Prensa Obrera N° 428

Perdida entre los avisos fúnebres, el diario La Capital (10/9) publica una información guardada hasta ahora bajo siete llaves: los “consensos” alcanzados entre la Intergremial Estatal (UPCN, AMSAFE, ATE, entre otros) y el gobierno de Reutemann para aliviar el “déficit” de la Caja de Jubilaciones de la Provincia y “evitar” su traspaso a la Nación. El acta plantea “la elevación de edades jubilatorias”; “la modificación de la base de cálculo del haber al cese, extendiendo el período (ahora se toman los últimos tres años), y la “modificación del sistema de movilidad de los haberes” (peligra el 82% móvil). Estamos, entonces, ante un proyecto de reducción lisa y llana de las jubilaciones. También se “consensuó” “incluir los conceptos no remunerativos dentro de los ingresos sujetos a aportes”, reduciendo en consecuencia el salario de bolsillo. Se eliminaría también la “jubilación anticipada”, lo que perjudica en especial a los docentes que tienen la posibilidad de jubilarse con 25 años al frente de alumnos y 50 de edad, como así también a los trabajadores estatales que realizan tareas insalubres. Finalmente, se anuncia el propósito de “revisar las políticas adicionales o cómputos por año de excedencia”. La guerra está declarada: el objetivo es “nivelar” la Caja santafesina al régimen nacional, para entregarla luego a las AFJP. Gobierno y burocracia coinciden en afirmar que la Caja está con un “déficit” insoluble. Pero ocultan los datos y las causas. Todo indica, sin embargo, que con tres medidas la Caja resolvería el “déficit” supuesto y podría pagar sin sobresaltos el 82%: a) sacando de la Caja las jubilaciones de la policía (que la propia ley de “jubilación privada” deriva al Tesoro, porque los banqueros no aceptan hacerse cargo de seguros de elevado riesgo), b) derogando las nunca publicitadas “jubilaciones de privilegio”, c) entregando a la Caja los aportes de los miles de docentes transferidos a la provincia y que nadie sabe si efectivamente fueron a parar allí. Los dirigentes no tienen mandato para entregar nuestras conquistas; llamamos a repudiar el Acta firmada. Los gremios estatales deben retirarse de la “mesa de consenso”. Defensa del 82% móvil;No a la reducción de los haberes jubilatorios. No a la extensión de la edad jubilatoria, 55/60 años. No a la modificación del cálculo del haber al cese. Defensa de la jubilación anticipada. Defendamos los cómputos por años de excedencia. Incorporación de los conceptos no remunerativos y premios al básico. Por la separación de la policía del sistema previsional provincial. Por el control de las Cajas por trabajadores y jubilados electos democráticamente.

Después de trece semanas, el plan de lucha de los señaleros británicos sigue firme. Tanto que un enemigo declarado de los huelguistas reconoce que “hay pocas señales de un retorno al trabajo por parte de la abrumadora mayoría de los señaleros, que continúan apoyando a su sindicato” (Financial Times, 6/9). “No se debe permitir —casi ordena el Financial Times— que las huelgas continúen en el otoño (la primavera en el hemisferio sur)”. Para la burguesía británica, la continuidad de la huelga es intolerable por numerosas razones. La primera es que se trata de la primera huelga salarial en años en Gran Bretaña y que una victoria de los señaleros, que quiebre la “pauta salarial” dictada por el gobierno, abrirá las puertas a una cascada de luchas salariales en la administración pública y las empresas estatales. La segunda es que, aun sin haber logrado todavía derrotar al gobierno, la huelga de los señaleros ya se está convirtiendo en un “ejemplo”: los señaleros y los conductores del subterráneo londinense se preparan para entrar en huelga en los próximos días. Finalmente, porque la huelga de los señaleros “hará más difícil la privatización de los ferrocarriles en un futuro inmediato ... (al dejar en evidencia) su vulnerabilidad ante las huelgas” (ídem). Toda la política oficial está cuestionada por la huelga, que se ha convertido así en una verdadera “prueba de fuerza” entre el gobierno y los trabajadores. La burguesía exige, entonces, una acción decisiva contra la huelga. El Financial Times reclama el despido de los huelguistas y la posterior reincorporación sólo de aquellos que acepten un “convenio individual”. En la misma dirección, The Economist pone como ejemplo a Reagan, quien despidió a todos los huelguistas para quebrar la huelga de los controladores aéreos. Major parece encaminarse en esta dirección: los periódicos obreros ingleses denuncian que el gobierno está contratando rompehuelgas en masa. Major cuenta con un punto de apoyo en la política de la burocracia. Cuando la magnitud de lo que está en juego —la política salarial oficial y la privatización ferroviaria— y la envergadura del ataque que prepara el gobierno plantean la movilización general y la huelga de todos los ferroviarios, la burocracia mantiene limitado el conflicto a una serie de huelgas parciales (paros alternados semanales de 24 y 48 horas) de apenas una fracción, y la menos numerosa y concentrada, de los ferroviarios. La desesperación burguesa por quebrar la huelga y el bloqueo burocrático confirman que la victoria de los señaleros abriría una nueva etapa de luchas para todo el movimiento obrero británico.

PO: ¿Cómo fue la selección para conformar el jurado? M: El Ministerio se atribuyó la mayoría de integrantes: 3 titulares y 3 suplentes (frente a 1 y 1 del gremio), designados a propuesta de los supervisores de cada nivel y modalidad, entre los directores de escuela que están con el proyecto privatizador de Bondesío (ministro de Educación). Los representantes de gremios fuimos propuestos en asamblea y votados en las escuelas. PO: ¿Cómo surgió tu elección? M: Fui propuesta en asamblea conjuntamente con dos candidatas que respondían a las directivas de la Delegación Rosario (lista Celeste) y provincial (UCR) respectivamente. Cuando los tres nombres bajaron a las escuelas obtuve la mayoría de votos... PO: ¿Qué balance hacés a la fecha? M: Desde Tribuna venimos luchando por la derogación del decreto, oponiéndole la aplicación irrestricta del Estatuto del Docente, es decir, el ingreso como titular por concurso de títulos y antigüedad y jurados electos democráticamente por los docentes. La directiva de AMSAFE, con su estrategia “consensuadora”, discutió a puertas cerradas con el Ministerio y presentó luego el hecho consumado, para que los maestros “decidieran” si integrar los jurados o no. La directiva sabe, como cualquier maestro, que existe un viejo sentimiento sobre el derecho a titularizar y asegurar la estabilidad laboral, y de protesta por los largos períodos en que no se llamó a cubrir puestos vacantes. Así han logrado, por ahora, “meter” en condiciones despóticas a concursar a los maestros. Bondesío ha logrado imponernos el examen, lo que significa prácticamente una revalidación de los títulos docentes. PO: ¿Qué hacer ahora? M: Librar desde mi lugar, dentro del jurado, una batalla contra el manejo discrecional de las calificaciones que llevará Bondesío a través de sus agentes. He podido comprobar un adelanto de esto en la verificación que hacen de los legajos de los concursantes, pudiendo rescatar y defender legajos desestimados por los funcionarios. Trabajo con los compañeros desestimados, los convoco, exijo a la dirección de AMSAFE protección jurídica para cada uno. Esto es sólo el comienzo. Está planteado un plan de acción y lucha de todos los maestros involucrados... hay en total unos 12.000 postulantes contra unos 6.000 cargos a cubrir, pero en un panorama de superpoblación de aulas agravado por la fusión de escuelas. Todo esto no es más que la aplicación práctica de la Ley Federal de Educación, aunque no esté definida la correspondiente a nivel provincial. PO: ¿Querés agregar algo más? M: Sí, que siendo Tribuna Docente la única agrupación de izquierda en pie y opositora a la Dirección del gremio, tiene una gran responsabilidad para organizar a toda la docencia en un plan de lucha que tome este tema y el resto de las reivindicaciones que se van sumando, en función del ataque planificado por el gobierno de Reutemann-Bondesío al sistema educativo estatal.

El pasado viernes 16, una asamblea de 60 compañeros lanzó la campaña electoral del Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Juan Vital Andrada, docente; Rafael Fernández, bancario, y Gustavo Páez, dirigente del sindicato de la construcción, fueron votados para los cargos de presidente, y senador y diputado por Montevideo, respectivamente. El FIT cuenta con proclamar candidatos por cinco departamentos más en los próximos días. La consigna central de la campaña será “Trabajador vote a trabajadores”, destacando el hecho de contar con la presencia del líder de la gran huelga de la construcción, cuya agrupación, Lucha Obrera, obtuvo casi 3.000 votos y el segundo lugar en las últimas elecciones del gremio. El sindicato de la construcción es, por su concentración y por su número, el más importante del país y la indiscutible vanguardia de los obreros industriales. La asamblea resolvió hacer un nuevo llamamiento a la izquierda del Frente Amplio y a la que ha comenzado a abandonarlo recientemente, para constituir un único frente electoral contra todas las variantes proimperialistas. El FA ha desaparecido del escenario político a partir de su acuerdo con un sector del partido nacional, para formar el Encuentro Progresista. El EP tuvo la desgracia de debutar con una estruendosa derrota, junto a blancos y colorados, en el plebiscito del 28 de agosto pasado, que fuera convocado para introducir modificaciones legales que hubieran permitido iniciar la privatización de la previsión social y cruzar votos entre candidatos de diferentes partidos, acentuando las características corruptas de la ley de lemas. Los tupamaros y el partido comunista se empeñan en actuar como frenteamplistas, otorgando así una última cobertura a la derecha del FA con vistas a las elecciones. Los líderes tupamaros quieren salir diputados bajo la protección del vasto paraguas del Encuentro Progresista, en un giro de 180° con relación a las elecciones pasadas, cuando rechazaron la posibilidad de ocupar un lugar en la burocracia parlamentaria. Los tupamaros y el partido comunista están sirviendo como instrumentos para evitar la fuga de la inmensa masa de militantes frenteamplistas que no quieren votar al Encuentro Progresista ni tampoco a su candidato a presidente, Tabaré Vázquez. El partido comunista de Argentina ha aprovechado el ejemplo uruguayo para mostrar que es posible conciliar el repudio, verbal, al “Cavallo” Alvarez, sin necesidad de romper con él y, eventualmente, votándolo. Los acontecimientos uruguayos, en particular los referidos al Frente Amplio y a la burocracia de los sindicatos, han mostrado el descomunal acierto estratégico del Partido de los Trabajadores de Uruguay, cuando señaló, en 1983-84, la inevitable derechización y desintegración del FA, a partir de los acuerdos que éste firmara con el gobierno militar, con relación a la impunidad y al pago de la deuda externa. La emergencia de fuertes oposiciones sindicales en la construcción, la salud y los municipales de Montevideo, corroboran el desenvolvimiento de una vanguardia que procura poner fin a la burocracia de los sindicatos, entronizada también en 1983-84, a partir del copamiento del PIT por la vieja CNT staliniana. El FIT ha anunciado que inaugurará la campaña electoral con un acto en el barrio obrero de La Teja, el próximo viernes 30.

La “sociedad” política ha entrado en campaña electoral; para financiarla, los partidos burgueses rinden examen ante los “factores de poder”. En la última campaña electoral del 10 de abril, el PJ afirma haber gastado más de 5 millones de dólares sólo en propaganda televisiva. La cifra no incluye lo que gastó Duhalde en la Provincia de Buenos Aires. La UCR, según su agencia de publicidad, habría gastado no menos de un millón y medio de dólares en el orden capitalino y nacional; es decir que no incluye la propaganda específica de las provincias. El Frente Grande declaró un gasto de propaganda de 550.000 dólares en Capital y provincia de Buenos Aires. Pero ahora, “Cavallo” Alvarez aspira a más, por eso se reunió con “los 200 empresarios que financiaron los primeros gastos de su nuevo centro de estudios” (Clarín, 6/9). “A medida que escuchan lo que pensamos, muchos empresarios empezaron a perdernos miedo”, se jactó uno de los dirigentes “chachocavallistas”. Dime quién te financia y te diré a quién respondes. Macri, Telefónica, Adeba, ABRA, los“capitanes de la industria”, la“patria concesionaria y contratista” y los banqueros, sostienen a los partidos patronales Y ahora también en forma abierta al “cavallo” bordonismo. El PO está lanzado a la tarea de impulsar un Frente de Trabajadores y la Izquierda. Un frente que ayude a centralizar las luchas en curso, que impulse la movilización política contra la entrega de la Cnea; para enfrentar la criminal reforma de la ley de accidentes de trabajo; para defender las cajas previsionales y el 82%; para lograr el retiro y la derrota de las leyes privatistas y arancelizadoras de la Universidad. La clase obrera y los explotados, para triunfar, deben diferenciarse de sus explotadores y organizarse en forma políticamente independiente. El PO está luchando para dotar a los trabajadores y a un Frente de Izquierda, de todos los instrumentos y posibilidades de intervención. Un aspecto de ello es nuestra lucha por imponer la legalidad electoral del PO. Para esto necesitamos la contribución de los propios explotados, los trabajadores, los estudiantes, los desocupados, los vecinos de la villa y los barrios obreros, los intelectuales comprometidos con la lucha del pueblo trabajador. Lo llamamos a usted, compañero, a que contribuya con nuestra campaña: Aporte, compañero, financieramente; firme para la legalidad electoral, concurra a los plenarios y charlas para poner en pie el Frente de Izquierda.

Millares de familias bonaerenses seguramente no durmieron tranquilas cuando tomó estado público la noticia de que se cancelaba la cobertura a los afiliados del IOMA (obra médico-asistencial de la provincia). Se trata de la obra social más importante de la provincia y abarca ni más ni menos que al 1.000.000 de empleados provinciales (docentes, trabajadores de la administración central y de centenares de reparticiones). Salió a luz esta última semana la deuda que IOMA tiene con sus prestadores. Sólo la agremiación médica platense reclama 4,5 millones por los últimos 3 meses y las clínicas privadas —por intermedio de FECLIBA, Federación de clínicas que las agrupa— 20 millones. Crónica de un vaciamiento anunciado IOMA maneja uno de los presupuestos más importantes de la provincia y su manejo es un coto cerrado del Poder ejecutivo provincial. Por sus arcas ingresan anualmente unos 360 millones de pesos. Los empleados públicos, por otra parte, aportan más que cualquier otro gremio. En lugar de fijarse, como prevé la norma general, 3% de descuento al trabajador y 6% de aporte patronal, en el caso de IOMA el aporte es soportado por partes iguales (4,5% cada uno). Es decir, el Estado se ahorra de poner mensualmente 4,5 millones de pesos, lo cual fue justificado en su momento para hacer viable el servicio y cerrar las cuentas provinciales. Con el tiempo esto no fue suficiente y el siguiente paso fue “arancelizar” las prestaciones. Duhalde, en ese camino, procedió a actualizar en 1993 el valor de los bonos por presentaciones —¿y la estabilidad cavalliana?—. Este aumento de tarifas fue la consecuencia de la renegociación de los contratos, por la cual se le reconocía a los prestadores de entrada un cannon básico por afiliado, una suerte de capitación, a lo que se agregaba después el pago complementario por la prestación efectiva del servicio. Como sucede en estos casos, ya han empezado a aparecer denuncias — inclusive de esferas oficiales— acerca de “sobrefacturaciones”, y pronto saldrán a la superficie “los retornos”. Duhalde-Medicar Mientras se niegan fondos públicos a IOMA, Duhalde ha establecido un nuevo régimen de “control de ausentismo” que consiste en el contrato de clínicas privadas con un gasto mensual que asciende a 1.200.000 pesos y que representa una suma parecida a la que cobra IOMA (por la mera tarea de certificar una ausencia, es decir, no incluye, a diferencia de IOMA, diagnóstico ni tratamiento médico). Lo del “control del ausentismo” es apenas la punta del iceberg. Un mercado de millones de potenciales usuarios y encima cautivo, es un bocado demasiado tentador. Como ya ocurrió con las empresas que luego fueron privatizadas, el gobierno provincial ha sometido a IOMA a un proceso de demolición para luego acelerar su entrega. El próximo paso será, en nombre del estado de falencia, justificar una disminución de los servicios que cubre la cuota básica y un encarecimiento y ampliación de la vigencia de los bonos. Cada vez más la obra social tendrá un carácter asistencial y todo servicio adicional será rigurosamente tarifado y a precios de “mercado”, que es por lo que vienen pugnando los privados. Comenzó la campaña por la reelección Duhalde sabe mejor que nadie que si quiere tener alguna chance para un nuevo mandato tiene que asegurarse el favor y el apoyo capitalistas. No puede descuidarse de alimentar la voracidad de la patria contratista, lo que supone recrear constantemente los mecanismos de prebendas y abrir nuevos horizontes al lucro capitalista. El gobernador está “barajando” para “dar de nuevo” las cartas (léase el botín) entre viejos y nuevos reconvertidos “aliados” en el negocio de la salud y la reelección. Aunque no sabemos cómo terminará la repartija, lo que sí podemos afirmar es que la reelección le está saliendo muy caro al pueblo de la provincia de Buenos Aires. Defendamos IOMA El Partido Obrero llama a impedir por medio de la movilización, el vaciamiento de IOMA, a paralizar las actividades ante el menor indicio de que cesan las prestaciones médicas. El Estado debe asegurar la continuidad del servicio. Que se establezca el 6% de aporte patronal, como ocurre con las demás obras sociales. Duhalde y su gobierno deben responder por el estado de falencia del IOMA. Que se abran los libros y se revisen los contratos. Que el IOMA lo dirijan y administren los propios trabajadores.

La firma de los acuerdos que ponen en marcha el Mercosur a partir del 1º de enero de 1995. ¿Significa que Argentina, Brasil, Paraguay o Uruguay han superado su fragmentación histórica y han abierto el camino de la unidad económica y política? Aunque los acuerdos de agosto establecen a partir de 1995 una unión aduanera, excluyen de la misma a los regímenes automotriz y azucarero, a los bienes de capital y a la informática y prevén la elaboración de un listado de productos que también quedarán exceptuados de la siderurgia, petroquímica y celulosa, entre otros. Ante semejantes limitaciones los propios firmantes tuvieron que admitir que la unión aduanera será... imperfecta. Estos productos representan, sin embargo más de la mitad del volumen comercial regional, e involucra a las industrias estratégicas. Estas excepciones, son de distinta naturaleza. En el caso del sector automotriz que está dominado por empresas extranjeras, significa que se extenderán a todo el Mercosur los privilegios comerciales que ya tienen en cada país, como cuotas especiales de importación y exportación y beneficios impositivos. Por ejemplo la Secretaria de Industria de Argentina elevó, días pasados, por decreto los reembolsos a las exportaciones automotrices al 15%, algo que también paga Brasil a “sus” exportaciones. Esto no solamente ha convertido al intercambio regional en un enorme “curro” fiscal, sino que permite a las automotrices controlar la importación de autos terminados y piezas y repuestos de sus filiales. Lo mismo sucede en la siderurgia. Techint, que controla el 90 % del mercado argentino, ha establecido un acuerdo de reparto del mercado de cada país con la brasileña Usiminas. La “Unión aduanera imperfecta” convalida este reparto. Esto ha llevado a la conclusión que la Argentina “se consuela con exportar petróleo y gas, granos y carnes y circunscribir su futuro industrial a la producción de autos caros, repuestos y partes, y algunos artículos para el hogar con escasa diferenciación de origen, anticuado diseño y tecnología pretérita” ( Marcelo Lescano, en Ambito, 3/8/94). Reserva de mercado La circulación sin aranceles por el Mercosur, requerirá que el componente importado de los productos no supere el 40% de su valor. Se trata de un porcentaje muy alto que convierte al Mercosur en un receptor de productos importados, que podrán ser luego reexportados con el pago de reembolsos a sus beneficiarios. En este sentido, el Mercosur (al igual que los “planes” Cavallo y Real) se convierte en satélite de la agresiva política exportadora de Estados Unidos y en una “ganga” para los “capitanes” nativos. La importación de bienes de capital e informática, recién tendrán un arancel uniforme hacia el año 2006; hasta entonces Argentina podrá importar con tarifas menores que los brasileños, cuya industria seguirá protegida contra la competencia exterior. Estas diferencias “denuncian la incongruente pretensión de erigir un mercado común con dos criterios estratégicos y dos velocidades totalmente asimétricas. Como resultado no es imprudente adelantar que su existencia estará poblada de dificultades...” (Marcelo Lascano, ídem). Para algunos críticos, los acuerdos revelarían “fallas obvias” porque, por ejemplo, “el régimen automotríz ofrece una constante y sólida protección para las terminales nacionales” o debido a los topes establecidos para los componentes importados (Financial Times, 9/8/94). Pero la misma crítica “obvia” se le puede hacer al Nafta o a la Unión Europea. Los bloques comerciales no son instrumentos de atenuación sino de acentuación de la lucha comercial y financiera entre los monopolios y los Estados capitalistas Clase obrera Para los explotadores, el Mercosur es una herramienta clave para golpear a la clase obrera, ya que aquí sí pretende desatar una competencia entre los trabajadores de los diferentes países, para reducirles los salarios y elevar los ritmos de trabajo, así como desmantelar toda la legislación social. De allí que sea pura hipocresía la posición de la CUT brasileña cuando señala que solo “podría cuestionar el Mercosur en caso de que los derechos sociales y laborales no sean respetados, lo mismo que el mantenimiento de las fuentes de trabajo” (La República, 20/7/94). Pero los derechos sociales y laborales hace tiempo que están siendo desmantelados; apoyar una “integración” capitalista que respete los derechos de los trabajadores es quitarle a la integración su razón de ser, que es la de nivelar hacia abajo las condiciones de los trabajadores. El apoyo a la “integración” capitalista por parte de las burocracias sindicales y obreras, significa atomizar a la clase obrera y avivar la competencia dentro de ella. Un programa que haga frente al Mercosur debe mostrar sus profundas limitaciones para impulsar un desarrollo histórico independiente, su completa dependencia del imperialismo; y su carácter confiscatorio con relación a los trabajadores. Contra esta seudo integración (capitalista), hay que oponer la unidad internacional de la clase obrera y de sus organizaciones y la unidad socialista de América Latina. Este programa tiene que ser desarrollado a partir de una lucha común de los trabajadores de los cuatro países por un salario igual al costo de la canasta familiar, por una jubilación estatal administrada por obreros y jubilados en base al 82% móvil; contra los despidos y la desocupación por la escala móvil de horas de trabajo, por la equiparación de los derechos sociales por su denominador más alto; contra la “flexibilización laboral”; salarios de convenio por 8 horas de trabajo. Sobre esta base, se plantea la lucha por una Federación de Centrales Obreras independiente de los Estados capitalistas y los patrones.

El plebiscito convocado para el 2 de octubre no tiene nada que ver con una “consulta democrática”, para la cual hay temas más importantes que el apetito reeleccionista de un hombre obsesionado en privatizar casinos y habilitar así el principal vehículo para el lavado del dinero del narcotráfico. El plebiscito es un golpe de estado orquestado por Duhalde y Rico para perpetuar la política de hambre, entrega, corrupción y liquidación de conquistas sociales, que llevan adelante Duhalde y Menem. Es el resultado de un pacto aún más podrido que el celebrado entre Menem y Alfonsín y que el pueblo repudió el pasado 10 de abril. El PO llama a votar NO el 2 de octubre para derrotar esta política anti-popular. Llama a aprovechar la ocasión para asestar un golpe demoledor al gobierno de los banqueros y ricachones, representado por Menem y Cavallo. Si usted se opuso a la “jubilación privada” tiene que votar NO, porque Duhalde pretende transferir la Caja de la provincia y privatizar la del Banco de la Provincia, el cual integra hoy la AFJP Orígenes. Si usted quiere terminar con la policía impune del “gatillo fácil”, tiene que votar NO. Si usted quiere impedir los basureros tóxicos de María Julia en el conurbano, tiene que votar NO. Si usted quiere impedir la inminente privatización de Eseba y que termine robándole como Edenor y Edesur, tiene que votar NO. Si usted quiere acabar con la estafa del peaje tiene que votar NO. Si usted rechaza la reforma clerical de la Constitución en la provincia, vote NO. Para terminar con los salarios de hambre y la superexplotación laboral, hay que votar NO. ¿Quiere usted seguir viviendo en la provincia más rica pero que tiene el índice más alto de miseria y promiscuidad? NO. NO. Vote NO y organícese en un gran partido de la clase obrera.

El 11 de setiembre se firmó el Pacto Federal educativo. Su propósito es poner en marcha la aplicación de la Ley Federal de Educación. Simultáneamente, el gobierno firmó con 22 provincias (excepto Chubut) la distribución de 3.000 millones de pesos desde 1995 a 1999, que serían asignados por la Nación directamente a las escuelas, sin la intervención de los ministerios provinciales. Del pacto se excluyeron los salarios docentes, pues la financiación apunta a poner en marcha la enseñanza polimodal. Se pretende explícitamente desenvolver la autonomía de cada institución escolar, para promover un sistema de padrinazgo de escuelas, las que serán objeto de la apropiación de empresarios. Con estas asignaciones entrarán en el sistema oficial de educación los institutos privados que hasta ahora no integraron el espectro de la educación formal, como Leicester, Mariano Moreno y otros. Precisamente, éstos se han especializado en aquello que la propia ley de educación menciona como uno de los objetivos primordiales de la educación polimodal: “Desarrollar habilidades instrumentales incorporando el trabajo como elemento pedagógico, que acrediten para el acceso a los sectores de la producción y del trabajo” e “incorpora el régimen de alternancia entre la institución escolar y las empresas”. La burocracia de CTERA ha criticado el pacto y ha lanzado un paro de 24 horas para el 29 de setiembre. Para CTERA, el presupuesto quinquenal debería ser de 18 mil millones de pesos, con lo que se llegaría a la duplicación del presupuesto educativo que prescribe la ley federal. Ese dinero debería ser usado “en la implementación de innovaciones curriculares y la capacitación entre grados y cursos que se determinen en todo el país en un plazo no mayor de cinco años” (Declaraciones de Marta Maffei, secretaria adjunta). Como se ve CTERA no objeta la asignación del presupuesto, —salvo en reclamar 400 de mínimo para los docentes— , sino el monto. La burocracia marisanchista dio todos los pasos necesarios para que el pacto federal fuera firmado y la ley federal pudiera aplicarse: junto al gobierno nacional y los gobiernos provinciales, apoyó la transferencia de escuelas de Nación a provincia ayudó a liquidar las conquistas de los docentes; sin ir más lejos, firmó pactos en la provincia de Buenos Aires que liquidan virtualmente el régimen de licencias e imponen reconocimientos médicos esclavistas a los trabajadores de la educación.

La invasión programada por el gobierno norteamericano para restablecer la democracia en Haití, se convirtió en una ocupación militar “pacífica” de la isla efectuada en colaboración con la dictadura militar. Prensa Obrera es merecedora de reconocimiento por haber insistido en que la invasión era inminente, precisamente porque existía la posibilidad de que los militares haitianos concluyeran aceptando la exigencia de retirarse del gobierno que les formulara el imperialismo yanqui y la ONU. Dijimos repetidamente que la función de una ocupación militar sería, no restablecer la democracia, sino intentar evitar una desintegración del ejército y la guerra civil. En efecto, lo fundamental de la ocupación norteamericana es que concurre a la protección militar del gobierno de Cedrás; le otorga a sus principales dirigentes un mes largo para abandonar las funciones de gobierno; les garantiza una amnistía por sus crímenes, calculados en cinco mil víctimas en el último año; no desarma a las fuerzas paramilitares; reconoce a las instituciones políticas creadas por la dictadura; no prevé el retorno del derrocado Arístide, y acepta que el mandato de éste concluye el próximo año, esto a pesar de que no tuvo posibilidad de ejercerlo. Un elemento esencial para caracterizar a la ocupación militar norteamericana es el número de 20.000 efectivos que ha comprometido. Tamaña movilización hace prever que los norteamericanos tienen la intención de hacerse cargo de la dirección política del país; sólo en esas circunstancias admitirían un regreso de Arístide, en calidad de figura decorativa. El ex presidente y su movimiento, Lavalás, se tendrán que tomar el remedio que ellos mismos se medicaron cuando reclamaron la intervención “democrática” del imperialismo. La ocupación militar tuvo lugar apenas Clinton logró armar el frente único mínimo indispensable para viabilizarla: el acuerdo con los opositores internos a la invasión, que fueron enviados a la negociación de último momento a Puerto Príncipe, y el acuerdo con Cuba sobre los balseros, que despejó el mar Caribe para el traslado de los invasores. Mucho se ha discutido en Estados Unidos si una invasión de Haití correspondía a los intereses fundamentales del país, tal como los entiende su burguesía. Esto viene ocurriendo desde hace tres años, cuando se produjo la guerra del golfo Pérsico. Existe una deliberación política más general en el conjunto de la burguesía mundial, que va desde el rearme japonés hasta la intención de Alemania de formar un bloque colonial con los países de Europa central. Lo que está claro es que el Caribe asiste a una crisis descomunal, como consecuencia del fracaso de todos los tratados de libre comercio puestos en marcha hace cinco años, y que la crisis cubana se transforma en extremadamente peligrosa en un contexto de estas características. Lo que los opositores a la invasión han querido evitar es la exposición de las tropas norteamericanas a los violentos conflictos de clase que no dejarán de producirse en las próximas semanas y meses. El abismo entre la oligarquía haitiana y las masas nativas es demasiado brutal como para erigir sobre esa base siquiera un remedo de democracia. El imperialismo deberá encontrar la solución a su rompecabezas en el contexto caribeño y latinoamericano. La invasión a Haití expresa la irrefrenable tendencia del imperialismo yanqui a convertir a América Latina toda en un peón completamente sometido, al servicio de la lucha por doblegar a los imperialismos rivales, que están empezando a formular sus propias exigencias planetarias y militares.

Un mes atrás, el directorio del Banco Provincia de Buenos Aires resolvió no poner un peso más en concepto de “aportes especiales” a la Caja de Jubilaciones del personal del Banco. Ahora, acaba de anular el pago de la primera cuota del “adicional” (un sueldo extra), con el pretexto de “diferirlo y pagarlo todo a fin de año”. Detrás de estos golpes está la decisión política de liquidar el 70% móvil y otras conquistas jubilatorias, argumentando que el Estado no puede hacerse cargo del “quebranto” de la Caja. Para las autoridades del Banco, de la Caja y aun la propia Comisión Gremial Interna, existe un déficit anual de 38 millones de dólares que amenazaría destruir el sistema. A partir de este diagnóstico, la “salida” preconizada por las autoridades y difundida por la CGI sería un auxilio financiero del Banco y, por sobre todo, el recorte generalizado de beneficios jubilatorios (ver “Bancarios del Provincia” y “Circular Rebelde”, agosto ’94). ESTE DIAGNOSTICO, ESTOS NUMEROS Y ESTAS CONCLUSIONES SON FALSAS. El Banco y la CGI presentan un balance mutilado. “La relación activo-pasivo —dicen— está hoy situada en 1,2 a 1,... 12.500 activos contra 10.000 pasivos” (publicación de la CGI). Pero cuando se hicieron los aportes de los que hoy deben jubilarse o ya lo están, es decir cuarenta, treinta, veinte años atrás, la relación activo-pasivo era de 5 a 1, 4 a 1, 3 a 1, por lo cual la Caja tuvo inmensos superávits anuales, que hubieran debido capitalizarla enormemente. Los sueldos y aportes reales de los que hoy están jubilados triplicaban el nuestro (además de los otros ingresos que por ley corresponden a la Caja, como los “intereses, beneficios y dividendos procedentes de sus inversiones”, o el producido de la Sección Seguros). ¿Dónde están, entonces, los superávits capitalizados de los últimos cuarenta o cincuenta años? Los actuarios del Banco o de la CGI nos muestran una fotografía de un mes o un ejercicio, o de algunos ejercicios anuales con déficit (lo que tampoco es cierto, como veremos más adelante), pero ocultan la película de los inmensos superávits acumulados año a año y que hoy deberían hacer de la Caja una potencia financiera. ¿Dónde está cada peso puesto desde el primer mes de aporte, a su valor real, hace cuarenta años, más su capitalización anual (3% real por año promedio, según el propio informe del Directorio)? El superávit proveniente de estos aportes (más los otros ingresos) financian con exceso las jubilaciones y pensiones de hoy. Es decir, los 10.000 pasivos ya tienen asegurado su monto jubilatorio del 82% móvil con aquellos aportes. No dependen de nuestro aporte de hoy, el cual, en todo caso, deberá financiar nuestra jubilación futura. La CGI comete un grave error cuando plantea que debemos “defender un sistema de reparto solidario” (Informativo Nº10), porque esconde que la Caja de Jubilaciones del Banco no es un sistema de reparto sino un sistema de capitalización colectivo; es decir que los aportes pasados no se repartieron sino que se capitalizaron, y que esa plata está en algún lado, o en todo caso es una deuda real con los que deben jubilarse. No es cierto que se reparta todo lo ingresado entre todos los jubilados y pensionados, porque el trabajador que se retira recibe sólo un porcentaje de su salario, no un porcentaje de los ingresos de la Caja en un mes determinado. La trampa consiste en que la relación activos/pasivos de hoy no tiene ninguna importancia. Lo que importa son los aportes de décadas y su capitalización. Ni “déficit”, ni “colapso”, ¿dónde están los aportes? ¿Hay déficit en la actualidad? Veamos estas cuentas: 1.La Caja recibe el 45% del sueldo de cada trabajador (20% de aporte directo, 25 % de aporte a cargo de la patronal), quizás el aporte más alto respecto a cualquier Caja en funcionamiento. 2. El aporte es, en realidad, del 50%, porque entre las fuentes de financiamiento de la Caja figura “el importe del primer mes de sueldo del personal a su ingreso al banco” y el aporte proporcional por horas extras. 3. Desde hace dos años y medio los jubilados aportan el 12%, lo que hace que al día de hoy, el aporte sumado del activo y el pasivo a la Caja llegue al 55%. Una cuenta elemental, sólo considerando un nivel de aporte del 50%, revela que los 12.500 trabajadores activos del Banco cubren en un año 6.250 haberes jubilatorios al 100%. Pero como nuestros jubilados cobran un 70% y sus viudas/os aproximadamente un 50%, tenemos un beneficio promedio del 60%, casi equivalente al monto del aporte de los activos (sin considerar lo que se sustrae a la Caja por pagos en negro, lo que debería ingresar por las “inversiones” actuales e históricas de sus recursos o el ingreso por la Sección Seguros). Pero además, el informe de las autoridades sobre la “situación económico-financiera de la Caja” omite decir puntualmente el destino de los millones de dólares que se van en “gastos de explotación” y que no se aplican al pago de los haberes jubilatorios. Esta es también una de las claves del supuesto déficit. Nuestros aportes están en el “holding” del Banco Provincia Los trabajadores y jubilados del Banco Provincia son absolutamente ajenos al manejo de la Caja. La dirección de la Caja está en manos de siete funcionarios, entre los cuales figura el Presidente del Banco, que tiene voto en caso de empate y tres vocales nombrados por el Directorio del Banco Provincia. La Caja depende del Banco. Nuestros fondos están allí o repartidos en el “holding del Provincia”. Llamamos a levantar el único programa “realista” ante el desfalco de la Caja: a) ningún recorte a los beneficios jubilatorios, b) que el gobierno y la Caja pongan la guita de nuestros aportes, de su capitalización y los otros ingresos comprometidos, c) que la Caja esté bajo control directo de los trabajadores y jubilados, d) no a los pagos en negro, que se reconozcan las categorías, e) por la defensa a muerte del 82%, que es un derecho adquirido, f) por la reposición de la Sección Seguros. El PARTIDO OBRERO llama a defender la Caja y sus conquistas, a organizar asambleas y un congreso abierto de delegados, trabajadores y jubilados de toda la provincia para quebrar el intento del gobierno.

El gobernador Sobisch acaba de eliminar el plus por zona desfavorable que beneficia a más de 4.000 docentes de las áreas rurales y cordilleranas de la provincia. Cuando hace unos meses el subsecretario de Educación, en uno de sus acostumbrados decretazos, resolvió eliminar el plus por zona desfavorable a una escuela rural, los vocales gremiales del Consejo de Educación se opusieron al decretazo, que fue anulado. El nuevo decreto es consecuencia de una resolución votada por unanimidad, que planteaba “un estudio en el futuro de todo el sistema de plus”. El “futuro” llegó bajo la forma de la quita mencionada para centenares de escuelas y no sólo para una. La burocracia de ATEN convocó a un paro provincial y concentración para el día en que el CPE debía votar el tema. El paro fue masivo y también la movilización, pero el esfuerzo y el espíritu de lucha de miles de docentes han sido dilapidados por la conducta del marysanchismo de aceptar de antemano la resolución del Consejo en el cual participa. El gobernador ya había informado, en su discurso a la legislatura del 1º de mayo, que “sobraban maestros”. La medida desalienta la radicación de maestros en las zonas suburbanas, rurales y escuelas de campo. El plus en esos lugares ayuda a sobrevivir dada la mayor carestía, el aislamiento, la distancia de los lugares donde se dictan cursos de perfeccionamiento, etc. El efecto de la anulación del plus será el despoblamiento, renuncias y traslados docentes hacia las zonas urbanas. La eliminación de una conquista docente de tanta importancia, abre el camino a la eliminación de otros suplementos como el de antigüedad, etc. La conducta de la burocracia ha sido, una vez más, facilitar la tarea del gobierno, y después jugar a la “oposición” . El próximo mes de noviembre hay elecciones en el gremio docente, habrá que “cobrarle” a la burocracia esta nueva entregada.

Esta comuna, una de las tres con mayores necesidades insatisfechas del conurbano, acaba de ser conmovida por el “negociado de la leche”. Así denominó la prensa local al “escándalo” iniciado con la denuncia de dos consejeros escolares “destituidos” por sus pares —entre ellos, la Sra. Zulema Othacehe, hermana del intendente—, “que hasta ahora —según informa ‘El Vocero’ del 20/8— tiene como saldo varias causas iniciadas en la justicia, ... un faltante en el Consejo Escolar de alrededor de $ 600.000 y, a decir de la ex-presidenta de dicho cuerpo, ‘dos muertes’”. El mismo medio reveló que en este turbio asunto está involucrado el presidente del Concejo Deliberante, acusado de “proveedor tapado” del Consejo Escolar, sin que mediara “contrato por nada” y a un precio de 0,43 centavos la vianda, cuando “el precio fijado por la provincia es de $ 0,20”. El hombre, Jorge Esquivel, era hasta hace unos días la principal “espada” del intendente Othacehe, “delfín” éste de Duhalde en toda la estratégica sección electoral primera, quien se encuentra muy implicado a su vez, “debido a las declaraciones de su hermana”. Precisamente por mediación de la Dirección General de Escuelas (DGE), dependiente directamente de la gobernación, se intervino el Consejo Escolar para tapar todo el asunto. En el Concejo Deliberante se han conformado tres comisiones “investigadoras” para tratar otra serie de denuncias que implican a concejales y ex-funcionarios. ¿Será que de esta forma preparan el pasaje a “archivo” de todas las acusaciones? El PARTIDO OBRERO, Regional Merlo, ha reclamado la destitución de todos los funcionarios afectados. El Ejecutivo y el Legislativo municipal están implicados hasta el cuello. QUE UNA COMISION INVESTIGADORA SURGIDA DE ORGANIZACIONES POPULARES Y REPRESENTATIVAS, como de delegados emanados de una asamblea del gremio docente, de trabajadores municipales y de partidos no comprometidos con el Concejo Deliberante y los “curros” provenientes de los “fondos especiales para el conurbano” (ahora bajo control conjunto del PJ y el MODIN), se expida en un plazo de 30 días.

En el sindicato bancario de Capital y Gran Buenos Aires se ha logrado una importante victoria política como consecuencia de la aceptación por parte del CTA de un frente con la izquierda para las próximas elecciones gremiales. Aunque esta unidad tiene un alto componente contradictorio, el hecho de obligar al CTA a presentar una oposición única contra Zanola, es un gran paso adelante. El CTA se había negado en el pasado a establecer acuerdos electorales con la izquierda. Aunque en aspectos incluso muy importantes la cúpula del CTA se encuentra mucho más cerca de Zanola que del clasismo, una derrota de Zanola sería una victoria para el conjunto de los intereses sindicales bien entendidos y permitiría exponer a la luz del día las limitaciones del programa del CTA, cuya composición interna es, por otra parte, extremadamente contradictoria. Las agrupaciones de izquierda que integran la lista opositora única conservan naturalmente toda la libertad para exponer su programa de reivindicaciones. La lista Naranja, por ejemplo, que es apoyada por el Partido Obrero, se encuentra desenvolviendo en la actualidad una vigorosa campaña contra la liquidación de la Caja de Jubilaciones del Banco Provincia y contra el intento de reducir los beneficios que corresponden a sus jubilados, una campaña que enfrenta la oposición de la comisión gremial interna del banco, que responde al CTA. La junta electoral, controlada por Zanola, ya comenzó su actividad de proscripciones, impugnando a 44 integrantes de la flamante lista Azul-Grana. Los activistas se están movilizando para impedir la ilegalización de la lista. Es necesario asegurar la cristalización de una polarización entre el cegeto-menemista Zanola y la oposición del centro-izquierda y el clasismo, como primer paso para movilizar a los bancarios para derrotar a Zanola en las urnas —una tarea harto difícil por los escollos fraudulentos que habría que superar.

La Convención Constituyente ha incorporado a la Constitución Nacional, en el capítulo “Nuevos Derechos y Garantías”, artículo 43, un nuevo “derecho”: “Toda persona podrá interponer esta acción (acción expedita y rápida de amparo) para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquéllos”. Este “nuevo derecho” legitima el espionaje interno, que hasta ahora era considerado ilegal, inconstitucional y antidemocrático —algo así como una violación de domicilio en la intimidad y de la libertad de movimiento. El “habeas data” permitirá al ciudadano “corregir” los “errores” de información recogidos por los alcahuetes pagos de los “servicios”. La nueva Constitución otorga así un marco legal a la actividad de espionaje que, computación mediante, se ha incrementado brutalmente. También se ha legalizado el mercado de las agencias de investigaciones, que podrán seguir a cualquier ciudadano en función de completar los “bancos de datos privados destinados a proveer informes”. Todo esto será en buena ley, porque la constitución “asegura” a los ciudadanos el “derecho” a pedir esos datos y a corregirlos, pero no pueden impedir ser fichados, seguidos y estudiados por los “bancos de datos”. Este “nuevo derecho” fue saludado por el conjunto de los partidos políticos como una gran “adquisición para la democracia”, al decir de Rébora, constituyente por el Frente Grande de Córdoba. Lo que revela no sólo el carácter profundamente reaccionario de la Constitución, de la Convención Constituyente y de los constituyentes, sino también que el “Estado moderno” no es otra cosa que aquél que vulnera abiertamente la libertad, independencia y privacidad de los ciudadanos. Una radio cordobesa hizo una encuesta entre varios políticos para conocer su opinión sobre el “habeas data” y todas las voces fueron de elogios, a pesar de que el periodista se encargaba de hacerles conocer las limitaciones que tendría su aplicación (¿a quién pedirle los datos?, ¿cuántas fichas con datos puede haber?, ¿cómo asegurarse que se hizo la corrección reclamada?). El único que puso de manifiesto el real alcance del artículo fue el Partido Obrero.

Después de las protestas vecinales a mediados del año pasado (Morón, Moreno, etc.), por los cortes indiscriminados de luz, se firmó un “acuerdo-marco” entre la gobernación, el foro de municipios y las empresas Edesur y Edenor, con el aval del gobierno nacional, para evitar nuevos conflictos sociales. Este acuerdo marco consta de 13 artículos. Los más destacados dicen: Art. 1º: Se califica a los barrios obreros con las categorías “A”, “B”, “B1”, “B2” y barrios carenciados. Mientras se nos engrupe con que entramos al Primer Mundo, todavía nos caratulan como verdaderos “kelpers” en nuestro propio país. Art. 8º: “Obligaciones” de las compañías distribuidoras: Inciso c: Instalar en el plazo de 60 a 120 días, uno o más medidores colectivos. Un medidor colectivo o “comunitario” registrará un único consumo de cuatro manzanas. En Villa Jardín abarcaría a 500 o más casas. Esto llevaría a la división de los vecinos y a las peleas; nos convertiría en vigilantes del otro, exigiendo un “consumo razonable”. Art. 7º: Obligaciones a cargo de las municipalidades: Inciso c: Formar dentro de los 30 días del “convenio” una comisión representativa de cada núcleo de viviendas “que sea la encargada de recaudar y pagar el importe de cada suministro”. No sólo nos convertiremos en vigilantes, sino también en empleados gratis (forros) de Edesur. En el mismo artículo 7 inciso 2, dice: “aportar financieramente, en el marco del presente acuerdo, el importe equivalente al canon municipal implícito en la facturación efectivamente cobrada a los usuarios, el que se aplicará a la cancelación de los eventuales saldos impagos de la facturación corriente de los asentamientos categorías “A” y “B1” de su jurisdicción hasta su regularización definitiva”. También dice en el art. 7º que: “A partir de la fecha de la firma del acuerdo, la municipalidad tiene un plazo de 15 meses para la apertura de las calles de 6 m de ancho para facilitar la colocación de los medidores individuales”. ¡Son las propias empresas privatizadas las que le bajan línea a la municipalidad! Esto deja a las claras que las municipalidades son testaferros de los capitalistas. Como se podrá apreciar, todo un rosario de imposiciones contra los trabajadores.

La Interna del Banco Provincia de la seccional Chivilcoy abarca un conjunto de distritos (Mercedes, Luján, Chivilcoy, Bragado, entre otros). Ha emitido un pronunciamiento llamando a movilizarse en defensa de la Caja y convocando a asambleas en cada localidad. Los compañeros denuncian que los funcionarios, al invocar el supuesto déficit de la Caja, “ocultan que cuando se analiza un sistema de previsión social, éste debe relacionar el porcentaje de aportes, los años de permanencia, la sobrevida y el beneficio, pero nunca la situación de un ejercicio deficitario o varios de los mismos, más aún si se trata de un régimen de capitalización”. Ejemplifican: “Si un trabajador aporta entre su patronal y él un porcentual del 50% ... durante 35 años, tiene acumulado para más de 17, (esto) si la Caja pagara un 100%. Como en nuestro caso cobramos aproximadamente un 70% y nuestros viudos/as aproximadamente un 50%, la cifra (cubre) más de 23 años, o sea una sobrevida que significaría vivir, en promedio, hasta los 83 años ... Como se trata de un régimen de capitalización (rendimiento anual promedio del 3% como mínimo) habría que aumentar ese rendimiento a cada aporte individual y también colectivo. En suma —sostienen— ya mantener el actual sistema (que niega el 82%) es una verdadera estafa”. Los compañeros plantean que “lo que se oculta es que siempre la Caja fue dirigida por los directorios de turno y nunca rindieron ni rinden cuentas a nadie. Pasaron justicialistas, militares, radicales y gobiernos de todo pelo, pero los trabajadores nunca tuvimos mayoría”. El pronunciamiento concluye llamando a todas las sucursales a “organizar una comisión de defensa de nuestra Caja y sus conquistas con activos y pasivos”, y llama a asambleas en cada sucursal “con el fin de organizar la resistencia a este nuevo despojo que se nos quiere someter”.

Doscientos trabajadores de una de las principales empresas del distrito se encuentran en la calle, sin cobrar sus haberes del mes de agosto (dos quincenas) y bajo la amenaza de cierre de la misma si no aceptan 80 despidos. Durante los últimos 9 meses el frigorífico Moreno “evadió” todas sus cargas impositivas y sociales, que suman cifras varias veces millonarias. La DGI, principal acreedora, apeló a la Corte Suprema, quien ordenó el “cierre” hasta tanto se dé cumplimiento a las obligaciones fiscales. La patronal pretende extorsionar ahora a los trabajadores, para que acepten el despido de 80 compañeros. En este cuadro se viene a saber que la Municipalidad y la provincia permitieron el funcionamiento del frigorífico durante más de 20 años sin ninguna habilitación. Los trabajadores reclaman que se “clausure” la planta aledaña de Sebo y Sangre, que hasta hace muy poco tiempo era parte integrante del complejo (y que el SENASA no cerró). También han reclamado el “cierre” al Concejo Deliberante. La Opinión de Moreno dice que “El Concejo se está convirtiendo en un ‘Matarife’... los obreros piden pan y les ofrecen garrotes” (8/9). Esta actitud de los “representantes” municipales es escandalosa: 1º) porque según algunas versiones periodísticas, la patronal habría desmembrado deliberadamente la planta de Sebo y Sangre, poniéndola bajo otra razón social, para deshacerse de la planta cerrada, mientras la que sigue funcionando ofrece “el mayor rédito económico” (El Consultor, 9/9); la planta de Sebo en funcionamiento es la mayor fuente “envenenadora” del Reconquista; 2º) porque hasta un secretario de la Municipalidad acaba de afirmar que en Moreno “existe un 30% de desocupación” (ídem). El Partido Obrero de Moreno llama a apoyar la “olla popular” de los trabajadores. También plantea: a) PAGO INMEDIATO DE LOS SALARIOS CAIDOS. Si la patronal aduce “dificultades”, que la planta sea expropiada bajo control de los trabajadores, junto con la de Sebo y Sangre, y puestas en funcionamiento para garantizar un plan de reactivación alimentaria en el distrito y en todo el oeste bonaerense, con asistencia de técnicos universitarios de la UNLu. Hasta tanto la empresa bajo control de los trabajadores genere recursos, que el erario público garantice el pago de los salarios; b) PLAN DE LUCHA ZONAL, junto a los docentes que enfrentan el nuevo régimen de licencias “por ausentismo” y que han protagonizado una gran movilización en Moreno, junto a ATE y demás organizaciones obreras y populares. POR UNA GRAN MOVILIZACION POPULAR hasta conquistar los objetivos obreros.

Un reciente artículo, en Clarín (19/9), sirve para poner de manifiesto hasta qué extremo el “Cavallo” Alvarez y sus inventos programáticos no son más que creaciones del Fondo Monetario Internacional. El encargado de hacer la demostración no es otro que el ex presidente de la Comisión de Valores, considerado otrora como el segundo en importancia después de Cavallo. Redrado hizo sus primeras armas en los Estados Unidos al servicio de los Fondos de Pensión volcados a la especulación en la Bolsa, y fue como un agente de éstos que consiguió ser nombrado como supervisor de la Bolsa de Buenos Aires. Su condición de agente de los especuladores extranjeros lo llevó, en más de una ocasión, a enfrentarse con los capitalistas nativos cuando éstos pretendían esconderles a aquéllos las ganancias reales que obtenían sus monopolios, o cuando resistían las presiones para abrir sus capitales a la penetración extranjera. Pues bien, Redrado escribe que la reciente visita del titular del FMI, Michel Camdessus, fue una ducha fría para Domingo Cavallo debido a la insistencia que puso el francés en subrayar que no bastaría el crecimiento económico si no está acompañado de “una mayor igualdad de oportunidades en materia de salud y de educación”. De acuerdo a Redrado, Camdessus “enfatizó (en) la necesidad de brindar un nuevo horizonte que oriente a los sectores productivos para evitar el peligro de una Argentina quebrada que excluya a vastos sectores de la sociedad”. Redrado se vale del lenguaje “intervencionista” del “Cavallo” Alvarez para ilustrar la posición del FMI, con lo cual convierte a aquél en el mejor representante de la banca internacional. Digamos al pasar que los conceptos de Redrado podrían ser suscriptos sin el menor reparo por Pino Solanas y que el propio Redrado está planteando de hecho que “otra Argentina (no sólo sería) posible”, sino incluso necesaria. Redrado recuerda que, en el pasado, el FMI “no daba respiro (para lo que) no fuera el pago irrestricto de los intereses de la deuda externa. Hoy, prosigue Redrado, Camdessus reconoce otra problemática. Su cambio pone al desnudo la obstinación de la conducción económica que no avanza hacia una nueva etapa que atienda los problemas de los sectores productivos y del desempleo”. Es incuestionable que, con estas palabras, Redrado está respaldando al Frente Grande como alternativa política de los explotadores al planteo menemista. La convertibilidad no alcanza, insiste Redrado; “ahora es necesario generar un nuevo objetivo”. Lo mismo dicen el Frente Grande y el “Cavallo” Alvarez, lo cual los ha convertido en portavoces del imperialismo. Lo que tanto Redrado como Alvarez naturalmente ocultan, es que cuando se refieren a la “cuestión social”, simplemente están pensando en privatizarla, y que cuando hablan de desempleo lo hacen para presionar por la reducción de los llamados “costos laborales”, no los empresarios (superbeneficios, intereses confiscatorios). Redrado se refiere a la necesidad de “quitarle el peso de su ineficiencia (del Estado) al sector privado y hacerse cargo de sus propios costos”. Habla de “liderar una nueva etapa de transformación en la estructura de costos”, lo cual debe entenderse como un reclamo de mayores despidos masivos, agregando por eso la necesidad de la “capacitación de los trabajadores a través de programas de entrenamiento y reentrenamiento”. El Estado debería relevar a los capitalistas del pago de la indemnización por despidos y asumir la carga de la formación profesional. Estos planteos desnudan el carácter rabiosamente anti-obrero de los planteos anti-exclusionistas y sociales del centro-izquierda. La cuestión del llamado “gasto social” constituye, en realidad, un nuevo caballito de batalla del FMI para justificar su injerencia en los países de los que ha quedado excluido luego de cumplir con la función que se le asignó de hacerles firmar la renegociación de la deuda externa en los términos del plan Brady (entrega de empresas del Estado por títulos incobrables de la deuda externa). El FMI, acaba de informar The Financial Times (19/7/94) “desechó la sugestión de no duplicar el trabajo del Banco Mundial en la promoción del crecimiento de las naciones en desarrollo”. El Fondo reclama que se autorice a estos países y a los ex comunistas a tomar préstamos equivalentes al 90 por ciento de su cuota, un 50 por ciento más de lo que les está permitido en la actualidad. Para financiar este incremento de la deuda externa, el Fondo pretende que se lo faculte a emitir moneda —los llamados “derechos especiales de giro”, caracterizados por The Financial Times como un “activo de reserva artificial”. A la luz de estas maniobras en el escenario internacional, se puede decir sin la menor duda que los planes del tipo del “Cavallo” Alvarez, simplemente están vehiculizando presiones del capital financiero internacional, empeñado en encontrar nuevas áreas de especulación y nuevas posibilidades de confiscación en su beneficio. Para obtener una idea de lo que está en juego hay que tener presente que el valor de los títulos y acciones de los llamados mercados emergentes ha llegado al billón de dólares, y que al mismo tiempo las empresas que respaldan estos activos son fundamentalmente artificiales, como lo acaban de demostrar la ola de quiebras bancarias en Venezuela o el reciente estallido de uno de los conglomerados económicos más importantes de México (el grupo Cabal). La especializada revista The Banker (setiembre de 1994) compara a los “mercados emergentes” con la “burbuja del mar del Sur” —en referencia a un sonado escándalo financiero de hace casi doscientos años. El flujo NETO de fondos hacia estos mercados llegó, en 1993, a 40 mil millones de dólares, duplicando los ingresos de los años precedentes; si se estima una salida de capitales igual a la mitad de esa suma, el flujo BRUTO de capitales fue superior a los 60 mil millones de dólares en un año. Cualquiera se da cuenta que los beneficios especulativos de semejante suma de dinero son mucho más que lo que puede soportar cualquier economía subdesarrollada. Una idea del carácter puramente artificial o especulativo de estas “inversiones” la ofrece el índice de rotación (o de cambio de manos) de las acciones y títulos en un año, que de un nivel normal del 50 por ciento, ha llegado en la mayor parte de los casos a índices del 150 al 200 por ciento anual, lo que significa que todo el mercado ha cambiado de manos dos veces EN PROMEDIO en sólo 52 semanas. En 1993, sólo dos mil empresas de 25 países emergentes diferentes levantaron 38 mil millones de dólares mediante la emisión de acciones nuevas, lo que constituye un dato irrefutable del carácter ficticio del respaldo que avala a esas deudas (The Banker). Cuando el “Cavallo” Alvarez se refiere a la necesidad de tener en cuenta la “globalización” alcanzada por la economía argentina, está defendiendo a estos capitales especulativos y procurando evitar la posibilidad de su quiebra. Cuando el FMI quiere la autorización para emitir mayor cantidad de moneda artificial, está pensando también en la necesidad de hacer frente a las perspectivas de bancarrotas gigantescas que han creado esta situación. Y cuando ambos se preocupan del “gasto social”, simplemente están pensando en el destino de los capitales especulativos para el próximo año. Como termina reconociéndolo The Financial Times, “aunque es deseable una mayor movilidad de capital, ella plantea también el riesgo de crisis súbitas... Por lo tanto, Mr. Camdessus continuará presionando por la creación de nuevas facilidades para el FMI, para darles a sus miembros los recursos con los cuales defenderse contra los ataques especulativos en los mercados financieros”.

En la provincia de Buenos Aires se aplica, como en todo el país, la política de hambre y entrega nacional de Menem-Cavallo: desocupación, bajos salarios, privatizaciones, destrucción de la salud y la educación públicas, corrupción generalizada. Por eso llamamos a votar NO en el plebiscito tramposo y fraudulento del 2 de octubre, pactado entre Duhalde y Rico para asegurar la continuidad de esta política. Votemos NO para derrotar la maniobra y también el intento de facilitar la reelección posterior de Menem, completando así el Pacto de Olivos. Al mismo tiempo denunciamos las complicidades de la UCR y la dirigencia del FRENTE GRANDE, encabezada por Chacho Alvarez, con el plan Cavallo y con toda la política de privatizaciones y entrega del patrimonio nacional aplicada tanto por Menem como por Duhalde. Llamamos a votar NO a los bajos salarios y la desocupación. NO a la política de hambre y entrega del FMI. NO al pago de la deuda externa. NO a las privatizaciones, a la destrucción de la salud y la educación públicas. NO a los basureros tóxicos. NO al peaje. NO a la policía del gatillo fácil. NO a la reforma reaccionaria que introduce la enseñanza religiosa y penaliza el aborto. NO al acuerdo de Duhalde con los estafadores de Edesur y Edenor y a la privatización de ESEBA. NO a la agresión del gobierno a los pequeños productores de la ciudad y el campo. Llamamos a luchar por un salario igual a la canasta familiar, a defender los derechos de los jubilados, las obras sociales, las conquistas docentes y del conjunto de los trabajadores y el pueblo. Los abajo firmantes llamamos, en la provincia de Buenos Aires, a votar NO a Menem, Cavallo y Duhalde. Buenos Aires, 22/9/94

Cuando se licitó la concesión de YCF, se ofreció un subsidio de 18 millones anuales, además de la compra del carbón por parte de la usina de San Nicolás a un precio muy superior al del mercado. Luego de varios fracasos, se elevó la propuesta de subsidio a 21 millones. Cuando el grupo liderado por Luz y Fuerza hizo su oferta solicitaba casi 25 millones, lo que fue desechado. El gobierno provincial inicia entonces gestiones para “arrimar” los números, y termina concesionando la empresa con un subsidio de 22,5 millones. La concesionaria debutó cesanteando a los contratados, desconociendo a los gremios, eliminando gran parte de las horas extras, y “diagramando” personal. En estas circunstancias estalló un paro de tres días a fines de julio y luego se cumplió mayoritariamente el paro del 2 de agosto. La concesionaria estiró lo que pudo la conciliación obligatoria, se negó a tratar las reivindicaciones, le quitó el sueldo a los compañeros con licencia, descontó los días de paro y presionó para una renegociación de gran parte del convenio laboral, con vistas a anular las conquistas. Entre los reclamos de ATE figura la anulación de una cláusula que autoriza a reducir personal en un 15% por año y la reincorporación de contratados. Ahora, Kirchner ha venido a tramitar con la empresa la eliminación de ese 15% y la reincorporación de algunos contratados. A cambio de esta “generosidad” el gobernador ha reincorporado a la concesionaria al “pacto fiscal”, con lo que se elimina el impuesto a los ingresos brutos y se baja en un 70% los aportes patronales. La provincia además estableció un perdón al pago del canon minero para subsidiar el carbón de uso domiciliario y engrosar por otra vía más los recursos empresarios. Con todos estos beneficios adicionales la concesionaria redondea los 25 millones de subsidio que había solicitado en su primera oferta. Gracias a Kirchner, YCRT ha conseguido todos sus objetivos y todavía más, ya que ahora viene la continuidad del ajuste y la presión para anular los derechos que establece el convenio colectivo. Kirchner, como gestor de las “privatizaciones”, se ha mostrado más entreguista que el propio gobierno nacional, dando por tierra con toda la patraña federalista que fue a realizar a la Convención de Santa Fe. Si esto fuera poco, Kirchner atacó a los gremios y avaló el “ajuste” que realiza la empresa YCRT contra los trabajadores. Kirchner es el mismo al que BORDON INVITO A SUMARSE AL FRENTE GRANDE... Por eso hasta los activistas del FG lo han rebautizado “Frente Grande para la Victoria”, en alusión al sublema del gobernador...

El “Cavallo” Alvarez no tiene desperdicio, al menos cuando le toca hablar. Lo demostró cabalmente cuando explicó que estaba arrepentido por no haber votado la “ley de convertibilidad”. Un día antes, ante los empresarios que reunió en el Hotel Claridge, fue todavía más claro: “Un momento de ajuste, de transición y de cambio es un momento que generan ganador y perdedores. Los perdedores (el diario lo destaca con letra negra) tienen que sentirse incluidos por lo menos simbólicamente y no la sensación de que en el poder se vive una fiesta”. Para hacer afirmaciones como ésta es necesario superar por lejos la dosis de cinismo habitual y hasta podría decirse que ni siquiera es esto, sino que se trata de una patología del cinismo. Estos conceptos ayudan a entender el contenido del arrepentimiento de Alvarez por no haber votado la convertibilidad. Está simplemente disgustado por no haber quedado del lado de los “ganadores” ; es un hombre en “búsqueda de su tiempo perdido”. Se arrepiente de no haber votado un plan que, sostiene aún hoy, tuvo consecuencias negativas para la mayoría popular. Hay que concluir forzosamente de que se arrepiente también de no haber hecho antes la distinción que le hubiera permitido despreciar el ataque real sufrido por los explotados para rescatarlos simbólicamente. Pero Alvarez no sólo se arrepiente de no haber votado la convertibilidad; también ya está arrepentido de apoyarla ahora, toda vez que no vaciló en adelantar que la defendía “temporalmente”. Semejantes volteretas dibujan a una persona empeñada en el engaño. Al final, un arrepentido es un mentiroso a destiempo. No es casual que la iglesia fuera tan desconfiada con esta clase de individuos, pidiéndoles actos de contricción. Alvarez está pidiendo en este punto una dispensa y reclama que se le crea bajo palabra. Alvarez sabe muy bien lo que quiere decir cuando afirma que debió haber votado la convertibilidad. No es como creen algunos incautos, que el hombre se convirtió a la estabilidad de la moneda, algo imposible en quien defiende el régimen de producción capitalista, el cual se caracteriza por no dejar ningún ámbito fuera de la especulación, menos la moneda. Para Alvarez, la convertibilidad es que el “aumento del salario en Argentina esté asociado a la productividad, o sea que no es posible hoy desde el gobierno decretar un aumento de salario” (Ambito, 8/9). Notable la ignorancia del individuo, salvo que alegue mala fe. El salario de los empleados públicos sólo puede ser aumentado por los gobiernos; lo contrario equivale a desconocer que, en determinadas circunstancias, el Estado es el patrón. Qué dirán la Mary y el Víctor, nos preguntamos. Lo otro: si los salarios no pueden crecer fuera de la productividad, tampoco deberían hacerlo las ganancias, las cuales sin embargo crecen. Por lo tanto, la productividad ha crecido y ello ocurre todos los días, en especial en períodos de crisis y desempleo, cuando los capitalistas solventes buscan compensar el achicamiento del mercado con una reducción de los costos de producción. Si fuera por la productividad que invoca Alvarez, los salarios deberían crecer ininterrumpidamente, y porque efectivamente existe una tendencia a que ello ocurra los gobiernos intervienen para congelarlos o reducirlos despóticamente y el mercado se encarga del resto por medio del desempleo masivo. La cuestión del salario y de la tasa de explotación es, en definitiva, un asunto que lo regla la lucha de clases. Alvarez simplemente nos ha dicho de qué lado de la barricada se pone, con argumentos de ignorante pero con instinto de explotador.

Los abajo firmantes denunciamos que el plebiscito del 2 de Octubre es una transa seudo constitucional perpetrada entre Duhalde y Rico a espaldas del pueblo, de carácter tramposa y fraudulenta, que busca la perpetuación política de un gobierno que sólo ha traído hambre, entrega, corrupción y liquidación de las conquistas de los trabajadores de la provincia de Buenos Aires. Llamamos a votar NO el 2 de Octubre para derrotar esta política y asestar un golpe demoledor al gobierno de Menem-Cavallo. Asimismo denunciamos las enormes vacilaciones del Frente Grande y la UCR para encarar una masiva campaña por el NO, resultante de la complicidad que ambos tienen con el llamado “plan Cavallo” y con toda la política de privatizaciones y entrega del patrimonio nacional. Llamamos a votar NO para derrotar al Duhalde-menemismo y exigir un salario igual a la canasta familiar. Llamamos a votar NO para defender los derechos de los jubilados y las obras sociales. Le decimos No a la desocupación y a la policía del gatillo fácil, a los asesinos impunes de Budge, Dock Sud y Bru, No al acuerdo de Duhalde con los estafadores de Edesur y Edenor, No a los basureros tóxicos, al peaje y a los que liquidan las conquistas docentes. No a la reforma reaccionaria, a la introducción con ella de la enseñanza religiosa y la penalización al aborto pactada con Rico. Llamamos a construir un bloque de organizaciones populares, de los trabajadores y de izquierda por el NO, para derrotar la política de Menem en la Provincia de Buenos Aires. 21/9/94

Caleta Olivia (Agencia).- En un comunicado emitido por el convencional Miguel del Plá, del Frente de Unidad Trabajadora de la provincia de Santa Cruz, referido al tema de las tarifas de gas en la zona patagónica, la tercera fuerza política santacruceña expresa que “La distribuidora de Gas del Sur (TGS), empresa que forma parte del pulpo empresario ENRON (norteamericano), disfruta del monopolio de la distribución de gas en gran parte del país. “En la provincia de Santa Cruz, que provee al gasoducto del fluido, se abonan sin embargo las mismas tarifas que en el norte del país; esta realidad ha sido encubierta por los subsidios existentes para la región, subsidios que son pagados por una partida especial del Presupuesto Nacional, pero que le significa a ENRON cobrar la misma tarifa de Buenos Aires, cuando el transporte de gas es en un caso de 50 km y en otro de 2700 km, y cuando los consumos son muy elevados por lo riguroso del clima. Vale decir que se cobran por nuestro gas un precio que no tiene relación con el costo de producción, y para asegurarle a ENRON el cobro de tarifas impagables, el gobierno inventó el subsidio. “Por lo tanto, la pelea que se desarrolla cada año para que el Presupuesto Nacional asegure el subsidio, es ante todo una pelea que beneficia al grupo ENRON y no a la población patagónica. “La única solución real es la reducción de tarifas a valores relacionados con el costo de producción y en definitiva la anulación de la privatización y la puesta en marcha de una empresa provincial de energía bajo control de los trabajadores”. “El duro invierno que está finalizando —dice en la parte final— trajo altos consumos y por lo tanto menores subsidios, ya que éstos disminuyen a medida que aumenta el consumo”.

El lunes pasado, la Corriente Grande, de Pino Solanas, dio a conocer su programa económico, lo que bastó para que los diarios titularan que “Alvarez y Solanas discrepan por el plan del Frente Grande”, y que incluso estos dos se trenzaran en los días siguientes a repetidos cruces indirectos por las radios. Nadie reparó, por supuesto, en el carácter curioso de las divergencias, cuando el miércoles 21 se anunció la formación de un nuevo bloque parlamentario, compuesto por el Frente Grande, la Unidad Socialista y el bordonismo, y cuando Pino Solanas apareció alegremente en las fotos de la nueva criatura. ¿Qué clase de discrepancia de fondo puede tener, entonces, la Corriente Grande con sus colegas, si se integra a un bloque político cuya novedad es la presencia del principal aliado del “Cavallo” Alvarez dentro del Departamento de Estado de los Estados Unidos y dentro de los grandes círculos de la burguesía argentina? Es evidente que al director de cine le falta sentido de los tiempos y de los escenarios, si es capaz de anunciar su “discrepancia” con el “Cavallo” 24 horas antes de proclamar su integración a un bloque con Bordón. Si Pino se queja de que el “Cavallo” no consultó a nadie para formalizar una alianza con el “Pilo” y con “Freddy”, ¿a quién consultó él para consumar esta alianza mucho más concreta, cuanto que es formal y parlamentaria, y no sólo en cuanto a promesas de alianzas futuras? Entre el “Cavallo” Alvarez y Solanas pueden haber, y seguramente las hay, profundas divergencias de intereses, pero no de ideas o de programa y mucho menos de escrúpulos. La versión que ofrecen los diarios del programa de la Corriente así lo demuestra. En lo que se refiere a las privatizaciones, la Corriente no propugna su derogación ni su reestatización; al igual que sus adversarios, propugna la “regulación y control de los sectores productivos estratégicos”, algo que revela la enorme ignorancia de los autores del proyecto, los cuales no saben, o así lo fingen, que el Estado existe en la sociedad no ya para regular y controlar sino proteger, no solamente los servicios productivos estratégicos sino la propiedad privada en general, incluida la de la fuerza de trabajo del obrero, para permitirle una reproducción social conforme a las necesidades de explotación del capital. Si las privatizaciones van a ser “reguladas y controladas”, ello quiere decir que van a ser protegidas, algo que está muy lejos de “desencantar” a los monopolios que se apropiaron de las empresas públicas. Ni siquiera en el caso del petróleo Solanas propone la estatización, ya que su propuesta se reduce a anular la privatización de YPF, lo cual deja sin modificar todas las áreas centrales y equipos cedidos y vendidos a las empresas privadas. Por otro lado, recuperar exclusivamente YPF significaría recomprar el 80% de su capital accionario, pagando hoy 26 dólares por acción lo que en su momento se vendió a 19. Significaría un 25% de beneficio para los accionistas en menos de dos años, con el agravante de que, mientras tanto, se ha producido una severa reducción de las reservas comprobadas de la empresa. Ni siquiera el partido comunista discrepa con Pino o con el “Cavallo”. Tampoco las huestes radicales de Echegaray pretenden derogar las privatizaciones y reestatizar los anteriores sectores públicos. En la “propuesta del partido comunista” (Propuesta, 22/9), se propone “una propuesta (ni siquiera lo es) que ponga freno a las privatizaciones”, las cuales para la fecha del próximo gobierno serán un hecho consumado porque no quedará nada para privatizar. La “propuesta” de la “propuesta” es evitar la privatización “de las acciones remanentes aún en poder del Estado; evitar las de Yacyretá y Salto Grande; como de las empresas estatales de provincia o los institutos provinciales de previsión”. Esta enumeración taxativa habla por sí sola; pero para julio del ’95 ya no quedará ni esto, con lo que el PC no se compromete en realidad a nada. Echegaray se ha cuidado de no sacar los pies del plato. La prensa ha hecho mucho escándalo en lo que se refiere a la “convertibilidad”, debido a que la Corriente propone salir de ella en un “proceso escalonado para evitar la crisis monetaria”. Lo mismo propuso el “Cavallo”, cuando la definió como una “restricción” que respetaría “temporalmente”. No sólo esto; el asesor del “Cavallo”, Arnaldo Bocco, aseguró “que Cavallo también querría salir y alguna vez lo insinuó”. El mismo opina que “nos parece que en el largo plazo no es muy clara la relación uno a uno” (ver Cronista Comercial, 7/9/94). Si alguna diferencia se pudiera detectar entre estos adversarios, ella sería en detrimento, si se puede decir así, de la Corriente Grande, pues para Alvarez la paridad cambiaria actual importaría un perjuicio comercial a la exportación, en tanto que a Pino le preocupa la “política monetaria”, es decir, la solvencia de las deudas contraídas dentro del sistema bancario. Las divergencias sobre la “convertibilidad” son a tal punto artificiales, que el ex asesor del “Cavallo”, Daniel Novak, ahora convertido en asesor del senador menemo-alsogaraísta Vaca, luego de que tuviera que abandonar a pesar suyo el Frente Grande cuando se revelaron sus vínculos con la dictadura militar y con casos de desfalco; Daniel Novak, cuando aún no se había ido, dijo que con “el bajo nivel del tipo de cambio real el déficit comercial externo no tiene posibilidad de reducirse en forma significativa... (salvo) por la vía negativa de la recesión” (El Economista, 5/8/94). En la versión que dieron a conocer los diarios, no figura el aumento salarial en el programa de Pino. Suponemos que, siguiendo los pasos del “Cavallo”, propone aumentar la jubilación mínima a 290 pesos, lo que supondría un salario mínimo de 340 pesos o 1.70 pesos la hora (jubilación del 82% del salario). Es decir que todo quedaría como está. Ninguna de las dos tendencias propone suprimir los impuestos al consumo, pero sí coinciden en “priorizar” o en “poner énfasis” en el impuesto a las ganancias. Se colocan por detrás, en este punto, del gobierno de Clinton, el cual se ha negado hasta ahora a poner un IVA en Estados Unidos. La “delicadeza” con que tratan el impuesto a las ganancias, se debe a que los “equipos” del “Cavallo” y del “Pilo” Bordón ya han dicho que gravarían especialmente a las ganancias que se distribuyan en la forma de dividendos, pero no a las que se retengan en las empresas. Aun una medida tan mezquina tiene pocas posibilidades de concretarse, ya que afectaría al “mercado de valores”, que es el nuevo becerro de oro de los asesores centroizquierdistas. La Corriente propone refinanciar la deuda externa, pero esta otra consigna mezquina apunta a la “gilada”, esto porque luego del plan Brady y de la conversión de la deuda externa en títulos anónimos de circulación en las principales bolsas internacionales, esa deuda es formalmente, u objetivamente, in-renegociable. Los “técnicos” del “Pino” la proponen, precisamente, en razón de su inviabilidad. El economista del PC, Julio Gambina, dio como ejemplo de negociación soberana de la deuda externa a Brasil (Propuesta, 11/8), sin molestarse en lo más mínimo por la contradicción que significa que el PT de Brasil proponga, luego de esa supuesta “negociación soberana”, una negociación soberana de la deuda externa brasileña, lo que equivaldría a una negociación soberana al cuadrado. Ambas tendencias coinciden en oponerse a la “apertura indiscriminada” de la economía, en lo cual coinciden con Cavallo y con el Mercosur; el primero ya subió varias veces los derechos de importación y los países del Mercosur han aceptado la posición proteccionista brasileña con relación a rubros fundamentales como la informática, los bienes de capital, la siderurgia, los automotores y la petroquímica. La sola mención de los diferentes puntos que abordan ambos programas, y en cuyos puntos mayoritariamente coinciden, nos está indicando que defienden intereses o posiciones y principios puramente capitalistas; no hay nada en ellos que tenga que ver con la defensa de las masas frente a la destrucción de sus condiciones de existencia por parte del capital. Claro que esta omisión no les impide llenarse el buche todo el tiempo con referencias a los “excluidos”. La prueba del nueve de estos impostores es que en ningún momento defienden la consigna de “excluidos del mundo uníos”; o “la emancipación de los excluidos será la obra de los excluidos mismos”. La pugna entre ambas corrientes refleja el desplazamiento del centro de gravitación del Frente Grande, de un lado hacia la Democracia Cristiana de Auyero (que cuenta como operador clandestino a Mariano Grondona), y del otro hacia Bordón, que integra los comités para América Latina que responden al Partido Demócrata de los Estados Unidos. Esta es la razón de que los enfrentamientos en el FG no tomen la forma de un choque de principios ni de rupturas políticas, sino que se manifiesten como enfrentamientos de “lobbys”. Los medios de comunicación se esfuerzan por agrandar las divergencias para presentar más claramente al “Cavallo” Alvarez y a su entorno como definitivamente “confiables”, y en el caso del menemismo, para destacar una falta de cohesión que incapacitaría al Frente para ser gobierno. Pero los trabajadores no deben dejarse engañar por los fuegos de artificio ni por los roles escénicos. En el campo del “Cavallo” como en el del “Pino” , la hierba que crece es decididamente mala.

Desde principios de año se produjeron 27 asaltos contra sindicatos o agrupaciones sindicales de la oposición a la burocracia de la CGT, denunciaron dirigentes del CTA y del MTA ante el ministro del Interior, Ruckauf. La mano de los servicios en estos ataques quedó en evidencia por la escrupulosa revisión de archivos y padrones que tuvo lugar en las sedes afectadas. La ausencia de sustracciones y robos indicaría que, además, los asaltantes pretendieron dejar en claro su finalidad intimidatoria. El grueso de los atentados se produjo en el mes de julio, cuando se encontraba en organización la Marcha Federal. Estas agresiones revelan qué es lo que el movimiento obrero puede esperar de la democracia cuando acentúa sus luchas reivindicativas y de conjunto. Esta dimensión del problema no tiene que escapársele a nadie, especialmente teniendo en cuenta la irreprimible fe en la democracia de los dirigentes de las organizaciones golpeadas. Toda la experiencia histórica indica que las ilusiones democráticas conspiran contra la defensa de la clase obrera contra las acciones terroristas o intimidatorias de la burguesía y de su Estado. Es necesario organizar un servicio de piquetes contra la represión e identificar con precisión los lugares de los que parte y los personajes que están involucrados en ella.

En la ciudad de Las Heras (al norte de Santa Cruz), de la noche a la mañana, la contratista “San Cayetano” despidió a 185 obreros, la totalidad de su personal. “San Cayetano” es una contratista de YPF, encargada del mantenimiento en las zonas de Los Perales y Cañadón Perdido. “San Cayetano” no es, sin embargo, una contratista “normal”: se trata de uno de los tantos“micro-emprendimientos” fomentados por el gobierno menemista cuando fue privatizada YPF, para encubrir los despidos de miles de trabajadores. Dos años después, la “empresa” está quebrada y sus trabajadores no sólo pierden el empleo sino que, además, “no saben qué va a pasar con el respaldo patrimonial detentado al principio del emprendimiento, el que en la mayoría de los casos consiste en las propias viviendas” (Crónica de Comodoro Rivadavia, 26/8). Peor todavía, los despedidos ni siquiera han cobrado la indemnización por despido. Como la “San Cayetano” está quebrada, es la propia YPF, “responsablemente solidaria” con su contratista, la que debería hacerse cargo de las indemnizaciones. Pero los contratistas de YPF, bajo la obvia presión de quién debería pagar las indemnizaciones, presionan a los despedidos, amenzando sólo con tomar a aquellos que “presenten el telegrama”, es decir, que renuncien a su indemnización. Y esto ni siquiera a todos: el delegado de los trabajadores de la “San Cayetano”, perteneciente al Sindicato de Petroleros privados de Santa Cruz, denunció que entre las patronales corren “listas negras” en las que figura el 15% del personal. Bajo la presión del fantasma del desempleo, los trabajadores de la “San Cayetano” aceptaron el “acta de desvinculación” que les impusieron las patronales unificadas y el Ministerio de Trabajo. ¡Sin casa, sin indemnización y sin trabajo!: éste es el espejo del “capitalismo popular”.

27 de agosto de 1994 Estimados compañeros: Escribo en primer lugar para decir que el título “Justifica el atentado” que pusieron a mi carta sobre la bomba a la AMIA, tergiversa el contenido de la misma. Me llamó la atención también el número de páginas dedicadas a la cuestión, que aparecen como un intento de justificar algo injustificable y esto es el marchar a una concentración donde el palco lo tienen organizaciones criminales como la DAIA y afines, con el argumento de que se voceó “Fuera Menem-Cavallo”. Hasta la Sociedad Rural exigió el retiro de gobiernos burgueses de turno en muchas ocasiones, principalmente “peronistas”. Sin embargo, como apunta la compañera Patricia en su carta, parece que hasta el volante del PO era un volante forro, tendiente no a denunciar el rol del judaísmo, sino a evitar irritar a los convocantes de la marcha. Cuando analizan el “antisemitismo” se suman a la propaganda judaica internacional, donde los únicos semitas son los judíos. Los árabes son semitas, por lo tanto ser antijudío no siempre es ser antisemita. El semitismo es una raza; el judaísmo es una religión. Así, un semita puede ser comunista; un judío no lo es, como no lo es un católico, budista, etc. Por lo tanto. un judío puede dejar de serlo. El artículo de Rafael Santos sobre el Bund y su expulsión del POSDR deja serios interrogantes. Por un lado ensalza al Bund, por otro critica y menciona a Medem, como cobertura a lo que parece ser claramente una crítica a Trotsky por su “dureza” con el Bund y supuestos buenos modales con el “sionismo” sin ninguna explicación. El Bund fue expulsado por sectario y chauvinista y punto, al margen de Medem y Santos. Hernán Díaz aporta su granito con el “Yo argentino” y se espanta que muchos de los que lo recitaban no habían nacido en el país. Al margen del uso que se le dé a veces al “Yo argentino”, la expresión es más inteligente y socializante que “el pueblo elegido” y “la tierra prometida”, que están en la base ideológica de la religión judía y son motivos de su sectarismo y reclusión. Para entender esta cuestión hay que dejarse de oportunismo y de buscarle pelos al huevo, llamar al pan, pan y al vino, vino; la raíz ideológica del judaísmo está en el Viejo Testamento, la Torah y el Talmud, todo es cuestión de dedicarse a leer. Marx y Trotsky no escribieron como militantes judíos, sino como militantes comunistas internacionales. Un abrazo

El Mst ha lanzado una campaña para que Carlos “Perro” Santillán acepte la candidatura a presidente de un Frente de trabajadores y de la izquierda. Desde el punto de vista del método, la propuesta es extremadamente negativa. En lugar de partir de un programa, toma como punto de arranque las candidaturas. Sería muy difícil que un luchador acepte encabezar un frente cuyo programa desconozca o antes de conocerlo, e incluso sin saber si coincide con sus propias ideas. El Mst propone incluso que se forme un partido de trabajadores constituido por comisiones internas y cuerpos de delegados, los cuales a su vez tendrían por función discutir, luego, un programa. Toda la propuesta se caracteriza por la demagogia, puesto que supone que los trabajadores estarían dispuestos a construir un partido sin saber antes cuáles serían sus propósitos políticos. Se trata a la clase obrera y a sus representantes más avanzados como una corporación carente de ideas, incapaz de reflejar la experiencia acumulada por los propios explotados y sus organizaciones políticas ya existentes, e incluso desconociendo la presión que ejercen la pequeña burguesía y la burocracia sindical, que hoy dominan mayoritariamente a las organizaciones sindicales. Los trabajadores son al menos concientes de que no pueden postularse como dirección de los restantes sectores oprimidos de la nación, y por lo tanto, salir a disputárselos a la burguesía, sin un programa político. La responsabilidad de las organizaciones de izquierda y revolucionarias es formular ese programa para discutirlo como una base de reagrupamiento político del movimiento obrero independiente. Una campaña para que el “Perro” acepte una candidatura de una coalición cuyo programa desconoce, podría provocar una innecesaria crisis política y abortar la posibilidad de un frente de trabajadores que lo incluya, sea en una posición dirigente o activista, o no. El “Perro” Santillán se ha manifestado en diferentes ocasiones a favor de una alianza con los “empresarios nacionales”, lo cual significa que relega la tarea de una organización política independiente de los trabajadores, y lo acerca más a la ideología oficial de la izquierda del Frente Grande. Es un planteo de subordinación del proletariado a la burguesía“patriótica”. El Mst calla cuidadosamente este aspecto de su propuesta. El Mst no tiene el menor empacho en ser reincidente, es decir, en creer que la organización revolucionaria o política del proletariado como clase en general, puede tener lugar por medio de atajos, lo que significa, por sobre todo, sin programa. Es la consecuencia inevitable de no tener uno. El Mst ha tenido en cuenta la merecida popularidad ganada por el “Perro” y más todavía, seguramente, la proyección que han intentado darle los medios de comunicación. Pero aún resta por saber si galvaniza las tendencias de lucha del movimiento obrero. No parece que éste sea el caso todavía, e incluso existe la impresión de que el “Perro” teme que una proyección electoral de su parte le quite el apoyo que tiene en los trabajadores de su provincia o pueda suscitar en ellos algún resquemor de oportunismo o carrerismo. El Mst parece estar buscando un salvavidas y no una perspectiva política para la clase obrera en la situación histórica actual. Lo adecuado sería que todas las organizaciones de izquierda que repudian por principios la colaboración de clases o que tienen una posición revolucionaria frente a la independencia nacional, propongan un programa de acción e inicien la discusión, incluyendo en ella al“Perro” Santillán y a todos los luchadores obreros que se han manifestado al margen de los partidos. Una conferencia democráticamente organizada con esta finalidad, garantizaría la construcción de un auténtico frente de trabajadores.

Compañero Jorge Altamira Dirigente del Partido Obrero S / D De nuestra mayor consideración y respeto, nos dirigimos a Ud. con motivo de hacerle llegar información recogida en los medios de comunicación locales y regionales, con partes de la problemática de la Zona Norte de Santa Cruz. Para incluir lo de mayor relevancia en la Prensa Obrera y adjuntamos otros materiales que nos parecen importantes para un análisis profundo por parte de Uds. Desde ya nos comprometemos a mandarles información periódica que abarque la Zona Santa Cruz Norte. Estamos trabajando en actividades constantes (repartiendo volantes, pegando afiches, distribuyendo la prensa y buscando local para el FUT); somos un grupo de compañeros activos y armoniosos aunque tenemos problemas para reunirnos todo el grupo por falta de local y poco tiempo por parte de los docentes por su actividad gremial y otras, que les permiten su militancia en sus lugares de trabajo; quedándole poco tiempo para las reuniones y otras actividades que las hacen otros compañeros que disponen de más tiempo. Les contamos que hemos llegado (forzadamente) a Pico Truncado, ciudad vecina distante a 50 kilómetros, donde el FUT sacó un 7% de los votos en las elecciones del 10 abril. Fijarse en una hoja que dice “resultados elecciones constituyentes”. Acá tiene muy buena repercusión nuestro trabajo en todos los medios de difusión (inclusive donde cobran); nos los pasan hasta ahora porque nos tienen simpatía y pasamos los comunicados de prensa de Río Gallegos que pasan por fax Miguel y Ricardo. Y nuestros constituyentes reafirman nuestro trabajo copando todos los medios y Ricardo Mercado ya vino dos veces a Caleta desde que se realizó la Asamblea Regional en Río Gallegos.

Asiduo lector de PO, les envío para su publicación este documento representativo de la crisis de Convergencia Socialista y del Pstu, en Brasil, y también porque revela su capitulación ante el Frente Popular. Saludos. Cándido Gómez Curitiba-Paraná Nota: Dada la extensión del texto, nos hemos visto obligados a reproducir sus partes principales (60%). C. de R. de PO La Conferencia Internacional de TBI realizada en julio votó la ruptura con la LIT (QI) por considerar que esta organización no es más la internacional construida por Moreno, o sea, ya no es más la herramienta que los trabajadores necesitan para luchar contra el imperialismo, la burguesía y la burocracia y para tomar el poder. La TBI-Brasil está enteramente de acuerdo con esta caracterización. Para nosotros, en virtud de la creciente capitulación de su dirección ante el imperialismo y su política de reacción democrática, la LIT hoy ya no tiene más secciones nacionales internacionalistas y tampoco enfrenta al imperialismo como el principal enemigo de la clase obrera... En Brasil, este desvío es todavía más profundo, llegando al punto de la disolución de Convergencia Socialista en un movimiento nacionalista que capitula repetidamente ante la política de reacción democrática de la burguesía brasileña. Coherente con ese análisis, nosotros, de la TBI-Brasil, decidimos romper también con el Pstu... la responsabilidad de este hecho es de la dirección mayoritaria de la LIT (QI) (formada por la TR y por Nuevo Curso) y de la dirección del Pstu, formada esencialmente por la TR. Decimos esto porque no somos nosotros los que rompemos con el partido revolucionario. Estos camaradas abandonaron los principios, la teoría, el programa, la política, el régimen y la moral partidarias con los que fuimos educados por Moreno y que son la continuidad del marxismo revolucionario, del leninismo y del trotskismo. Por culpa de estas direcciones no tenemos más en Brasil a nuestra Convergencia Socialista... Las posiciones internacionales de la LIT y del Pstu El Quinto Congreso Mundial de la LIT votó como campaña central la “Ayuda obrera a Bosnia”. Esta campaña fue aprobada también en el Congreso del Pstu. Para nosotros ésta es una polémica que divide aguas, pues frente a este hecho de la lucha de clases, ya hace dos años que existen dos políticas y dos programas distintos: la de la TBI, que dice que el eje de toda nuestra política para la ex Yugoslavia y para la guerra en curso tiene que ser la lucha con las armas empuñadas por la expulsión del imperialismo; y la de TR, que dice que el eje tiene que ser la lucha contra el genocidio serbio. La campaña que vienen llevando adelante la LIT y el Pstu, además de colocar objetivamente a estas organizaciones del lado del imperialismo, es una campaña pacifista, porque usa los mismos métodos de la Cruz Roja... de “ayuda humanitaria”. Sin embargo, lo peor no es eso, pues es el imperialismo quien financia esa campaña... Por otra parte, no es sólo en relación a este hecho de la lucha de clases mundial que la política de la LIT y del Pstu están lejos del eje antiimperialista. Con relación a los episodios más recientes en Ruanda y en Haití, el periódico del Pstu no planteó como eje del problema la invasión que de hecho el imperialismo francés estaba realizando en Ruanda y que el imperialismo yanqui amenaza en Haití. Además, mientras todo esto sucedía (además del envío de tropas brasileñas a Mozambique), el artículo central de uno de estos periódicos, indicado en tapa, ¡era la celebración del tetracampeonato por la selección brasileña! La política del Pstu en Brasil En el Congreso de fundación del Pstu, nuestra tendencia luchó más de una vez contra la política y el programa defendidos por la TR. Con un documento titulado “Por un Congreso que arme a los militantes para la intervención en la lucha concreta de los trabajadores. Una crítica al proyecto de ‘programa para la revolución proletaria del Pstu’”, analizábamos que desde 1992 la CS, y posteriormente, el movimiento pro-Pstu, se venían construyendo con una política centrada en la cuestión electoral. Analizábamos que uno de los ejemplos más categóricos de esto fue la utilización de la consigna de anticipación de las elecciones generales, por parte de la dirección de la CS, durante la crisis que llevó a su fin al gobierno de Collor... Coherente con esa política, el movimiento pro-Pstu se presentó a los petistas a través de una carta abierta en la que decía que “Brasil enfrentará en el próximo período un momento crucial de su historia, cuando seamos llamados a elegir un nuevo presidente de la República ...”. La política del Pstu durante la CPI (Comisión Investigadora de la corrupción), también se limitaba a proponer reformas en el régimen democrático-burgués, pues exigía transparencia y castigo a los culpables, además de participación de las entidades representativas de la sociedad civil en esta CPI. Recientemente, en el Congreso nacional de la CUT, el Pstu firmó un manifiesto que reafirma el mismo “momento decisivo” por el cual pasa el “país”, y los representantes del partido que firmaban tal documento como “ciudadanos”, respondían “a aquéllos que pretenden colocarnos al margen de las grandes decisiones”. El hecho, compañeros, es que la teoría de la “reorganización del movimiento obrero y de las masas” y la “necesidad de reelaboración programática” está llevando a la dirección del Pstu a reorganizar inclusive su lenguaje y comienza a utilizar términos que siempre fueron extraños al marxismo revolucionario. “Sociedad civil”, “ciudadanos”, “pueblo”, “país”, son términos que caben muy bien dentro de una teoría gramsciana, pero no en un partido revolucionario. Esta política tiene otra faceta muy peligrosa, que es la capitulación creciente frente a la burocracia lulista. A través del análisis de que la victoria de Lula será una tremenda victoria de la clase trabajadora contra la burguesía y que junto con eso traerá una ola revolucionaria sin precedentes en la historia del país, la dirección del Pstu aplica la política de exigencia sin denuncias a Lula. La dimensión de esto es tan grande que hasta incluso en mayo, cuando la clase trabajadora tuvo condiciones para unificar sus luchas hacia una huelga general y la dirección de la CUT levantó la movilización del día 11, al mismo tiempo que Lula desde Boston pedía prudencia a los huelguistas, el Pstu no denunció la traición de este burócrata por medio de su prensa. Es también este análisis el que está por detrás de la política de emblocamiento con Articulación que el Pstu realizó en el último Congreso de la CUT... Prueba más clara aún de lo que estamos diciendo es la táctica electoral del Pstu con relación al Frente Brasil Popular, pues participa orgánicamente de este frente. Una cosa es llamar a votar a Lula; otra cosa es participar orgánicamente de un frente popular en gestación. Una cosa es llamar a votar a Lula, otra es llamar a votar a Erundina, que ya ejerció un cargo ejecutivo en los gobiernos municipal y federal. Una cosa es llamar a votar a cualquier burócrata que sea, otra es tener como candidata del partido a María Luiza Fontanelle, que también ya ejerció un cargo ejecutivo como intendente y con la cual los entonces militantes de la CS, se enfrentaron físicamente... El método con que se viene construyendo la LIT La ruptura con el programa y la política revolucionarios tiene como consecuencia, por parte de la dirección de la LIT, el abandono de la concepción de partido y de internacional que siempre defendimos. ... La concepción de que los partidos deben intervenir en el proceso de “reorganización”, “recomposición” o “refundación” del movimiento obrero determina que los partidos que se están construyendo sean vanguardistas, esto es, organizaciones que tienen su programa, su política y su acción dirigidos hacia la vanguardia y no hacia el movimiento de masas. ... Hay varios ejemplos dramáticos de lo que estamos diciendo. En el Vº Congreso mundial de la LIT realizado recientemente, la TR y Nuevo Curso se rehusaron a realizar el balance de la política y del método de construcción implementados por la LIT en los últimos años. Después del IVº Congreso tuvimos la ruptura de la TMI, la división del partido español provocada por la acción claramente fraccional de la SR italiana (que hasta entonces era vista por la TR como una corriente principista), la expulsión de los compañeros de la TBI del partido paraguayo y la disolución de Convergencia Socialista, la mayor sección nacional de la LIT, en el Pstu. La crisis financiera se agrava, el movimientismo es un hecho y el carácter conspirativo se muestra inexistente a través de los asesinatos de los compañeros paraguayo y brasileño. Para nosotros, la explicación de esta profundización de la crisis de la LIT es su adaptación a la democracia burguesa, la no ruptura con el pasado de las tesis del ´90 ... En el Vº Congreso Mundial de la LIT hubo aún otros hechos importantes que comprueban la degeneración de esta organización. En medio de la intervención militar del imperialismo francés en Ruanda, hubo un rechazo por parte de la mayoría de la dirección de que se tomase tal punto como pauta. Tampoco fue discutida la posible acción militar del imperialismo yanqui en Haití... La disolución de la CS y del Pstu El último Congreso de la CS votó por la disolución en el Pstu, un movimiento (tal como lo reconoce su propia dirección) que no está afiliado a la LIT. O sea, no existe más una sección internacional de la LIT en Brasil, no existen más organismos de base que puedan discutir e implementar, cotidianamente, las políticas votadas por la LIT. Existe, por otro lado, una “dirección” de once miembros representantes de la sección brasileña. Para nosotros no tiene sentido la existencia de un organismo de dirección si no hay organismos de base, y por tal comprensión rechazamos integrarla. ... Para que los compañeros no digan que somos escépticos y estamos exagerando, basta citar algunas informaciones que traen las últimas circulares del Pstu: la crisis financiera es gravísima, el partido funciona con dinero del parlamento burgués, acabamos de realizar una campaña financiera (de la cual no tenemos balance) y la dirección propone otra; 43% de los militantes no cotizan; apenas se pagan 650 periódicos semanales; la mayoría de los organismos no se reúnen regularmente, incluso los organismos de dirección. ... Por último, pero no menos importante, el programa votado en el Congreso de fundación del Pstu contiene un programa máximo y un programa mínimo. El programa máximo habla del socialismo y de la toma del poder, pero esto queda para las calendas griegas, porque al concretar un programa para Brasil hoy, presenta un programa mínimo reformista, que propone medidas posibles y viables para la reactivación de la economía capitalista. Compañeros, un partido que no se propone actuar en lo cotidiano de nuestra clase, que vive de “campañas”, que no hace un balance claro de sus políticas y de su construcción, que no vive del sustento financiero de sus militantes, que no tiene afiliación internacional, que tiene como prioridad las elecciones, que organiza en sus filas a figuras como María Luiza Fontanelle, que presenta un programa reformista, es un gran movimiento nacional trotskista y no un partido revolucionario. No es este tipo de organización la que pretendemos construir. ¡No es éste nuestro partido! ... Sostenemos que el imperialismo está a la ofensiva en el terreno económico, político y militar. Sin embargo, nuestra clase y el movimiento de masas no están aplastados: ¡resisten y de una forma cada vez más dura! Por eso hay grandes huelgas en Europa; por eso sucedió la lucha de Chiapas; por eso hubo huelga general en Paraguay y Bolivia; por eso el imperialismo tuvo que retroceder en Somalía; por eso en la Argentina ocurrió el Santiagueñazo. Esta situación nos permite poner a prueba nuestra política y nuestro método de construcción del partido. ¡Podemos avanzar!... Tendencia Bolchevique Internacionalista Brasil 13 de agosto de 1994

El MTA y el CTA se han juntado de nuevo para apoyar el entuerto entre Alvarez y Bordón, pero con ello han mandado a la Marcha Federal al cementerio. Los burócratas de uno y otro grupo vuelven a comportarse como cuando apoyaron a Menem en el 89: “ayudar” a su candidato frenando al movimiento popular. Despues lucen como arrepentidos, juran que nunca más se dejarán enroscar la víbora y empieza el cuento de la buena pipa. Claro que, mientras tanto, ellos siguen cómodos en sus sillones y los que pagan los gastos de su ineptitud y de su complicidad son los trabajadores. A principios de setiembre los capitostes del Congreso de la Producción se reunieron con los del Frente Grande. Según Pagina 12 (8.9), el “Cavallo” Alvarez se desató con un “mejor que articulemos ahora, porque despues va a ser un tema de discusión”, cuando le informaron que pretendían continuar con la “protesta social” en noviembre, que es una forma como cualquier otra de llegar al verano sin que pase nada. En todo caso se buscará que sirva de tribuna electoral del “cavallo”-bordonismo. Y todavía. En el Congreso de la Producción milita la Federación Agraria, cuyos dirigentes han hecho un pacto con Duhalde, cuyo futuro depende, claro, de los resultados del plebiscito del 2 de octubre. Si Duhalde pierde la “protesta social” no va a esperar las indicaciones de ningun Congreso de la Producción. Si gana, probablemente tampoco, aunque en ese caso el Congreso de la Producción dificilmente ponga su parte. El sometimiento político del MTA y del CTA al “cavallo”-bordonismo ya está significando un duro precio para el movimiento popular, en especial del interior del país, que se debate en un agudo aislamiento. Los figurones de la Marcha Federal han dejado sin reaccionar que las Cajas de Jubilaciones de varias provincias se hayan enajenado al sistema nacional y a la privatización. La función frenadora de las burocracias del CTA y del MTA no va para nada a la zaga a la de la UOM o la CGT.

El gas en la Patagonia está subsidiado por el presupuesto nacional. El usuario paga un 26/30% del precio que recibe la Distribuidora de Gas del Sur. A partir de la privatización, este subsidio está discriminado en la boleta. Cada año, la inclusión del mismo en el presupuesto nacional trae una crisis; en el ’94 fue vetado por Menem y luego restablecido por la Cámara. Los recortes presupuestarios anunciados para el año próximo dejan al subsidio pendiente de un hilo. Este año, el crudo invierno motivó un incremento del consumo del gas, con lo cual muchas familias rebasaron el tope de subsidio y recibieron boletas impagables de 150, 200 pesos y hasta más. En esta situación, un grupo de vecinos del barrio Belgrano realizó una Asamblea con más de 150 personas para pedir la rebaja de la tarifa a 1 centavo el metro cúbico (la actual, con subsidio, es 1,82 centavo) sin tope, que el gobierno se haga cargo de esta boleta y que se asegure que a ningún vecino se le retire el medidor. Se resolvió también una nueva asamblea, con invitación al gobernador. La nueva asamblea fue masiva: reunió a unas 400 personas. Dada la magnitud que fue tomando el movimiento, se hicieron presentes el intendente, concejales, diputados y una delegación de funcionarios del gobierno. Los funcionarios se limitaron a decir que no había habido aumento de tarifas, que analizarían casos de errores de liquidación y que se harían cargo de las boletas de los desocupados o carenciados. Pretendieron adueñarse de la asamblea, pero se tuvieron que retirar entre abucheos de los vecinos, que exigían la cancelación de todas las boletas y la rebaja de la tarifa. El intento del gobierno de romper la asamblea, fracasó rotundamente. A partir de aquí el movimiento se extendió a otros barrios y se decidió una movilización a Casa de Gobierno. El barrio El Trencito realizó su propia asamblea y eligió una Comisión. El 15 se realizó la movilización a pesar de las presiones de todo tipo que ejerció el Ministerio de Sociales, y las amenazas de quitar la ayuda alimentaria y el pago de las boletas. La movilización fue difundida por los medios y los vecinos denunciaron públicamente las presiones y amenazas del gobierno. Ahora, el reclamo se ha extendido a Calafate, donde se juntaron más de doscientas firmas y se han elevado petitorios a la Gobernación y al Concejo Deliberante. El FUT se ha puesto a la cabeza de este reclamo, que apunta directamente al negociado de la privatización basada en subsidios.

La carta “Sobre el control del ausentismo” (Correo de Prensa Obrera Nº 427, C.H. Greco de Bahía Blanca) refleja una incomprensión del conflicto que ha comenzado a desarrollarse en la docencia bonaerense con relación al control de faltas. El volante al que el compañero hace referencia fue elaborado pocas horas después de conocerse el instructivo “Prevención de Salud y Control de Ausentismo”. Este régimen fue aplicado sólo en siete regiones de la provincia —y no en todas al mismo tiempo— “a modo de experiencia piloto y observando sus fallas”, según informó una funcionaria en Morón. El instructivo persigue dos objetivos: controlar el ausentismo para quitar conquistas históricas y así poder entregar las escuelas a manos privadas con una docencia domesticada; favorecer un negociado, entregando ese control a manos privadas, que no son otras que las de los “sponsors” de la reelección de Duhalde. Desde el primer día de aplicación (17 de agosto en Morón, Sarmiento, San Martín, Varela, etc.) hasta hoy, ha sufrido “modificaciones” para hacerlo más “digestivo”, pero no ha cambiado su carácter. La funcionaria antes aludida lo dijo con claridad: “¿necesitan líneas telefónicas para comunicarse con el Consejo?¿Necesitan más tiempo para solicitar la carpeta médica? Pues solicítenla de 8 a 18 horas”. Es más, algunos compañeros constataron que dan más días de los necesarios cuando concurrís a las clínicas o solicitás médico a domicilio. Inclusive, en varios de los distritos más movilizados, ahora conviven los dos sistemas: la vieja carpeta médica (en que el médico justifica los días) o concurrir al Consejo Escolar a hacer el trámite de “control”. En otros distritos, el instructivo (al que alude el lector de Bahía Blanca) ya vino con la modificación de que la solicitud al Consejo podía ser telefónica. Todos estos puntos fueron denunciados, no sólo por nosotros sino también por numerosos docentes, en asambleas y movilizaciones, como intentos de “endulzar” el régimen, o sea, como un recurso para desmontar la gran movilización que se ha desarrollado.

La campaña de adhesiones para recuperar la legalidad del PO bonaerense ha cosechado en dos semanas más de mil firmas. De las primeras actividades realizadas en plazas, estaciones y barriadas, surgen dos registros políticos muy claros: en primer lugar, se trata de un pronunciamiento contra la legislación proscriptiva de partidos políticos. Al solicitar la adhesión, llamamos a derrotar el “estatuto de partidos” que inventó la dictadura videlista y que perfeccionaron Alfonsín y Menem. Pero la adhesión viene precedida, muchas veces, de un explícito reconocimiento político: “Si es para el PO, sí...”. Se expresa, de este modo, la defensa del partido que ha denunciado implacablamente todas y cada una de las agresiones capitalistas contra las masas y que ha luchado a brazo partido contra esos ataques. La campaña se desarrolla en forma compacta: agitación con carteles partidarios, propaganda oral y un buen núcleo de compañeros. En Lanús, más de un centenar de vecinos firmaron para el PO en una mesa de estas características en apenas una hora y media. En la zona Norte, en Polvorines y Escobar, se reunieron más de 300 firmas en pocas jornadas. Estas primeras actividades han servido para “tomarle el pulso” a la tarea y para verificar los mejores caminos para llegar al objetivo. Estamos recién en el 15% de las adhesiones que estimamos necesarias para reconquistar la legalidad. En las próximas semanas, redoblaremos el esfuerzo con la consigna: “Firme junto al Partido Obrero”. Venga con nosotros.

Caleta Olivia (Agencia) En nota remitida por la comisión directiva del SOEM- CO, gremio que nuclea a los obreros y empleados municipales de la Ciudad de Caleta Olivia, al bloque de Constituyentes Provinciales del Frente de Unidad Trabajadora (FUT), los gremialistas señalan su postura con relación al futuro de la Caja de Previsión Social de la Provincia, con relación al tratamiento constitucional que promueve el FUT se le dé con la incorporación al texto de la nueva Constitución santacruceña. La nota enviada por la dirigencia municipal caletense contiene un petitorio que resume, como la misma nota lo marca, “la voluntad expresa de nuestros afiliados de seguir sosteniendo el régimen estatal provincial”. Petitorio La nota del SOEM- CO, tras las consideraciones anunciadas, envían las pretensiones en 3 puntos básicos que dicen: 1) Refrendar el carácter de Indelegable e Intransferible de la Caja de Previsión Social de Santa Cruz. 2) Refrendar el derecho constitucional de percibir el 82% móvil como jubilado ordinario y mantenimiento del actual régimen jubilatorio provincial. 3) Refrendar el derecho constitucional de la participación de los trabajadores en la organización, administración y resoluciones de la Caja de Previsión Social. Peticionan Finalmente, el documento remitido al FUT indica que “los trabajadores santacruceños, en particular los municipales, como parte integrante de esta sociedad, peticionan ante sus representantes la adecuación de la Carta Magna Provincial a las reales necesidades y al pensamiento del pueblo de Santa Cruz, en su trabajo Convencional Constituyente se plasmará el mandato que le confirieron”. La nota tiene las rúbricas de los dirigentes Luis Nievas y Jesús Reinoso, como secretarios Adjunto y General del SOEM- CO respectivamente

9 de octubre 1967 • 1994 “Es la hora de atemperar nuestras discrepancias y ponerlo todo al servicio de la lucha (...). Y si todos fuéramos capaces de unirnos para que nuestros golpes fueran más sólidos y certeros, para que la ayuda de todo tipo a los pueblos en la lucha fuera aún más efectiva, ¡qué grande sería el futuro, y qué cercano!”. El Che El C.D.R.(Comité de Defensa de la Revolución Cubana en Argentina) de Gral. Rodríguez, te invita al video-debate sobre la vida del Comandante Ernesto “Che” Guevara. El mismo se realizará el día sábado 8 de octubre de 1994 a las 19,30 horas, con motivo de cumplirse el día 9/10/94 el 27mo aniversario de su muerte. “... podrá morir el artista, sobre todo cuando se es artista de un arte tan peligroso como es la lucha revolucionaria, pero lo que no morirá de ninguna forma es el arte al que consagró su vida y al que consagró su inteligencia”. Comandante Fidel Castro

Poco tiempo atrás fue difundido un proyecto de ley sobre la enseñanza superior, “alternativo” al del gobierno menemista. La impresión de que el proyecto que lleva la firma de FUA -CONADU es el de la comunidad universitaria es, sin embargo, falsa. Es un producto exclusivo de dos o tres miembros de sus cúpulas directivas. Es cierto que fue aprobado en un Congreso de la CONADU, pero sólo “en general”, con 14 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones, es decir, en una reunión minoritaria y sin un debate previo en todo el país. ¿Será por eso que el propio proyecto pretende que el Estado determine por ley la existencia de “una sola organización sindical”, tanto para los estudiantes como para los docentes, al estilo de lo que siempre defendieron los Lorenzo Miguel y Cía. para la CGT? Antidemocrático El “proyecto” FUA-CONADU elaborado tan burocráticamente, reviste características reaccionarias por el costado que se lo mire. Comienza postulando que se trata de un texto elaborado “en el marco de la legislación vigente”, es decir, en el “marco” de la Ley Federal de Educación que fuera resistida por una enorme movilización de toda la educación nacional. A “FUA-CONADU” no se le ha ocurrido plantear la derogación de esa ley. El proyecto, de 80 artículos, propugna que todo el “subsistema de enseñanza no universitaria” se organice en función de los estatutos que dicten “las jurisdicciones” (art. 19), que es como se denomina legislativamente a los poderes ejecutivos nacional y provinciales, y que significa que se niega la autonomía a los establecimientos de educación terciaria. Se establece, además, que las pautas claves de este “subsistema” serán determinadas por el Consejo Federal de Educación, un órgano del Poder Ejecutivo integrado por los ministros de educación de todo el país, es decir, por funcionarios elegidos a dedo. Menemización En lo referido al “subsistema universitario”, también liquida su autonomía al propugnar que su funcionamiento nacional quede bajo la supervisión, de hecho, de una Comisión Nacional de Evaluación (art. 64), prácticamente el mismo nombre con que se designa al organismo en la ley menemista. Los dirigentes estudiantiles y docentes también propugnan que semejante “Comisión” sea integrada por funcionarios; varios de ellos serían designados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), otro órgano burocrático creado por esta ley, formado por los rectores, sin representación estudiantil, aunque los autores del proyecto plantean que uno delos siete miembros de la mentada Comisión sea un estudiante designado por los “capos” de la FUA. La “ley” FUA-CONADU es igualmente macaneadora cuando propugna el gobierno universitario “igualitario” entre los “claustros”, donde ...“ninguno de ellos pueda tener una participación superior al 50% de la totalidad de sus miembros”. Pero inmediatamente aclara que los “cogobiernos establecidos en los estatutos vigentes son reconocidos por la presente ley”, donde el precepto anterior no se cumple. Tales estatutos ni siquiera reconocen como docentes a los profesores que revistan como jefes de trabajo práctico y a los que están al frente de las comisiones de curso (auxiliares). La ley CONADU-FUA tampoco cuestiona el voto calificado en la Universidad (para elegir a un representante estudiantil se requiere un número muchísimo mayor de votos que en el caso de los docentes y graduados). Laica no, “libre” sí Esta forma de plantear algo genérico, primero , y negarlo enseguida mediante una disposición que lo contraría, la utiliza también el proyecto FUA-CONADU para “legislar” sobre el ingreso “directo” a la Universidad. Dice que “cada institución podrá establecer cursos, seminarios u otras modalidades para quienes ingresen en ellas con el objeto de mejorar el aprovechamiento de sus estudios, siempre que no impliquen restricciones al ingreso”. Tal cosa ya existe, y contra lo que dice el texto son, efectivamente, “restricciones” al ingreso; eso sí, convenientemente camufladas. Son los CBC, como en la UBA; exámenes o cursos en otras universidades, que sirven para limitar el ingreso pero que disfrazan su propósito. Como todo el mundo sabe, el CBC de la UBA no fue ideado para “mejorar el aprovechamiento de los estudios”, sino para evitar que se abarrotasen las facultades. El “ciclo básico común” se encarga de organizar la deserción del alumnado en ese primer año. El proyecto FUA-CONADU entierra una de las más viejas y fundamentales reivindicaciones del movimiento universitario y educativo, al reconocer la enseñanza privada y confesional e incorporar a la gestión del “sistema universitario” al Consejo de Rectores de las Universidades Privadas, integrado por obispos y elementos fascistoides como Porto; y al legalizar las “subvenciones del Estado Nacional” a los “establecimientos privados de educación” (Art. 79). Lo que, en cambio, no asegura la ley FUA-CONADU, aunque finge hacerlo, son los fondos para financiar la Universidad estatal. Es que para garantizar que éstos se “dupliquen” en 5 años, recurre a la Ley Federal de Educación, que deliberadamente subestima el presupuesto del ‘92 (que es el que se toma como base para la citada “duplicación”), que no habla de incrementos reales, con lo cual no se incluye la recomposición de fondos por la inflación y que condiciona tales aumentos a otras disposiciones que tome el propio Poder Ejecutivo. Los aprendices de legisladores de la FUA-CONADU han resuelto mejorar a los ñoquis del Parlamento en aquello de “hecha la ley, hecha la trampa”; ahora las trampas vienen incluidas en la propia ley. Como el proyecto de ley oficial, éste también debe ir a la basura, pues está en total contradicción con las aspiraciones más elementales de la Universidad, comenzando por la autonomía, la triplicación del presupuesto y la defensa de la educación gratuita, laica, pública en todos los niveles y en todo el país.

Buenos Aires, 13/9/94 AL SR. EMBAJADOR DE BRASIL EN ARGENTINA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE SAN PABLO Luis Antonio Fleury Filho A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA A-C Odyr Porto El día 12 de junio del corriente año, en horas de la madrugada, eran asesinados a balazos José Luis Sunderman, vicepresidente del Sindicato de los Trabajadores de la Universidad Federal de San Carlos (SP) y miembro de la Federación de Trabajadores de las Universidades (FASUBRA), a la vez dirigente de la CUT regional y militante del PSTU. Jjunto a su compañera Rosa Hernández, dirigente nacional del PSTU y de las luchas de los trabajadores rurales de la región. A estos crímenes se sumaban los asesinatos de dos asesores del Partido de los Trabajadores el día 13 de junio en Río de Janeiro: el abogado Reinaldo Guedes Miranda y el historiador y poeta Hermóquenes Da Silva Almeida. Tanto en Brasil, como en numerosos países de América y Europa, se ha venido exigiendo por una exhaustiva investigación, así como por el castigo a estos bárbaros asesinatos. En nuestro país, son numerosas las personalidades que ya se han pronunciado. Dirigentes políticos como César Jaroslavsky (UCR), Graciela Fernández Meijide (Frente Grande), Norberto Laporta y Alfredo Bravo (PSD). Los partidos de izquierda MAS, MST, PO, PTS, LSR. La Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Comisión de Familiares de Detenidos-Desaparecidos por Razones Políticas. Así también como importantes dirigentes sindicales y estudiantiles. CON LA PRESENTE Y COINCIDIENDO CON IGUAL PRESENTACION EN OTRAS EMBAJADAS BRASILEÑAS DE OTROS PAISES, HACEMOS ENTREGA DE LAS DISTINTAS PETICIONES DE ORGANIZACIONES POLITICAS, SINDICALES Y DE DERECHOS HUMANOS DE ARGENTINA, EXIGIENDO POR SU INTERMEDIO, PARA QUE LAS AUTORIDADES BRASILEÑAS QUE CORRESPONDAN ESCLAREZCAN DE MANERA INMEDIATA ESTOS BARBAROS CRIMENES POLITICOS. Firman NOMBRE ORGANIZACION RECIBIDO EN LA EMBAJADA POR

Mis problemas con la patronal comenzaron cuando, durante la ENTel, denunciamos la iniciativa de las jefaturas de Redes Locales de formar una cooperativa que iba a funcionar paralela al trabajo en la empresa. Esto, acompañado de los talleres clandestinos donde se hacían proyectos para los contratistas, motivó los dos primeros pedidos de desafuero gremial por parte del entonces gerente Jorge Otero. A partir de la entrega de ENTel, y manteniéndose al principio las mismas jefaturas, estando de por medio el conflicto que ocasionaba la “reorganización de la zonas”, se pide por parte del Dr. Keena el 3er. pedido, el primero de Telecom hasta el momento, sin llegar a instancias judiciales. A mediados del año ’92, Telecom S.A. me inicia un juicio por el fuero gremial para poder proceder a mi cesantía. A mediados del ’93, sin llegar al fallo judicial, se me aplican 25 días de suspensión sin goce de sueldo. En este año ’94 fueron innumerables los “errores” que Telecom produjo en mi boleta de sueldo, como tampoco atendió mi pedido de pase al sector Plantel. Pero en estos últimos 4 meses el apriete aumentó. Se me llamó por le menos 5 veces a Personal en el 9º piso de Golf para ofrecerme sumas de dinero en concepto de retiro voluntario; al ofrecerles una negativa, se cambió el trabajo habitual que realizaba en la calle para trabajar con una máquina, teniendo la orden mi Jefatura que cada vez que me levante de la silla tiene que marcarlo como horario no trabajado, lo que dio lugar en este último mes a 2 telegramas previniéndome de que de “persistir esta actitud se accionará convenientemente”. Debe agregar que esto está acompañado por las fotos que se toman constantemente a las carteleras donde ponemos la información para los compañeros. Además de hechos insignificantes, durante la última movilización, el gerente de Líneas movió todo su “poderío” para confiscar la bandera representativa del edificio. Sin duda, la intención de la patronal es llevarme nuevamente a juicio para negociar luego un retiro voluntario, entendiendo que tendría menos margen para decir que NO, pero también queda claro que desde el edificio estamos golpeando donde más les duele tanto a la empresa como a la conducción del sindicato.

Ante la renovación de la Mesa Ejecutiva Nacional de la CONADU, el sindicato de los docentes universitarios, se ha constituido la lista FRENTE GREMIAL DOCENTE, integrada por dirigentes de las universidades de Buenos Aires, Centro, Comahue, La Plata, Luján, Rosario, Salta y Tucumán. El Frente Gremial Docente convoca a “dar un giro político en el gremio, que lo ponga de pie para enfrentar el ataque de magnitud histórica que este gobierno ha lanzado contra la universidad pública y sus trabajadores”. Proclama que preparará, “desde la conducción, medidas de lucha que nos permitan conquistar condiciones mínimas de funcionamiento normal, entre las cuales la resolución de la situación salarial de los trabajadores universitarios docentes y no docentes y el financiamiento a cargo del gobierno son prioritarias”. La plataforma frentista defiende un nomenclador salarial basado en el costo de la canasta familiar, “porque entiende que el reclamo salarial debe estar determinado por las necesidades de los trabajadores y no por la adaptación a la miseria que propone este gobierno”, estrategia del oficialismo conducido por Hugo Koffman. Se compromete a luchar por el retiro del congreso de los proyectos de ley de educación superior y de régimen económico financiero. El Frente Gremial Docente denuncia la sanción de la Reforma Constitucional “que consagró la posibilidad de reelección del gobierno responsable de la liquidación de la educación pública, y que introduce expresamente en su texto cláusulas que habilitan el arancelamiento de la enseñanza en todos sus niveles en nombre de la ‘equidad’ y la introducción de la enseñanza religiosa en la escuela por la aprobación del Pacto de San José de Costa Rica (artículo 12, punto 4)”. El Frente proclama la defensa de “un sistema de educación público único, gratuito, integralmente financiado por el Estado en todos sus niveles, incluido el posgrado, laico y científico” y, consecuentemente, se compromete con la lucha por la derogación de la Ley Federal de Educación. En el terreno del movimiento obrero, hace un llamado “a las direcciones sindicales que participaron de la Marcha Federal y el paro del 2 de agosto, al CTA y al MTA, convocándolos a poner en pie una Central Obrera Independiente de toda política patronal, para terminar con la política de Menem-Cavallo y organizar la lucha por las reivindicaciones comunes de todos los asalariados”: derogación de la jubilación privada y sistema jubilatorio basado en el aporte patronal, con el 82% y retiro a los 55 años para la mujer y 60 para el hombre; rechazo de todos los proyectos de ley de empleo y flexibilidad laboral, de los proyectos de ley de accidentes de trabajo y ley de quiebras. TRIBUNA DOCENTE integra la lista del Frente Gremial con sus dirigentes de Comahue, Buenos Aires, La Plata, y Tucumán.

Ocurrió lo que pronosticamos en nuestra nota anterior: en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo que acaba de celebrarse en El Cairo, se produjo “la convergencia del Vaticano con ‘la estrategia para frenar el crecimiento democrático’ promovida por el imperialismo norteamericano”. La prensa norteamericana no se muerde la lengua: “el Vaticano capituló”, “dejó de entorpecer el desarrollo de la Conferencia” y aceptó una declaración que plantea que “en circunstancias donde el aborto no es contra la ley, ese aborto debería ser seguro” (The New York Times, 10/9). La demostración más cabal de esta convergencia es, sin embargo, que el Vaticano aceptó sin reservas el 90% de la “declaración común” (Página 12, 14/9) que prescribe una política de “reducción de la natalidad” y de intervención totalitaria de los Estados en la vida de las parejas y las personas porque, según afirma un especialista norteamericano, “los métodos tradicionales de planificación familiar no alcanzan” para lograr este objetivo (The New York Times, 12/9). Se trata de la primera oportunidad en que el Vaticano da su apoyo a una declaración de principios que reclama la “reducción de la natalidad”, ya que en las Conferencias de Población realizadas con anterioridad (1974 en Bucarest, 1984 en México) “no adhirió al consenso por reservas fundamentales” (Ambito Financiero, 14/9). El Vaticano y sus aliados islámicos la emprendieron no sólo contra el aborto sino también contra el derecho de los jóvenes a acceder a la educación sexual y a los métodos anticonceptivos, contra los derechos de las madres solteras (los“derechos reproductivos” no son considerados derechos de los individuos sino de las parejas) y de los homosexuales, y hasta lograron impedir que el documento aprobado en El Cairo llamara a la utilización masiva de los preservativos para evitar la propagación del Sida. Distintos observadores y miembros de “organizaciones no gubernamentales” criticaron, con estricta justicia, que la Conferencia no abordó los problemas del desarrollo, de la distribución de la riqueza, de la explotación de la mujer o del Sida. Pero la ONU no convocó a la Conferencia del Cairo para eso, sino para imponer una política mundial de “reducción de la natalidad”, es decir, de ataque al derecho a la maternidad, porque, dice, “el aumento de la población provoca el aumento de la pobreza”. La Conferencia ha “aportado” la novedad de que los empobrecidos y saqueados países del “Tercer Mundo” deberán proveer las dos terceras partes de los más de 17.000 millones de dólares que, se estiman, serán necesarios para la política de “reducción de la natalidad” aprobada en El Cairo ... mientras los fondos que los países imperialistas destinan a los programas de programación familiar han venido cayendo sostenidamente en la última década (International Herald Tribune, 10/9). La administración de estos fondos, sin embargo, estará en manos de “la crecientemente compleja red de organizaciones no gubernamentales, agencias internacionales y tratados bilaterales entre gobiernos” (The New York Times, 12/9), es decir, en manos del imperialismo. Y ya se sabe que quien maneja la plata, impone su política. Contra la opinión dominante de que en El Cairo ha triunfado “el progresismo”, la realidad es que la Conferencia de la ONU aprobó la política imperialista que, como ya señalamos en Prensa Obrera, compromete a los Estados a eliminar el “excedente” humano que el capitalismo no logra eliminar por los métodos “naturales” de las guerras, las matanzas y la miseria.

Compañeros de Prensa Obrera: El anuncio, en el 427, de la aparición de un libro sobre el tema del Cordobazo, de la autoría del compañero Gregorio Flores, va a merecer, una vez conocido el mismo, seguramente una variedad de pareceres y/o opiniones. En lo que a mí respecta quiero al menos pedirles que no sabiendo de qué otro modo puedo hacerlo, tengan la amabilidad de publicar ésta en la sección pertinente nada más que a manera de saludo y felicitaciones para el compañero Gregorio Flores, desde ya por el esfuerzo y la abnegación que la tarea debe haberle insumido. Sin más.

CTERA y SUTEBA publicaron, semanas atrás, una solicitada que denunciaba el proyecto educativo presentado por el PJ y el MODIN en la Constituyente provincial, calificándolo como un intento de “hacer retroceder la educación bonaerense 100 años”. En efecto, el proyecto en cuestión contempla “el derecho a pedir al Estado educación moral o religiosa para los alumnos según la convicción de sus padres”. En otro de sus párrafos, señala que “el niño debe formarse en los principios básicos del cristianismo, como la solidaridad y defensa de la familia”. Pero los firmantes de la solicitada advierten sobre la tentativa de “introducir en las escuelas públicas la enseñanza religiosa y la moral cristiana como único principio” (subrayado nuestro), es decir, que abogan por introducir el “pluralismo confesional” compulsivo, no el laicismo, el cual excluye a las religiones e iglesias del ámbito público. El laicismo significa independizar la educación de la religión y a la Iglesia del Estado. La CTERA se pronuncia por la “prescindencia religiosa”, es decir, entre uno u otro culto. Para los firmantes, la“prescindencia religiosa” se completa “reconociendo la dimensión religiosa individual como parte de la libertad de conciencia”. Pero esta libertad tiene dimensiones innumerables, por lo que citar a una es coartarla y suprimirla. La solicitada condiciona nada menos que la libertad de pensamiento, es decir, de opinión y prensa. Prohíbe así, por ejemplo, el ateísmo y la propaganda antirreligiosa, es decir, el desarrollo de la ciencia y de la experimentación Por si todavía quedaran dudas, los dirigentes de SUTEBA —en su condición de convencionales del Frente Grande —presentaron un proyecto propio que plantea que “los servicios oficiales y no oficiales de la provincia conforman el sistema educativo provincial”, lo que significa el apoyo del Estado a la enseñanza privada y confesional. Las consideraciones que acompañan el proyecto dicen que “el Estado provincial deberá estimular ... a aquellas escuelas que demuestren aportar a dicha diversidad (cultural), atiendan a sectores que de otra manera no podrían tener acceso a la educación obligatoria o presenten propuestas pedagógicas modernizadoras...”, es decir, lo que acaba de establecer el pacto educativo federal (financiamiento directo a las escuelas), contra el que CTERA acaba de declarar un paro. En el caso del FG, el apoyo se extiende a los establecimientos confesionales. La solicitada pone en evidencia posiciones contrarias al laicismo y a la democracia.

Después de quince años de “reformas de mercado”, China está preñada de revolución. La masacre de Tien An Men (1989) inauguró un ciclo especulativo que se ha agotado, como lo patentiza la persistente caída de las Bolsas de Hong Kong y Shangai, un 31% desde principios de año y un 65% desde su pico de febrero de 1993, respectivamente (Financial Times, 8/5/94). Colapso El endeudamiento generalizado ha puesto a las empresas estatales y privadas al borde de la quiebra: “Las reformas de China —advertía hace poco The New York Times (6/5/94)— pueden hundirse en un mar de deudas”. China registra una balanza comercial negativa y la devaluación ha sido del orden del 30%. Entre 1990 y 1991 hubo una fuga de capitales por la vía del comercio exterior, de las empresas mixtas y del sistema “paralelo” de cambios, de nada menos que 53.000 millones de dólares (Le Monde Diplomatique, octubre de 1993). En los últimos meses, la situación se ha agudizado, al punto de que se está montando lo que un banquero occidental calificó como un “escenario de fuga de capitales” (Foreign Affairs, Nº3, 1994). Crisis política Las perspectivas políticas que ven los banqueros occidentales son catastróficas: “un corte más o menos brutal de la especulación, una crisis inmobiliaria de gran amplitud, una ola de quiebras resonantes y riesgo de una explosión social y política ... los riesgos de un estallido político —antes o después de un estallido de la burbuja financiera— son considerables” (Le Monde, 3/1). Para los especialistas internacionales en China, estamos ante “un gobierno inseguro y un Estado débil ... si no es ya un Estado en desintegración” (Current History, setiembre de 1991). Los choques regionales han llevado a una “guerra aduanera” entre las provincias, con aranceles y tarifas propios, e incluso a choques militares, como el de la “guerra del arroz”, en la cual la rica Guangdong usó unidades militares para asegurarse el acceso al arroz barato de Hunan (Foreign Affairs, Nº 3,1994). La prensa mundial plantea la posibilidad de un “escenario yugoslavo” en China. Movilizacion En 1989, en la crisis de Tien An Men, el papel fundamental lo jugaron los estudiantes. En 1993, en cambio, según cómputos oficiales, se registraron nada menos que 15.000 huelgas y actos de sabotaje de la producción en las fábricas (International Herald Tribune, 15/3). En algunos casos, se trata de huelgas enormes: “en marzo —relata Business Week (6/6)— hubo 270 huelgas en las provincias de Liaoning, Shaanxi y Sichuan, algunas de las cuales duraron hasta 40 días e involucraron a 10.000 trabajadores”. También se registran manifestaciones públicas de obreros despedidos, suspendidos y de jubilados por la indexación de sus jubilaciones. La inflación y los despidos en masa plantean la perspectiva de una extensión aún mayor de las luchas obreras: “el descontento laboral se está poniendo muy caliente y el gobierno está muy preocupado”, grafica un experto en relaciones laborales de la Universidad de Hong Kong (ídem). Sólo en la provincia de Guangdong se han formado 800 sindicatos ilegales (de empresa) (ídem). En un país donde está prohibido formar sindicatos independientes y donde el castigo por hacerlo son años de cárcel, la formación de estos sindicatos revela la existencia de un activismo fabril que ya ha alcanzado un importante grado de desarrollo. En tanto, “La militancia sindical espontánea e independiente está emergiendo como un fenómeno político... la principal preocupación de Pekín parece ser (evitar) las relaciones horizontales entre los activistas de todo el país” (International Herald Tribune, 15/3). Junto con las huelgas obreras, se han venido registrando intermitentes motines y rebeliones campesinas contra los impuestazos, las expropiaciones, el despotismo de los gobiernos locales y el pago de las cosechas en bonos: la prensa oficial registra más de 200 motines sólo en 1993. Frente a esto, la agudizada fuga de divisas de la burocracia es un síntoma de su apreciación de la situación política.