la vía muerta de un petitorio completamente inútil, tanto desde el punto de vista práctico como constitucional. Tigre de papel ¡Cuánta tinta no se ha gastado en este país, e incluso en el mundo, para justificar las políticas de “moderación” y de colaboración de clases con el “cuco” del avance del “fascismo”. Este tema fue manipulado por los “demócratas” con toda alevosía para imputarles a las masas una tendencia “natural” al autoritarismo, como si el régimen democrático no fuera él mismo autoritario cuando se trata de atacar a los explotados, y no prohijara él mismo a todos los fascistas. Rico y Bussi fueron presentados como poco menos que imparables. El desguace del Modin, que por otra parte ha tenido numerosas manifestaciones anteriores, es una prueba irrefutable de la inconsistencia de aquella opinión y de su evidente mala intención. Rico acaba de justificar su mercadeo con Duhalde en la necesidad que tiene el Modin de ocupar cargos públicos para poder progresar, prebendas y corruptelas mediante, ya que su caudal electoral había llegado a un techo. El carapintada ya dijo que pretende ingresar al gabinete luego de mayo del ’95. Mientras tanto, ha recibido la promesa de dos puestos en el Banco Provincia y de otros cargos en el futuro Consejo Económico y Social, y como adelanto, un riquista ha sustituido a Albamonte en la presidencia de la comisión parlamentaria que sigue los asuntos de seguridad. El trofeo mayor, sin embargo, tiene que ver con la creación de nuevos municipios, cuyos límites jurisdiccionales deberán coincidir, en algunos casos, con las zonas de mejores resultados electorales del Modin. El desguace del Modin es un dato político importante porque ha agotado rápidamente la experiencia de una tentativa nacionalista, que incluso llegó a contar, si no con el apoyo, sí con la simpatía de un sector de la izquierda que en 1989 había votado por Menem. A los oponentes de Rico no les aguarda un futuro mejor que a los que con anterioridad se fueron del Modin, como Barreiro o Venturino. El grupo del carapintada Polo sólo se separó de Rico a la hora de definir el voto, antes había participado en todo el enjuague que habilitó la convocatoria del plebiscito. Como el Modin se formó en gran medida como resultado de emigraciones que se produjeron en el peronismo, su desguace representa un segundo golpe para el nacionalismo verborrágico y reaccionario. El hecho de que un 40 por ciento del electorado del Modin votara por el No el domingo pasado es un factor adicional de disgregación del electorado tradicional del peronismo. Frente de Izquierda La limitación principal de la victoria de Duhalde en el plebiscito es su precariedad, ya que no responde a ninguna modificación en la grave situación de la provincia y del país, y porque se ha obtenido a un elevado “precio” presupuestario. Simultáneamente con la realización del plebiscito, el gobierno tuvo que “romper” con el FMI ante la imposibilidad de cumplir con los cacareados objetivos de “equilibrio fiscal”. Es decir que la base del proceso político nacional se deteriora sistemáticamente, lo cual oportunamente deberá hacer saltar incluso las experiencias de arbitraje más exitosas. El reforzamiento de las tendencias de crisis y de rebelión popular son el marco que debe tener en cuenta cualquier política antiimperialista, obrera o socialista. Los giros en diferentes sentidos de los resultados electorales son factores episódicos con relación al proceso tomado en su conjunto. Teniendo en cuenta esto es que se plantea de un modo objetivo la necesidad de la unidad de acción y de política de las organizaciones populares. La bancarrota del Frente Grande y su pasaje más o menos abierto a la política oficial, demuestran que no puede ser canal de ese frente y que incluso ha fracasado en su propósito de convertirse en factor de recambio para el propio imperialismo. La necesidad de un frente de izquierda está determinada por la propia situación política. Esta misma situación determina la necesidad de llamar a las organizaciones obreras que encabezaron la Marcha Federal a que rompan con la burguesía y retomen la Marcha Federal y el llamado a un paro activo por un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, por una jornada de ocho horas, la derogación de los convenios de flexibilización laboral, el aumento reclamado por los jubilados, la defensa del Conicet y contra los despidos y privatizaciones de la CNEA, la defensa de las obras sociales contra la privatización de la salud, la defensa del presupuesto del Pami, la derogación de la arancelización de la educación y de su privatización; la oposición a la aprobación del proyecto de ley de presupuesto que centraliza todas estas iniciativas antipopulares para posibilitar el pago de la deuda pública a los usureros capitalistas. El plebiscito del domingo pasado demuestra que no puede haber una oposición al menemismo que no sea la expresión independiente de los explotados. La oposición patronal ha mostrado sus limitaciones insalvables y la burguesía ha señalado que no ha llegado para ella el momento del recambio, sino de la ratificación del menemismo. Estas circunstancias explican la impotencia del radicalismo y del Frente Grande, al igual que la división del Modin e incluso de la UCR. Es la hora de un frente de izquierda y de una segunda edición, aumentada, corregida y superadora, de la Marcha Federal.

En un comunicado difundido por el Frente de Unidad Trabajadora, esta nucleación política afirma que la reforma al régimen municipal establecido en la Constitución reformada “es una declaración hipócrita”. Al respecto, sostiene el FUT que “se ha negado a los municipios la posibilidad de contar con un porcentaje concreto de la coparticipación federal, que garantice los fondos para ejercer realmente la autonomía”, afirmando que “una autonomía sin fondos, es como una mesa sin comida”. Señala que con el régimen establecido el gobierno se reserva el derecho de seguir manipulando a su antojo a los intendentes, con el “chantaje” para los envíos de fondos como hasta ahora, y añade: “el planteo se complementa con el ‘autofinanciamiento’ al cual deberían tender los municipios, lo que anticipa el aumento de la presión impositiva sobre los vecinos, para compensar lo que no recibirán por coparticipación”. Denuncia además “la restricción al derecho de los extranjeros y los jóvenes para ser miembros de los Concejos municipales”, el que fue votado por el sector radical que responde a Nicoliche, “que se unió al sector menemista mayoritario, en otro pacto secreto de los que han caracterizado a esta Convención Constituyente”.

Buenos Aires, octubre 5 de 1994 COMUNICADO Cuando en agosto de este año y en medio de la tremenda consternación popular por el brutal atentado contra la AMIA, el Poder Ejecutivo lanzó un decreto imponiendo la creación de la llamada Secretaría de Seguridad al mando del brigadier Antonietti, advertimos que este engendro respondía a la necesidad de “contener” coercitivamente a quienes se oponen a los planes de ajuste económico, achicamiento de la Nación, entrega del patrimonio público, marginamiento de amplios sectores populares, crecimiento de la desocupación y de la desprotección; en suma, que aumentaría la INSEGURIDAD que pesa sobre la vida de nuestra población. El papel desempeñado por esta secretaría en el desalojo de las familias precariamente refugiadas en las instalaciones de las ex Bodegas Giol, confirma lo acertado de nuestro diagnóstico y demanda consagrar todos nuestros esfuerzos para lograr la disolución de este instrumento que contribuirá a la fascistización de la sociedad y facilitará el avance del gobierno por sobre las libertades democráticas. Finalmente, expresamos toda nuestra solidaridad para las familias que han resultado víctimas de este inicuo procedimiento represivo, que aumenta las penurias de sectores cada vez más vastos del pueblo, atentando contra sus derechos fundamentales.

Nadie oculta que Duhalde puso mucha plata para ganar el plebiscito del domingo pasado, y esto no solamente en una publicidad que no tiene paralelo en la historia electoral argentina. La principal fuente de dinero de Duhalde proviene de un Fondo del Conurbano que fue entregado por el Estado nacional para que la camarilla oficial se perpetúe en la principal provincia del país y, de últimas, para prevenir un estallido social. Controlar el conurbano de Buenos Aires se ha transformado en, virtualmente, la única preocupación de los capitalistas con relación a la seguridad de su régimen político y social. De acuerdo a las informaciones, a este Fondo le fueron adjudicados 360 millones de pesos entre enero y julio del corriente año, un 65 por ciento por encima de lo que recibió en 1993. Se trata de una verdadera “proeza” , si se tiene en cuenta que la recaudación tributaria cayó en 1994 tanto a nivel nacional como en Buenos Aires. Esos 360 millones equivalen a una recaudación anual de 620 millones, lo cual no quiere decir que a fines de 1994 no llegue a ser aún mayor, teniendo en cuenta el ritmo de su crecimiento. Como todos los encuestadores coinciden en la opinión de que Duhalde habría ganado el plebiscito gracias a la “obra pública” que ejecutó a cuenta de ese fondo, se llega a la conclusión de que los tres millones y medio de votos que obtuvo el Sí costaron 174 pesos anuales por votante. Lo que sigue sin quedar claro, sin embargo, es cuál ha sido la calidad de la “obra” efectuada, sus verdaderos costos, el alcance que ha tenido para los trabajadores y qué representa con relación al conjunto de sus necesidades más elementales. El gobernador no ha “enamorado” al electorado; ha tenido que pagar por él, aunque no lo haya hecho, claro, con su propia plata.

Realmente la experiencia vivida en las sesiones de la Convención Constituyente de Santa Cruz ha sido extraordinaria. Fueron días y días en los que estoy segura de afirmar sin ninguna clase de soberbia que se dieron clases de política. No había expectativa de ningún tipo en la población con respecto a esta Constituyente, pero sin embargo, día a día y el haber metido a fuerza de autoridad y responsabilidad políticas los temas que verdaderamente le interesan a la gente, como por ejemplo: derechos de la mujer trabajadora, libertad y educación sexual, la no transferencia de la Caja de Previsión a la Nación, gobierno y autonomía de los Municipios, etcétera, hizo que gran parte de los vecinos empezara a atender, se acercara a la legislatura a escuchar atentamente, por momentos en un gran silencio; y es importante aquí remarcar que aun la gente que el oficialismo llevó casi arreada para que hiciera barra —esto quiere decir por ejemplo funcionarios del Ministerio de Asuntos Sociales y patoteros pagos—, aun así esta gente, por momentos y especialmente en la última sesión, no aplaudió como monitos a los suyos y sí escucharon y no se atrevían a abuchear a los nuestros. ¡Qué experiencia! ¡Aún estoy conmovida! Nos quisieron “correr” con la caída del bloque socialista, con que “si no creen en el sistema, qué están haciendo aquí”. Siguió el Dr. Zaninni (oficialista), tratando de dar una definición de qué era un trotskista, y por último el presidente de la Honorable Convención Constituyente de Santa Cruz, tan honorable como impotente, hinchado de bronca, lo desafió a Miguel a arreglar “las cosas” en otro lugar. Eso fue el colmo. Las carcajadas de todos cubrieron de vergüenza al honorable. Pero aún más importante que todo esto tal vez haya sido cómo nuestros constituyentes preparaban sus intervenciones. Las discusiones previas que realizábamos para discutir, aportar y hasta gritarnos cuando no acordábamos con algo y a no moverse nadie hasta llegar a un acuerdo. Nada debía ser dejado sin tratar. Luego de cada sesión (y eran todos los días) nos reuníamos y analizábamos lo vivido y cómo seguir, y así hasta llegar al último día, en el que luego de denunciar nuestros constituyentes el carácter reaccionario y trucho de la Convención, renunciaron a sus bancas. Todo esto ha quedado registrado en la memoria. Todo esto debe ser difundido y esparcido. Nadie debe quedar sin saber y comprobar que el parlamentarismo sirve si uno es un verdadero revolucionario. Por días, semanas y meses hemos visto a dos hombres defendiendo la revolución. Sin circo, sin grandes frases, sin estridencias. Con una gran solvencia política y una gran convicción. Yo por momentos, escuchando las intervenciones, miraba la cara de la gente y es muy difícil poder describirlas. Eran rostros expectantes, tensos, rígidos. Sólo rotos por el aplauso, el abucheo o la ira. No había término medio. Creo que también había asombro, descubrimiento, placer. Y allí, en esos momentos, se me ocurrió pensar en ese hombre que cuidando su huerto y sus conejos en su casita de México pensaba y elaboraba políticas para la liberación del hombre y que fue muerto por un pobre imbécil mandado por otro que pensaba que allí terminaría todo. Pero nada ha terminado. Todo continúa y ese hombre grande que se llamó León Trotsky y que decía que “me siento un animador, un educador de hombres, no porque halague sus bajos instintos sino porque apelo a su idealismo y a la claridad mental, a la grandeza de ser hombres cabales, de nuevo tipo, llamados a cambiar la sociedad”, ese revolucionario estuvo entre nosotros en estos días, campeando por la barra, sin faltar un solo día, disfrutando...

Los charlatanes del oficialismo se jactan, y aún lo siguen haciendo, de que Cavallo presenta los proyectos de presupuesto en tiempo y forma, a diferencia de lo que ocurría en el pasado. Pero desmintiendo a estos impostores, Cavallo tuvo que presentar, adentrados ya nueve meses en el ’94, una versión reformada del proyecto que le habían aprobado a fines del año pasado, por la simple razón de que se había quedado con un faltante de 900 millones de dólares, que no tienen financiación prevista. Este hecho no sólo ha servido para confirmar que el ministro es un impostor, sino que también sirvió para que se sepa que el gobierno no puede cumplir con las metas fiscales pactadas con el FMI, ni tampoco con el programa de endeudamiento previsto. El gobierno no tiene los recursos para pagar los intereses de la deuda externa, lo cual lo obliga a tomar nueva deuda, además de la que ya necesitaba para renovar los vencimientos del capital. Durante un tiempo el gobierno pudo reducir el monto de la deuda externa por medio de las privatizaciones, aunque nunca en el mismo valor; luego sólo estuvo en condiciones de pagar los intereses gracias a nuevas privatizaciones y a renovar los vencimientos con el ingreso de nuevo capital; ahora ya no tiene para pagar los intereses, con lo que entra en el ciclo ya conocido desde 1981, de incremento geométrico de la deuda externa. De acuerdo al ex ministro Sourrouille, en tales condiciones la deuda externa deberá crecer de aquí al año 2.000 entre 50.000 y 55.000 millones de dólares (Clarín, 30/9); si a esto se agregara el endeudamiento necesario para financiar el déficit comercial, la deuda externa podría crecer, a esa fecha, en 75.000 millones de dólares. Se llegaría así, en poco más de un quinquenio, a una deuda externa de 150.000 millones de dólares, aunque esta cifra podría ser fácilmente superada. En un contexto más inmediato, el gobierno, según estima el estudio Broda, necesita endeudarse por dos mil millones de dólares de aquí a fin de año, para hacer frente a obligaciones fiscales, y en otros cuatro mil a seis mil millones, en 1995, por motivos similares. Como esto no está previsto en el proyecto de presupuesto enviado para el próximo ejercicio, ya se puede adelantar que es trucho. Todo lo anterior demuestra que el gobierno menemista nunca tuvo equilibrio fiscal, ya que siempre tuvo que recurrir a privatizaciones y nuevos capitales para, por lo menos, amortizar la deuda que vencía. Excluidos estos rubros financieros, como realmente corresponde, el déficit fiscal fue regularmente del orden de los 30.000 millones de dólares, algo así como el 80 por ciento de los ingresos previstos en concepto de impuestos y tarifas. El desbalance fiscal, incluso después de gastar las privatizaciones y de contraer nuevos empréstitos, significó una ruptura de los compromisos con el FMI. Como el asunto no tiene arreglo, Cavallo y el FMI se pusieron de acuerdo para que el primero rompa con el segundo y para que el faltante fiscal fuera cubierto con nuevas deudas, sin que importe para ello el fabuloso crecimiento de los intereses que los préstamos internacionales conocieron en el último año. Una muestra de las dificultades del gobierno se pudo observar cuando fracasó en colocar “letras de tesorería” a una tasa de interés inferior a la reclamada por los especuladores. Este incremento virtual de la tasa de interés deberá afectar a los préstamos a la industria y al nivel de incobrabilidad que ya se está manifestando. Se estiman en tres mil millones de pesos los cheques que fueron librados sin fondos y en 12.000 millones de pesos la morosidad de la cartera de créditos de los bancos. Cavallo decidió ponerle buena cara al mal tiempo, por lo que declaró que ya no precisa del FMI. Para salir del paso agenció a un conjunto de bancos internacionales, encabezados por el First Boston, dispuestos a conseguir la plata que necesita Cavallo al precio de cobrar mayores intereses, mayores comisiones y , por sobre todo, quedarse con la privatización de las restantes empresas estatales. Todo esto depende, claro, de que la insolvencia fiscal de Argentina y la creciente complicación financiera internacional no lleven a una fuga de capitales, la que daría por tierra con el ministro y con sus bancos salvavidas. La disminución de las reservas del Banco Central en 600 millones de dólares, en setiembre, y la creciente dolarización de la circulación de moneda, están poniendo en evidencia un principio de fuga de capitales, en términos de divisas. “Complica” la situación y ayuda, claro, a entenderla mejor, la circunstancia de que acaba de ocurrir algo similar en Brasil, cuyo gobierno también acaba de romper por acuerdo mutuo con el FMI. La permisividad de éste con los desequilibrios fiscales obedece a que los bancos están interesados en que países como Argentina y Brasil salgan a pedir plata afuera, ya que existen fondos ociosos que no tienen oportunidad de colocarse lucrativamente. Solamente los “fondos de cobertura financieros” manejan una cifra de 30 billones de dólares, que necesitan ser colocados de una u otra manera en el mercado internacional. Sin embargo, una reciente decisión del principal banco especializado en préstamos internacionales, el Chemical Banking, delata hasta qué punto estamos en presencia de un verdadero aventurerismo financiero. La entidad, primera en el ranking de préstamos sindicados con otros bancos, ha decidido retirarse del negocio debido al grado de deterioro de la posición de quienes solicitan los préstamos, lo que podría llevar a una bancarrota como la que tuvo que enfrentar con la crisis que se desató a partir de 1982 (The Financial Times, 29/9). El Chemical denuncia a los otros bancos, y en especial al First Boston, como los principales responsables de ese aventurerismo financiero, que es el producto, dice, de la caída de beneficios que está experimentando la especulación internacional, incluidas algunas bancarrotas absolutamente extraordinarias. En definitiva, detrás de la ruptura con el FMI se oculta la bancarrota de la política oficial y el intento de salir para adelante con un incremento oneroso y extraordinario de la deuda externa.

La orden de desalojo de más de 200 familias que hacía 3 años se habían instalado en las ex Bodegas Giol estaba cantada cuando el lunes se realizó una sentada que nucleó a un centenar de personas en Paraguay y Juan B. Justo. En la reunión que realizó posteriormente la Comisión de Defensa y Apoyo a Giol, nuestro partido propuso medidas de acción directa para impedir el desalojo, pero primó la idea de confiarse exclusivamente en la defensa jurídica. La comisión quedó en volver a reunirse el sábado... Al día siguiente, 400 policías y gendarmes, con caballos, tanquetas, helicópteros y perros, iniciaron, dirigidos por la Supersecretaría de Antonietti, el desalojo de las Bodegas. Estaban acompañados por un ejército de “asistentes sociales” de la policía y el municipio, que amedrentaban a los vecinos. Una madre declaró que “nos vamos porque tenemos miedo a que nos golpeen, que nos maten a una criatura” (Página 12, 5/10). El pacto del “orden” En las últimas semanas también fueron expulsados los vendedores ambulantes del Once, mientras se desarrolla una política de desalojo de las llamadas “casas ocupadas”. Uno de los que más impulsa esta política es el diputado radical delarruista Rafael Pascual, del Comité Capital de la UCR. Ha presentado un proyecto de ley que reemplaza la figura de “usurpación” por la de “intrusión”, para facilitar el desalojo automático. Pascual reconoció que con su proyecto “podrían quedar en la calle en pocos días unas 150.000 personas de la Capital Federal que ... viven en viviendas ocupadas” (Página 12, 12/6/94). Además se podrían aplicar penas de cárcel de un mes a un año a los acusados. “El ánimo del proyecto es el de defender la propiedad privada, por un lado y, por el otro, la confianza en que el carácter ejemplificador de la norma disuada en el futuro” (ídem). Aunque para Pascual existiría un enfrentamiento entre dos derechos constitucionales, el del acceso a una vivienda digna y el de defensa de la propiedad privada, éste es más importante. Es una “guerra entre pobres”, dice Pascual (El Cronista, 26/9), entre “propietarios despojados de sus casas y ocupantes desvalidos, los primeros siempre dueños de casas modestas en barrios modestos”. Pero esto no es cierto en el caso de las Bodegas Giol, cuyos “propietarios” o “concesionarios” son los “privatizadores” que han confiscado en su beneficio el patrimonio público, y que ahora pretenden hacer fabulosos negociados inmobiliarios en zonas de alta cotización de los terrenos. Los altos alquileres son los responsables del creciente desarrollo de las villas y de las ocupaciones de tierras y casas. El pueblo explotado no se resigna y busca resolver por la acción directa más elemental su derecho al techo. El gobierno invierte millonadas en negocios inmobiliarios especulativos (Puerto Madero, Plan Retiro —que implica la erradicación de la Villa 31—, Ciudad Judicial, etc.), que llenan los bolsillos de inmobiliarias, constructoras (Macri, Techint, Roggio, etc.), mientras el drama de la vivienda obrera se multiplica. Sólo en la Capital hay más de 150.000 viviendas desocupadas, que se mantienen así por años, para la especulación. De los vecinos de Giol, sólo 50 familias obtuvieron un alojamiento temporario por 30 días, el resto fue echado a la calle. El PO llama a organizar la solidaridad obrera y popular con estas familias, organizando una movilización para que el Municipio les dé alojamiento inmediato a todos. Y reclamar el cese de desalojos, la abolición de la Supersecretaría represora, el retiro del proyecto de don Pascual y la efectivización de una reforma urbana inmediata. Todo edificio desocupado debe ser expropiado y entregado a familias sin techo para que lo paguen en cuotas mensuales que no superen un 10% del ingreso del jefe de familia. Las villas deben ser radicadas, urbanizándolas a cargo del Estado.

Ante la bancarrota financiera que pusiera de manifiesto la noticia del extraordinario déficit fiscal que necesita cubrir la administración menemista, los economistas del oficialismo han respondido que la expansión del mercado brasileño, como consecuencia de la aplicación del plan Real, y la reactivación internacional, sacarán holgadamente a la Argentina de este pozo, porque permitirán incrementar las exportaciones y, con ello, aumentar la producción y la recaudación de impuestos. Se han hecho estimaciones de duplicación de ventas de autos y de alimentos. Para apuntalar esta perspectiva, voceros oficiosos del gobierno hicieron trascender que éste autorizaría una expansión del dinero a través de préstamos bancarios, para bajar los intereses y financiar esa exportación. Los propios brasileños estiman que sus importaciones crecerán en forma extraordinaria, como consecuencia de la revalorización de la moneda frente al dólar y de una ola de privatizaciones. Sin embargo ... De acuerdo a los cables internacionales, el subsecretario de Comercio de Estados Unidos, Jeffrey Garten, predijo una “lucha sangrienta” (textual) por los “mercados emergentes” entre las distintas potencias imperialistas, y anunció “la movilización de los recursos y de las finanzas del gobierno de Washington para el asalto por parte de Estados Unidos de diez de esos mercados”, entre los que se encuentran “Brasil y Argentina”. Un ejemplo de la “agresividad” norteamericana es ofrecido por el “reciente contacto de Clinton con Itamar Franco para presionarlo en favor de un proyecto de tecnología ambiental, por valor de mil quinientos millones de dólares, de la compañía Raytheon” (The Financial Times, 21/9). De lo anterior surge que la burguesía argentina va a tener que ocupar su tiempo en evitar que la competencia norteamericana la elimine por completo del mercado sudamericano, antes de que pueda explotar una reactivación brasileña. Una evidencia de esta situación es el constante incremento del déficit internacional de América Latina en su conjunto, que la CEPAL estima en 55.000 millones de dólares para 1994, un 20 por ciento superior al de 1993. La deuda externa de la región deberá crecer en consecuencia a 497.000 millones de dólares (The Financial Times, 16/9). El plan económico ha entrado definitivamente en una etapa de agudas convulsiones.

La huelga de hambre que sostuvieron durante ocho días los hermanos Schoklender en la cárcel de Caseros confirmó muchas cosas y descubrió algunas otras. Los Schoklender reclamaban el libre acceso a las cárceles de legisladores, organizaciones de derechos humanos y prensa a los penales; la separación de los detenidos menores de los mayores; la atención médica para los enfermos de Sida; la investigación de los ilícitos cometidos por las autoridades del Servicio Penitenciario; la suspensión de las requisas humillantes y vejatorias; la ampliación del régimen de visitas y recreos. La huelga se levantó después de que las autoridades penales firmaron un compromiso escrito del cumplimiento de estos reclamos. El pliego de reivindicaciones levantado por los Schoklender confirma la existencia de una política consciente y sistemática de destrucción física y moral de los detenidos, convertidos en “rehenes de los guardiacárceles”. Los detenidos —tanto los condenados como los procesados— viven en condiciones de hacinamiento, sin higiene ni atención sanitaria, vejados sistemáticamente, sus familiares humillados en las revisiones previas a las visitas, hambreados y sometidos a una disciplina despótica y arbitraria. La huelga de hambre también sacó a luz un intento oficial de destruir el Centro Universitario y el Centro de Informática Aplicada que funcionan en Caseros sin ningún apoyo oficial, y que se han constituido en ámbitos de estudio y trabajo solidario para muchos de los detenidos. El martes 24, pocas horas después de comenzada la huelga de hambre, el Centro Universitario fue clausurado y los profesores no pudieron ingresar al penal. Los internos que concurren a clases son objeto de una persecución particular: “A los internos que quieren estudiar los mandan a los peores lugares que hay dentro de la cárcel”, declaró Ernesto Sábato a la salida de una entrevista con Sergio Schoklender (Clarín, 30/9). La crisis desatada por la huelga de hambre confirmó también que la plana mayor del Servicio Penitenciario Federal está plagada de represores de la dictadura, asesinos de los “grupos de tareas” y carceleros de los “chupaderos”, todos ellos amnistiados y “reciclados” por la “democracia”. El desenlace de la huelga sirvió para poner en evidencia la completa pudrición de la cúpula penitenciaria, algo de lo que la población estaba completamente ajena hasta el presente. Como corresponde a funcionarios menemistas, la crisis en la cúpula del Servicio Penitenciario comenzó por una disputa por los dineros públicos —“comenzó hace un año con el recorte presupuestario que sufrió la fuerza” (La Nación, 2/10)— para terminar en “serios encontronazos entre oficiales superiores que culminaron a las trompadas” (ídem), cuando una parte de la plana mayor del Servicio Penitenciario intentó desconocer el acuerdo con los Schoklender. “Cumplen el acuerdo con los Schoklender”, informa Clarín (4/10) después de que la jefatura del SPF y el propio ministro Barra lo hubieran “desconocido”. El acuerdo —que sanciona la mayoría de las reivindicaciones— es una importante victoria democrática de la huelga de hambre, del movimiento de solidaridad que se gestó a su alrededor (como la clase pública realizada por la Asociación Gremial Docente de Ciencias Sociales en la puerta del penal) y de los “movimientos” que comenzaban a plantearse en otros penales —como el motín de Junín o la huelga de hambre de Santa Rosa. El gobierno pretendió esconder el golpe declarando que los términos del acuerdo eran “objetivos que ya tenía en vista el SPF” (Página 12, 4/10). “Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas”, juraban solemnemente hace pocas semanas los menemistas, radicales y centroizquierdistas reunidos en Santa Fe. La huelga de hambre de los Schoklender ha confirmado, también, la descarada hipocresía de los “demócratas”.

¿Por qué Angeloz anunció su renuncia “indeclinable” a la precandidatura presidencial por el radicalismo? El motivo del “renunciamiento” no es otro que la catarata de denuncias de fraudes, estafas, negociados que cubren al gobierno cordobés —y más precisamente, la denuncia de su responsabilidad en el asesinato del senador radical Regino Maders, acribillado cuando se disponía a denunciar los negociados oficiales en EPEC, la empresa de energía provincial—, lo cual convertía al gobernador en un atrayente “blanco móvil” en las próximas campañas electorales, tanto la presidencial como la interna radical. El “renunciamiento a los honores” tiene el objeto, bien específico, de evitar que la campaña electoral termine con el gobernador en la cárcel. Aunque Menem se declaró “decepcionado” por la renuncia de Angeloz, existe la evidencia de que hubo una negociación entre ambos para que, a cambio de una promesa de encubrimiento de las estafas por parte de Menem, Angeloz se comprometía a impulsar una candidatura promenemista en la UCR y a votar por Menem en un ballotage. En cumplimiento de lo pactado, Menem ordenó a la “ultramenemista” cordobesa Leonor Alarcia, que proponga la candidatura del juez Johnson para la gobernación de Córdoba, con lo cual sacó de la causa al hombre encargado del caso Maders y de hecho la enterró por un largo tiempo, esto porque habrá que tratar la renuncia, nombrar a otro juez y retomar el proceso desde cero. A poco de que Alarcia nominara a Johnson, la mayoría angelocista del Colegio de Abogados pidió el juicio político a Johnson y el magistrado presentó su renuncia. La causa por el asesinato de Maders y el desfalco en EPEC está completamente parada y hasta puede pasar ahora, sin ningún ruido, a un juez “amigo” del gobernador. Angeloz cumplió la parte impulsando la candidatura presidencial de Massaccesi, quien llamó a votar Sí en el plebiscito bonaerense y fue también partidario de la reelección de Menem. El rionegrino llevaría a un angelocista como vicepresidente. Menem, a su vez, declaró que el candidato de Angeloz en la gobernación de Córdoba, R. Mestre, era “imbatible” , deshauciando así las posibilidades de De la Sota. Con Angeloz, Bussi y Rico, Menem cree tener asegurada la victoria en una segunda vuelta. La nominación de Massaccesi también cuenta con el apoyo de Alfonsín, signatario del “pacto podrido” con Menem. El menemismo está recurriendo a los métodos gangsteriles más podridos para armar la “articulación” que le permita superar una eventual segunda vuelta, en la que ya se han anotado Rico, Bussi y Angeloz-Massaccesi-Alfonsín.

En el último número de Prensa Obrera explicamos que ante las próximas elecciones bancarias de la Seccional Buenos Aires “hicimos un frente con el CTA”, al que considerábamos como un triunfo político, a pesar del carácter frenador de la política de la burocracia del CTA, la que por otra parte siempre se negó a cualquier frente con la izquierda en bancarios. La ventaja de esta lista única es que da una posibilidad de derrotar a Zanola, esto en condiciones de una elección muy polarizada. Un triunfo antizanolista sería un avance para los bancarios y abriría una experiencia con el CTA, cuya cúpula “se encuentra, decíamos, mucho más cerca de Zanola que del clasismo”. En este cuadro, las posiciones del Mas asombran por su infantilismo. El Mas opina, por ejemplo (Solidaridad 482), que dada la gran desafiliación existente en el gremio “(las elecciones) no van a ser una herramienta que sirva a los bancarios para tener nuevos dirigentes al servicio de sus necesidades”. Y recomiendan hacer (se acordaron ahora) “una campaña por el voto de todos los afiliados”. Pero si en la Seccional Buenos Aires revistan unos 90 mil bancarios, admitiendo una desafiliación del 50% o del 60%, todavía serían 45 mil o 36 mil bancarios los que participarán en las elecciones, a los que deben agregarse los jubilados. No es un hecho menor. Los bancarios no afiliados verán como un hecho político importante esta elección sólo si las corrientes combativas del gremio saben aprovechar el campo de esta lucha para abrir una perspectiva de derrota de Zanola. Los sindicatos fluctúan en su afiliación según las alzas y retrocesos de la lucha gremial y de clases. En la mayoría de los países son minoritarios en relación a la masa obrera. En bancarios, la burocracia ha llevado adelante un proceso de vaciamiento sindical, pero aún no ha surgido un proceso de organización diferente de los trabajadores que permita desechar la lucha dentro del sindicato. El Mas pone como condición para la lucha electoral contra Zanola, una afiliación del 100% (actitud que no tuvo en elecciones anteriores con desafiliaciones parecidas), un verdadero fetichismo sindicalero. El Mas le miente, además, a su propia base. Porque participó en todas las gestiones por la constitución de una lista de oposición, firmó afiches y volantes hasta que decidió abrirse sin mayores explicaciones, sembrando la lógica sospecha de que lo hacía por una cuestión de “candidaturas”. Y algo, por lo menos, de esto debe haber, porque el artículo del Mas cita más de una vez la escasez de candidaturas que ofreció el CTA en la lista Azul-Grana (la lista única de oposición). Sobre el Pts, una mención. Como siempre, esta fracción morenista se cae a la derecha. Dice (Rebelión Nº 58) que la existencia de estatutos no proscriptivos “... sería la única forma de comenzar a pelear contra la flexibilización, ...etc”(!). La lucha contra la ofensiva capitalista es reducida a una cuestión estatutaria. ¿Por qué no proponen un petitorio para que el Congreso trate, dentro de 12 o 24 meses, un proyecto de ley de modificación de los estatutos sindicales, como lo están haciendo con la Cnea?

En el diario uruguayo La República, su corresponsal en Buenos Aires informó hace más de un mes de la inminencia de “una nueva Marcha Federal” (9/9). Según Isidoro Gilbert, ex agente de la stalinista TASS y propagandista del Frente Grande, “las organizaciones que realizaron el 6 de julio la imponente Marcha Federal de Protesta” habían comenzado “una ronda de consultas con líderes de los partidos políticos de oposición”. Siempre de acuerdo al corresponsal, “los sondeos se iniciaron con Carlos ‘Chacho’ Alvarez, el presidenciable más buscado por quienes no desean que Menem continúe en la Casa Rosada. Fue, en este sentido, el mejor gesto de sintonía que le pudo ofrecer el conglomerado social contestatario al político”. Sin embargo ... “los amigos de Alvarez han estado tratando de convencer a los sectores sociales contestatarios (que por lo que se ve, tienen más de pedigüeños y de conformistas que de “contestatarios”, PO) que les permitan a los políticos marcar los tiempos y las voces necesarias en lo que consideran su marcha a la Casa Rosada”. Pues bien, ya ha pasado un largo tiempo después de esta “ronda”que, convengamos, su existencia nadie conocía, y los “tiempos” y las “voces” del “Cavallo” Alvarez sólo están llevando al matadero. Se ha perdido un tiempo fundamental y por sobre todo la continuidad de la lucha iniciada en julio. El único que ha sacado provecho de la política de Alvarez ha sido Menem, fuera de los privatizadores, claro. ¿Estás esperando la carroza, Víctor? La carroza sólo lleva al cementerio (por lo menos a los pobres).

En un nuevo intento de frenar las luchas en curso, la burocracia de la UEPC se lanzó a un “ayuno voluntario”, en el que participaron el secretario general de la Junta Ejecutiva, junto a tres secretarios departamentales de Capital e Interior. Pero el hecho novedoso radica en que fueron acompañados en su “ayuno” por un cura que se reclama perteneciente a la “teología de la liberación”, quien aparte les proporcionó “apoyo espiritual”. Sin embargo, no es la primera vez que los místicos gremialistas realizan actividades de “orden espiritual y religioso”. Involucrando a la UEPC, ya con motivo de la celebración de San Cayetano, concurrieron (junto a este mismo cura) a la procesión para “rezar por trabajo”; ahora rezan por mejora salarial y por que el gobierno “reflexione” (lo que en verdad constituiría un “milagro”). Pero esta maniobra es un nuevo intento de recuperar la imagen perdida en las innumerables dilaciones de ir a una lucha a fondo, con levantamientos de paros o con medidas como “media hora de asamblea sin atención de alumnos”, hechos todos que vienen produciendo bronca y repudio de las bases, quienes se desafilian en masa o, por ejemplo, repudiaron la fiesta del Día del Maestro, a la que concurrieron poquísimos docentes. Se suma a todo esto la fractura del MOAS, con la ausencia del SMATA y la UOM en el paro del 2 de agosto, lo que echa por tierra los deseos de liderar al gremialismo cordobés que anida Grahovac. Pero ni la “teología de la liberación” ni el “ayuno voluntario” le alcanzan a la burocracia uepeceísta para disimular el colaboracionismo con el gobierno radical: “ ‘Este ayuno es una forma austera, humilde y de entrega de quienes no avalamos ni somos cómplices de la desconsideración del gobierno para con los que trabajamos en educación’, resaltó Grahovac” (La Voz, 13/9/94), lo que lo convierte en un “humilde y austero” siervo del gobierno y sus intereses. Así también se expresó el curita tercermundista, al plantear a la prensa: “con esto queremos llamar a la reflexión a los gobernantes sin perjudicar a los docentes”.¡Qué conmovedor! Lo que en realidad expresa es su voluntad de no perjudicar a un gobierno corroído por la descomposición y el agotamiento. Y como si fuéramos pocos parió mi abuela, apareció por estos días en escena la futura diputada frentegrandista Mary Sánchez, a dar su anuncio de retiro de CTERA: “Es mi última presencia como representante gremial en Córdoba... (para dedicarse) de lleno a la construcción política (La Voz, 15/9/94), porque “(no quiere) involucrar a todos los docentes en su militancia en el Frente Grande”(ídem). Sin duda que semejante anuncio tenía un excelente marco en medio de tanta “austeridad y entrega”, aparte de reiniciar oficialmente las relaciones diplomáticas interrumpidas tras la derrota de la marysanchista cordobesa Soledad García (y después de dar su apoyo a la “medida” de ayuno) y de las conversaciones de la clique Grahovac con Bordón y Chacho Alvarez. La voluntad de luchar de los docentes cordobeses está sin embargo intacta, ya que el acatamiento al paro de 24 horas del último 16 de setiembre se cumplió masivamente, aunque gremio y gobierno (de acuerdo una vez más) se negaron a dar los índices. Está planteado seguir con medidas de fuerza, aunque la burocracia continúe empeñada en frenar.

Los dirigentes del Pts dedican su tiempo a jugar a las escondidas con sus ex colegas del morenismo, sean del Mas o del Mst, para probar quién de ellos es más revolucionario con relación a lo que ocurre en México o Brasil, lo cual, gracias a la ignorancia que profesan tanto los protagonistas como sus seguidores, les permite librarse a toda suerte de macaneos. El objetivo de esos macaneos es pretender ocultar la impotencia teórica y práctica propias y captar a algún incauto que se deje atrapar por los fuegos de artificio. Los campeones de la jubilación “obrera” privada y de la designación de Saddam Hussein como líder de la revolución proletaria en Irak, decidieron llamar a votar en blanco en el plebiscito bonaerense, sin importarles que esto beneficiara única y exclusivamente a Duhalde. Es probable que lo mismo hayan hecho Rico y Alfonsín, que se declararon igualmente adversarios del Sí y del No. La razón esgrimida por el Pts es que todos son iguales, un lenguaje más adecuado para una doncella que para un político. El punto es que no tiene la menor importancia que el “Cavallo” Alvarez y el “petiso” Duhalde sean lo mismo o no, ya que no corresponde juzgar subjetivamente a uno u otro, sino objetivamente desde el punto de vista de la lucha de clases. La cuestión es que el poder, el Estado y el gobierno se encuentran personificados hoy en Menem y en Duhalde y que el problema crucial que enfrenta cualquier política obrera es primero, y antes que nada, cómo orienta y enseña a luchar contra el poder, el Estado y el gobierno. Si falla en este punto, es el político revolucionario el que se transforma en “igual” o “lo mismo” que el impotente político opositor, se llame Alvarez o como se llame. No nos vamos a cansar de repetir que lo que el Mas, el Mst y el Pts tienen en común (entre otras cosas, claro) es su férrea oposición a la consigna del PO —Fuera Menem-Cavallo. Aquí se ven las consecuencias. No solamente Menem y Duhalde representan al poder; también la política de reelección representa la política del imperialismo, de los privatizadores y del reforzamiento de la capacidad despótica del Estado. Nadie puede renunciar a luchar contra esto porque Alvarez sea “lo mismo” que Duhalde. En todo caso, en lugar de luchar contra ninguno es mejor luchar contra los dos, llamando a votar contra Duhalde y desenmascarando a Alvarez. Si la presencia de éste dicta la necesidad del voto en blanco al Pts, esto sólo demuestra que el Pts es un rehén ideológico de Alvarez y un agente político de Duhalde. La posición del Pts en el plebiscito tiene la enorme utilidad de demostrar que es anti o contrarrevolucionario: se vale de los límites políticos de la oposición como pretexto para evitar la lucha contra el gobierno de turno y el poder existente. Ahora resulta claro por qué el Pts ponía tanto empeño en transformar los planteos de lucha del PO contra el gobierno menemista en supuestas posiciones de complacencia o encubrimiento de los opositores: para atacar las posiciones de lucha del PO contra el gobierno. Existe una larga tradición de lucha en el marxismo contra esta clase de impostores, arrancando con la que libró Marx contra Lasalle —un gran político socialdemócrata alemán de mediados del siglo pasado, quien sostuvo la tesis de que todas las clases sociales distintas a la obrera eran “igualmente” reaccionarias, para esconder con sus críticas a la burguesía y pequeño-burguesía opositoras de aquella época, su verdadero pacto con el poder semifeudal de turno, encarnado en el canciller Bismarck. El Pts ha expuesto un programa que es incompatible con la revolución, el marxismo y el socialismo. Ya hemos demostrado este punto en otras oportunidades; cada nuevo hecho más o menos relevante lo vuelve a confirmar.

La peculiaridad del FG en esta provincia es que logró sumar a una figura importante de la UCR, la diputada nacional Cristina Figueroa, pero el espaldarazo más fuerte vino con el pasaje de Falú, del PJ, quien cumpliendo fielmente el mandato fijado por el Chacho, se ha puesto a organizar el partido del Frente y, como no podía ser de otra manera, de macartear ya no sobre la izquierda del FG, que se ha retirado, sino sobre la propia franja de centroizquierda representada por “Convocatoria política y social”. “A los que no les guste... ¡que se vayan!” (Propuesta 23/9) planteó el nuevo referente, y simultáneamente daba a conocer a los partidos aliados en la provincia, donde a los ya conocidos nacionalmente se suman el MOLIPO (partido derechista) y el partido Blanco de los Jubilados, que en varias regiones concurrió aliado a Fuerza Republicana. En el rejunte de fuerzas, el FG también está sumando algunos sectores de la dirigencia gremial, entre ellos la dirección de la ADP, cuyo referente, Choque, ha encontrado en el aparato marysanchista de la CTERA el mejor sostén de su política colaboracionista con el gobierno de Ulloa, y sus ataques al activismo del gremio, agrupado en su momento en el comité de movilización. El grupo “Convocatoria” ha emitido un manifiesto en el que sostiene: “La estabilidad de Cavallo es la estabilidad para que los ricos sean más ricos, de igual manera que la hiperinflación del período alfonsinista. Ni una cosa ni otra apuntaron a darle solución a las necesidades del pueblo, muy al contrario, fueron instrumento del fabuloso proceso de transferencia y concentración de riqueza que se dio en estas últimas décadas en nuestro país”. “No se puede concebir la estabilidad menemista, entre otras cosas, sin los actuales niveles de desocupación, sin la destrucción de la educación y la salud públicas, sin los bajos salarios con desprotección de los trabajadores, sin la entrega del patrimonio nacional, sin el robo de las AFJP y sin la marginación completa de regiones del país como el NOA” (Propuesta, 23/9). Así, sobre ese escenario, se señala la necesidad de un proyecto político “que le diera perspectiva a la resistencia social y sectorial... con métodos alejados de los estilos burocráticos y gerenciales y del verticalismo del dedo”, identificando como una manifestación de ello, a la Marcha Federal y al paro del 2 de agosto. Las evidencias de todos los días muestran que los orígenes de la Marcha Federal y el paro del 2, creación de las masas explotadas, no tienen nada que ver con el FG, creación desde arriba de los aparatos centroizquierdistas y burgueses, cuya evolución ha terminado siendo copada por la camarilla más confiable para el gran capital, y que con métodos gerenciales y a dedo, junto con su ala “izquierda” de Pino Solanas, están regimentando a toda la organización y esforzándose por disipar cualquier atisbo de resistencia popular con el cuento de las promesas electorales. Por eso, las aspiraciones de Convocatoria no las va a encontrar en el FG, e incluso su intención de que sean “los afiliados y el pueblo los que decidan cuál es el programa y la política que se debe enarbolar” (ídem), eso sólo será posible en otro marco, en el de una convocatoria común a una conferencia de partidos y tendencias combativas para que en un marco democrático se discuta el programa y la acción frentista en favor de rescatar y profundizar la Marcha Federal y el paro del 2 de agosto. El ala izquierda del FG, encabezado por el PC, oficializó su retiro del FG denunciando el burocratismo de la Figueroa y de Falú, proponiendo como salida “el planteo... de formación de un foro que actúe como un bloque político y social, en el que confluyan sectores no sólo identificados con la izquierda, sino con la defensa de los intereses populares” (Eco del Norte, 19/9). Este planteamiento, puede dar lugar a la organización en común con el PO a un llamado más general a la formación de un frente de los trabajadores y la izquierda, que ponga el acento hoy en encarar una vasta campaña de denuncia y organización de la lucha en defensa de las Cajas provinciales, contra la privatización del Banco, por el salario y las fuentes de trabajo amenazadas, y tomar la bandera de un Congreso de Base para reconstruir al movimiento obrero de la provincia.

El proyecto de ley de Presupuesto para 1995 representa un cabal programa político, porque sus disposiciones abarcan la totalidad de los aspectos en los que las patronales y el Estado pretenden atacar a los trabajadores y acaar con conquistas sociales fundamentales. Es así que establece medidas contra las jubilaciones y el PAMI; contra la Comisión de Energía Atómica y sus trabajadores; contra el Conicet; contra el presupuesto de educación; contra el Area Material Córdoba y sus obreros; etc, Al mismo tiempo establece los subsidios a la “patria exportadora”; el remate de las obras sociales y de la salud pública; el incremento de las impuestos al consumo —todo condicionado a la aplicación a rajatablas de la “flexibilización laboral”. Prevé también, finalmente el despido masivo de empleados públicos y hasta la posibilidad de modificar por decreto la estructura de las fuezas armadas y de los servicios de espionaje yseguridad. El proyecto otorga a Menem la suma del poder público al disponer, en su artículo 14, la disponibilidad por 4 años de los 300.000 empleados publicos y autoriza al Poder Ejecutivo a privatizar todas las empresas o activos públicos, que no hayan sido autorizados por el Parlamento. El proyecto es un “cheque en blanco para privatizar, ya que ni excluye al Banco Nación de una posible privatización ”(Ambito, 15/9/94). El Presupuesto 95 introduce una nueva rebaja en los aportes patronales, lo que deja sin financiamiento a las Cajas oficiales de jubilacion, a las obras sociales y al PAMI. Se estima que esa rebaja significará que las patronales recibirán un beneficio del orden de los 2.000 millones de dolares, cuya contrapartida serán jubilaciones congeladas otro año más y menor atencion médica en las obras sociales. Jubilados Automáticamente, entonces el Presupuesto significa el congelamiento de las jubilaciones en 150, mensuales convirtiendo a las Cajas hoy superavitarias en deficitarias. Para balancear el enorme regalo de la rebaja de los aportes a las patronales, Cavallo incorpora al PAMI, una entidad autárquica, al Presupuesto Nacional, comprometiéndolo a pagar, de este modo los subsidios que le corresponden a un sector de los jubilados y el subsidio a las tarifas de los servicios publicos, lo cual le sustrae al PAMI nada menos que 500 millones de dólares por año, lo que obligará a la institución a dejar de prestar atencion médica a los jubilados. A más de 100.000 jubilados ya se les eliminaron el subsidio a la tarifa de luz, gas y teléfono. Al rebajar nuevamente los aportes patronales, se asestaría el golpe definitivo a las obras sociales. En coincidencia con esto, el gobierno pondrá en ejecución la llamada “desregulación de las obras sociales”, un plan tendiente a que los grandes pulpos de la salud se apoderen definitivamente de las obras sociales y establezcan planes de salud privados diferenciados en función de una escala de aranceles progresivos. La burocracia sindical, en lugar de defender las Obras Sociales está trabajando activamente en favor de esta politica, porque prevé asociarse a los pulpos privados de la salud como lo hizo con los Fondos de Pensión, y probablemente a través de estos Fondos. Energía Atómica El Presupuesto 95 sanciona el desmantelamiento y privatizacion de la CNEA. “Las partidas para la CNEA se verán reducidas a $ 170 millones....”, mientras el Estado deja de aportar para terminar la construccion de Atucha II, que “deberá ser solventada por Nucleoelectra empresa a privatizarse en 1995” (Ambito, 15/9/94). El Presupuesto 95 convierte en ley el decreto de desmantelamiento y privatizacion de la CNEA. El Presupuesto 95 no incluye ninguna partida para la fábrica militar de aviones. “El cierre de la fábrica militar de aviones de Córdoba permite que ella no figure en las cuentas....” (Página 12, 2/10/94). El Proyecto de Presupuesto sanciona la persecución a más de 4.000.000 de trabajadores autónomos, en especial a las empleadas domésticas, a la que se les pretende hacer pagar los aportes previsionales para engrosar las arcas de las AFJP y hasta el impuesto a las ganancias para pagar los crecientes intereses de la deuda, mientras los grandes pulpos están exentos y evaden alegremente. Accidentes de trabajo La implementacion de este Presupuesto requiere que se liquide la actual ley de accidentes de trabajo. Se sustituye la indemnización por accidente laboral por una pension previsional como si se trata de un perjuicio extra laboral. Merced a esta triquiñuela las AFJP dejarán de hacerse cargo del pago de los seguros de invalidez o muerte por accidentes de trabajo, el que será absorbido por una poliza de accidente de trabajo, en beneficio de Asociaciones de Seguro que se formarán al efecto. La eliminación de la indemnización por accidente de trabajo hará más rentable el negocio a las AFJP, y abrirá un nuevo negocio para lucrar con los accidentes laborales. Reembolsos a granel El Presupuesto 95 promete nuevos subsidios a la oligarquia y a los pulpos exportadores, además, claro, de pagar los abultados intereses de la deuda. “Hay 500 millones que se destinan a pagar reembolsos a las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario...” (Clarin, 9/9/94), e incluso subsidios a los pulpos privados de Ferrocarriles. La canilla de subsidios es tan fenomenal que “podría explicar, entre otras cosas, el crecimiento acelerado de las exportaciones...” (La Nacion, 2/10/94), ya denunciado desde estas páginas. Las exportaciones aumentan, no por la supuesta “competitividad”, sino por las prebendas y subsidios de todo tipo, al punto que se hizo “rentable” exportar agua como liquido petroquímico, como se comprobó días pasados. El FMI ha objetado este Presupuesto porque pone en peligro el pago de los intereses de la deuda, esto al no reducir aún más los gastos de las provincias o no establecer menos impuestos. El FMI advierte contra el“peligro” incluso de que haya atrasos en el pago de las deudas o insolvencias, porque teme que el gobierno o los capitalistas no consigan contraer nuevos préstamos para pagar los que se vencen, así como los intereses de estos. Asistimos a una importante division en el frente patronal-imperialista y por sobre todo a uns desenmascaramiento del Frente grande, que justifica su apoyo a Cavallo en el supuesto “equilibrio fiscal” que este había logrado. Unidad La lucha contra este proyecto Presupuesto permite unificar un conjunto de reclamos y luchas que ya están en curso, como la movilizacion de los jubilados contra la disminucion de las prestaciones del PAMI, la de los trabajadores de la CNEA y del CONICET; del Area Material Cordoba; de los empleados públicos contra la disponibilidad,etc. Todas estas reivindicaciones chocan contra el proyecto de Presupuesto. La tarea consiste en unificar todos esos reclamos en un único gran reclamo: Fuera las manos de Cavallo del PAMI, de las Cajas jubilatorias, del CONICET, de la CNEA, del AREA MATERIAL CORDOBA, Abajo el proyecto de Presupuesto 1995.

El viernes 30, Pardo, de la directiva del Smata, “bajó” a la fábrica a realizar una asamblea, para plantear a fondo la política del sindicato con relación al convenio de trabajo. Lo que Pardo propuso, en definitiva, es poner en marcha la “ley de reforma laboral” que el Congreso aún no trató, es decir, liquidar derechos obreros decisivos. La asamblea se inició con un informe que planteó lo siguiente: a) Que la patronal ofrecía un aumento por “productividad” del 5% para los próximos tres años, el cual fue rechazado por el gremio. b) Que la obra social del Smata ha visto disminuidos sus ingresos en un 12 por ciento, como consecuencia de la reducción de los aportes patronales en las ramas de tractores y autopartes, y que si esta reducción se llega a extender a toda la rama automotriz, la obra social entraría en colapso, pues cubriría sólo el 45% de las prestaciones actuales. c) Que es irreversible la separación de Autolatina, y dejó entrever que hay una posibilidad de que la planta de camiones de Pacheco se traslade a otra Provincia. d) Que el sindicato estaba de acuerdo con la “tercerización”, aunque se debía buscar la reubicación de los trabajadores “sobrantes” de acuerdo a su capacidad. e) Que el convenio de General Motors era beneficioso, porque con el sistema de “células” los operarios tomaban parte “del manejo de la fábrica”, recalcando que eran infamias los volantes de la izquierda que denunciaban a este acuerdo como negrero. Los términos del convenio con la General Motors y con otras empresas ya se están aplicando en Autolatina, como se percibe en los anuncios de que serían levantadas secciones enteras, como balancines y sub-armado, y el achique sensible de mantenimiento y otras menores. La empresa advirtió que despedirá a 700 trabajadores, los que pueden ser más si pone en marcha todo el plan de “flexibilidad”, tercerización y multiplicidad de tareas. El mismo 29/9, ante el apriete de la patronal y con la anuencia del sindicato, se llegaron a producir de 210 a 230 autos por día, gracias a la prolongación sistemática de la jornada a 12 horas (con el salario congelado). El sueldo básico es de 470 pesos; si se liquidan las extras, no se podrá llegar más al tope de 900 pesos. Está claro que debemos rechazar la propuesta de convenio que están discutiendo la patronal y la burocracia, en donde el único punto de divergencia parece ser el porcentaje de aumento que se daría por una mayor intensificación del trabajo. La propuesta alternativa debe girar en la defensa de la jornada de ocho horas con un básico igual al que hoy tratan de sacar los trabajadores con las extras, es decir, 900 pesos. Asimismo, es necesario plantear un convenio único para todas las fábricas, discutido con paritarios elegidos en Asamblea.

El presupuesto nacional 95 establece el desmantelamiento y privatización de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), en conformidad con el “decretazo” (1540) que decidió dividir la CNEA entre, de un lado, “Nucleoeléctrica”, con las centrales de Atucha I y II, Embalse y la hidroeléctrica Río Grande, y, del otro, “Atómica”, a cargo del ciclo de combustible, la planta de agua pesada y la explotación de uranio. De acuerdo al proyecto, “las partidas para la CNEA se verán reducidas a l70 millones de pesos”, mientras que el Estado dejará de aportar para terminar la construcción de Atucha II, que “deberá ser solventada por ‘Nucleoeléctrica’, empresa a privatizarse en 1995” (Ambito, 15/9/94). De este modo, por sólo 600 millones de dólares, el Estado se desprenderá de activos en los que invirtió 8.500 millones de dólares, entregará dos centrales nucleoeléctricas que proveen el 15% de la energía eléctrica argentina y se hará cargo de la finalización de las obras de Atucha II, incluida la responsabilidad en caso de daño. Atucha fue instalada con tecnología de la alemana Siemens, mientras que la central de Embalse fue diseñada por la canadiense AECL; ambas son las principales interesadas en la privatización. En cuanto a los locales, “(los) más audaces no dudan en mirar particularmente hacia la CTMSG y EPEC, socios de la Fundación Mediterránea junto con las petroleras Astra, Esso y Shell” (Acción, 2a Agosto). “Privatización”, parte II El “decretazo” menemo-cavalliano es la puntada final de un proceso de desmantelamiento y “privatización” que comenzó hace mucho tiempo. “Con las empresas satélites, acá el proceso de privatización ya empezó”, señala un técnico. La propuesta de Mondino, quien renunció recientemente como presidente de la CNEA, partía de una CNEA encabezando “el holding de las ocho empresas satélites, entre las que se cuentan las plantas de producción de combustibles y tubos de zircaloy -CONUAR y FAE- manejadas mayoritariamente por Pérez Companc” (ídem). Los grandes beneficiarios de los 600 millones de dólares volcados cada año a la CNEA han sido los grandes contratistas, como KWU de Alemania o Pérez Companc, y los bancos imperialistas que financiaron a tasas usurarias las construcciones atómicas. Ahora viene la entrega total de un negocio súper-rentable, y la “puesta bajo la alfombra” de una verdadera “bomba” ecológica. “Nadie dijo que estas centrales durarían sólo treinta o cuarenta años y ... nos (dejan) residuos que permanecerán peligrosos durante el siguiente millón de años” (ídem). La vía muerta del plebiscito El desmantelamiento y la entrega de la CNEA están acompañados de despidos. Desde 1989 hasta ahora el plantel se redujo de 6.200 a 4.800 personas, y se estima que ahora quedarán en la calle las dos terceras partes de los “sobrevivientes” , y que los científicos y profesionales serán las primeras víctimas. La batalla contra la “privatización” de la CNEA debe centrarse , por lo tanto, contra los despidos. ATE (CTA), responsable sindical del sector, ha planteado impulsar el reclamo de un plebiscito para que el Congreso trate un proyecto de ley contra la privatización. Esta es también la política de la UCR y del Frente Grande. Se trata de una vía muerta para la lucha. El objetivo de la campaña sería juntar 600.000 firmas a favor de un proyecto de ley de iniciativa popular, habilitado por el artículo 39 de la nueva Constitución. Este establece que con la firma del 3% del padrón se podrán presentar proyectos de leyes que el Parlamento deberá considerar ... dentro de los siguientes l2 meses. Pero el artículo exige, para entrar en vigencia, su previa reglamentación legal, es decir que todavía no habilita a nada. El texto que se presenta a la firma miente, por lo tanto, acerca del alcance que tendría el derecho de iniciativa popular, porque oculta que no sanciona leyes, y miente acerca del carácter de la reforma, cuando dice que “acentúa el concepto de la soberanía popular”. El nuevo seudo “derecho de iniciativa popular” no le otorga ninguna iniciativa de nada, porque siguen siendo los legisladores los que deberán votar las leyes (lo novedoso hubiera sido que un proyecto de ley avalado por un conjunto de ciudadanos pudiera ser sometido a plebiscito y aprobado). El proyecto de ley que presenta ATE deja, además, en manos de la Presidencia de la Nación, “explotar en forma segura y eficiente todas las instalaciones (de la CNEA)” y tampoco se opone a la “privatización” , ya que dice que «el Poder Ejecutivo se abstendrá de producir por decreto modificaciones a la CNEA que alteren el espíritu del art. lº de esta Ley” (organismo único, autárquico y dependiente de la Presidencia de la Nación), es decir, mantiene la privatización “periférica” de las plantas satélites. No al engaño. Para luchar contra los despidos y las privatizaciones es necesaria la movilización de los científicos y trabajadores de la CNEA, del CONICET, de los empleados públicos que el proyecto de presupuesto pone “en disponibilidad”, de los jubilados y activos en defensa de las Cajas provinciales, de los beneficiarios del Pami, de los docentes y estudiantes afectados por la ley de educación.

Islas Malvinas es uno de los tantos barrios obreros de Neuquén. Una gran parte del mismo está asentado sobre terrenos fiscales que fueron ocupados a fines de la dictadura. Es decir, es un barrio forjado en la lucha por las mensuras y los servicios. Nuestra actividad en el barrio comenzó sistemáticamente por el año 1988, con un comité de apoyo a la huelga docente de aquel año. Fuimos en el año 1989 los gestores y sostenedores de la olla popular, durante la hiperinflación. De estas luchas surgió la agrupación Naranja-Roja, orientada por el PO. Los compañeros de la Naranja-Roja jugaron también un importante papel durante la represión policial al barrio, organizando la defensa de los vecinos. Más recientemente, la Naranja-Roja participó de la Comisión de Padres en la huelga docente de 1992, y ayudó a formarla en otros barrios. Tuvo una destacada intervención en la defensa del hospital público durante la huelga de salud del año pasado. Es decir, la Naranja-Roja tiene toda una trayectoria de organización y lucha vecinal. En la elección pasada, una compañera de la agrupación fue elegida por los vecinos como protesorera de la Comisión vecinal. Ese fue un primer paso para recuperar dicha Comisión de manos de los personeros del gobierno. Recientemente, la Naranja-Roja organizó la lucha por las cloacas, ya que el barrio Islas Malvinas había sido excluido del plan de obras del municipio, siendo que las cloacas son de primerísima necesidad, ya que las aguas servidas de los pozos brotan por la pendiente del barrio y corren por las calles, transformándose en fuente de contagios e infecciones. La Naranja-Roja realizó una asamblea barrial con más de 100 vecinos y se lanzó un petitorio que juntó más de 1.000 firmas, exigiendo la inclusión del barrio en el plan de obras cloacales del municipio, cosa que se consiguió ante la movilización vecinal, que llegó incluso al corte de calles. La pelea luego se siguió dando para que sea el municipio el que se haga cargo del costo de la obra y no los vecinos. El 30/10 se vota: Que la izquierda no vuelva a ir dividida Todas estas luchas deben confluir en la conformación de un Frente de Izquierda para las elecciones vecinales. En este barrio, donde tradicionalmente se presentan 5 o 6 listas, cada partido arma su lista, lo cual le da a la elección un color netamente político. Por eso es tan importante que la izquierda no vaya una vez más dividida, lo cual causó en la última elección que se perdiera de obtener la mayoría en la Comisión Vecinal. En ese momento la actitud del PC, que arrastró al Mst, a la postre jugó un papel nefasto. Ahora el PC ha desaparecido, pero el Mst, a pesar de que le hemos planteado la unidad, se ha lanzado a la actividad de armar su propia lista, rechazando nuestro planteo con exigencias de aparato (pretende 3 de los 5 primeros cargos, sin tener una agrupación en el barrio ni una trayectoria como la Naranja-Roja; sólo tienen un militante reconocido como activista). Nuestro planteo es conformar una lista paritaria en los primeros cargos, donde se refleje la realidad de la inserción de cada uno en ese barrio. La actitud del Mst sólo logra confundir y dividir al activismo. La Naranja-Roja tiene una existencia real reflejada en las asambleas que convoca, las reuniones periódicas de agrupación, el boletín que edita y años de militancia en ese barrio como agrupación. Esto no puede ser desconocido por los compañeros del Mst. Los llamamos a reflexionar y abandonar todo divisionismo especulativo, para conformar el Frente de Izquierda que expulse de la vecinal a los “aparatos” del gobierno. El barrio lo necesita y es posible.

Desde hace diez días, docentes e investigadores se vienen movilizando junto a trabajadores de ATE y de la CNEA a fin de evitar el despido de miles de investigadores cuyos contratos vencen en marzo de 1995. En el proyecto de ley de presupuesto para 1995 no figuran las partidas para el pago de los actuales becarios del Conicet. El despido de mil becarios del Conicet responde claramente a iniciativas del imperialismo. “El informe del Banco Mundial, editado el año pasado, sobre la realidad argentina propone la reducción de 5.000 científicos, también el pase a manos privadas de la energía atómica” (Crónica, 4/10). Los becarios del Conicet, en realidad, ganan sueldos de hambre. “El Conicet asigna anualmente 23 millones de pesos para pagar a 2.051 becarios que perciben cerca de 700 pesos mensuales” (La Nación, 28/9). Esta remuneración es un atentado, pues hay que tener en cuenta que sólo se puede ingresar como becario una vez finalizados los estudios terciarios. El gobierno se propone el desmantelamiento de todos los organismos de Ciencia y Técnica, para que pasen a ser dirigidos por grandes empresas imperialistas. Ya está en marcha el desguace y la privatización de la CNEA y está prevista una restricción del 10% para los presupuestos del INTI y el INTA.

La dirigencia celeste de Suteba desenvuelve una exagerada propaganda de la obra social y de turismo, como si estuviera ofreciéndonos lo mejor y eso la hiciera merecedora de ocupar los cargos que ocupa. En eso consistió, por otra parte, su campaña electoral. Pero se trata de un fraude, tanto en el sentido literario como literal de la palabra: en 1993 ingresaron por obra social 3.933.904,48 pesos, y los dirigentes invirtieron en coseguro médico 964.570,83 pesos. ¿Qué hicieron con lo demás? Parte lo usaron en agrandar su aparato de gente adicta que cobra sueldos que ascendían, en 1992, a 388.000 pesos, y que subieron a 885.000 en 1993 (datos del balance de Suteba, 1993). Casi medio millón de pesos ... ¿Es esto todo? ... ¡De ninguna manera! En turismo cobran sobreprecios que asombran. El esparcimiento es un derecho de los trabajadores, pero dado lo limitado de nuestro sueldo, el costo de aquél debe ser más barato, especialmente si está promovido por nuestro sindicato, que no debe perseguir fines de lucro. Vamos a comparar las tarifas de Suteba y las de una empresa cuya finalidad exclusiva es el beneficio económico: Carlos Paz. 7 días, 5 noches , 3 estrellas con transporte Suteba Lloydtur Diferencia $ 290,00 $ 180,00 $ 110,00 Bariloche. 10 días, 7 noches Suteba Lloydtur Diferencia 2 estrellas 3 estrellas $ 440,00 $ 240,00 $ 200,00 Florianópolis. 8 días 7 noches, 3 estrellas Suteba Lloydtur Diferencia $ 470,00 $ 375,00 $ 95,00 Camboriú. 10 días, 7 noches, 4 estrellas con transporte Suteba Lloydtur Diferencia $ 470,00 $ 265,00 $ 205,00 La memoria de Suteba 1993 menciona cifras de compañeros que concurrieron a visitar distintos lugares del país o de otros países. Veamos algunas: Carlos Paz 238 personas Camboriú 166 personas Bariloche 250 personas Con los sobreprecios cobrados por Suteba, éste se ha embolsado una diferencia de 108.500 pesos, si consideramos sólo esos tres lugares turísticos. Pero resulta que hay turismo a otros lugares sobre cuyas cifras no hay datos precisos. Cabe la pregunta: ¿Con quiénes compartieron las empresas de turismo los sobreprecios? ¿Cuántos miles de dólares ha embolsado la dirigencia Celeste que no figuran en los balances y en los libros contables? Cómplices del congelamiento salarial, de la eliminación del día femenino (9 días), de la pérdida de la continuidad de los provisionales, también lo son del negocio de empresas de turismo. La Celeste no sólo no sirve como dirección sindical; tampoco sirve como obra social y eso lo estamos demostrando con una primera investigación. Imaginen ustedes, compañeros, si el Suteba llega al Directorio de IOMA como es su propósito: entonces sí deberemos agarrarnos los bolsillos. En el terreno de nuestro sindicato, por todas las razones y pruebas expuestas, hay que desalojar a los aprendices de los Lescano, Cavalieri y Matilde Menéndez. Conclusión: la Obra Social no debe estar en manos de las comisiones directivas de los sindicatos, que entre otras cosas las usan para sus campañas proselitistas a expensas de los dineros de los afiliados y, por otra parte, están fuera del control de los mismos. La Obra Social debe ser: * Autónoma del Consejo Directivo provincial * Elegida independientemente de él * Sometida al control periódico de los afiliados * Revocable en cualquier momento.

Carlos “Perro” Santillán está siendo sometido a juicio oral y público por siete causas iniciadas entre 1990 y 1992. Las acusaciones por “impedimento y estorbo de un acto (oficial)” o “compulsión a la huelga”, tienen como objetivo penar el ejercicio del derecho de huelga y de movilización y establecer la condena por anticipado contra cualquier activista obrero, sea sindical o político. Estamos ante un proceso judicial que pretende ser “ejemplarizador” contra el conjunto del movimiento obrero. Las causas fueron reactivadas después de un largo período de “cajoneo”, seguramente como consecuencia de las recientes luchas en Jujuy, de la Marcha Federal, del paro del 2 de agosto y de las crecientes movilizaciones obreras y populares. El ataque contra Santillán se encuentra precedido por el juicio contra ex delegados y activistas de Propulsora por “incitación a la huelga”, y por la reciente condena a la interna de Atlántida por “injurias a la patronal”. La “democracia” no hace más que “perfeccionar”, con esto, la represión, que es el recurso esencial del Estado capitalista contra los explotados. Llamamos a apoyar a fondo la campaña por el levantamiento de los cargos y acusaciones contra el compañero Santillán y por el cese de la persecución política contra su persona y la de todos los activistas del movimiento obrero.

El gobierno nacional, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, cuya titular es María Julia Alsogaray, convocó a licitación pública internacional para la instalación de seis basureros tóxicos en el conurbano. Uno de ellos se ubicaría en Esteban Echeverría. Esta medida atenta contra la salud de toda la población, ya que viola las normas que han establecido para este tipo de basureros: se hace en un lugar densamente poblado, con zonas inundables y cercado de arroyos y ríos cuyas aguas subterráneas están a poca profundidad. El Estado no sólo se desentiende de realizar los estudios de impacto ambiental que merece una medida como ésta, sino que por boca del subsecretario de Medio Ambiente de la Nación, Noé Carballo, nos enteramos que “al Estado le resulta más fácil controlar seis basureros que veinte mil industrias”. Es decir, no se exige la responsabilidad empresaria de instalar filtros en cada planta fabril para el tratamiento primario de los desechos contaminantes. Como vemos, no sólo se reducen los costos patronales a fuerza de congelamiento salarial y superexplotación, sino también descargando criminalmente sobre la población los residuos tóxicos que genera la industria. Sin embargo, el problema es más grave aún, porque se enmarca en la política del imperialismo mundial de financiar el traspaso de industrias contaminantes (y sus residuos) a los países atrasados. Un informe del Banco Mundial de 1992 recomienda que “los países subdesarrollados no deberían ser forzados a adoptar prácticas que no podrán seguir, como una legislación ambiental más severa”. (Financial Times, Gazeta Mercantil 13/5/92). “Es un hecho que muchas empresas norteamericanas se desplazaron hacia México atraídas no sólo por los salarios más baratos sino porque las leyes de protección del medio ambiente son casi inexistentes” (El Cronista Comercial, 10/5/92). Y México es el gran ejemplo del “boom” de inversiones que inspira a Domingo Cavallo. Es a este tipo de “inversiones” a las que el gobierno les dará garantías contra cualquier pretensión de legislación ambientalista. Por lo tanto, corremos el riesgo cierto de que para los basureros tóxicos del conurbano importemos desechos industriales de las grandes potencias. El propio Cavallo ha admitido que la firma del plan Brady lo ha forzado a asumir “compromisos económicos y políticos concretos”, en especial con el Banco Mundial. Además del pago puntual de miles de millones de dólares anuales a los acreedores, la obligación es convertir a la Argentina en “basurero” privilegiado. Los defensores de la estabilidad cavalliana del radicalismo y del Frente Grande deberían tomar nota. En noviembre pasado, los vecinos de Luis Guillón (Esteban Echeverría) debieron movilizarse contra las emanaciones tóxicas de la fábrica Azyder, a pesar de que la irregularidad había sido advertida un mes antes por funcionarios municipales, ¡sin que nada hicieran! Fue un juego de niños frente a lo que nos espera. Del mismo modo hay que enfrentar el intento de instalar estos basureros, como lo hiciera recientemente la población de Zárate, donde se instalaría otro basurero, con la movilización popular para impedirlo y para exigir la instalación de filtros industriales en todas las fábricas contaminantes. ¡La salud pública y la preservación del Medio no pueden depender del lucro capitalista! Sólo los trabajadores pueden ejercer un efectivo control sobre el tratamiento de los desechos industriales y sobre la verdadera repercusión de sus costos en la industria. Por eso proponemos que comisiones obreras por fábrica sean las encargadas de ejercer el control de que se cumpla con el tratamiento primario de los desechos y con derecho a acceder a los libros contables de las empresas que se nieguen por razones financieras. Pero esto sólo es posible bajo un gobierno de trabajadores que reorganice racionalmente la economía contra la anarquía destructiva del capitalismo y de este régimen proimperialista y antiobrero de Menem-Cavallo. ¡NO AL BASURERO! ¡FUERA MENEM-CAVALLO!

Casi 400 compañeros concurrieron al acto convocado por el Grupo de Apoyo a las Madres de Plaza de Mayo, en el Club Sporting de La Plata, para escuchar al “Perro” Santillán. Diez días antes, el “Perro” compartió una mesa redonda con dirigentes de ATE Provincia (CTA) y de la UOCRA (CGT), que fue presentada por el PTP como un aporte para la construcción de una “nueva” dirección sindical, de los que se “unen contra el ajuste” y, en el caso del Astillero Río Santiago (ARS), como una “autoconvocatoria clasista”... Pero, en realidad, en esta mesa participó la conducción de la UOCRA platense, metida hasta los tuétanos en el negocio de la AFJP armada por Gerardo Martínez, y la dirección de ATE Provincia, que firmó el acta de “flexibilización laboral” en el ARS y saboteó la lista del cuerpo de delegados en las recientes elecciones de Comisión Interna. Representantes de la vieja burocracia regional fracasada que ha tolerado sin chistar los miles de despidos en la zona. En el acto del Sporting, en cambio, no hubo burócratas en la mesa y sí una abigarrada y entusiasta militancia juvenil de izquierda. Entre los asistentes, sobresalió un centenar de secundarios que agitaron y reclamaron la adhesión y concurrencia a la Marcha del 16 de setiembre, anticipando lo que sería la gran movilización por la “Noche de los Lápices” (que puso en la calle a más de 2.000 jóvenes). Con el acto “calentado” por los secundarios y con el distintivo de que el 100% de los presentes repudiaba una y otra vez al “Cavallo” Alvarez, al Frente Grande y al apoyo de éste al “plan” Cavallo, las denuncias de Santillán fueron creciendo en tono y magnitud hasta (des)calificar al CTA-MTA como “traidores”, esto por apoyar al dúo Alvarez-Bordón, “los candidatos del ajuste prolijo”. Sin duda, una gran diferencia con la “mesa sindical” de Ensenada, porque el acto del Sporting terminó ubicando a los burócratas frentegrandistas y bordonistas en el lugar exactamente opuesto al que pretendieron ocupar ... demagogia “anti-ajuste” incluida. Pese a este clima combativo, el acto fue también la expresión de una descomunal impasse política, que es lo que explica que Santillán participara de un acto con burócratas a quienes después, con apenas diez días de diferencia, entre uno y otro, denunciaría violentamente. La orfandad de consignas que caracterizó a la convocatoria se hizo patente en la incapacidad de los panelistas para formular un planteamiento de movilización política contra el gobierno y la burguesía. “Las elecciones nos dividen, la lucha nos une”, planteó Santillán, con la clara intención de mantener un frente con la burocracia del MTA y del CTA y rechazar cualquier posibilidad política independiente de la burguesía (FG) en el terreno electoral. Para un conjunto de corrientes que integraron la Juventud Intransigente (hoy “Quebracho”) o el Frejupo menemista, y confluyeron luego en la fundación del Frente del Sur de Pino Solanas, este “antielectoralismo” es el disfraz de su dependencia del centroizquierda. Detrás del “discurso”: “las elecciones están dominadas por la burguesía, lo que interesa son las luchas sociales”, está la renuncia a disputar políticamente con el Frente Grande. Significativamente, “Quebracho”, que declama su “antielectoralismo” a quien lo escuche, decidió no hacer campaña política por el NO en el plebiscito de la provincia de Buenos Aires. Lo de “Quebracho” vale para otras “viudas” del Frente del Sur. El “santillanismo” que practican algunas corrientes (y que el MST ha llevado a niveles grotescos) demuestra, con lo ocurrido en La Plata, que no lleva a ningún lado.

A comienzos de 1994, entre las empresas de electricidad EDENOR y EDESUR y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, se suscribió un convenio, llamado “acuerdo marco”, en el que se fijan las condiciones para la instalación y el suministro de luz en villas y barrios carenciados del conurbano. La noticia no trascendió en los medios y el gobierno provincial, que se presenta haciendo “obra” —y realiza una costosa propaganda en ese sentido— tampoco se empeñó para que no pasara desapercibida. Lo que sucede es que el acuerdo es una “obra” maestra, pero... del fraude y la confiscación al pueblo. En primer lugar, el “acuerdo marco” asegura a los concesionarios privados la recaudación del consumo eléctrico en los barrios comprendidos en este plan de “normalización”. El desfasaje que pudiera existir entre la facturación y el cobro de los usuarios es cubierto por las municipalidades. Para ello, se crea un “canon municipal” (léase impuesto) que se incluye en la facturación de los barrios afectados. Es decir que son los propios vecinos los que concluyen financiando —municipio mediante— a EDENOR y EDESUR. Por supuesto, esto encarece el servicio. En el caso de medidores colectivos, las tarifas por vivienda se fijaron inicialmente en 12 pesos, pero en la actualidad las compañías privadas están ya pidiendo 20 pesos. Pero como si esto no fuera suficiente, se crea un “Fondo Especial” a cargo de los estados nacional y provincial. El primero se compromete a aportar el 18% de la facturación neta correspondiente al suministro a los usuarios incorporados al nuevo régimen. La provincia, a su turno, le reintegra a la empresa, por el lapso de 4 años, los impuestos provinciales y municipales que le hubiera correspondido abonar a las concesionarias. Los impuestos incluidos en la facturación, por lo tanto, se los embolsan integralmente las compañías eléctricas. Este “Fondo Especial”, además de cubrir los saldos impagos que no pueden afrontar los municipios, es destinado a indemnizar a EDENOR y EDESUR por el consumo eléctrico pasado que ambas no pudieron cobrar a raíz del “hurto” de energía y que se fija en la suma de 20.000.000 de pesos para cada empresa. Por último, el “Fondo Especial” será aplicado a la realización por parte de las compañías distribuidoras de “una infraestructura eléctrica en los asentamientos y barrios que integran el presente acuerdo”. Es decir, el costo de la obra también proviene de los fondos públicos. Ni aun así, medidores individuales Luego de semejantes ventajas, se podría suponer que, al menos, los usuarios van a contar con medidores individuales y normalizar su situación. ¡Pero no es así! La instalación de medidores individuales quedaría supeditada a que “la regularización de calles y encauzamiento de la regularización dominial hayan sido realizadas por el municipio”. Es bien sabida la resistencia oficial a extender facturas individuales por los servicios a los millares de pobladores precarios, porque esto representa un reconocimiento de hecho de la propiedad de la tierra que están ocupando. Los planes de urbanización, como viene sucediendo hasta ahora, sucumbirán ante el quebranto en que están sumergidos la mayor parte de los municipios. Por lo tanto, mientras las condiciones mencionadas no se cumplan, persistirán “los medidores colectivos” que a las empresas, por otra parte, les conviene por la escasa inversión que demandan. En las primeras obras que se han hecho, las concesionarias ya han adelantado que se comprometen a colocar medidores individuales donde “sea técnica y comercialmente posible” ... “dándose prioridad a aquellas viviendas regularizadas urbanísticamente en donde se obtenga una mayor recaudación”. En otras palabras, “medidores individuales” para el día del arquero. Cabe agregar que en todos estos emprendimientos, para colmo, el alumbrado público o los gastos que derivase su instalación, es obligación y queda a cargo de la Municipalidad. Municipios gendarmes El acuerdo marco coloca al Estado provincial y a los municipios como gendarmes para asegurar el cumplimiento del mismo. Se procura convertir a la organización de los vecinos de los barrios en agentes de recaudación a favor de las concesionarias, bajo el celoso control, por supuesto, de las municipalidades. El duhaldismo ya ha movido a los punteros y su aparato para encabezar esa tarea, combatiendo cualquier comisión o iniciativa independiente. La comisión de vecinos “será organizada y auditada por la Municipalidad, no admitiendo ninguna otra representación”. Por este medio, por otra parte, se pretende enfrentar y dividir a los vecinos, alentando que grupos de ellos se presten a ser policías de los demás. Recordemos que Pierri, cuando EDENOR y EDESUR comenzaron con los cortes de luz el año pasado, afirmó que sus directivos deberían ser procesados y ser metidos presos. La conducta delictiva de las empresas no ha cambiado: lo que ha cambiado es la conducta del gobierno provincial, que ha cedido en toda la línea frente al chantaje y la extorsión de aquéllas. Los que deben ser procesados ahora, por lo tanto, son Duhalde, Pierri y el gobierno provincial, por su responsabilidad en el acuerdo que legaliza todos estos atropellos. La resistencia ha comenzado Los primeros pasos dados en la aplicación del convenio, ya han generado una resistencia en las barriadas del Gran Buenos Aires (en Villa Jardín, Lanús, se cortó la ruta durante varios días en señal de protesta). Frente a esta situación, planteamos: — Instalación de medidores individuales en cada una de las viviendas. — Entrega inmediata de los títulos de propiedad en barrios y asentamientos. Urbanización (agua, luz, pavimentación, etc.) a cargo de las empresas de servicio público y del Estado provincial, financiada por un impuesto al gran capital. —Rebaja de 50% de la tarifa. Eliminación del canon municipal incluido en las facturas. — Elección en los barrios afectados de comisiones independientes designadas en asambleas y revocables en cualquier momento, y su reconocimiento como la única representación genuina y válida para hablar y negociar en nombre de los vecinos.

En el marco de la campaña por recuperar la legalidad electoral del PO de Santa Fe, un grupo de 6 compañeros nos hicimos presentes en el centro universitario conocido como “La Siberia”, de gran concentración de estudiantes. En apenas 2 horas se consiguieron reunir 180 avales, expresando la actitud solidaria, prácticamente unánime, con la lucha que libra el PO para vencer la proscripción. Esta lucha por la legalidad electoral nacional del PO, es indispensable e inseparable del llamamiento a todos los militantes y organizaciones de izquierda a poner en pie un Frente de Izquierda, como expresión política independiente de los trabajadores y alternativa frente a todas las variantes patronales y proimperialistas. Paralelamente, con la colaboración de los compañeros Gabo y Rodrigo de Buenos Aires, se lograron vender 34 revistas “La Caldera”, lo que nos permite fijar una agitación regular y preparar una línea de intervención en la facultad de Ciencias Políticas, donde se ha verificado un reanimamiento del activismo a raíz del ataque del gobierno contra la Universidad, a través de la Ley de Educación Superior.

La prensa internacional ha acogido con una desinhibida euforia la victoria del opaco Fernando Henrique Cardoso en las elecciones presidenciales brasileñas. Es cierto que la “alegría” no alcanzó para impedir una espectacular caída de las principales Bolsas del mundo, provocada por las noticias de disminución de la actividad y de las ganancias en los Estados Unidos. Sin embargo, lo que indudablemente “impactó” a la burguesía mundial fue la circunstancia de que Cardoso ganara en la primera vuelta y que el hecho estuviera asociado al “plan Real”, el cual promete enormes beneficios a la especulación internacional y a los acaparadores de privatizaciones de empresas públicas. En menos de un mes naufragaron sin pena ni gloria las dos tentativas más importantes del centroizquierdismo latinoamericano para llegar al gobierno, luego de haber agotado todos los recursos a su disposición para complacer al imperialismo y para frenar las movilizaciones y luchas de los explotados. Ha pasado de largo la posibilidad de la izquierda de “ser gobierno”, aunque incuestionablemente por un momento se proyectó como una alternativa. ¿Cómo se explica, sin embargo, la derrota de Lula, que en junio llevaba 25 puntos de ventaja a su rival (o, para el otro caso, la de Cárdenas, que en 1990 le había ganado las elecciones a Salinas de Gortari)? La inmensa mayoría de los comentaristas políticos atribuye la derrota de Lula a la puesta en marcha de la estabilización monetaria, porque ella habría redundado en un rápido crecimiento del poder adquisitivo de la población. Señalan en respaldo de esta tesis que la mayor transferencia de intenciones de voto de Lula a Cardoso se produjo entre los sectores más pobres del electorado. A partir de esto, la derrota de Lula era virtualmente fatal. Ya en dos ocasiones anteriores los planes estabilizadores habían permitido la victoria de los partidos oficialistas; en el caso actual, el partido de Cardoso integraba el gobierno de Itamar Franco. El plan Real, sin embargo, había amputado de entrada en un 30 por ciento el salario real de los trabajadores, al punto que un ex ministro de Economía calificó a esa reducción como la verdadera ancla del plan de estabilización. Por otro lado, los niveles de miseria y de desigualdad social en Brasil son tan grandes, que la estabilización circunstancial de los precios no puede ser suficiente para desplazar la adhesión de las masas de un partido popular y de izquierda a otro conservador y oligárquico, cuyos líderes son poco menos que desconocidos fuera de los círculos académicos. Sin embargo, la adhesión a la tesis de que el plan Real explica la victoria oficialista es tan grande, que sus defensores han sacado la conclusión lógica de que Lula perdió por no haber entrado al gobierno de Itamar Franco, luego de la caída de Collor de Melo, como lo habían intentado algunos de sus integrantes. Un paso más en este razonamiento ha llevado a varios intelectuales e incluso a los editoriales de los diarios a plantear la necesidad de que el PT y el partido de Cardoso se unifiquen, esto para poder gobernar sin la necesidad de que Cardoso mantenga su alianza con la derecha. Es indudable que el monopolio de los medios de comunicación jugó un papel fundamental en la determinación de los resultados electorales, como lo pudo comprobar cualquiera cuando el ex ministro de Economía, Ricúpero, reveló a su pesar de que la red Globo de televisión era el puntero electoral del gobierno, con su audiencia de ochenta millones de televidentes. Lo mismo vale para la manipulación de las encuestas, que fueron proporcionadas en función de las necesidades de la campaña electoral del oficialismo. Pero estos recursos del Estado capitalista ya deberían haber sido descontados por quienes pretenden llegar al gobierno sin luchar contra ese Estado y contra la clase que lo usufructúa. La denuncia de la manipulación de los medios de comunicación sólo sirve para denunciar las limitaciones de la estrategia política conciliadora y servil del PT para superar esos obstáculos. La importancia del plan Real no residió en que estabilizó el poder adquisitivo de los consumidores, sino en el hecho de que dio una salida a la situación hiperinflacionaria prevaleciente, a la cual el PT y los sindicatos no habían dado ninguna. Lula y compañía toleraron durante un larguísimo período que el poder adquisitivo de las masas fuera pulverizado mes a mes a cambio de la “espera” en una victoria electoral. “Valeu a espera”, fue la consigna oficial quedantista del PT. Ahora se sabe que “não valeu nada”. El quedantismo del PT tiene una directa relación con su estrategia proimperialista, porque es en función de ella que se bloquearon las luchas populares y se frenó cualquier posibilidad de una lucha de conjunto. La caída del PT en las intenciones de votos coincide, irónicamente, con el llamamiento que Lula hiciera en junio pasado, desde Estados Unidos, contra una huelga de la policía no militarizada, que llevaba más de un mes, y contra una manifestación campesina en Brasilia. Desde el aborto de la revolución comunista en Alemania, en agosto de 1923, cuando la inflación era de varios millones de porcientos al mes, los planes de estabilización siempre han sido recursos políticos que la burguesía pudo utilizar frente al fracaso de las direcciones obreras. El PT quedó para los más pobres como una salida política abstracta, mientras que aparecía como una salida concreta principalmente para los más ilustrados. En México ocurrió recientemente lo mismo, no solamente con referencia al PRD, sino también al fracaso político de la guerrilla zapatista. Claro que ni en México, ni en Brasil, se ha puesto fin al fracaso de la burguesía para desarrollar efectivamente a la nación y atenuar los antagonismos de clase, lo que asegura la emergencia de nuevas crisis y nuevas oportunidades de intervención política consecuente. Una manifestación muy clara de las contradicciones insalvables de la política petista la brindó su conducta ante la reciente huelga metalúrgica, determinada por el reclamo de un ajuste de salarios en función de la inflación habida desde el lanzamiento del plan económico. El sindicato metalúrgico y la CUT toleraron la intervención gubernamental, que condicionó el aumento a cláusulas de productividad y a que fuera no remunerativo. Lo peor, sin embargo, es que las terminales firmaron sus acuerdos por separado, dejando a los obreros de las autopartistas sin aumento. Esta descomunal traición en vísperas electorales, sólo podía acrecentar la desmoralización de la clase obrera y el abandono de su militancia política. Lo mismo ocurrió luego con los bancarios; la CUT en ningún momento planteó una lucha de conjunto, lo que en los días que corren vuelve a comprometer la huelga de los petroleros. El PT no dio una salida bajo la híper ni tampoco después de ella. Es indudable que un partido aquejado de semejante esterilidad política sólo podría llegar al gobierno como consecuencia de un movimiento popular que supere los diques tradicionales de la burguesía y su propia impotencia, pero este momento no llegó todavía a Brasil. Por eso la burguesía brasileña y mundial, después de elogiar reiteradamente a Lula, prefirió mantenerlo en el banco de suplentes. El PT fue a las elecciones en el marco del frente Brasil Popular, una alianza que incluyó a importantes sectores capitalistas, incluso oligárquicos; en Pernambuco, por ejemplo, llevó como candidatos a conocidos “usineiros” (propietarios de ingenios y de cañaverales), que son el terror de los obreros y de los campesinos de la “mata” pernambucana. En Bahía y en Ceará apoyó de hecho a los candidatos del partido de Cardoso; en Goias presentó a un capitalista multimillonario. Un relevamiento de la prensa mostró que buena parte de la bancada del PT es financiada por distintos lobbys empresariales, en especial los que se oponen a la reducción de los aranceles de importación. La consecuencia de todo esto no fue solamente el debilitamiento y hasta el sabotaje a la posibilidad de cualquier lucha popular, sino que el frente no tuviera en los diferentes Estados candidatos que apoyaran efectivamente la candidatura de Lula o que fueran apoyados por éste. La política de alianzas del PT dejó a Lula sin aliados en todo el país. El retroceso de la candidatura de Lula no sólo coincide con el lanzamiento del plan Real sino también con una crisis dentro del Frente Brasil Popular, que obligó a pedir la renuncia de su candidato a vicepresidente, Bisol, un terrateniente mediano, acusado de haberse valido de sus cargos públicos para tramitar beneficios para su hacienda y para su familia. La crisis con Bisol se arrastró durante un mes, dañando severamente a la candidatura de Lula, como consecuencia de las intrigas montadas por su aliado de Pernambuco, Miguel Arraes, que pretendía imponer un candidato propio a la vicepresidencia. Es probable que toda la denuncia de corrupción fuera dada a conocer a la prensa por el propio Arraes. La política del Frente Popular sirvió para fomentar las intrigas y el sabotaje a la candidatura de Lula. La derrota de éste tiene una sola explicación: los centroizquierdistas son candidatos para la cachetada y sólo pueden triunfar allí donde la burguesía ha agotado, a pesar de ellos, todos sus otros recursos políticos para contener sus crisis y a los trabajadores. La izquierda del PT abrazó con fuerza la política frentista, no la denunció nunca y jamás llamó a la dirección del PT a romper con la burguesía. Dentro de esa izquierda y con esa política actuaron los aliados del Mas y del Mst. Su campaña política estuvo centrada en la certeza de la victoria de Lula y en que no había otra tarea política que asegurar esa victoria en el terreno definido por el Frente Brasil Popular. Como consecuencia de la derrota de Lula, la crisis en esta izquierda será superior aún a la que deberá afectar inevitablemente a la corriente oficialista. Los medios de comunicación de Brasil han propalado a los cuatro vientos que Cardoso había ganado la presidencia en la primera vuelta, cuando no existen pruebas definitivas de que ello sea así, y cuando ni Cardoso ni Lula han proclamado que ése sea el resultado real. Se ha montado con absoluta conciencia un clima de elecciones terminadas con la intención de evitar cualquier posibilidad de segunda vuelta. Tampoco en Brasil los demócratas pueden ganar sin una dosis de adulteración de votos, fuera de los otros poderosos recursos de fraude a su disposición.