Prensa Obrera N° 424

El lunes pasado, la burocracia sindical de la CGT estampó su firma en un acta con el gobierno y las patronales que destraba por completo la aprobación por el Parlamento de la “flexibilización laboral”. Como dice Ambito Financiero (26/7), “el gobierno logró que empresarios y sindicalistas llegaran a un acuerdo de buena voluntad para acelerar la reforma laboral”. A cambio de esta brutal entregada, la burocracia sindical fue generosamente remunerada con “un subsidio de 21 millones” para las obras sociales y “una moratoria para cancelar la deuda previsional”. El acuerdo establece el compromiso de impulsar y hacer votar en el Parlamento los siguientes puntos: 1) “Regular el período de prueba”. Esto significa que hasta los 3 o 6 meses del contrato laboral el trabajador podrá ser despedido, algo que ya prevé el proyecto de ley de la “reforma laboral”. 2) “Introducir una modalidad especial de contrato de trabajo para los mayores de 40 años, los minusválidos, las mujeres y los ex-combatientes de Malvinas”. Como, además, se impulsarán “las modalidades promovidas de contrato de trabajo”, que abarcan a los menores de 25 años, tenemos aquí estipulado el contrato de trabajo precario para el 80% de los trabajadores. 3) Se modificará la ley de accidentes de trabajo porque, se admite en el acuerdo, “resulta inadecuado para el trabajador víctima de accidentes o de enfermedades y gravoso para los empleadores”. Lo que se busca es poner un tope a las indemnizaciones y hasta eliminarlas con el argumento de evitar que haya “superposiciones”. El acuerdo saluda una reciente ley que establece que el último empleador no es responsable de la incapacidad profesional que sufra el trabajador, por lo que no le corresponde pagar la indemnización. Para la patronal esta indemnización debe quedar cubierta por la pensión por invalidez y muerte que se establece en el régimen jubilatorio. 4) En materia de convenios de trabajo, se dice que “las partes coinciden en la necesidad de ampliar el campo de la negociación colectiva”, para incluir en ella a las vacaciones, las suspensiones y tiempo de trabajo, lo que significa que se eliminarán las 8 horas diarias y se establecerán las vacaciones fraccionadas y las suspensiones con el argumento de la falta de trabajo. 5) El acuerdo es tan puntilloso que llega a plantear que “las partes están de acuerdo en la necesidad y conveniencia de reformar el régimen legal del “telegrama obrero” con la finalidad de reducir su costo...”. Pero como hoy ese telegrama es gratuito, el único significado que tiene esta cláusula es que de aquí en más lo deberán pagar los trabajadores (al final, esto sería con la “privatización” del correo). 6) Se admite la modificación de la ley de quiebras y hasta se dice que las partes “valoran positivamente el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo”, el cual desconoce todos los derechos de los trabajadores en las empresas en convocatoria o que hayan sido adquiridas a empresas fallidas. Este principio antiobrero figura en partida doble: en las empresas concursadas “se deja en suspenso hasta tres años la aplicación del convenio colectivo vigente”, y para las patronales que adquieran una empresa concursada o quebrada se establece que “con el propósito de mantener las fuentes de trabajo, la ley establecerá que el adquirente de una empresa concursada responderá únicamente por las obligaciones laborales y de seguridad social que se originen a partir del inicio de su gestión”. Por lo tanto, se desconocerán la antigüedad de los trabajadores, las categorías, el sueldo, los aportes previsionales retenidos y evadidos... 7) Reforma laboral integral. Se dice en este punto que se acuerda en reformar integralmente las relaciones de trabajo para promover... la “competitividad” y la “productividad”. En el lenguaje encubridor de los explotadores, esto significa incrementar el ritmo de trabajo, el trabajo incentivado, el presentismo y hasta la producción a destajo. En el caso de la llamada pequeña y mediana empresa, se adelanta que tendrán un “marco regulador específico”, lo cual rompe el contrato por industria y establece normas de esfuerzo más altas y beneficios sociales más bajos. Final El acta final es de antología: el mismo día en que el gobierno reconocía que casi 3 millones de personas están sin trabajo, la repodrida burocracia sindical firmó un acta donde se dice que el gobierno, en los últimos 5 años, produjo “la revolución económica que el país requería”.

Buenos Aires, 18/7/94 Ante el terrible atentado perpetrado en el día de hoy en la sede de la AMIA, queremos expresar nuestro más profundo repudio a este hecho y nuestra solidaridad para con las víctimas y sus familias. A la vez que exigimos del gobierno nacional el esclarecimiento del mismo, como de otros que atentan contra la libertad de expresión y las libertades individuales, amparados en la más absoluta impunidad, y repudiamos que se aproveche este doloroso momento para volver a promocionar la supersecretaría de seguridad interior para la represión popular y la implantación de la pena de muerte. Señalamos además que las causas de este lamentable suceso hay que ubicarlas en el alineamiento incondicional con el imperialismo mundial, particularmente el yanki, que lo ha llevado al gobierno a participar de manera inconsulta y ajena a las mejores tradiciones argentinas en emprendimientos tales como la guerra del Golfo. Esta política es la que hace que, según los más conspicuos voceros del gobierno con Menem a la cabeza, nos hablen de que éstos son “los costos políticos que el país está pagando por su política internacional por la paz”, lo que demuestra lo nefasto de esta política para nuestro pueblo.

En un reciente artículo para la especializadísima revista norteamericana, “Foreign Affairs” (volumen 73, Nº2), el asesor para Asuntos de Seguridad Nacional de Clinton, Antony Lake, describe con bastante precisión las relaciones actuales de los diferentes estados imperialistas con Irán y sus objetivos políticos con referencia a este país. Del conjunto del documento se desprende que los gobiernos de Europa occidental y Japón mantienen una activa relación comercial y política con Irán, en oposición a la política de los Estados Unidos, los cuales, sin embargo, se han dado el objetivo de “normalizar” relaciones con esa nación. “Irán, dice Lake, necesita que se le haga oír un mensaje firme y consistente por parte de los países de Occidente cuya aprobación y comercio está buscando”. Sostiene que “la administración (Clinton) no se encuentra respaldada, sin embargo, por un consenso internacional que se vea reflejado en resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”. Esta constatación de las divergencias inter-imperialistas con relación a Irán, desmiente en considerable medida la aseveración del articulista acerca de que Irán pertenecería al “grupo de (estados) proscriptos” —entre los que incluye a Corea del Norte, Irak, Libia y Cuba. En realidad, todos estos países se encuentran en una fase de intensa “integración al mercado internacional” y la preocupación principal de la burguesía norteamericana es cómo evitar que sus rivales capitalistas le ganen de mano en el copamiento económico de estos “últimos mercados emergentes”. A pesar de que el asesor de Clinton describe a Irán como “el principal promotor del terrorismo y del asesinato a escala mundial”; como “violentamente opositor al proceso de paz árabe-israelí”; o incluso procurando “subvertir a gobiernos amigos en el Oriente Medio y en partes de Africa”; a pesar de esto, inscribe a Irán entre los países interesados, como Turquía y Siria, en evitar una desintegración de Irak —precisamente la principal preocupación de Bush cuando evitó la ocupación militar de ese país durante la guerra del Golfo. El terrorismo común que Turquía (miembro de la Otan), Siria e Irán descargan sobre la nación kurda que puebla grandes territorios de esos tres países, constituye sin duda un gran factor de “estabilización regional” en beneficio del conjunto de los intereses del imperialismo mundial. Lo que le preocupa a Lake, aunque no mucho, es que “Irán está activamente empeñado en esfuerzos clandestinos para adquirir armas nucleares y otras no convencionales y sistemas de lanzamiento de cohetes de largo alcance”, aunque “las armas de destrucción masiva de Irán se encuentran en una fase primitiva de desarrollo”. A Lake no le importa que Israel, India, Sudáfrica, Japón o China sean ya potencias nucleares, o que en época del Sha los propios Estados Unidos impulsaran el superarmamentismo de Irán, con la finalidad de sacarle a éste la mayor parte de la renta petrolera y convertirlo en un gendarme regional. (Al momento de la caída del Sha, “el programa nuclear de Irán incluía dos plantas germanas a medio construir” Paul Beaver, en “Jane´s Defence”, La Nación, 9/7). Al igual que lo que ocurre con la energía atómica en Argentina, el imperialismo yanqui se opone virulentamente a la independencia nacional en la materia. Lake tiene que admitir que la política de dotarse de una seguridad militar razonable es común a todas las fracciones políticas de Irán, incluyendo a los que él mismo llama los “moderados”. Todo el mundo sabe que el negocio armamentista fue el principal rubro comercial entre Irán e Israel en la época del Sha e incluso durante la guerra entre Irán e Irak, cuando gobernaba aún Khomeini— y que Alemania, Francia e Italia han sido activos proveedores de armas a todos los países del golfo Pérsico (algunos de los cuales ya se encuentran económicamente arruinados por esta razón, como ocurre con Kuwait y Arabia Saudita). “La iniciativa de Irán de poseer armamento nuclear... contó con ayuda de Argelia, la Argentina, China, Francia, Alemania ...” (Jane´s). Para terminar con la amenaza nuclear y con las guerras, es necesario acabar simplemente con el propio capitalismo. En definitiva, el tema del “terrorismo” iraní es objeto de una intensa negociación internacional de características no solamente políticas sino también comerciales. Esto explica las complicidades entre todos los servicios secretos y gobiernos en este asunto. Al final, Lake tiene que reconocer que “los regímenes de Bagdad y Teherán están más débiles y crecientemente a la defensiva...” , y que la política de Estados Unidos es “ampliar la comunidad de las naciones comprometidas con la democracia, los mercados libres y la paz...”. Es decir, “entenderse” con Irán, no —dice Lake— por medio de “una cruzada” sino de “decisiones”. Lake no percibe a Irán como un “caso perdido” y esto porque, además de su papel “estabilizador” en el Golfo, se mantuvo neutral durante la agresión imperialista a Irak. Lo que tenemos, entonces, es una intensa negociación internacional, y es ésta la que determinará la política norteamericana en la cuestión del atentado a la Amia —en el caso supuesto de que Irán se encuentre involucrado en él de alguna manera, lo que está aún lejos de estar probado. A dos años del atentado a la embajada israelí, la vigencia de una política de encubrimiento está fuera de toda discusión.

Hace pocos días, la Armada informó del suicidio del conscripto José Leiva en la base naval Tomás Espora de Bahía Blanca. Las circunstancias del “suicidio” eran, cuando menos curiosas: ante cinco testigos, el concripto habría arrancado el fusil a uno de sus compañeros, lo cargó y se disparó en el pecho. En otro comunicado, la Armada informó que el conscripto había dejado una carta dirigida a su madre en la que explicaba los motivos del “suicidio”. Los familiares de Leiva han denunciado que “José no se mató”. Su hermana denunció que José “jamás pudo haber escrito una carta por la sencilla razón de que ‘no sabía escribir’” (Crónica, 26/7). Como la cúpula del Ejército está embarrada hasta el cuello en el encubrimiento del asesinato de Carrasco, la cúpula de la Armada está metida en el encubrimiento de los asesinos de Leiva.Y agrega la hermana que “diez días antes de su muerte, José había estado en su casa de Villa Guadalupe, en General Sarmiento, y estaba muy contento porquer le faltaba poco para la baja”. Los familiares de Leiva señalan como responsables a los oficiales de la base: “El lunes —denuncia su hermana— tuvo un enfrentamiento con un jefe y en medio de la contienda apareció otro jefe y le dijeron que lo iban a castigar”. Omar Carrasco no “desertó”; José Leiva no se “suicidó” sino que es una víctima más de la brutalidad de la oficialidad reaccionaria y de la política de encubrimiento del régimen menemo-alfonsinista con los asesinos. Juicio y Castigo a los asesinos de Carrasco. Juicio y castigo a los asesinos de Leiva.

El Partido Obrero llama a todos los trabajadores del país a cumplir, desarrollar y darle un carácter activo al paro nacional convocado para el próximo 2 de agosto. Este paro fue anunciado en la “Marcha Federal”, y recibió la aprobación rotunda de los cien mil compañeros presentes. Este es el “mandato” que traían desde todos los lugares del país: el paro general, una lucha de todos para quebrar el congelamiento salarial de cuarenta meses; para enterrar la “reforma laboral”; para anular la “jubilación privada”; para impedir el traspaso de las Cajas Jubilatorias provinciales a la Nación. Es necesario parar, para terminar con el régimen que liquida todos los días la educación pública y gratuita; el que encubre a los asesinos de conscriptos y a los que consuman masacres a mansalva. Compañeros: estamos asistiendo al hundimiento de dos grandes enemigos del movimiento obrero: el régimen de Menem-Cavallo, cuyo barco están abandonando hasta los propios explotadores, y la burocracia cegetista, impotente para impedir la lucha y la movilización masiva de los trabajadores. Los “muertos vivos”, sin embargo, pretenden sobrevivir y aún seguir pegando: por eso, redactan una reforma constitucional que permitirá dictar por decreto la “reforma laboral”. Por eso, la burocracia metalúrgica acaba de pactar una “paz social” que habilita a las patronales, a imponer la “flexibilidad” por fábrica, y que tiene por finalidad (junto a toda la burocracia de la CGT) boicotear el paro del 2. Como lo demuestra la lucha re-iniciada en Tierra del Fuego, ni los patrones ni el gobierno dan tregua. EL Partido Obrero sostiene: el 2 de agosto, los trabajadores tenemos la oportunidad de imprimirle un nuevo impulso a la lucha por nuestras reivindicaciones y contra Menem y Cavallo. EL 2 de agosto podemos “ajustar cuentas” también con la burocracia y dar un paso decisivo en la lucha por poner en pie una nueva dirección del movimiento obrero. Para eso, necesitamos hacer del 2 una gran jornada activa. Llamamos al CTA, al MTA y a todas las organizaciones sindicales y políticas a concretar una gran concentración popular. A realizar jornadas de movilización en cada zona y provincia. A concretar coordinadoras zonales que llamen al paro a los sindicatos y fábricas con direcciones carneras. Llamamos a luchar por un salario mínimo de 1.000 pesos, por una jubilación del 82% móvil. Por la derogación de la “jubilación privada” y por la instransferibilidad de las Cajas provinciales y de sus conquista. Por el retiro del Congreso del proyecto de“reforma laboral”. Por la disolución de la Constituyente. ¡Por una Central Obrera Independiente y una dirección sindical consecuente!

“Página 12- Cuando se logra un acuerdo con Assad (el presidente de Siria,PO) lo mantiene al pie de la letra. “Kissinger— Es cierto hasta ahora. Incluyendo las cosas que prometió y que no quedaron escritas. No ha habido terrorismo en los Altos del Golán. Entrevista de Moshe Vardi, desde Nueva York, servicio Telam, a Henry Kissinger, ex secretario de seguridad del gobierno de Nixon, publicado en Página 12 del 16 de julio, 48 horas antes del atentado a la Amia.

La penuria presupuestaria de los sistemas educativos y la tendencia a resolverla mediante la “privatización” total o parcial de la educación, por ejemplo mediante contratos de servicio entre las empresas capitalistas y las instituciones educativas, tiene un alcance mundial. Tan universal es esta tendencia, que ni la más tradicional de las universidades británicas, la archifamosa Oxford, ha podido escapar a ella. En oportunidad de la reciente entrega de un doctorado “honoris causa” al presidente Clinton, profesores de Oxford sugirieron que detrás del mismo estaba el objetivo de obtener publicidad gratuita en los Estados Unidos, hogar de muchos de los alumnos más ricos de la universidad (The Economist, 11/6/94). En Oxford, los alumnos extranjeros pagan aranceles mucho más altos que los alumnos británicos, quienes, por otra parte, están mayoritariamente becados por sus municipios. La misma publicación informa que desde 1989-90 el Departamento de Educación ha reducido los fondos disponibles por estudiante universitario en más del 25%. También se redujo en alrededor de 2-3%, en términos reales, un bono anual de alrededor de 2.000 libras por estudiante que estas universidades reciben para cubrir los costos adicionales de su sistema, los que están creciendo en alrededor de 4% anual. Estos recortes tienen la finalidad de presionar a la búsqueda de recursos adicionales, fuera del presupuesto del Estado. Uno de esos recursos consiste en vender ciertos privilegios a personas que no son estudiantes de Oxford, y que se convierten en “estudiantes asociados” para usar sus instalaciones, como la biblioteca y espacios comunes, mediante el pago de una cuota anual de 3.000 libras. The Economist explica que una consecuencia de esta situación es el crecimiento de la desigualdad entre los diversos “colegios” (facultades) de la universidad. Aunque se ha suprimido un cuadro oficial que establecía un rango de los “colegios” según sus resultados académicos, circula una versión clandestina del mismo que “muestra que las facultades más pobres obtienen resultados significativamente menores que las más ricas”. “Aunque muchos profesores esperan el momento en que un gobierno laborista vuelva a gastar pródigamente en educación superior, (...) están comenzando a susurrar una palabra antes prohibida: honorarios” (ídem). Es decir, la venta de servicios. Otra publicación británica, The Financial Times (2/7/94), da cuenta de esta cruda realidad. Recientemente, Rewley House, uno de los “Colegios” de Oxford, ha cambiado su nombre por Kellogs College, tras obtener el patrocinio de la conocida marca de pochoclo. “Para algunos observadores —continúa el Financial Times— esto parece indicar un movimiento de las universidades hacia la venta de sus almas, o por lo menos de sus nombres, a vulgares intereses comerciales”. Es decir, a reducir el nivel académico de la educación a las necesidades de explotación inmediata del capital. “Cortejar a los industriales es una tendencia que el gobierno alienta por una razón obvia: el número de estudiantes en el Reino Unido se ha duplicado en los últimos cinco años, intensificando la presión sobre el presupuesto educativo del gobierno”(ídem). Pero la verdadera “presión” que sufre el presupuesto no la ejerce la educación sino la deuda pública, cuyos intereses exigen una financiación de 40.000 millones de libras al año. El presupuesto educacional es un pretexto para liquidar la conquista social que significa el acceso masivo a la educación superior y abultar de este modo la fuerza de trabajo relativamente descalificada, lo que desvaloriza su precio, es decir, el salario. “Lejos de sentirse incómodos por la ayuda del comercio, las universidades están explorando nuevas vías para atraer más fondos”. Como ejemplo cita el establecimiento de un profesorado en estudios de seguros, financiado por una compañia aseguradora, la Norwich Union. Esto le permitiría al pulpo monopolizar las pasantías y contratos precarios con los egresados, con el resultado de abaratar el costo de este personal superior. Según el FT, “las estadísticas oficiales británicas muestran que la industria financia el 10 por ciento de la investigación que se realiza en universidades británicas. (...)las universidades provinciales compiten duramente para conseguir dinero para su trabajo de investigación, fenómeno que sólo puede beneficiar a la industria británica”. Es decir aumentan su tasa de explotación y de beneficio. La competencia entre universidades para obtener contratos de investigación de las empresas está alentada por el organismo estatal encargado de asignar el financiamiento oficial (subsidios) a la investigación. El mes pasado ese organismo “anunció un cambio en el modo de medir la calidad de los programas de investigación universitaria, a los efectos de decidir el financiamiento futuro. En lugar de examinar solamente la investigación académica pura y contar el número de publicaciones académicas producidas por un departamento, también tomará en cuenta las investigaciones encargadas por la industria. Esto dará un incentivo extra a las universidades para atraer patrocinio comercial, un precio por el cual cambiar la chapa con el nombre de la institución puede parecer un problema menor”(ídem). Pero el problema no es de chapa sino de caída de la excelencia académica y de la formación universitaria. Los mecenazgos o patronazgos de todo tipo que asocian escuelas y universidades con empresas, dando a los “benefactores” capitalistas intervención directa en la formulación de los planes de estudio y de investigación, es algo más que una verdadera moda; es una lucha por conseguir subsidios del gobierno, sea para estas “inversiones” o para la contratación de “personal temporal”. Adicionalmente, esta estratagema permite circundar las prohibiciones que rigen en la Unión Europea al otorgamiento de subsidios por parte de los Estados nacionales separadamente.

Cualquiera haya sido la causa o el origen del atentado contra la Amia; se trate de una acción del grupo Hezbollah, ligado a Irán o con vinculaciones con Siria; se trate de una fracción de los servicios sionistas que trabajan por cuenta de los colonos israelíes que se oponen a los acuerdos de “paz” con Arafat; exista o no una conexión local en la Argentina, más enquistada o menos enquistada en el aparato del Estado; en cualquiera de las hipótesis que se manejen (y que se manejan), lo único cierto es esto: se trata de una acción de grupos vinculados a los Estados capitalistas que explotan a sus pueblos y que oprimen a otros, todos relacionados política y económicamente con el imperialismo mundial en cualquiera de sus formas, con el que trabajan para impedir que los trabajadores subviertan el “orden” presente de explotación social. El encubrimiento de esta realidad es el trabajo al que se dedican todos los que se han puesto a escribir o a hablar sobre el atentado. Pero es precisamente el encubrimiento del carácter social de los grupos y Estados que apadrinaron el atentado, lo que garantiza el encubrimiento de sus verdaderos autores y la impunidad. Por eso, un ministro de “ecología” del gobierno sionista, de “izquierda” él, ya anunció que se ejecutaría a los autores materiales del atentado allí donde se los encuentre —que es siempre la mejor manera de tapar la realidad que se encuentra detrás de un crimen. Este ajuste de cuentas entre quienes defienden un mismo régimen de explotación y un orden internacional con el que discrepan en cuestiones de grado y matices, pero no de sustancia; este ajuste de cuentas tiene por víctima material y política a los trabajadores, a la democracia y al socialismo. Más aún cuando las organizaciones que debieran representar a los trabajadores no toman la iniciativa de la lucha contra este terrorismo, de Estado de una parte, y antiobrero de la otra. De un atentado al otro El encubrimiento político ya resulta claro cuando han pasado más de dos años del atentado a la embajada. La responsabilidad de ello no sólo le cabe a Menem, toda vez que involucra a Estados más poderosos, Estados Unidos e Israel —la CIA y el Mossad. Si el Side argentino no colaboraba con éstos, es algo de lo cual nos enteramos ahora, y es, por supuesto, completamente falso. La “mano de obra” desocupada, a la que Alfonsín y Menem le dieron el indulto, no es otra cosa que el topo que tienen guardado los servicios extranjeros dentro de los argentinos. Existe una larga relación entre ellos, por lo menos desde el golpe de 1976, apoyado por los yanquis y los sionistas. Aunque se habló algo de la supuesta advertencia de un funcionario norteamericano, Robert Gelbard, acerca de un atentado en Argentina, lo único cierto es esto: los yanquis han ocupado su tiempo, últimamente, en enganchar a Menem para una eventual invasión contra Haití; para preparar la reunión de fin de año con Clinton, en Miami; y para prever las consecuencias de un triunfo de Lula en Brasil. Lejos de una falta de contactos entre los servicios, la agenda estaba repleta. Nada lo demuestra mejor que la cuestión de la Supersecretaría, un invento yanqui copiado por Cavallo a los mexicanos (sin pagar la propiedad intelectual, por supuesto), mucho antes del atentado. El atentado ha servido, precisamente, para crear la Supersecretaría, la SS, lo que demuestra el “modo de usar” que lleva estampado en la etiqueta este tipo de acciones. En el plano internacional, las presiones terroristas han servido para presionar, principalmente a los palestinos, al “acuerdo de paz” con Israel, que convierte a la OLP en una policía de su propio pueblo, esto baja la mirada atenta del ejército sionista. Una lucha revolucionaria contra los “acuerdos de paz” debe ser librada en Palestina y los países árabes, contra todos sus regímenes reaccionarios; hacerlo con una bomba a la Amia es contrarrevolucionario, es un ataque a los trabajadores de los otros países del mundo. Los jefes de Estado la tienen clara: Peres, ministro exterior de Israel, dice: “Por el atentado a la embajada enviamos investigadores y estamos trabajando duro...” (Noticias, 24/7/94); no es cierto, entonces, que se les impida “trabajar” o que no exista una injerencia constante en la Argentina. Lo que hay es encubrimiento político. Dice Rabin, el primer ministro sionista: “Creo que Siria no está directamente involucrada en el atentado...; cuando más avance la paz, creo yo, el peso de (los) grupos radicales irá disminuyendo” (ídem). Muy claro: no hay que comprometer al gobierno de Assad y hay que subordinar la acción de los servicios al desarrollo de los “acuerdos” que establecen la completa supremacía de Israel y el imperialismo yanqui en Medio Oriente. Una primera conclusión es que el menemismo está esperando que la Constituyente reaccionaria le saque la reelección, para lanzarse, SS mediante, a una implacable represión contra la resistencia en ascenso de los trabajadores. Menem en la cuerda floja La burguesía no esperó más que 24 horas para establecer su política después del atentado: la culpa es de la impunidad, de la falta de seguridad jurídica, del amateurismo y corrupción de los funcionarios. Esto lo dijo La Nación el martes 19, no Beraja, de la DAIA: Beraja sólo repitió después lo que La Nación escribió antes, sin importarle, claro, que La Nación fue partidaria del indulto, de los decretos antijurídicos que viabilizaron la “reforma del Estado” y de la corruptela de las privatizaciones. Es un llamado a inviabilizar la reelección de Menem, quien ahora es visto como un obstáculo para garantizar el “proceso”. Una semana antes de La Nación, había dicho lo mismo The Financial Times. Todo esto podría explicar los avances del grupo de Cavallo en el gobierno y en una futura reorganización del gabinete. La orden del imperialismo sería cavallizar al PJ (y también al FG), ante la posible inviabilidad de un segundo mandato menemista. Es cierto que Menem está pagando el precio de sus veleidades: ayer con Khadaffi y Assad, hoy con Rabin, Clinton o Bush. Pero la burguesía le pasa la factura ahora, no antes; no cuando la Bolsa subía y los capitales entraban; cuando todo era “tudo bem”, sino ahora, que la tendencia se invierte —ahora viene el “reproche moral”. Como decía el viejo Marx: la política y la moral están condicionadas por la economía. La crisis política provocada por el atentado es una consecuencia de la crisis creciente del “plan” Cavallo. La reacción del menemismo (inspirada por Neustadt) ha sido patear la pelota para afuera; decir que es un asunto internacional y pegar un viraje al nacionalismo, con alusiones a la injerencia del Estado de Israel. Por esta vía, sólo se está cavando más la fosa. Movilización obrera Lo más lamentable dentro de las reacciones populares contra el atentado fue la falta de iniciativa de las organizaciones que convocaron a la Marcha Federal, que no percibieron que una movilización contra este atentado habría profundizado las posibilidades de éxito del 2 de agosto (no hablemos ya del Frente Grande, sólo preocupado por copiar a Cavallo, defender el medio ambiente y meter en la Constitución el Tratado de Costa Rica, lo que nos convierte en colonia y prohíbe el derecho al aborto). La clase obrera quedó excluida de la lucha contra el atentado, es decir contra los encubridores, es decir contra el imperialismo y contra Menem y su política, por la falta de una dirección. Por la misma razón, los trabajadores son privados de la posibilidad de tener una apreciación de conjunto de la crisis de la burguesía y del gobierno que esconde el atentado, y más aún, de las maniobras que se están haciendo para recomponer fuerzas en perjuicio de las masas. Para los trabajadores, el atentado, el encubrimiento y la colaboración con el imperialismo forman una sola línea de continuidad con el indulto; con los casos de Carrasco, María Soledad, Ingeniero Budge y la “policía brava”; con el envío de tropas al Golfo, Yugoslavia y Haití; con la entrega de la soberanía nacional; con la miseria y el hambre; con el gobierno por decreto. Esta es la situación.

Las patronales metalúrgicas de Tierra del Fuego han lanzado una provocación contra el movimiento obrero de la Isla. En Río Grande, Kenia, que tuvo suspendidos a sus 237 trabajadores con goce de haberes durante 60 días decidió el despido directo de 98 de ellos. Aduce caída de ventas y saturación de mercado. En Ushuaia, los patrones de New San suspendieron a 27 obreros que adhirieron al plan de lucha nacional de la UOM y pararon el 18 y 19 de julio pasados. Los patrones aducen que se ha violado la cláusula de “paz social” acordada cuando se levantó la gran huelga metalúrgica de 18 días. Pero la patronal de Kenia tiene, además, un “conflicto” con el gobierno en torno a los beneficios impositivos de la llamada “promoción industrial” y que a fines de 1992, fueron parcialmente derogados, al aplicarse el IVA, para, los productos armados en Tierra del Fuego. Todos los patrones iniciaron juicios en defensa de sus “derechos adquiridos” y decidieron resistir no pagando los impuestos. A fines del 93, el gobierno decidió eximirlos nuevamente del IVA (vía el “pacto fiscal”), pero a condición de que levantaran los juicios en curso y pagaran lo que adeudaran desde el 92. Kenia es una de las que no aceptó el trato y sigue reclamando por sus “derechos adquiridos”. Estos conflictos son en gran parte una maniobra de presión. El gobierno provincial, como en la anterior huelga de 18 días, se coloca del lado de los empresarios. El ministro de Trabajo, Baschera, declaró que “la decisión de los directivos de Kenia es entendible cuando se refiere a situaciones financieras y patrimoniales de la empresa”. En cambio, condenó a los obreros de New San por “violar la cláusula de paz social acordada a principios de junio”. El gobernador Estabillo declaró que su gobierno “no está para garantizar las fuentes laborales”. La cláusula de “paz social” se manifiesta aquí claramente como un intento de romper la unidad de la clase obrera, pretendiendo convertir en “carneros” a los trabajadores que estuvieron a la vanguardia del plan de lucha nacional de la UOM. Ya se ha realizado una marcha de cerca de 1.000 trabajadores metalúrgicos y de otros gremios por las calles de Río Grande y se amenaza con un paro general de la CGT fueguina, probablemente en coincidencia con el paro general del 2 de agosto. Pero se evidencian confusiones en las respuestas de la UOM frente a estas provocaciones. En primer lugar se decidió que los 160 trabajadores de Kenia no cesanteados se incorporen nuevamente al trabajo desde este lunes “para no entorpecer más las negociaciones que se vienen llevando a cabo”, según manifestaron voceros gremiales (Crónica, 26/7). La UOM de Río Grande exigió la “reincorporación de los 97 despedidos de Kenia o la reinserción de los afectados en la actividad laboral de Tierra del Fuego”. No se trata de “reinsertar laboralmente” a los despedidos sino de reincorporarlos. La patronal de Kenia se ha llenado de dinero en estos años con la “promoción industrial”. Es necesario que, disminuyendo las horas de trabajo, garantice ahora el derecho al trabajo para todos sus trabajadores. Dejar pasar estos despidos es abrir la puerta para que las patronales retomen la iniciativa de despidos y superexplotación fábrica por fábrica.

La prensa uruguaya le dio un amplio destaque a la carta que el Partido de los Trabajadores remitió a las direcciones del Partido Comunista, del Movimiento de Participación Popular, del Movimiento de Liberación Nacional (Tupamaros) y del Movimiento 26 de Marzo, en la que les propuso conformar un Frente de Izquierda y de Trabajadores para enfrentar a las candidaturas patronales y proimperialistas de Sanguinetti (partido Colorado), Volonté (Partido Blanco) y Tabaré Vázquez-Nin Novoa (FA-Encuentro Progresista) en las elecciones presidenciales de noviembre próximo. La carta del PT caracteriza que “en la actual situación nacional, la izquierda no aparece como alternativa política nacional”, algo que “puede resultar paradojal, dice, dadas las posibilidades de triunfo electoral de Tabaré Vázquez y de la llamada ‘macrocoalición’ que se está gestando alrededor de su figura. Pero un eventual gobierno de Vázquez decididamente no será un gobierno de izquierda” ...; “la política del intendente montevideano (Vázquez) y de las principales figuras y fuerzas políticas del Frente Amplio y sus aliados consiste en pagar peso a peso la deuda externa, mantener el sometimiento al FMI, apoyar la ‘integración’ de los monopolios transnacionales contra los pueblos del Cono Sur, postergar el salario en aras de la ‘productividad’ y la ‘competitividad’ de la burguesía, postergar todas las reivindicaciones populares para gestionar el Estado capitalista y semicolonial en beneficio de los mismos intereses económicos que lo dominaron durante la dictadura militar y los sucesivos gobiernos ‘democráticos”. El PT se dirigió a los partidos de la izquierda del FA precisamente cuando la “macrocoalición” estaba en gestación y cuando, todavía, no habían sido aprobados la candidatura de Vázquez y el “programa de gobierno”. La izquierda del FA atravesaba por una furiosa crisis —expresada en la renuncia a la dirección del MLN de Fernández Huidobro, uno de sus dirigentes “históricos” y en la fractura del MPP (del cual se escindió el PVP, Partido por la Victoria del Pueblo)— determinada por las divergencias existentes ante las características abiertamente derechistas y proimperialistas de las candidaturas y el programa que pretendía imponer la dirección del FA. En este cuadro político, la carta del PT ofrecía una salida política socialista a la crisis abierta por la capitulación de la izquierda frenteamplista y procuraba producir una clarificación política en la vanguardia obrera. El espacio otorgado al llamamiento —que La República (12/7) reproduce íntegramente— refleja las resistencias y oposiciones que genera en un sector de la base militante de la izquierda la formación de una “macrocoalición” del FA con partidos patronales y derechistas y con un programa abiertamente proimperialista. Uno de los puntos más álgidos del debate en el seno del FA fue el de la deuda externa. Para el “oficialismo” frenteamplista , consagrar el planteo de “renegociación de la deuda externa” significa consagrar ... “con absoluta responsabilidad el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Estado” (La República, 21/7) algo crucial, que significaba una garantía política para el imperialismo y la burguesía vernácula, y también, la completa “domesticación” y disciplinamiento del ala izquierda frenteamplista, que levantaba la consigna de “moratoria”. Precisamente por esto, la carta del PT hace hincapié en el tema de la deuda externa y en su significado político de fondo. “No es serio, sostiene el PT, que el planteo del FA de‘renegociación de la deuda externa’ pueda ser interpretado como ... el no pago” como lo hace esa ala izquierda, confundiendo el deseo con la realidad. “La renegociación de la deuda —continúa el PT— hoy más que nunca sólo puede significar un pago puntual. En primer lugar porque supone el reconocimiento de esa deuda usuraria (nadie refinancia un crédito que no asumió). Y en segundo lugar porque hoy en día la mayor parte de la deuda corresponde a títulos en manos de capitalistas privados (y no de los bancos), depósitos de no residentes, Letras y Bonos del Tesoro en poder de acreedores dispersos: ¿cómo van a ‘renegociar’ cuando en muchos casos no se conocen los acreedores? ... “¿Qué sentido tiene que la izquierda contribuya al triunfo de alguien que sin dudas pagará la deuda externa y avanzará en la política de ‘privatizaciones’ ... como ya lo ha hecho en la intendencia capitalina. “La izquierda se niega a sí misma cuando se deja utilizar como ‘rastrillo electoral’ de los votos frenteamplistas disconformes. Por ese camino, la izquierda hipoteca su futuro político. ¿Con qué autoridad mañana va a protestar ante la postergación del presupuesto educativo por un gobierno Vázquez-Nin Novoa, si les dio sus votos a pesar de que estos candidatos se comprometieron públicamente, aquí y en Washington, a respetar todos los compromisos asumidos por los gobiernos anteriores? ¿Con qué autoridad va a llamar al pueblo a movilizarse ante el pago de la deuda externa, ... cuando ‘su’ gobierno sea el que esté rematando el patrimonio nacional ‘pragmáticamente’ para ‘cumplir’ con los banqueros y demás parásitos internacionales? “En lugar de contribuir al triunfo de esta ‘macrocoalición’, que va a ejecutar un programa antinacional y antipopular, la izquierda debe romper y constituirse en alternativa frente a Vázquez, Sanguinetti, Volonté y el conjunto de los partidos burgueses que sostienen el régimen semicolonial”. Poco después del llamamiento del PT, fue oficializada la candidatura de Vázquez-Nin Novoa y su “programa de gobierno”, detrás de los cuales se encolumnó sólidamente el conjunto del ala izquierda frenteamplista. Nuevamente, como tantas veces en el pasado, el argumento para la capitulación política fue “la unidad de la coalición”, es decir que para los “izquierdistas”, la unidad con los elementos proimperialistas está por encima de las reivindicaciones de los explotados y de la nación oprimida. La carta del PT —que señaló una salida progresiva a la crisis de la izquierda frenteamplista, es decir, una salida de oposición política al régimen proimperialista y a sus partidos— ha sido un instrumento para marcar a fuego ante las bases de la “izquierda” la subordinación política de sus direcciones a los elementos proimperialistas y derechistas que dirigen la coalición y a los acuerdos políticos que éstos han tejido con la burguesía uruguaya.

La multitudinaria manifestación de repudio al atentado contra la Amia; su vigoroso carácter anti-menemista, que se expresó cuando más de 200.000 personas chiflaron sonoramente al presidente y cuando varios ciudadanos le enrostraron un terminante “Fuera Menem”; todo esto no puede ocultar el copamiento político del acto por una clique sionista compuesta de representantes del Estado de Israel y de dirigentes de la comunidad judía de Argentina y de Estados Unidos. No se trata aquí, como se han empeñado en agitar lo agentes del gobierno (como Mauro Viale, Haddad, Neustad o Varela), de señalar la injerencia de un “estado extranjero”, algo de lo que no se acordaron en el pasado cuando solicitaron la intevención de la CIA y del Mossad o permitieron y aún permiten el desembozado intervencionismo de los embajadores norteamericanos, o cuando condecoran a los representantes de la banca internacional, llámense Mulford, Brady o Reed. Lo que les molesta a los alcahuetes del menemismo es el carácter anti-menemista de la manifestación y de ningún modo la ingerencia sionista, de lo cual se valen para desviar la atención acerca de la naturaleza del acto de repudio del jueves 21. Recurren de este modo a un método típico del fascismo y se delatan a si mismos como “ídeológicamente” antisemitas. La impostura del copamiento del acto por la clique sonista consiste precisamente en lo contrario de lo que alegan esos alcahuetes; consiste en que esa clique fue hasta la víspera del atentado, y la mayoría lo continúa siendo, profundamente menemista, porque le deben a Menem el alineamiento internacional de Argentina con el imperialismo yanqui; el apoyo incondicional a Israel; y por último y no menos importante, la política de “privatizaciones”, de las cuales se han beneficiado esos grupos, como lo demuestra la presencia del presidente de la DAIA en la Administradora de Fondos Previsol. La impostura de la clique sionista se revela por sí misma cuando se recuerda que marchó, con Menem a la cabeza, en marzo de 1992, para protestar contra el atentado a la embajada, oportunidad en la que no reparó, como sí lo hace ahora, en la “fragilidad de las instituciones” o en reclamar el esclarecimiento al gobierno. La clique sionista ha sido tan encubridora del terrorismo como el propio Menem, o aún más, esto si se tiene en cuenta que está respaldada por servicios secretos más poderosos y extendidos que los argentinos. La actual dirección de la DAIA se esforzó como nadie en desplazar el apoyo de la colectividad judía del alfonsinismo al menemismo, a punto de convertirse en el agente político de éste. Las críticas del señor Beraja al gobierno se parecen como dos gotas de agua a los descargos que acostumbran a hacer ante los jueces los cómplices de los acusados de un crimen. Como ocurre con el fracaso del plan Cavallo, el aumento de la desocupación, el incremento de la corruptela y la bancarrota de las privatizaciones, Menem se ha convertido, también en este caso, en el chivo expiatorio del que pretende valerse el conjunto de la clase capitalista para salvar su responsabilidad. Todo lo cual es perfectamene normal, porque los funcionarios no son más que los sirvientes de una clase, y que por un momento se han creído, o se les ha hecho creer, que son los amos. Pero lo que hasta ahora nadie sabía (aunque se encuentra caracterizado en una minuta de la reunión del Comité Ejecutivo del PO, del 21/7, publicada en su boletín interno, ver página 5 de este Nº de Prensa Obrera), es que el embajador israelí se opuso a la realización de la manifestación de repudio y que la dirección de la DAIA sólo la convocó bajo la presión de las bases de la colectividad judía. La clique sionista se jugó por Menem hasta el final, dándole un toque de brillo a la política del PO de impulsar, primero, la convocatoria de un paro activo, y de apoyar, después, la manifestación. Informa Joaquín Morales Solá, para responder a las críticas realizadas en una reunión del gabinete contra el cierre del acto por parte de “un embajador extranjero”, lo siguiente (ver Noticias del domingo 24): “Si hubieran conocido algunas entretelas hubiesen constatado que eran otra vez injustos. El embajador israelí trabajó hasta último momento para postergar esa concentración ... Los dirigentes de la comunidad judía expusieron un argumento inexorable: la presión de la colectividad era insoportable...”. (En otro párrafo, el periodista dice: “Las bases humanas de la poderosa organización que preside habían comenzado a sublevarse contra la propia conducción de la DAIA”). Esta información aporta lo poco que faltaba para caracterizar definitivamente a los acontecimientos y a sus protagonistas. Pero el pueblo debe reflexionar: hace dos años marcharon con Menem, el agresor del Golfo, y lo subiero al palco. El Partido Obrero denunció la perfidia de que los criminales de los pueblos pretendan encabezar el repudio de un crimen contra el pueblo. El Partido Obrero tuvo razón: el pasado 21 de julio todo el mundo chifló a Menem. No hace falta decir que la responsabilidad principal para que la manifestación contra el atentado no tuviera un carácter realmente genuino y consecuente, la tienen las organizaciones obreras y de izquierda de la Argentina, que no asumieron la iniciativa de la convocatoria, como lo reclamó el PO el martes 19. La lucha contra el terrorismo de estado y contra el antisemitismo sólo puede estar a cargo, para ser consecuente, de los explotados y de los socialistas revolucionarios.

Antes que se realizara el congreso de Parque Norte, el secretariado había apuñalado el plan de lucha de los metalúrgicos al firmar un pre-acuerdo con las patronales que aceptaba todos los reclamos de éstas. 1) Firmó con la mayoría de las Ramas un “sinceramiento” del salario del 30%, no un aumento real. 2) Desconoció la decisión del plenario nacional de no discutir por rama. 3) Pactó una cláusula de “paz social” hasta el 31 de octubre, que significa autorizar la continuidad de la política de “flexibilidad laboral” de las patronales, al prohibir cualquier forma de lucha sindical, cualesquiera sean los agravios o perjuicios que suframos los trabajadores. El secretariado le ha dado luz verde a los patrones para que hasta Octubre impongan sus propios convenios por fábrica. Saquemos las conclusiones El Partido Obrero señaló de entrada en varios de sus volantes, que la dirección de la UOM pretendía levantar el plan de lucha en la primera oportunidad. Dijimos desde un principio que estaba planteado al rojo vivo el problema de la dirección de la lucha. Ahora, esta brutal traición nos hace entrar en una etapa nueva pero muy importante: la de organizarnos en una agrupación y en grupos de enlace entre activistas para hacer frente a nuevas luchas, completamente inevitables (ver lo que pasó en Tierra del Fuego) y para organizar la lucha por la dirección de la UOM y de sus seccionales. La traición tiene un enorme costo político para la burocracia. El propio secretariado ha entrado en una profunda crisis, pues se han derrumbado sus propósitos de despegarse del derrumbe del menemismo. Además, su negocio de comisionistas de la “jubilación privada” (ACTIVA) no afilió a nadie. Sólo obtendría un subsidio temporario para las obras sociales, pero no tiene posibilidades ni voluntad de impedir su privatización. Encima hace agua el propio Menem, pues peligra su reelección y, con esto, el andamiaje de la “flexibilidad” laboral. Traicionó esta huelga, pero paradójicamente ha comenzado su cuenta regresiva. Más que nunca hay que plantearse un aumento del 60%, no aceptar ninguna norma flexibilizadora y armar una agrupación antiburocrática organizada y militante en todas las regionales. Para el paro del CTA-MTA del próximo 2 de agosto, reclamamos que se llame a asambleas seccionales para adherir a él y llamamos a todos los compañeros a participar de las concentraciones públicas que se organizarán para darle a la jornada un carácter activo.

El Congreso del Frente Amplio acaba de definir su fórmula presidencial y su “programa de gobierno” para las elecciones de noviembre próximo. Tabaré Vázquez, el intendente de Montevideo, ha sido designado como candidato a la presidencia. La candidatura de Vázquez —un hombre que se ha caracterizado en su actuación al frente de la intendencia por privatizar servicios y enfrentar los reclamos salariales de los trabajadores municipales— surgió de una sorda lucha y de una aguda crisis en la dirección del FA, en la cual el sector encabezado por Danilo Astori pretendía alzarse con la candidatura presidencial. En la designación de Vázquez influyó, y no en poco, el viaje que el intendente montevideano realizó el año pasado a Washington: allí logró hacerse recibir por funcionarios del FMI, del Banco Mundial, del Departamento de Estado y del Departamento del Tesoro norteamericano, ante quienes explayó sus “planes de gobierno”. Al regreso de ese “viaje de presentación”, pronunció una frase que lo pinta de cuerpo entero: “no habrá mejor pagador de la deuda externa que el gobierno del FA”. Si el imperialismo resultó ser uno de los “grandes electores” de la “coalición de izquierda”, el otro fue la burguesía uruguaya. Para la vicepresidencia fue designado Rodolfo Nin Novoa, intendente de Cerro Largo y cabeza del llamado “Encuentro Progresista”, una reciente escisión del gubernamental Partido Blanco, que estableció desde el principio de las negociaciones su preferencia por Vázquez por sobre cualquier otro candidato frenteamplista. Como parte del acuerdo general entre el FA y el casi inexistente “Encuentro Progresista” (la llamada “macrocoalición”) fue designado un hombre de Nin Novoa como segundo candidato en la lista municipal de Montevideo. El “Encuentro Progresista”, está claro, no aporta un solo voto a la candidatura del FA, pero su presencia es un aval y un reaseguro adicional que el FA está dispuesto a otorgar a la burguesía. El “programa de gobierno” aprobado por el Congreso del FA es abiertamente proimperialista. Se pronuncia por la “renegociación de la deuda externa” ... dejando en claro que “se actuará con absoluta responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Estado” (La República, 21/7), una verdadera“carta de intención” del pago puntual de la deuda externa. Declara su apoyo al Mercosur y hace explícita su oposición a la “nacionalización de la banca”. En el plano salarial, el Congreso llegó a rechazar la “muy modesta” propuesta de la “izquierda” de “establecer un salario mínimo equivalente al 50% de la canasta familiar” (Brecha, 8/7). La “macrocoalición” y el programa abiertamente proimperialista que levanta constituyen un salto político cualitativo en la política de integración al Estado burgués semicolonial y al orden imperialista continental que los stalinos y filostalinos, ahora “reconvertidos”, que integran el FA, practican desde su fundación.

En lugar de 100, las víctimas fatales podrían fácilmente haber ascendido a más de 200, si el atentado a la AMIA se hubiera efectuado un par de meses antes. Es que en estos últimos meses la patronal hizo una profunda “racionalización administrativa” , obligando al “retiro voluntario” (léase despido encubierto) a más de 100 trabajadores. Porque en la AMIA había trabajadores que estaban afiliados a su sindicato: la Unión de Trabajadores Deportivos y Civiles (UTEDYC). La Comisión Interna Gremial de la AMIA encabezó hace unos años atrás la opositora y antiburocrática Lista Naranja, que se enfrentó a la burocracia, hoy menemista, de Taliano y compañía. La Lista Naranja era un frente de militantes sindicales de la izquierda (PO, Mas) e independientes, que reagrupó a lo mejor del activismo del gremio. Esta Interna es la que realizó petitorios, quites de colaboración y otras medidas para arrancar aumentos salariales y conquistas. Bajo los escombros del atentado está aún sepultado Claudio Ubfval, ex militante de la UJS en la década del 70 y que recientemente había firmado las adhesiones para que la justicia legalizara electoralmente al PO en la Capital. Leía nuestra revista teórica y nuestra prensa (no regularmente, porque nosotros no le alcanzábamos todos los números), aportó a la anterior Campaña Financiera y simpatizaba con la lucha de los explotados. Las 100 víctimas de la AMIA son en su mayoría trabajadores. A sus familiares y amigos, nuestro respeto y solidaridad. El PO compromete su movilización política para reclamar una Comisión Independiente del gobierno, que tome a su cargo la investigación de este atentado y de todos los otros que hace años vienen afectando a los trabajadores argentinos (agresiones a los periodistas, a los estudiantes, asesinato del soldado Carrasco, etc.) y que el gobierno menemista encubre.

EXPEDIENTE Nº 921.542/92 “En la ciudad de Buenos Aires, a los quince días del mes de julio de mil novecientos noventa y cuatro, siendo las 17,00 horas, comparecen en el Ministro de Trabajo y Seguridad Social... “Luego de un intercambio de opiniones entre los participantes de la audiencia el Ministro de Trabajo formula una propuesta de acuerdo que con algunas modificaciones introducidas de común acuerdo entre las partes, es acogida por éstas formalizando el convenio que se transcribe a continuación: 1. SALARIO BASICO: El salario básico de la Rama Metal Mecánica (Capítulo 17 del Convenio Colectivo 260/75) para las distintas categorías profesionales, será el que surge de la planilla anexa. Este salario se aplicará a partir del 1º de julio de 1994 y hasta el 31 de octubre del mismo año. 2. ABSORCION: Teniendo en cuenta que los salarios del punto anterior contemplan un ‘sinceramiento’ de la actual situación salarial, el régimen de absorción es el siguiente: Los valores explicitados en la planilla incluyen y/o compensan y/o absorben hasta su concurrencia: a) Los adelantos otorgados a cuenta de futuros aumentos o Convenios sin límite de fecha de otorgamiento; b) Las mejoras salariales otorgadas voluntariamente por las empresas y por Acuerdo o Convenio de partes, ya sea con carácter remunerativo o no remunerativo, fijas o porcentuales, cualquiera sea el concepto por el cual se hubiesen otorgado desde el mes de Marzo de 1991 hasta la fecha. Se deja aclarado que los sistemas de premios medibles o mensurados, quedan al margen de todo el régimen de absorción y se seguirán rigiendo por sus respectivos Acuerdos; c) Cualquier aumento o ajuste salarial general que puedan disponer las autoridades con carácter remunerativo o no remunerativo, aun cuando dicho aumento general se disponga sobre las remuneraciones normales, habituales, nominales y/o permanentes, o sobre los básicos convencionales al día de la fecha de celebración del presente Acuerdo; d) Cualquier diferencia de cálculo y/o interpretación de las normas legales y/o convencionales que pudiere existir respecto de los valores indicados en la escala anexa que configuren una duplicación de pagos y/o doble imputación de rubros. 3. ACUERDO NEGOCIAL: Las partes se comprometen a iniciar negociaciones para actualizar las características específicas del sector. Estas negociaciones comenzarán el 1º de agosto y deberán estar concluidas antes de fin de año. Sin perjuicio de las cuestiones que cada una de las partes proponga durante las negociaciones, ambas partes se comprometen a negociar dentro de este tiempo todas y cada una de las materias que la otra le proponga. Para contribuir a la buena marcha de las negociaciones, el Ministerio de Trabajo invita a las partes a ponerse de acuerdo en la designación de una persona que actuará como mediador durante el desarrollo de las mismas. La retribución de tal persona será fijada y correrá a cargo del Ministerio de Trabajo que, por lo demás, pondrá a su disposición los elementos necesarios para el éxito de su gestión. Asimismo los empleadores se obligan a asistir a las reuniones que convoque el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, con motivo de la demanda de renovación del Convenio 260/75 que plantea la UOM, así como a negociar de buena fe. 3. PAZ SOCIAL: Las partes asumen el compromiso de no realizar medidas de fuerza durante el período de vigencia fijado en el artículo 1º párrafo 2º de este acuerdo. 4. HOMOLOGACION: El Ministerio de Trabajo —teniendo en cuenta la representatividad de las Cámaras presentes— homologará el acuerdo respectivo. La homologación y la consecuente entrada en vigencia de ese Acuerdo se producirán una vez que cesen las medidas de fuerza dispuestas por la UOM. La UOMRA hace reserva de los derechos que la asisten en relación a las impugnaciones planteadas en estas actuaciones por la inclusión que estima indebida en esta Rama de algunos sectores de la actividad metal mecánica. No siendo para más, se cierra el acto, siendo las 23,45 hs. de la mencionada al comienzo, firmando a continuación los comparecientes y las autoridades arriba referidas. Representación Sindical Luis Guerrero, Naldo Brunelli, Gregorio Minguito, Carlos Gdansky, Gerardo Charadia, Alfredo Yáñez, Antonio Calo, Juan Contreras

Al cierre de la presente edición comenzaban las elecciones del gremio de la construcción en Uruguay. El Sunca (Sindicato Unico de la Construcción y Afines), uno de los gremios obreros más numerosos del Uruguay, protagonizó a mediados del año pasado una histórica huelga de 83 días. La huelga del Sunca, con sus “fogones” y piquetes, constituyó el movimiento de lucha más importante del movimiento obrero uruguayo en los últimos veinte años y, al mismo tiempo, el más serio intento de superación práctica de la burocracia y de recuperación de los sindicatos como órganos de la lucha obrera. Por eso, “el tema de la huelga del año pasado y sus consecuencias figura en el centro de la polémica electoral” (La República, 21/7). La traición a la huelga del año pasado marcó a fuego a la dirección burocrática —frenteamplista, mayoritariamente del PC: la actual dirección —que se presenta a la elección como lista 4— bombeó la extensión de la huelga a las fábricas de materiales de la construcción (agremiadas al Sunca) e impuso, en una asamblea regimentada y patoteada, un convenio que implicó una rebaja salarial. Frente al gremio y frente al movimiento obrero uruguayo, la dirección del Sunca carga con la responsabilidad de haber reventado una huelga que planteaba una derrota de la política salarial del gobierno fondomonetarista. La debilidad política de la burocracia se expresa en varios hechos: la fragmentación del partido comunista, que se presenta en varias listas; el actual secretario general del gremio —y uno de los responsables directos del levantamiento—, Lirio Rodríguez, especuló hasta último momento con no presentarse como candidato. La burocracia oficialista recibe un amplio apoyo de la prensa patronal, que publica extensos reportajes a sus candidatos. (Una fracción de la burocracia frenteamplista —la lista 1 del MPP— se presenta sólo en la departamental de Maldonado, y en el orden nacional apoya a la lista 4, de la actual conducción —La República, 23/7). En oposición a la burocracia frenteamplista, la agrupación ”Lucha Obrera” (lista 3), integrada por militantes del PT e independientes, reivindica las perspectivas políticas abiertas por la huelga del ´93. Durante la huelga, “Lucha Obrera” fue la única agrupación que luchó por extenderla y por convertir a los “fogones” —en los que se agrupaba el activismo antiburocrático— en la dirección efectiva de la huelga. “Lucha Obrera” denunció el convenio firmado por la burocracia y llamó a continuar la huelga en la asamblea en que la burocracia impuso su levantamiento. “Lucha Obrera” ha hecho hincapié en las consecuencias que trajo el levantamiento de la huelga, en particular, la agudización de los “accidentes laborales”, es decir, la muerte cotidiana de obreros ante la ausencia de las mínimas condiciones de seguridad, y los despidos, en particular de los activistas que se destacaron en los “fogones”. La lista de “Lucha Obrera” —que, de todas las agrupaciones del Sunca, es la única que no se ha escindido, fracturado o directamente “desaparecido”— y su seguro progreso electoral, está marcando la consolidación política de una vanguardia obrera en los sindicatos uruguayos.

EL 18 de julio se produjo el atentado a la AMIA. En él murió Gustavo Velázquez, ex compañero del Pellegrini y ex compañero mío de división. Además de él, ha muerto numerosa cantidad de jóvenes y trabajadores, lo que muestra que esto fue un atentado en contra de la juventud, los trabajadores y el pueblo todo. Ante todo esto, desde la lista 1 del Pellegrini estamos impulsando distintas iniciativas. Una es hacer una colecta para ayudar a los familiares de Gustavo, que quedaron en la calle. También estamos organizando charlas-debate que ayuden a esclarecer el carácter discriminatorio y antipopular del atentado. Pero esto no puede quedar aquí, ya que el gobierno junto, con el SIDE, la CIA y el Mossad, están armando todo un operativo de encubrimiento para que esta masacre quede impune. Es más que obvio que detrás de este atentado hay intereses políticos y económicos que los gobiernos de Argentina, Israel y EE.UU. no quieren que se descubran, y es por eso que estos organismos no quieren que se encuentre a los culpables. Pero para peor, aprovechando esta situación, el gobierno ha metido por la ventana la supersecretaría, la cual tendrá la función de reprimir a los trabajadores y a la juventud que se están movilizando. Es por eso que es fundamental reclamar una comisión independiente del gobierno que investigue este atentado y otros que han afectado al pueblo como el asesinato de Omar Carrasco y las agresiones a los periodistas. No queremos que se cree ningún organismo para reprimir al pueblo, no a la supersecretaría. Que se encuentre a los culpables de la muerte de Gustavo Velázquez y de todas las demás víctimas del atentado.

PO: ¿Cómo caracteriza el resultado del plenario del 22? R: En el plenario, el Secretariado fue repudiado. Se le echó en cara la “borrada” durante los 38 meses de lucha por el salario, sin olvidar el vaciamiento de la obra social. Ellos tenían la idea de un “plan de lucha” de “paritos”. Aunque el plan de lucha que se impulsó constituye una conquista, creo que la burocracia tuvo una retirada estratégica, con el objeto de poder manejar la negociación a espaldas de los delegados. PO: La seccional Ciudadela llevó al plenario la consigna del 60% de aumento. ¿Cuál fue, en ese sentido, la propuesta de la seccional Tandil? R: La seccional Tandil (que ya había percibido alrededor de un 45% de aumento en dos veces) pidió el 80%. Nosotros, en Olavarría, luego de 39 meses sin aumento y un salario promedio de 300 pesos de básico, pedimos el 100% de aumento. PO: Los metalúrgicos fueguinos triunfaron con una huelga por tiempo indefinido que golpeó de entrada a las patronales; ¿cómo ves este plan de lucha progresivo? R: Desde la perspectiva de nuestra seccional, el plan de lucha debería ser diferente. Habíamos discutido paro ya. Entiendo que hubiese sido mejor parar inmediatamente después del plenario del 22. PO: El lunes 11 se movilizaron en Tandil... R: Sí, el 11 marchamos por el centro de Tandil (Ministerio y Secretaría de Trabajo, Cámara Empresarial, Municipalidad; concluyendo en el Sindicato de Supervisores Metalúrgicos —ASIMRA—, que estaban “carnereando” la huelga, para que se sumen al plan de lucha). De 2.000 afiliados (1.800 de Tandil), marchamos 800 compañeros. Durante todo el trayecto recibimos el apoyo de la gente e inclusive de otros sindicatos, como el de choferes. En la Municipalidad se rechazó la mediación de algunos concejales para “aflojar” la protesta, además de reclamarles directamente que generen trabajo en vez de intentar “pinchar” una protesta justa como la que estábamos haciendo. PO: ¿Cuáles son las consideraciones para el próximo plenario del 25? R: Llevamos el mandato de rechazar la conciliación obligatoria, en el caso de que se decrete, y de pelear por el paro por tiempo indeterminado.

El PO está movilizado detrás de grandes objetivos políticos y de lucha. La semana pasada salimos a denunciar el carácter reaccionario de la masacre perpetrada en la AMIA, llamando a que la clase obrera, la izquierda y los sectores democráticos encabezaran la movilización antigubernamental. Seguiremos en esta cuestión por largo rato denunciando la política de encubrimiento del terrorismo antiobrero, de impunidad y de indulto por parte del gobierno y del imperialismo (CIA, Mossad). Estamos impulsando grandes luchas y reagrupamientos de los trabajadores en diversos gremios, los que intentan cohesionarse y superar los bloqueos de sus burocracias propatronales. Entre los metalúrgicos que se reagrupan para enfrentar la traición de su dirección que ha entregado el plan de lucha; entre los telefónicos de la Capital, que se están autoconvocando para quebrar los intentos de flexibilización laboral que avala la burocracia; entre los obreros del Pescado de Mar del Plata, que enfrentan el fraude burocrático en las elecciones del SOIP. En cada uno de los sectores en lucha de la clase obrera está el PO con sus militantes. Ahora está planteada la movilización política para garantizar el éxito del paro general del 2 de agosto. Para todas estas tareas hace falta fortalecer la organización de la dirección socialista revolucionaria de los trabajadores, hace falta ayudar a construir el Partido Obrero. Por eso, compañero trabajador, estudiante, vecinalista, nos dirigimos a usted. Para que aporte a nuestra Campaña Financiera, porque estas campañas arriba reseñadas necesitan de recursos económicos para editar volantes, abrir locales, sacar afiches, enviar propagandistas a las localidades del interior, etc. Compañero, no vacile: al PO lo construyen los trabajadores y los explotados. Aporte usted también y súmese a la Campaña Financiera del PO.

La Agrupación Bordó repudia el atentado cometido contra la sede de la AMIA, porque constituye un ataque contra los trabajadores y contra el pueblo argentino; denunciando asimismo al gobierno nacional, por su incapacidad para resolver los anteriores atentados, como el de la Embajada, el crimen del soldado Carrasco, la agresión a periodistas de distintos medios y muchos otros más. Ayer fue la sede de la AMIA, pero mañana pueden ser organizaciones obreras. La Agrupación Bordó exige con carácter de urgencia la convocatoria de una asamblea general para pronunciarnos por el repudio de los hechos mencionados y también para efectivizar el paro del 2 de agosto, convocado por organizaciones de trabajadores estatales de todo el país y otras organizaciones gremiales (CTA, MTA) y estudiantiles, todos participantes y convocantes de la masiva Marcha Federal, exigiendo un aumento salarial de emergencia de 300 pesos que se incorpore al sueldo básico para todas las categorías sin discriminación. A los trabajadores del Hospital no se nos escapa que la repercusión que ha tenido el Clínicas por la actividad desplegada durante las consecuencias del atentado se ha debido exclusivamente a la actitud solidaria, desinteresada e incondicional de los compañeros de los distintos turnos y servicios, incluso fuera de sus horarios habituales, y NO a la “situación actual de los hospitales públicos”, ya que el Hospital de Clínicas se encuentra en malas condiciones edilicias (con insuficiencia de personal) y sus servicios se hallan absolutamente arancelizados. 23/7/94

El viernes 15 de julio, una asamblea de la lista Celeste del Pescado resolvió su retiro de los comicios del Sindicato Obrero del Pescado (SOIP), realizados el lunes 18, ante el colosal fraude armado por la burocracia saravista (ver aparte). La Celeste organizó una campaña activa por el boicot a la elección, con una declaración trabajada en la mayoría de las concentraciones fabriles y una enérgica intervención en los medios. La lista Verde (oposición burocrática produhaldista) adoptó luego la misma posición. Según el informe oficial de la Junta Electoral —nombrada por la burocracia—, “sobre un padrón de 3.321 afiliados (hubo) 1.562 sufragios para la lista oficialista, sobre un total de 1.702 votantes (en blanco y anulados, 140)” (El Atlántico, 19/7). Informa, además, que “el acatamiento de los votantes no fue elevado (pero) superó el 50%”. Pero los datos son falsos, del primero al último número. Según los informes de la Celeste, rigurosamente expuestos en esta nota y sobre la base del control físico de los compañeros que fueron a votar en las 20 plantas que constituyen la casi totalidad del gremio, sobre 1.836 empadronados, concurrieron a votar 209, es decir, el 11,4%. La abstención llegó casi al 90%. Cómo se gestó el boicot A 9 días de las elecciones y habiendo apelado a las instancias legales para detener el proceso eleccionario, una sola voz corría en las plantas: “el fraude es seguro, Saravia siempre gana”. El locro-peña organizado para esta fecha se desarrolló en un cuadro de preocupación y discusión. La campaña había encontrado un límite: no se trataba simplemente de desmoralización del activismo, sino de una natural falta de entusiasmo ante la idea de repetir la experiencia de la perpetuación de Saravia a través del fraude (sería la 5ª vez). La peña se transformó así en una viva asamblea en la que se aprobó una campaña de agitación contra el fraude y una movilización, que contó con la concurrencia de 50 compañeros del pescado y la presencia de los principales medios de comunicación. Esto nos colocó como la única corriente empeñada en desenmascarar al saravismo y a los organismos que perpetraban o dejaban correr el fraude (Junta Electoral, Ministerio de Trabajo). Faltando tres días, el retiro de la lista se presentó como la única alternativa para denunciar el truchaje de las elecciones y dejar sin mandato a la burocracia. La lista Verde acordó con este criterio. En una asamblea de la lista Celeste, el viernes 15 a la noche, resolvimos: 1) Levantar las listas en conjunto; 2) sacar una declaración de denuncia llamando a no votar; 3) hacer una nueva presentación ante el Ministerio exigiendo la anulación de los comicios; 4) lanzar un pronunciamiento masivamente firmado por: a) Asamblea general; b) elecciones limpias con padrones depurados; c) Junta Electoral elegida en asamblea y un miembro por cada lista; d) elecciones en 90 días. El lunes, cuando salimos a volantear las fábricas, el resultado estaba “cantado”: los obreros del pescado no le darían su aval a las elecciones truchas. La magnitud de la abstención A partir de las 16 horas comenzaron a caer los primeros cómputos traídos por los compañeros de las distintas plantas. El cuadro adjunto habla por sí solo: Votantes: 1.806; votos Azul y Blanca (burocracia): menos de 202. En La Campagnola, bastión histórico del saravismo, hicieron contrato por un día al personal temporario para que fuera a votar, bajo la amenaza de Frías (candidato 3º en la Azul y Blanca) de perder el trabajo. Resultado: de 350 compañeros, votaron 60; 19 a la burocracia, 41 en blanco. Es importante destacar que protagonizamos la movilización sindical más importante junto al conflicto de Luz y Fuerza y al de la UOM. Hemos captado la atención de los medios —figuramos en tapa de El Atlántico el día anterior y el posterior al comicio, junto al anuncio de la “victoria” de Saravia está nuestra denuncia al fraude y nuestro escrutinio fábrica por fábrica. El lunes por la tarde fue un día de entusiasmo y festejo para la Celeste. El compromiso sigue en pie: rescatar el SOIP, rescatar el cuerpo de delegados, pelear por nuestras reivindicaciones. Para Saravia fue imposible disimular el desconcierto y la bronca: sobre el final de una entrevista en LU9 sólo pudo decir: “defenderé siempre esta sede sindical... ningún trapo rojo entrará en este sindicato”.

“El jueves 14 el comité del PO de Tucumán realizó un plenario de militantes donde se debatió la situación política (Marcha Federal y paro del 2) y la planificación de la Campaña Financiera y la lucha por la legalidad electoral”— nos informa el responsable de la regional del NOA, Daniel Blanco. Habiendo sido proscripto electoralmente hace dos años, el PO tucumano está luchando a brazo partido para recuperar el derecho de poder presentarse a las próximas elecciones tanto en el orden nacional como provincial. Pero la justicia electoral del distrito ha dispuesto condiciones duras: las firmas de las adhesiones y la totalidad de las afiliaciones partidarias (no menos de 3.000) necesarias para obtener el reconocimiento jurídico-electoral deben estar certificadas, una por una, ante Escribano público. Aparte del elemento de presión política que esto significa, tenemos un gasto financiero impresionante que surge de que cada certificación de firma debe ser abonada a la Escribanía. Es otra forma de proscripción (económica) que coloca el Estado burgués para impedir la legalización de los partidos obreros y de izquierda. Pero el plenario regional votó luchar por la legalidad electoral del Partido en el distrito. Y esto hay que encararlo en todos los planos, no sólo con la movilización política de sus militantes en la campaña de adhesiones y afiliación, sino también juntando los fondos que permitan solventar este gran gasto financiero. Por eso el plenario lanzó su Campaña Financiera. De los planes presentados surge que alrededor del 50% del padrón de aportistas son relaciones simpatizantes de la Universidad. En varias facultades (Filo-Psico, Artes, Tecnológica) se espera que aporte gran número, no sólo de estudiantes, sino también de docentes y trabajadores no-docentes. Estos últimos surgieron como relaciones partidarias luego de la reciente huelga, en la cual la UJS cumplió un papel destacado en apoyo a la misma. Aparte de la recorrida al padrón de simpatizantes, se realizarán colectas públicas en estas facultades y el 5 de agosto un baile cuyos fondos serán para la Campaña Financiera en la Facultad de Artes. De los planes surgen también importantes padrones en el movimiento sindical, particularmente en Luz y Fuerza y Sanidad. En este último caso, el PO ha librado una gran batalla en la denuncia a la estafa de la “jubilación privada” lo cual le permite ahora impulsar la formación de un bloque combativo de delegados y activistas, una verdadera alternativa antiburocrática de dirección. De este bloque vendrán los aportes, al igual que de las colectas en tres hospitales en la fecha de cobro. También en la fábrica automotriz Saab Scania —donde ha crecido el reconocimiento al Partido por nuestra denuncia del robo de la “jubilación privada”— se realizará una colecta. Para el 14 de agosto haremos un locro al que se pretende invitar a todo el padrón de simpatizantes y contactos partidarios. Pensamos que para esa fecha debería estar recorrido todo el padrón planificado. El locro será la oportunidad de un reagrupamiento y puede dar un nuevo impulso, sumando a los simpatizantes a la última fase de la Campaña Financiera (venta de rifas, nuevos aportes, más colectas públicas, etc). Es una verdadera movilización política la que tiene planteada la regional. Compañero trabajador, estudiante, de la izquierda: aporte para que el PO pueda vencer la proscripción y presentarse a las elecciones del 95 en Tucumán.

Es frecuente oír a los dirigentes del Estado de Israel y a los dirigentes de la comunidad judía de Argentina, en especial a los “izquierdistas” (por ejemplo, del periódico “Nueva Sion”) , decir que el antisionismo es equivalente al antisemitismo, e incluso que se trata de una forma pérfida de encubrir a este último. La ecuación apunta casi exclusivamente contra la izquierda, en particular contra los de la IV Internacional (trotskistas). No podría estar dirigida contra los Rico o incluso los nazis locales, que siempre han distinguido entre el judío y el israelí o sionista, entendiendo a este último como una vigorosa y viril manifestación de nacionalismo, en oposición al judaísmo, entendido como apátrida. Sin embargo, en el derechista y sionista “Jerusalem Post” (edición internacional del 18/6/94) podemos leer en su primera página que unas 100.000 personas colmaron la plaza Shabbat Mea She’arim, para recibir al Rebbe Moshe Teitelbaum, “un ferviente antisionista, en su primera visita a Israel en once años. En la plaza Shabbat, dice el diario, Teitelbaum atacó al sionismo y al Estado. ‘El Estado quiere alejar al pueblo de la Torah, dijo, urgiendo a sus seguidores a mantenerse firmes en la oposición a participar de la vida del Estado”. El vocero de Teitelbaum, “Hertz Frankel dijo que la posición con respecto a los palestinos es simplemente que ‘la vida está antes que el territorio’. Otro jassid (militante religioso) dijo que sería mejor que Israel estuviera gobernada por no judíos”. Que semejante personaje fuera recibido por una multitud en Israel, equivalente a la que reunió la Marcha Federal, es un hecho que debería llamar poderosamente la atención, en atención precisamente a sus posiciones antisionistas. Apenas un mes más tarde, el conjunto de la derecha sionista sólo pudo juntar 20.000 personas en Jerusalem para protestar contra la presencia de Arafat en Gaza (ver Le Monde, 5/7/94). El relato debiera servir para ilustrar hasta qué punto no existe un signo igual entre el antisionismo y el antisemitismo. El sionismo es, en su acepción más benévola, una ideología o planteo nacionalista del judaísmo que pretende construir un Estado propio en Palestina. Ya desde un punto de vista histórico concreto, el sionismo es el movimiento de expulsión forzosa de los habitantes palestinos de sus tierras y propiedades y de formación de un aparato de Estado que sólo puede progresar impidiendo el movimiento de liberación nacional en el Medio Oriente y oprimiendo y explotando al pueblo palestino. Los acuerdos Rabin-Arafat, patrocinados por Estados Unidos, el conjunto del imperialismo y la burocracia rusa, no modifican en nada esta situación de opresión —más bien la acentúan, porque integran a los capitalistas palestinos a esta política de opresión nacional. Sin embargo, sirven para ilustrar que no existe nada “étnico” o “nacional” que impida la existencia de una Palestina única y democrática, de árabes y judíos, a ambos lados del río Jordán, es decir, poniendo fin también, junto al Estado de Israel, a la monarquía hachemita de Hussein. La barrera que se levanta para este objetivo, que sí establecería la paz y la fraternidad, es social, es decir, la necesidad capitalista de explotar inmisericordiosamente a las grandes masas de desposeídos del Medio Oriente. ¿Esta política cuartainternacionalista, que tiene su origen en el programa de los socialistas desde fines de la década de 1910, tiene algo que ver con el antisemitismo, el cual, en su expresión más benévola es “el socialismo de los imbéciles” (Engels), y en su expresión histórica contemporánea, un instrumento de la reacción y del odio capitalistas contra el proletariado, el internacionalismo y el socialismo, es decir, un instrumento del fascismo? La pavorosa crisis económica en Israel, en la actualidad, que se expresa en la dura ofensiva contra las conquistas sociales y previsionales de los trabajadores, marca uno de los puntos más altos de la crisis del Estado sionista, y explica los “acuerdos de paz”, que apuntan a una salida más general a esta impasse, tanto para el sionismo como para el imperialismo. La crisis se manifiesta también en el detenimiento del flujo migratorio judío a Israel y en el crecimiento de la emigración. Los trabajadores de las comunidades judías del exterior no encuentran más una salida en el sionismo ni fuera de las fronteras de los países en los que viven. A ellos y en especial a la juventud, los llamamos a unirse a nuestras filas para luchar por el socialismo internacional.

“¿Cuánta gente puede votar?”, reclamó una y otra vez la Celeste. Finalmente, la Junta Electoral de la burocracia dio la cifra de 3.321 afiliados. Pero en el SOIP hay menos de 2.000 compañeros en actividad, los que sumados a 300 jubilados y unos 400 despedidos en los últimos 6 meses (habilitados al voto), pueden llegar a 2.700. El resto (más de 600) fue “engordando” el padrón a medida que la burocracia distribuía “generosamente” el carnet sindical, porque temía perder la elección. La Junta Electoral llegó al extremo de “poner” urnas para “votar” en las plantas que cerraron hace años, anular siete urnas 48 horas antes de la elección y anunciar en una última “acordada” que “están en condiciones de votar los despedidos de los últimos seis meses, los jubilados y... todos los desocupados con el recibo del ANSES” (una pinturita, ya que en estos recibos no figura el gremio al que pertenecían cuando fueron despedidos). ¡Qué rápido que Saravia, el capo máximo de la burocracia, cumplió con la condena reciente de la justicia que lo obliga a cursar la Facultad de Derecho! Todo esto tuvo su respuesta el día del comicio. La burocracia obtuvo, en total, unos 500 votos —300 de los jubilados, 200 de los activos. La consigna es: Fuera Saravia del SOIP.

Los días 2 y 3 de julio sesionó la Conferencia del Interior de la Provincia de Buenos Aires con la presencia de representantes de La Plata, Mar del Plata, Mercedes, Bahía Blanca, Olavarría, Carlos Casares e invitados de otras localidades. La Conferencia constató un desarrollo y se convirtió en el laboratorio de un plan de trabajo y penetración en el interior de la provincia. Una de sus prioridades fue la elaboración de un programa de reivindicaciones para intervenir en el movimiento popular bonaerense a partir del giro político que se ha abierto en el país, de la explosión reivindicativa que lo caracteriza y del ascenso de la lucha de las masas. En este punto se resolvió la continuidad de la campaña contra la jubilación privada sobre la base de tres prioridades: 1) luchar por la desafiliación de los trabajadores que fueron manipulados o compulsivamente metidos en las AFJP, que se sintetiza en la consigna “desafíliese y anótese en la estatal”; 2) encarar una vigorosa campaña de agitación entre los empleados públicos provinciales, denunciando la transferencia de las cajas provinciales a la Nación y concretamente la intención del gobierno Duhalde de liquidar el IPS (Instituto de Previsión Social) para meter a los miles de empleados estatales en la AFJP del Banco Provincia,;3) lanzar una campaña particular sobre los bancarios del Provincia, a quienes se les va a liquidar la Caja, “disolviéndola” en el IPS y barriendo con un conjunto de conquistas adquiridas. Llamamos a ocupar el Banco contra cualquier intento de ataque y reclamamos que cese el despilfarro millonario de subsidios a capitalistas y terratenientes, y que el gobierno y el Banco pongan los fondos necesarios para sanear la Caja (que ha sido sistemáticamente saqueada por los sucesivos gobiernos). La Conferencia resolvió tomar la lucha contra la “reforma laboral” como un eje de la campaña electoral de la lista Celeste del Pescado (Mar del Plata), denunciar la “nueva etapa de flexibilización laboral” en el Polo Petroquímico de Bahía Blanca —aumentos salariales a cambio de desafiliación sindical— y la ofensiva flexibilizadora en el Polo de Ensenada. Especial atención mereció el plan de lucha de la UOM, que no contempla aumento alguno para una serie de fábricas (Propulsora, Aceros Paraná), para las que se aprobó impulsar una política tendiente a fijar una plataforma salarial propia y en favor de la huelga indefinida, y empeñar al partido en el reagrupamiento del activismo. La Conferencia resolvió, además: a) tomar la campaña por el pleno derecho al trabajo en una provincia donde la desocupación es pavorosa, llamando a impulsar y organizar los sindicatos de desocupados, para darle forma organizada a esta lucha —constitución de Bolsas de Trabajo, movilización a las intendencias reclamando un plan de obras públicas— y colocando los locales del partido al servicio de esta política, b) llamar a luchar contra el impuestazo provincial anunciado y el Pacto Fiscal —que beneficia a los capitalistas de la provincia, con la rebaja del aporte patronal previsional y otros impuestos. Oponemos a este despojo los impuestos progresivos a la tierra, las grandes fortunas y los beneficios capitalistas y la apertura de cuentas del Banco Provincia, planteando la confiscación de los grandes empresarios y terratenientes morosos con el Banco y la condonación de deudas al chacarero pequeño. Llamamos a rechazar la “privatización” fraudulenta de ESEBA y el aumento de tarifas, que forman parte del “arreglo”. c) llamar a la defensa del ferrocarril, la liquidación del “peaje” y la anulación de las “privatizaciones”, constatando el brutal encarecimiento de tarifas en beneficio de los pulpos del transporte automotor, el saqueo de las “casillas” en las rutas y el saqueo del subsidio estatal para los pulpos que se hicieron cargo —por monedas— de los trenes (Ferroexpreso Pampeano). La Conferencia consideró particularmente el movimiento explosivo y reivindicativo que recorre la juventud secundaria, y que se expresa en las luchas contra la Ley Federal de Educación, la destrucción de la escuela pública y la represión policial. Resolvió encarar un trabajo organizado de toda la provincia en los colegios secundarios y muy especialmente en los técnicos, que son una vía para nuestra penetración en el movimiento obrero industrial. La explosión reivindicativa no se agota en los secundarios. La Conferencia llamó a luchar en el seno del estudiantado universitario por el “retiro de las leyes menemistas”, una salida práctica a un movimiento de lucha que la Franja y el Frente Grande quieren llevar al terreno de las leyes consensuadas con el gobierno. Además de la elaboración de un programa reivindicativo, planteado en un Manifiesto que ya está en la calle, la Conferencia decidió poner en pie un aparato provincial, que sostenga los recursos y la agitación y propaganda a realizar en el interior de la provincia. El punto final fue la elección de la dirección, precedido de un debate metodológico que planteó la necesidad de un funcionamiento sistemático, colectivo y empeñado en una intervención de conjunto. Un debate importante La Conferencia definió que el eje de gravedad de intervención de los comités regionales es agitar, organizar y encabezar la lucha reivindicativa de las masas bonaerenses. El llamado a poner en pie un Frente de Trabajadores (FT) pretende oponerle al frentismo burgués (del cual las organizaciones sindicales burocráticas del CTA, el MTA y la izquierda son tributarias), un reagrupamiento de movilización política de los explotados. La consigna del FT tiene un valor polémico y político contra la política del CTA y MTA, que colaboran con la “burguesía opositora” y que se preparan a relevar a la CGT menemista en el primer puesto de la colaboración de clases, llamando a estas organizaciones en su conjunto y a la izquierda democratizante, que actúa en ella o es tributaria de esa política, a que rompan con la burguesía y las patronales y formen un frente independiente de los explotados. El Partido Obrero del interior de la provincia llama a incorporarse al PO para construir un poderoso partido revolucionario, impulsar sus campañas de agitación y organización políticas de las masas, y para luchar por un Frente de Trabajadores. La Conferencia fue un paso adelante.

Muy pocos medios de prensa atendieron a la posibilidad de que el atentado a la Amia hubiese sido la responsabilidad de la llamada derecha sionista, que se opone violentamente a los acuerdos palestino-israelíes y que recientemente celebrara con manifestaciones ruidosas la masacre de 60 palestinos en la mezquita de Hebrón. Es un hecho fuera de cualquier duda, que de todos los protagonistas políticos del Medio Oriente, el más sacudido —incluso sicológicamente— es el de los colonos sionistas que se encuentran usurpando las tierras ocupadas por Israel en las dos últimas guerras y de las cuales podrían ser parcialmente desalojados como consecuencia de las negociaciones en curso. En todo caso, estas negociaciones clausuran la perspectiva derechista de extender el Estado sionista a Judea y Samaria o incluso más allá, al territorio de la época de los reyes David y Salomón. Sin embargo, durante el reciente regreso de Arafat a la región de Gaza, tuvieron lugar en Jerusalem manifestaciones derechistas que esgrimían consignas de inconfundible carácter criminal contra los propios miembros del gabinete israelí. “Las pancartas (de los manifestantes), cuenta Le Monde (2/7/84), eran particularmente reveladoras del clima que reina en la derecha: ‘Arafat es Hitler’, ‘Muerte a Rabin’”. El cable que publica el diario francés describe un sentimiento de guerra civil dentro de los colonos de derecha, lo cual supone también dentro de un sector de las fuerzas armadas. “‘Israel está en llamas’ vociferó desde un altoparlante Pinhas Wallerstein, una de las principales figuras del Consejo de implantaciones judías”. Schmouel Meir, encargado por la municipalidad de Jerusalem de coordinar la manifestación, “amenazó que si Arafat penetra en nuestra ciudad, saldrá con los pies para adelante”. Le Monde añade que Isaac Rabin tomó con “mucha seriedad estas amenazas: ‘La derecha, dijo el primer ministro, ha decidido inflamar los espíritus y atizar el odio entre judíos y árabes. No solamente llama a manifestaciones sino a acciones violentas contra las autoridades. Sabemos incluso que ciertos extremistas intentarán tomar por asalto, el domingo, la presidencia del Consejo y otros ministerios en Jerusalem’”. El “shock” político y sicológico de los colonos sionistas es algo muy lejos de ser incomprensible, cuando se sabe que se han visto privados del apoyo del conjunto de la burguesía mundial y de las comunidades judías del exterior, las cuales sostienen contra viento y marea y por todos los medios los acuerdos de “paz”, que convierten a la OLP en policía de su ghetto y ofrece una salida económica y política a los capitalistas de Jordania, Israel, Egipto y Siria —acorralados por una perspectiva de crisis general de largo alcance. En otra edición, el corresponsal de Le Monde (5/7) informa que “Rabin ha denunciado ‘el interés común’ que (la derecha) comparte con el movimiento Hamas”, lo que indudablemente son palabras muy fuertes en boca del jefe del Estado sionista, pues involucra a un sector de su propia sociedad en el “terrorismo” y en la “teoría de los dos demonios”. En la manifestación derechista de la que informa el corresponsal, del sábado 4 de julio por la noche, hicieron uso de la palabra el jefe de la principal oposición, el Likud, el ex primer ministro Shamir, y dos ex generales —Ariel Sharon y Rehavam Zeevi—, quienes “reclamaron la renuncia de ‘este gobierno de locos peligrosos’, mientras los manifestantes gritaban que ‘muera Arafat’ y ‘fuera el traidor Rabin’”. Este es el clima en la derecha sionista, difícilmente comparable con el que existe entre los opositores palestinos a Arafat. Pero el problema mayor que empuja a esta derecha a la desesperación es lo que planteó su propio vocero, el diario Maariv (3/7): “los líderes de la oposición son incapaces de ofrecer otra opción. ¿Qué se debería hacer?¿Anular los acuerdos? ¿Anexar los territorios? ¿Volver a Gaza? Una manifestación, por más grande que sea, no compensa una ausencia de programa”. Como lo “denunció” el propio Rabin, sin embargo, la derecha agita la “reivindicación de las víctimas judías del terrorismo” para apuntalar su acción. Llegado el caso: ¿no estaría interesada en acrecentar el número de ellas?

¡Luego de 8 años! sin elecciones de delegados, las mismas fueron convocadas entre “gallos y medianoche” para el pasado 8 de julio. Una semana fue el tiempo para conformar las listas, realizar la campaña y votar. El escasísimo tiempo y el proscriptivo “reglamento de UPC” impusieron enormes dificultades para la presentación de las listas opositoras. Por ejemplo, la exigencia de que solamente puedan votar los que tengan 6 meses de afiliación marginó a un sector muy importante de compañeros, entre ellos muchos activistas (ya sea porque pasaron recientemente a planta permanente o porque estaban desafiliados en protesta con la política de la burocracia del sindicato). A pesar de las trabas, tanto en el Hospital Baigorria como en el Hospital Provincial se presentaron listas opositoras que triunfaron. Queda la especulación de cuál habría sido el alcance de este movimiento opositor si se hubiese contado con más tiempo. En el Baigorria, de 112 votantes (un tercio del personal) la lista antiburocrática (independientes, PO) obtuvo 70 votos contra 38, mientras que en el Provincial la lista opositora venció a pesar del alevoso fraude (agregaron unos 100 votantes fuera del padrón). Así dos de los tres principales dirigentes rosarinos de UPCN perdieron en sus respectivos lugares de trabajo. El tercero, del Hospital Centenario, fue con lista “única”. La victoria en el Hospital Baigorria corona la intervención en la huelga de los hospitales del año pasado, donde además de desarrollar un planteo consecuente fue un referente antiburocrático en la propia lucha. La lista, votada en Asamblea, se presentó con un compromiso de programa que sostiene ... “que luchará por la democracia sindical (no más 8 años sin elección de delegados), por el salario, completamente deteriorado, contra los descuentos de los días de paro (que a pesar de las promesas aún continúan), en defensa del hospital público, contra el traspaso de las Cajas jubilatorias de la Provincia a la Nación y la defensa integral de todas las conquistas jubilatorias y laborales de la Provincia”. Este proceso tiene gran importancia en momentos en que se plantea la necesidad de una lucha consecuente ante los intentos del gobierno Reuttemista de atacar la jubilación provincial, vía el traspaso de la caja o mediante la liquidación de las conquistas del sistema previsional provincial (extensión de la edad jubilatoria, reducción de los haberes, etc.), el ataque a la obra social (IAPOS) y frente al congelamiento salarial.

En Prensa Obrera Nº 422 aparece publicada la carta del señor Gatti que abandona el análisis marxista de la realidad, si alguna vez fue propio de él, para sustituirlo por el embrollo liquidacionista. Al denunciar al Partido Obrero de oportunista no hace otra cosa que demostrar su impostura y su total falta de horizonte, pretendiendo demostrar una contradicción insuperable entre la caracterización hecha por el Partido Obrero con respecto al Partido de los trabajadores de Brasil y la decisión de apoyar exclusivamente la candidatura presidencial de Lula contra los representantes de los partidos patronales. El liquidacionista suplanta la dialéctica por el mecanicismo del peor cuño, sin tener en cuenta la realidad objetiva del procesos histórico del Brasil. Los trabajadores y explotados al no contar con un programa propio y una perspectiva de independencia de clase ante la crisis ven en Lula “al candidato honesto”, al que “defiende los mismos intereses que ellos”, al que preconizaba en las elecciones del ‘82 la consigna “trabalhadores vota trabalhadores” etc, etc. Objetivamente las expectativas de las masas en este sentido chocan con la política petista de integración al Estado burgués y de colaboración de clases. El programa del PT ha quedado huérfano de las más elementales reivindicaciones populares, rechaza plantear el No pago de la deuda externa, el derecho al aborto, etc. Por lo tanto “el apoyo a Lula solamente es admisible si parte de una completa denuncia de esta política, de la reivindicación de que rompa con la burguesía, de la defensa de un programa de defensa de las reivindicaciones de las masas, de la lucha por un verdadero gobierno de las organizaciones obreras y campesinas. La cuestión decisiva en este momento es actuar con total independencia y libertad para denunciar al PT y a su frente con los partidos patronales”. (ver PO Nº 419). En forma antojadiza Gatti hace una analogía con el surgimento del peronismo y él mismo se sitúa en el campo de la Unión Democrática de Braden, Patrón Costas y el stalinismo. Asumiendo la tesis morenista según la cual en 1945 el peronismo era el enemigo reaccionario Nº1, el más grande defensor de las relaciones burguesas, convirtiendo peligrosamente a la Unión Democrática como la potencial aliada natural de los trabajadores. La comprensión de los problemas debe costituir el objetivo primario de cualquier persona que pretenda actuar en el campo de los explotados y elevarse a la categoría de revolucionario para orientar la rebelión popular. Trotsky sostenía que “el vicio fundamental del pensamiento vulgar radica en el hecho de que quiere contentarse con fotografías inertes de una realidad que consiste en eterno movimiento”. El pensamiento dialéctico da a los coceptos —por medio de aproximaciones sucesivas, correcciones, concreciones— riqueza de contenido y flexibilidad, diría incluso, hasta cierta suculencia que hasta en cierta medida los apróxima al fenómeno viviente. No hay un capítalismo en general, sino un capitalismo dado, en una etapa dada de desarrollo .. etc. Por todo esto llamo la atención y reivindico la política del Partido Obrero que se construye cotidianamente en la lucha teórico y práctica librada por los trabajadores a escala nacional e internacional y puntualizo lo que considero nocivo del señor californiano Gatti. Atte. Gustavo A. Gerez (Moreno)

En la “guerra de los seis días”, en 1967, Siria perdió a manos de Israel las alturas del Golán, cuya completa devolución reclama ahora para firmar un acuerdo de paz con el Estado sionista. Como consecuencia de la ocupación israelí fueron desplazados del Golán, a través de los métodos más brutales, unos 400.000 ciudadanos sirios y su lugar fue ocupado por unos 15.000 israelíes agrupados en unos 40 asentamientos. Según reporta The Finacial Times (14/7/94), en la actualidad “están en marcha negociaciones serias y detalladas, principalmente por medio de la administración norteamericana... Mientras prosiguen las negociaciones, el presidente Assad ha estado haciendo cambios silenciosos en la expectativa de acuerdos de paz ... Las nuevas designaciones en la administración civil son vistas como más liberales y abiertas a la paz que sus predecesores. Pero los nuevos generales pertenecen al ala dura...; el nuevo jefe de la fuerza aérea, General Mohammed al-Khouli, es considerado el autor intelectual del complot de 1986, cuando Siria, se alega, trató de hacer explotar un avión israelí en el aeropuerto de Heathrow”. La conclusión del Financial Times es harto interesante. “Como de costumbre, el presidente Assad está manejando un arma de doble filo. Después de décadas de propaganda anti-israelí necesita burócratas nuevos que puedan trabajar con un acuerdo de paz. Pero al mismo tiempo necesita leales de línea dura para mantener la disciplina en sus fuerzas armadas de 450.000 hombres, que tienen mucho para perder de la paz. Este abordaje no será bienvenido por Israel o Estados Unidos, pero ésta es la naturaleza del sistema de gobierno del presidente” (Las cursivas son de PO). El imperialismo “comprende”..

Con los nombramientos de Béliz, de Fondevila (ex dirigente del FIP y del MPL) y de otros, como Toledo (de la Fundación del Tucumán, que nuclea a los pulpos capitalistas más grandes), como asesores y ministros, el gobierno de Ortega ha desatado una contraofensiva política dirigida para superar a costa de los trabajadores el explosivo quebranto financiero del Estado y rearmar las posibilidades del PJ para el ’95. El relevo de las dos principales figuras del gabinete provincial, Falú y Ramírez, se produjo ante la resistencia de éstos a aumentar el presupuesto del intendente de San Miguel, el bussista Bulacio, y a acordar el plan de reforma del Estado con la mayoría de la bancada legislativa del PJ. Es decir que Palito ha suplantado el intento de disolver la Legislatura por este pacto provincial, que, Béliz mediante, cuenta con el apoyo de la Iglesia y del grupo clerical conspirativo Opus Dei. El Ministro de Economía, Ríos, recientemente dio detalles del crecimiento explosivo del déficit provincial y de la solicitud de un crédito al Tesoro Nacional por 100 millones en títulos Botes, con la garantía de la coparticipación federal. La recepción de estos títulos estaría condicionada a la ejecución de un plan de “reforma del Estado”, cuyos puntos esenciales pasan por la transferencia de las Cajas provinciales, la privatización del Banco Provincia (para abril del ’95) y de otras empresas del Estado provincial (EDET, DIPOS, etc.). Además, se prevén despidos masivos; uno de los borradores de una consultora contratada por el gobierno señala la necesidad de prescindir de 15.000 empleados. En una ocasión anterior, Palito planteó la posibilidad de reducir los salarios para financiar un “fondo de desempleo” en la industria azucarera. A este “paquetazo” se sumarían medidas para transferir a los municipios el sistema educativo provincial y profundizar la “autogestión” del sistema hospitalario estatal. La resistencia de los trabajadores durante setiembre-octubre del ’93 y la división en el gobierno, habían bloqueado estos planes y obligado a Palito a gobernar por medio de decretos que eran desconocidos en su mayoría por la Legislatura, y a vetar las leyes sancionadas por ésta. El cambio de gabinete ha permitido a Béliz iniciar negociaciones con la mayoría de la bancada del PJ, un ala de la UCR (Courel), un sector del bussismo (Dignidad Republicana) e incluso con el propio Bussi. Es por referencia a toda esta conspiración del “piadoso” ministro de Ortega, que cobra fundamental importancia la jornada del 2 de agosto, la cual debe ser masiva y activa. En un reciente plenario de la Asamblea de Trabajadores, ATE se pronunció por un paro matero, con la consigna de un Tucumán para todos. En contraste con esto, otros sindicatos, como el Frente de Municipales, y diversas organizaciones estudiantiles y políticas, se pronunciaron por el paro activo. Lo mismo volanteó el PO, que denunció los planes de Ortega y propuso formar un comando con todas las organizaciones dispuestas a impulsar el carácter activo del paro y una plataforma para la lucha que parta de la defensa de las Cajas, el salario y la defensa de la estabilidad laboral y demás conquistas.

Sr. Ricardo Barrios Arriola, siento desilusionarlo, pero en cuanto al aborto la posición de un partido revolucionario es legalidad del aborto, garantizado por el Estado, control y entrega de métodos anticonceptivos en forma gratuita; no creo que se trate de un debate pendiente, simplemente su postura es reaccionaria. Ud. dice que el aborto existe porque las condiciones emergentes del capitalismo lo propician; yo corrijo, las condiciones emergentes del capitalismo es lo que hace que el 30% de las camas de la Maternidad Provincial de Córdoba estén ocupadas por mujeres que se sometieron a abortos en manos de curanderos o métodos caseros por no poder pagar a los mercaderes de la medicina. Y esta es una condición generada por la penalización del aborto y la restricción al control de la natalidad por parte del Estado. Si al derecho al aborto significa que una mujer pueda recibir el asesoramiento y el cuidado médico necesario en el caso de que quiera interrumpir su embarazo, en un Hospital y en forma gratuita si no puede pagar otra asistencia. Ricardo dice que el tema es el aborto y la Sociedad Capitalista, pero parece que se olvida que la característica más pérfida del capitalismo es la explotación humana y dentro de ésta la doble explotación que sufre la mujer trabajadora. El reclamo de la legalidad del aborto golpea en el centro de esta explotación. El patriarcado surge con la sociedad capitalista, y la prohibición de que la mujer pueda disponer libremente de su cuerpo y de su maternidad es la expresión por la consideración de la mujer como parte del patrimonio del hombre y el control de ésta por él. El derecho al aborto significa revalorizar el derecho a la vida de la mujer, a su libre elección de ser madre cuando ella lo desee, a no tener que cargar con una maternidad no deseada que no le permita su realización personal. Sr. Arriola, aparte de la religión, el Estado y la Sociedad, es Ud. quien está en contra del aborto. Aunque tal vez Ud. no lo sepa, no hay persona si no hay vida independiente de la madre, no hay existencia, y en las palabras de Marx "es la existencia la que determina la conciencia ...". Por lo tanto, sin existencia es difícil que un feto pueda pugnar por algo. Espero que Menem no lea Prensa Obrera, sino el Sr. Arriola le estaría dando la excelente idea de considerar al aborto como un asesinato y estaría pugnando, no el feto sino él, para que el Código Penal Argentino sea modificado y en vez de penar el aborto de 1 a 4 años, le corresponda la misma pena que el asesinato, cadena perpetua. Córdoba, 11/7/94

La concentración en repudio al atentado producido en la AMIA ha sido un duro golpe para el proyecto reeleccionista. En contraste con el acto menemista de hace dos años, cuando Menem había mandado tropas al Golfo y era saludado por su política, esta vez hubo una masiva y prolongada silbatina en su contra y los gritos de “cómplice” afloraron desde varios rincones de la Plaza de los Dos Congresos. Menem, según todos los medios, dudó hasta el último minuto en concurrir al acto previendo esta situación, pero no tenía alternativa. Es decir, el gobierno fue repudiado por una multitud —200.000 personas bajo una lluvia inclemente— representativa de todos los estratos de la pequeña burguesía capitalina. Repetimos: dos años y cuatro meses atrás, Menem había sido orador de fondo y protagonista incuestionado en el acto contra la voladura de la embajada de Israel, lo que da una idea del desplazamiento político producido. Antes del acto, los funcionarios del gobierno menemista que llegaron hasta la sede destruida de la calle Pasteur fueron abucheados sin contemplaciones y Menem optó por no hacerse presente. El otro dato político del acto fue el discurso de Beraja, presidente de la DAIA, la máxima autoridad política de la comunidad sionista en el país, que enjuició al gobierno por la “falta de respuestas” al atentado en la embajada y denunció que estos ataques se producen en la Argentina porque “el orden jurídico parece más endeble (y) los sistemas de prevención y castigo no lucen como eficientes y eficaces” y “es al gobierno al que le corresponden las responsabilidades mayores”, una declaración que está en la línea de un recambio político capitalista al menemismo y que repite palabra por palabra el editorial de La Nación del 19 de julio. El discurso de Beraja (menemista declarado y hombre de las AFJP) no es, por lo tanto, una intervención política en soledad; fue elaborado incluso de común acuerdo con la jerarquía sionista y el embajador israelí, es decir, en un marco internacional. Beraja retomó el hilo del editorial del diario La Nación (y de otros medios internacionales), que enjuicia al gobierno por tolerar la “impunidad” y por la ausencia de “seguridad jurídica”. Morales Solá, otro editorialista de la burguesía, planteó en el mismo sentido la necesidad de “reconstruir al Estado”. El atentado ha acelerado la crisis del gobierno y ha precipitado realineamientos políticos: Beraja y el embajador israelí fueron hasta no hace mucho tiempo impulsores entusiastas de la “sionización” del gobierno menemista y propagandistas de las ventajas de su política en relación al gobierno de Alfonsín. El carácter antimenemista del acto fue inocultable a pesar del esfuerzo por regimentarlo desplegado por sus organizadores, al tratar de imponer el silencio de la concurrencia y darle un carácter abiertamente sionista, en contraste con el “pluralismo” de la concurrencia. En quince días el gobierno fue repudiado en dos movilizaciones masivas. Este proceso político acelerado de descomposición está descripto anticipadamente en el balance de la Marcha Federal del último Prensa Obrera. El proceso político planteado con el atentado a la AMIA es inentendible si no se parte de nuestro análisis, es decir, de la explosión reivindicativa que recorre al país y de la insatisfacción de todas las clases sociales como consecuencia de las contradicciones y limitaciones del “plan” Cavallo y del conjunto del menemismo como régimen político. Señalamos allí el desplazamiento de una parte importante de la clase capitalista que ha tomado conciencia de las posibilidades de una quiebra económica y que, a partir de esto, coqueteó con la Marcha, con expresiones del propio riñón de la banca, como González Fraga o Martín Redrado. La tendencia de la burguesía, más aún luego del acto de la Plaza de los Dos Congresos, no sería ya democratizar al menemismo sino buscar un recambio por la vía de la oposición, “cavallizando” al Frente Grande o a la coalición que se geste en torno suyo. (Lo ocurrido con el atentado a la AMIA plantea por lo tanto una primera “tarea práctica”: redoblar el esfuerzo por colocar este número del periódico y promover su discusión, en particular del balance de la Marcha Federal). La intervención del partido El Partido Obrero fue la única corriente de izquierda que no sólo participó del acto contra el atentado, sino que llamó a concretarlo con anticipación, pero a partir de una iniciativa del movimiento obrero y de la izquierda y de un paro general. La secuencia de comunicados ilustra nuestra intervención política: el martes 19 llamamos a concretar un paro nacional de repudio, señalando que el movimiento obrero debía actuar ante la complicidad del gobierno menemista y de los servicios de espionaje internacionales (es decir, el Mossad) en el encubrimiento de los atentados producidos y a reclamar una comisión independiente. El 20 comprometimos la movilización del partido en el acto, destacando la consigna —”la auténtica solidaridad es hacer justicia”— por su relación con la consigna histórica “juicio y castigo a los culpables”, y planteando nuestros propios reclamos: basta de encubrimientos, abajo la supersecretaría de seguridad y por un Comité Investigador independiente del gobierno. Al planteo del arco burgués antimenemista de organizar un relevo político para contener la descomposición del Estado opusimos una política independiente tendiente a profundizar su crisis y planteamos una iniciativa política del movimiento obrero y de la izquierda. La intervención del partido en una movilización está determinada por el carácter objetivo de ésta, no por los que aventuran a hacerse presentes en ella, e incluso, como en este caso, cuando los convocantes son representantes del estado sionista, usurpando una iniciativa que le cabía a la clase obrera y a la izquierda. El acto en la Plaza de los Dos Congresos, objetivamente, surgió a partir de la inmensa conmoción popular por la masacre y en oposición al encubrimiento del gobierno y los servicios. Que la intervención del PO fue un acierto descomunal surge de la lectura de los hechos en relación al acto: el PO llamó a concretarlo y en caliente, con un paro general de todas las organizaciones obreras, la DAIA lo tuvo que hacer obligada por el reclamo de la gente, Menem dudó hasta el último minuto sobre si concurrir o no. En un acto cuya matriz es el repudio a la conducta encubridora del gobierno y los servicios, ¿quién se tiene que ir: nosotros o el gobierno enjuiciado (y las organizaciones sionistas complicadas con él)? Es una lucha política y, por lo demás, en el seno de la única movilización contra una masacre que es un ataque a los trabajadores y el pueblo argentino y un ataque a la causa del movimiento obrero internacional (el cual plantea la independencia de Palestina como consecuencia de la victoria de la revolución y la guerra civil contra el Estado sionista y jordano, y de la revolución internacional). En el acto a raíz del ataque a la embajada israelí hace dos años no participamos porque, objetivamente, era una movilización de apoyo al imperialismo en el Golfo y a la masacre del pueblo de Irak. El PO repudió el atentado y a la vez denunció la hipocrecía del arco justicialista liberal que patrocinaba el acto, “responsable de haber puesto al Estado argentino en el campo de una guerra que nadie nos declaró y para colmo del lado de nuestros enemigos nacionales”. En este caso la situación política se caracteriza por el acuerdo de todos los regímenes árabes, sin excepción, con el “acuerdo de paz” (un acuerdo contra las masas y la nación palestina) con el Estado sionista. En estas condiciones lo criminal hubiera sido no hacernos presentes y adoptar la política de “si no podemos hacer algo solos, no hagamos nada” . En contraste debe apreciarse no ya el papel lastimoso de la izquierda, sino del CTA-MTA, cuya única intervención fueron los consabidos comunicados de repudio y una adhesión a último momento al acto. Estuvieron por detrás de la CGT oficialista, que obviamente no hizo nada por el paro pero aparentó actuar. Si se hubieran puesto a la cabeza del reclamo popular y del paro contra el encubrimiento del gobierno, el paro del 2 de agosto habría dado un paso gigantesco, pero esto revela hasta qué punto son direcciones rehenes del “cambio en orden” del régimen menemista. No hay que dejar de lado que el origen del atentado es aún mas incierto que el de la embajada. La OLP desde ya, pero además las fracciones opositoras a Arafat y al acuerdo de paz dentro de la OLP y aun Hezbollah han declarado que no tienen nada que ver con el atentado. El gobierno iraní ha sacado un violento comunicado en el mismo sentido y sin dejar dudas sobre que no corresponde a su política. Siria acaba de ser conceptuada por Kissinger como una “aliada” del “proceso de paz”. Entonces, ¿quién cometió el atentado? Entre los sectores a quienes más ha golpeado el “proceso de paz” están las fracciones derechistas de los “colonos” y militares sionistas. Ni el gobierno, ni el Mossad, ni la CIA, ni el FBI dirán una palabra que pueda sacar a luz el compromiso de todo un sector del Estado sionista con el atentado (los “colonos” tienen poderosos aliados en el generalato israelí) o incluso de alguna fracción de los gobiernos árabes, si el descubrimiento de los autores puede hacer peligrar a esos gobiernos. Por eso se habla ahora de matar a los ejecutores del atentado, para encubrir responsabilidades. Un último párrafo sobre la conducta de la izquierda morenista, que se opuso a concurrir al acto por su carácter “sionista” y pro “unidad nacional”. Esta actitud “independiente” del morenismo tiene una sola explicación: su despiste y el hecho de que el Estado menemista, golpeado, no esté ejerciendo una presión política sobre sus filas. Cuando esta presión se dio, como en La Tablada o en los casos de los militares muertos por la guerrilla en la década del ´70, el morenismo sucumbió ante el pánico que le creó el terrorismo político-ideológico de la burguesía, haciendo recaer sobre la JP o el ERP de los setenta o el MTP de los ochenta la responsabilidad de la represión y proclamando su solidaridad de principios con el Estado.

El gobierno de Castillo logró imponer la transferencia de las Cajas provinciales con los votos del saadismo en el senado provincial. Una de las organizaciones del Frente Cívico, gubernamental, Movilización, que integra el vicegobernador Simón Hernández, está negociando el ingreso al Frente Grande, razón por la cual los otros referentes locales del FG han hecho “mutis por el foro” ante este ataque del gobierno. Los sindicatos que agrupan a los trabajadores del Estado y las organizaciones de jubilados, habían declarado su oposición a la transferencia e incluso impulsado varias concentraciones, pero dieron una voltereta ante la afirmación de que el gobierno nacional reconocería los “derechos adquiridos”. Los sindicatos estatales (ATE, ATECA, municipales, Sitraj —judiciales—, etc.), estuvieron cumpliendo paros y movilizaciones por el atraso en los pagos, pero en lugar de unir esta movilización a la defensa de la Caja, aceptaron el chantaje del gobierno, quien aseguró que los fondos para salarios los mandaría el Tesoro nacional, si se transferían las Cajas provinciales. Luego de la transferencia, sin embargo, el gobierno se volvió a retrasar en el pago y todavía adeuda el aguinaldo, lo que empujó a los gremios estatales nuevamente al paro. En el caso de ATECA, un Congreso Extraordinario decidió no reiniciar las clases y darle carácter activo al paro del 2 de agosto. El gobierno ya adelantó que pretende desprenderse de 5.000 trabajadores y que se privatizarán el Banco provincial, DeCA, Dipos y el sistema educativo provincial (municipalización). Es necesario que ATECA y los sindicatos que están en lucha convoquen a un congreso de base para unificar la acción de los trabajadores. Precisamente, el paro del 2 abre una oportunidad para pasar a disputarle a la burocracia oficialista las bases de sus gremios y abrir una vía para reorganizar en forma combativa e independiente al movimiento obrero de la provincia.

La escuela 503 de José C. Paz se enfrenta al cierre de 2 grados. Como consecuencia de esto, quedarían seis compañeros sin trabajo: dos maestros de grado, dos técnicos (un orientador social y una asistente educacional), una preceptora y una profesora de taller. El argumento esgrimido por las autoridades del área es que no se llega al mínimo exigido por las nuevas disposiciones de matrícula. La rama especial (la 503 es una escuela para discapacitados mentales) hace años que viene soportando el retoque del número de alumnos por grado, pasando de un “techo” de ocho al actual “piso” de catorce. Estas disposiciones desnaturalizan por completo el concepto de educación personalizada que precisan nuestros alumnos, debido a sus características particulares como educandos. En una asamblea de ambos turnos de la escuela, donde un dirigente de la seccional SUTEBA se hizo presente (acompañado de un ex-docente del Mas, ahora candidato suplente en la lista Celeste), quien suscribe esta nota intervino planteando que el ataque a la escuela se inscribe en la política de destrucción educativa del gobierno, mediante la liquidación de la estabilidad en los cargos (derogación del estatuto del docente); llevar la jornada laboral a 7 horas, abriendo el camino para el despido en masa de docentes, y que la defensa incondicional de nuestros seis compañeros pasa por la movilización de toda la docencia junto a padres y estudiantes; y que el SUTEBA convocase al resto de las escuelas a sumarse a nuestra lucha. La posición del burócrata fue apoyarse en la desesperación de la mayoría de la escuela por encontrar la forma de elevar la matrícula escolar, aclarando que la escuela debía convocar a los padres para que defiendan la fuente de trabajo de nuestros compañeros. A sabiendas de que hubo ya varios cierres en el distrito, la burocracia celeste defecciona de una lucha de conjunto e instiga el sálvese quien pueda. Al cierre de esta nota se sabe ya que en la reunión para la firma de la planta funcional, las autoridades rechazaron los argumentos pedagógicos elevados por la escuela para rechazar el aumento en el mínimo exigido por grado y que en un mes se harían efectivos los despidos. Los maestros tenemos la responsabilidad ahora de pelear por nuestra fuente laboral. No al cierre de grados. Menos alumnos por grado volviendo al techo histórico de 8. Convocar a los medios de comunicación para denunciar la situación. Convocatoria de una coordinadora de las escuelas de la rama para efectivizar una movilización al Consejo Escolar. Los seis somos todos.

Los lectores de Prensa Obrera no necesitaban conocer las cifras de afiliaciones al nuevo régimen jubilatorio para suponer que el 99% de los obreros industriales optaron por el sistema estatal. En efecto, según El Cronista (26-7) así lo hizo “más del 50%” de un total “de más de 3.400.000 personas”. Si a esto se agrega otro millón de “indecisos” que en realidad no son tales, sino trabajadores a quienes la ANSeS no les dio el número de CUIL y fueron transferidos al Nación, tenemos más de 4.400.000 trabajadores que les dieron las espaldas a los estafadores de la “jubilación privada”. Pero, con todo, el dato más significativo es el siguiente: en el universo de las grandes empresas, consigna El Cronista, hubo “1.910.000 cupones con la letra R”. Esto es, en las grandes fábricas, allí donde se concentra el proletariado y los trabajadores organizados, la derrota de la “jubilación privada” fue total, a pesar de que quienes “organizan” a esos trabajadores, la burocracia, son comisionistas del régimen privado. Los datos señalan una descomunal derrota de la burocracia sindical que, en su gran mayoría, como José Rodríguez del Smata o Lorenzo Miguel de la UOM, cerró contratos y comisiones con las AFJP. El alcance de la derrota de la burocracia es todavía mayor cuando se tiene en cuenta que las AFJP sindicales o con cometa sindical captaron menos de 100.000 afiliados. La AFJP San José del burócrata Luis Barrionuevo obtuvo 12.751 afiliaciones, cuando aspiraba a 120.000. AFJP Futura, del burócrata Oscar Lescano y José Rodríguez, apenas juntó 21.300 cuando pensaba juntar 100.000. La AFJP Activa de Clarin y el Banco Mercantil, que cerró comisiones con 40 burocracias, entre las cuales la UOM, Gráficos, Tabaco, obtuvo 59.000 afiliados, o sea que la burocracia en lugar de sumar, restó. La AFJP Claridad, del radical Angeloz, de Gerardo Martínez (UOCRA) y de West Ocampo (Sanidad), dice haber logrado 50.000 afiliados en estos sindicatos, pero más de la mitad se consiguieron con la amenaza de retirarles la obra social a los trabajadores que no se afiliaban. Aun así, con chantajes y amenazas, la burocracia sólo afilió al 5% del total de los trabajadores. La batalla continúa A partir de agosto, los aportes personales de los trabajadores que se afiliaron a las AFJP comenzarán a ser “invertidos” por los “expertos financieros” de las AFJP. Según un amplio informe publicado por La Nación y Clarín, (24/6), ese dinero va a ser colocado en plazos fijos bancarios y títulos nacionales. ¿Por qué? Porque la Bolsa está barranca abajo y los “expertos” tienen miedo que los quebrantos que puedan producirse terminen por desafiliar a los trabajadores de las AFJP. Como los “plazos fijos”, de todos modos, pueden ser prestados por los bancos para la compra de títulos y de acciones, los límites que establece la ley van a ser rápidamente violados en operaciones especulativas que podrían acabar con todo el “sistema” en poco tiempo. Pero mientras las AFJP depositen el dinero en plazos fijos en los bancos y en adquirir títulos públicos al Estado, éste tendrá que endeudarse para cubrir la pérdida de ingresos por los aportes que se fueron a las AFJP. El gobierno ya anunció una necesidad de emisión de Letras por 2.000 millones de pesos, para lo cual deberá hacer subir las tasas de interés, lo que encarecerá la producción y el consumo. En definitiva, se trata de un operativo parasitario que dificulta entender a los capitalistas de las AFJP y al gobierno cuando se enojan porque los acusamos de ladrones del salario y la jubilación de los trabajadores.

Se acaba de sancionar una ley acordada entre el gobernador Ulloa y el peronista Romero, que privatiza el Banco de la provincia. Por apenas un 30% en efectivo, los compradores se quedarán con el manejo del banco. Otro 30% se lo queda el Estado y el 40% restante queda en manos de los tenedores de bonos de la deuda provincial, que podrán cancelarlos, así, 16 años antes de su vencimiento. Una consecuencia inmediata de la “venta” es el anuncio del despido directo o a través de los “retiros voluntarios” de 200 trabajadores bancarios. El pacto entre Ulloa y Romero prevé también la transferencia de la Caja Provincial (por decreto) y la entrega a los pulpos privados de las empresas públicas más rentables. También se ha anunciado un proyecto de ley de educación acordado entre el PJ y el partido reformador, de Ulloa, que abre el camino de la municipalización de las escuelas. El gobierno nacional y el PJ local han decidido sostener la política de Ulloa, de cara al 95 y a la reelección presidencial. Los bancarios del Provincia respondieron con un paro de 24 horas a la sanción de la ley, pero su comisión interna se ha ido adaptando a los planteos del gobierno y ahora avala los “retiros voluntarios”; sin embargo en el banco hay un estado de deliberación permanente y se discute ahora la adhesión al paro del 2. Los docentes de ADP acaban de votar en asamblea un paro activo con movilización a la capital el 2 de agosto y retomar de esta manera el plan de lucha de principios de año, que continuaría desde la segunda semana de agosto con paros progresivos semanales. El Comité de movilización de ADP viene desarrollando una intensa actividad por el paro del 2 de agosto, colocando en el centro de los reclamos la lucha contra la transferencia de la Caja. Junto a la gremial universitaria (ADIUNSA), ha lanzado un documento que exige a las direcciones gremiales la convocatoria a un plenario intergremial de delegados y trabajadores para organizar el paro. Hasta ahora ATE se niega a un paro activo y el resto no ha movido un dedo. Pelear por el éxito del paro del dos, por una gran movilización p-rovincial para quebrar el pacto Romero-Ulloa, defender el banco, la Caja y los salarios, es la tarea en la que está empeñado el Partido Obrero.

Ante la política de disolución del Partido Comunista de la Argentina, impulsada por la actual cúpula partidaria, el 9 de julio de 1994 se constituyó la CORRIENTE MARXISTA LENINISTA. Nosotros no nos vamos, los que se van son quienes desde la cúpula partidaria abandonan la razón de ser del PC, la ideología marxista leninista, los conceptos organizativos y la esencia de la línea política aprobada en el XVI Congreso. Del Plenario Constitutivo participaron representantes de organizaciones del PC de la Capital Federal, el conurbano y del interior de la Provincia de Buenos Aires, contándose con la adhesión de distintas regiones del interior del país. El marco de desarrollo de la reunión se centró en el análisis de la situación nacional, los padecimientos que sufren la clase obrera y el pueblo producto de la aplicación de la política neoliberal, impulsada en esta etapa actual de crisis del capitalismo. Asimismo se valoró el crecimiento de la resistencia obrera y popular, una de cuyas expresiones más altas lo constituyó la realización de la Marcha Federal, y a la vez se analizó la imperiosa necesidad de contar con un centro único de Dirección Político-Sindical que pueda dar continuidad y perspectivas a las luchas, a fin de que en ese marco se contribuya a la construcción del Frente de Liberación Nacional y Social. La reunión ratificó la necesidad de profundizar la solidaridad con Cuba Socialista, y repudió los preparativos del imperialismo yanki y sus lacayos para invadir a Haití. El objetivo fundamental de esta organización es el de rescatar para una política revolucionaria al PC de la Argentina, para luchar por una verdadera democracia con justicia social, por la liberación nacional, por el socialismo y por el comunismo, ante el abandono de la esencia de la línea trazada en el XVI Congreso por parte del actual grupo de dirección. Entre las metas trazadas en la reunión fundacional se cuentan la realización de un Plenario Nacional, a desarrollarse en el transcurso de los próximos meses, con vistas a la gestación de un Congreso Extraordinario de los Comunistas, a fin de rescatar la larga tradición de lucha del PC, para que el mismo juegue su rol, contribuyendo, en el marco de la más amplia unidad de acción en las luchas, a la unidad de la izquierda, de los antiimperialistas, de los revolucionarios, por el sindicalismo de clase y de combate, en el camino de la construcción del FLNyS con la clase obrera como fuerza motora de los cambios. Asimismo resolvió editar el periódico ORIENTACION, como órgano de difusión de la misma. Los antecedentes inmediatos que dieron origen a esta organización son la solicitada aparecida el 29 de junio en el diario Clarín, y la participación organizada con los emblemas partidarios, a diferencia del PC oficial, en la Marcha Federal. El Plenario, ante artículos aparecidos en medios periodísticos, siente la necesidad de declarar, en primer lugar a nuestros camaradas comunistas, a la opinión pública y a los propios medios de difusión, que no somos parte de ningún alineamiento que nos identifique con tal o cual dirigente; es más, consideramos que la falsa alineación entre los llamados “pereyristas” o “patricistas”, es una trampa impulsada desde las cúpulas para ocultar la verdadera discusión y diluirla tras falsos alineamientos personales. Nosotros nos planteamos recuperar al PC para el marxismo leninismo, y no para identificarlo con determinados dirigentes que forman parte del pasado reciente, y que cada uno debe analizar crítica y autocríticamente su actuación. La reunión culminó efectuando un encendido llamado a apoyar la realización del Paro Activo Nacional el 2 de agosto contra la nefasta política de hambre, entrega y represión de MENEM-CAVALLO y el FMI. POR LA JUNTA ORGANIZADORA Irma Othar, Luis Canay, Luis Heller, Gustavo Schulz, Jorge Barone y Roberto Fornari

El 6 de julio, una Marcha Federal exitosa y masiva golpeó al gobierno y a la burocracia de la CGT que dio la espalda a la marcha. Nacida en las calles de Santiago y de Jujuy, la rebelión popular llenó la plaza de Mayo por las reivindicaciones de los trabajadores. Y fue precisamente su masividad la que impulsó el paro nacional del 2 de agosto. En este lapso, los metalúrgicos, basados en el triunfo fueguino, arrancaron un plan de lucha a la UOM, y sus paros y movilizaciones crecieron de a miles hasta ser interrumpidos por una nueva traición de la burocracia miguelista. Sin embargo, abrieron la lucha salarial y por la dirección del gremio metalúrgico. En esta semana el gobierno, la UIA y la CGT pactaron un nuevo ataque a las conquistas de los trabajadores concertando la Reforma Laboral y la derogación de leyes laborales fundamentales. Paralelamente, mientras crece el repudio al gobierno, Menem aprovecha el atentado a la AMIA para otro decretazo creando la Supersecretaría de Seguridad destinada a reprimir los estallidos sociales. El 2 tenemos la oportunidad de asestar un nuevo golpe al gobierno. Para ello proponemos: convocar asambleas en los lugares de trabajo, reclamar plenarios de delegados que adhieran al paro en todos los gremios y en particular de los sindicatos de la CGT oficialista para quebrar el pacto con el gobierno. Con ese objetivo el Plenario de Zona Norte, que apoya el paro del 2 de agosto, te invita a un nuevo encuentro el miércoles 27/7 a las 17 horas en Panamericana y 197,spara organizar la medida incluyendo la posibilidad de un acto zonal para darle un carácter activo y de movilización por el siguiente programa: 1) Aumento salarial. Por 1.000 pesos de básico. 2) Fuera el proyecto de Reforma Laboral. 3) Derogación de la Jubilación Privada. Por 500 pesos de mínimo. 4) No a la Supersecretaría Represiva. 5) Fuera la burocracia sindical. (22/7/94)

La “privatización” de YPF arrojó a 3.000 trabajadores a la calle. Las cooperativas y sociedades contratistas que iban a trabajar por los nuevos dueños de YPF fracasaron por completo. Sobre un total de 20, las tres cuartas parte de ellas ya quebraron o se encuentran muy mal financieramente (en estas cooperativas los trabajadores volcaron sus indemnizaciones). A esta situación de enorme desocupación se suma el quebranto de los municipios de las zonas, que están despidiendo (Tartagal) o pagan con retraso. En la Municipalidad de Mosconi ya hay ordenanzas de “privatización de servicios” y de “retiros voluntarios”. En la destilería de Campo Durán (hoy Refinor) han despedido al 50% de los trabajadores. El PJ y el PRS oficialista están agitando como vía de salida a esta enorme desocupación, la instalación de una “zona franca” que movilizaría inversiones privadas. Lo único concreto es que la historia de la “zona franca” apunta a instalar playones de depósitos para el negocio de importación-exportación y la completa indefensión legal de los trabajadores. Sin embargo, según señaló recientemente el economista Lavagna, “cuando las economías se abren y eliminan las restricciones a la importación o para las inversiones extranjeras, la zona franca pierde sentido”. Es decir que todo el asunto es puro verso. Contra esta salida que plantean los partidos patronales de la zona, el PO de Mosconi está planteando un movimiento de lucha para imponer un seguro al parado; no a los despidos en los municipios; plan de obras públicas en base a un impuesto a las petroleras (en la actualidad la Pluspetrol, que se quedó con la YPF de la zona, sólo paga 6.000 pesos al municipio).

Por el paro del 2 de agosto, la mesa de enlace (CTA, MTA) convocó en ATE-Rosario a un plenario, el viernes 22/7. Fue presidido por representantes de los convocantes y de la CGT San Lorenzo. Las posiciones volcadas, en particular las del MTA y CTA, planteaban un paro de características pasivas y en la línea de la convocatoria a la Marcha Federal: “Una Argentina para todos”. Edgardo Quiroga (recientemente electo secretario general de la CGT San Lorenzo) reclamó que el paro tuviera un carácter activo, tal cual lo expresó el “Perro” Santillán en la Plaza de Mayo, y que nuestra lucha tenía que estar orientada para producirle una derrota al gobierno, para que se vayan Menem y Cavallo. La intervención del PO fue para defender el paro activo nacional y las consignas: derogación de la jubilación privada y de la reforma laboral. También se rebatió la idea de que el atentado a la AMIA entorpecía el paro del 2 y planteamos que la respuesta de los 150.000 manifestantes en la Plaza de los Dos Congresos el jueves 21/7 y la silbatina a Menem, reflejaban el rechazo al gobierno y que la lucha por defender nuestras conquistas laborales estaba unida a la defensa de las libertades democráticas, por lo que debíamos impulsar la formación de una comisión investigadora independiente del gobierno para esclarecer éste y otros atentados. En ese sentido planteamos que se debía incluir la consigna: contra la “supersecretaría” de seguridad. (25/7/94)

Hace dos años, en horas de la madrugada, desde un móvil policial que atacó a mansalva a un grupo de jóvenes desarmados, el cabo Epulef fusiló a quemarropa con un disparo de Itaka y munición de “alta peligrosidad” (como quedó demostrado en el juicio) al compañero Pablo Ramírez. Pablo era un joven trabajador, “un ejemplo de laboriosidad y conducta”, como tuvo que admitirlo su propio patrón, y venía esa noche junto a otros jóvenes y amigos de visitar a su novia. Las continuas movilizaciones por el juicio y castigo, la infatigable tarea de los padres de Pablo y de sus amigos, llevaron finalmente a la apertura del juicio oral a los policías involucrados. Durante el juicio quedó probado que los chicos estaban desarmados, que no hubo agresión al destacamento policial de la zona, e incluso que se inventaron los disparos de balas en la carrocería del móvil policial. Cada una de las coartadas policiales presentadas para avalar la teoría de la “defensa propia” quedaron desvirtuadas. Pero en un fallo que es toda una aberración jurídica, los jueces dicen que “si bien no hubo agresión previa, bien podría haberla habido” (cursiva de PO) y que el impacto del itakazo en el pecho de Pablo se debe a que éste “se agachó cuando el cabo Epulef disparó hacia el piso”, colocando a Pablo como responsable de su propia muerte. En consecuencia, los jueces optan por el “beneficio de la duda” y absuelven a los policías. Este fallo ha causado una verdadera conmoción en la población, excepto el partido gobernante. Para el gobernador Sobisch, “cuando la justicia emite un fallo, el que considere que es injusto tiene mecanismos para apelar”, lo que confirma plenamente al padre de Pablo cuando éste dice que “En este fallo hubo una mano negra del gobierno” (ver reportaje). La juventud ha reaccionado con una campaña de denuncia del gobierno por complicidad y por el juicio y castigo de los asesinos de Pablo. Para el viernes 22 se ha programado una radio abierta frente a Casa de Gobierno y un plan de radios abiertas y volanteos en las barriadas, lo que culminará en el paro del 2 de agosto. La UJS ha jugado un papel motorizador de estas actividades, así como en la Peña Rock que se organizó el pasado 9 de julio con las consignas “Juicio y castigo a los asesinos de Pablo Ramírez, Omar Carrasco y otros jóvenes” y “Derogación de la Ley Federal de Educación”. Este festival contó con la presencia de 200 compañeros. Prensa Obrera dialogó de todos estos temas con el padre de Pablo Ramirez. P: Usted hace ya 2 años que participa de todo tipo de actos y movilizaciones por el juicio y castigo a los asesinos de su hijo ¿Qué papel ha jugado la juventud en este proceso movilizador? R: La juventud es la que más se ha movilizado, junto a los partidos de izquierda, los llamados “partidos chicos”. Los partidos “grandes” han hecho muy poco. Los centros de estudiantes secundarios y de la Universidad también han jugado un importante papel. P: ¿Qué balance hace del fallo en el juicio oral y de la conducta de la justicia? R: Yo creía en la justicia. Ahora, con lo que está sucediendo, ya no creo. Acá hay corrupción, lo de la Corte Suprema es un poroto al lado de esto. El juicio y el fallo estuvieron manejados políticamente desde el gobierno. P: Precisamente usted ha dicho que hubo una “mano negra”. R: Como poder ha sido una decisión del poder político. Hay toda una serie de asesinatos sin esclarecer. Hay impunidad. En un balance hacia atrás uno se da cuenta que en la mayoría de esos casos esta involucrada la policía. P: Respecto a esa impunidad, usted ha denunciado el permanente acoso y amenazas policiales contra su familia y los testigos. ¿Qué ha hecho la justicia con sus denuncias? R: En ningún momento les ha dado curso. Al contrario, las ha archivado. Por ejemplo, cuando los policías invadieron mi domicilio, han dicho que no pueden actuar porque mi señora no tiene testigos y no hubo daños. P: ¿Cree posible que una Comisión Investigadora Independiente redacte un Informe real del caso y lo difunda, como una manera más de golpear a los encubridores de la fuerza policial? R: Si hay una comisión que sea independiente del gobierno, sí se podría esclarecer no sólo el caso de mi hijo, sino todos los otros asesinatos, incluso los atropellos y maltratos que vivimos a diario, ya que el poder judicial no hace nada. Sería importante, le daría más poder a la ciudadanía, ya que el poder policial pasa por encima incluso de la ley. Al pueblo le piden que crea en la justicia, pero no hay justicia. Hay más represión, se acaban de destinar 9 millones de pesos para equipar a la policía, acá están las consecuencias.

En el gremio bancario han comenzado a reunirse delegados y activistas de la oposición, por iniciativa del Cuerpo de Delegados del Instituto de Servicios Sociales y la Comisión Interna del Banco Patricios. Han emitido una declaración titulada “Por qué los bancarios debemos parar el 2/8”. En ella caracterizan que el Paro del 2 es la continuidad de la Marcha Federal surgida al calor de las grandes luchas de nuestro pueblo. Luego realizan una serie de denuncias ligadas a las principales reivindicaciones del gremio bancario —sueldos congelados, destrucción de convenios, régimen carcelario de trabajo, deterioro de la obra social, afiliaciones compulsivas a las AFJP, liquidación de los fondos compensadores. Se hace una mención especial a la lucha de los compañeros del Instituto de Servicio Social contra el plan de destrucción y privatización del mismo por parte del zanolismo. Lo mismo con la ofensiva de retiros compulsivos lanzada por la patronal de la Caja de Ahorro contra los trabajadores. La declaración critica la política de la burocracia zanolista, que “no ha movido un dedo en apoyo a la Marcha Federal...” y que ahora, “... a escasos días del paro nacional, ni siquiera ha convocado al plenario de delegados de bancos para discutir la posición a adoptar”. Termina reclamando la convocatoria al plenario de delegados de la seccional Buenos Aires. Llama a todas las comisiones internas a unificar esfuerzos en aras de garantizar el cumplimiento del paro. Impulsa asambleas de todos los sectores del gremio y la coordinación de gremiales, agrupaciones y listas con el objetivo de “lograr el triunfo del paro, darle un carácter activo”, contra la componenda de gobiernos, banqueros y burocracia sindical. Este llamamiento lo avalan: Comisiones gremiales de los bancos Chaco, Patricios, Credit Lionnays, Mayo, Alemán, Shaw. Delegados generales y miembros de la Mesa Ejecutiva del ISSB; Secretario General de la CGI del Banco Provincial de Santa Fe. Agrupaciones: Lista Naranja-Banco Caseros; Frente Unidad Gremial-Banco Credicoop; Lista 4 de Caja de Ahorro Trabajadores de los bancos: Ciudad, Caja de Ahorro, Río, Nación, Boston, Cooperativo del Este, Provincia de Buenos Aires. Todos ellos llaman a un encuentro de Comisiones gremiales, delegados, activistas, agrupaciones y trabajadores para coordinar esfuerzos para el paro del 2, el jueves 28 de julio a las 18 horas en Reconquista 874, 1º “E”.

La justicia civil acaba de ordenar la detención o el procesamiento de cuatro oficiales y soldados, debidamente “marcados” por el tribunal del alto mando, en lo que apunta a ser el procedimiento elegido para “salvar” a mandos que están más arriba aún de los encarcelados, e incluso para liberar oportunamente a estos frente a lo que ya se definen como “pruebas insuficientes” para dictar condenas. “… La investigación se cortó en el grado de subteniente”, sostiene el abogado del oficial inculpado, (lo que) “está inducido por Balza con la connivencia del Gobierno mediante la figura del ministro Oscar Camilión” (La Nación, 28/6). El fallo del tribunal militar planteó una situación absurda, según la cual (el subteniente involucrado) “Canevaro actuó en la más absoluta soledad y sin el control de sus superiores…el 6 de marzo (día de la muerte de Carrasco)” (Río Negro, 11/5). La línea de que los “jefes no sabían nada” hizo que ni el tribunal militar ni el juez civil llamaran a declarar al general Carlos Alberto Díaz, comandante de la Brigada VI del Ejército, que en un comunicado oficial “identificó” el cuerpo hallado como perteneciente a Omar Carrasco, cuando nadie podía establecer su identidad, sostuvo que el cuerpo “estaba fuera del perímetro del cuartel” cuando estaba adentro y que “no presentaba signos de violencia”, cuando estaba destrozado. El juez no citó a Balza ni a Camilión, ni a los jefes de la unidad en la que se ocultó el cuerpo a lo largo de un mes, tenientes coroneles With y Duret. With firmó de puño y letra “la circular a las fuerzas policiales y de seguridad de todo el país solicitando la captura de Carrasco como desertor”, y es el responsable directo de que el mismo día de la muerte de Omar, la policía provincial preguntara por él en su casa, obviamente “porque desde la guarnición militar se estaba simulando una deserción” (Página 12, 24/4). La orden del generalato de “no pasar del subteniente” se cumplió a rajatabla: el juez Caro no convocó siquiera al capitán Rodolfo Correa “que identificó el cuerpo del soldado a 100 metros de distancia” (Clarín, 4/7), etc., etc., etc. Lo burdo del fallo ha abierto una crisis: “en los distintos ámbitos de la investigación, alejados de la fiscalía y el juzgado se sostiene que es imposible que un cadáver haya estado un mes en un cuartel y solo cuatro personas lo supieran”. ”Llama la atención que el dictamen del juez haya sido vehementemente rechazado por la querella…los imputados, por los investigadores y hasta por los periodistas” (La Nación, 7/7). La Multisectorial de Neuquén ha denunciado que “pese a las pruebas, el juzgado no ha tenido definiciones concretas para identificar a los asesinos de Carrasco, por lo que el escepticismo va ganando la conciencia de la ciudadanía…las actitudes dilatorias y vacilantes del juzgado lo muestran más preocupado por cuidar la imagen del Ejército que por proceder…” y reclama a la justicia civil “que se detenga a todas las personas, cualquier sea su rango”, para lograr una investigación “seria y responsable” (Río Negro, 2/7). Indulto Esta es, de cualquier modo, sólo la primer parte de la operación de indulto. El Tribunal Oral Federal neuquino “deberá dar sentencia de culpabilidad o no sobre la base de un dictamen endeble, habida cuenta de que éste se sustentó en un solo testimonio”. El fallo del juez “se basó en sospechas, análisis y pericias” (La Nación, 7/7). “Que lo procesen, admitió el abogado defensor del subteniente, pero después hay que ver si lo encuentran culpable” (La Nación, 28/6).