Prensa Obrera N° 430

Marta Maffei, secretaria general de CTERA, visitó Córdoba con el objetivo de “preparar” a docentes y burócratas locales para la aceptación de la ley federal. Lo que dejó en claro la heredera de Mary Sánchez es la “necesidad de perfeccionarse” para adecuarse a las exigencias de la nueva ley, y queda clara la voluntad de abandonar todo tipo de lucha en contra de la destrucción de la educación, los despidos en masa de docentes y el cierre de establecimientos secundarios.

Durante la última asamblea de delegados escolares del 11/10, el derrotismo de los delegados frentistas o simpatizantes fue tan escandaloso como la derechización del “Cavallo” Alvarez. La discusión la centraron en el reclamo al gobierno de una jornada de estudio y esclarecimiento sobre la ley federal, y que en última instancia, “si el gobierno no nos la da, la tomaremos”; resulta absolutamente una escandalosa colaboración realizar un paro para que la docencia “aprenda” (en los términos que la patronal pretende) la nueva ley.

La burocracia uepeceísta inició una campaña por mayor presupuesto para educación, y como muestra de su “combatividad”, demostró con números cómo el presupuesto provincial para 1995 es menor que el del 94. Nada dijeron sin embargo de la ley de presupuesto a nivel nacional, y lo que una y otra implican para los trabajadores, la educación, la salud, la investigación, etc.

Pero, La Voz del Interior ya había publicado los números del nuevo presupuesto en su edición del 10/10 “…quedará definitivamente concluido en el ámbito del poder ejecutivo el presupuesto provincial de gastos y estimación de recursos para el año próximo, norma cuyo monto global asciende a los 2.484 millones de pesos, un 7,2% menor al cálculo con el que se cerrará el corriente año”.

Como el nuevo presupuesto fue anunciado con el consiguiente congelamiento salarial a los empleados provinciales, cundió la alarma y pronto reaccionó la burocracia, llamando a los docentes a asambleas por delegaciones departamentales y de delegados departamentales, para parir una nueva truchada: “‘un plebiscito’ o ‘… consulta popular (por él) sí a la educación’, que se concretará del 31 de octubre al 4 de noviembre próximos” (La Voz, 15/10/94). Faltaría que aclaren si el sí a la educación, es un sí a la ley federal.

No le alcanzó sin duda a Grahovac y su corte de burócratas con el “ayuno voluntario” y la “teología de la liberación”; hoy acuden a un nuevo truco para frenar las luchas, ya que el anterior no provocó ninguna adhesión de las bases, como no lo hará tampoco el nuevo. La docencia, agotada por la miseria y la política de derrota que le imprime la burocracia, no guarda ninguna expectativa frente a la nueva “campaña”, la cual ni comentarios produjo, mientras gobierno y dirigentes esperan llegar a fin de año con una “promesa” entre ambos: “extraoficialmente se evaluó la posibilidad (entre Bocco y Grahovac) de acordar algunas medidas que atiendan los reclamos docentes” (La Voz, 15/10/94).

Es un relato maravilloso, como un secreto sacado de un viejo arcón desenterrado de una de las epopeyas más grandes de la clase obrera argentina.

Y contada desde adentro.

De uno de sus mejores representantes.

¡Imperdible!

El que haya salido ahora, estando elaborado hace más de 20 años, coincidiendo con una simultaneidad de salidas de prensas sindicales diversas del partido, quizá nos esté indicando una situación especialmente favorable para el crecimiento del partido y de sus agrupaciones.

El 14 y 15 de octubre se realizó el Congreso Ordinario de la CONADU (gremio de los docentes universitarios), que renovó la Mesa Ejecutiva Nacional. La Corriente Gremial Universitaria, expresión de la mayoría de la Mesa Ejecutiva saliente, obtuvo 50 votos, mientras el opositor Frente Gremial Docente (ver PO 427) sumó 29. En base a estos resultados, el Frente Gremial Docente ocupará dos secretarías —Organización y Derechos Humanos—, que estarán a cargo de los compañeros Silvia Mansilla, Secretaria Adjunta de la Asociación de Docentes de la Universidad de Comahue y dirigente de la agrupación Tribuna Docente, y Pablo Kirschbaum, Secretario General de la Asociación de Docentes e Investigadores de Salta.

El Frente Gremial Docente se convocó a “dar un giro político en el gremio, que lo ponga de pie para enfrentar el ataque de magnitud histórica que este gobierno ha lanzado contra la universidad pública y sus trabajadores”. La plataforma frentista defiende un nomenclador salarial basado en el costo de la canasta familiar “porque entiende que el reclamo salarial debe estar determinado por las necesidades de los trabajadores y no por la adaptación a la miseria que propone este gobierno”, estrategia del oficialismo .

El Frente Gremial Docente denunció la sanción de la Reforma Constitucional “que consagró la posiblidad de reelección del gobierno responsable de la liquidación de la educación pública, y que introduce expresamente en su texto cláusulas que habilitan el arancelamiento de la enseñanza en todos sus niveles en nombre de la ‘equidad’ y la introducción de la enseñanza religiosa en la escuela por la aprobación del Pacto de San José de Costa Rica (artículo 12, punto 4)”. El Frente proclama la defensa de “un sistema de educación público único, gratuito, integralmente financiado por el estado en todos sus niveles incluído el postgrado, laico y científico” y, consecuentemente, se compromete con la lucha por la derogación de la Ley Federal de Educación.

En el terreno del movimiento obrero, el Frente Gremial hace un llamado “a las direcciones sindicales que participaron de la Marcha Federal y el paro del 2 de agosto, al CTA y al MTA, convocándolos a poner en pie una Central Obrera Independiente de toda política patronal, para terminar con la política de Menem-Cavallo y organizar la lucha por las reivindicaciones comunes de todos los asalariados”.

Concluida la elección, el Frente Gremial se ha propuesto mantener su funcionamiento nacional para continuar trabajando por los objetivos que expuso en su plataforma, haciendo de las secretarías conquistadas un punto de apoyo para esta tarea.

Domingo Cavallo ha lanzado una furiosa campaña contra los trabajadores que se han jubilado desde abril de 1991 hasta la fecha, acusándolos poco menos que de saboteadores del destino nacional. Les reprocha defender ante los tribunales un reclamo que sería el responsable de un déficit mensual de 300 millones de pesos de las Cajas de Jubilaciones. Los denuncia con poner en riesgo la estabilidad, el crecimiento e incluso la prosperidad de las futuras generaciones.

La tercera edad ha pasado a encarnar la subversión en este fin de siglo. De la bancarrota financiera se hace responsables a los trabajadores. Ante la situación, Cavallo reclama la plenitud de los poderes, la dictadura financiera —como si hasta ahora hubiera gobernado con otros métodos. Exige al Congreso el voto inmediato de los artículos 14 y15 de la ley de presupuesto, que lo habilitarían para despedir en masa a los empleados públicos, proceder a allanamientos domiciliarios por razones impositivas, derivar los fondos del PAMI y del ANSSal hacia fines diferentes a los que tienen establecidos, aumentar impuestos, decidir el destino de los bancos de provincia, proceder a privatizaciones sin recurrir a licitaciones, congelar todas las claúsulas salariales.

Esta es la finalidad de la campaña de terrorismo financiero desatada por Cavallo. Le acaba de decir a Clarín que quiere ser jefe de gabinete, es decir, asumir los atributos del presidente para hacer frente a una bancarrota que él mismo ha creado y que a él mismo podría significarle sus buenos años de cárcel.

El déficit de las Cajas es, sí, descomunal; ocurre lo mismo, por lo tanto, con el déficit de presupuesto. El plan está amenazado, sí; por eso Cavallo estima inminente una crisis política. No quiere pagarla él, sino hacérsela pagar a sus adversarios y fundamentalmente a los trabajadores.

El déficit es descomunal porque se le han transferido a las AFJP 200 millones de pesos al mes, o sea 2.600 millones de pesos al año. Es descomunal porque se han reducido los aportes previsionales patronales por el equivalente a los 600 millones de pesos anuales, que cuando se extiendan a los servicios producirán una merma de 1.500 millones de pesos. Es descomunal porque se han pagado retiros militares, con los fondos de las Cajas, por 2.200 millones de pesos, y porque se han pagado Bocones en forma anticipada por 1.300 millones de pesos. Es descomunal también porque el traspaso de las Cajas de provincias, con vistas a privatizarlas, agrega otro pasivo de 740 millones de pesos.

En síntesis, el negociado de la jubilación privada y la liquidación de los aportes patronales, sumados a las prebendas a los milicos y a los tenedores de bonos; todo esto es responsable de un pasivo de 10.000 millones de dólares anuales.

¿Qué reclaman los trabajadores que hacen juicios? Que se les reconozca una jubilación acorde al salario que tenían al momento del cese laboral, y no en función del salario de abril de 1991, como exige Cavallo. La tramoya de Cavallo contra estos trabajadores también debe anotarse como dinero no pagado que sirvió para financiar a los especuladores.

Hay que echar a Cavallo. Ya. Porque Cavallo reclama una dictadura financiera para terminar de hundir al pueblo y poder subsidiar a los exportadores, quienes a razón de 250 millones de dólares al mes pretenden cobrar más en concepto de subsidios que por el valor de la producción que venden. Cavallo quiere la dictadura porque está en bancarrota. Por eso el FMI se abrió —para no asumir la responsabilidad por los atropellos y por los delitos políticos y no políticos que el ministro pretende ejecutar.

Los medios para imponer su dictadura financiera se lo ofrece el proyecto de ley de presupuesto. Hay que impedir su aprobación. Hay que echar a Cavallo. Hay que exigir los 450 pesos de jubilación mínima. Hay que defender el cumplimiento del 82 por ciento móvil. Hay que derogar la “jubilación privada”. Los patrones tienen que aportar a las Cajas. Hay que eliminar los subsidios a los exportadores y reducir los impuestos que afectan al consumo, es decir, al salario. Hay que echar a Cavallo. Para ello es necesario ganar la calle, ir a la huelga general, retomar la Marcha Federal.

Todo esto es una necesidad objetiva; de lo contrario pagarán los jubilados, los empleados estatales, los trabajadores, la educación, la salud. Cavallo o las conquistas y los derechos. Fuera Cavallo.

El gobierno menemista se apresta a entregar la Fábrica Militar de Aviones de Córdoba al pulpo norteamericano Lockheed. Antes de fin de año, los norteamericanos se harán cargo de la planta por un período de 70 años a cambio del pago de un canon (alquiler) irrisorio. La entrega de la planta incluye también la cesión de los derechos sobre los aviones Pampa y Pucará, desarrollados por la Fuerza Aérea.

Los contratos incluyen la obligación de la Fuerza Aérea de realizar el mantenimiento y reparación de sus naves en la planta de la Lockheed y también la “modernización” de una partida de vetustos aviones AM4 que el el gobierno norteamericano ha vendido a la Argentina a precio de oro. Está claro que, en estas condiciones, la fábrica —actualmente paralizada— sería enteramente “viable”, sin necesidad de privatización.

Cavallo no ha incluido ninguna partida para el Area Material en el presupuesto 95; en consecuencia, si no es privatizada antes de fin de año, deberá ser cerrada y sus trabajadores despedidos. Con este “dato” en la mano, la Lockheed tiene en sus manos todos los “ases” para imponer sus condiciones “irrisorias”.

Con la entrega de la Fábrica Militar de Aviones —que se suma a la liquidación del Conicet y la entrega de la Comisión Nacional de Energía Atómica—, el gobierno menemista ha liquidado toda pretensión de desarrollo científico y tecnológico independiente.

Ni “Chau colimba”, ni “Gracias, señor presidente”. El servicio militar obligatorio no ha sido derogado ni está prevista su derogación.

Contra lo que dice toda la publicidad oficialista, Clarín informa (22/9) que durante el debate del proyecto de ley en Diputados, fue rechazado un reclamo para establecer la “derogación expresa” de la obligación del servicio militar. El texto aprobado establece, en consecuencia, que “se podrá convocar por ley a prestar servicio cuando el número de soldados voluntarios no alcance a cubrir las necesidades de la defensa nacional” (ídem). El “cupo mínimo” no dependerá sólo de esas “necesidades”, sino también de los salarios que se paguen, los que serán igualmente fijados por el gobierno.

El proyecto se preocupa de reafirmar lo que ya rige en la Constitución: los soldados, sean “voluntarios” o no, podrán votar pero carecerán de derechos de organización política y sindical. La actividad política en los cuarteles seguirá siendo un monopolio del cuerpo de oficiales y los soldados tendrán prohibido defenderse colectivamente frente a los atropellos de las autoridades militares y del propio Estado. El soldado asalariado que prevé el nuevo texto no tiene los mismos derechos que los demás trabajadores.

El proyecto concede “preferencias ... a estos voluntarios para ingresar a la administración pública y adquirir viviendas promovidas por el Estado” (Clarín, 22/9). Se establece una marcada discriminación contra los supuestos “beneficiados” que no hagan la conscripción. Al mismo tiempo, se asegurará la “disciplina laboral” en las dependencias públicas, ya que su futuro personal deberá pasar por cuatro años de adoctrinamiento y regimentación militar.

“Peligra el servicio militar voluntario”

El proyecto aún necesita la venia del Senado y el “decreto reglamentario” del Ejecutivo; sin embargo, ya “peligra” (La Nación, 22/9) por “falta de presupuesto”.

Aunque según el gobierno ya se han adjudicado las partidas presupuestarias necesarias, “fuentes militares (informaron) que esta importante transformación correría el riesgo de fracasar por causa del escaso presupuesto operativo otorgado al Ejército para el año próximo” (La Nación, 2/10). El proyecto anunciado con bombos y platillos a la espera de una catarata de votos en las próximas elecciones está, simplemente, “en el aire”.

En los últimos siete años, el Ejército redujo su presupuesto operativo en el 71% (Punto Crítico, 30/9); “(los militares) ven que muchos de sus equipos son crecientemente obsoletos, el combustible y las municiones para entrenamiento están restringidos”, confirma The Economist (24/9). En estas condiciones, “vamos a incorporar soldados contratados y luego no va a haber dinero para que realicen una mínima ejercitación que corresponde”, según explicó el ex ministro de Defensa radical y actual diputado Horacio Jaunarena.

La prensa dice que el generalato pudo evitar a duras penas los “cacerolazos” de las esposas de los suboficiales en las puertas de los cuarteles y describe la situación interna del Ejército como “tensa”. El pago de una parte de los salarios militares “en negro”... provocó una catarata de juicios de los retirados, que según la ley jubilatoria militar, gozan de un haber del 100% del de los militares en actividad.

Cavallo ha planteado que los fondos para los aumentos y para el presupuesto operativo deberían salir de la “venta de activos militares”, como por ejemplo, los cuarteles de Palermo y quizás, hasta Campo de Mayo, y del ahorro que provocaría la fusión de distintas instituciones militares. Para lo primero sería necesario modificar las leyes vigentes, que prohíben expresamente la utilización de fondos provenientes de privatizaciones para aumentar los salarios; para lo segundo, Cavallo exige en el Presupuesto ’95 que el Parlamento abdique de varias de sus facultades constitucionales en favor del Ejecutivo por un plazo de cinco años.

En su capítulo referido a la “defensa”, un reciente y promocionado estudio del Banco Mundial —“Argentina: de la insolvencia al crecimiento” — recomienda una reducción drástica del número de oficiales (25%) y de generales (50%) para viabilizar el enganche de soldados profesionales. Pero esto no alcanza para resolver el problema, porque los retirados cobran exactamente lo mismo que los activos. Será necesario, además, “reducir las pensiones militares”, como reclama The Economist, mediante “el desenganche del sistema previsional militar del régimen de ingresos de los activos” (Punto Crítico, 30/9). La sola mención del “desenganche” “les hizo sentir (a los militares) que les ponían el dedo en la llaga” (ídem). En su edición del 13 de octubre, Ambito Financiero informa que Cavallo pretende convertir el IAF, la caja jubilatoria militar, en una ... AFJP.

¿El gobierno menemista está en condiciones de afrontar el choque que presupone imponer semejante “racionalización” de las Fuerzas Armadas, precisamente cuando necesita del concurso de las instituciones armadas para acentuar la represión al pueblo trabajador?

El “sueño” de los miles y miles de votos que ganaría con el “servicio militar voluntario” amenaza con convertirse para el menemismo en una pesadilla.

Salazar, el burócrata encargado de administrar los “negocios empresarios” de la burocracia sindical de Foetra (Propiedad Participada, Obra Social, etc.) complota con las empresas para hacer despedir a los que se oponen a su política participacionista. Salazar ha sido acusado recientemente por las farmacias de la Provincia de Buenos Aires de recibir “retornos” millonarios. Larrea, un ingeniero de Telefónica, de Bahía Blanca encabezó una solicitada denunciando esta conducta. El mismo Larrea junto con Néstor Ibáñez, un telefónico de Neuquén, encabezan la lista antiburocrática de la zona Sur del país para las próximas elecciones para ver quien “dirige” la llamada Propiedad Participada (PPP).

Los empresarios capitalistas, en acuerdo con los empresarios burócratas están tratando ahora de hacer “renunciar voluntariamente” a Larrea e Ibáñez.

La PPP es un invento menemista por el cual se “distribuye” el 10% de las acciones de las empresas privatizadas entre los trabajadores, pero con el propósito de sobornar a la burocracia sindical de estos gremios que sería la que “maneja” el paquete accionario. El objetivo menemista es corromper a los trabajadores y a sus organizaciones sindicales, transformando a las mismas en patronales, interesadas no en las revindicaciones gremiales de los trabajadores, sino en la “gestión empresaria” (tarifazos, reducción de personal, aumento de los ritmos de trabajo, etc.).

Pero en el gremio telefónico se ha generado una gran corriente de oposición a la política participacionista de la burocracia, que ha constituido el Frente por la Liberación de las acciones. Esta lista está contra toda “sindicatura obrera” de las acciones y es partidaria de que cada trabajador haga lo que quiera con sus acciones. Esto sería un golpe terrible para los burócratas que quieren “manejar” fabulosas comisiones y se quieren integar a los directorios empresarios. Desesperada la burocracia ante la posibilidad cierta de perder estas elecciones, ha venido maniobrando con los padrones y postergando la fecha de la realización de la misma. Junto con esto, la burocracia quiere violar la ley que instaura la PPP y pretende que Menem saque un nuevo decreto para “autorizar” a los burócratas a comprar las acciones de los trabajadores telefónicos a precio vil. Así pasarían Rodríguez, Guillán, Salazar y Cía. al mundo de los empresarios. Defendamos a Larrea e Ibáñez. ¡Elecciones ya! La lista Naranja de Foetra viene denunciando esta política burocrática, critica el sindicato-patrón de la burocracia y llama a organizarse en todos los edificios para asestar un fuerte golpe a la política colaboracionista de la burocracia. Este es uno de los puntos centrales de la plataforma de acción del Plenario de Trabajadores Telefónicos que agrupa a toda la oposición antiguillanista en la Capital Federal.

“La Matanza es el distrito que muestra los mayores índices de consumo y distribución de droga en todo el país ... Se comercializan cien kilos de cocaína por mes; cada uno de ellos alcanza en el mercado mayorista un valor de 10.000 dólares” (La Nación, 14/10).

“La Matanza sería un oasis para el tráfico de drogas, su Brigada de Investigaciones estaría comprometida con operaciones fraudulentas” (ídem).

Según declaró un oficial del Servicio Penitenciario bonaerense apodado Tribilín, en la oficina del jefe de la Brigada de Investigaciones de La Matanza se planificó la golpiza contra el periodista López Echagüe, que precisamente investigaba las “operaciones sucias” en el Mercado Central, catalogado como uno de los centros de distribución de droga en el distrito, y las conexiones de Pierri en el Mercado. Tribilín confesó haber sido uno de los matones que “marcó el rostro” de López Echagüe y haber recibido por ello 500 dólares de parte del jefe de la Brigada (La Maga, 12/10).

Los “curros” municipales más “tradicionales”, como la sobrefacturación de los gastos de la comuna, suman millones.

Todas estas denuncias, que han brotado como una catarata en la última semana, radiografían las “bases de sustentación” del régimen duhaldista en toda la provincia: la privatización de los casinos, que Duhalde “empujó” desaforadamente en la Constituyente, es el ámbito adecuado para “limpiar” el “dinero sucio” de estas y otras operaciones.

Las “novedades” periodísticas golpean de lleno a Duhalde y a Pierri, lo que explica el denodado esfuerzo por evitar la difusión televisiva de un programa especial de investigación sobre “la corrupción en La Matanza”.

Distintos comentaristas han arriesgado la hipótesis de que el menemismo estaría interesado, cuando menos, en la difusión de las denuncias con el objeto de golpear a Duhalde y liquidar la candidatura de Pierri, que pretende imponerse como vice de Menem. Se trataría, en consecuencia, de la explosión de una crisis política palaciega, aunque no la única, como lo revela el reciente enfrentamiento público entre Sofovich y Neustadt.

La patronal de Eseba respondió con 23 despidos a la denuncia efectuada por el sindicato del contrato de “privatización” del sistema de computación de Eseba, entregado por 70 millones de dólares a una empresa fantasma encabezada por la novia del director Flounbaum.

A partir de allí, los trabajadores de Luz y Fuerza (“expulsada” de la Federación de Lescano) desplegaron una de las luchas más importantes del último período: en masivas asambleas se votó defender a los compañeros, hubo paros y movilizaciones en Mar del Plata y en La Plata, y se montó una olla popular y una carpa solidaria en la puerta de Eseba. Un petitorio ya juntó 70.000 firmas. Así se arrancó la reincorporación de 20 compañeros.

Esta movilización lucifuercista de rechazo a la “privatización” de Eseba, produjo un realineamiento en el Frente Grande, el cual inicialmente planteó denunciar la “corrupción” pero no luchan contra la entrega. ATE y SUTEBA boicotearon abiertamente un acto, incluso, contra la “corrupción”, para privilegiar la organización del Congreso del Trabajo y la Producción en Mar del Plata y el lanzamiento de la candidatura de Baldino (SUTEBA) como intendente.

Con el pretexto de “ampliar la lucha a otros sectores sociales”, estas organizaciones evitan los principales reclamos (“jubilación privada”, “reforma laboral”, destrucción de las conquistas jubilatorias) y aislan la lucha de L y F.

El acto del 7 de setiembre

El acto —200 compañeros— registró la presencia de otras organizaciones sindicales, vecinales y partidos de izquierda.

La clasista lista Celeste, del Pescado, en la voz de Mamerto Verón, denunció a todos los bloques que votaron a cuatro manos la reforma reaccionaria de la Constitución; llamó a fortalecer las luchas y la unidad obrera para llevarlas a la victoria y a impulsar una central obrera independiente (fue, por lejos, la intervención más aplaudida).

José Rigane, secretario de Luz y Fuerza, trazó un cuadro agudo de la corrupción capitalista y de los negociados en torno a Eseba, la segunda “Caja política” de Duhalde —luego del Banco Provincia. Defendió los “viejos” (e insuperables) métodos de lucha del movimiento obrero, reivindicando la utilización del paro, la movilización y las ollas populares.

Intervino también Cayo Ayala, de la mesa del CTA, apuntando en una sola dirección: la de organizar el Congreso del Trabajo y la Producción y privilegiar la alianza con los sectores allí nucleados, la que equivale a “fundir” la acción de la clase obrera detrás de una política patronal.

En un acto dominado políticamente por las ilusiones en el FG y la “patronal nacional”, estuvo presente, sin embargo, una corriente obrera que desconfía de estas variantes.

A estos compañeros los llamamos a forjar un Frente de Trabajadores.

Hasta enero pasado, las Cajas de Jubilaciones tenían un superávit de más de 500 millones de dólares mensuales, lo que equivalía a unos 7.000 millones de dólares al año. Esto ocurría incluso cuando la evasión patronal era estimada en más del 40 por ciento; aún hoy, el 32 por ciento de los trabajadores del Gran Buenos Aires se encuentra registrado en negro, lo que automáticamente significa que las patronales se quedan con los aportes de su personal. Si se eliminaran estos ilícitos, el superávit de las Cajas habría podido ser duplicado —a mil millones de pesos al mes y de doce a catorce mil millones de pesos anuales.

A la luz de estas cifras, resulta claro que los juicios contra el Estado que está criticando Cavallo, no podrían causar un déficit jubilatorio, por más fantasiosas que sean las sumas en disputa.

Lo que ha ocurrido, en realidad, es que Cavallo dilapidó ese superávit y armó un déficit gigantesco como consecuencia de las colosales prebendas que ha otorgado a los capitalistas, esto en apenas un par de semanas. Es así que redujo los aportes patronales en el orden del 30 al 80 por ciento en ciertas industrias y regiones, aun sabiendo que, como consecuencia de la privatización de la previsión social, el Estado sería privado del aporte de los trabajadores que se pasaran a una AFJP. Se estima que las Cajas oficiales perdieron unos cien millones de pesos por mes como resultado de esas rebajas y luego otros 200 millones como resultado de las transferencias a las AFJP. De esta manera, Cavallo dilapidó un superávit que habría permitido aumentar a los jubilados y elevar el haber mínimo a 450 pesos, para favorecer en cambio a un puñado de grandes capitalistas y al conjunto de los patrones.

No conforme con esto, Cavallo procedió también a cargar a las Cajas el pago de los jubilados de las provincias, cuyas Cajas fueron transferidas y privatizadas, lo cual agrega 740 millones de pesos al pasivo de las Cajas nacionales. Pero, además, Cavallo pagó con dinero de las Cajas las jubilaciones militares, por 2.200 millones de pesos, según informa Ambito Financiero. Por si esto aún no fuera suficiente, destinó unos 1.300 millones de pesos a la cancelación anticipada de Bocones previsionales, con la inconfundible intención de elevar la cotización de estos títulos y anular las pérdidas que estaban “sufriendo” sus poseedores bancarios. Ambito Financiero estima en 800 millones de pesos al año la amputación adicional que sufrirán las Cajas cuando se reduzcan los aportes patronales en las empresas de servicios. En resumen, el brillante alumno de Harvard, como se empeñan en recordar sus alcahuetes, procedió en diez meses al más intenso saqueo de fondos jubilatorios que jamás haya tenido lugar en la historia del latrocinio (robo) argentino.

Cavallo pretende superar esta situación mediante un golpe de estado financiero, como es su reclamo de que se le otorgue la suma del poder presupuestario para echar gente, destinar dinero del PAMI a fines diferentes a los establecidos, hacer lo mismo con el dinero del ANSSAL, obligar a las empleadas domésticas a aportar a las Cajas y a pagar impuestos, y por último, incrementar la deuda pública con la colocación de nuevos empréstitos.

Como se puede constatar, los juicios contra las Cajas por liquidación incorrecta de jubilaciones, nada tienen que ver con el déficit. Por el contrario, demuestran simplemente que Cavallo financió una parte de las prebendas a los capitalistas mediante la disminución fraudulenta de las jubilaciones. Ocurre que Cavallo pretende que se viole la ley, pagando a los que se han ido jubilando con posterioridad a la sanción de la ley de convertibilidad, de acuerdo al salario vigente en abril de 1991, y no a la fecha del cese laboral, cuando el salario ya era mayor, según lo demuestra el índice salarial del INDEC. Cavallo pretende que los trabajadores que se retiraron antes de la sanción de la jubilación privada, cobren una jubilación que no tenga en cuenta la inflación del 60 por ciento que se ha producido desde la sanción de la convertibilidad hasta la fecha.

Cavallo reclama la dictadura financiera porque, además, está comprometido a subsidiar la exportación por 250 millones de dólares al mes, es decir, tres mil millones anuales. Para financiar este saqueo económico ha salido a la caza de los autónomos. El negociado de los subsidios por exportación ha llegado al extremo de que Argentina ha comenzado a exportar un oro que no produce, lo cual encuentra su explicación en que importa oro que viene subsidiado de afuera y es reexportado con una modificación de etiqueta. El comercio del Mercosur e incluso el internacional se ha transformado en un juego de facturaciones subsidiadas, lo cual explica por qué el comercio internacional ha crecido (ficticiamente) durante un período de caída del ingreso o producto mundial.

El gobierno del “equilibrio fiscal” se ha revelado como una administración fiscal fraudulenta, que ha servido a la burguesía como una sopapa de seguridad frente a la crisis económica. El derrumbe fiscal delata así el agotamiento del plan económico, y éste la inminencia de una crisis política. Pero para los trabajadores, todos estos hechos deben servir para comprender que no hay que permitir que Cavallo viole los compromisos jubilatorios del Estado; que hay que impedir que se le otorgue la suma del poder financiero; que hay que enfrentar la ley de presupuesto, la cual sacrifica el ingreso de los trabajadores en favor de los subsidios a los grandes capitalistas; que está planteada objetivamente una movilización decisiva contra los planes del gobierno —es decir, una huelga general y una nueva Marcha Federal.

Si todo estudio serio y profundo de la historia del movimiento obrero y de sus luchas es siempre bienvenido y necesario, cuánto más lo es un libro como “Sitrac-Sitram. Del Cordobazo al Clasismo”, que amén de reunir esos requisitos tiene la virtud de haber sido escrito por uno de los protagonistas de los acontecimientos. Su autor es Gregorio Flores, dirigente del Sitrac-Sitram, uno de los exponentes más altos del sindicalismo clasista, que —según el propio Gregorio— es aquél que “tiene como finalidad agrupar a los obreros como clase social para la lucha contra el régimen de explotación; por eso decíamos que entre los patrones (explotadores) y los obreros (explotados) no había conciliación posible (porque) un gobierno burgués, aún el más democrático, no suprime el antagonismo que existe entre explotados y explotadores”.

Detenido político —sin proceso ni juicio— por la dictadura de Levingston, andando el tiempo Gregorio Flores se unió al Partido Obrero y fue su primer candidato presidencial en 1983. Gregorio Flores dedica éste, su primer libro, a Alfredo Curutchet —asesor legal y militante de los sindicatos de Fiat Concord (Sitrac) y Materfer (Sitram)—, a Guillermo Castelo, dirigente de la fábrica Materfer, y “a todos aquéllos que cayeron luchando contra ese tumor maligno que tiene el movimiento obrero y que se llama burocracia sindical, a los que enfrentaron a las sanguinarias dictaduras militares y contra el capitalismo”.

De entrada nomás, el autor define explícitamente el objetivo de su obra: “Hacer un balance de nuestra experiencia para ayudar a sacar conclusiones a esa camada de nuevos dirigentes y activistas ... que quienes venían detrás nuestro pudieran corregir nuestros errores y asimilar las mejores enseñanzas para continuar en esa difícil tarea de organizar a los trabajadores con independencia de las otras clases y de su Estado patronal”. Se trata pues, no de un mero “estudio histórico” sino, y ésta es una de sus virtudes, de un libro militante.

Del principio al final, “Sitrac-Sitram ...” está estructurado en torno a una idea: la necesidad de que las organizaciones de los trabajadores se independicen de la tutela de la burocracia, las patronales y el Estado. A través de sus más de cien páginas, Gregorio desmenuza cómo el Estado funciona siempre como una máquina de represión y de desorganización de los trabajadores, cómo la burocracia está integrada y entrelazada con las patronales y el Estado y cómo actúa como un gendarme dentro de las organizaciones obreras en favor de los patrones. Y todo esto lo hace con innumerables ejemplos, todos ellos extraídos de su propia experiencia práctica como obrero y como dirigente sindical, y por lo tanto, al alcance de la comprensión de cualquier delegado y activista. Mediante esos ejemplos, Gregorio pone en evidencia “una constante que se da en todo enfrentamiento entre la patronal y los trabajadores ... el Estado y la burocracia se ponen del lado de los patrones y en contra de los trabajadores”.

A través del relato de las experiencias de las derrotas y las victorias obreras que lo tuvieron como protagonista, el autor no sólo reivindica los medios de lucha históricos de la clase obrera —las huelgas, los piquetes, las ocupaciones con toma de rehenes— sino que además pone en evidencia su carácter inevitable y necesario cuando lo que se pretende es derrotar a la “trilogía” de los patrones, el Estado y la burocracia.

“Sitrac-Sitram ...” no es, pese a todo esto, un libro sobre “sindicalismo”. Es, por sobre todo —y ésta es su mayor virtud y su mayor enseñanza— un libro sobre política. Gregorio Flores no analiza la historia del Sitrac-Sitram como un dirigente sindical, sino como un político de la clase obrera, y lo que el libro pone a discusión es la política que debe asumir la vanguardia obrera para luchar y asegurar la independencia de las organizaciones sindicales.

“La columna vertebral de un planteamiento para la formación de un movimiento antiburocrático es la independencia política y organizativa respecto al Estado y al nacionalismo burgués”, escribe Flores. Gregorio pone en evidencia la incompatibilidad entre la dominación de la burguesía y la independencia de los sindicatos en la época del imperialismo: “En el actual momento histórico, el capitalismo como forma de ordenamiento social está en decadencia, en descomposición y en consecuencia en un país dependiente como el nuestro los márgenes para resolver los problemas de la población laboriosa son cada vez más estrechos. Esto hace que la burguesía no pueda tolerar direcciones sindicales que lleven adelante los reclamos de los trabajadores ...”.

La conclusión, inevitable, es que sólo una política revolucionaria, socialista, anticapitalista puede mantener la independencia de los sindicatos —y su consecuencia inmediata, la democracia sindical. Y esa política revolucionaria, por fuerza, no puede limitarse al “sindicalismo”. “Si como hasta ahora (la clase obrera) se limita a la lucha sindical, la burguesía y el imperialismo tienen miles de formas distintas de maniobrar para hacer que una conquista económica lograda hoy, mañana no tenga importancia”.

La evidencia de que la cuestión de la independencia de los sindicatos y de la lucha consecuente por las reivindicaciones más acuciantes está ligada de manera indisoluble a la asimilación del programa revolucionario, marxista, por parte de la vanguardia obrera, la muestra Gregorio Flores cuando verifica que “Todas las variantes sindicales reformistas y seudocombativas han terminado adaptadas e integradas al Estado burgués”. A quienes Gregorio califica, y con toda la razón, como “renegados” —Piccinini, Gdansky, el Barba Gutiérrez, Guillán, Mary Sánchez—, que “tomaron el poder” en sus sindicatos como opositores para terminar entregando a los trabajadores a las patronales y al gobierno, tienen en común el hecho de que “no cortaron su cordón umbilical con el nacionalismo burgués”. A través de las páginas, Gregorio va poniendo en evidencia una lección fundamental para todo activista antiburocrático: que la vanguardia de la clase obrera debe estructurarse políticamente, es decir, como partido político de clase, para llevar adelante una lucha victoriosa contra la burguesía, su Estado y sus sirvientes.

“El objetivo del activismo —escribe el autor— no puede limitarse a corregir errores, sino que debe superarlos, sacando enseñanzas de nuestra propia historia, que no muestra otra cosa que la impotencia de la clase capitalista nativa, aun de sus fracciones más progresistas, para cumplir con las tareas de la independencia nacional”. La conclusión es que “Si en verdad se quiere terminar con los ciclos de frustraciones a las que hemos sido arrastrados por las dictaduras militares y los gobiernos constitucionales, hay que construir una alternativa independiente ... un partido obrero de masas que sea capaz de organizar y dirigir los próximos enfrentamientos ... nuestro propio partido ... un partido aguerrido en la lucha, disciplinado, fuertemente cohesionado ideológicamente, con un definido carácter clasista”. “En esa perspectiva —finaliza diciendo Gregorio— se orienta el Partido Obrero”.

* * *

“La función de un dirigente clasista, más allá de la lucha reivindicativa, es educar a los trabajadores en la comprensión sobre el régimen de explotación capitalista, el rol del Estado y sus instituciones y el de los partidos patronales, que aunque se definan populares, representan intereses contrarios a los de los trabajadores”. Pero para enseñar, es necesario aprender. “Sitrac-Sitram. Del Cordobazo al Clasismo”, es una herramienta invalorable para la educación clasista y revolucionaria de la vanguardia obrera y sindical.

La burocracia cegetista y las patronales están ultimando los detalles de la nueva ley de accidentes de trabajo; se trata de una calamidad para los trabajadores, porque elimina la indemnización, al establecer que en caso de invalidez o muerte por accidente laboral, el trabajador (o su familia) sólo recibirá la pensión previsional de invalidez (o viudez).

El proyecto elimina incluso las llamadas enfermedades-accidente, que son las que se producen como consecuencia de la falta de normas de seguridad e higiene en los lugares de trabajo y que pueden determinar sorderas, pérdidas de visión, etc. A su vez, determina que van a ser reglamentadas las enfermedades profesionales, lo que significa que serán restringidas al máximo.

El proyecto elimina toda responsabilidad laboral y civil de las patronales por los accidentes que se produzcan en los lugares de trabajo, incluso si fuesen por la falta de normas de seguridad e higiene o por elevados ritmos de trabajo.

Este proyecto tiene claras connotaciones criminales, ya que reduce casi a cero las penas económicas y civiles de las patronales. Si hasta ahora, con el pago de indemnizaciones y con responsabilidad civil, había 300.000 accidentes de trabajo por año, de aquí en más esta cifra puede irse a las nubes, porque le resultará más barato a las patronales el accidente de un trabajador que las inversiones que podrían evitarlo.

ART

Este proyecto se implementaría a través de las llamadas Administradoras de Riesgos de Trabajo ( ART), que reemplazarán a las compañías de seguro en la contratación de las pólizas. Como sucede con las AFJP, los sindicatos, los bancos y grupos económicos podrán formar las ART. Esto, que disgusta obviamente a las compañías de seguros, provoca la euforia de la burocracia sindical y de los bancos.

A diferencia de lo que sucede ahora, en que el seguro es optativo, todas las patronales estarán obligadas a contraerlo en las ART. Aquí es donde se produce la primera divergencia entre la burocracia sindical y la Unión Industrial, ya que las patronales pretenden mantener la opción o la posibilidad del autoseguro. Los Macri, Pérez Companc o Techint quieren tener el negocio de esta póliza para sí, sin tener la necesidad de compartirlo o entregarlo a otros. Por medio del autoseguro pretenden también fijar ellos las normas de seguridad e higiene, sin tener que rendir cuentas a nadie, y menos a las ART.

La burocracia, en cambio, quiere que el seguro sea obligatorio y que además se encuentre estipulado en los convenios de trabajo, para asegurar la póliza para sus respectivos gremios, al estilo de las actuales obras sociales. Según la Unión Industrial, “los sindicatos quieren formar compañías de seguros que monopolicen los aseguramientos del sector, vía convenios colectivos de trabajo” (La Nación, 7/10/94).

Al eliminar las indemnizaciones y las enfermedades-accidente y al limitar las enfermedades profesionales, la burguesía lograría el gran objetivo de “abaratar costos” en detrimento de la salud y de la vida de los trabajadores. Además, afianzaría a la jubilación privada, esto porque en caso de un accidente de trabajo mortal, por ejemplo, la familia del trabajador cobraría la pensión de viudez (49% del sueldo promedio de los últimos 5 años) a través de la ANSeS o de la AFJP, según donde haya estado afiliado el trabajador. En ese caso, la ART le giraría a la ANSeS o a la AFJP los fondos para que éstos puedan pagar esa pensión.

Automáticamente, entonces, las invalideces y muertes por accidentes de trabajo, que hoy cubre el régimen previsional, quedarán absorbidos por las ART. Con esta medida, las AFJP podrán bajar una parte del costo del seguro, que hoy es del 20% del aporte, y “enganchar” a más trabajadores a las AFJP con el argumento de que ahora la capitalización del aporte podría ser mayor, porque se reduce la comisión total de las AFJP. Esa baja sería transitoria, para captar afiliados, y luego volverá a subir una vez que las AFJP monopolicen el sistema. El trabajador “pagará” con mayores ritmos de trabajo y con su vida, toda este sumatoria de atropellos.

La consecuencia de este engendro será un florecimiento de los accidentes, una intensificacion de los ritmos de trabajo y la flexibilidad a ultranza, que es el objetivo fundamental de los explotadores.

Abajo la ley

Lo que los trabajadores deben comprender es que están en juego la intensificación de los ritmos de trabajo, la seguridad laboral y su propia vida. Por eso, el Partido Obrero plantea luchar contra este engendro criminal, planteando como primer punto la elevación de la indemnización por accidente de trabajo y la responsabilidad civil de las patronales, de manera de obligarlas a respetar las normas de prevención, higiene y seguridad laboral.

Al mismo tiempo, planteamos la formación de comités obreros que tomen a su cargo el control de los ritmos de trabajo y las normas de seguridad en las fábricas, para evitar que ocurran los accidentes y obligar a las patronales a que metan plata en seguridad en el trabajo.

Finalmente, todo el sistema de seguridad debe estar a cargo del Estado, financiado con un impuesto especial a los capitalistas.

La modorra y la tranquilidad siestera del provinciano, satirizada hasta el ridículo en las anécdotas y tiras cómicas de los medios, en nuestra ciudad, como otras del interior, el 30 de agosto de 1994 quedó desmistificada.

¿Qué bicho raro o tábano sin su parte trasera, tuvo la gracia de modificar la siesta y la tan remanida frase de que aquí no pasa nada? Sí, los insectos, y en gran número, que motivaron el levántate y échalos, tenían nombre y apellido: D.G.I.

La magna movilización, generada por la presencia de los insectos de MENEM-CAVALLO, logró reagrupar a comerciantes, obreros, desocupados y pueblo en general en un solo puño; muchos se preguntarán y se preguntan, cuál fue el factor aglutinante de esta masa heterogénea de compañeros lanzada a las calles a manifestar por sus derechos; y la respuesta es una sola: el 80% de la sociedad es atacada a diario por este plan económico hambreador y excluyente, y cuando surge la posibilidad de expresarse masivamente, el pueblo no la desaprovecha y golpea.

El Partido Obrero apoya incondicionalmente este movimiento espontáneo y se permite denunciar, ante el silencio y la complicidad de todo el arco político, que esta maratón policíaca de los agentes de la D.G.I. responde exclusivamente a llenar el enorme hueco financiero del quebrado plan de convertibilidad.

Compañeros, hay que señalar crudamente y sin medias tintas que la posición tomada por los concejales, intendente y Romero Feris no solucionan ni dicen nada. Concejales, intendente y gobernador han coincidido en la suspensión transitoria de las medidas confiscatorias que los agentes de la D.G.I. deben realizar.

Algunos de ellos han aventurado decir que gestionarán algo en Buenos Aires o que es tarea parlamentaria de largo plazo; tonterías, qué gestión o tarea parlamentaria se puede hacer cuando todos y a boca suelta vociferan como cacatúas que no hay otro plan y todos los partidos patronales han votado en el parlamento y el senado este plan de expropiación a trabajadores y productores.

Tampoco se trata de cuestionar la metodología del operativo, si es con policía o sin policía, o si es con prepotencia o con lenguaje académico.Compañeros, démosle un coco refrescante al que plantee este soberano disparate; el eje de la cuestión es si nos meten la mano en el bolsillo y nos esquilman los cuatro mangos locos que podamos tener.

Compañeros, todo movimiento se demuestra andando, no lo detengamos, profundicémoslo, no deleguemos en funcionarios nuestro accionar, ellos ya han demostrado sobradamente que no defienden nuestros intereses, mantengamos con todas nuestras fuerzas la independencia política.

El desafío no es menor, mañana volverán y sólo si nos encuentran unidos como ayer y con las ideas claras podremos enfrentarlos; no es casualidad que todos los pueblos del interior hayan reaccionado de la misma manera, lo menos que podemos hacer, en nuestra región, es debatir un plan de lucha y coordinar con cada pueblo vecino un accionar conjunto de medidas de acción directa acorde con las circunstancias que se presenten.

Desde hace casi tres semanas, los estatales chaqueños vienen protagonizando paros y movilizaciones masivas contra la transferencia del Instituto de Previsión Social a la Nación. Aunque el traspaso es el eje de esta lucha, cada sector estatal ha salido a la calle con sus propias reivindicaciones: aumentos y bonificaciones salariales adeudadas, atrasos en el pago de los sueldos y la efectivización de contratados.

“Pacto de gobernabilidad” y movilización popular

A comienzos de octubre, el gobernador Tauguinas (Acción Chaqueña) y los menemistas provinciales concurrieron a Buenos Aires a firmar un “pacto de gobernabilidad”. A cambio de un auxilio financiero inmediato (adelantos de coparticipación) y del aval nacional para que la provincia “acceda al crédito internacional”, el gobierno chaqueño entregaba la caja previsional a la Nación. Como parte del acuerdo, los procesistas postularían a Menem en la boleta electoral de ACHA en mayo de 1995. De este modo, la quiebra de la provincia (causada por los desfalcos capitalistas contra el Banco del Chaco y las corruptelas con contratos públicos) se levantaba ahora para justificar la entrega de 60.000 afiliados del IPS a las AFJP. Conocidos los términos del “pacto”, los gremios estatales resolvieron una masiva movilización sobre la legislatura, el día en que debía sancionarse el traspaso del IPS. La marcha fue repelida con una durísima represión policial. En repudio a la provocación represiva, los gremios estatales votaron un paro general (jueves 6 de octubre) que fue acompañado por gran parte de la población trabajadora chaqueña.

La trampa de la ley 4044

La decisión del traspaso fue postergada, en medio de la movilización popular y de la división de los bloques patronales. Mientras el ACHA y un sector menemista defienden la transferencia del IPS, la mayoría del PJ y la UCR oponen al traspaso la actual ley 4044 de “emergencia previsional”. La 4044 conculca diversas conquistas previsionales, al punto de disponer quitas sobre los haberes de los pasivos e incrementar el porcentaje de los descuentos a los activos. La tesis de este bloque es que, para impedir el traspaso, los trabajadores deberían solventar de su bolsillo la crisis del IPS. Los gremios estatales (UPCP, ATECH), se han alineado tras este planteamiento.

Después del paro del jueves 6, ante la posibilidad de una rebelión popular, todos los bloques patronales (“procesistas” y menemistas incluidos) decidieron postergar el traspaso, y ratificar la 4044 “con modificaciones”: entre ellas, la suspensión de todos los juicios de pasivos contra el Estado provincial. Por supuesto, la legislatura ratificó el régimen de quitas a los haberes de los jubilados. Los legisladores opositores cantaron enseguida “victoria” , pero lo cierto es que la legislatura solamente devolvió el proyecto a comisión y “dejó abierta la posibilidad de su tratamiento en cualquier momento” (Norte, 13/10)

Después de tres meses y medio de sistemáticas y efectivas huelgas semanales de 48 horas fue levantado el plan de lucha de los señaleros británicos sin que se alcanzaran las reivindicaciones que motorizaron la huelga.

Aunque la patronal —la empresa estatal ferroviaria— no logró quebrar la huelga e imponer los “convenios individuales” y debió aceptar una reducción de la extensión de la semana laboral, no se quebró la “pauta salarial” (2.5% anual) establecida por el gobierno para los trabajadores estatales, principal reclamo de los huelguistas. Los aumentos acordados por encima de la pauta están subordinados a cláusulas de productividad y de “polifuncionalidad”, es decir a la superexplotación obrera.

La burocracia sindical ejerció un férreo control sobre el movimiento en todas sus etapas; la forma en que fue levantada la huelga es una perfecta pintura de la dominación burocrática. El presidente del sindicato anunció haber arribado, en negociaciones secretas con la patronal, a un “acuerdo excelente” ... sin explicar en qué consistía exactamente. Como la legislación británica exige votaciones para convocar y levantar las huelgas, los señaleros fueron invitados por sus dirigentes a través de la TV a expresar su voto ... por teléfono. Sin que nadie pudiera certificarlo, la burocracia anunció que un 60% de los señaleros había votado a favor y un 10% en contra.

Durante el transcurso del plan de lucha, la burocracia se dio como norte mantener el movimiento aislado, movilizando apenas a una pequeña fracción de los ferroviarios, la menos numerosa y concentrada, bloqueando toda posibilidad de llevar a la huelga general a los 120.000 ferroviarios, todos al mismo tiempo, para derrotar al gobierno y a su pauta salarial de miseria y para enfrentar la inminente privatización.

Precisamente, con la privatización a la vista, con la huelga y, particularmente, con su levantamiento “telefónico”, la burocracia ha logrado “valorizarse” ante los futuros dueños del ferrocarril, demostrando su completo dominio sobre las bases sindicales.

El levantamiento del movimiento de los señaleros, al que hay que agregar el levantamiento del anunciado paro de los subterráneos londinenses, se produjo exactamente en las vísperas del congreso del Partido Laborista, lo que le ha evitado tener que pronunciarse en favor de los huelguistas. El partido de la burocracia de los sindicatos ha querido así demostrar a la burguesía la seriedad de su conversión en “un partido de todos los británicos”.

La Intersindical Estatal de Santa Fe (AMSAFE, UPCN, ATE, Municipales, entre otros) llamó a un paro de 24 horas para el 6 de octubre, para hacer oír sus reclamos sobre la Caja de Jubilaciones, el salario y la privatización del Banco Provincial, entre otros temas. El paro tuvo un importante acatamiento entre los municipales de Rosario, en el Banco de Santa Fe y en las reparticiones de la administración pública y menor alcance en los hospitales y en docentes. En estos sectores surgió un duro enjuiciamiento del activismo a la medida, porque no responde a un plan de lucha y por las características del “programa“ levantado por la Intersindical. Se reclama “a igual tarea igual salario”, sin precisar el aumento que se debería reivindicar. Sobre la Caja Jubilatoria, persiste en la defensa de un “consenso” con el gobierno a espaldas de los trabajadores, que pase a derogar el 82% móvil y elevar la edad jubilatoria. Sobre el Banco Provincia, plantea “acordar por consenso... la instrumentación de las modificaciones necesarias”, sin referirse a la intención oficial de establecer “una cláusula de flexibilización laboral (que) haría pender de un hilo una cara conquista gremial: la estabilidad de los empleados del banco oficial” (La Capital, 27.9).

La Intersindical ha convocado a un nuevo paro para el 20, con movilización en la capital provincial.

El gobierno ha ofrecido un “aumento” salarial que equivale a una provocación: 25 pesos a los estatales y 12,50 pesos a los docentes, y se niega a ofrecer garantías de que la Caja no será transferida ni privatizada. Luego del paro del 6, se conoció “la sorpresiva aparición en el proyecto de presupuesto 1995 de un aumento en el aporte personal de los activos del 13 al 14%“ (La Capital, 13/10).

Los hospitales Baigorria y el Provincial llamaron a asambleas el día 6 y votaron impedir la destrucción de la Caja y de las conquistas jubilatorias —defensa del 82% móvil y de la edad de retiro—, aumento de emergencia de 200 pesos, coordinadora interhospitalaria en defensa de la Caja (ver notas).

Entregando las conquistas, ¿salvamos la Caja?

Los dirigentes de la Intersindical han acordado con el gobierno (tal cual figura en el anteproyecto de ley que ahora distribuyen): a) la elevación de la edad jubilatoria, hoy en 55/60 años, b) la reducción de las jubilaciones, modificando la base de cálculo del haber al cese (de los tres mejores años a los últimos 10), c) la eliminación de las jubilaciones anticipadas, que afecta a los docentes que hoy se jubilan con 25 años al frente de grado y sin límite de edad, o a los estatales con tareas insalubres, y d) la modificación del sistema de jubilaciones por invalidez y la liquidación del 82 % móvil.

Justifican esta posición diciendo que ello eliminaría el “déficit” de la Caja y evitaría su traspaso a la Nación y a las AFJPs. Pero con la liquidación del 82% móvil y la elevación de la edad jubilatoria se acercan al “modelo” de la “jubilación privada” y facilitan el tránsito a una AFJP.

El gobierno provincial no se opone al traspaso de la Caja Jubilatoria, pues la provincia ya interviene en ORIGENES, la AFJP del Banco Provincia de Buenos Aires; la relación Duhalde-Reutemann no es sólo afectiva.

“¿Déficit?”

Sugestivamente, todas las Cajas provinciales, todos los fondos compensatorios que eran superavitarios hasta hace no mucho tiempo, han comenzado a tener “déficits”. Sugestivamente, Cavallo ofrece hacerse cargo de tales “déficits”.

Los gremios y el gobierno están de acuerdo en la “teoría” del “déficit”, sin advertir que éste se originó en el desvío de los fondos que pertenecen a la Caja y en las jubilaciones de privilegio del Poder Legislativo o el Poder Judicial, y los retiros y pensiones policiales.

Después de una semana de huelga con ocupación, 300 mineros de la carbonífera Schwagger, en Coronel (500 kilómetros al sur de Santiago), se han encerrado en un pozo de la mina a 800 metros de profundidad y han suspendido todo contacto con la superficie hasta tanto el gobierno acceda a sus reclamos de jubilación anticipada.

La huelga comenzó poco después de que 21 trabajadores murieran quemados en una explosión en el interior de la mina. Inmediatamente los trabajadores ocuparon las galerías, que no han desocupado hasta el presente. Pocos días después, un nuevo accidente en la vecina mina estatal de Lota mató a otros tres trabajadores. El entierro de los muertos en la Lota, del que participaron 7.000 trabajadores de toda la región, se convirtió en un acto de repudio al gobierno y a las patronales.

Las muertes son la directa consecuencia de la política de “racionalización, reconversión y reducción de costos” emprendidas por las patronales y el gobierno para “salvar” la minería en retroceso frente a la competencia internacional. En la Schwagger, de los 1200 mineros que trabajaban en marzo, fueron despedidos 600; los otros 600 fueron despedidos y “recontratados” por empresas subsidiarias y contratistas, en pésimas condiciones de seguridad y trabajo. Su “despido” fue un recurso para liquidar el convenio colectivo.

Los mineros repudian la “reconversión”: “No queremos saber nada con la reconversión. Ha sido un completo fracaso y ni siquiera vamos a hablar de este punto. Muchos de nuestros compañeros murieron esperando la reconversión” declararon los huelguistas (Crónica, 12/10). Los trabajadores reclaman la jubilación anticipada para los 1200 que trabajaban en marzo. A pesar del repudio y la huelga, el gobierno se “desentendió” del conflicto aduciendo hipócritamente que se trata de un conflicto en una empresa privada, lo que no le impidió dejar en claro que continuará aplicando la “reconversión” asesina.

La heroica determinación de los trabajadores de encerrarse a 800 metros de profundidad, en un túnel de apenas 30 metros de largo, con temperaturas heladas y una humedad del 100% revela la agudeza que va cobrando la lucha de clases en Chile.

Pronunciamiento del Hospital Eva Perón (Baigorria)

El personal del Hospital Escuela Eva Perón de Granadero Baigorria, reunido en asamblea el día 12/9/94, a los efectos de analizar las publicaciones periodísticas (Diario La Capital-10/9/94) sobre las negociaciones de la Intersindical y el Gobierno, con respecto a la Caja de Previsión, manifiesta:

• Un repudio a lo consensuado entre los gremios estatales y el gobierno, por entender que el contenido del documento presentado por éstos atenta contra nuestras conquistas previsionales.

• Un repudio porque dichas negociaciones fueron realizadas sin mandato de las bases.

Reclamamos: el retiro inmediato de U.P.C.N. de la mesa de consenso, porque entendemos que nuestra posición es la defensa íntegra de nuestros beneficios previsionales.

Rechazamos: la extensión de la edad jubilatoria. Defendemos: 55 años y 60 años de edad.

Rechazamos: la extensión del período de cálculo de Haber al cese.

Rechazamos: los descuentos jubilatorios sobre los conceptos “no remunerativos”, porque de aplicarse significaría una reducción salarial. Defendemos: los conceptos “no remunerativos” deben pasar al básico. Defendemos: los cómputos por años de excedencia.

Defendemos: el 82% móvil. Reclamamos: la separación de la Policía de la Caja Previsional.

Entendiendo que parte del “déficit” de nuestra Caja es por el “uso indebido” que los gobiernos de turno hacen de ella, planteamos el control democrático por los trabajadores activos y pasivos.

Siguen las firmas…

Asamblea de Personal de la Escuela Nº 524 “E. L. Pando”

El personal docente y no docente de la Escuela Nº 524 “Estanislao Pando”, reunido en asamblea el día 26 de setiembre de 1994, a los efectos de analizar las publicaciones periodísticas (Diario La Capital-10/9/94) sobre las negociaciones de la Intersindical y el gobierno provincial, con respecto a la Caja de Previsión, manifiesta:

1) Un repudio porque dichas negociaciones fueron realizadas sin mandato de las bases.

2) Reclamamos el retiro inmediato y definitivo de AMSAFE y UPCN de la mesa de consenso, porque entendemos que nuestra posición es la defensa íntegra de nuestros beneficios previsionales.

3) Rechazamos: la extensión de la edad jubilatoria. Defendemos: 55 años y 60 años de edad. 25 años de servicio frente a alumnos y 50 de edad para los docentes, como así también a los trabajadores estatales que realizan tareas insalubres, el sistema de cómputo por años de excedencia.

4) Rechazamos: la extensión del período de cálculo de haber al cese. Defendemos: el cálculo sobre los tres mejores años de los últimos diez.

5) Rechazamos: los descuentos jubilatorios sobre los conceptos “no remunerativos”, porque de aplicarse significaría una reducción salarial. Defendemos: los conceptos “no remunerativos” deben pasar al básico.

6) Defendemos: el 82% móvil.

7) Reclamamos: la separación de la policía de la Caja Previsional.

Entendiendo que el “déficit” de nuestra Caja se debe al uso indebido que los gobiernos de turno han hecho de ellas y que se resolvería con tres medidas: a) sacando la caja de la policía, b) derogando las jubilaciones de privilegio, c) entregando a la caja los aportes de los miles de docentes nacionales transferidos a la provincia y que nadie sabe si efectivamente fueron a parar allí. Planteamos el control democrático por los trabajadores activos y p6asivos y así se podría pagar sin sobresaltos el 82% móvil.

Siguen las firmas…

Cuba sufre desde hace ya treinta años el bloqueo económico y político del imperialismo norteamericano. Por su duración, se trata de un ataque sin precedentes contra el desarrollo económico de Cuba y su pueblo.

Una carta dirigida recientemente por el canciller Robaina a Boutros Ghali, secretario general de la ONU (Granma, 14/9), denuncia que, sólo en 1993, “las afectaciones económicas, considerando los ingresos dejados de percibir y las erogaciones adicionales causadas por el bloqueo, sobrepasan los 970 millones de dólares”, una cifra cercana al 10% del PBI cubano.

La prohibición del ingreso a puertos norteamericanos por un plazo de seis meses a los barcos de terceros países que comercien con Cuba, establecida en la “Ley Torricelli” de 1992, ha provocado una marcada disminución de las flotas mercantes a disposición de Cuba y un encarecimiento de hasta un 30% de los fletes que transportan su comercio exterior; en el caso del transporte aéreo, el encarecimiento es todavía superior. Robaina denuncia que sólo por el encarecimiento del transporte, Cuba perdió 50 millones de dólares en 1993.

Con relación a las cargas aéreas, Robaina denuncia que “por cada cinco dólares que hoy mi país paga por transportar productos desde Europa, podrían ahorrarse cuatro si estas operaciones ocurrieran en su natural entorno geográfico, controlado por empresas norteamericanas”. El canciller está ofreciendo, al amparo de su crítica, un canje del bloqueo por el otorgamiento de un monopolio comercial en favor de los capitalistas yanquis.

“Los Estados Unidos, a través de los servicios de inteligencia y otros medios especializados, dan un seguimiento minucioso y sistemático a la concertación y desarrollo de toda negociación que Cuba establece con capitales de terceros países, cualquiera sea la magnitud de la operación involucrada, con la intención de frustrarla”, denuncia Robaina. “En setiembre de 1993, informa, el Departamento de Estado instruyó a todas sus misiones en el exterior dirigirse oficialmente a los gobiernos ante los cuales estaban acreditados e instarlos a presionar a sus nacionales y firmas de negocios a no entrar en contactos con Cuba o realizar inversiones en ésta” ... con el “argumento” de que Cuba podría estar ofreciendo propiedades expropiadas a empresas norteamericanas.

Washington amenazó con sanciones de todo tipo a los países del Caricom (el mercado común del Caribe); a Rusia; a las multinacionales europeas radicadas en Cuba, especialmente las dedicadas a la prospección petrolífera; a las empresas de terceros países que tienen filiales en los Estados Unidos; a los países africanos y a numerosos países latinoamericanos. Robaina denuncia que el gobierno norteamericano realiza un específico trabajo de espionaje con el objetivo de “identificar a los empresarios mexicanos interesados en invertir en Cuba y ofrecerles mayores beneficios si invierten en Puerto Rico”.

Amén del intercambio comercial y las inversiones perdidas, Cuba se ve obligada, como consecuencia de estas presiones, a pagar precios más altos por sus importaciones y fletes, a vender sus exportaciones a precios inferiores y a aceptar financiaciones internacionales más caras.

La denuncia más destacada de Robaina se refiere a las pérdidas que ha ocasionado en el último año la disposición establecida en la “Ley Torricelli”, que prohibe el comercio con Cuba por parte de las subsidiarias norteamericanas establecidas en terceros países. Este comercio tuvo “una tendencia creciente en la década del ‘80” y alcanzó su nivel más alto en 1991 con 718 millones de dólares. “De este monto, 383 fueron importaciones cubanas ... en 1992 las importaciones cubanas fueron aún mayores, totalizando 407 millones de dólares”. En 1993, esas operaciones “virtualmente desaparecieron”.

“Con esas empresas subsidiarias —informa Robaina— se realizaba también un volumen significativo de las exportaciones cubanas, particularmente de azúcar”. Es decir que aun en las condiciones del bloqueo, Cuba realizaba, hasta 1992, a través de las empresas norteamericanas —especialmente el pulpo Cargill— buena parte de su comercio exterior.

El canciller cubano señala que “el recrudecimiento del bloqueo tiene lugar cuando Cuba se empeña en reinsertarse en la economía mundial, restablecer su aparato productivo y reacomodarlo a las nuevas condiciones prevalecientes en la esfera internacional”.

Carlos “Perro” Santillán ha sido sobreseído en todas y cada una de las seis causas —referidas a su participación en las movilizaciones del gremio municipal jujeños hasta 1992— por las que estaba siendo sometido a juicio.

La absolución de Santillán significa el fracaso de todos los objetivos que el régimen menemista se propuso con este juicio.

El primero consistía en obtener al menos una condena en alguna de las seis causas abiertas. De esta manera, aunque Santillán no habría ido a la cárcel inmediatamente, habría bastado con otra condena en un juicio futuro —Santillán enfrenta otra catarata de acusaciones por las movilizaciones ocurridas entre 1992 y 1994 que todavía están en sumario— para que Santillán terminara en la cárcel, sin posibilidad alguna de reclamar la eximición de prisión. El gobierno menemista ha perdido así un instrumento de chantaje contra el movimiento obrero jujueño.

El gobierno ha perdido, también, la oportunidad de aplicar una condena “ejemplificadora” contra el ejercicio del derecho de huelga, de manifestación y de defensa frente a la represión.

Los trabajadores jujeños, durante los días del juicio coparon la sala de audiencias y los alrededores del tribunal. Esta movilización, permitió que muchos de los testigos convocados por el fiscal “cambiaran” la declaración que habían firmado en sede policial y dejaran sin “sustento jurídico” las acusaciones. “Alicia Alberto dijo que para esa fecha había concurrido a pagar impuestos y no vio ningún incidente, pero fue citada por la policía donde le hicieron firmar una declaración contra Santillán, pese a haberle dicho al oficial que ella no sabía nada. El testigo Carlos Aramayo, un ex policía, dijo que que el oficial instructor iba escribiendo su declaración sobre los hechos, ‘después sacó la hoja’ y le dijo ‘firme aquí’. Ante el tribunal Aramayo cambió aquellas declaraciones desfavorables contra Santillán” (Crónica, 13/10).

El de Santillán, sin embargo, no es el único juicio político que enfrentan los trabajadores, se inició un proceso a los miembros del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Palpalá, que protagonizaron una manifestación el pasado 27 de setiembre por reclamos salariales y provisión de ropa de trabajo (Pregón de Jujuy, 6/10) ...

El régimen menemista aprovecha que las organizaciones que convocaron a la Marcha Federal se han llamado a silencio para llevar a los trabajadores a los tribunales. Hay que retomar la Marcha Federal para derrotar al gobierno que quiere encanar a los luchadores.

Los Estados Unidos bloquearon durante más de treinta años, el ingreso de inmigrantes legales cubanos, al tiempo que recibían alegremente, y hasta subsidiaban, a los inmigrantes ilegales.

En 1980, la salida de 125.000 cubanos a través del puerto de Mariel, puso en completa crisis esta política inmigratoria norteamericana.

Con los “balseros”, la crisis de los “marielitos” ha vuelto a manifestarse, corregida y aumentada. La situación insoportable de las masas cubanas empuja a miles de desesperados a poner en riesgo sus vidas para encontrar una salida. Pero, mientras tanto, ¿cuál es la situación de los “marielitos” en los Estados Unidos, quince años luego de su partida?

Un video de la directora norteamericana Estela Bravo, “Los excluibles”, que acaba de ser estrenado en Cuba, denuncia la situación atroz que sufren muchos de los que huyeron de Cuba en 1980.

“Más de 5.000 ‘marielitos’ están desparramados en 34 prisiones federales estadounidenses a la espera de ser deportados a Cuba, después de pasar hasta 10 años de cárcel, a veces sólo por delitos menores, como conducir sin licencia o conducir en estado de ebriedad ... La mayoría de estos ‘marielitos’ ... purgó ya su condena hace varios años. Pero aún permanecen en la cárcel hasta que se efectivice su deportación a Cuba” (La República, 19 y 20/9, al igual que todas las citas posteriores).

La película hilvana una serie de “casos” de los “marielitos” encarcelados en los EE.UU., algunos ya deportados. “Robé 43 dólares y ya llevo 10 años preso”, declaró uno que todavía sigue preso. “Me dieron seis meses por conducir ebrio y sin licencia, pero me pasé 10 años en prisión hasta que me deportaron a Cuba”, declaró otro que se encuentra entre los “más afortunados” porque logró volver a la isla. Muchos de los aún encarcelados entraron en prisión apenas bajaron del barco.

El paraíso capitalista les deparó a estos cubanos “violaciones de los derechos humanos, asesinatos, abusos, experimentos siquiátricos, familias enteras separadas y alteraciones sicológicas”.

Muchos de los “marielitos” deportados a Cuba acusan al “jefe médico de la prisión de Atlanta, Bolívar Marthinau, de ‘experimentar’ con detenidos el uso de drogas siquiátricas como la thoraxina”. “Los ataba a la cama y les metía thoraxina. Era atroz. Los convertía en zombis”, contó un ex detenido ahora radicado en Cuba. El acusado, Marthinau, se justificó declarando que “eran negros, poco educados y perturbados”. Basta reemplazar “negros” por “judíos” y “Atlanta” por “Austwichz” y tendremos la reencarnación del nazi Menguele.

El video no podía menos que conmocionar a Cuba, pero también “impactó a los refugiados en Guantánamo y en Panamá”. Los 30.000 “balseros” de Guantánamo y los miles en Panamá, hacinados en campos de concentración, no están incluidos en los recientes acuerdos inmigratorios y no podrán emigrar a Estados Unidos. La suerte que les muestra el video ya la están viviendo por anticipado.

Como consecuencia de las terribles condiciones de hacinamiento, en Panamá se han producido “los primeros brotes de descontento” entre los “balseros” y en Guantánamo han comenzado a producirse fugas ... hacia el territorio cubano. “Desde el 1º de setiembre hasta la fecha, un total de 27 cubanos han logrado evadirse de los campamentos desde el interior de la base naval de Guantánamo”, para lo cual deben atravesar los campos minados que la separan de Cuba.

El intento de fuga a Miami en balsa y, luego, la fuga de Guantánamo hacia Cuba a través de un campo minado, expresan cabalmente el enorme calvario a que son sometidos los explotados cubanos por la presión del imperialismo, de un lado, y de la burocracia, del otro.

Dolorosamente, las masas cubanas deberán encontrar su propia vía —es decir, sus propias organizaciones y su propio programa— para defenderse de toda esta agresión imperialista.

El gobierno del encubrimiento de los asesinos de María Soledad y el conscripto Carrasco, y de la absolución de Amira Yoma, ha tenido el enorme caradurismo de recordar el “parricidio” de los Schoklender —que los hermanos Sergio y Pablo niegan— para descalificar su huelga de hambre y tratar de ocultar la existencia de una verdadera rebelión de masas en las cárceles del país.

En el plazo de pocas horas, a partir de que los hermanos Schoklender retomaron su huelga de hambre como protesta por el incumplimiento oficial del acuerdo firmado con las autoridades del Servicio Penitenciario Federal, comenzaron a producirse movimientos de lucha en numerosas cárceles. En Caseros y en Devoto, cientos de internos se plegaron a la huelga de hambre en solidaridad con los Schoklender. Se produjeron motines en Dolores y en Mercedes —tanto en los pabellones masculinos como en los femeninos— y en Córdoba; en Salta, varios internos del penal de Las Rosas se declararon en huelga de hambre. “Las cárceles son volcanes en constante estado de erupción”, sintetizaba Crónica (11/10). En las afueras del Hospital de Clínicas, donde fueron internados los Schoklender, se estableció una “guardia” solidaria con los huelguistas en la que, incluso, varios estudiantes se sumaron a la huelga de hambre.

El acuerdo firmado por los Schoklender y las autoridades del Servicio Penitenciario establecía mejoras en los regímenes de visitas y recreos de los internos, la separación de los menores en una unidad carcelaria especial y garantizaba la continuidad del Centro de Estudios Universitarios que funciona en Caseros. Los hermanos Schoklender denunciaron, con justa razón, al “Servicio Penitenciario Federal como una banda armada totalmente insubordinada al poder político”, por el incumplimiento del acuerdo firmado por el jefe del SPF e impulsada por funcionarios del Ministerio de Justicia.

Los levantamientos carcelarios han puesto en el primer plano la intolerable situación de las cárceles, donde los internos son sistemáticamente vejados y sometidos a humillaciones y castigos de todo tipo. Los detenidos se han rebelado particularmente contra el trato infamante que sufren las visitantes femeninas, sus madres, esposas e hijas.

“Nadie es culpable hasta que se pruebe lo contrario”. Esta norma, que le ha servido a Menem para mantener en libertad y hasta en el gobierno a notorios delincuentes, sólo rige para los capitalistas, que pueden pagar buenos abogados y cuantiosas fianzas y gozan de “acceso” a “jueces amigos”. Pero no rige para el pueblo llano, como lo revela el hecho de que el 60% de los presos en todo el país —y el 70% en la provincia de Buenos Aires— no tienen condena, es decir que son legalmente ... inocentes. Esta simple cifra expone el carácter crudamente clasista de los sistemas penal y judicial.

El gobierno menemista tuvo que ceder finalmente ante la huelga de hambre de los Schoklender para evitar una explosión general en las cárceles: un juez ordenó el cumplimiento de las cláusulas del convenio desconocido por el Servicio Penitenciario, pero no reconoció la validez del acuerdo como tal. Se trata de un síntoma inconfundible de que el gobierno, derrotado, piensa desconocerlo apenas pueda.

Los reclamos de aceleración de los procesos, de la liberación de los detenidos que hayan cumplido dos años de prisión sin condena y del mejoramiento y democratización de las condiciones de vida en los penales son el motor de la rebelión carcelaria. Por eso, la huelga de hambre de los Schoklender y las movilizaciones en las cárceles —que se rebelan contra un sistema penitenciario que no es otra cosa que un “depósito” de jóvenes pobres— forma parte del movimiento general de los explotados contra sus explotadores.

Kcho, 24 años, nacido Alexis Leyva Machado no es un “gusano”: todo lo contrario, es el representante oficial de Cuba en la Bienal junto con Tonel. Su producción va a ser comparada en la Bienal con la del exiliado José Bedia . Es la prueba del nueve entre un cubano de La Habana y un cubano de Miami.

De Aachen (Alemania), donde está exponiendo en el Ludwig Forum, Kcho le dijo a la Folha de Sao Paulo (9/9/94) por teléfono que los remos son “un símbolo de la resistencia de alguien que enfrenta la guerra de mudarse a una tierra extraña y consigue sobrevivir”.

La censura no es para él, el problema más grave del arte cubano. Es la falta de luz eléctrica, como cuenta en la entrevista que sigue:

Folha: ¿Cómo es posible hacer arte en un país que, a la distancia, parece estar desintegrándose:

Kcho: El crítico cubano Gerardo Mosquera dice que en Cuba los artistas son como hierba mala: nada puede destruirlos.

De la Revolución para aquí, hacer arte es como una respuesta a la hostilidad de la realidad cubana. Hacer arte para mí es una manera de acabar con esa especie de infierno.

Folha: ¿Infierno?

Kcho: El día que salí de La Habana ocurrió la famosa protesta del 5 de agosto. Desde ese día para acá, por lo que leo en los diarios, Cuba se convirtió en un infierno.

Es un infierno, pero me gusta ese infierno, mi gente, mis amigos. Hacer arte en Cuba es un acto de valentía. No hay tela, no hay tinta, pero hay arte.

Folha: Muchos artistas dejaron Cuba reclamando por la falta de libertad. ¿Usted no siente ese tipo de problema?

Kcho: Es un problema complicado. Muchos artistas cubanos que huyeron fueron serviciales, oportunistas. Comían de mano del Estado, eran artistas oficiales, comunistas.

Usaron la estructura del gobierno y se fueron. Bedia nunca fue censurado.

Folha: ¿Usted es comunista?

Kcho: Soy artista.

Folha: ¿Ha sufrido censura?

Kcho: En la escuela, hice un trabajo con los símbolos patrios. El director de la escuela lo prohibió porque el Ministerio de Cultura lo vetaba.

Pero el director cayó en desgracia, fue expulsado e hice el trabajo sin problemas.

Aquí en Alemania están censurando una obra mía. Armé una instalación con botes hechos con cajas de chocolates.

Peter Ludwig, dueño del museo, es fabricante de chocolates. No quiere que yo use las cajas de chocolate de su fábrica. Eso nunca ocurrió conmigo en Cuba, pero en Cuba hay un problema más grave.

Folha: ¿Cuál?

Kcho: Falta luz eléctrica. En el verano de 1993 yo trabajaba de las 4 hasta las 9 horas, horario en que tenía luz. La libertad es preciosa, pero sin luz no se puede trabajar.

La Habana es hoy un lugar muy triste. Hay gente que no tiene para comer, pero estan haciendo hoteles y restaurantes para los turistas.

Folha: ¿Como sobrevive usted?

Kcho: No hay mercado de arte en Cuba. Vivo de las obras que vendo en el exterior. Ya vendí en Alemanía, en México, en Venezuela.

En 1993 vendí dos instalaciones para el museo de Televisa, en México, por 5.000 dólares cada una.

Folha: ¿Por qué usted va a mostrar en la Bienal un trabajo que hace referencia a los “balseros”?

Kcho: los “balseros” son la referencia más directa, pero me interesa el problema de la emigración.

La embarcación es un símbolo de la resistencia de alguien que enfrenta la guerra de mudarse para una tierra extraña y consigue sobrevivir, conservar su identidad.

El bote y el remo son elementos de la tierra, pero sin ellos usted no vive en el agua, no se mueve.

Folha: ¿Usted ya tuvo ganas de salir de Cuba?

Kcho: No. No soy un revolucionario fervoroso, pero la patria es como la madre: no se cambia. Tengo tíos y primos en EE.UU., pero no siento atracción por ese país.

Folha: ¿Qué te interesa en el arte contemporáneo?

Kcho: Mi madre era artesana y mi padre, carpintero. Me gustan los trabajos que tienen la marca de la mano humana. Hice los 200 remos de la obra.

Fui influenciado por el arte “povera” italiana, por Vito Acconci, pero me gusta mucho el brasileño Tunga y la norteamericana Jenny Holzer.

Ana María Sívori, esposa del dirigente del MTP Enrique Gorriarán Merlo, fue detenida en Rosario a mediados de setiembre después de un prolijo seguimiento policial. Trasladada a Morón, la justicia la encontró responsable de una larga lista de delitos relacionados con los episodios del cuartel de La Tablada y ordenó su prisión preventiva. La condena contra Ana María Sívori es, realmente, toda una “novedad” por cuanto hasta el presente —y pasados cinco años del copamiento del cuartel— “jamás figuró en la causa, nunca fue imputada, no figura en los listados de Interpol y nunca pesó sobre ella ningún pedido de captura” (Página 12, 16/9). La conclusión elemental es que la “larga lista de delitos” ha sido simplemente fraguada para justificar, a posteriori, el seguimiento y el encarcelamiento. A Sívori, incluso, se le negó el derecho constitucional de ser asistida por un abogado en el juicio, ya que el abogado Norberto Olivares, que se presentó en el juzgado para asumir la defensa de la detenida, fue rechazado por la jueza de instrucción.

La detención de Ana María Sívori ha servido para poner en evidencia la existencia de una red oficial del espionaje que actúa con el nombre de “Protección del Orden Constitucional” (POC). Sívori fue detenida en Rosario “tras un seguimiento de varios días ... la esposa de Gorriarán había llegado a Rosario a visitar a su madre, internada en el Instituto San José ... El trabajo de inteligencia había detectado la situación en que se encontraba la madre ...”. El espionaje oficial contra el movimiento obrero y popular ya no se limita a los militantes sino que se extiende, como puede verse, a sus familiares incluso cuando son viejos y están enfermos.

Las “irregularidades” jurídicas cometidas contra Ana María Sívori —que son sistemáticas cuando de perseguir a militantes populares se trata— son apenas la continuidad de la enorme aberración jurídica que fue el “proceso” a los presos del MTP. Basta mencionar que los jueces se negaron a recibir las denuncias de los acusados acerca de la desaparición de militantes del MTP, del asesinato de militantes que se entregaron con vida, y que fueron consideradas válidas las declaraciones arrancadas por los servicios de inteligencia, para demostrar la completa nulidad jurídica del “proceso”.

La libertad de Ana María Sívori y de los militantes encarcelados del MTP es un reclamo de estricta democracia.

Aristide ha retornado “en triunfo” a Haití. El imperialismo norteamericano condujo su política teniendo presente en todo momento el enorme potencial de guerra civil y de insurrección popular que enfrentaba la dictadura, y su principal preocupación fue actuar preventivamente para evitar un levantamiento popular. Aún hoy, con las tropas norteamericanas ocupando el país, la prensa no deja de señalar que “los partidarios de la dictadura están aterrorizados por el latente potencial de levantamiento popular” (Time, 8/10) ...

En sus retinas, los funcionarios norteamericanos guardaban las imágenes del derrocamiento de “Baby Doc” Duvalier y de los sucesivos y fracasados golpes militares que se sucedieron desde entonces.La función del bloqueo y de la amenaza de intervención militar fue, como lo señalamos reiteradamente, desde el principio, “crear las expectativas de una salida ‘democrática’ impuesta por los Estados Unidos (que) sirvieran para que la dirección del movimiento Lavalás, el partido del depuesto presidente Jean Bertrand Aristide, evitara plantear la cuestión de la lucha armada y de la guerra civil contra la dictadura, a pesar de contar con el apoyo del 80% de la población haitiana” (Prensa Obrera, nº 425, 10/8). Esta política de contención ha llamado incluso la atención de la prensa: “el aspecto más sorprendente del colapso de las autoridades civiles en las afueras de la capital fue el freno exhibido por los partidarios de Aristide” (Time, 8/10). Las consignas del retorno de Aristide y del retiro de los militares genocidas se convirtieron en una vía para evitar el derrocamiento revolucionario de la dictadura.

La masiva emigración de Haití, que alcanzó su pico después del fracaso del “Acuerdo de la Isla de los Gobernadores” entre Cedrás y Aristide (setiembre 1992), fue un síntoma poderoso de que la dictadura no controlaba plenamente la situación, a pesar de las masacres y de la colaboración del imperialismo norteamericano. Por este motivo, la emigración fue un factor que agudizó la presión intervencionista de Clinton. Terry Lynn Karl, presidenta del Centro de Estudios Latinoamericanos y consejera del Departamento de Estado, ha denunciado que “‘lo que los oficiales de inmigración estaban haciendo con los haitianos era comparable a la deportación de judíos hacia la Alemania nazi’ , recordando que muchos fugitivos eran entregados directamente en manos de la policía o el Ejército haitianos e inmediatamente asesinados” (Folha de Sao Paulo, 26/9).

Aristide ya tiene sucesor

Aristide regresa a la presidencia como una figura decorativa de la ocupación norteamericana. Aristide no sólo deberá “gobernar” en el marco del acuerdo Carter-Cedrás; trae, además, “un equipo de asesores profesionales” y “un plan económico del Banco Mundial” (Clarín, 16/10).

Aristide ha servido al imperialismo para imponer una salida “democratizante” a la crisis haitiana pero no es, ni mucho menos, el hombre del imperialismo. Ese papel parece reservado a Evans Paul, alcalde de Puerto Príncipe y también dirigente del Lavalás, a quien se señala como el próximo presidente haitiano. “Paul —señala The Wall Street Journal (14/10)— cuenta con la confianza y el apoyo financiero de los Estados Unidos (que) ha destinado más de 200.000 dólares en proyectos para mantener a Paul en una oficina alterna a la alcaldía ... ‘No hay nadie en el horizonte que se le parezca’, indica un diplomático estadounidense”. Por su parte, “Gregory Mevs, miembro de una de las familias más ricas e influyentes de Haití, dice que el alcalde ha madurado en los últimos años y se ha convertido en un estadista. ‘Creo que es una de las grandes esperanzas’, dice Mevs” (ídem).

Rescate del ejército genocida

El ejército norteamericano no ha desarmado a las bandas paramilitares de “atachés”, de esto se están encargando ahora directamente las masas. Pero sí ha mantenido en pie la “cadena de mandos” del ejército. Esto ratifica que “la invasión es un intento último de rescatar al Estado duvalierista y a la oligarquía, procediendo ‘manu militari’ a una reforma política democratizante” (Prensa Obrera, nº 425, 10/8). El dictado de una amnistía de los golpistas y genocidas y el nombramiento de los sucesores de Cedrás de acuerdo al escalafón militar y a las leyes militares en vigencia han sido, desde el vamos, las condiciones impuestas por los norteamericanos a Aristide y han estado presentes tanto en el Acuerdo de la Isla de los Gobernadores como en el acuerdo Carter-Cedrás.

Al mismo tiempo, el imperialismo ha comenzado la tarea de reclutar, entrenar y encuadrar a la “nueva policía”, la cual tendrá por un período prolongado, jefes y asesores norteamericanos. La separación del Ejército y la policía —que ha sido definida como “clave” (The New York Times, 29/9)— permitiría preservar al Ejército en sus “tareas específicas” que —en ausencia de cualquier amenaza externa— no son otras que las de servir como recurso último de defensa del Estado y del régimen social de explotación.

Por qué Clinton pudo imponer su política

Clinton impuso su política contra la opinión de la CIA, del Pentágono, de la oposición republicana y de una parte de su propio partido. Los sumó, al final, a la invasión concertada, porque la intervención en Haití responde a objetivos estratégicos más generales.

En primer lugar, sirve para hacer frente a la descomunal crisis del Caribe. Los tratados de “libre comercio” puestos en marcha por Bush, han fracasado en toda la línea y hoy, cinco años después, Newsweek (18/7) describe al Caribe como un “conjunto de islas miserables” y a la pretendida estabilidad de sus regímenes políticos como “una quimera”. La lucha comercial entre las grandes potencias ha liquidado la economía de la región, basada en el cultivo del azúcar: “para apaciguar a sus propios granjeros, Estados Unidos y Europa lanzaron programas azucareros. En 1974, Europa era un importador neto de azúcar; hoy es el mayor exportador mundial, desplazando a los países del Caribe de sus mercados tradicionales” (ídem). El lanzamiento del Nafta ha agravado la situación, al brindar acceso al mercado norteamericano a México, competidor comercial de los países caribeños: “los términos preferenciales otorgados a México en el cuadro del Nafta ponen en peligro el 61% de las exportaciones de Haití a los Estados Unidos” (ídem). La presencia de los militares haitianos en el poder agregaba pólvora al barril, creando una situación “potencialmente volátil” en todo el Caribe.

En segundo lugar, el imperialismo norteamericano está obligado a armar un bloque comercial “desde Alaska a Tierra del Fuego” —según la definición de Bush— para evitar la penetración de los imperialismos rivales en el continente y para darle una salida “segura” a sus exportaciones y sus capitales. Para avanzar en esta dirección, Clinton ha convocado para diciembre en Miami, a una “cumbre hemisférica” de presidentes, en la que tendrán también una activa participación “las cámaras empresariales”. El gobierno de Clinton pretende montar una “comisión permanente” con las “cámaras empresarias de las Américas”, que se reuniría semestralmente bajo la dirección del vicepresidente norteamericano. Entre los temas de esta “cumbre” de Miami se incluye la adopción de un “código democrático”, en el que no sólo se incluirá, como parecería a primera vista, “la defensa del sistema republicano y representativo y de las elecciones periódicas”, sino también ... el libre comercio y las privatizaciones. La banda de desarrapados que constituía la dictadura haitiana no podía, ni mucho menos, convertirse en un obstáculo a esta necesidad estratégica del imperialismo norteamericano.

¿Y ahora?

Entrar a Haití es fácil; lo difícil es salir. El ajuste de cuentas que las masas han iniciado con los represores, enfrenta a los yanquis al escenario de una pesadilla. El nuevo comandante en jefe haitiano ha intentado asesinar a Aristide, en el marco de un golpe militar. La implantación de la “democracia” parece reclamar una nueva crisis y un baño de sangre. En cualquiera de estos casos las tropas de ocupación serán duramente afectadas. En Haití el pueblo negro no tiene una dirección revolucionaria, pero en el subconciente colectivo está presente una tradición que enseña que la emancipación pasa por la independencia nacional, por la expropiación de los opresores y por la unidad de los pueblos del Caribe y las Antillas.

Los docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA estuvieron a la cabeza de la movilización en la UBA, realizando una clase pública con más de 800 estudiantes y docentes, el viernes 14, en la puerta del Hospital de Clínicas, organizada en sólo 24 horas. En este Hospital estaban internados los hermanos Schoklender, en su segunda huelga de hambre en un mes, luego que el Servicio Penitenciario y el gobierno desconocieran el acuerdo firmado, por el cual se comprometían a reabrir los centros universitarios de Caseros y Devoto y respetar las condiciones de vida y los derechos de los presos y sus visitas en las cárceles. La UJS y los docentes del Partido Obrero impulsaron la movilización desde el comienzo de la primera huelga, participando de la clase pública que organizó la Gremial docente de Sociales frente a la cárcel de Caseros, e impulsando el movimiento de solidaridad con la huelga de hambre, que tuvo su punto más alto con las movilizaciones al Clínicas del jueves 13 y el viernes 14.

La huelga de hambre se levantó luego de un fallo en favor de los reclamos de los presos. Fue un triunfo democrático de una lucha que involucró a la casi totalidad de los detenidos en Devoto y Caseros (que se sumaron a la protesta), que dejó al desnudo el infierno de las cárceles menemistas y evidenció nuevamente la capacidad de lucha del movimiento universitario.

En relación a la carta que enviara “Gusano” de Ushuaia, quiero contestarle que defiendo a Prensa Obrera así tal cual está, más allá de algún “retoque” que no hace a lo esencial.

Y la defiendo partiendo de la premisa de que la herramienta que uno necesita está determinada por el tipo de tarea que tiene que acometer. Y en el caso particular de nuestra prensa, se ajusta perfectamente a la tarea que ayuda a construir. El compañero debe preguntarse primero qué tipo de organización quiere construir con la prensa, en qué marco político concreto de la lucha de clases, en qué estadio de la conciencia de las masas hacia la que va dirigida, contra qué tipo de ideas nace a la luz un órgano de prensa, y así otras muchas preguntas. Porque todas ellas ayudarán a comprender por qué nuestra prensa es como es.

Si uno pone a la Prensa Obrera en este marco, entonces no resultan superfluos uno o varios artículos sobre el sionismo del morenismo o el desembarco en Normandía. Estamos librando una lucha programática fundamental para crear un cuerpo de ideas, un programa basado en la experiencia del Programa de Transición y en las ideas de la IVª Internacional, único conjunto de ideas que puede atravesar los últimos 50 años de historia sin que se le caiga encima ningún muro. Unica guía que permite estructurar a su conjuro una organización revolucionaria. Y Prensa Obrera cumple este papel, claro que sí, mezclando en un mismo periódico el sionismo del morenismo con el conflicto por el agua potable en Villa Oculta.

Nuestra prensa, en un solo ejemplar, “mezcla” estas dos importantes tareas. La utilización de giros idiomáticos o recursos de vocabulario de uso no común que ayudan a expresar una idea (que por lo general, está desarrollada en todo el contexto del artículo) hacen que la “palabra difícil” no sea un obstáculo para el lector.

En cuanto a los artículos, densos y difíciles, que mayoritariamente son los económicos, se hace necesario remarcar una vez más que hay temas que tienen esa densidad, y no pueden tratarse de un modo más “vulgar”, so pena de incurrir en tergiversaciones o desarrollar conceptos aún más confusos, o lo que es peor, erróneos.

En el pasado, muchos compañeros criticaban la prensa por ser muy dura con el resto de la izquierda. Invito a releer aquellos artículos a la luz del destino de bancarrota que hoy tiene toda esa izquierda, y se podrá comprender por qué fue tan importante haber sido “duros” en aquella oportunidad, y apreciar que en buena medida hemos sido coautores, junto a la dinámica propia de la lucha de clases, del desenmascaramiento y crisis del democratismo de izquierda.

Todo esto hace un derrotero de Prensa Obrera, que nos lleva a concluir que hay que persistir en esta línea. Recuérdese simplemente que fue a través de Prensa Obrera que afirmamos que la URSS había dejado de ser un Estado obrero. Una afirmación de semejante envergadura no puede ser explicada en dos palabras simples. Se necesita de una seguridad intelectual y política mayúsculas para publicar ideas de este tipo, y ha sido nuestra prensa el vehículo para ello; ideas que revolucionan toda la política sobre la ex URSS. Siguiendo los criterios del compañero de Ushuaia, como apenas una vanguardia podría estar interesada en el tema (porque la inmensa mayoría de la clase obrera ni siquiera sabe qué es un Estado obrero), ese artículo no tendría que haberse escrito.

Sólo por citar otro ejemplo, recuerdo el artículo “Derrumbe en Nueva York ¿Dónde está el piloto?” o nuestra posición política en Semana Santa, porque estos artículos (uno nacional y otro internacional) no tienen “palabras difíciles”, pero sin embargo tampoco fueron masivamente comprendidos en su momento, no obstante han sido un hilo en el progreso político del activismo con el correr del tiempo.

Por otra parte, el reclutamiento, que está íntimamente ligado a la prensa, se debe también a su vez al trabajo militante y a nuestros propios esfuerzos por “traducir” los ejes centrales de los artículos de la prensa en consignas de acción que sean una orientación general para un portuario como para un docente universitario. Y referido a este tema, créame compañero de Ushuaia, que el mensaje simple que queda como conclusión de todo un artículo que aparece como complejo, muchas, pero muchas veces, es más rápidamente comprendido por un portuario que por un docente universitario.

Es cierto que el movimiento obrero va siendo sistemáticamente embrutecido, porque no puede esperarse otra cosa del capitalismo en fase decadente. Si fuera al revés, si la clase obrera recibiera un impulso a la lectura por parte de los patrones y los Estados burgueses, sería un indicio de que el capitalismo está vigoroso, en pleno desarrollo. Pero Ud., compañero, bien sabe que no es ésta la situación, pero sí es éste el pregón de los centroizquierdistas de todo pelaje, que ven un avance arrollador del capital por todos lados.

Ni se cae mañana ni está robusto y tonificado. Se sobrevive en decadencia.

Y en ese marco, desde hace décadas que las condiciones subjetivas van a la retaguardia. Existe una crisis de dirección revolucionaria. Cerrar esa crisis es una de las grandes tareas de la prensa obrera. Y como verá, esta tarea es mucho más que ser la “contracara de los diarios y la TV de la burguesía”, o bien mirado, es la única manera de serlo.

Creo que la presión por “bajar el nivel de nuestra prensa” refleja una presión que no viene de la clase obrera, sino precisamente de un lugar insospechado para el compañero de Ushuaia: de la intelectualidad pequeñoburguesa.

Estos sectores están ganados por la chatura intelectual. Sus vocablos “populares” y “de uso cotidiano”, ésos sí que confunden. Por ejemplo, hablan de “neoliberal” cuando el Estado interviene en el mercado en un grado nunca visto. Llaman “reconversión” a la destrucción física y moral de la clase obrera. Se hincan ante el “dios” de la “estabilidad” cuando llevamos más del 50% de inflación con salarios congelados. Pregonan el “equilibrio fiscal” cuando las cuentas del fisco están en rojo.

Lo confuso o lo clarificador tienen que ver con las ideas que expresan, y no con los vocablos que se utilizan. Espero haber sostenido un debate político y no técnico, que es lo que reclama el compañero.

Compañeros:

Como es de conocimiento público, el gobierno ha remitido al Congreso un proyecto que pretende reemplazar a la actual ley de accidentes de trabajo. De entrar en vigencia el nuevo ordenamiento legal, prácticamente quedará eliminada la indemnización por negligencia o responsabilidad empresaria: si un accidente de trabajo produce la incapacidad permanente de un trabajador, según el proyecto, éste sólo percibirá la indemnización por invalidez, como si se hubiese accidentado en la calle o en su casa; y si se muere, su viuda recibirá una pensión, como si su fallecimiento se produjera por causas naturales.

Para completar este proyecto criminal, se prohíbe que el trabajador pueda recurrir a la justicia civil, con lo que queda eliminada la responsabilidad civil de las patronales. Si hoy, con responsabilidad civil, los accidentes de trabajo son innumerables, ya podemos imaginarnos qué pasará cuando desaparezca la indemnización y todo se reduzca a un simple trámite jubilatorio.

A esta altura de los acontecimientos, no puede sorprender que la burocracia de la CGT apoye a muerte este proyecto, ya que el mismo le abre un nuevo campo de negocios que se suma al de las AFJP. Ahora podrán crear las ART (Aseguradoras de Riesgo de Trabajo), encargadas de otorgar el seguro obligatorio a las empresas…

Los estatutos del Periodista Profesional y del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas, redactados en 1946, englobaron a los trabajadores de prensa dentro de la ley nacional de accidentes de trabajo, contemplando el caso particular de quienes son enviados a misiones que comportan un riesgo excepcional, como ser “guerra nacional o civil, revoluciones, viajes a través de regiones o países inseguros”, fijando indemnizaciones que “no podrán ser inferiores” a una suma igual a “tres veces el sueldo anual que perciba el periodista en el momento de producirse el infortunio” en caso de muerte o invalidez física o intelectual total y permanente. En los casos en que no se produzca la invalidez total y permanente o la muerte, “la indemnización será calculada teniendo en cuenta el grado de incapacidad, el lucro cesante y los gastos de asistencia médica”.

Estas conquistas de nuestros estatutos serán barridas de un plumazo de aprobarse la nueva ley de accidentes de trabajo. Por ejemplo, en casos de “gran invalidez”, en que los afectados requieran de la asistencia continua de otra persona para los actos elementales, el trabajador tan sólo cobrará una pensión más 189 pesos mensuales, que “servirán” para pagar la atención permanente de una enfermera. Como se puede observar, literalmente una monstruosidad.

Si es cierto lo que sostiene la compañera secretaria de Asuntos Profesionales, Lidia Fagale, de que trabajamos en “una sociedad en que la violencia cotidiana ha cambiado el concepto de “misión riesgosa” —trabajo de un periodista en terreno bélico— por la de “tarea riesgosa” —labor diaria, en todo momento y no sólo en el terreno bélico—” (Revista Utpba, 7/6/1993), o lo que afirma el compañero secretario general, Juan Carlos Camaño: “Hemos aprendido que ya no es cuestión de misiones riesgosas, sino de tareas riesgosas. La labor diaria se ha tornado riesgosa. Investigar se ha constituido en sinónimo de riesgo” (Siglo XXI, publicación de la Felap, Octubre 1993), está clarísimo que en el caso particular de nuestro gremio es demasiado lo que tenemos para perder con el proyecto de ley menemista, como para dejar pasar alegremente esta ofensiva.

Se trata por lo tanto, según el criterio de la Lista Naranja de Prensa, de montar una campaña sistemática de denuncia en nuestro gremio, explicando lo que está en juego con este proyecto criminal del gobierno, las patronales y la burocracia sindical, y de luchar —a través de acciones prácticas que se pueden acordar en plenarios de delegados— por un programa que plantee:

* Defensa y aumento de la indemnización por accidente de trabajo. Aplicación de lo que marcan nuestros estatutos, extendiendo el concepto de “misión riesgosa” a toda tarea periodística.

* Control de los trabajadores sobre los ritmos de producción y condiciones de trabajo, incluyendo la prevención, higiene y seguridad en las empresas.

* Por un régimen de seguridad laboral a cargo del Estado, financiado con un impuesto especial a las patronales.

* Pago inmediato de todos los juicios por accidente de trabajo que tienen sentencia firme.

Sin otro particular, esperando una pronta y favorable respuesta de vuestra parte respecto de esta campaña, saludamos a Uds. muy atte.

Llegó “la solución” para los tóxicos que arrojan las industrias: mediante el “plan cloacal Morón”, del intendente Rousselot, se pretende que los trabajadores y vecinos paguen el tratamiento de los efluentes industriales.

El plan consiste en:

1) Planta A (Williams Morris), consistirá en: a) Una cámara de captación del caudal total del Arroyo Morón, tanto efluentes industriales como domiciliarios. b) Una red de desagües cloacales, domiciliarios e industriales que captará los residuos cloacales de las viviendas y los efluentes que producen las industrias de la zona. c) Una planta de depuración cercana al río Reconquista, frente a Morris.

2) Planta B: Se tratará de una planta de depuración biológica (sólo depurará desechos domiciliarios).

Ya no sorprende a nadie denunciar que el arroyo Morón, el río Reconquista o el arroyo Soto son una cloaca a cielo abierto. Desde hace muchos años las industrias los envenenan con sus tóxicos.

Ahora, “El propósito del “Plan Cloacal” es captar los vuelcos industriales domiciliarios y tratarlos en la Planta de Depuración, no significa legalizar, ni mucho menos, estimular los vuelcos clandestinos. Se trata, simplemente, de encontrar una respuesta momentánea, hasta tanto se pueda imponer orden en las áreas de la ciudad en que se producen estos vuelcos, lo que insumirá un tiempo más prolongado” (texto de propagande de la Municipalidad) Estamos frente a una gran estafa:

• Este plan cloacal permitirá a las fábricas seguir contaminando haciéndolo sin construir plantas de tratamiento y desembarazarse de sus efluentes tóxicos pagando como meros frentistas.

• Será pagado integralmente por todos los vecinos al “módico” precio de 3.000 dólares por 10 metros de frente. El no pago implica el embargo y ejecución de la propiedad.

• No responsabiliza a la empresa que opera la planta de tratamiento por los tóxicos que puedan pasar de la “Planta Depuradora” de Williams Morris al río Reconquista. Utilizarán la misma tecnología que se aplica en Marsella y Toulouse (Francia), pero allí las empresas han “pre-tratado” sus efluentes antes de tirarlos al río. Se deduce fácilmente que el plan no puede evitar el volcado de plomo, mercurio, cromo, arsénico, todos ellos cancerígenos, al río Reconquista.

• Los precios de las obras pueden ir aumentando según criterio de la empresa contratista y del intendente.

• Se piensa recoger en una única conexión los residuos domiciliarios e industriales; quiere decir que nos puede pasar como en Avellaneda, donde murió toda una familia porque de esa única conexión emanó un gas mortal vertido por inescrupulosos asesinos.

Existe otra alternativa, sin embargo.

La construcción de las cloacas en todo Morón a cargo de la Municipalidad.

La derogación de todos los contratos, licitaciones y privatizaciones que han hundido a la Comuna. Impuestos progresivos a los grandes capitalistas de la zona para solventar el costo de las obras.Toda obra pública debe realizarse bajo control de los trabajadores y vecinos.

La exigencia que las industrias purifiquen sus efluentes. Es necesario formar comisiones de vecinos en todos los barrios, que coordinen su organización y lucha por todos los reclamos planteados.

Los estibadores del puerto de Buenos Aires salieron a la lucha contra las condiciones de trabajo que quieren imponer las empresas privadas que acaban de hacerse cargo del trabajo de la estiba.

La empresa Bactssa, de capital filipino, cercó la dársena D y pretendió tomar trabajo de estibadores sin respetar las 6 horas de trabajo establecido en el convenio firmado el año pasado. El intento de imponer las 8 horas de trabajo viola los propios pliegos de licitación, que establecen la obligación de utilizar mano de obra de portuarios empadronados en la Capitanía General del Puerto, bajo las condiciones del convenio de trabajo vigente (206/93).

Ante la negativa de los portuarios de aceptar las “nuevas” condiciones, la empresa pretendió incorporar personal extranjero, lo que llevó a un paro total en Bactssa y al quite de colaboración en el resto de las dársenas (adjudicadas a otras empresas que aún no empezaron a operar) hasta la aceptación de las condiciones de convenio.

En un clima de tensión creciente, la gendarmería apostó efectivos en las inmediaciones. Al cierre de esta edición, una asamblea de 500 estibadores aprobaba normalizar el trabajo en las dársenas que habían firmado la aceptación de la jornada de 6 horas y mantener la medida en dársena D. Algunos trabajadores que entrevistamos plantearon la preocupación de que esto debilitará la presión sobre Bactssa; asimismo planteaban la necesidad de que la Directiva del Supa informara de las tratativas que se desarrollan, incluida la discusión del convenio que está en marcha.

En numerosas intervenciones en la Mesa Coordinadora de Jubilados, hemos planteado la necesidad de la realización de una gran marcha al estilo de la Marcha Nº 100, convocando a los partidos políticos y organizaciones sociales, sindicales y estudiantiles, que estén de acuerdo de poner punto final al genocidio, de 150 pesos de haber mensual, y lograr un mínimo de 450 pesos.

La derogación de la jubilación privada y la expulsión de la intervención en el PAMI. Esto no fue escuchado por el Secretariado de la Mesa Coordinadora pero si por algunos compañeros delegados.

También hemos planteado, dado que la Mesa en numerosos partes de prensa, ha impulsado el voto castigo, en contra de este gobierno al servicio de la gran banca, los monopolios y el imperialismo, que lleva adelante una política de hambre contra los jubilados y los trbajadores, que la solución para los jubilados no era ejercer el voto castigo, que sa había practicado con Alfonsín. Ahora con Menem se nos va la vida ejerciendo el voto castigo, pero no encontrando soluciones.

La solución está en impulsar un frente que se comprometa por su programa y por las medidas a adoptar para cumplirlo, a resolver las reivindicaciones de los jubilados y los trabajadores.

Ahora que todos los partidos más votados en las últimas elecciones son “cavallistas”, el justicialismo, la UCR y el Frente Grande se han comprometido a seguir con el plan de ajuste y convertibilidad, es decir, con el hambre y la miseria, para los jubilados y los trabajadores. Pero también es el momento que crecen el descontento y las luchas; que el plan Cavallo está haciendo agua por todos lados, que es necesario encontrar un canal de expresión a esas luchas y al descontento. Eso solo lo puede hacer un Frente de Izquierda.

Impulsar este frente por parte de las organizaciones de jubilados, es un deber, a fin de señalar un camino que conduzca no ir de trampa en trampa, ayudando a encarnecer en el poder a carreristas políticos, que con alguna demagogia previa, una vez llegdo a puestos públicos, cumplen fielmente los dictados del Fondo Monetario internacional, tal como se comprometió el Chacho Alvarez.

Lo que queda en el tintero.

Un compañero, planteó en la Mesa Coordinadora de hacer un petitorio a la manera del petitorio por un millón de firmar, creo que el compañero tiene muy buenas intenciones pero está equivocado. La dirección de la mesa no escucho lo del frente de Izquierda, pero dijo enseguida, que estaba en marcha junto al Plenario Permanente, la puesta en práctica de tal petitorio aprovechando que el Artículo 40 de la nueva Constitución obliga al Poder Ejecutivo que con el 3% de ciudadanos que lo pidan, tenga que llamarse a un plebiscito, eto que además de ser un forma de embellecer la nueva Constitución, que es la vieja pero más reaccionaria, pero además esto nos lleva a un callejón sin salida.

No se puede vencer una política que dicta el F.M. a través de petitorios, entonces los trabajadores en vez de organizarce y declarar huelgas, tendrían que firmar petitorios.

La única forma de vencer, son las huelgas, las manifestaciones y el cambio de poder. De lo contrario vamos a hacer creer que a travez de petitorios vamos a cambiar la situación de los jubilados, de los trabajadores, de la salud, la educación, es decir haremos la revolución de los petitorios.