Prensa Obrera N° 427

El nuevo sistema de control de enfermedades de los docentes bonaerenses ha producido una verdadera rebelión. La razón es que el plazo otorgado para dar aviso al consejo escolar (2 horas) es una traba al otorgamiento de licencias, junto al desconocimiento de los médicos de la empresa contratada a tal efecto, de la extensión prescripta por los médicos de cabecera consultados por los docentes. Durante la semana que va desde el 22 al 26 de agosto, los consejos escolares fueron ocupados dos veces, lo que ha dado lugar a resoluciones de algunos de ellos que contravienen las órdenes del gobierno y hacen correr las licencias según se acostumbraba antes del 26 de agosto. Por ejemplo, durante la ocupación del consejo escolar de Varela, la presidente del mismo se comprometió a impulsar una resolución contraria a las de sus mandantes en la sesión que ese consejo tendrá el 30 del mismo mes. Estos hechos expresan la debilidad del gobierno en momentos en que pretende aplicar la ley federal de educación y la privatización de la enseñanza. Pero semejante crisis debe ser aprovechada mediante la movilización, para arrancar la derogación del nuevo régimen de reconocimientos médicos. Suteba reclama suspensión de medida El marisanchismo ha reclamado la suspensión del sistema de reconocimientos médicos, esto equivale a decir su postergación. Ocurre que el Suteba critica que “el sistema de reconocimientos médicos (tiene) un papel acotado solamente al control del ausentismo y no de prevención y atención de la salud” (denuncia del Suteba del 18 de agosto de 1994, firmado por Yaski, secretario general). Suteba también considera (ver discursos de la jornada de protesta del 25 de agosto) como un progreso haber sido convocado a discutir por la Dirección General de Escuelas. El antecedente Durante el año 1991, el Suteba afirmaba lo siguiente: “A veces en detrimento de la educación pública el docente falta a la escuela estatal y no a la privada”. Para resolver este ausentismo docente proponía “promover la autorregulación entre los mismos docentes” y “exigir la sistematización y el seguimiento sanitario del trabajador de la educación” (Memoria del Suteba, 1991). ¿Qué significado tenía esta “prevención” y “seguimiento” ? Yaski no tardó en dar una respuesta el 6 de marzo de 1992, cuando firmó junto a FEB y SADOP un acuerdo con Farías de Castro para “proyectar mecanismos de control de inasistencias y enfermedades”. Tiempo más tarde comenzaron a aplicarse (durante 1992) estos mecanismos en hospitales del conurbano, junto al presentismo. Con la privatización se ha exacerbado el ataque a los docentes. Hay que superar la línea de capitulación de la dirigencia celeste, promoviendo mandatos de las escuelas por la anulación de los reconocimientos médicos, la aceptación lisa y llana de los certificados de los médicos de cabecera, y arrancar un paro inmediato de 24 horas y una movilización a la Dirección General de Escuelas para la obtención de estos objetivos.

El 5 de setiembre comenzó en El Cairo la “Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo” organizada por la ONU, con el objetivo de “estabilizar el crecimiento poblacional”. La ONU estima que la población del planeta puede alcanzar los 12.000 millones en el 2050, más del doble de la población actual; el 90% de ese crecimiento se producirá en los “países del Tercer Mundo”. La esencia del planteo de la Conferencia es que “el aumento de la población provoca un aumento de la pobreza”, según lo dice textualmente su “documento guía”. Esto significa que los principales estados e instituciones del capitalismo pretenden superar las consecuencias que se derivan de su sistema de explotación atacando el derecho a la existencia humana. Desde el punto de vista ideológico equivale a admitir, en última instancia, el genocidio, las ventajas de las guerras y la necesidad del fascismo. El imperialismo plantea la cuestión poblacional cuando en los últimos treinta años la producción de alimentos ha duplicado el crecimiento del número de habitantes, y cuando todos sus teóricos se jactan de la creciente “productividad” de la tecnología. Pero precisamente porque el mercado pone limitaciones económicas y sociales insalvables a la explosión productiva (el consumo de las masas no puede absorber todo este potencial), la burguesía necesita abandonar la “regulación espontánea” del mercado para resolver su impasse como régimen social. Si la desocupación masiva, el hambre y las guerras no consiguen regular el “excedente” humano, los capitalistas proponen que ello lo haga la intervención del Estado. El excedente de capital y de mercancías se manifiesta, capitalistamente, en un excedente de personas, que deben ser potencial o efectivamente eliminadas. Es lo que ocurre cotidianamente con la masiva expulsión de “inmigrantes” en Europa y los Estados Unidos o el sistemático asesinato de niños en el Brasil o, directamente, las masacres más espantosas, como la de Ruanda o Somalia. Hasta el propio Clarín (27/8) llega a afirmar que “aun cuando la tasa de natalidad se redujera a cero hoy mismo, el problema de la depredación que se asocia con la pobreza no desaparecería”. La política del imperialismo Esto explica que el imperialismo promueva una política mundial de promoción del aborto, incluida la esterilización masiva de hombres y mujeres. El Banco Mundial, la Fundación Rockefeller y la Agencia Internacional para el Desarrollo (una agencia directamente dependiente de la Casa Blanca) financiarán programas anticonceptivos y de esterilización “en el Tercer Mundo”. En el futuro, la ONU subordinará la “ayuda” a las “naciones en vías de desarrollo” a la existencia de programas de “control de la natalidad”, es decir, a la existencia de una práctica masiva de esterilización de las mujeres, que ya se viene aplicando clandestinamente —según numerosas denuncias— desde la década del ´70 en poblaciones enteras del Amazonas, la India, Bangla Desh y los Andes. De la mano de la política esterilizadora, se promueve la regimentación estatal del número de hijos que podría tener cada pareja. Está claro que semejante “control de la natalidad” sólo puede ser ejercido por un estado totalitario; no es casual que todos los informes sobre China concuerden en que la “solicitud de autorización” para casarse y tener hijos constituya una de las “atribuciones” burocráticas más odiadas por los campesinos chinos. El imperialismo promueve la amputación física y moral de millones de mujeres y la intervención totalitaria del Estado en la vida de las personas: el ataque a la maternidad deseada constituye una nueva vuelta de tuerca en la opresión sobre la mujer. La Iglesia Según el vocero porteño más autorizado de la Curia (La Nación, 27/6), “la Iglesia Católica se encuentra en estos días en un verdadero estado de movilización, por no decir en pie de lucha” contra la política fijada en el documento preparatorio de la Conferencia de El Cairo. Día tras día, el Papa y sus obispos se pronuncian contra el aborto, los métodos anticonceptivos y el “colonialismo demográfico” de las “naciones industrializadas”. La andanada de declaraciones vaticanas, sin embargo, no es más que pirotecnia verbal. Nada menos que la Academia Pontificia de las Ciencias acaba de pronunciarse exactamente en los mismos términos que los “colonialistas demográficos”. La Academia de marras —dice La Nación (18/7)— “ha subrayado la imperiosa necesidad de que el mundo adopte alguna estrategia para frenar el crecimiento demográfico”” (diferenciados de PO). No se trata, ciertamente, de un pronunciamiento apresurado, ya que “la academia ha estado estudiando el tema de la relación entre población y recursos desde 1991”. La academia papal va tan lejos en la política antinatalista como para señalar que “el índice de natalidad razonable para garantizar un proceso de reemplazo generacional que no desemboque en aumentos explosivos de la tasa demográfica debería situarse, aproximadamente, en dos hijos por pareja” (diferenciado en el original) ... Es decir que, como Clinton, el Vaticano también aboga abiertamente por la imposición de una limitación estatal en la decisión de las mujeres y las parejas a tener hijos. El informe de la Academia Pontificia de las Ciencias recibió un apoyo indirecto del propio papa Wojtila, quien acaba de declarar que “la Iglesia no defiende la procreación irresponsable”; por el contrario, “mediante los métodos naturales de control de la natalidad (la abstención de relaciones sexuales durante el período de ovulación de la mujer) la opción de no tener hijos es válida” (O Estado de Sao Paulo, 18/7). La aceptación por parte de Wojtila del “sexo sin reproducción” , revela la convergencia del Vaticano con la “estrategia para frenar el crecimiento demográfico” promovida por el imperialismo. Lo único que pretende el Vaticano es que la Conferencia de El Cairo prohíba el derecho al aborto, es decir, el derecho democrático que defienden los movimientos feministas de todo el mundo. Para esto, el Vaticano se ha aliado con los llamados fundamentalistas islámicos: sin ser desmentidas por la “Santa Sede”, las cancillerías de Libia e Irán informaron haber recibido “enviados secretos del Vaticano” que viajaron para obtener el apoyo de Khadafy y los ayatollahs para su “causa” (The Washington Post, 22/8). La reacción clerical y oscurantista ha formado un frente único, no importa la religión que invoque. La libertad de la mujer sólo es tal si goza, en primer lugar, del derecho a la maternidad deseada, lo que significa acabar con la explotación y la pobreza, que son dos obstáculos que se oponen a esta realización auténticamente humana. El derecho al aborto es precisamente un derecho defensivo de la mujer individual, en las condiciones de una sociedad que le niega la plenitud del derecho a la maternidad. En definitiva, entre la reacción “democrática” del imperialismo y la reacción ultramontana de los “ayatollahs” católicos y musulmanes, se pretende someter a la mujer y al ser humano en general a una política que, de un lado, niega la libertad, y del otro, prescribe la mutilación.

“Antes de privatizar la energía atómica tendrán que pasar sobre mi cadáver”, dijo semanas atrás el ahora renunciado y aún vivo Manuel Mondino, ex-presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica. No fue necesario disparar ningún tiro, ni siquiera un petardo, para que Mondino se hiciera al costado, a fin de permitir que los privatizadores se alcen por migajas con la CNEA y despidan a miles de trabajadores. Mondino, como sus predecesores alfonsinistas y de la dictadura, cumplió un papel inestimable en la tarea de colocar a la CNEA a merced de los pulpos que ahora arrasarán con ella. “Se calcula que en los últimos 40 años, la CNEA recibió más de 8.200 millones de dólares del Tesoro Nacional” (Página 12, 24/7), los que fueron acaparados por los grandes contratistas como KWU de Alemania, Pérez Companc, con quienes formó empresas asociadas (Conuar, FAE, ENACE, etc.), y por los bancos imperialistas que financiaron a tasas usurarias las construcciones atómicas. Ahora, según el Secretario de Energía, Bastos, la CNEA se dividiría en dos: una parte se transformaría en “Nucleoeléctrica”, con las centrales de Atucha I y II, Embalse y la hidroeléctrica Río Grande. La otra parte se denominaría “Atómica” y se encargaría del ciclo de combustible, la planta de agua pesada y la explotación del uranio. Todo se vendería en unos 600 millones, a pesar de que habría costado 8.200 millones. Tarea previa: los despidos Para consumar este propósito, la primera tarea será la de despedir en masa a los trabajadores. Ya desde 1989 hasta ahora, el plantel se redujo de 6.200 a 4.800 y se estima que quedarán en la calle las dos terceras partes. Por de pronto, los científicos y profesionales serán las primeras víctimas, porque prácticamente desaparecerá toda la tarea investigativa. El Banco Mundial ha propuesto incluso “eliminar el CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas)” (Página 12, 2/6). El Congreso ahora debe discutir una ley declarando la privatización de la CNEA, algo que será aprobado rápidamente. Los radicales presentaron un pedido de informes para que el Ejecutivo “detalle planes y acciones”, como si no los supieran, mientras que los más “combativos” Solanas, Chacho Alvarez y Martha Mercader, plantean “no innovar por dos años” (Página 12, 31/8). Un saludo a la bandera.

El sábado 27 de agosto se desarrolló en la sede de “Brújula”, una institución para-cultural de la localidad de Moreno, un debate acerca del aborto, al que concurrieron 100 personas. Se hicieron presentes la UCR (storanismo), el MODIN y el PO; la Utpba, la Asociación de Protección Familiar y una dirigente nacional feminista, que días después viajaban por los ONG (organismos no gubernamentales) a la Conferencia sobre población de la ONU en El Cairo. Ante un auditorio mayoritariamente de ámbitos centro-izquierdistas y de organizaciones partidarias de la despenalización del aborto, el MODIN expuso en primer término como un “delegado” de la Iglesia. A excepción de la representante del PO, los otros cuatro disertantes exhibieron una particular capacidad para hablar a favor de la despenalización del aborto, pero sin decir una sola palabra frente a la incorporación a la Constitución del Tratado de San José de Costa Rica (que niega el derecho al aborto), y por lo tanto acerca del compromiso de todas esas fuerzas, “pactistas” o no, de actuar como agentes del clero, particularmente el Frente Grande. La posición del PO fue expuesta por nuestra compañera Nora Biaggio a favor de la legalización del aborto, de la asistencia segura y gratuita para acceder al mismo y para proveerse de medios anticonceptivos en las dependencias de salud del Estado. Desde la mesa y un sector de la concurrencia hubo un “operativo” dirigido a “hacer leña del árbol caído” del MODIN, distrayendo la atención de la verdadera hipocresía existente, sobre todo de los partidos llamados “democráticos”, y especialmente del “centroizquierdista” Frente Grande. Esa hipocresía estuvo implícita en dos de los panelistas (Lidia Fagalle y el Dr. Domingo Olivares), ambos conocidos “compañeros de ruta” o militantes del FG, que se hicieron olímpicamente los “boludos” sobre las denuncias del PO. Fue muy interesante, en este aspecto, la referencia que la Dra. Zulema Palma hizo a un señalamiento de Nora Biaggio acerca de la próxima Conferencia de El Cairo, en el sentido de que las dos posiciones que aparecen como enfrentadas en dicho evento son igualmente reaccionarias: una, la del Vaticano, opuesta a la utilización de los métodos anticonceptivos y al derecho al aborto; y la otra, impulsada por los documentos de la ONU bajo la batuta de los EE.UU., partidaria de la “planificación” poblacional, eufemismo con el que se da “carta blanca” virtualmente a los consabidos métodos de“esterilizaciones” masivas en el Tercer Mundo. Zulema Palma dijo que no hay que “politizar” tanto las cosas, ni ver “la mano del imperialismo en todas partes”. ¿Será que Zulema Palma, después de haber hecho una experiencia como dirigente y concejal en el radicalismo, se está preparando para encontrar una “tienda” cerca del Frente Grande?

El lanzamiento del frente Alvarez-Bordón y del programa económico que, aunque dado a conocer por el primero, es una copia fiel de los intereses capitalistas que de larga data representa el segundo; este hecho significa la virtual liquidación del Frente Grande como una alternativa protagonizada por militantes u organizaciones de izquierda o por luchadores sindicales. Que esto lo quieran reconocer estos últimos con toda la claridad que el hecho merece, es un asunto secundario. Cualquier intento de revitalizar al FG está condenado al fracaso, porque se ha ido muy lejos ya en el proceso de confiscación política perpetrado por la banda del “Cavallo” Alvarez, con la complicidad de toda la izquierda del FG, que avaló a fondo la actuación de su bancada en la Constituyente reaccionaria. La ropa del Fujimori de izquierda, que parecía confeccionada para Solanas, se la terminó poniendo otro advenedizo, aunque mejor preparado y con mejor tránsito en los medios, aunque esto pueda herir la susceptibilidad del cineasta. En el caso del partido comunista, ya ha intentado todas las vías para quedarse sin estar, o para estar aunque no lo parezca, y es probable que seguirá ensayando toda clase de contorsiones para viabilizar lo inviable: el FG nunca será un frente de izquierda o antiimperialista —algo que dijimos de entrada. Aún no está clara la actitud que habrá de adoptar la burocracia sindical del CTA, aunque los indicios no son buenos. La presencia de Piccinini y de Mary Sánchez en el lanzamiento del contubernio con Bordón, está indicando que tienen el apoyo de De Gennaro o que cuentan con su neutralidad benévola. En este caso, lo más probable es que el CTA entierre definitivamente la posibilidad de continuar con el plan de lucha, planteado con el paro del 2 de agosto. De acuerdo a las informaciones de los periódicos, la burocracia del MTA apoyaría el frente Alvarez-Bordón, precisamente por la presencia de este último. Hay que aclarar, sin embargo, que la burocracia de Palacios y compañía no ha abandonado sus conversaciones con el gobierno. La experiencia del FG, como posibilidad o sucedáneo de un frente de izquierda, se ha agotado a una velocidad abismal y, con ello, la posibilidad de que sirviera como factor de protagonismo, desarrollo o militancia de los luchadores populares. El FG ha entrado en la etapa de la lucha desesperada por las candidaturas, los puestos, los privilegios y los ñoquis. Lo ocurrido con el Frente Grande repite una experiencia que se ha dado en toda América Latina y que previmos y denunciamos con la debida antelación en estas páginas: la diferenciación social de la pequeña burguesía cooptada por el gran capital y el conjunto de las masas que se hunden en la miseria; esa diferenciación ha crecido enormemente. Los “izquierdistas” tienen las puertas abiertas del departamento de Estado norteamericano, mientras que los trabajadores tienen las de las favelas, villas miserias o cantegriles. La ausencia de esta debida caracterización de clase y del proceso social en general, ha despistado a todos los observadores políticos de ocasión. El planteamiento de un Frente de Izquierda cobra ahora una nueva fuerza, en primer lugar porque ofrece una salida a todos los luchadores que necesitan salir del pantano del Frente Grande. El Frente de Izquierda impediría que las masas sean polarizadas entre alternativas proimperialistas. Llamamos a todos los militantes y organizaciones de la izquierda a romper con los frentes y organizaciones democratizantes y pro-patronales y a formar un frente de izquierda. Llamamos a las organizaciones sindicales de oposición a la burocracia de la CGT a romper sus alianzas patronales, a continuar la lucha emprendida con la Marcha Federal, a plantear la formación de una nueva Central Obrera sobre la base de la independencia clasista y a apoyar la formación de un frente de izquierda como expresión política independiente de los trabajadores. Las perspectivas de desarrollo de un frente de izquierda están condicionadas por el período de agudización de la crisis y de crecientes luchas que estamos atravesando. Esto no quiere decir que sea secundario su programa y el método para su formación. Un frente de izquierda presidido por el oportunismo electorero, al cual ya denunciamos en el pasado reciente, no tendría mejores chances que el Frente Grande. Es necesario abrir ya el debate sobre el programa. Llamamos a iniciar las discusiones y a preparar una conferencia nacional de la izquierda para que lo considere y lo proyecte masivamente. La experiencia de la lucha contra la “jubilación privada” constituye una demostración contundente del éxito que pueden las campañas de la izquierda contra la ofensiva capitalista, ahora concretamente la ley de accidentes de trabajo, el pacto educativo, la entrega de la CNEA, la lucha por un salario mínimo de mil pesos por una jornada de ocho horas sin cláusulas de productividad. El fracaso de la burocracia sindical con relación a la “jubilación privada” y las traiciones a los recientes planes de lucha, abren una posibilidad colosal para luchar por una nueva dirección del movimiento sindical. Llamamos a todas las organizaciones de izquierda a pronunciarse por una política independiente de la burguesía y de sus representantes políticos; a formar una Mesa por un Frente de Izquierda; a lanzar una campaña de agitación por reivindicaciones concretas, por una nueva Central obrera y por una nueva dirección en los sindicatos; y a preparar la organización de una Conferencia Nacional para discutir un programa de acción y una política electoral común.

El «paro rural» de hace dos semanas, convocado por la Federación Agraria, la CRA y Coninagro, se caracterizó por su masividad y extensión. Los cortes de ruta, «tractorazos», actos y manifestaciones que se produjeron en todo el país -en Neuquén, en Mendoza, en el Litoral y en el interior de la provincia de Buenos Aires- pusieron en evidencia la agudeza de la crisis agraria. El carácter de la crisis agraria y de sus soluciones Una de las particularidades de la presente crisis rural es que no ha encontrado salida mediante los «socorros» tradicionales (subvenciones, reducciones impositivas, etc.), que el gobierno menemista ha aplicado generosamente en los últimos años. La Nación (4/8), vocero de los grandes propietarios rurales, reconoce que «tal como está planteada, la cuestión no ofrece perspectivas de una solución sencilla». Los convocantes del «paro rural» reclaman la «refinanciación de los pasivos» de los productores, estimados en 11.000 millones de dólares, a tasas y plazos «blandos». La cifra equivale a la cuarta parte del total de los depósitos bancarios. Este nivel de endeudamiento equivale a una virtual quiebra de los patrimonios agrarios. Pero detrás de esta bancarrota, se esconde una aguda polarización social. Enrique Gobee, un ex ejecutivo del pulpo imperialista Continental Grain y ex secretario de Agricultura, da cuenta de que mientras los pequeños y medianos productores están con el agua al cuello, «hay un incremento en la venta de tractores, un aumento de la superficie sembrada, un incremento de más del 100% en el consumo de fertilizantes ... (y hasta) un récord de ingreso de divisas por exportaciones granarias» (Clarín, 22/8). Es decir, un fortalecimiento de los grandes capitalistas. La característica común de quienes protagonizan este “boom” «“es, precisamente, gente que patrimonialmente es fuerte” (ídem). El endeudamiento terminal de los pequeños productores y chacareros es la consecuencia de su insuficiente desarrollo capitalista en un mercado caracterizado por la sobreproducción y la tendencia a la caída de los precios. Este endeudamiento —que Javier González Fraga caracteriza como «estructural» (Noticias, 14/8)— anuncia una agudísima concentración capitalista en el campo. Gobee sostiene que ya «se observan movimientos en la propiedad de la tierra, que está pasando a manos de otros sectores de la economía, con mayor rentabilidad» y compara la situación actual de los chacareros y pequeños productores regionales con la de los almaceneros de barrio ante la aparición de los supermercados: «cerraron miles y fueron reemplazados por las grandes cadenas» (Clarín, 22/8). González Fraga, ex presidente del BCRA plantea la misma perspectiva: «la crisis estructural preanuncia grandes transformaciones ... las tierras pertenece(rán) a dos grupos de propietarios: grandes corporaciones que se caracterizan por sus enormes superficies de explotación, con dinero suficiente para contratar a los mejores ingenieros y para incorporar alta tecnología, efectuar investigaciones y armar canales propios para distribuir sus productos; o bien granjeros austeros que trabajan arriba del tractor mientras sus mujeres lo hacen en los pueblos». Los acuerdos de liberación del comercio mundial de cereales (Gatt) deberán provocar una caída de precios y una desvalorización de patrimonios y capitales; por eso González Fraga anuncia que «también los inversores extranjeros que vienen atraídos por la diversificación de sus carteras» se encontrarán en el reducido grupo de «los dueños de la tierra». «En síntesis, concluye, vamos a experimentar un proceso similar al que vivió Estados Unidos hace 30 ó 40 años cuando la tierra cambió de manos» (Noticias, 14/8). Salta a la vista que la famosa «reconversión» que, sea el gobierno, La Nación o The Economist le reclaman a los chacareros, no es un problema «técnico» ni mucho menos de «costumbres»: existe una desvalorización de capital de los pequeños productores; sólo los «patrimonialmente fuertes» se están «reconvirtiendo», accediendo a la tecnología y a las economías de escala y elevando su producción y productividad. Así, la «reconversión» no es otra cosa que la concentración capitalista en el campo. El ya citado Gobee, recuerda que a pesar de la disminución de los almaceneros, «a nadie le faltó mayonesa. Al contrario, aumentó la oferta de productos y bajaron los precios ... La desaparición de productores no va a afectar la producción: alguien va a incorporar esa tierra a su sistema» (Clarín, 22/8). Más claro, ... Se va delineando así una «salida» a la crisis agraria tanto más explosiva cuanto más capitalista es: la concentración del capital y la confiscación en masa de los pequeños productores. Frente a semejante perspectiva, el reclamo de una «refinanciación» constituye un planteo ilusorio o por lo menos insuficiente. Ningún banquero le va a prestar a quien está al borde de la quiebra y obligado a volver a endeudarse inmediatamente, esto porque no se han superado las condiciones que lo han llevado a su actual situación. La solución para los pequeños productores, para los asalariados rurales, para los pueblos del Interior, pasa por una reorganización de la sociedad en una perspectiva socialista. Sólo con el monopolio estatal del comercio exterior y de las finanzas, el control obrero de la producción y mediante la confiscación de los grandes pulpos comercializadores y los grandes terratenientes, podría financiarse la reconversión productiva y la asociación de los chacareros y pequeños productores rurales y promover un desarrollo del mercado interno. La «solución» capitalista implica la ruina de cientos de miles de pequeños productores y chacareros, una gigantesca conmoción social y el definitivo hundimiento del interior del país.

Se ha instalado nuevamente la propuesta de “solución final” para resolver la “cuestión judía” y esto desde las páginas del Correo de Lectores de Prensa Obrera. El pretendido “resolvedor” intenta arrojar una nueva “bomba”, pero esta vez en Prensa Obrera, claro que sin conseguir su efecto devastador por la miserable composición de sus sustancias destructivas. La “solución final” se sustentaría en el hecho de que los millones de judíos dispersos en el mundo serían responsables de crímenes de lesa humanidad. Dichos crímenes, bien que no llevados adelante, bien que no necesariamente ejecutados, son, sin embargo, “potenciales” y estarían “contenidos”, encapsulados, como pequeñas “bombas genéticas” (??) en la ideología judía expresada ¡¡en el Antiguo Testamento!! La simiente “sembrada” en el texto bíblico sería pues suficiente fundamento para nuestro terrorista, para justificar no ya el atentado a la AMIA, sino la desaparición física de los seis millones de judíos en los campos de concentración nazis. Para el ideólogo de la nueva “solución final”, los trabajadores judíos, los luchadores judíos y los oprimidos judíos perderían su condición de sumergidos o víctimas del sistema capitalista, sólo por el hecho de ser judíos ya que, vía “maldición bíblica”, pasarían a transformarse en los responsables de su propio exterminio. Es indiscutible que la religión es una ideología pero, aunque el firmante no lo crea, el materialismo dialéctico también lo es y sería interesante que se hiciera una lectura de la historia que escribieron los hombres en su transcurrir, a la luz de un análisis socioeconómico y no “religioso”. La delimitación necesaria en relación con la política del Estado de Israel no cabe en esta exposición, porque no compete a la comunidad judía de la Diáspora, como es el caso de todos aquéllos a los que se acusa de estar “recibiendo una dosis de su propia medicina”. El texto de la carta, fechada cuatro días después del atentado, ha generado un verdadero estupor en muchos compañeros y creo que es buena oportunidad para abrir el debate y tomar posición al respecto, toda vez que sectores que pretenden representar los intereses del movimiento obrero y se dicen de izquierda, salen a defender posiciones aberrantes escudándose en la crítica a la política imperialista y genocida del Estado de Israel. En un momento en que las cuestiones religiosas, nacionales y étnicas son atizadas como nunca por las burguesías de los países “avanzados”, y los trabajadores son usados como carne de cañón en enfrentamientos salvajes para salvaguardar intereses económicos; y el mundo se desangra para rescatar un capitalismo agonizante e incapaz de ofrecer trabajo ni subsistencia para millones y millones de seres humanos, la “cuestión judía” vuelve a plantearse. Agosto 21 de 1994

Cabía esperar que Menem se mandara alguna de las suyas, con el ojo puesto en las elecciones del ’95. Más todavía cuando las declaraciones de una periodista rionegrina comprometen definitivamente al alto mando militar, al gabinete y al presidente de la República en el encubrimiento del crimen contra el soldado Carrasco. El muy católico riojano ha decidido facturar el asesinato en su beneficio, en lugar de hacer lo que hubiera correspondido, que es confesar su responsabilidad, presentarse a la justicia y renunciar a su cargo. La maniobra menemista es clara como el agua, sólo resta saber si deberá pagar IVA por su impostura. A tono con las decisiones de la reciente Constituyente reaccionaria, Menem decidió dispensar del servicio militar obligatorio, establecido por una ley nacional, por medio de un decreto. Pero esta vez no actuó para crear un hecho consumado, sino al revés, para que el hecho no se consume, adquiera un carácter provisorio (limitado a la clase 76), y luego pueda ser reformado, o mejor, deformado por un proyecto de ley. En efecto, la Comisión de Defensa de Diputados no se demoró en aprobar un proyecto de servicio militar voluntario, que prevé, sin embargo, el reclutamiento obligatorio en los casos en que el número de candidatos que se presenten no llene el cupo requerido para ese año. La norma legal, en caso de aprobarse, constituye de entrada una aberrante manifestación de arbitrariedad, esto porque deja la aplicación del derecho según los caprichos del gobierno de turno. El decreto del riojano y el proyecto del Parlamento es apenas una versión modificada de la actual ley Ricchieri, la cual prevé la posibilidad de que no cumplan con el servicio militar aquéllos beneficiados en el sorteo, esto cuando el cupo de esa clase estuviera superado. Es decir que el servicio militar obligatorio sigue. ¿Es posible imaginar mayor truchaje? El proyecto en cuestión no salva siquiera a los “objetores de conciencia”, pues los obliga a realizar un “sevicio social” de un año (por supuesto que gratuito), como si lo que estuvieran haciendo los colimbas en la actualidad fuera otra cosa. La oficialidad seguirá teniendo, entonces, mano de obra gratuita, que no podrá excusarse so pena de ser condenada a cuatro años de cárcel. Menem y sus legisladores se mofan de la “objeción de conciencia”, sustituyendo el uso directo de las armas por el apoyo logístico a los militaristas. El engendro de mezclar un reclutamiento de voluntarios y forzados no podría ser más perverso. A la discriminación y al sometimiento actuales, se agregaría una nueva discriminación y un nuevo sometimiento, que enfrentaría a los permanentes contra los ocasionales. Esta canallada ha sido saludada por toda la prensa como un paso, si no hacia la democratización, sí al menos a la modernización de las Fuerzas Armadas. Incluso el semanario del Partido Comunista saluda el decreto, al que ve emanado de las luchas populares. La posición stalinista es curiosa, cuando se sabe que serán los voluntarios los escogidos para invadir Haití o intervenir en Yugoslavia, y (¿por qué no?) algún día acompañar a los yanquis en la “normalización” de Cuba. En todo esto proponemos simplemente volver a Jean Jaurés, un reformista francés, de cuyo asesinato acaba de cumplirse el 80º aniversario, quien proponía sustituir al ejército por una milicia ciudadana, la cual no debería prestar ningún servicio a ningún oficial sino adquirir los conocimientos del manejo de las armas en sus lugares de trabajo y de estudio, algo que hoy se encuentra favorecido, desde el punto de vista de la organización, por el desarrollo de los sistemas informáticos. Jean Jaurés creía que la milicia ciudadana era la forma más adecuada a la democracia de la defensa nacional, esto porque la experiencia histórica de Francia le había mostrado que el ejército permanente había entrado en choques sistemáticos con el régimen republicano de gobierno. Sólo algunas Constituciones recogieron en parte la opinión del reformista galo; su planteo democrático sólo es posible arrancando las armas a la burguesía, a través de una lucha por el poder. El servicio militar optativo es una forma disfrazada del viejo servicio militar y puede convertirse en más perverso que aquél. La necesidad de la juventud y la conveniencia para la mayoría trabajadora del país es la supresión lisa y llana del servicio militar y la sustitución del militarismo permanente por la educación militar y la instrucción en la defensa periódicos, en los horarios de trabajo y de estudio, bajo la supervisión de técnicos supervisados por las instituciones representativas y las organizaciones populares.

El 20 de julio, un nuevo “decretazo” de Menem permitió que “Autopistas del Sol”, del grupo Macri, se quedara con el peaje de la Panamericana. Este grupo tiene además la concesión de la Ruta 9 hasta Rosario. Los intendentes de San Isidro (Posse) y de Vicente López (García) ya no levantan la voz contra el peaje, porque llegaron a un acuerdo con los piratas del grupo Macri. En la medida que se fueron desarrollando las negociaciones, estos intendentes fueron cambiando el “discurso”, de un primer “No al peaje” a un “No al peaje prepotente” , y luego a un “Sí al peaje inteligente”. Salió el “peaje inteligente” El acuerdo final es un golpe brutal para millones de trabajadores. Aunque Vicente López y San Isidro obtienen vías laterales por donde se podrá evadir el peaje, San Fernando, Tigre, Gral. Sarmiento, Pilar y Escobar deberán “compensar” este “perjuicio” de los concesionarios, pagando un peaje que no estaba contemplado al comienzo de las discusiones. El planteo inicial preveía instalar cabinas de peaje a la altura de Vicente López y ampliar la Panamericana en esa zona, con el agregado de dos carriles de cada lado. Los concesionarios embolsarían un peso por cada uno de los 240.000 autos que circulan a esa altura diariamente. La “contra-oferta”, finalmente aceptada, del pulpo Macri, luego de las críticas que recibió el primer planteo, prevé ampliar la Panamericana desde San Isidro hasta los accesos a la ruta 9 y al ramal Pilar, a cambio de lo cual cobra peaje en todas las salidas y entradas a la Panamericana, sea desde Escobar como de Pilar, y en todas las salidas que van desde la 197 hasta el Puente Márquez. Estas cabinas de peaje recibirán un flujo de más de 350.000 autos diarios. Los trabajadores de San Fernando o General Sarmiento que deberán ir a trabajar a Autolatina, Terrabussi, Atlántida o cualquiera de las fábricas de la ruta 9, deberán pagar el respectivo peaje, lo mismo que ocurrirá desde Escobar hasta Tigre. En resumen, se ha trasladado el peaje a los distritos más pobres, cuyos trabajadores (más de un millón) costearán el “proyecto” Macri. Ahora, en Vicente López y San Isidro ya no se levanta la consigna “No al peaje”. Los comerciantes de Munro reclaman una “bajada” que no les disminuya el flujo de compradores de ropa. Los ecologistas de Vicente López defienden los árboles con cintitas que dicen “no me mates”, pero se les escapa que el nuevo peaje “envenena” la vida de más de un millón de trabajadores. Con todo descaro el grupo Macri promete plantar 26.000 árboles en lugar de los actuales 2.600, haciendo gala de una gran preocupación “ecológica”, para lo cual tiene toda la ruta 9 hasta Rosario (300 kilómetros). Con medio día de peaje de la Panamericana, Macri puede plantar más árboles de los que imagina el movimiento de vecinos de Vicente López, que ahora convoca a una movilización, no contra el peaje, sino “por la defensa del medio ambiente”. La lucha contra el peaje entra en otra fase. Se traslada a los distritos que van más allá de San Isidro.

Es importante acercarnos y participar con la gente e instituciones, con los que van a la marcha y repudian el atentado. Acercando una nota siempre de solidaridad, en primer lugar, y llamándolos a convocar una Comisión de Investigación Independiente, integrada con gente de trayectoria destacada, y que tenga su independencia del Estado. Haciendo una pequeña memoria de los antecedentes de la justicia en nuestro país, de la Conadep (su importancia y su limitación), de los resultados de los esclarecimientos de los crímenes y otros. Más adelante, de progresar esta propuesta, ver de unificar este reclamo con aquellos movimientos de los crímenes no esclarecidos. Deberíamos llevar esta propuesta a los trabajadores de las instituciones judías (bancarias, etc.). A las universidades en general, y en el seno de la colectividad judía —donde valga la pena—, etc., donde haya debate. Llevar esta propuesta, de un modo solidario, fraternal y ayudar a gestarlo. Al mismo tiempo, esto nos debe llevar a acercar vínculos y relaciones, nombres y direcciones. Para progresar en influencia, y poder hacer también proselitismo. Esta consigna es clave, pedagógica, en la escuela de las soluciones y en la de la independencia política del proletariado. Desarrollando esta consigna, se le pone un mentís al gobierno, al guerrero Estado de Israel y a la CIA, y a todas las provocaciones antijudías, y a las provocaciones de todo tipo que están saliendo. Es importante que desarrollemos la consigna de Comisión de Investigación Independiente, con antecedentes aquí y en el mundo. Por ello me resulta muy llamativo que en el último número de Prensa Obrera del 10 de agosto, se haya destinado tanto espacio al Mst y ningún espacio a esta consigna. 17/8/94

Una periodista de Canal 7 de Neuquén, Eugenia Chorny, acaba de dejar asentado ante escribano público que “a media mañana del 6 de abril de 1994, el general Díaz (comandante de la VI Brigada, de la que depende el regimiento donde se produjo el asesinato) le narró que había aparecido el cuerpo sin vida de Omar Carrasco” (Ambito Financiero, 23/8/94). Es decir que el generalato sabía con antelación lo que había ocurrido con Carrasco y que falseó la hora expresamente. En el comunicado “oficial” original aparecían datos que ahora no aparecen mencionados y tanto o más graves que éste: se “identificaba” el cuerpo a pesar de su estado de descomposición y se lo ubicaba “fuera del perímetro del cuartel”, cuando estaba adentro. El testimonio de la periodista habría sido precipitado por las denuncias de los abogados defensores del subteniente Canevaro, uno de los cuatro presuntos implicados por la justicia militar. Los abogados “descubrieron que el expediente militar se inició a las 13 del 6 de abril” (Ambito, 23/8) y que el cadáver “apareció” y fue “identificado” a las 16.30. La crisis vuelve a desnudar la conspiración de Estado para tapar el crimen. Ahora se intentará cerrar la crisis, para lo cual el tribunal federal oral le ha devuelto la causa al juez Caro, que a esta altura debería ser enjuiciado como encubridor del crimen a cuenta del alto mando. El juicio “sería separado en dos causas... una relacionada estrictamente con el homicidio y la restante para descubrir una supuesta red de encubridores” (Ambito, 31/8). Aquella causa se acelerará, enjuiciando a los “marcados” por la justicia militar, y la causa por encubrimiento morirá “en el grado de subteniente”. El 16 de setiembre es el aniversario de la “Noche de los lápices” y la oportunidad de volver a movilizarse por el “juicio y castigo” a los asesinos de Carrasco y por todas las consignas contra la dictadura militar en los cuarteles: investigación independiente, derechos políticos y sindicales para la tropa y la suboficialidad.

En la semana que acaba de transcurrir, el “Cavallo” Alvarez dio a conocer su programa económico, cumpliendo incluso con todas las ceremonias propias de estos eventos, como entregarle a Ambito Financiero la “primicia” con veinticuatro horas de anticipación. El susodicho programa no pasa de ser el plagio a cualquier “paper” que ande circulando por una oficina del FMI, del Banco Mundial, del Citi o de la Fundación Mediterránea. Cuando se lo lee, uno se imagina la cara del burócrata de la Coordinadora de Jubilados que siempre le dio la preferencia de la tribuna al “Cavallo”; o la de De Gennaro, cuya sociedad con Piccinini y Mary Sánchez en el CTA fue el trampolín del Frente Grande; o la de tantos otros, como Solanas o Echegaray, que defendieron la actuación constitucional del FG y la intervención a Santiago del Estero. Al lector del programa se le vienen estas caruchas a la memoria, porque en el largo mamotreto económico del “Cavallo” Alvarez no hay ni la sombra de una referencia a la jubilación mínima de 450 pesos; a la necesidad de poner fin al desempleo masivo; al aumento de los salarios; o a la recuperación de la soberanía nacional en materia de recursos estratégicos (cuando se está a punto de malvender la energía atómica); o simplemente a un principio democrático elemental como lo es el control democrático del Banco Central, cuyas autoridades gozan de una inamovilidad que las coloca por encima del propio Congreso. El “Cavallo” Alvarez no se refiere ni a la monstruosidad del peaje, ejemplo, si lo hay, de corrupción. La abdicación de principios anteriores del “Cavallo”, que revela su “paper”, lo convierte automáticamente en un candidato, no a presidente o vice, sino a ñoqui, es decir dispuesto a chapar la manija sin que importe el precio. Digamos, sólo de pasada, que todo esto confirma la caracterización que tuvimos del hombre como un mero carrerista político, algo que, como se puede constatar, gana muchas adhesiones. Anda a laburar El programa del “Cavallo” arranca con una confesión fundamental: hay que “reorientar” el plan económico frente a “los cambios de los escenarios internacionales”. Aunque agregue como motivo “la necesidad de diseñar un modelo de crecimiento y desarrollo sostenido”, esto es puro verso, porque el que lo encuentre se podría consagrar, no presidente de Argentina sino monarca universal. En síntesis, el plan del “Cavallo” pretende reparar el “plan” Cavallo frente a sinsabores tan graves como un descomunal déficit comercial; el agravamiento del déficit fiscal; la elevada morosidad de las carteras de crédito; la imposibilidad de hacer frente a la deuda externa sin contraer nuevos préstamos en condiciones financieras internacionales cada vez más dificiles; la bancarrota agraria; el hundimiento económico del interior del país. La contradicción mortal del planteo del “Cavallo” es que reivindica un plan que tiene sus días contados y que ha manifestado durante su vigencia limitaciones fundamentales para superar el completo hipotecamiento económico del país, que se fue montando desde los años ’50. No debe sorprender, entonces, que el nuevo programa equino propugne elevar aun más los subsidios a los capitanes de la industria y a la patria exportadora, y lanzar un ataque aun más resuelto contra los derechos sociales y laborales de los trabajadores. “Recuperar la inversión” o “expandir el flujo de exportaciones”, significa precisamente eso, luego que el “plan” Cavallo concentró en muy pocas manos, tanto a la producción y los servicios como a las exportaciones. El “Cavallo” Alvarez no denuncia que su tocayo de servicio está entregando 250 millones de dólares al mes a las exportaciones industriales, incluyendo las preferidas por el “Cavallo”, las agro-industriales, lo que equivale a 3000 millones de dólares al año, es decir al ciento por ciento de esas exportaciones, ya que el resto lo componen los alimentos, las materias primas y los combustibles. Elvio Baldinelli, patriarca del “lobby” exportador, califica de “generosos” a “los apoyos fiscales a las exportaciones” (La Nación, 6/9); ¿qué más pretende ofrecer el “Cavallo”? En realidad, todo el flujo comercial externo, y en especial el del Mercosur, es un ida y vuelta de subsidios, y es la carnada de los subsidios lo que explica las inversiones y fusiones que ahora el “Cavallo” dice querer “recuperar” aún más. A la la luz de estos datos, la conclusión que se impone es que si es verdad que el “Cavallo” es un político realista, entonces está comprado, y si no es éste el caso, estamos ante un monumental ignorante. El “Cavallo” ya debería despedir a sus asesores por no haberle informado que la publicitada caída de la recaudación tributaria en los últimos dos meses no es tal, sino el resultado de sustraerle a ella los subsidios a la exportación. La glorificación de la estafa cavallana por parte del “Cavallo” Alvarez, no conoce límites, cuando escribe en el “paper” que no se puede “ignorar los fenómenos... de adaptación... a los patrones tecnológico-productivos imperantes en las economías desarrolladas”. Pero, lamentablemente, no existe tal “adaptación” ni podría haberla, porque si algo cuidan los monopolios de los países desarrollados son sus “patrones-tecnológico-productivos”, como lo demuestra precisamente la intención de imponer una ley de propiedad intelectual y de patentes, ¡que veda y que veta la posibilidad de semejante adaptación por un lapso de 25 años! La “globalización” a la que se refiere el “paper” consiste en la servidumbre financiera a que están sometidas las naciones capitalistas de menor desarrollo, la que permite precisamente a los monopolios internacionales confiscar en su beneficio el capital necesario para aprovechar los nuevos “patrones tecnológico-productivos” y asegurarse la realización en el mercado de la plusvalía que extraen por medio de ellos. Menemismo Sin la menor pizca de rubor, el “Cavallo” Alvarez y sus asesores copian al pie de la letra un reciente planteo de Menem referido a la financiación inmobiliaria y de las pequeñas y medianas empresas: emitir títulos en los mercados internos e internacional para financiar a las Pymes, contra la garantía de sus activos y de sus créditos. Esto siginficaría convertir a las Bolsas de Nueva York, Londres y Frankfurt en las dueñas del 80 por ciento de la industria nacional que aún se encuentra fuera de la órbita patrimonial de los grandes bancos. Se reforzaría tambien el vasallaje de la llamada “tercerización”, porque las pequeñas empresas quedarían aun más subordinadas a los pulpos a los que sirven como proveedores. El “Cavallo” Alvarez propone llevar la deuda externa por las nubes, o mejor, ofrecer el patrimonio aun no enajenado a la banca internacional y a los grandes capitanes criollos, como una garantía adicional para el pago de la deuda externa que comienza a vencer a fines de este año. Esta propuesta de “securitización” (convertir activos y créditos exigibles en títulos financieros) no es lo único que une al “Cavallo” con Roberto Alemann, al cual se le despertó un súbito interés por las Pymes cuando éstas se convirtieron en meros apéndices de la gran industria; otro planteo que los emparenta es expandir el crédito por medio de una reducción de encajes de los bancos, lo cual elevaría naturalmente los beneficios de éstos y les atenuaría los perjuicios que les están causando las caídas de títulos públicos y las moras de sus clientes. De ningun modo podría hacer bajar las tasas de interés que se cobran por lo créditos, en un momento en que suben a nivel internacional, cuando su nivel está determinado por la solvencia del tomador y la velocidad de circulación de sus fondos. Claro que el “Cavallo” tiene un “penchant” (inclinación) por lo “social” y, al menos su socio Bordón, no esconde que pretende ser más “justicialista” que Menem. La vulgaridad del nuevo profeta en relación a este asunto no tiene desperdicio, ya que supone que los capitalistas, el gobierno o Cavallo adolecen de despreocupación por las políticas que tienen que ver directamente con la explotación de las masas. Para la pequeña burguesía centroizquierdista, en general, los llamados “neo-liberales” tienen una orientación que excluye a las mayorías, algo que si fuera verdad sería una tamaña estupidez, porque significaría dejarla fuera de la explotación y del consumo y dejar a los capitalistas fuera de la posibilidad de obtener beneficios. En momentos en que el capital internacional se encuentra anexando a un tercio del planeta, “ex socialista”, o que incluso “globaliza” (como lo dice el documento del “Cavallo”) a todos los países afectados por la deuda externa; decir en tales circunstancias que el capitalismo “excluye” es simplemente escamotear su función explotadora y, lo que es peor, ignorar que la “exclusión”, es decir la quiebra, la desocupación y la miseria social, es necesaria para volver a “incluir” a los desposeídos en el circuito de la producción en condiciones laborales y sociales peores, susceptibles de permitir una mayor tasa de explotación. Las “políticas sociales” que aboga el “Cavallo” para la salud, la educación, la formación laboral o el empleo, no es otra cosa que profundizar las políticas de “privatización” en marcha en estos terrenos. El “Cavallo” Alvarez no critica en ninguna parte de su documento el estadio de privatización que ya se ha alcanzado en estos aspectos; ha defendido, incluso, desde su época de cafierista la municipalización de la salud y de la educación, etapas previas de la privatización. Acaba de reivindicar, recientemente, el modelo chileno, donde ocurre precisamente esto. Defiende la jubilación privada, lo cual condiciona todo el financiamiento del Estado, sabiendo además que las AFJP serán el marco de la próxima ley de privatización de la salud. El trajinado “paper” asegura que va a aumentar el presupuesto en estos rubros, como si ello fuera la última palabra en materia de ejemplo de preocupación “social”, como si el menemismo no destinara los fondos públicos, en la actualidad, a financiar la contratación de personal temporario o pasantías, mediante exenciones impositivas. En la Universidad, el Frente Grande apoya los contratos de investigación con empresas privadas, los cuales son subsidiados por el Estado Nacional. La “política social” significa hoy la política de privatizar la salud y la educación y reforzar el trabajo precario. El “paper” no habla en ningun lugar de políticas estatales; no solo esto, con relación a la llamada formación laboral dice que el Estado “tomará el liderazgo”, es decir que atrás de la plata del presupuesto vendrá el capital privado a encargarse del asunto y a “formar” la mano de obra domesticada y barata que necesita. El “paper” es muy concreto: hay que “reducir los costos laborales”, dice. Devaluación Toda la cháchara de la defensa de la estabilidad, no le impide al “paper” abogar abiertamente por una devaluación y por la liquidación de la ley de convertibilidad. Dice que el 1x1 no es una “restricción eterna”, denunciando con dos palabras la impostura de todo el programa económico, ya que si éste va a aumentar la productividad, conseguir el desarrollo sostenido, reducir los costos laborales y adoptar políticas sociales; si todo esto fuera a ocurrir, la perspectiva del peso sería, no la devaluación sino la revaluación. La primera es una confesión indiscutible de fracaso; el “Cavallo” Alvarez lo anuncia incluso antes de haber comenzado. Pero hay más, toda vez que el “paper” propugna una orientación que hará inevitable la devaluación, como la ya señalada ampliación del crédito mediante la reducción de los encajes bancarios, o la insinuación que se hace de que se reemplazaría una parte de las reservas en dólares por títulos públicos, como lo prevé la carta orgánica del Banco Central, recientemente votada. Esta inflación inducida fue propuesta ya por Eduardo Conessa, un asesor de Rico, y Claudio Lozano, asesor de De Gennaro. Es la conclusión inevitable de la política de mayores subsidios a la exportación y del reconocimiento de que el déficit comercial es cada vez más incompatible con el cumplimiento del pago de la deuda pública y privada, externa e interna. Medio pelo Tanto el “plan” Cavallo como el “paper” del “Cavallo” Alvarez son una creación de economistas de “medio pelo”, es decir de gente intelectualmente enajenada (perdón por la contradicción) a la banca extranjera y al cipayismo interno. En todo el documento, por ejemplo, se habla de asegurar un equilibrio fiscal o una estabilidad que simplemente no existen, con la única finalidad de mantener la justificación ideológica de la política menemista. “El superávit primario calculado por el gobierno no tiene en cuenta el rescate de la deuda”. El que lo dice es López Murphy, un hombre partidario de la política actual. Es decir que el equilibrio fiscal se mantiene con nueva deuda; por ejemplo, de aquí a fin de año Cavallo necesita juntar unos 4.000 millones de dólares, para pagar incluso los intereses de la deuda externa. Es decir que convierte una deuda corriente (intereses) en otra de capital (que paga nuevos intereses). Como las tasas de interes en los mercados internacionales están subiendo, la carga de esta deuda deberá crecer también, lo que aconsejaría cancelarla— pero ello pondria al desnudo un descomunal déficit fiscal, probablemente de 20.000 millones de dólares, o sea un 30 por ciento de la totalidad de los ingresos públicos previstos. Con semejante estrangulamiento no hay política realmente popular posible. Mientras el “Cavallo” Alvarez quiere expandir el crédito con los métodos que ya hemos visto, la demanda de dinero está cayendo (El Economista, 26/8), como consecuencia de las tendencias recesivas y de la situación de insolvencia de numerosos deudores; no hay condiciones para prestar ni el dinero disponible. Por eso el gobierno quiere privatizar todavía más —sean las Cataratas o los bosques de Ezeiza; abrir casinos; entregar la energía atómica; negociar en las Bolsas los patrimonios de las Pymes industriales y agrarias. El texto del “Cavallo” Alvarez es un amasijo de lugares comunes y de justificaciones académicas de los intereses de los grandes capitalistas; la palabra programa le queda muy pero muy grande. Sirve, y cómo, para sacarle la careta a otro medio pelo más, es decir a un impostor.

Las personas gays y lesbianas no queremos vivir en ghettos, no somos una mancha, no resultamos repugnantes. Nuestros padres y madres, nuestras hijas e hijos no nos consideran de esta manera ni nuestros amigos ni la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas argentinos que, inmediatamente, en masa, y de una manera espontánea, se manifestaron contra todo tipo de discriminación. Repugnantes son la impunidad, la corrupción, la desocupación, los asesinatos sin condena de niños y jóvenes. La mancha en la cara de la sociedad son un vendedor ciego golpeado por la policía, una mujer muerta por un aborto clandestino o noventa cadáveres entre escombros por el estallido de un autobomba. Para que no exista discriminación, las personas lesbianas y gays tenemos que tener los mismos derechos. * Exigimos por esto el reconocimiento legal de la Iglesia de la Comunidad metropolitana. * Exigimos al gobierno y a Quarracino la no discriminación. CONVOCAMOS AL ACTO DEL DIA JUEVES 1º DE SETIEMBRE A LAS 19 HS. FRENTE AL PALACIO SAN MARTIN, PLAZA SAN MARTIN. Firman: a.t.a.- c.h.a.- convocatoria lesbiana- frente de lesbianas de buenos aires - gays d.c.- grupo de madres lesbianas - iglesia de la comunidad metropolitana - las lunas y las otras- s.i.g.l.a. - travestis unidas

A fines de junio se conoció la sentencia en el 2º juicio oral a los policías que asesinaron a los jóvenes Aredes, Argañaraz y Olivera, en lo que se conoce como Masacre de Budge. ¡Les dieron 11 años de prisión! Como el fallo fue apelado en virtud del juicio anterior y por la calificación del hecho en esa oportunidad: ¡¡los policías Balmaceda, Miño y Romero están en libertad!! Como dijo la mamá de uno de los muchachos : “Esto es una burla a los padres”, “¿Esto es una condena?”. Es así compañeros. Esta sentencia está inscripta en un operativo (cada vez más evidente para la población), dirigido a dar impunidad y encubrimiento a las “fuerzas de seguridad” encargadas de reprimir a la juventud y a las barriadas obreras. Y Budge lo sabe, y mucho, así se suceden los “operativos” contra los jóvenes, la represión que sufrió el barrio cuando se movilizaba pidiendo el puente peatonal, los aprietes que son constantes, etc. Pero no es sólo Budge el lugar donde quieren impunidad, allí está el asesinato de Omar Carrasco, ocurrido en el mismo batallón donde hacía la colimba. También en este caso tratan de desviar la investigación, “deslindando responsabilidades”, para que ni siquiera los llamados “perejiles” (sean suboficiales del ejército o, en nuestro caso, de la policía de la provincia), queden presos por los asesinatos que cometieron. Pretenden así salvaguardar a la totalidad del aparato represivo, para utilizarlo contra los trabajadores y en especial contra la juventud que se rebela contra este régimen opresor. La masacre de Budge, el asesinato de Omar Carrasco, así como el crimen de Wálter Bulacio, tienen un común denominador: el ataque a la juventud para intimidarla. Hoy más que nunca, debe estar presente la consigna de luchar por el “JUICIO Y CASTIGO A LOS ASESINOS Y ENCUBRIDORES”, y el método es el que ya nos ha dado resultado: La organización y la movilización.

Cualquiera se da cuenta de que, “Cavallo” Alvarez mediante, el Frente Grande ha sido copado por los “asesores” económicos. Estos “asesores” ya no son, como en los viejos buenos tiempos, eruditos profesores universitarios, ni tampoco tienen la formación histórica de éstos. Los “asesores” de hoy en día son empleados de consultoras nacionales o internacionales y actúan en el campo político como infiltrados de estos intereses. El ejemplo de los ejemplos es Cavallo, a quien según se dice, la Fundación Mediterránea le compró una banca de diputado, lo metió en el justicialismo y lo convirtió en ministro de economía —e incluso estuvo a un triz de meter a Schiaretti como gobernador de Córdoba. Lo mismo ocurre con el Frente Grande, donde los “asesores” han empezado a bajar línea. Acerca de la catadura de esta gente, ilustra muy bien lo ocurrido con Daniel Novak, quien fue presidente de la comisión de economía en la jornada programática organizada por el “Cavallo” Alvarez, Storani y Bordón. Tan encumbrado personaje, se vino a saber ahora, fue funcionario de la dictadura militar y fue encarcelado por defraudación contra el estado chubutense en un asunto de construcción de viviendas. Como abanderado de la lucha contra la corrupción y como diseñador de políticas sociales, Novak es un perfecto representante de la cúpula del Frente Grande. Más interesante que el prontuario de Novak fue la reacción de esa cúpula. Arnaldo Bocco, el jefe de esos asesores, ha calificado de “interesada” la actitud de los medios que publicaron el currículum de Novak, lo que significa que él estaba interesado en ocultarla. La inefable Graciela Fernández Meijide, lanzada ya a un desbocado carrerismo, se atrevió a decir que “las cosas que se dicen de él (Novak), de todos modos, ocurrieron hace 18 años. Creo que habría que ser más caritativos...” (Ambito, 26/8). En boca de una “militante” de los derechos humanos, no está mal, pues ya indulta a cuenta del futuro. La Meijide está obligada a hablar de esta manera después de los manoseos que prodigó a diestra y siniestra en la Constituyente reaccionaria con los convencionales de la dictadura, en la celebración reiterada que hicieron de los supuestos logros de la reforma de la Constitución. Otro aporte al prontuario, esta vez del flamante frente Bordón -“Cavallo” Alvarez, es Ignacio Chojo Ortiz, asesor del primero, y quien antes que nadie insistió para que se fuera del PJ a un acuerdo con el Frente Grande. Ortiz fue director del Banco Central bajo el ministerio de Néstor Rapanelli, es decir un hombre de Bunge y Born, y luego subsecretario de Coordinación económica en el ministerio de Erman González. En un reportaje que le hiciera Página 12 (24/7/94), anticipó con pelos y señales todo lo que sería luego conocido como el programa del “Cavallo” Alvarez. Es decir que la política de éste se la dicta Bordón. Ortiz no tiene empacho en reconocer que pretende impulsar la devaluación de la moneda, en términos parecidos a los del programa formulado el lunes 5 pasado por el “Cavallo”. Los antecedentes de Ortiz permiten entrever el tipo de alianza que están armando Alvarez y Bordón, desde el punto de vista de los intereses patronales, donde el énfasis se traslada a la patria exportadora, en la cual se incluyen bancos, compañías de servicios, contratistas enlazados con el comercio de exportación.

Bahía Blanca, Agosto de 1994. Como asiduo lector de la prensa, de la cual extraigo un aporte importante a la información que muchas veces por otro medio no logro obtener, y como amigo de integrantes del PO, me siento en la obligación de expresar lo siguiente con relación a un volante que llegó a nuestra localidad titulado: “No al nuevo régimen de licencias”. El tercer párrafo, “Y si su enfermedad no le permite ambular...”, contradice el instructivo que adjunto y que, por experiencia propia, puedo decir que con un simple llamado telefónico la prestataria asiste a verificar la salud del paciente informada por el Consejo Escolar, y debo aclarar que hasta fui medicado. Además considero que es más efectivo que el sistema anterior y facilita en cierta forma la situación del agente. Lo que se puede discutir es si este sistema apunta a la descentralización, si es correcta la privatización, si fue bien hecha, etc., para lo cual deberá hacer un análisis más profundo dentro de la consumación del acto, pero considero que tranquilamente todo podría haber sido manejado por el Consejo Escolar. Me consta que el Consejo Escolar de Bahía Blanca siempre luchó por la descentralización, NO por la privatización. Algo para tener en cuenta: si un agente es atendido por su médico de cabecera o de confianza, debe prestarse a una nueva revisación por la prestataria; imagínense un enfermo de hemorroides... La Ley Federal de Educación, la política educativa, los comedores escolares, realmente son un desastre y la crisis aparentemente por el momento no tiene visos de solución; pareciera que quienes tienen la responsabilidad del sistema (a sus hijos, sus nietos, etc., los deben mandar a una escuela privada) no conviven con quienes actuamos o mandamos a nuestros hijos a una escuela pública, o sea que deben moverse en otra dimensión. Acompaño a ésta fotocopia del instructivo de PREVENCION DE SALUD Y CONTROL DE AUSENTISMO. Atentamente. Provincia de Buenos Aires Dirección General de Escuelas y Cultura SRES. INSPECTORES JEFES DE REGION SRES. INSPECTORES DE AREA SRES. DIRECTORES DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INSTRUCTIVO PREVENCION DE SALUD Y CONTROL DE AUSENTISMO EXPERIENCIA PILOTO EN REGIONES I-II-III-IV-V-VI-XIV-XVI LAS REGIONES CONSULTADAS SON LAS QUE CUENTAN CON CONSULTORIOS EXTERNOS Licenias Domiciliarias - Turnos mañana y tarde Si su estado de salud no le permite moverse de su casa, envía usted una nota con todos sus datos a través de un familiar, vecino, amigo, etc., o habla por teléfono al Consejo Escolar para dar aviso de su enfermedad. Solicitando la licencia médica, se queda en su domicilio esperando la visita del médico, quien le otorgará los días necesarios hasta su recuperación. El sólo revisará su estado de salud y usted tiene dos horas para realizar esta solicitud médica al Consejo Escolar desde el inicio de sus propios trabajos. Es decir, si usted debe presentarse a las 7.45 horas, a partir de ese momento corren las dos horas. Si en cambio su presentación comienza a las 10 horas, puede avisar entre las 8 y las 12 horas. Si sus servicios se inician a las 12.45 horas, pueden avisar entre las 8 y las 14.45 horas. Turnos vespertinos y noche Si su trabajo se desarrolla en estos turnos, será al día siguiente, entre las 8 y 9 horas, en que solicitará la licencia médica al Consejo Escolar correspondiente al primer servicio educativo en el que debería haber trabajado. El pedido de licencia médica se efectuará ante el Consejo Escolar del cual depende el establecimiento educativo donde usted trabaja. En el primer turno, en todos los casos y como establece la reglamentación vigente, avisarán a los establecimientos durante las dos primeras horas del día que inasista.

Sólo los nazis llevaron a la práctica la “idea” que Quarracino planteó desde la TV estatal: establecer un ghetto para los homosexuales. No basta, sin embargo, con ser un cardenal fascista para decir las cosas que dijo Quarracino; además, hay que tener —como la tiene el cardenal— la impunidad comprada. Los que le aseguran a Quarracino la impunidad no son otros que los “demócratas” que han ratificado la subordinación constitucional del Estado a la Iglesia; los “demócratas” menemistas que proscriben el derecho al aborto; los “demócratas” frentegrandistas, que han incluido en la nueva Constitución —pacto de San José de Costa Rica mediante— la prohibición del aborto y la enseñanza religiosa; los “demócratas” duhaldistas, que pretenden imponer la obligatoriedad de la educación religiosa en las escuelas públicas bonaerenses. La complacencia y la complicidad del conjunto del régimen político con las exigencias antidemocráticas y totalitarias de la Curia son el punto de partida de los ataques de Quarracino contra los homosexuales y contra los derechos sexuales de todos los ciudadanos.

El PO está lanzado a una gran campaña nacional de miles de adhesiones y afiliaciones para obtener (o conservar allí donde la tiene) la legalidad electoral que le permita presentarse a los procesos electorales que se van a desarrollar durante 1994-5. En Neuquén ya fue otorgado el reconocimiento al PO, lo cual le permitirá presentarse en las elecciones municipales que se realizarán de aquí a marzo próximo. En Córdoba, Tucumán, Santa Fe, Capital, Buenos Aires, Salta, los militantes del PO están movilizados para vencer las proscriptivas leyes menemistas que intentan marginar a la izquierda de la lucha política y electoral nacional. Todas estas campañas insumen mucho dinero. La “justicia” exige todo tipo de certificaciones, cartas-documentos, escribanos y afines, lo que significa muchos miles de pesos. Para eso necesitamos de su colaboración expresa: firmando las adhesiones, afiliándose al PO y, fundamental, aportando dinero para sobrepasar estos grandes gastos financieros. Pero la lucha del PO por preservar su legalidad electoral sirve para estructurar un gran Frente de la Izquierda y los Trabajadores, que pueda intervenir en todos los procesos de lucha en curso y también en la contienda electoral de 1995. El centroizquierda (Frente Grande y Unidad Socialista) ha demostrado sus limitaciones políticas muy rápidamente. Su actuación en la Asamblea Constituyente reaccionaria, y el reciente acuerdo Chacho Alvarez-Bordón (hombre del Departamento de Estado), indican el creciente alineamiento del centroizquierdismo con la embajada yanqui, los “capitanes de la industria” y el gran capital en general. El chacho-bordonismo es un partido del orden menemista, antiobrero y proimperialista. Como alternativa política para los explotados se plantea la necesidad de construir un Frente de los Trabajadores y de la Izquierda. El PO está lanzado a esta tarea política. Súmese usted también a esta campaña nacional. Colabore con la campaña financiera del PO.

Buenos Aires, 6 de setiembre de1994 Compañeros de Prensa Obrera: Ediciones magenta-w los invita a la presentación del libro SITRAC-SITRAM. Del Cordobazo al clasismo, de GREGORIO FLORES, que se realizará el lunes 19 de setiembre a las 19 horas, en Liber/Arte, Corrientes 1555, de esta Capital. Participarán de la mesa el profesor Pablo Pozzi (Filosofía y Letras, UBA), Christian Rath y el autor. Sitrac-Sitram fue una de las experiencias más ricas del proletariado argentino, en su lucha contra la explotación y la burocracia sindical. A más de 20 años de los acontecimientos que Gregorio Flores nos relata, tenemos el orgullo —como editorial— de poder presentar dicho libro, que contribuye a no olvidar la historia y al permanente debate de ideas. Se agregan además los principales documentos programáticos de los sindicatos de la Fiat, material fotográfico y entrevistas realizadas este año a dos dirigentes del Sitrac. Los esperamos.

Chacho Alvarez visitará la provincia de Córdoba el próximo jueves 8 y, según una nota aparecida en Clarín del 3/9/94, su agenda incluye una cena con empresarios, donde no sólo estarán “los representantes de las Pymes. Esta vez los frentistas serán más osados. Se invitará, por lo menos, a dos pesos pesados del mundo de los negocios: Luis Pagani (Arcor) y Aldo Roggio (cabeza del poderoso holding identificado con su apellido)”. El desembarco chachista en Córdoba no admite desperdicios. Después de haber impuesto una junta promotora adicta con el ex (?) demócrata progresista Rébora (ex rector de la UNC y ladero del radicalismo), Alvarez se plantea dar un paso en grande, porque “‘No se trata sólo de juntar votos sino también de espantar algunos fantasmas que se agitan para asustar a quienes toman decisiones económicas’, explicó un frentista cordobés” (ídem). ¿Existe una mejor y más clara definición política que ésta, de los reales alcances de la política del Frente Grande? Estos dos empresarios son los padrinos de Cavallo y quienes montaron la Fundación Mediterránea. Benito Roggio es el actual dueño del Ferrocarril Urquiza y de los subterráneos de Buenos Aires, del peaje en la Ruta 9, entre otras privatizaciones, pero además es uno de los dueños de Córdoba, beneficiado hasta el hartazgo por el gobierno de Angeloz para que se apoderara de la obra pública. Benito Roggio ha recibido exenciones impositivas a rolete y créditos baratos del Banco de la Provincia. Es uno de los más grandes parásitos que han engordado con los recursos del Estado. Con esta cena, el Frente Grande cordobés está dando la espalda a la lucha de los trabajadores cordobeses contra las privatizaciones. Benito Roggio está prendido (a través de Aguas Mediterráneas) en la privatización del agua potable de Córdoba y el saneamiento del lago San Roque, que implicará aumentos de tarifas del 70%. Arcor quiere “morder” en la privatización de EPEC (ya ha construido una usina propia). Los sindicalistas del Frente Grande, con papeles dirigentes en los sindicatos afectados por las privatizaciones, como Bazán, tienen aquí la indicación de qué es lo que deben hacer para “espantar los fantasmas”. No está demás agregar que estas empresas se harto beneficiaron con la superexplotación obrera, liquidación de conquistas y congelamiento salarial mediante. Los dirigentes del Frente Grande cordobés no vacilan en afirmar, ante cuanto micrófono le pongan delante, que el eje de su campaña electoral va a ser la “lucha contra la corrupción angelocista”. Pero Roggio es uno de los más favorecidos con la corrupción angelocista; llueven las denuncias sobre irregularidades en sus contratos. El Frente Grande ha hecho una carrera meteórica al servicio del gran capital, de los privatizadores y del clero reaccionario. No intenta disimularlo; claramente deja entrever para quién y para qué intereses piensa gobernar. Para los trabajadores, para los activistas y para todos aquellos que se consideran de izquierda, la alternativa es construir un frente de izquierda que adopte una orientación de independencia política del Estado y la patronal, y lleve a los explotados a la conquista del poder político.

El PO está impulsando la constitución de una gran juventud socialista revolucionaria de masas. La juventud es el motor de todo auténtico proceso revolucionario. Y los jóvenes de la UJS están en primera línea en el trabajo para organizar en forma independiente y dotar de conciencia socialista revolucionaria, a las combativas masas juveniles de nuestro país. La UJS participa impulsando las comisiones de lucha contra la represión en Neuquén, en Córdoba, en Río Negro. La UJS está a la vanguardia de la construcción de la Coordinadora de Estudiantes Secundarios de Buenos Aires, independiente del Estado y de los partidos patronales. La UJS está impulsando una gran marcha contra la impunidad, por el juicio y castigo a los asesinos de Carrasco y demás jóvenes asesinados por el “gatillo fácil” para el viernes 16 de setiembre, en el aniversario de “la noche de los lápices”. La UJS está impulsando la constitución de un frente de izquierda en la Universidad para enfrentar el “arancelazo” y la privatización en marcha que se viene de la mano de la política de “consenso” que aplican la Franja Morada y el Frente Grande, y para disputar a estas direcciones capituladoras los centros en las próximas elecciones estudiantiles. Pero la juventud no es sólo lucha, es también programa y organización. La UJS necesita dinero para financiar la próxima salida de su periódico nacional; la intervención en los próximos procesos electorales en los centros estudiantiles contra los “aparatos” radicales y centroizquierdistas financiados por la burguesía; para montar una campaña por el éxito de la marcha del 16 de setiembre. La UJS, en el marco de la Campaña Financiera, viene realizando colectas públicas en colegios y facultades. La semana pasada los secundarios de Capital hicieron una colecta en un turno del Nacional Buenos Aires y juntaron 44 aportes mientras que los universitarios coparon la facultad de Sociales y obtuvieron 102 aportes para la UJS. En Tucumán, más de 400 estudiantes participaron de un Festival de la UJS en la Facultad de Artes (el dinero allí recolectado es para financiar la campaña por la legalidad del PO tucumano). Invitamos a todos los compañeros de la UJS y sus simpatizantes a aportar y adherir a las actividades de la Campaña Financiera.

Para un individuo que suda democracia, la exigencia del “Cavallo” Alvarez de que el Frente Grande se convierta en partido es poco menos que un retorno al stalinismo. Partido único, identificación de aliados e idiotas útiles —todo esto viene del arsenal del stalinismo. Que el recurso se aplique hoy para reclamarle la disolución al Partido Comunista, no debería sorprender a nadie, porque si hay algo que la historia ha dejado en claro es que entre las víctimas preferidas del stalinismo se encuentran quienes lo siguieron como a su sombra. De cualquier manera, el “Cavallo” Alvarez no tuvo tiempo de consumar su propósito, cuando ya está actuando al margen de cualquier organización, sea esta única o no. El programa económico que acaba de estrenar se lo escribió una especie de fundación en creación en la que revistaban notorios economistas vinculados a la corrupción y a la dictadura. Al final, resultó mejor observador que político Carlos Corach, cuando acusó al “Cavallo” de anti-comunista en la campaña electoral última. Lo que nadie previó es que el individuo manejaría al FG a fuerza de decretos de necesidad y urgencia, es decir, según sus caprichos. El “Cavallo” Alvarez quiere un partido único sólo después que le haya impuesto la dirección y el programa. Cuando se piensa que todos estos desplantes, el “Cavallo” sólo lo puede hacer debido al respaldo de que goza entre los grandes empresarios y en los medios de comunicación, está claro que el partido único lo están montando los capitalistas del régimen actual. Para completar el cuadro de situación, sin embargo, hay que señalar algo que la prensa, cómplice del “Cavallo” no difundió ni siquiera un poquito. Crónica, del pasado 4 de agosto, publica la información aún no desmentida de que al Partido Comunista la Junta Promotora controlada por la banda del “Cavallo”, no solamente le exigió la disolución sino también “la abdicación de la personería y sus bienes a favor del partido del Frente”. En resumen, al igual que lo que ocurre en Rusia o en el Este de Europa, la pretensión de la pequeña burguesía emergente es apropiarse de los bienes controlados antaño por la burocracia. Cuando no terminaba de reconcerse en el autoritarismo staliniano, el “Cavallo” ya se ha visto obligado a ponerse las ropas del expropiador Yeltsin. Pero esta similitud también demuestra que es un “Cavallo”, esto porque en nuestras tierras el confiscador número uno no es otro que el actual ministro de Economía.

El 25 y 26 de junio pasados se realizó la Conferencia del PO del NOA, en la que se hicieron presentes compañeros de Catamarca (Belén, Valle Viejo y Capital); de Salta (Mosconi y la Capital); de Santiago del Estero (La Banda); de Tucumán ( Tafí Viejo y la Capital). La conferencia hizo un examen a fondo de la situación política nacional y regional y, por medio de una elaboración en comisiones, aprobó un manifiesto político y un documento sobre organización y finanzas. Hubo numerosas intervenciones, que reflejaron la experiencia y las dificultades en el desarrollo de la construcción del PO. A dos meses de la misma, es posible hacer un balance de sus conclusiones, en particular los aciertos de sus caracterizaciones fundamentales, referidos: 1º) a la tendencia al derrumbe de los gobiernos de la regional, como el caso Palito, que para sobrevivir está negociando un pacto de gobernabilidad con Bussi, el Frente Grande y la UCR, y 2º) a la situación de explosión reivindicativa, que tuvo dos expresiones contundentes luego de la Conferencia: la Marcha Federal y el paro del 2 de agosto. El PO planteó una perspectiva independiente para estas luchas, en contraste con el resto de la izquierda que, como el caso de Patria Libre o el Mst, fueron a la rastra de la política de colaboración de clases de la dirigencia del CTA o el MTA, la que por todos los medios intenta, a su vez, colocar al ascenso popular detrás de las maniobras del frente burgués opositor del Chacho, Bordón, Storani. En la Conferencia se previó un giro derechista del FG en la región, y en consecuencia, los choques y conflictos con los sectores combativos que tendían a confluir a sus filas. La designación de Vitar (un niño mimado de Ortega) en Tucumán, como referente del FG; las negociaciones con Movilización en Catamarca (que integra el oficialista Frente Cívico); la desautorización a un conjunto de sectores críticos del Chacho en Salta, o la creación del FG en Santiago como fuerza apartada de Memoria y Participación; todo esto ha provocado principios de desprendimiento en el FG. El planteo del Frente de Trabajadores votado en la conferencia, tuvo en cuenta el desarrollo de estos fenómenos de crisis en el FG y en los agrupamientos del CTA y MTA, y nos está permitiendo abrir el debate con varios sectores e inclusive en algunos casos llegar a acuerdos prácticos, como en el caso de Catamarca, de lucha contra la “jubilación privada”, en oposición a la orientación de los sectores oficialistas del FG, que convalidaron la transferencia de las Cajas por parte del gobierno de Castillo. La Conferencia coincidió que el PO tiene que ponerse a la cabeza en la organización de las reivindicaciones, como ocurre en Salta, donde está jugando un papel fundamental en el Comité de Movilización docente, que se ha dado a la tarea de disputar la dirección de la ADP (vinculada al CTA) y, en coordinación con otros gremios, la de formar una intersindical para profundizar la lucha contra los planes de Ulloa. Uno de los aspectos más importantes, que hace al porvenir del desarrollo partidario en la región, fue la conformación de una dirección del NOA, que está funcionando quincenalmente, con lo cual se ha dado un paso adelante en la centralización política y en la promoción de nuevos cuadros políticos de dirección. Las importantes tareas, como la legalización del PO en todos los distritos (en Tucumán ya se han obtenido 600 adhesiones certificadas con escribano público; en Salta es inminente la recuperación de la personería), la campaña financiera y la propia intervención en la lucha de clases, están significando una dura prueba política. En algunos casos, encarar estos desafíos nos ha obligado a reorganizar los comités, como ocurre en Catamarca, promoviendo nuevos compañeros a la dirección; y en otros, acelerando las definiciones con la periferia que viene activando junto al partido, como se verificó en Tucumán, donde el debate con ella de las conclusiones de la conferencia y su manifiesto, nos ha permitido incorporar a varios compañeros valiosos de los frentes de trabajo.

El miércoles 31 no fue un día más en la historia de los jubilados del Banco Provincia. Al asistir a las distintas sucursales se encontraron con una “poda” del 20% en los ingresos que debían percibir. La resolución —emanada del Directorio de la Caja de Jubilaciones, cuya mayoría es nombrada por el Directorio del Banco— fue descargada en forma intempestiva. Liquidaron el pago en cuotas del “adicional” con la trampa de “diferirlo y pagarlo de una vez en diciembre”. Es una confirmación de lo anticipado por el PO: Duhalde, Frigeri (presidente del Banco) y la burguesía preparan la liquidación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Banco Provincia. En Junín, Frigeri anunció la decisión de modificar la ley del Régimen Orgánico de la Caja antes de finalizar el período de sesiones de la Legislatura, o sea en noviembre. Como la patronal ya ha retirado sus “aportes especiales” a la Caja, el propósito es que los jubilados financien casi en un 70% el supuesto déficit operativo actual. Los jubilados han reaccionado contra la nueva confiscación y el día miércoles se dieron cita en las distintas sucursales, y en especial en la Casa Central (Capital), para repudiar el descuento sorpresivo, transformando las “colas de cobro” en verdaderas asambleas espontáneas. Estos hechos, junto a la repercusión del paro del 2 de agosto y la decisión de las bases activas de distintas sucursales, prometen un reagrupamiento de los trabajadores bancarios del Provincia para resistir la entrega de su Caja. Como ya planteamos en nuestro manifiesto provincial y en el volante “Defender a muerte nuestra Caja”, el PO llama a organizar asambleas y un congreso abierto de delegados de toda la provincia de ACTIVOS y JUBILADOS, para quebrar este intento de liquidar nuestro futuro.

Las elecciones mexicanas fueron, como cabía suponer, un fraude descomunal. La duplicación, triplicación y hasta cuadruplicación de votos por parte de militantes del PRI; la exclusión del padrón de nueve millones de votantes; las “urnas embarazadas»”(con votos antes de empezar el comicio); el voto por la fuerza de empleados públicos y el voto de los muertos; todo esto fue, según la prensa, la “norma”, sin mencionar el manejo fraudulento del presupuesto estatal en favor del PRI, el manejo discrecional de los sistemas informáticos por parte del gobierno y la disposición absoluta de los medios de comunicación. El apoderado del derechista Partido de Acción Nacional “indicó que en el 30 al 40% de las casillas electorales, el número de las boletas extraídas de las urnas no coincidió con el de boletas asignadas”, mientras que el apoderado del centroizquierdista PRD anunció que su partido “había impugnado 32.976 del total de 96.000 casillas instaladas en todo el país” (Página 12, 31/8). En Chiapas, el fraude fue fenomenal, como lo comprobaron los zapatistas (que) interceptaron el sistema de comunicaciones de las cabeceras municipales con la capital del Estado y pudieron así corroborar que en la elección a gobernador, el candidato de la sociedad civil, Amado Avendaño Figueroa, superaba en 2 a 1 al candidato del PRI”. “Alquimia electoral” mediante, ese resultado se transformó en un “3 a 2” ... en favor del candidato oficialista. Las “leyes electorales” que promovió el gobierno en los últimos meses, sólo sirvieron, como lo corrobora el corresponsal de Brecha (26/8), “para calmar las inquietudes de algunos opositores”, es decir, para “maquillar” el fraude. En este cuadro, los resultados, que dan al oficialismo el menor porcentaje de su historia (48% para el PRI, 26% para el PAN y 17% para el PRD), son apenas un “dato”, que expresa la conciencia del propio oficialismo sobre su retroceso electoral y político. PRD: capitulación política y colapso electoral El fraude tuvo también su apoyo en la complicidad de la oposición y, más precisamente, en el “acuerdo democrático” firmado a fines de febrero por los candidatos presidenciales del PRI, PAN y PRD para, decía, “garantizar la limpieza de las elecciones”. En Prensa Obrera (nº412, 24/2) caracterizamos el “acuerdo democrático” como “una descomunal trampa contra el pueblo mexicano ... una caución al fraude electoral y un apoyo anticipado al próximo gobierno”. El centroizquierdista PRD basó toda su campaña electoral en este acuerdo, presentándose como la mejor garantía para su cumplimiento. Cárdenas, precursor del “Cavallo” Alvarez, se presentó como el mejor garante de la continuidad, y aun de la profundización de la política del gobierno de Salinas, cuyos “logros”, dijo, estarían “amenazados” por “la falta de democracia” (“es vital que los inversores y la gente de buena voluntad comprenda que el gobierno y su partido no garantizan por mucho tiempo la salud económica”, escribió en The Wall Street Journal, 12/8). Precisamente, en el mismísimo diario de los financistas norteamericanos, Cárdenas planteó que “aceptamos el Nafta” (y) “estamos preparados para ir más allá de los actuales términos del acuerdo comercial”. “Creemos que los aumentos salariales —señaló también— deben ser el resultado de los beneficios generados cada año por el aumento de la productividad ... El gobierno democrático no apoyará más las estructuras sindicales corporativas ...”. El título que el propio Cárdenas puso a su artículo enThe Wall Street Journal (12/8) sintetiza su programa: “La izquierda de México está comprometida con la reforma de mercado”. Es lógico entonces que The New York Times (25/8) hubiera caracterizado que “los puntos económicos y sociales de su plataforma no son tan radicales —(sino) en parte semejantes a las propuestas de Zedillo (PRI) y Fernández (PAN)”. El colapso electoral del PRD radica, precisamente, en que se trata de la derrota de la política del Foro de San Pablo, que como señalamos en Prensa Obrera hace ya tres años, “se preparan para ser gobierno” como agentes del imperialismo, pero hasta ahora sólo han cosechado fracasos (en El Salvador hace unos meses). Precisamente, cuando parecía que tenía el gobierno al alcance de la mano, el PRD sufrió un espectacular retroceso electoral: con el 17% de los votos recogió, apenas, la mitad de los votos que en 1988. Ahora, “El partido está tan dividido —declara un asesor de Cárdenas citado por The New York Times (25/8)— que para todos los propósitos prácticos puede desaparecer como fuerza política después de esto”. Bastó la irrupción de un movimiento de lucha de las masas (Chiapas) para que la integración al régimen político, la subordinación al imperialismo y el derechismo de los “izquierdistas” quedara en evidencia y el tan mentado “respaldo de la gente” se viniera abajo como un castillo de naipes. Una crisis política aguda Poco después de las elecciones, The New York Times (27/8) señaló que el nuevo gobierno enfrenta “una realidad bastante más incierta que lo que sugieren Zedillo, su partido y los votos recibidos”. Ciertamente. Después de cinco años de estancamiento (la tasa de crecimiento económico fue la más baja de las últimas décadas; en 1994, directamente el crecimiento económico es nulo) y habiendo acumulado una deuda externa fabulosa (sólo en 1993 ingresaron 23.000 millones de dólares) y un espectacular déficit comercial, la economía mexicana está al borde del colapso. La devaluación del peso respecto del dólar (10% en el último trimestre) traduce la fuga de divisas y la ausencia de las tantas veces anunciadas «inversiones del Nafta». Al mismo tiempo, el crecimiento de las carteras impagas de los grandes bancos (el 40% sólo en los primeros meses de este año) y el derrumbe de sus beneficios, refleja una tendencia a las quiebras que ya es más que evidente en miles de pequeñas y medianas empresas. Zedillo, rehén de las camarillas que se disputan el dominio del PRI, no tiene elementos políticos para superar la crisis. Las organizaciones campesinas de Chiapas anunciaron movilizaciones y ocupaciones de tierras, mientras los hacendados reclaman, abiertamente, una “solución militar” y el EZLN denuncia que el ejército ha aumentado sus vuelos de reconocimiento sobre la zona dominada por la guerrilla, en preparación de nuevos ataques. Un gobierno fraudulento, un partido oficialista en retroceso y agudamente dividido y una oposición aplastada y en descomposición: las elecciones que acaban de pasar no le han dado al régimen político mexicano los instrumentos para superar la brutal crisis que enfrenta.

Al momento de escribir este artículo, escucho en la radio que más de 10.000 jubilados del Provincia se declararon en estado de alerta por el descuento del 30% de sus haberes, que percibieron en la fecha, y la virtual quiebra de la Caja por mal manejo o vaciamiento. Como un mecanismo de precisión, el PO intervino en la crisis que hoy está a la vista. Hace una semana se repartió el volante (PO 426-pág. 6) en todas las sucursales de Bahía Blanca, y a partir de ese momento se empezaron a suceder llamadas telefónicas (pidiendo volantes), elogios a la calidad del mismo por parte de compañeros que tuvieron que hacer un esfuerzo de voluntad dada la oposición histórica al PO (ellos eran del …PC), y aquella otra consideración de que “no tiraron ninguno al cesto de la basura”. Observaron otros, que la gerencia de una sucursal los apretaba para que ofrecieran a los clientes los servicios de la AFJP Orígenes, pero más luego los folletos se encontraban tirados en la esquina. Ante tal cuadro, abordé personalmente al gerente, quien manifestó haber leído el volante, que acordaba con la denuncia y coincidía en la necesidad de defender nuestra caja. ¡Ah!… charlamos eso de la jubilación privada, que es el único sistema de ahorro con tasa negativa. — ¿Qué es eso?, dijo con cara realmente de no entender. — Pues bien (expliqué), si con un aporte de 100 pesos a Orígenes, a Ud. le descuentan 35 pesos, le quedan 65 pesos, y si gana en el mejor de los casos un 10% de interés o sea 6,50 pesos, contará al cabo de un mes con 71,50, pesos pero… si los mismos 100 pesos los colocara en la Caja de Ahorro del mismo banco, al cabo del mismo mes con la tasa del 0,50% que el Provincia paga, Ud. contaría con 100,50 pesos… es decir la Jubilación Privada es un robo a nuestro salario. La secretaria nos felicitó por el buen volante. En otros casos, los compañeros se enfurecían a medida que iban leyendo el volante, y arremetían con “qué hacemos…”. La directiva de los jubilados del Provincia jamás pecó por progresista, bastaría recordar que algunos años atrás negó sumarse a la importante movilización de jubilados bahienses, porque quedaba mal solidarizarse con gente que ganaba tan poco, y nosotros con suculentas jubilaciones; en esta oportunidad, sólo se observó que un partido de izquierda “politizara” el saqueo a la caja. La Comisión Gremial no da señales de vida, y está preocupada por los préstamos para la vivienda que hemos recuperado de la mano de Frigeri, mas lo que mucho nos cuesta es pagar otra cuota, porque se hace difícil vivir de préstamos, cuando los sueldos son bajos. El Partido Obrero, con esta intervención, cobra autoridad, pero debemos superar los límites que las direcciones les imponen a los trabajadores, convocando con los sectores más activos a una Asamblea de pasivos y activos para rechazar el intento privatizador. Debemos también garantizar en las próximas horas la presentación de una lista para las elecciones de Seccional Bancaria, que dé una expresión electoral y organizativa a esta rebelión que empieza a despertar.

Después de más de 60 días de lucha, la huelga de la Caterpillar continúa con toda firmeza. La movilización de sus 14.000 trabajadores ha obligado al mayor pulpo mundial de fabricación de tractores y máquinas de construcción a paralizar ocho de sus diez plantas en los Estados Unidos (las dos que continúan funcionando tienen establecidas cláusulas de “paz social”en sus convenios). La huelga comenzó cuando la empresa abandonó las negociaciones para resolver las denuncias sindicales de prácticas laborales desleales (la fundamental, las suspensiones y despidos de activistas y miembros del sindicato, la UAW). Desde hace ya largo tiempo la patronal de la Caterpillar se ha propuesto quebrar la organización sindical en sus plantas para ir a fondo en la política de “productividad” y “flexibilidad”; precisamente por eso, las provocaciones comenzaron en el momento en que debían comenzar las negociaciones del convenio colectivo. Durante estos sesenta días, los piquetes de huelga y las manifestaciones de apoyo lograron impedir que la patronal pudiera hacer funcionar las plantas con rompehuelgas. La dureza de la huelga —que ha obligado a la Caterpillar a importar de Europa sus propios productos para satisfacer la demanda norteamericana— ha comenzado a preocupar a la burguesía. En un gesto absolutamente inusual, Clinton le envió una carta al presidente de la Caterpillar llamándolo a la “reflexión” y a la “serenidad”. El Business Week (4/7), habitualmente poco propenso a criticar a los patrones en el curso de un conflicto sindical, señala que “el choque entre Caterpillar y el sindicato es un embrollo sin sentido ... Con su archirrival japonés, Komatsu, mordiendo el polvo en todo el mundo, en parte gracias a la suba del yen, los negocios de Caterpillar están en auge. Sin embargo, en lugar de ser ésa la gran noticia, es un mezquino cuento de gerentes despidiendo trabajadores por ponerse distintivos del sindicato ... Con esto, Caterpillar está echando a los trabajadores a los brazos del sindicato”. La huelga de la Caterpillar se ha convertido en el centro de un conjunto de huelgas: ferroviarios de la Canadian Pacific; mecánicos de la planta que la Toyota y la GM operan conjuntamente en California; obreros del caucho de la Firestone y la Pirelli; trabajadoras del vestido en las quince plantas de la empresa Leslie Fay. Decatur, una ciudad de Illinois, sintetiza este movimiento huelguístico: ya que allí están en huelga, además de los trabajadores de Caterpillar, los obreros de la planta de Firestone y los de una planta procesadora de cereales, un virtual “paro general” en una comunidad de apenas 80.000 habitantes ...

El Fondo Compensador Móvil (FCM) creado por el personal civil de Fabricaciones Militares hace décadas, es un mecanismo compensatorio para la jubilación de los trabajadores, al que adhirió el INTI en la década del 70. Junto al INTI, hay trabajadores de otros organismos y empresas (unos 5.000) que se beneficiarían con él. Actualmente, unos 200 jubilados del INTI cobran retribuciones entre un 25 y un 32% superiores al haber (irrisorio) normal y en algunos casos la jubilación total supera la retribución que recibiría el trabajador de seguir siendo activo. Este régimen se fue modificando con el tiempo, en especial en cuanto a la disminución de la magnitud del complemento, pero lo cierto es que a diferencia del régimen jubilatorio actual (AFJP), como caja compensatoria asegura negro sobre blanco cuál va a ser la magnitud de la retribución cuando el trabajador se jubile: nada que ver con la imprevisión que caracteriza al nuevo régimen jubilatorio nacional. Este FCM es administrado actualmente por una Fundación, en cuya dirección los activos y pasivos no tenemos “arte ni parte” (que realiza todo tipo de curros) y sin embargo, del último balance publicado (de agosto/93) se desprende que tiene ganancias y un patrimonio cercano a los 50 palos: imaginémonos qué resultados obtendría si fuera administrada por los propios beneficiarios. Las autoridades del INTI y del gobierno nacional pretenden romper (dejar de realizar el aporte patronal) con ese Fondo, haciendo así recaer sobre las espaldas de los trabajadores el aporte… Estamos entonces en vísperas de un intento más de atacar los derechos (en este caso la propiedad privada) de los trabajadores, destruyendo su jubilación. Para este ataque, el INTI contrató al gorila de Santiago de Estrada, un hombre de la AFJP FUTURA, como asesor; y la arista adicional es que la Fundación decidió (¿a quién consultaron?) ingresar (aportando 12 palos) a la AFJP PROFESION: una de las que seguramente irá al descenso, por la escasa cantidad de afiliados que consiguió. La Fundación encontró un nuevo curro, pero lo central es que estamos en vísperas de una lucha de rapiña entre las AFJP para apoderarse de este Fondo, en el camino que están siguiendo sus propietarios (la banca) al impulsar la administración de regímenes complementarios con las empresas (Ambito Financiero, 18/8), a cambio de beneficios crediticios e impositivos. La Comisión Interna del INTI (UPCN) se ha pronunciado en defensa del Fondo Compensador, por tratarse de una conquista de los trabajadores y ha denunciado el intento del gobierno y la Fundación de apropiarse de esos fondos, en beneficio de las AFJP, llamando a una acción coordinada entre los compañeros activos y pasivos, por la administración y control del FCM por parte de los trabajadores.

La Convención Nacional Democrática —convocada por el EZLN y realizada poco antes de las elecciones en la selva Lacandona, con la presencia de 6.000 delegados de organizaciones sindicales, campesinas y de pobladores— expuso agudamente las limitaciones políticas del zapatismo. En su principal resolución, la CND “insistió que gane quien gane las elecciones, el próximo gobierno debería ser de transición democrática, transición que la sociedad civil debería vigilar y empujar, y subrayó la necesidad de convocar a un Congreso Constituyente que introduzca en la Carta Magna modificaciones que garanticen la marcha de ese proceso por vía pacífica” (Página 12, 11/8). El planteo del EZLN se reduce así, a reclamarle a Zedillo la convocatoria de una Constituyente. Después de esto, la CND del EZLN llamó a “votar contra el PRI”, a pesar de que, según el propio subcomandante Marcos, el PRD no tiene diferencias con el PRI y el PAN: “¿no ofrecen el mismo programa económico? ¿No practican la misma democracia interna?” (Brecha, 20/5). El PRD se había negado a aceptar el voto del EZLN, por “temor a perder apoyo en las clases medias y el ejército mexicano” (Página 12, 11/8).

La inmensa mayoría de los bancos provinciales oficiales se ha incorporado a la “jubilación privada”. El Banco de la Provincia de Buenos Aires, el de La Pampa, el de Chubut, Tierra del Fuego y el de Santa Fe participan de la AFJP Orígenes. Los de la Provincia de Tucumán, Santiago del Estero y de Misiones se asociaron al Nación. El Banco de la Provincia y el Social de Córdoba participan de la AFJP Claridad, y el de Entre Ríos acaba de formar la AFJP Afianzar. Las gobernaciones han ordenado a sus bancos ingresar a una AFJP o formar una propia, porque una vez que decidan transferir las Cajas al Estado nacional, pretenden que los trabajadores de sus provincias ingresen a sus respectivas AFJP. Quien más nítido ha ido en este objetivo es Moine, de Entre Ríos, que formó una AFJP enteramente “entrerriana” para recibir a los afiliados de la Caja provincial que pretende transferir. El secretario de Gobierno de Corrientes ha dejado en claro su propósito, al declarar que “nosotros nos habíamos comprometido originariamente a no transferir la Caja...”, pero “en un futuro le quedaría la posibilidad a la provincia de constituir un fondo similar a las AFJP” (Página 12, 19/6/94). También el rionegrino Massaccessi tiene la intención de transformar la Caja provincial en una AFJP. Uno de los propósitos de las AFJP provinciales o con participación provincial es, además de preparar la transferencia de las Cajas, liquidar los regímenes especiales, como el de los empleados del Banco de la Provincia de Buenos Aires o los fondos complementarios. Que el objetivo es claro, lo acaba de ratificar Santiago de Estrada, ex-secretario de Seguridad Social, encargado de ejecutar la transferencia de varias cajas provinciales, entre ellas la de Salta: “los empleados públicos provinciales perderán la garantía del 82% que consagran muchas leyes locales, pero teniendo en cuenta las circunstancias parece imposible el pago de ese porcentaje por mucho tiempo...” (Ambito, 10/8/94). Para facilitar la transferencia de las Cajas, las gobernaciones impulsan, además, la elevación de la edad jubilatoria (a 65 años) y la liquidación del 82%, con lo que se acercan a la nueva ley previsional. Como se ve, las declaraciones de algunos gobernadores de no transferir las Cajas, aunque sí de cambiar la legislación previsional de sus provincias (Chubut, Santa Cruz), es una cortina de humo. El Partido Obrero plantea : 1) Defensa del 82% y de las actuales edades para jubilarse 2) Retiro de los bancos provinciales de las AFJP 3) Prohibición absoluta de transferir las Cajas provinciales, que deben ser administradas por los trabajadores y jubilados.

La situación sin salida en la que se encuentra el pueblo cubano ha producido en las últimas semanas un éxodo dramático y masivo hacia los Estados Unidos. Los intentos iniciales del gobierno cubano por impedir la fuga en masa del país, tuvieron que dar paso a la tolerancia, so pena de provocar un estallido político. Aunque la inmigración legal y clandestina de latinoamericanos hacia los Estados Unidos es superior a la cubana, aunque este fenómeno refleje una tendencia de larga data, ante la espantosa miseria que envuelve a los pueblos de América Latina, los acontecimientos cubanos no dejan de ser una expresión sin atenuantes del fracaso de la política oficial y de la completa incapacidad del gobierno, que durante dos décadas vivió del endeudamiento internacional (10.000 millones de dólares con la banca capitalista occidental). Los yanquis, por su lado, decidieron modificar su política de libre admisión de la inmigración cubana, apenas ésta adquirió un carácter masivo. Después de haberla alentado, como instrumento de combate al gobierno castrista, reclaman que éste la controle, sin que importen los métodos represivos que deba adoptar. Para agravar la situación ha prohibido la remesa de dinero de los exiliados a sus familiares en Cuba. Los balseros son llevados a la base militar de Guantánamo, donde son retenidos como en un campo de concentración. Palos porque bogas, palos porque no bogas; las únicas víctimas de este enfrentamiento son los trabajadores. Abundan los testimonios de la prensa, de que muchos de los que fugan no son hostiles a la revolución; simplemente no tienen para comer y esperan resolver el problema de su supervivencia en territorio norteamericano. Las negociaciones que fueron forzadas por esta crisis, entre el gobierno de Castro y el de Clinton, se encuentran en una impasse, por la negativa de este último a discutir el embargo o bloqueo contra Cuba y por el ofrecimiento insuficiente que ha hecho con relación a los inmigrantes que estaría dispuesto a admitir. La cifra de 20.000 por año, que hasta ahora nunca cumplió, es ridícula frente a las estimaciones de la prensa norteamericana, de que habría tres millones de cubanos interesados en salir del país. La cuestión del embargo se plantea, además, casi automáticamente, ya que uno de los objetivos de los balseros es poder mandar dinero a sus familias que permanecen en Cuba. En El Salvador, el ingreso de divisas por esta causa es el primer rubro del balance corriente y, en México, el segundo, después del petróleo. Los funcionarios cubanos han declarado que el país necesita un proceso de emigración masiva normal, como ocurría en la década del 40 (Abel Prieto en Página 12). La dolarización impuesta por el gobierno cubano, en julio de 1993, pretendía, entre otras cosas, convertir al dinero enviado desde el exterior en uno de los factores de la reactivación económica. Es natural, entonces, que la prensa norteamericana, incluidos The Wall Street Journal y el Diario de las Américas, reclamen la revisión del bloqueo a Cuba, aunque no su levantamiento incondicional. En este caso esperan contar con la colaboración del gobierno cubano para controlar la emigración y hasta comenzar a discutir la llamada democratización. Mientras los grandes capitales estadounidenses abogan por esta salida, el lobby cubano de Miami se opone. La importancia económica de este lobby planteará, en algún momento, que se lo tenga en cuenta en los planes de inversiones extranjeras en la Isla. La política del gobierno cubano está orientada a sobrevivir con el apoyo de las inversiones extranjeras, incluso cuando no comportan la incorporación de capital sino la conversión de deuda externa, como ocurrió con la reciente privatización de la empresa de telecomunicaciones. Esta salida se ha demostrado extraordinariamente lenta para la desesperante situación del pueblo y no ha impedido el saqueo sistemático de las empresas del Estado. El gobierno se niega a liberar sistemáticamente el comercio privado, porque de un lado significaría una pérdida del control político, pero por sobre todo porque acabaría con esas empresas del Estado, que serían sistemáticamente vaciadas en beneficio del comercio privado. Con lo cual el inmovilismo no podría ser mayor; si hubiera un régimen de democracia política y de control obrero, un giro hacia el mercado interno sería posible de controlar y podría servir de impulso a la reactivación de la producción para el consumo. La completa abolición del mercado es una derivación del totalitarismo stalinista, nada tiene que ver con el marxismo, para el cual el mercado, como el Estado, sólo puede desaparecer progresivamente como consecuencia de un desarrollo económico extremadamente elevado y de la atenuación de los antagonismos de clase. El imperialismo yanqui ha vuelto a mostrar en esta ocasión su repugnancia por los derechos humanos, pero lo que importa es señalar que la política del castrismo desmerece la causa de la revolución cubana ante los ojos de los pueblos del mundo entero. Cuando se tiene presente el enorme grado de penetración del capital extranjero en Cuba y las perspectivas que se diseñan a la vista en este aspecto, resulta claro que el castrismo se está defendiendo a sí mismo, no a las masas cubanas, mucho menos a la revolución. La defensa de las conquistas de ésta, proclamadas por Fidel Castro, como última reivindicación que podría aún mantenerse en pie, se ha agotado como consecuencia de la enormidad de la crisis de subsistencia, ella a su vez expresión del completo fracaso de la política oficial. Abajo el bloqueo yanqui. Libertad de inmigración. Que los trabajadores gobiernen en Cuba.

El gobierno de la provincia de Neuquén asegura que no ha firmado la adhesión a la ley nacional Nº 24241 (jubilación privada). El gobernador declara toda vez que puede que la provincia no va a transferir la Caja provincial. Los gremios estatales, nucleados en el CTA, se han pronunciado en contra de una transferencia de la Caja a la Nación y de su privatización. Los consejeros gremiales en el Consejo de Administración de la Caja coinciden con la posición del CTA. Si nos atenemos a estas declaraciones, no parece haber nubarrones para los intereses jubilatorios de los trabajadores estatales neuquinos. Y sin embargo no es así. Ocurre que nos venimos a enterar por boca del Director de Prestaciones de Jubilaciones y Pensiones, en el Boletín para Afiliados de julio pasado, que “Se están estudiando modificaciones a la legislación provincial (ley Nº 611) para adecuarla a la nacional (ley Nº 24241). Uno de los puntos en estudio es la adecuación de las edades de jubilación a la ley nacional, es decir, 60 años para las mujeres y 65 para los varones, porque actualmente las expectativas de vida útil son superiores a las del momento cuando se sancionó la ley Nº 611. La tendencia hoy en día, es que la persona trabaje mientras esté en condiciones, aun superando la edad jubilatoria”. Agrega luego: “Es posible que en el futuro sea necesario incrementar los porcentajes de aporte y contribuciones”. Es decir, el gobierno prepara en los próximos meses la anulación de todas las ventajas que el sistema provincial aún conserva sobre el nacional, incluida especialmente la anulación del 80% del sueldo que cobra un empleado en actividad. El CTA abre camino En el Consejo de Administración hay ocho consejeros. Cuatro son nominados por el Poder Ejecutivo y otros cuatro son electos (3 por los activos y 1 por los pasivos). Tres consejeros son “representantes gremiales”. En un Informe de Gestión, los consejeros gremiales analizaron el tema jubilatorio y allí queda claro que los puntos de vista de los consejeros coinciden objetivamente con los fines del gobierno: 1) En relación al tema del aumento del aporte que esgrime el vocero oficialista, los consejeros gremiales dicen que “tenemos los aportes y contribuciones más bajos del país, con el 13% (7% el personal y 6% patronal), contra el 25% promedio del resto de las cajas provinciales y el 27% de las AFJP”. Los consejeros gremiales no denuncian, sin embargo, que en Neuquén se da el caso (¿único en el país?) donde el trabajador aporta mayor porcentaje que la patronal. 2) Al igual que el gobierno, los consejeros son también partidarios de “una reforma integral de la ley 611 en su aspecto jubilatorio”. Incluso han encargado un proyecto de modificación a un experto del Consejo Federal de Previsión Social, lógicamente también para “ser elevado a la Legislatura”. Los consejeros realizan así la tarea artera de abrir los cerrojos desde adentro, para que entren los saqueadores. Luego dirán que las modificaciones que finalmente se voten no son aquellas que los consejeros pensaban. Ningún bienintencionado dejaría en manos de la Legislatura del MPN y el PJ, la posibilidad de meter mano en la legislación que contiene conquistas obreras aún no derogadas. Una Legislatura donde se votan una tras otra las leyes privatizadoras del Ente provincial de Energía, del de Agua y Saneamiento, y de otros organismos estatales (compañía de aviación, casinos, etc). Ni los consejeros gremiales ni las comisiones directivas de los gremios estatales han denunciado las declaraciones del Director de Prestaciones de Jubilaciones y Pensiones. Sólo la agrupación Naranja y Blanca de ATE (orientada por el PO) ha hecho una campaña de denuncia. La Naranja y Blanca se pronuncia por: 1) Los consejeros gremiales deben funcionar como una comisión de control obrero sobre la Caja. Estar sometidos a resoluciones de asambleas y ser revocables en su mandato. 2) Defensa irrestricta de las conquistas obreras de la ley 611 (edad, 80%, etc.) 3) Aporte a la Caja a cargo exclusivo del Estado. 4) Rechazo a la transferencia a Nación y a la privatización, pero también rechazo a la “nacionalización” sin transferencia.

En lo que ya constituye el mayor conflicto ferroviario en el último medio siglo, desde mediados de junio los señaleros ingleses cumplen paros semanales alternados, de 24 y 48 horas, en reclamo de aumento salarial y del aguinaldo y reducción de la jornada laboral. Esta “rutina” sólo se vio “alterada” por un fenomenal paro de 96 horas a mediados de agosto, y volverá a serlo por otro de duración similar la semana próxima. El paro de los señaleros ha colapsado al sistema ferroviario de cargas. Los señaleros, que en los últimos años sufrieron un agudo retroceso salarial (en 1991, el básico de los señaleros superaba en casi 14 libras al básico de los empleados de estación; hoy se encuentra casi 9 libras por debajo), reclaman un aumento del 11% para la renovación del convenio colectivo; la patronal “contraofertó” un aumento del 5,7%, sujeto a cláusulas de “productividad” y “flexibilización”. El gobierno de John Major vetó el ofrecimiento de la patronal porque superaba el “techo” establecido para los trabajadores estatales. Así, lo que comenzó como una “simple” huelga salarial, se convirtió rápidamente en un test político fundamental entre el movimiento obrero inglés y el gobierno. Para el gobierno no sólo está en juego la política de congelamiento salarial: “la huelga amenaza la (anunciada) privatización de los ferrocarriles, al poner en evidencia la vulnerabilidad de los operadores ferroviarios a las acciones sindicales” (Financial Times, 18/7). La amenaza sería tan poderosa que el diario de los banqueros londinenses “aconsejaba” a su gobierno, hace ya casi dos meses, que llegara rápidamente a un acuerdo para levantar la huelga e, inmediatamente, lanzara una violenta ofensiva flexibilizadora. “Una empresa privada bien manejada —editorializaba el Financial Times (18/7)— probablemente llegaría a un acuerdo. Podría entonces recuperar su costo mediante un feroz (sic) recorte de gastos y cambio de sus prácticas laborales para impedir una repetición”.

La suba del boleto mínimo a 50 centavos constituye uno de los golpes más duros que ha recibido el bolsillo de los trabajadores. Los patrones de colectivos ya habían recibido, para “equipamiento de unidades”, un aumento del 14% el año pasado. Ahora, con el mismo cuento, les han dado la friolera del 25% del boleto mínimo, que llega al 30% en otras secciones, fundamentalmente del Gran Buenos Aires. Las patronales, por otro lado, están desconociendo abiertamente el acuerdo de la colocación de máquinas expendedoras de boletos. Si está, no funciona, y en el conurbano las patronales no las han puesto. Tampoco han cumplido en colocar servicios nocturnos de pasajeros. Sin embargo, “El aumento de boleto de colectivo representa un virtual subsidio de 950 mil dólares diarios, suficientes para cambiar diez unidades por día”(Página 12, 25/8/94). En lo que hace a los trabajadores, el decreto 692/92 estableció una revisación obligatoria de choferes a cargo de la Comisión Nacional del Transporte Automotor, con atribuciones policiales para determinar la continuidad en el cargo de los choferes que no sean considerados “aptos”. Esto exime a las empresas de la indemnización por incapacidad. Así, “3.440 conductores (el 5,5 por ciento del total) fueron declarados inaptos y retirados del servicio. De ellos la mayor parte (34,8%) fue declarado no apto por padecer problemas psicológicos. Otro grupo importante (el 31,6%) quedó afuera por registrárseles afecciones visuales” (Página 12, 25/8/94). El gobierno les sacó de encima a las empresas el compromiso por los deterioros físicos y psicológicos causados por las brutales jornadas de 12 y 13 horas diarias, cortando boletos y atendiendo el infernal tránsito de la capital y el Gran Buenos Aires. La propia revisación es efectuada en hospitales públicos, ahorrándoles todo gasto a los empresarios. Las empresas han obtenido otro beneficio, con la complicidad de la dirección de la UTA, pues en vez de otorgar un aumento de salarios igual al que les otorgaron a ellos (25%), a los choferes se les otorgará un aumento de 740 pesos, que equivale al 19,38%, en cuatro cuotas trimestrales. A cambio de esto, la burocracia de la UTA firmó una cláusula de “paz social” con las patronales, cuando éstas están desconociendo todo tipo de norma laboral, aumentando el tamaño de colectivos, no respetando el acuerdo de las máquinas expendedoras, no respetando los servicios nocturnos, achicando los descansos entre vueltas y mandando al despido (encubierto por enfermedad) a miles de choferes. Está planteado más que nunca un reclamo salarial del 25% desde el 24 de agosto, que es la fecha en que las patronales recibieron el aumento del boleto, y que se coloquen las máquinas expendedoras. El proceso eleccionario que se está desarrollando en importantes líneas de la UTA es de suma importancia para que las varias comisiones internas que han surgido desplazando a viejos sectores burocráticos, coordinen sus acciones y frenen la voracidad de las patronales.

El gobierno presentó un proyecto de ley que reemplaza la actual ley de accidentes de trabajo por otra de “protección de riesgos de trabajo”. El cambio de nombre no es casual, porque de la lectura del proyecto surge claramente que queda eliminada la indemnización por accidente de trabajo, que queda absorbida por el sistema jubilatorio y de pensiones, y hasta el mismo concepto del accidente de trabajo. En síntesis, si un accidente de trabajo incapacita en forma permanente a un trabajador, sólo recibirá la pensión por invalidez, como si se hubiese accidentado en la calle o en su casa; y si se muere, su viuda recibirá una pensión, como si su fallecimiento se produjera por causas naturales. Para completar todo este ataque, el proyecto prohíbe que el trabajador pueda recurrir a la justicia civil, con lo que elimina la responsabilidad civil de las patronales, aunque el accidente haya sido por negligencia culposa de ellas. Un “especialista” en la materia, dice que el “siniestro laboral se atenderá en forma exclusiva a través de este Sistema (es decir, el laboral) excluyéndose la responsabilidad civil objetiva del empleador” (El Cronista, 11/8). Esto permite entender el cínico considerando del proyecto, cuando afirma que el nuevo sistema “no permite sustentar un aval, ni menos aún un estímulo, para comportamientos antijurídicos del empleador”. El proyecto del gobierno coloca al accidente de trabajo “como un subsistema de la seguridad social...y la consecuente exclusión de su tutela en el ámbito civil...”. Las patronales deberán contratar una póliza con las Administradoras de Riesgo de Trabajo (ART), pero el trabajador recibirá en caso de accidentarse lo siguiente: a) Si se incapacita en forma permanente hasta un 40%, recibirá una indemnización que se calculará como un porcentaje del salario, hasta 55 mil pesos, según el grado de incapacidad y de acuerdo a su edad. O sea que en este caso, la indemnización nunca podrá superar los 22.000 pesos (40% de 55.000). b) Si se incapacita entre un 40 y 66%, el trabajador no cobrará una indemnización, sino que cobrará el 70% del salario por el grado de incapacidad hasta que se jubile. Por ejemplo, si la incapacidad es del 50 por ciento, cobrará el 35 por ciento del sueldo ( 50% del 70% del salario). c) Si se incapacita más del 66%, directamente cobrará la jubilación por invalidez, y si muere, su viuda recibirá la pensión, como si hubiese completado la edad para jubilarse o hubiese fallecido por razones naturales. El accidente pasará a ser absorbido por la pensión de invalidez o muerte de la ley de jubilaciones. Esto es lo que los “especialistas” quieren decir cuando escriben “las incapacidades graves y la muerte se cobrarán en forma de renta, eliminándose la superposición de prestaciones con el sistema previsional...” (El Cronista, 11/8). Para estos escribas, la familia de un trabajador que muere en un accidente de trabajo tendría un “doble beneficio” si a la indemnización vigente hasta ahora se agregara la invalidez prevista en la ley de jubilaciones. De ahora en más, la pensión será del 70% del sueldo promedio de los últimos 5 años anteriores al momento de declararse la invalidez, y en el caso de muerte, el cónyuge cobrará una pensión por viudez del 49% del sueldo promedio de los últimos 5 años de la persona fallecida. ¿Y qué pasa si se produce una “gran invalidez”, entendida como el requerimiento “de la asistencia continua de otra persona para los actos elementales” (La Nación, 30/7/94)? En ese caso, el afectado cobrará la pensión por invalidez, “que se incrementará con una suma equivalente a 3 veces el valor del AMPO” (hoy de $189). Esto permitiría que un “gran inválido”... sea asistido por una enfermera... por $189 mensuales. Mayores accidentes de trabajo Los accidentes de trabajo se deben pura y exclusivamente a la falta de previsión, higiene y seguridad de parte de las patronales, que así “abaratan costos” a costa de la vida del trabajador. Días pasados se derrumbó una viga de la estructura de la autopista Buenos Aires-La Plata, provocando la muerte de 2 trabajadores, lo que para un editorial del patronal diario Clarín “agrava las presunciones sobre condiciones de ilegalidad y violación de las normas de trabajo vigentes en emprendimientos de obra pública...”( 27/8/94). En estas condiciones, disminuir o eliminar las indemnizaciones por accidentes de trabajo y eliminar la responsabilidad civil de las patronales, no es más que una invitación a que aumente la inseguridad en las fábricas y el riesgo de vida de los trabajadores. Héctor Pedro Recalde, abogado laboralista, otrora asesor de la burocracia cegetista, dice claramente que “si en la actualidad son tan precarias las condiciones de prevención de accidentes o de seguridad e higiene en el trabajo, pese a la responsabilidad directa del empleador, ¿qué pasará cuando sea “fuenteovejuna” quien responda por ese crimen (es decir, nadie)?” (Página 12, 30/8/94). Más todavía, si hoy con indemnizaciones supuestamente elevadas y responsabilidad civil, los accidentes de trabajo son innumerables, ¿qué pasará cuando se elimine la indemnización y todo se reduzca a un simple trámite jubilatorio? Por eso, el primer punto en una legislación de accidentes es elevar la indemnización y acrecentar la responsabilidad civil, de manera de obligar a las patronales a respetar las normas de prevención, higiene y seguridad laboral. La burocracia sindical y las patronales están a muerte a favor de este proyecto. A la burocracia, esta ley le abre un nuevo campo de negocio, esto porque podrá crear las ART, Aseguradoras de Riesgo de Trabajo, encargadas de otorgar el seguro obligatorio a las empresas (esto ha provocado las protestas de las compañías de seguro). Las patronales también aplauden el proyecto, aunque plantean que se admita también el autoseguro, es decir que el seguro no sea obligatorio, lo que les resultará aún más barato. Es que si el accidente será absorbido en definitiva por la jubilación o la pensión, ¿para qué compartir el negocio con otros? El Partido Obrero llama a comprender lo que está en juego detrás de este profundo ataque a los trabajadores y de esta nueva entregada de la burocracia, y a luchar por una plataforma que plantee : 1) Pago inmediato de todos los juicios por accidentes de trabajo, que tienen sentencia firme. 2) Defensa y aumento de la indemnización por accidente de trabajo 3) Control obrero sobre los ritmos de producción y sobre las condiciones de higiene y seguridad de las fábricas. 4) Régimen de seguridad laboral a cargo del Estado, financiado con un impuesto especial a las patronales.

Días atrás, Mercedes Benz anunció “la posibilidad de que la empresa se retire del país si no encuentran solución a los altos costos laborales” (Ambito Financiero, 12/8). De inmediato, los posibles “retiros” ganaron nuevos adeptos, al punto que Sevel también condicionó una supuesta inversión de 300 millones de dólares a la reducción del alto costo laboral (Ambito Financiero, 16/8). Para la prensa capitalista, estos anuncios mostrarían la enorme veracidad de que los altos salarios “desalientan” las “inversiones productivas”. El caso de Mercedes Benz sería más grave, según este periodismo “realista”, porque la patronal alemana dejaría de realizar una inversión de 100 millones de dólares para fabricar un nuevo camión en la Argentina. El anunciado retiro no es más que un miserable chantaje. Salarios bajos y curro fiscal Mercedes Benz de Alemania decidió fabricar en la Argentina un nuevo camión —el T1N . “Esta decisión de la compañía forma parte de la estrategia del grupo de aumentar la producción de vehículos fuera de Alemania ante los elevados costos de la mano de obra” (Ambito Financiero, 11/3). En pocas palabras, ante los altos salarios en Alemania, la patronal decidió fabricar el camión en la Argentina por los bajos salarios argentinos. Con esta decisión, la patronal alemana salió a golpear a los trabajadores de su país y aprovechar la miseria salarial argentina. Con todo, esto no es lo más importante. “La estrategia de la compañía es la de aprovechar el régimen de especialización industrial impulsado por el gobierno que permite importar con arancel preferencial por el monto equivalente al aumento de las exportaciones” (Ambito Financiero, 30/12). Lo que el diario financiero no dice es que, por esas exportaciones, Mercedes Benz recibirá un reembolso del 15 % . Aquí es donde aparece toda la dimensión del negocio patronal. Por el régimen automotriz, con los países del Mercosur debe existir intercambio compensado, lo que significa que cada patronal puede importar sin pagar impuestos o aranceles lo mismo que exporta, por lo que recibe el reembolso del 15 %. Lo mismo hace Brasil. Por lo tanto, para estas empresas llamadas “multinacionales” el negocio es brillante, porque importan en un país sin pagar impuestos piezas y repuestos que reciben reembolsos de exportación en el otro, al que le vuelven a mandar esa misma pieza y repuesto con algún agregado, por el que vuelven a recibir un reembolso y entran al otro país sin pagar impuestos. Mercedes Benz de Argentina tiene un enorme déficit con su filial brasileña, ya que produce seis veces más. Para aprovechar esta bicicleta aduanera-fiscal tienen que “compensar” a Brasil, para lo cual están obligados a fabricar más piezas en González Catán. Lejos de retirarse, están desesperados por quedarse para aprovechar el enorme curro fiscal y los bajísimos salarios. Germán Sopeña, el director de Economía de La Nación, escribió un artículo especial para endilgarle a los obreros una especie de ceguera por no advertir que Mercedes Benz “duda sobre si concretará una inversión de 100 millones de dólares en nuestro país o lo hará en otro lugar que ofrezca mejores condiciones de productividad, lo que incluye, naturalmente, el aspecto central de los costos laborales” (La Nación,12/8). Evidentemente de lo único que no hay duda es del alto costo laboral de Sopeña, que recibe un doble sueldo.

El 13 de agosto falleció el compañero Marcos Benegas, uno de los primeros militantes obreros en la construcción del Partido en Florencio Varela. Se incorporó a “Política Obrera” en la etapa del Cordobazo en la fábrica Peugeot del cruce Alpargatas, cuando el novel comité de La Plata hacía sus primeras armas en el movimiento obrero. Allí fue uno de los constructores de la oposición a la burocracia de Kloosterman y Rodríguez. Y en la barriada de Varela, una fuente de relaciones de vecinos trabajadores para el partido. La característica personal distintiva del negro “Sugus” (como lo apodaron en Peugeot) fue la rebeldía. Una rebeldía clasista, antipatronal y contra toda forma de opresión, exacerbada. Con esa rebeldía sobrevivió al secuestro que sufrió en la primera oleada genocida de la dictadura videleana. De esa rebeldía también echó mano para luchar contra la enfermedad que desde muy chico lo persiguió implacablemente. Logró abatirlo a los 54 años, luego de dos meses de postración en un hospital, de donde esta vez no pudo, como tantas antes, escaparse. Al negro Benegas el abrazo entrañable de los camaradas de épocas heroicas. Y de los amigos. A sus familiares, las mayores condolencias.