Prensa Obrera N° 413

En Chiapas ha terminado la primera etapa del “diálogo” entre el EZLN y el gobierno mexicano con una serie de “acuerdos tentativos” . La Bolsa reaccionó ante los acuerdos con una suba excepcional (The Financial Times, 4/3/94) a pesar de la creciente crisis económica. El mediador eclesiástico Samuel Ruiz, el representante gubernamental Manuel Camacho y el propio imperialismo manifestaron su “optimismo” ante el hecho, pero otro de los signatarios, el subcomandante Marcos, lo calificó como “un montón de papel” (Página 12, 1/3). “La paz está lejos”, dijo. Como consecuencia de la línea contemporizadora del EZLN, el centro de gravedad política de la crisis mexicana se ha desplazado del levantamiento campesino a la expectativa en las elecciones presidenciales de agosto y la reforma del sistema electoral. La política democratizante del EZLN —”... el cambio democrático en México necesita otras fuerzas políticas”— empuja en esta dirección. Pero la crisis del régimen político no puede ser emparchada tan superficialmente. La rebelión de Chiapas puso en evidencia la fractura del Estado y la necesidad de una política de reconstrucción del Estado. “Aterrorizó al régimen” (Newsweek, 7/3) y planteó la “urgencia” (The Washington Post, 1/3) de una “reforma política”. En esta dirección, el “politólogo” mexicano Jorge Castañeda y The New York Times (28/2) coinciden en que las “negociaciones decisivas” para dar lugar a “elecciones más limpias y creíbles” no tendrán lugar con los zapatistas sino con el PRD y el PAN, la oposición derechista. El primer fruto de esas negociaciones ha sido el “acuerdo informal” (The New York Times, 28/2) firmado entre los candidatos presidenciales del PRI, del PRD y del PAN. El segundo, más firme, sería el paquete de leyes que, según The Washington Post (1/3), se aprestaría a lanzar Salinas: autorización de la presencia de observadores extranjeros, reparto igualitario de la TV entre todos los partidos y nombramiento de una dirección independiente en el organismo encargado de supervisar las elecciones. El imperialismo le ha asignado a Cárdenas la función de darle “credibilidad” a una victoria electoral del PRI. Las razones que expone para apoyar la búsqueda de un “acuerdo nacional” The Wall Street Journal (18/2) son reveladoras por su crudeza: “Lo que está claro es que la apertura económica de México no podrá ser sostenida durante mucho tiempo si no se adelantan las garantías de apertura política y el respeto incondicional por la voluntad política de los mexicanos. Sin semejantes garantías, no se podrá asegurar por mucho tiempo la estabilidad política. Y sin estabilidad política, no pueden asegurarse las inversiones en México”. Por estos mismos motivos, precisamente, The New York Times (28/2) “aconseja” a Clinton “poner en claro la preferencia de Washington por una campaña libre de intimidaciones y un recuento electoral libre de fraudes”. Las “elecciones limpias” pueden entrañar, con todo, algún “peligro”. Para contornearlo, el candidato oficialista debe convertirse en el abanderado de la “democracia y la reforma”. Pero para ese “papel”, Luis Colosio —el candidato designado y miembro destacado de la camarilla de Salinas— no parecería el hombre adecuado. “El final más atractivo (para Salinas, y sobre todo, para la propia crisis) —dice The Wall Street Journal (18/2)— es que Salinas se convierta en el primer presidente en el México moderno en ceder el poder ejecutivo a un miembro de la oposición, mientras la mayoría de sus revolucionarias reformas económicas permanecen intactas. Este escenario descalifica... a Colosio... La elección más apropiada para esta idea final sería el hombre que Salinas eligió como comisionado de paz en Chiapas, Manuel Camacho”. La presentación de Camacho como candidato —y la consiguiente ruptura del PRI— no es, apenas, una especulación periodística, sino “la elección más apropiada” nada menos que para el diario de los financistas norteamericanos. Mientras se “diseñan” todas estas “negociaciones”, los latifundistas se preparan para enfrentar la rebelión con las armas en la mano. Están reclutando aceleradamente “guardias blancas” para lanzar una “guerra sucia” de secuestros y asesinatos contra los campesinos. Las “guardias blancas” desalojaron a palos las alcaldías ocupadas por los campesinos en Chiapas y desfilaron en Altamirano —uno de los pueblos ocupados por el EZLN durante la insurrección de Año Nuevo— al grito de “muerte a los zapatistas, muerte a los indios”. Pero la rebelión que comenzó en Chiapas no cede y se extiende por el país. Después de las decenas de ocupaciones de alcaldías en Chiapas a comienzos de febrero, acaba de estallar otra rebelión en el otro extremo del país. En Chihuahua, en la propia frontera con Estados Unidos, miles de campesinos han declarado la “desobediencia civil” y ocuparon los edificios de dos grandes bancos privados —echando a los clientes y reteniendo a los gerentes— en protesta contra las ejecuciones de hipotecas y el corte de créditos. Sin ocultar su temor, The Wall Street Journal (25/2) constata que la rebelión de Chihuahua “muestra qué lejos se ha extendido el espíritu de rebelión”. Entre las maquinaciones “democráticas” y la masacre “blanca”, la rebelión campesina sigue.

P: ¿Cuál es su visión de la coyuntura política nacional? R: Asistimos, de un lado, a un desarrollo de la tendencia abierta por el santiagueñazo, que se caracteriza por una creciente deliberación política en la base del movimiento de los explotados y el recurso a la acción directa. Lo prueban así los congresos de delegados que se han registrado en distintas provincias; la continuidad de la movilización en Santiago; y el comienzo de movilizaciones en Santa Fe. Por el otro lado, se ha producido una brusca agudización de la crisis económica y política internacional, que tendrá consecuencias mortales sobre el “plan” Cavallo. Las crisis en los mercados internacionales de títulos y acciones; la guerra comercial de Estados Unidos con Japón y Europa; la inminente devaluación de la moneda alemana; y, en otro plano, el derrumbe de Yeltsin, la brutal crisis en Palestina, el levantamiento de Chiapas y la bancarrota económica en Venezuela; deberán socavar las bases económicas del gobierno menemista y obligar a la burguesía nacional a operar un recambio de línea, tanto económica como política. En estas condiciones, asistimos a un operativo del imperialismo para valerse del centroizquierdismo como factor de contención de la crisis. Esto se puede apreciar con la socialdemocracia alemana, el PRD y el EZLN, en México; el armado de un frente en Brasil con Henrique Cardozo y, en segunda instancia, Lula; en Uruguay, con el partido de Batalla y eventualmente el FA; y en Argentina, ordenando a Alfonsín a pactar con Menem y, en la rerserva, impulsando al clerical Frente Grande. Lo que tenemos planteado en orientar el ascenso de masas que sobrevendrá como consecuencia de la presente crisis y disputarle su dirección a las variantes de recambio izquierdistas del imperialismo. P: ¿Qué opina del pacto Menem-Alfonsín y la Constituyente? R: El objetivo del pacto Menem-Alfonsín y de la Constituyente es reforzar al gobierno privatizador y rematar la ofensiva contra los trabajadores y sus conquistas históricas. Es una solución de arbitraje entre distintas fracciones de la burguesía. Hay que decirle a las masas que la finalidad de la Constituyente es sancionar la “reforma laboral” y la esclavitud capitalista más completa. P: ¿Cómo valora el surgimiento del FIS? R: Hasta ahora el FIS no pasa de ser un limitado experimento electoral, cuando lo que está planteado es que constituyamos un Comando o Frente de Izquierda para darle una dirección revolucionaria a las luchas populares. Habrá que ver si podemos superar estas limitaciones durante la campaña. El FIT no sobrevivió a las elecciones del 3 de octubre y desapareció sin servir como instrumento de organización y movilización de la vanguardia de los trabajadores. Los militantes del Partido Obrero nos empeñaremos para que la campaña electoral tenga un carácter frentistas y revolucionario, es decir, no electoralero.

Mucha bambolla se hace con la elección directa del Intendente de la Capital. Incluso De la Rúa, que se abstiene de intervenir en la Constituyente, acaba de declarar que, “los interlocutores somos nosotros” (Clarín, 25/11/93), en relación a la “reforma política” de la Capital. El Frente Grande tampoco se quedó atrás: el concejal Ibarra declaró su satisfacción por “la modificación del status jurídico y la elección directa del intendente” (Página 12, 31/12/93). Como se puede apreciar, si es mucho lo que une a radicales, menemistas y centroizquierdistas, es poco también lo que los separa. La verdad de la milanesa Pero la “reforma política de la Capital” no es más que un gran operativo financiero, tiene por objeto transferir nuevas cargas a la población trabajadora de la Capital y someter al Tesoro municipal a una mayor dependencia de los negociados inmobiliarios. En los últimos dos años fueron transferidas a la Municipalidad de Buenos Aires la salud y la educación públicas. Ahora, con la excusa de la “autonomía”, se pretende transferir la financiación de parte de la policía y de la justicia. Las anteriores transferencias son las causantes, en gran parte, del déficit de más de 1.000 millones de dólares que arrastra el municipio. Como consecuencia de la “reforma” deberá aumentar la contribución del vecino capitalino. Cavallo viene reclamando un nuevo impuesto inmobiliario. Ya el Pacto Fiscal autoriza a elevar la valuación fiscal de las propiedades del 65 al 80% del valor real. Pero la “autonomía” de la Capital tendrá como consecuencia también un robo de fondos a las provincias, porque habría que adjudicar al nuevo distrito una cuota del fondo de coparticipación federal. La Capital debería recibir una parte del 54,5% de los impuestos coparticipables que va a las provincias, lo que dejaría liberada una porción mayor del 42,5%, restante que corresponde al gobierno central para pagar los intereses de la deuda externa e interna. ¿Elección directa? Pero la elección del intendente tampoco será directa. Los alfonsinistas ya han reclamado que se lo elija por el sistema de doble vuelta o ballotage. La “reforma” viene de la mano con el propósito de subdividir la Capital en “alcaldías”, a las cuales les serán transferidas los servicios de educación, salud, limpieza, lo que facilitaría el desmantelamiento del hospital y escuela públicos. Además, convertiría a las alcaldías en coto de las corporaciones que están saqueando al municipio a través de las concesiones y privatizaciones (Manliba-Macri; Cliba-Roggio; etc). La “reforma” también propugna que la elección de los futuros “representantes” al “parlamento” capitalino se haga a través de circunscripciones, eliminando a la Capital como distrito único, lo que liquida la representación proporcional y permite toda “clase” de arbitrariedades. La asunción del poder de policía y la transformación del actual Tribunal de Faltas en una corte “federal” de contravenciones; tienen como objetivo perfeccionar la represión (desalojo de los llamados “usurpadores” de viviendas, la erradicación de los vendedores callejeros, la represión a la juventud). El concejal del Partido Demócrata (integrante de la alianza de centro-derecha), Azareto, reclamó que la comuna se haga cargo de la policía, “lo que redundará —dice— en que tengamos un intendente con verdadero poder” para “moralizar” la ciudad. “El ex intendente Suárez Lastra reclamó para la comuna un mayor poder de policía, de tal forma que le permita poder arbitrar situaciones y saldar las controversias sobre el uso de la vía pública” (La Nación). La elección del intendente oculta un ataque en toda la regla contra la población trabajadora y la ciudadanía democrática.

La movilización campesina en Paraguay se ha profundizado en los últimos días y se ha convertido en el detonante de una movilización más generalizada. Los cortes de ruta que comenzaron en el norte se han extendido a todas las regiones del país, con dos reclamos comunes: la tierra y el aumento del precio del algodón pagado por los acopiadores a los campesinos. En Asunción, las tres centrales sindicales (Cut, Cnt y Cpt) convocaron a una marcha en solidaridad con los campesinos, que la prensa caracterizó como “multitudinaria” y en la que —destaca— “los manifestantes reclamaron la huelga general” (Ultima Hora, 26/2). Wasmosy —dice Clarín (4/3)— “enfrenta un aluvión de huelgas de empleados estatales”. En la primera huelga que ha estallado, los trabajadores han paralizado el Instituto de Previsión Social en reclamo de la destitución de su directiva. Al mismo tiempo, los campesinos y trabajadores cuyas viviendas serán inundadas por el llenado de la represa de Yacyretá, han ocupado las oficinas de la empresa y amenazan con cortar el puente internacional a Encarnación en reclamo de su inmediata relocalización y de la indemnización prometida por el gobierno. Frente a este cuadro general, que Ultima Hora (26/2) caracteriza como de “hipertensión social”, el gobierno aparece “desesperado” (ídem). Fracasada la política puramente represiva por la extensión del movimiento campesino, Wasmosy ha quedado a la defensiva. La gran marcha nacional sobre Asunción que han convocado las organizaciones campesinas para mediados de marzo condensa y acelera todos estos elementos de movilización popular y crisis política. Opresión campesina y régimen político Las movilizaciones han desnudado la histórica opresión del campesinado paraguayo. La tierra está en manos de un puñado de latifundistas: mientras el 81% de las explotaciones rurales más pequeñas —unas 220.000 familias— apenas ocupan el 6% de las tierras cultivables, el 0,3% de las mayores —menos de 900 grandes propietarios— monopoliza el 56%. Los latifundistas, además, monopolizan el crédito: las fincas de menos de cinco hectáreas han recibido, según el último censo agrícola, apenas el 1% del crédito oficial. Sin créditos, los campesinos se han convertido en rehenes obligados de los grandes acopiadores. Cuatro grandes pulpos —que controlan el 60% del comercio algodonero— entregan a los campesinos semillas, aperos, agroquímicos, insumos y asistencia técnica —que cotizan a precios de usura— como pago a cuenta de la futura cosecha, cuyo precio de compra fijan, también monopólicamente. La exacción es, pues, por partida doble. Los grandes acopiadores prácticamente detentan el poder político en Paraguay. Wasmosy es el propietario del segundo mayor pulpo acopiador, el grupo Comempa, que controla el 19% del comercio algodonero. Pero notablemente, el mayor explotador del campesinado paraguayo es nada menos que el hombre que encabezó la lista centroizquierdista en las últimas elecciones: Guillermo Vargas Caballero es propietario, junto con capitales franceses, del pulpo Las Palmas, que maneja el 21% del comercio algodonero. La “mesa de concertación y gobernabilidad” entre el gobierno y los partidos opositores es, apenas, una extensión de los directorios de los grandes pulpos acopiadores. El gobierno de Wasmosy ha reforzado este robo mediante un decreto que otorga a los pulpos el monopolio de la compra del algodón a los campesinos, lógicamente, con el apoyo de la “concertación”. El monopolio, sostenido y reforzado por el régimen político, permite a los acopiadores fijar precios de miseria por la cosecha, precisamente en momentos en que la cotización del algodón en los mercados ha pegado un salto espectacular, del orden del 30%, como consecuencia de que, “por primera vez en muchos años, las necesidades de consumo superan los volúmenes producidos” (La Nación, 26/2). Por su enfrentamiento contra los latifundistas que monopolizan la tierra y con los acopiadores que monopolizan el comercio algodonero, la rebelión campesina paraguaya no es un mero reclamo económico: es un enfrentamiento con el conjunto del régimen social y político.

En un artículo que se pregunta “¿A qué juega el Partido Obrero?”, el Mas desmiente que haya habido un acuerdo entre el Mas y el Mst, denunciado en Prensa Obrera, “para un reparto del dinero que entrega el Estado que beneficia en particular al Mst”. Pero como nuestra denuncia se refería al reparto del dinero sólo como uno de los aspectos del “pacto por separado”, a “espaldas del PO”, que armaron el Mas y el Mst, la desmentida del Mas confirma la existencia de ese acuerdo por separado; confirma el reparto de las candidaturas en ese acuerdo por separado; confirma que el Mas no siguió adelante con su posición votoblanquista a partir de las ventajas de puestos que obtuvo en ese acuerdo por separado; confirma el carácter brutalmente electoralista del acuerdo por separado; es decir, confirma, y de ningún modo desmiente, nuestra crítica de que el método de formación del FIS, impuesto por el Mas y el Mst, ha sido “crudamente oportunista”, lo que explica la nula presencia y acción política del FIS hasta el momento; la ausencia de una declaración política común; la falta de un acto de lanzamiento; en definitiva la ausencia del Frente en la práctica. El periódico del Más que transcribe el desmentido confirmatorio no registra ninguna propaganda, actividad, impulso o campaña en favor del Frente de Izquierda Socialista (lo menciona de paso en dos oportunidades). Es por estas características oportunistas que, en lugar de tener un frente o acuerdo para la ación, tenemos una “cooperativa electoral”. Repetimos: el desmentido del Mas no desmiente sino que confirma. A partir de aquí el deslinde que hace el Mas con relación a la distribución del dinero en su pacto por separado con el Mst, es un asunto cuya veracidad está fuera de nuestro alcance poder determinar. Su alusión a los acuerdos que rigieron bajo el FIT, del 3 de octubre, son falsos, como se ve en que no fueron respetados en el orden de candidaturas de la provincia de Buenos Aires, precisamente debido al pacto por separado entre el Mst y el Mas. En definitiva, en su desmentida confimadora, el Mas no explica la completa inactividad del FIS, en cuanto frente, algo que resulta directamente del acuerdo por separado, electorero, que nos fue impuesto. Para las elecciones del 3 de octubre pasado, el Mst puso como condición para la formación de un frente que Luis Zamora fuera el primer candidato por la provincia de Buenos Aires; esto es oportunismo puro. Ahora, el Mas y el Mst pusieron como condición que esa candidatura fuera para el Mas; oportunismo puro. Un frente para la acción debe tener sólo dos condiciones: un real acuerdo político y candidatos probados en la lucha. A partir de estas condiciones, un Frente de izquierda debe formarse a la luz pública, mediante el debate y el veredicto de las bases militantes.

El 5 de agosto de 1990 la ciudadanía bonaerense rechazó masivamente la reforma de la Constitución provincial pactada entre Cafiero y Alfonsín. Esa misma reforma, que habilita la reelección, los impuestazos, el sacrificio de la autonomía municipal y la privatización de la enseñanza, es la que hoy quiere imponer el pacto Duhalde-Alfonsín en la provincia. La ley de reforma parcial de 15 artículos de la Constitución de la provincia fue votada por los justicialistas, los radicales (tanto de Alfonsín como de Storani-Casella), el Modín y la Ucedé. Aunque el grupo Storani-Casella ha resuelto votar en contra de la posibilidad de la reelección inmediata de Duhalde, esto es una pura cortina de humo, ya que Duhalde tiene los medios “materiales” (más allá de los votos) para obtener los votos de otras bancadas para imponer la posibilidad de su reelección. Si Storani y Casella hubieran querido realmente oponerse a la perpetuación de la camarilla de Duhalde, habrían debido rechazar la posibilidad de que la Constituyente provincial quede habilitada para tratar la reelección. Ocultamiento Pero existen otras “reformas” , que fueron repudiadas en el plebiscito del ‘90, que ahora se quieren introducir sigilosamente en la Constitución provincial. La ley de “necesidad de la reforma” propone la modificación total del texto constitucional en lo referente a municipios y educación (secciones V y VI de la Constitución Provincial). Tanto los justicialistas como los radicales reivindican en este punto la “reforma” rechazada hace cuatro años. Aunque se pretende que los municipios puedan dictarse su “carta orgánica” (“autonomía”) ésta queda condicionada a mantener el Poder Ejecutivo (intendente), que puede ser reelecto, y que tiene la iniciativa de la presentación del presupuesto. Impide, por lo tanto, un régimen municipal parlamentario y no admite la revocabilidad de los funcionarios. Exige que el “régimen laboral” sea fijado en la “carta orgánica”, sustrayéndolo de las convenciones colectivas de trabajo. Autoriza la “consulta popular”, pero no para derogar o modificar impuestos. La “reforma” introduce la posibilidad de que, en caso de acefalía, “los municipios puedan ser intervenidos”, lo que borra cualquier pretensión de autonomía municipal. Impuestazo La “reforma” amplía las facultades financieras de los municipios, tanto en lo referente a crear impuestos o nuevas tasas, como a “contraer empréstitos” y hasta a crear “entidades financieras municipales”. Esto llevará naturalmente al hipotecamiento de las comunas, lo cual sólo podrá ser resuelto mediante “privatizaciones” y mayores cargas tributarias. La reforma Cafiero-Alfonsín, hoy Duhalde-Alfonsín, autoriza a los municipios a expropiar por causa de “utilidad pública”. Pero, en este caso, será el presupuesto comunal y no el provincial, el que cargará con los costos de las indemnizaciones. La expropiación por utilidad pública será la ocasión de grandes negociados para los grupos capitalistas. El capítulo de la reforma municipal otorga a las comunas “facultades concurrentes” (con la provincia) en materia de salud y educación. Esto habilita la transferencia de la carga económica de la salud y de la educación a los municipios, los cuales en muchos casos no tendrán más remedio que “privatizar”. Complicidad El Frente Grande y la Unidad Socialista guardan un silencio cómplice frente a la reforma de Duhalde y Alfonsín, lo cual no debe sorprender porque, en 1990, apoyaron el referéndum de Cafiero. Sin embargo, también están actuando como cómplices de Duhalde el PC y los grupos de izquierda del FG, que en 1990 habrían llamado a votar No. Lo más interesante, claro, es que los grupos “privatizadores” que hace cuatro años denunciaban el plebiscito de Cafiero-Alfonsín, calificándolo de “socializante”, hoy lo apoyan con los diez dedos, demostrando con ello que nunca tuvieron una oposición de principios a la reforma del ‘90, sino que se valieron del No para chantajear al menemismo con el reclamo de una “privatización” más acelerada. Ahora que lo consiguieron, llaman a apoyar el pacto Duhalde-Alfonsín. La reforma constitucional reaccionaria pactada entre Menem y Alfonsín tiene su correlato en la reforma provincial bonaerense. Votar NO a la reforma en Buenos Aires es votar al FIS.

La rebelión campesina paraguaya continúa “irradiándose” por el Nordeste argentino, donde la caída de los precios, la enorme presión impositiva sobre la pequeña producción, la desaparición de las cooperativas y el monopolio de los grandes compradores de té, yerba y algodón, la falta de crédito y el endeudamiento con los acopiadores, han creado una situación explosiva que cada vez se manifiesta más abiertamente. A las manifestaciones, marchas y asambleas populares del norte santafesino se han sumado en los últimos días los cortes de ruta que realizaron los pequeños productores misioneros de té y yerba mate, que fueron duramente reprimidos por la policía. Varios manifestantes, entre ellos los dirigentes del movimiento, fueron encarcelados. Para salir del paso, los gobiernos provincial y nacional acordaron modificar la forma del cobro de los impuestos ... lo que es apenas una aspirina frente al endeudamiento y el monopolio de los compradores. La marea sigue subiendo.

El paro docente convocado por el Suteba en la provincia de Buenos Aires fue un fracaso. En numerosos distritos del conurbano pasó prácticamente desapercibido. La FEB —agencia de Duhalde— había llamado a no parar, pero aun en escuelas encuadradas en CTERA los docentes dieron la espalda al paro. En Capital el paro tuvo un respaldo inferior a los convocados por UTE (CTERA) en el último año. La burocracia de Mary Sánchez (responde al Frente Grande) es la responsable del fracaso. Fue un paro aislado y sin preparación. Sólo tres días antes del inicio de las clases y en un clima de desmovilización, la burocracia convocó a asambleas naturalmente minoritarias para aprobar el paro. La mayoría de los docentes bonaerenses no cumplió el paro por su falta de perspectivas. El aparato de la burocracia tampoco se empeñó en el paro. La política de la burocracia es preservar “comisiones mixtas” con los gobiernos en las diferentes jurisdicciones, el “disfrute” del gobierno de la Osplad, y el ingreso al negocio de la jubilación privada. El fracaso del paro ha envalentonado al gobierno en su propósito de imponer la “reforma laboral educativa”. Es necesario tomar conciencia de esto y reclamar un giro de 180º en la política de CTERA y la renuncia de toda la dirección marysanchista.

La reforma constitucional en la provincia de Buenos Aires va más allá de la reelección de la camarilla duhaldista. La ley que habilita la reforma parcial de la Constitución plantea la modificación en bloque de todo lo referido a educación (Sección Sexta, capítulo único). El propósito no es “apenas” darle rango ministerial a la Dirección de Escuelas —como plantea la propaganda oficial— sino cambiar de raíz el capítulo constitucional sobre educación. El texto “alternativo” ya está escrito, porque tanto justicialistas como radicales sostienen letra por letra lo que proponía la reforma cafiero-alfonsinista de 1990. Angel Roig (presidente de la UCR bonaerense) ha ratificado la defensa de este proyecto en todos sus puntos. Allí se plantea dar rango constitucional al subsidio a la educación privada, al establecer “la cooperación del Estado para los (privados) que no persiguen fines de lucro” (art. 190, 10). Esto viene a dar “seguridad jurídica” e impulsar aún más el desarrollo de las organizaciones educacionales “sin fines de lucro” visibles o declarados, pero ferozmente lucrativas bajo cuerda. El 80% de los establecimientos privados de la provincia recibe subsidio estatal, se benefician de la destrucción sistemática de la educación pública e imparten una educación con contenidos reaccionarios y clericales. La reforma plantea, naturalmente, el “reconocimiento de establecimientos creados por particulares y personas jurídicas privadas” (art. 190, p. 10), lo que impone una dictadura ideológica sobre docentes y alumnos por parte de los patrones de la enseñanza y en especial del clero, y por el otro convierte a la educación en una rama de la explotación capitalista, vedada a la mayoría trabajadora. El proyecto constitucional de Cafiero y Alfonsín y hoy defendido por el PJ y la UCR, tiene otro punto neurálgico: la “reforma laboral” docente. Desde ya que en el texto no figura ni la garantía de un salario mínimo docente igual al costo de la canasta familiar ni la triplicación del presupuesto educativo, pero mucho menos una mención a la estabilidad laboral o al Estatuto del Docente. “El gobierno y la administración de la educación estarán confiados al Ministerio del ramo” (art. 191). En efecto, suplantando el Estatuto del Docente por la discrecionalidad del poder político, se propone formar un Consejo Provincial de Educación con nueve miembros nombrados por el Ejecutivo y el Parlamento, y sólo tres por los docentes, “con funciones de asesoramiento” en varios temas y entre ellos “estatutos y reglamentos relacionados con el ordenamiento educativo y la Carrera Docente”. Justicialistas y radicales concentran todas las decisiones en el Estado provincial, para barrer con todas las conquistas de los docentes y ordenar la educación en función de los “privatizadores”.

El programa intensivo de trabajo, desde el punto de vista del proyecto político, económico impulsado por nuestro primer mandatario, y el ministro de economía, en primer lugar tiende a disipar en el futuro posibles estallidos sociales, como lo fueron en la historia argentina: el Tucumanazo, el Cordobazo, y recientemente el Santiagueñazo, donde el verdadero activismo fue: la DESOCUPACION, la MISERIA, el NO PAGO A TERMINO de los sueldos retenidos hasta cinco meses en algunos casos, etcétera. Pero veamos específicamente qué ocurre con los asalariados insertos en este programa de paños fríos. A) El poder ejecutivo llama creación de fuentes de trabajo al P.I.T. y en contraposición deja en la calle a miles de trabajadores, tal es el caso de METALURGICOS, FERROVIARIOS, TELEFONICOS, OBREROS DEL AZUCAR, PAPEL DE TUCUMAN ... B) El sueldo de los obreros del PIT es tan bajo que no alcanza a cubrir las necesidades mínimas (SALUD, VIVIENDA, EDUCACION). En este punto debemos hacer notar que el costo de la canasta familiar supera los $900, por lo tanto esta suma debería ser el sueldo mínimo, descartando vestimenta y otros gastos enunciados anteriormente. C) A los trabajadores del PIT amén de explotarsélos por un sueldo miserable, no se les ofrece ropa de trabajo, ni herramientas en muchos casos, lo que provoca el deterioro de la poca ropa propia, y por ende la disminución de este pequeño sueldo. D) Todo el personal es contratado, NINGUNO EFECTIVO, esto favoreceal oficialismo para presionar psicológicamente al trabajador, haciéndole ver que si no se adaptan al sistema, hay un EJERCITO DE DESOCUPADOS (producto de la política actual) detrás que seguramente ocuparán su lugar. E) A pesar de todo lo antes dicho, LA MANO DE OBRA DEL PIT ESTA MAL DISTRIBUIDA debido a la cantidad de gente que sin hacer absolutamente nada (ÑOQUIS) cobra igual que la gente que se rompe el alma en medio del sol diariamente. Nosotros en este punto debemos decir que una de las razones de la INVISIBILIDAD DEL ÑOQUI es porque ellos tienen otros ingresos (OTRO TRABAJO), naturalmente este regalo del cielo es por los servicios prestados en base a votos entregados al oficialismo en el período de eleción, o ayuda en tiempos proselitistas. F) Existen compañeros trabajadores (CAPATACES) que presionan constantemente a los demás en sus tareas. Lo que estos VERDUGOS deben saber es que sirven de PRESERVATIVO al poder ejecutivo local, puesto que al no existir un escalonamiento salarial en relación a las funciones, perciben el mismo sueldo. Algunos de estos personajes carecen completamente de conducta MORAL para dar órdenes a sus súbditos, por razones que el pueblo conoce de sobra. G) El ROBO que se lleva a cabo desde que comenzó el programa, mediante el cobro en efectivo por cada contrato, es perfectamente comprobable. Puesto que si no se quiere reconocer que el fotocopiado se realiza completamente gratis, deben reconocer igual, que cuando se pasa de un número de 10 fotocopias, se realiza un notorio descuento; este ilícito es encarcelable, basta con la autorización de todos los obreros UNIDOS ANTE LA JUSTICIA. H) A pesar de que se descuenta por obra social, se carece de ella, lo que nos lleva a pensar, que puede ocurrir lo mismo que con las FOTOCOPIAS. I) ¡¡¡EL PIT NO ES PARA TODA LA VIDA!!! Compañeros trabajadores del PIT. La tarea primordial a realizar en estos momentos es: A través de una asamblea, formar un sindicato con personas honestas, que no bajen los brazos a la LUCHA y que exijan entre otras consignas estas reivindicaciones, con el apoyo generalizado de todos los laburantes (EFECTIVOS Y CONTRATADOS). La realidad nos muestra que en este período es en vano una lucha por aumento de salarios, luchemos a brazo partido por la EFECTIVIZACION, como único camino para subsistir. ¡¡LO QUE NO HAGAMOS POR NOSOTROS MISMOS, NADIE LO HARA!!

La situación política nacional ha comenzado a pegar un viraje a partir del desarrollo de algunas tendencias económicas y políticas que se fueron manifestando en las últimas semanas. La caída de la Bolsa es un síntoma importante del agotamiento del “plan” Cavallo porque refleja el inicio de un período de fuga de capitales, acicateado por la crisis financiera internacional. La guerra comercial de EE.UU. con Japón y con Europa fue el detonador que precipitó la caída de las Bolsas en todo el mundo así como el derrumbe de 1987 fue el resultado del enfrentamiento comercial entre Estados Unidos y Alemania. En los últimos cuatro años todas las Bolsas del mundo tuvieron sus cotizaciones infladas por la constante emisión de dólares de EE.UU., por lo cual no es de extrañar que la crisis actual tenga un origen norteamericano. Este enfrentamiento comercial llevó a la devaluación del dólar, lo que originó importantes quebrantos a los grupos económicos que se habían endeudado fuertemente para especular con dólares y bonos europeos. Para cubrir esos quebrantos tuvieron que vender acciones y titulos, provocando caídas en las Bolsas y aumentos en la tasa de interés. La tasa de interés internacional aumentó, no por la reactivación económica de EE.UU., como repiten a coro los diarios argentinos, sino porque se agotó el ciclo especulativo bursátil iniciado hace tres años. De este modo, han comenzado a retirarse los capitales especulativos que lubricaron durante estos tres años la “convertibilidad” de Cavallo. “El panorama internacional ahora sí le comienza a jugar en contra (a Cavallo)”, alerta catastróficamente “El Cronista” (1/3). Las consecuencias, según este diario, serán un aumento de la tasa de interés interna, mayor inflación de costos, recesión y mayor desocupación. Frente a esta perspectiva, “El Cronista” propone diagramar un esquema alternativo por si resulta impracticable “seguir en el marco de la actual política cambiaria”, o sea, devaluar. El angelocista López Murphy también pintó un panorama catastrófico: “se viene una crisis de ahorro mundial (sic) a la que más vale que la Argentina entre como acreedora que como deudora”. El problema es que Argentina solo puede entrar y ya entró como deudora, porque la deuda total trepa a los 100.000 millones de dólares, a pesar del Plan Brady y del remate del patrimonio público con las privatizaciones. A su vez, ni Japón ni Europa, y menos Alemania, consiguen salir de la recesión, lo cual abre las puertas a una nueva cadena de devaluaciones de las monedas europeas, en especial del marco alemán. La estrechisíma ligazón del “plan” Cavallo con los grandes fondos especulativos que se están yendo a pique, coloca a Argentina al borde de la cornisa. El cavallista y neustadiano Broda “se reservó las predicciones (catastróficas, PO) para el corto plazo en donde, efecto Puerta 12 mediante (cuando centenares murieron atropellados por querer salir de la cancha de Ríver con las puertas cerradas ) puede pasar cualquier cosa” (El Economista, 4/3). Este trasfondo de crisis económica constituye el telón de fondo (y hasta cierto punto explica) del estallido del escándalo-contrabandista de Macri, del escándalo-coimas Matilde Menéndez, y las divisiones que se han abierto en el gabinete (Di Tella vs. Cavallo) en torno a si seguir en el Mercosur o pasar a una integración colonial completa con EE.UU. en el Nafta. Los “trapos sucios” de Macri y del PAMI salieron a flote porque hay sectores de la burguesía y del propio PJ que los sacaron a relucir. Con los expedientes judiciales a la vista se han vuelto a desatar violentos choques interburgueses que, esta vez, se dan en un contexto internacional y nacional de crisis. Habrá que ver cómo esta crisis se va a traducir en las elecciones para la Asamblea Constituyente y, luego, en el desarrollo de ésta. Bajo el signo del santiagueñazo La crisis de “los de arriba” se da en un momento en que los trabajadores, sin salir aun en su conjunto del reflujo, han comenzado a movilizarse. El santiagueñazo marcó un nuevo cuadro politico para las masas porque impuso nuevos métodos de lucha que lograron arrancar el cien por cien de las reivindicaciones. Menem-Cavallo tuvieron que pagar los salarios, que tenían retrasos de 3 meses, en menos de 24 horas. La amplitud de la marcha Nº 100 de los jubilados es otra manifestación del comienzo de un empuje popular, que se combina con paros en hospitales, docentes, judiciales, etc. Esta situación le plantea a la clase explotadora la necesidad de operar un viraje: debe desmantelar cuidadosamente la convertibilidad; ampliar las bases políticas del régimen menemista para hacer frente a esta crisis del “plan” y al empuje de las masas. La división en la burocracia, con la formación del MTA, es una manifestación de este principio de viraje de un sector del menemismo hacia una coalición burguesa más amplia. Fuera Menem-Cavallo La crisis del “plan de convertibilidad”, que hoy debate públicamente toda la prensa nacional e internacional, plantea una crisis del conjunto del régimen, pues es claro que la “estabilidad” del menemismo se confunde con la sobrevivencia del “plan” Cavallo. Explicar esto a los trabajadores equivale a orientarlos a una lucha por terminar con Menem-Cavallo. Esta consigna vuelve a la superficie cuando muchos ya la daban por descartada. Esta potencial crisis del régimen político explica las “aprensiones” que suscita en la burguesía el desarrollo de la Asamblea Constituyente. Cavallo ya ha señalado sin ambages que la figura del “ministro coordinador”, que han complotado Menem y Alfonsín, puede ser el detonante de su salida del gabinete. Por este motivo, no se debe descartar la posibilidad de que la burguesía decida hacer naufragar el “pacto”, lo que desataría la batahola entre los partidos patronales. Incluso la Iglesia se ha animado a cuestionar el acuerdo que, sin embargo, ha firmado su “jefe” actual, Menem. Aunque lo haga para disimular su presión para introducir una reforma clerical de la Constitución, no deja de señalar una fragilidad del “pacto podrido”. Una campaña por el paro general Las incipientes pero crecientes —y por sobre todo combativas— movilizaciones populares, plantean la lucha por la huelga general. La “reforma laboral” se ha “estancado” en el Congreso para frenar la posibilidad de un paro general, a la espera de los resultados de las elecciones del 10 de abril. Sin embargo, esta “reforma laboral”, que liquida la jornada de ocho horas, las vacaciones y el descanso dominical (y que puede incluir hasta la rebaja de los salarios), no sólo será tratada por el Congreso sino que hasta puede llegar a ser introducida en la Constitución. La lucha contra esta posibilidad y por el retiro del proyecto de ley en el Congreso, plantea la cuestión del paro general, como acaba de ocurrir recientemente en España. Es indudable que el completo pasaje de la burocracía sindical hacia el campo de la burguesía, y no nos referimos sólo a la burocracia de la CGT, obliga a formular esta consigna en términos de una campaña política sistemática, que dé lugar a pronunciamientos y a deliberaciones de las más diversas organizaciones de trabajadores, y a manifestaciones de acción práctica. Es necesario concentrar la atención de los trabajadores en un punto concreto de carácter general. Congresos de delegados y Asambleas Populares Cualquiera sea la política de la burocracia, y hay que dar por descontado que se empeñará a fondo en salvar su integración completa en los negociados menemistas; cualquiera sea esa política, la crisis del “plan” Cavallo y el obligado intento de la burguesía de imponer la “reforma laboral”, lleva al movimiento obrero a un curso de colisión con las patronales y con el Estado. Los sindicatos, al menos muchos de ellos, no podrán salir inmunes de esta situación. Exigirles un plan de lucha; exigirles la convocatoria de los delegados con mandatos de fábrica; y orientar a los delegados a superar los límites políticos y organizativos de la burocracia; hacer esto es fundamental en la situación que comienza a configurarse. Paralelamente a lo anterior, está en marcha una creciente rebelión popular en el interior del país, que habrá de asumir formas explosivas y que involucrará también a los pequeños productores. En la campaña por el paro general, hay que impulsar la reunión de Asambleas Populares para ayudar al pueblo a adoptar un programa y estrategia común. El Partido Obrero llama al Frente de Izquierda que se acaba de formar a impulsar esta campaña por congresos de bases, asambleas populares y el paro general.

Duhalde relevó al secretario de seguridad de la provincia, y nombró en su lugar al ex juez Piotti, y también propuso que la investigación de las desapariciones y muertes en las que está involucrada la policía tenga la “colaboración” de una comisión integrada por el Poder Ejecutivo y los partidos políticos con representación parlamentaria. Las decisiones fueron tomadas horas después de conocerse un informe del Departamento de Estado norteamericano en el que se detallan desapariciones en la provincia imputadas a la policía. Pero ellas son una huida hacia adelante ante un verdadero tembladeral político. Nunca, como en los últimos meses, ha sido tan claro que en la provincia de Buenos Aires rige una impunidad plena para los “escuadrones de la muerte” responsables de más de treinta ejecuciones, cuya investigación es sistemáticamente bloqueada por todos los poderes de la “democracia”. Wálter Galeano, un joven de 17 años, apareció muerto a balazos en las proximidades de Guernica a principios de enero, luego que numerosos testigos lo vieron salir esposado de su casa rodeado de media docena de policías. Eduardo Cicuttin y Eduardo Corbo fueron asesinados en Wilde, se presume en circunstancias similares. La policía dejó fugar a once efectivos acusados de la muerte del obrero platense Andrés Núñez, desacatando una orden judicial. Acaba de comprobarse que los anónimos atribuidos a Miguel Bru y dirigidos a su familia, eran en ralidad apócrifos y fueron confeccionados en la Brigada de Investigaciones de La Plata (dos meses atrás el juez Vara pretendió cerrar la investigación por “falta de pruebas”). La movilización ha jugado un papel de primer orden en el “deschave” del estado parapolicial. Fueron las “marchas del silencio” por Miguel Bru en La Plata o por el niño Vidal en Mercedes lo que impidió que los jueces cerraran estos casos. Pacto con la UCR La monstruosa impunidad del aparato represivo y el encubrimiento de crímenes y desapariciones por el gobierno y los jueces, goza de la cobertura de la UCR, que por boca de su expositor oficial declaró en la misma sesión que aprobó la necesidad de reforma de la Constitución que “nadie honradamente puede decir que no existen garantías jurídicas (bajo este gobierno)” (Balbino Zubiri, Clarín, 12/12/93). Frente a la seguidilla de ejecuciones, la UCR se ha limitado a pedir el relevo del Jefe de policía. Duhalde ha reconocido lo ya imposible de ocultar: la responsabilidad del personal policial en el asesinato del joven Galeano y en la fuga de los efectivos acusados de la muerte del obrero Núñez. Pero el relevo de Petiggiani y la formación de la comisión de “control” del Ejecutivo y los partidos políticos es una operación cosmética que deja intactos a los cuerpos represivos y sus cómplices. Duhalde ha advertido que la Comisión no tendrá poderes que “sustituyan la tarea de los jueces” y que se limitará a “recopilar información” (La Nación, 3/2/94). Simultáneamente, según una información publicada en el diario “El Día” (La Plata), existiría una “resolución interna y reservada de la policía provincial, prometiendo ascensos a los efectivos que participen de enfrentamientos armados”. Esta orden estaría indicando, según el diario, la “preocupación” del gobierno de Duhalde por la “desvirtuación” del “sano propósito (que tiene) incentivar a los efectivos (para que) se jueguen en situaciones difíciles” (30/1). Con esta orden queda cerrado el círculo de la impunidad.

30 de enero de 1994 Estimados compañeros: A finales de 1993 “Prensa Obrera” ha publicado una serie de “cartas de lectores” de feministas debatiendo al PO sobre el Encuentro de Tucumán. La reproducción de estos movimientos en Argentina tienen, ¡vaya casualidad!, mucha semejanza con los movimientos existentes aquí en EE.UU., donde los partidos de la izquierda no han tenido mayor influencia en los últimos 60 años. Así, existen organizaciones tradicionales agrupando a negros: MACCP; chicanos: MALDEFF y MARA; indios: AIM; homosexuales y lesbianas: ACT-UP y otros; AFL-CIO agrupando al 15% del total de trabajadores y NOW, la organización nacional de las mujeres, entre otras. La política divisionista y contrarrevolucionaria de estas organizaciones hace posible que los burgueses se maten de risa camino al banco, como dicen por estos lares. Así, los negros culpan a los blancos e inmigrantes, en general, de robarles sus trabajos. Los chicanos culpan a los blancos, negros y otros inmigrantes, en general, de discriminación hacia ellos. Por su parte, los indios culpan a los blancos, en general, por su situación y quieren volver el reloj 500 años para atrás. Los homosexuales y lesbianas acusan a los heterosexuales de homofobia mientras se mandan una manifestación de casi un millón de personas para exigir que se les permita ingresar a las fuerzas armadas imperialistas, supongo que para poder participar en las matanzas a través del planeta. Acá viene al caso la posición del PO de apoyo al servicio militar obligatorio, una posición que pretende deslindar al partido de la responsabilidad de preparar los cuadros y destacamentos para las tareas armadas de la revolución. ¿Desde cuándo la burguesía ha preparado a los soldados para la lucha revolucionaria? ¡Como si faltaran ejemplos de ejércitos de conscriptos llevando a cabo masacres contra el pueblo en América Latina! En cuanto a la AFL-CIO, no sólo no se ocupa de organizar a los no sindicalizados, mucho menos de lanzar huelgas, sino que mantiene sus filas divididas por raza, sexo, etc. En cuanto a NOW, lesbianas, neomalthusianos, abortistas y afines, el enemigo principal es el hombre. Lo que tienen en común estas organizaciones es que todas adoptan la ideología y verborragia anticomunista del sistema. NOW se ha destacado en los últimos años por su campaña en defensa del aborto. Con respecto a la cuestión, todo revolucionario debería leer el artículo sobre “La clase obrera y el neomalthusianismo”, escrito el 6 de junio de 1913 y publicado en el Nº 137 de Pravda; se puede encontrar también en el libro sobre “La emancipación de la mujer”, editorial Progreso, Moscú, 1978. Uno de los “triunfos” de las feministas, lesbianas y neomalthusianos ha sido lograr que la Corte Suprema le aplique la ley RICO a “Operación Rescate”, una organización de derecha con enfoque religioso que lleva a cabo manifestaciones y ataques en contra de clínicas y médicos involucrados en el negocio del aborto. La ley RICO era una ley que sacó el gobierno para combatir a la mafia después de la Segunda Guerra Mundial; supuestamente castiga la asociación ilícita con fines de lucro. Ahora bien, con la nueva interpretación de la Corte Suprema, esta ley podría aplicarse a obreros en huelga y a sus sindicatos, ya que la misma ataca la libertad de piquetes o de ocupar una fábrica, mientras al mismo tiempo responsabiliza a la organización por acciones individuales, abriendo el camino para su destrucción gracias a los abortistas. Este es sólo un ejemplo, muchas de estas organizaciones “progresistas” hoy se suman a la campaña del sistema de tratar de sacar las armas de las manos de los civiles, en nombre de la campaña contra el crimen y la violencia. Claro que ninguna de ellas llama a desarmar a las fuerzas armadas imperialistas responsables de millones de muertes a través del planeta. Muchos de los dirigentes de estas organizaciones, como la expresidenta de NOW, Eleanor Smeal, son antiguos “amigos de la Unión Soviética”, como los llamaba el stalinismo y a los que León Trotsky caracterizó tan correctamente que, “cuanto más de estos amigos la revolución hace en Occidente, tanto más se aleja de sus objetivos socialistas”. Por supuesto que hoy todos reniegan de su pasado, lo que trae a colación esa “perlita” de cartas de la Coledesky y la Schejter, que suenan como dos auténticas criollas de la villa, o quizás más acertadamente como auténticas representantes del Encuentro de Tucumán = Negación de la absoluta necesidad del partido revolucionario y negación del rol primordial de la clase obrera en la destrucción del sistema de explotación y opresión. Como correctamente acotara Marx: “La pequeña burguesía es la escoria de la sociedad”. Por último, lo que me intriga es: ¿Cuál puede ser el beneficio de otorgarle tanto espacio a estos elementos en la prensa revolucionaria?; lo que obviamente sólo puede responderse con otra pregunta: ¿Es ésta la prensa revolucionaria? California, USA

El martes 8, mil quinientos trabajadores del cordón de San Lorenzo ganaron la calle a partir de una convocatoria de la CGT local. La movilización había sido resuelta en un plenario de delegados regional, donde se dabatió la situación del movimiento obrero del cordón: en los últimos dos años, cayeron en la zona 20.000 puestos de trabajo, como resultado de despidos masivos y vaciamientos de empresas. Ante esta situación, el gobierno de Reutemann promovió la rebaja de impuestos a las grandes patronales y prometió “programas de ayuda social” y subsidios temporarios para los desocupados. Estas medidas contaron con el apoyo de los intendentes de la zona y de la propia burocracia sindical, que postergó cualquier iniciativa de lucha. Pero las patronales beneficiadas con el “pacto fiscal” no han cesado de despedir y los “subsidios” jamás llegaron. La situación se ha agravado, empujando a los trabajadores del cordón a la lucha. En la marcha de ayer, se destacaron las delegaciones docentes, de los hospitales y de otras regiones de la provincia. El panorama es convulsivo para todos los explotados santafesinos: sobre los estatales y docentes, pende la amenaza de racionalizaciones y cesantías masivas. En el norte rural, se han levantado poblaciones enteras. En Villa Constitución, la patronal de Acindar “inauguró” el año anunciando nuevas reducciones de personal para 1994. En los próximos días, la CGT de San Lorenzo volverá a realizar un plenario de delegados para realizar un balance de la marcha del 8 y discutir el rumbo a seguir. Este plenario tiene la posibilidad de convocar a todos los trabajadores de la provincia a articular una respuesta de conjunto. Impulsemos la convocatoria a un Congreso de delegados y comisiones internas de toda la provincia, a partir de un programa de reivindicaciones obreras: salario mínimo de 600 pesos, y subsidio equivalente para los trabajadores desocupados. Reactivación de todas las fábricas cerradas bajo control de los trabajadores. Reimplantación de impuestos directos y aportes a las grandes patronales. Este Congreso podría establecer una respuesta de conjunto: un plan de lucha de todos los trabajadores de la provincia.

El Frente Grande no pudo en el Noroeste, como ocurrió en Neuquén, estructurar alrededor de alguna “figura influyente” su lista constitucional. Los intentos con Mercedes Sosa no prosperaron en Tucumán, mientras que en el Santiagueñazo, el voto en favor de la intervención federal les quemó los papeles antes de haber pensado un libreto. Con este panorama, en Catamarca, las fuerzas del Frente Grande (como Democracia Avanzada, el PI, MODEPA) han decidido seguir con el Frente Cívico, del gobernador Castillo, que acaba de lanzar un paquetazo (ver nota en página 4) contra los trabajadores de la provincia. En Tucumán, el Frente Grande se expresa a través de una alianza entre el PC y el PI, que lleva como primer candidato a Jacobo Lacks, titular del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, directivo del Credicoop, instituciones que están impulsando la formación de una AFJP (una Administradora de jubilación privada) junto con las burocracias de algunos gremios, como CTERA y ATE. O sea que el Frente Grande lleva a un banquero de la “jubilación privada”, al mismo tiempo que reclama el apoyo y el voto de los jubilados y de los trabajadores estatales, que se están movilizando precisamente contra la “jubilación privada” y contra la transferencia del sistema jubilatorio provincial. En Santiago del Estero, el Frente Grande adoptó la denominación de Memoria y Participación y lleva a la cabeza al cura Hisse y a otros clérigos prestigiosos, que participaron en las movilizaciones de los trabajadores. Lo grandioso es que este frente llama a votar en blanco. Esta postura encuentra su explicación en el hecho de que la jerarquía clerical de Santiago ofició en favor de una alternativa radical-justicialista e incluso trascienderon negociaciones para que el propio Hisse integrara la lista de la UCR. Todas estas negociaciones fracasaron y ello explicaría el llamado a votar en blanco. El Frente Grande de Santiago del Estero declara que él “no es alternativa”, de modo que la única función que cumple es confundir y obstruir de que efectivamente pueda construirse una alternativa revolucionaria en la provincia.

Considero que si el juicio contra Lorena no hubiera generado el nivel de protestas y denuncias, tanto en USA como a nivel internacional (hasta en su pueblito de origen, en Ecuador, hombres y mujeres reclamaron por su absolución y marcharon en su apoyo), el fallo hubiera terminado, como en tantos otros casos, con una condena de años de cárcel. La justicia norteamericana ha tenido que apelar a la figura de “insanía momentáneas” para justificar su fallo y encuadrarlo dentro de sus leyes. En este terreno se encuentran las múltiples opiniones que han aparecido. La Organización Nacional para las Mujeres (NOW) se declaró “satisfecha porque el jurado haya rechazado los argumentos de que una mujer vejada deba ir a la cárcel”. “Desde el primer día siempre estuvimos convencidas de que Lorena Bobbitt tenía un buen motivo para el irracional acto que cometió” (Página 12, 22/1/94). M. C. Vila, psicóloga, docente de posgrado de Violencia Familiar de la UBA, especialista en mujeres golpeadas... “El hecho de que la Justicia reconozca que una mujer no tenía otra escapatoria que castrar...” (!), Página 12, 22/1/94. El “establishment” burgués ha legalizado la castración en estado de insanía y, claro, previamente absolvió al Sr. Bobbitt por abusar psíquica y físicamente de la Sra. Bobbitt. Insisto, este fallo se dio para acallar las profundas movilizaciones realizadas contra la agresión hacia la mujer y lejos de resolver esta situación cotidiana que padecen infinidad de mujeres en todo el mundo, hemos sido condenadas, verdaderamente condenadas a no denunciar la agresión dentro del matrimonio (porque el hombre será absuelto), a tener que esperar a que se resuelva el juicio de divorcio (que Lorena había iniciado) o tener que entrar en el terreno de la agresión física para liberarnos, por supuesto que presentando un cuadro de “insanía momentánea”. El reclamo, desde el punto de vista femenino, es claro: respeto mutuo psíquico y físico, dentro y fuera del matrimonio. Separación del seno del hogar al marido o compañero abusador. Divorcio inmediato a pedido de una de las partes. Vivienda para la mujer agredida y sus hijos. Subsidio estatal hasta que consiga trabajo.

Como consecuencia de la firma del Pacto Fiscal, el gobierno de Castillo se comprometió a sancionar una ley “ómnibus” que prevé dejar a 1.200 trabajadores en la calle, como consecuencia de la “privatización” de la DECA (energía) y Obras Sanitarias. En el resto de la administración se fuerza a centenares de trabajadores a acogerse al retiro voluntario. Se calcula que, por esa vía, de aquí a un año se deberán ir unos 6.000 empleados. Por otro lado, se recortarán los llamados aportes extraordinarios a los municipios, que se verán obligados a prescindir de los contratados y de muchos efectivos. El paquete incluye también la transferencia del sistema previsional a la órbita de la Nación, con lo cual se perderá el 82% móvil y se le elevará en 10 años la edad jubilatoria. Castillo ha justificado la firma del acuerdo planteado como una salida ante el ahogo financiero, sin embargo no puso reparo para aceptar la transferencia educativa, el recorte de la coparticipación en un 15% y en resignar el cobro de gran parte de la cartera morosa del Banco provincial (más de 90 millones de pesos). Como consecuencia de todo esto, los trabajadores de Obras Sanitarias están cumpliendo paros, exigiendo el pago salarial en término; los trabajadores de Vialidad se han declarado en estado de movilización; en varias reparticiones se están impulsando petitorios y organizando asambleas; los centros de jubilados organizaron una manifestación el 1º de marzo frente a la legislatura; y quizás, lo más importante por el peso político y gremial, ha sido el Congreso Extraordinario de ATECA (Docentes) que se reunió el 25 de febrero, donde se decidió iniciar un quite de colaboración, un paro con asamblea con los padres para el 7 de marzo, un nuevo paro el 14 de marzo, un nuevo congreso para profundizar el plan de lucha y una convocatoria a sindicatos, internas y agrupaciones para organizar un movimiento de lucha coordinado contra los planes del gobierno. Es en función de la perspectiva de colocar a los trabajadores como alternativa política que el FIS-PO y el activismo de vanguardia se preparan para intervenir en la lucha que se ha iniciado.

“La Gaceta” (7/12/93) informó que “una Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones que se orientaría a incluir a bancos cooperativos, empresas aseguradoras, mutuales y entidades gremiales, (era) motorizada por el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos”. Además, que “los bancos Credicoop, Local, Institucional Cooperativo, Sudecor y de la Ribera, que forman parte del Instituto, ya dieron su conformidad para integrar el fondo ...”. Un sector de la burocracia se sumaría a la “jubilación privada” y “los contactos más avanzados son los que se hicieron con la CTERA y ATE” Quien informó estas novedades fue Jacobo Laks, titular del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, quien a su vez encabeza la lista de convencionales Constituyentes del FRENTE GRANDE de Tucumán. ¡El candidato central del Frente Grande no sólo es partidario de la “jubilación privada”, sino uno de sus impulsores y beneficiarios! La Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados de la República Argentina tomó una resolución muy importante: llama al conjunto de los trabajadores a no afiliarse a la jubilación privada porque consagraría “la destrucción del sistema previsional argentino”, objetivo de la nueva ley. El Frente Grande, en cambio, lleva a un promotor de la “jubilación privada” como primera figura, lo que significa la oposición al 82% y a los 450 pesos de mínimo. En la perspectiva de lucha contra la estafa jubilatoria, hay que dar la espalda a los estafadores políticos que, como el Frente Grande, viven proclamando su “oposición” a la política neoliberal, pero en la práctica, sostienen al actual régimen explotador, como lo demuestra la candidatura de Jacobo Laks para la Constituyente.

Algunas organizaciones políticas de izquierda están llamando a votar en blanco. Hay en este llamado dos cuestio­nes: una menor y otra mayor. La menor es que la mayor parte, si no todas, las organizaciones que impulsan el voto en blanco lo hacen porque temen perder la personería electoral ante la certeza de que no obtendrían el 2% en las próximas elecciones Aunque se quiera disimular esta cuestión menor como un asunto de conveniencias prácticas, su carácter real es indudablemente político, ya que pone de manifiesto la incapacidad de estas organizaciones de organizar o sumarse a un frente de izquierda que dé una salida positiva y luchadora a su atomización política Estas organizaciones han preferido disimular esta impotencia, sin embargo, y otorgarle un carácter virtuoso al voto en blanco Esgrimen para esto que la Cons­tituyente es "fraudulenta”, que está “condicionada” por el pacto Menem- Alfonsín; que está obligada a votar un paquete cerrado; u otras críticas del mis­mo orden Pero semejantes pretextos no hacen sino confirmar que estamos ante un caso claro de impotencia política y de incapacidad para la acción, que se disi­mula con una línea de derrotismo. Preguntamos: ¿Qué aspecto o cuestión de la democracia burguesa no es fraudulenta? ¿Qué Institución política del Estado no está condicio­nada por los capitalistas, el imperia­lismo, la burocracia clerical o la mili­tar? ¿Qué planteamiento de los parti­dos burgueses no es un paquete ce­rrado de reivindicaciones capitalis­tas, limitado solamente por las diver­gencias entre los propios capitalis­tas? Sin darse cuenta, quizás, al criticar a la Constituyente de este modo, los votoblanquistas hacen el elogio ilimitado del conjunto de la democracia capitalista y hacen aparecer a la Constituyente como una "anomalía" dentro de esa democracia o como un "des vio "con respecto a un patrón democrático universal. Pero después de todo, quien ha condicionado a la Constituyente es el Congreso, a cuya constitución han contribuido todos los votoblanquistas al participar de las elecciones respectivas y en el cien por ciento de los casos votando a los Menem, a los Chacho Álvarez o a los Alsogaray, impulsores o cómplices de esta Constituyente reaccionaria. La Constituyente reaccionaria es una variante del parlamentarismo burgués, que tiene la misión concreta de reforzar al régimen hambreador mediante el ple­biscito del pacto y, también, introducien­do en la Constitución el sistema de go­bierno por decreto; la liquidación de las conquistas sociales y laborales; y todo el arsenal antidemocrático de carácter clerical. Si el pueblo trabajador no ha mani­festado aún su disposición para impedir semejantes designios mediante la lucha revolucionaria, es necesario valerse de las tribunas electorales y parlamenta­rias para denunciar la política del capi­talismo y contraponer a ella las reivindi­caciones y la política de la clase obrera. Mediante este trabajo de agitación se pavimentará el camino de la organización y la acción anticapitalista. Los votoblanquistas se abstienen, no de la Constituyente, sino de la lucha que nos plantea la reunión de esta Constituyente, es decir de la lucha contra la “reforma laboral", contra la ‘ju­bilación privada", contra la "educa­ción clerical", contra el entreguismo y contra el reforzamiento político y repre­sivo del Estado. Se trata de una línea de derrota, disimulada, como es habitual, por la verborragia, y es una manifestación de completa impotencia frente a la ofensiva anti-popular y a las exigencias que plan­tea el conjunto de la situación política.

El viernes 25 de febrero se realizó un plenario convocado por la “ASAMBLEA de TRABAJADORES”, un organismo que nuclea a sindicatos de las más variadas tendencias (MTA, CTA, UCR, independientes). A pesar de la falta de publicidad del evento, participaron de él cerca de 300 trabajadores. El plenario se desenvolvió en un clima democrático y combativo. El secretario de ATE reivindicó el santiagueñazo y planteó, aunque sin definir el contenido, que los trabajadores debían elaborar una política alternativa a las políticas oficiales. Las comisiones trataron cuestiones vitales: flexibilización laboral, salud, educación, previsional, situación nacional, rol de dirigentes y las bases. Numerosas intervenciones de trabajadores denunciaron la situación de superexplotación y miseria que se vive en la provincia, hubo planteos muy combativos sobre la necesidad de ganar las calles y seguir el ejemplo del santiagueñazo. Estas intervenciones contrastaron con otras de los dirigentes, que como en el caso del secretario de ATEP, no se cansó de decir que si bien hay que luchar, había que cuidar por sobre todo al sistema “democrático”, es decir el régimen actual. Otro debate giró acerca de si había que ganar las calles, como sostuvo un dirigente de los jubilados o concientizar y agrupar fuerzas, dos cuestiones que deben ir unidas: deliberación y acción directa. Por reclamo de varios compañeros se organizó el 2 de marzo una concentración en plaza Independencia en apoyo a los jubilados, que reunió a 700 trabajadores. Para los activistas que han tomado a la Asamblea de Trabajadores como un canal de coordinación, la cuestión es defender su carácter de asamblea deliberativa y ejecutiva a la vez, llevando este mecanismo a las bases (a los lugares de trabajo, a los barrios, y a las demás capas oprimidas) porque sólo así se podrá transformar en un canal efectivo de reagrupamiento combativo y elaborar una plataforma política de los trabajadores, y por esa vía, que los explotados puedan efectivamente plantearse ser alternativa de poder al gobierno y al sistema explotador.

La Municipalidad de Buenos Aires se apresta a entregar los cementerios porteños y el crematorio de Chacarita a la Curia. La entrega se realizará bajo la cobertura de una “privatización” ... cuyo ganador está designado de antemano, pues el pliego licitatorio limita la convocatoria a “asociaciones civiles de carácter religioso y católico”, con una antigüedad en el país de más de treinta años y, claro, con importantes “vinculaciones internacionales”. El diputado Alfredo Bravo, en una carta dirigida a “La Nación” (13/2), ha denunciado “... que es no un llamado a concurso sino una concesión directa a Cáritas”. Como toda “privatización”, la de los cementerios porteños será una fuente inagotable de negociados y estafas (basta mencionar que la concesión permitirá a sus beneficiarios, la Curia, imponer a los “usuarios” una especie de “peaje” para el “mantenimiento” de los cementerios). Pero como ninguna otra, la “privatización” de los cementerios implica un ataque a fondo a la laicidad, es decir, a la democracia. La monopolización de los cementerios por la Iglesia significa una violación a la libertad de conciencia, pues crea un condicionamiento o discriminación confesional. En el pasado —recuerda Alfredo Bravo en su carta-denuncia, citando a Ricardo Rojas— “Bajo la jurisdicción eclesiástica se había perpetrado en los cementerios toda suerte de atropellos y arbitrariedades. Por citar apenas un caso, en 1863, bajo el gobierno de Mitre, la Iglesia había negado sepultura al cuerpo de Blas Agüero, que se había resistido a la confesión que pretendía imponerle un cura de parroquia”. El monopolio clerical liquida el derecho de todo ciudadano a darle a sus huesos el destino que desee. La “doctrina” de la iglesia repudia la cremación de los cuerpos, la inauguración del crematorio de la Chacarita, en 1903, recuerda Bravo, despertó “las encendidas protestas de la comunidad eclesiástica” (ídem). La creación del Registro Civil —y la consiguiente secularización de las inscripciones de los nacimientos, matrimonios y defunciones, junto con la educación estatal— constituyó un golpe al monopolio oscurantista clerical. Un síntoma político En vísperas de la reforma constitucional, la entrega de los cementerios a la Curia constituye un síntoma político de la mayor importancia, pues remite a la rumoreada posibilidad de la existencia de “cláusulas secretas” en el “pacto de Olivos” para otorgar rango constitucional a la prohibición del aborto y garantizar, bajo el eufemismo de la “libertad de enseñanza”, las prebendas de la Iglesia en el terreno educativo y aun la posibilidad de la inclusión de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas. Pero la “privatización” de los cementerios dice mucho acerca del carácter de la “oposición” centroizquierdista. La entrega ha sido cubierta por un espeso manto de silencio por el Frente Grande y aún por la Unidad Socialista —con la excepción del diputado Alfredo Bravo— cuyas numerosas bancadas de concejales no han movido un dedo hasta ahora. Este hecho alcanza para tildar de clerical a la “oposición” al “acuerdo de Olivos” . Para el Frente Grande, el silencio frente a la entrega de los cementerios a la Curia es, apenas, una cuenta más de un largo “rosario” pro-clerical. El FG lleva como uno de sus candidatos “estrella” al obispo De Nevares —un “progresista” opuesto al derecho al divorcio y al derecho al aborto. Las otras dos “estrellas” del FG —Chacho Alvarez y Mary Sánchez— han jugado un papel relevante en la aprobación de la ley de educación que, según el Consudec —Consejo Superior de Educación Católica— “liquida al laicismo”. El proyecto de reforma constitucional del Frente Grande no plantea la separación de la Iglesia del Estado —sin la cual, la “libertad de conciencia” no pasa de ser pura retórica— y hasta mete por la ventana uno de los reclamos más preciados de la jerarquía religiosa: la prohibición del derecho al aborto. Efectivamente, el proyecto de reforma del FG plantea otorgar rango constitucional al “Pacto de derechos y garantías de San José de Costa Rica”, que establece “la protección de la vida desde la concepción”, exactamente la misma fórmula que esgrime la Curia para atacar la legalización del derecho al aborto.

En Salta, una marcha de cerca de dos mil compañeros protestó la semana pasada contra la transferencia de la Caja de Jubilaciones de la Provincia a la Nación. Se trata de una lucha contra la privatización de las jubilaciones. Aunque es presentada como la principal fuente del déficit mensual de la provincia, la caja es acreedora de los organismos provinciales por varios centenares de millones de dólares, que fueron descontados a los trabajadores activos y nunca llegaron a sus arcas. No se pretende transferir, sin embargo, la Caja de los servicios de seguridad, que es justamente la que concentra 2/3 del déficit operativo al que alude el gobierno. Luego de la marcha se reunió una coordinadora de gremios estatales y también la burocracia de la CGT, que anunciaron un Paro General aunque sin fecha y sin objetivos precisos. Paralelamente, una asamblea de 200 docentes (la más numerosa en mucho tiempo) ha votado el no inicio de las clases, lo que implica por lo menos una semana de paro hasta la próxima asamblea. Las reuniones por escuela en esta semana hacen prever un acatamiento masivo. Exigir que se le ponga fecha al Paro General, que sea preparado con una asamblea popular provincial de sindicatos y trabajadores, es el trabajo del activismo hoy. 4/3

En octubre de 1917 tuvieron lugar en Rusia las elecciones para una Asamblea Constituyente, que dieron una holgada mayoría al partido social-revolucionario —hostil a la revolución que se produciría pocos días después, y hostil, por lo tanto, al pasaje del poder político del gobierno burgués pro-imperialista a los soviets de obreros y campesinos. A pesar de la colisión que quedaba planteada entre el flamante gobierno obrero-campesino y la Asamblea Constituyente, los soviets cumplieron la palabra empeñada de permitir y garantizar la reunión de la Asamblea, lo que se produjo a principios de 1918. El gobierno revolucionario propuso entonces a la Asamblea que se convocara a nuevas elecciones, que pudieran reflejar la nueva realidad del país y de los partidos, y también que la Asamblea reconociera “sin reservas al nuevo poder soviético”. Lenin envió a la Asamblea Constituyente un proyecto de Declaración de Derechos del Pueblo Trabajador y Explotado, con el evidente objetivo de dar por históricamente superada la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que inmortalizó a la Revolución Francesa de 1789-93. La Asamblea Constituyente se negó a discutir siquiera la Declaración y tampoco aceptó las condiciones del gobierno revolucionario. Este decidió, entonces, “resolver la crisis planteada por la vía revolucionaria”. La Declaración de Derechos... ignorada por la Asamblea Constituyente fue aprobada inmediatamente después por el Congreso de los Soviets y recogida por la primera Constitución de Rusia, de 1918 —ratificada y ampliada en la Constitución de 1925, que declara la adhesión de Rusia a la recién creada Unión Soviética. La Declaración de Derechos... proclama la supremacía política del proletariado sobre la burguesía y los explotadores, y por eso constituye la base judicial formal de la dictadura del proletariado. Consecuentemente, la Declaración de Derechos... y luego la Constitución rusa, no se limitan a enunciar derechos en abstracto, que luego son pisoteados por la realidad cotidiana en lo que atañe a los trabajadores, sino que asegura compulsivamente la realización de esos derechos. Las libertades de prensa, de asociación, de reunión, de manifestación dejan de ser los privilegios de una minoría para transformarse en la forma garantizada de la acción colectiva de las masas. El constitucionalista argentino, Segundo V. Linares Quintana, dice en su estudio sobre el Derecho Constitucional Soviético (editorial Claridad) lo siguiente: “Dispone la Constitución de 1918 que los Soviets de delegados estarán constituidos: a) en las ciudades, a razón de un delegado por cada 1.000 habitantes...; b) en los campos... a razón de un delegado por 100 habitantes... El mandato de los delegados durará tres meses... Los miembros de los Soviets de delegados están obligados a rendir periódicamente a sus electores cuenta de sus gestiones”. El mismo autor señala que “La Declaración de Derechos del Pueblo Trabajador y Explotado y la Constitución de 1918 estructuran en Rusia la dictadura del proletariado”. Linares Quintana señala también que “Debe hacerse notar que dicho instrumento (se refiere a la Declaración de Derechos...), como expresión de la teoría política soviética, fue superado al poco tiempo y la mayoría de sus principios esenciales no aparecen consagrados en la Constitución (staliniana, PO) de 1936”. Agrega candorosamente el constitucionalista que “su importancia actual es, por consiguiente, de orden histórico”. En la “Revolución Traicionada”, León Trotsky caracterizó a la Constitución staliniana de 1936, que sustituía a la Declaración de Derechos..., como la “abolición jurídica de la dictadura del proletariado” en la URSS.

Los trabajadores del Hospital Posadas lograron un gran triunfo. Después de mantener durante diez días un paro por tiempo indeterminado lograron sus reclamos elementales. El conjunto de los trabajadores (personal efectivo, contratado, subsidiados y médicos residentes) cobraron sus deudas salariales y se logró un compromiso del nuevo interventor (quien asumió durante el paro) sobre el pasaje definitivo del Posadas a la Nación. Una lucha con historia Hace casi dos años, el interventor Babusi llegaba por un mes para “investigar irregularidades” del anterior director Fraschina y concretar la provincialización. La política menemista, a través de la intervención era clara. Vía provincialización, privatizaciones periféricas y cierres de servicios se pretendía acelerar el proceso de vaciamiento y destrucción del hospital, preparando el pasaje de sus sectores más rentables a manos de los pulpos privados de la salud. La provincialización, que aparecía como un hecho consumado, encontró un sólido escollo. Los trabajadores, a través de decenas de paros y movilizaciones, dieron batalla permanente. Pasados casi dos años de intervención, las “investigaciones” fueron sepultadas; la provincialización no pudo concretarse; los intentos de efectuar privatizaciones (alimentación, cardiología) o cierre de servicios (guardería) fracasaron; se abrieron nuevas camas, llegando a 400 en este momento. Mas allá de las “diferencias” entre la Nación y la Provincia por el “abultado” presupuesto, la lucha desarrollada por los trabajadores fue el factor determinante en el fracaso de la transferencia y de la gestión Babusi. La nueva intervención Passaro ha tomado nota de este hecho fundamental. Aparece a la defensiva y tirando lastre frente a la movilización de los compañeros. El camino de la lucha, las asambleas conjuntas resolutivas, las movilizaciones, el paro por tiempo indeterminado, se han revelado como las herramientas apropiadas para enfrentar y derrotar la política del gobierno y la intervención, y en defensa de los reclamos y el hospital público. Esta es la conclusión fundamental que se debe extraer de todo este proceso. La política menemista, ahora a través de la intervención Passaro, sigue siendo estratégicamente la misma. Detrás de la “voluntad de trabajo” que dicen tener, esconden el puñal. La destrucción del hospital público ahora se llama “autogestión hospitalaria”, es decir, el no financiamiento. Provincialización, autogestión, son el mismo perro con distinto collar. Así también lo entienden las direcciones de ATE y Asociación de Profesionales del Posadas, que a través de pasacalles han colocado la consigna NO a la Autogestión, SI al hospital público. La lucha del Posadas es un ejemplo a seguir. Ha dado por tierra con todos aquellos que dicen que los trabajadores no pueden hacer nada para enfrentar la política de Menem-Cavallo. Así como fracasó la gestión Babusi, están dadas las condiciones para que fracase la gestión Passaro. El camino a seguir es el mismo. Morón (28/2/94)

Art. 1º— La presente Constitución de la República Socialista Federativa de los Soviets de Rusia se basa en los principios fundamentales contenidos en la Declaración de los Derechos del Pueblo obrero y explotado, aprobada por el III Congreso Panruso de los Soviets y en la Declaración de los Derechos de los Pueblos de Rusia, proclamada el día 2 de noviembre de 1917, se basa estrictamente en los principios fundamentales de la Constitución de la República Socialista Federativa de los Soviets de Rusia, promulgada por el Vº Congreso Panruso de los Soviets, manifestando como su directo objetivo la garantía de la dictadura del proletariado con el fin de suprimir a la burguesía, aboliendo la explotación del hombre por hombre, caminando hacia el Comunismo bajo el que no habrá división de clases ni poder de Estado. Art.2º— La República Socialista Federativa de los Soviets de Rusia será un Estado de obreros y campesinos constituído conforme a una Federación de Repúblicas soviéticas nacionales. Todo el Poder, dentro del territorio de la República Socialista Federativa de los Soviets de Rusia, pertenece a los Soviets de Obreros, Campesinos, Cosacos y Diputados del Ejército Rojo. Art 3º— El Poder Supremo en la República Socialista Federativa de los Soviets de Rusia se delega en el Congreso Panruso de los Soviets, y durante los intervalos entre los Congresos Panrusos de los Soviets al Comité Central Ejecutivo Panruso de los Soviets. Conforme con la voluntad de los pueblos de la República Socialista Federativa de los Soviets de Rusia, que en el X Congreso Panruso de los Soviets acordaron crear una Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, la Republica Socialista Federativa de los Soviets de Rusia forma parte de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas y transfiere a la Unión los poderes que, según el artículo 1º de la Constitución de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, se confieren a las autoridades de la U.R.S.S. Art.4º— Con objeto de asegurar a los trabajadores la plena libertad de conciencia, la Iglesia queda separada del Estado, y la Escuela de la Iglesia; permaneciendo inviolables los derechos de practicar libremente una confesión y de realizar propagandas de caracter religioso o antirreligioso. Art 5º— Con el objeto de asegurar a los trabajadores una efectiva libertad de expresión y opinión, la República Socialista Federativa de los Soviets de Rusia suprime la dependencia de la Prensa respecto al capital, transfiriendo todos los medios técnicos y materiales de la imprenta necesarios para la edición de periódicos, folletos, libros y otras publicaciones, a la clase obrera y campesina, asegurando su libre circulación por todo el país. Art 6º—Con el objeto de asegurar a los trabajadores verdadera libertad de reunión, la República Socialista Federativa de los Soviets de Rusia declara inviolable el derecho de los ciudadanos de la República soviética a reunirse, organizar mitines, manifestaciones, etcétera, y pone a disposición de la clase obrera y campesina los locales que necesite para la celebración de las asambleas populares. Art. 7º— Con el objeto de asegurar a los trabajadores verdadera libertad de asociación, la República Socialista Federativa de los Soviets de Rusia, habiendo destrozado el poder económico y político de las clases posesoras y removido los obstáculos que anteriormente, en la sociedad burguesa, impedían a los trabajadores hacer uso de su libertad de organización y de acción, ayuda a los obreros y campesinos a que ellos mismos se organicen. Art. 8º Con el objeto de asegurar a los trabajadores verdadera libertad de instrucción, la República Socialistas Federativa de los Soviets de Rusia se compromete a proporcionar a todo trabajador una educación sistemática, comprensiva y libre. Art. 9º—La República Socialista Federativa de los Soviets de Rusia considera el trabajo como un deber de sus ciudadanos. Art. 10.— Con el objeto de salvaguardar las máximas conquistas de la gran Revolución obrera y campesina, la República Socialista Federativa de los Soviets de Rusia declara deber de todos sus ciudadanos de la República la defensa de la patria socialista y adopta para ello el servicio militar universal. El honroso derecho de defender a la Revolución con las armas en la mano se garantiza únicamente a los trabajadores; los elementos no productores sobrellevarán otros deberes militares. Art. 11.— La República Socialista Federativa de los Soviets de Rusia extiende los derechos garantizados en la Constitución y en las Decisiones, Leyes y Decretos a los ciudadanos de la República Socialista Federativa de los Soviets de Rusia, a todos los ciudadanos de otras Repúblicas de la Unión Soviética que residan en el territorio de la R.S.F.S.R. Partiendo del principio de la solidaridad de los trabajadores del Mundo, la República Socialista Federativa de los Soviets de Rusia concederá todos los derechos políticos de los ciudadanos rusos a los extranjeros que residan en el territorio de la República Socialista Federativa de los Soviets de Rusia, con objeto de que realicen una labor productiva, y si pertenecen a la clase obrera y campesina, que no vive del trabajo ajeno, conformándose siempre a las ulteriores disposiciones de las autoridades supremas de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Art. 12.— La República Socialista Federativa de los Soviets de Rusia garantiza derecho de asilo a todos los extranjeros perseguidos por sus actividades revolucionarias y de libre conciencia. Art. 13.— La República Socialista Federativa de los Soviets de Rusia reconoce el derecho de todas las naciones a regir sus destinos y a determinar su separación también, y cumpliendo la expresa voluntad de los trabajadores de las distintas nacionalidades que habitan la República Socialista Federativa de los Soviets de Rusia para constituir una entidad política tal como la República Socialista Federativa de los Soviets de Rusia, crea la unión de esas nacionalidades formando Repúblicas Socialistas Soviéticas Autónomas dentro de la República Socialista Federativa de los Soviets de Rusia. Todos los ciudadanos son iguales ante la Ley, no teniendo relieve sus respectivas razas o nacionalidades. En conformidad con este principio la República Socialista Federativa de los Soviets de Rusia declara que cualquier opresión de minorías nacionales, sea la que fuere, y cualquier incapacitación, sea impuesta como fuese, así como es el establecimiento o tolerancia directos o indirectos de especiales privilegios para individualidades nacionales, es incompatible absolutamente con las leyes fundamentales de la República; la República Socialista Federativa de los Soviets de Rusia reconoce el derecho de todos sus ciudadanos a usar su lenguaje nativo en los Congresos, en los Tribunales, en las escuelas, en la administración y la vida públicas, y asegura también el amplio disfrute de esta facultad. Art. 14.— En interés de los trabajadores, la República Socialista Federativa de los Soviets de Rusia privará a individuos o grupos de sus derechos individuales si son ejercidos en perjuicio de la Revolución socialista. Art 15.— Todas las tierras, bosques, depósitos minerales, saltos de agua, fábricas y empresas industriales, ferrocarriles y transportes acuáticos y aéreos, y todos los medios de comunicación, son propiedad del Estado socialista conforme a las leyes de la Unión de las Repúblicas Socialistas Federativa de los Soviets de Rusia.

Gracias a las dos movilizaciones realizadas por la Avenida General Paz, la difusión por los medios de prensa, las pintadas en la sede principal del Instituto y otras manifestaciones de lucha, las autoridades aceptaron iniciar una negociación alrededor del reclamo por la reincorporación de los compañeros de trabajo despedidos (en disponibilidad). Asimismo, la conducción de la Seccional Capital de UPCN (gremio mayoritario en el INTI, dirigido por el “ultramenemista” Andrés Rodríguez), aceptó el reclamo de los trabajadores y de la propia Comisión Interna (dirigida por lista antiburocrática Naranja) para que participe en las negociaciones el secretario general de la interna. En una primera reunión con las autoridades, éstas se comprometieron a tratar el pedido de reincorporación de los trabajadores puestos en disponibilidad. Es interesante señalar que la Comisión Interna de ATE criticó la orientación dada por la interna de UPCN al conflicto, reclamando que los parlamentarios deberían sentarse en la mesa de negociaciones con las autoridades, en representación de los trabajadores del INTI, por encima de sus representantes sindicales. Esta es claramente una posición anti-obrera que lleva a la derrota; entregar el conflicto a la acción del Parlamento es llevarlo a la derrota. Para colmo, la iniciativa de la interna de UPCN para organizar la presencia de los trabajadores del INTI en la marcha del 2 de marzo de los jubilados, fue boicoteada por la C.I. de ATE en un frente común con los delegados de la derecha menemista. El programa de la C.I. de UPCN es: — La reincorporación de los trabajadores disponibles. — La participación en todas las negociaciones de la C.I. de UPCN. — Que el resultado de las negociaciones sea puesto a consideración de la Asamblea del personal. 8/3

1. “Ilusiones constitucionalistas” (8/8/1917) La cuestión de la Asamblea Constituyente está subordinada a la cuestión de la marcha y desenlace de la lucha de clases entre la burguesía y el proletariado. A “Rabóchaia Gazeta” (periódico menchevique, PO) se le escapó una vez la observación de que la Asamblea Constituyente sería una Convención (Asamblea revolucionaria francesa, 1792/93, PO). Esto es una muestra de la hueca, lamentable y despreciable fanfarronería de nuestros mencheviques, lacayos de la burguesía contrarrevolucionaria. Para que no sea un “parlatorio de Francfort” (Asamblea alemana “trucha” de 1848, PO) ni una Iª Duma (concedida por el Zar en febrero de 1906 y disuelta sesenta días más tarde, PO), para que sea una Convención, es preciso tener el valor, la capacidad y la fuerza de asestarles a los contrarrevolucionarios golpes implacables, y no pactar con ellos. Para eso es preciso que el poder esté en manos de la clase más avanzada, más resuelta y más revolucionaria de hoy. Para eso es preciso que esta clase sea apoyada por toda la masa de los pobres de la ciudad y del campo (los semiproletarios). Para eso es preciso tratar implacablemente a la burguesía contrarrevolucionaria, es decir, a los kadetes y a los altos mandos del ejército, en primer lugar. Tales son las condiciones reales, materiales, de clase, necesarias para una Convención. Basta enumerar estas condiciones con claridad y precisión para comprender hasta qué punto es ridícula la fanfarronería de Rabóchaia Gazeta, hasta qué punto son estúpidas las ilusiones constitucionalistas de los eseristas y los mencheviques con respecto a una Asamblea Constituyente en la Rusia actual. 2. La lista de candidatos para la Asamblea Constituyente (12/10/1917) La lista de candidatos que dio a conocer el Comité Central es inadmisible y exige la más enérgica protesta... es absolutamente intolerable que haya tal número de candidatos poco probados, recién incorporados a nuestro partido (como Larin). Al integrarse la lista con candidatos que primero hubieran debido trabajar largos meses en el partido, el CC abre de par en par las puertas a los advenedizos, a los que codician las bancas en la Asamblea Constituyente. Es imprescindible revisar y corregir inmediatamente la lista. Especialmente escandaloso es que figure Larin ... llevarlo a la Asamblea Constituyente pocas semanas después de su ingreso en el partido significa, en realidad, convertir a nuestro partido en un hato tan despreciable de advenedizos como la mayoría de los partidos europeos. En la Asamblea Constituyente habrá un trabajo muy importante: el acercamiento profundo y estrecho a los campesinos. Esto sólo pueden hacerlo los obreros, cuya vida tiene tanta afinidad con la de los campesinos. Llenar de oradores y literatos la Asamblea Constituyente significa marchar por el trillado camino del oportunismo y el chovinismo. Esto es indigno de la “IIIª Internacional”.

Con esta consigna, en alusión al Intendente de Avellaneda, Baldomero “Cacho” Alvarez, ingresaron al frente del edificio municipal más de 1.000 compañeros municipales. La movilización, convocada por el plenario de delegados del Sindicato de Trabajadores Municipales de Avellaneda, es una demostración de la voluntad de lucha de los municipales, pues se realizó en medio de brutales presiones de la patronal, que además de las amenazas de traslados y cesantías, y de evacuar el Hospital de Wilde, no pagó los sueldos el día 28, como lo hace habitualmente, sino el 3 de marzo, día de la movilización. A pesar del desgaste de más de 30 días de dilaciones impuestas por la Comisión Directiva del Sindicato, que frente a la convocatoria a asamblea general del gremio reclamada por los delegados sólo avala las asambleas por dependencias, que se vienen realizando ininterrumpidamente producto de la voluntad de los delegados de base y de un grupo de compañeros que acompaña. La columna de municipales recorrió durante más de dos horas las calles céntricas de Avellaneda, llegando hasta la sede del ejecutivo municipal, la que se encontraba ocupada por policías. La movilización, que se realizó en horas de trabajo, muestra un importante paso de un sector del plenario de delegados que comienza a tomar en sus manos el rumbo del conflicto, superando la parálisis y las ilusiones en los poderes del estado y de la Comisión Directiva del gremio. La próxima movilización del jueves 10 debe ser el inicio de un plan de paros progresivos hasta el paro total, hasta la reincorporación de los compañeros cesanteados. 7/3/94

La patronal de Propulsora Siderúrgica (Techint) ha lanzado una nueva ofensiva contra los trabajadores. El “premio anual”, una asignación equivalente a 100 horas de trabajo, ha sido llevado a 70 pesos para los trabajadores permanentes, reservando un monto mayor para los supervisores. El “premio a la producción”, invocando supuestas faltas de calidad, cae en febrero del 40% al 10%. En la sección de mantenimiento, la patronal quiere imponer un sistema de trabajo “a la japonesa”, con sólo dos operarios efectivos y el resto contratado (a éstos se les paga la mitad del salario de bolsillo). Los tres interventores nombrados por la burocracia de la UOM (La Plata) han puesto su firma a esta nueva ofensiva. Los tres interventores son la única “representación gremial” que reconoce la empresa. Los 13 compañeros que integran la Comisión Interna y el Cuerpo de Delegados fueron sumariamente expulsados de la UOM en diciembre del ’93 por la burocracia seccional. Uno de ellos está fuera de fábrica y sometido a proceso judicial por cumplir con las medidas de lucha resueltas en asamblea. Existe un clima de bronca generalizada contra los atropellos que recién ahora, con el regreso de la totalidad de los compañeros luego de las vacaciones, puede dar paso a una respuesta organizada. En mantenimiento, los trabajadores rechazaron el sistema “japonés” y volvieron a ratificar como su única representación al Cuerpo de Delegados represaliado. El Cuerpo de Delegados de Propulsora ha hecho un llamado “al movimiento obrero, juvenil y democrático a pronunciarse en contra de su expulsión y a convertir ese pronunciamiento en una gran campaña nacional de solidaridad... para impedir que sean despedidos por la patronal y para exigir el inmediato levantamiento de las sanciones de la UOM”. “Nos sancionan —plantean— porque no toleran que tengamos como conducta el respeto a las asambleas generales en fábirca, entre ellas la que votó ir a la huelga en demanda de un aumento de emergencia después de tres años de congelamiento salarial (y) porque hemos enfrentado todos los ataques de la patronal al convenio colectivo y porque denunciamos a Propulsora como pionera de la ‘reforma laboral’ y la ‘flexibilización’”. Propulsora está produciendo hoy 130 toneladas/hombre contra 100 en 1990 y 64 en 1975. El Cuerpo de Delegados del Astillero Río Santiago y del Inti se han pronunciado en apoyo a esta campaña. La “carta de solidaridad” de los compañeros de Propulsora está siendo firmada por delegados de ATE (La Plata) y otras organizaciones gremiales de la zona. Llamamos a impulsar esta campaña, para denunciar y organizar la lucha contra este atropello patronal burocrático. Llamamos a las corrientes de izquierda a constituir un frente de movilización en defensa de los delegados de Propulsora y a impulsar activamente esta campaña.

En Pradymar, empresa de la alimentación, trabajan 150 compañeros, todos efectivos; aproximadamente 14 con diez años de antigüedad, el resto con más de 10 años. El dueño de Pradymar habría comprado las acciones de Noel, cuando ésta cerró; la gente que trabajaba en Barracas es trasladada de Pradymar con acuerdo del sindicato. Al llegar a la puerta de la fábrica se pueden ver varios carteles que dicen: “Basta de mentiras”, “No a la rebaja salarial, sí a la productividad”. Dialogamos con el compañero Díaz, uno de los delegados del personal: PO: ¿Cuál era la situación de la empresa con anterioridad al conflicto? D: Anteriormente la empresa venía bien, pero siempre con atraso en los pagos, inclusive en la época que cuando al trabajo cotidiano se le agrega la producción de pan dulce para las fiestas. PO: ¿Cómo se desarrollan los acontecimientos? D: La empresa comienza adeudando la segunda quincena de noviembre y diciembre, aduciendo que no tiene dinero. Llega el aguinaldo y tampoco lo paga, lo mismo que las vacaciones. El 20 de diciembre, en arreglo con el sindicato y aceptado por la interna y los compañeros, la empresa se compromete a pagar 1.000 pesos a cada compañero en concepto de segunda quincena de noviembre, diciembre y aguinaldo, y vacaciones, a cuenta de la deuda. Esto la empresa no lo cumple y dice que a partir de febrero del ’94 se va a saldar la deuda. Esto tampoco se cumple. El lunes 24 de enero, al regresar catorce compañeros de sus vacaciones, se encuentran con la novedad de que si quieren entrar a trabajar deben firmar un nuevo contrato laboral que quitaba alrededor del 40% al salario, y que incluía una rebaja de bonificación por comedor, de 4 pesos a 2,50, y la eliminación de futuros aumentos ya acordados con el sindicato. Esto es aceptado por los compañeros. El 31 de enero, al llegar el resto de los compañeros, se repite la historia, pero en este caso enviamos telegrama denunciando la negativa de la empresa a darnos trabajo. Es despedido un compañero. Interviene el sindicato, se suspende lo planteado por la empresa y volvemos a trabajar. Luego se hace la denuncia al ministerio por la quita salarial, pero la patronal no se presenta. Mientras tanto, se trabaja hasta el 3 de febrero, cuando se corta la luz por falta de pago. Actualmente, se concurre al lugar de trabajo que sigue sin luz y sin agua y sin materia prima. En la audiencia del día 15 de febrero la empresa reitera su pedido de reducción salarial, lo que es rechazado por la parte obrera. Además, la empresa va a una convocatoria de acreedores para el día 3 de marzo. Ante la pregunta de qué medidas tomarían los compañeros de ahora en más, nos respondió que habían discutido con algunos compañeros el sacar el conflicto a la calle y darle una mayor difusión.

Un reciente plenario del CTA votó una resolución que llama a defender el artículo 40 de la ley de “jubilación privada” (ver Prensa Obrera Nº12). Entre sus diversas disposiciones, este artículo establece que los aportes que se efectúen al Fondo de Pensión que organice el Banco Nación estarán garantizados en dólares por el Estado nacional. Al denunciar la campaña de las competidoras del Banco Nación para derogar este artículo, el CTA está señalando su apoyo o aceptación de la “jubilación privada” y desoyendo, por lo tanto, el planteo de la Coordinadora de Jubilados para que los sindicatos impulsen una campaña para que los trabajadores permanezcan en el sistema estatal. El planteo del CTA es tanto más pérfido cuanto que sus principales integrantes, Ctera y Ate, están organizando Administradoras privadas, que “competirán”, como cualquier otro banco o compañía de seguro, con el Banco Nación, es decir que le interesa, a ella también, la derogación del artículo. La cortina de humo de la defensa del artículo 40 pasa por alto que la “jubilación privada” liquida la más importante y única “garantía” de un real sistema previsional: es decir, el aporte patronal. Sin este aporte el trabajador debe financiar la jubilación con su propio salario, con el agravante, en este caso, de que deberá “gatillar” un 3.5 por ciento de ese salario, todos los meses, para pagar las “comisiones” del Fondo de Pensión —sin que importe que éste sea organizado por el Citibank o Mary Sánchez. El CTA defiende la “jubilación privada” porque sus burócratas están interesados en ese 3.5 por ciento del miserable ingreso de los trabajadores. Es previsible que después de las elecciones del 10 de abril, el Congreso derogue la parte del artículo 40 referida a la garantía al Fondo del Banco Nación — en especial si el menemismo obtiene una victoria igual o superior a la del 3 de octubre. De todos modos, el gobierno mantendría, según versiones, la disposición que garantiza a este Fondo un rendimiento igual al de la tasa de interés en caja de ahorros que paga el Banco Nación. Como todo el mundo lo sabe, se trata del rendimiento más bajo de todas las colocaciones posibles en ese Banco. ¿Pero qué garantiza exactamente la “garantía” en dólares que el gobierno pretende suprimir? Está claro para cualquiera que en caso de una devaluación de la moneda, esa garantía en dólares elevaría el monto de los aportes en pesos en la misma proporción en que se valorizaría el dólar frente al peso. Pero ningún aportista estaría en condiciones de realizar en dinero la “ganancia” provocada por la devaluación, porque no puede retirar su aporte del fondo y convertirlo en pesos. Si se toma el plazo promedio de 30 años, hasta el momento del cobro de la jubilación, los rendimientos en dólares (a una tasa de interés internacional) y los rendimientos en pesos (a una tasa de interés muy superior debido a la devaluación) tienden a igualarse. Es decir que la “garantía” no ha garantizado nada. El Banco Nación, mientras tanto, recibiría del Estado nacional un subsidio de características inflacionarias, esto porque sería financiado con emisión de moneda, que pagarían todos los trabajadores. Ese subsidio beneficiaría a los pulpos capitalistas cuyas acciones fueran compradas por el Fondo de Pensión del Banco Nación. El artículo 40 es netamente confiscatorio de los trabajadores por la simple razón de que el propio dólar, o para el caso cualquier otra divisa, sufre a largo plazo una tremenda desvalorización, que no compensa ninguna tasa de interés bancaria corriente. El gran negociado de los Fondos consistirá en la especulación, no en la inversión a largo plazo, es decir en la compra-venta permanente de títulos y acciones —algo que también puede llevar a todos estos Fondos a la bancarrota. Hacemos esta larga exposición para dejar en claro que la “jubilación privada” no constituye una salida para los trabajadores en ninguna de sus variantes, con “garantías” o sin ellas. Y para dejar exhaustivamente claro que la posición del CTA a favor de la “jubilación privada” es profundamente antiobrera.

Las coimas exigidas a establecimientos siquiátricos a cambio de contratos del PAMI (a los que se suman ahora los geriátricos), constituyen una exacción contra los jubilados y los trabajadores activos que aportan a esa obra social. Mientras a los jubilados y a los propios trabajadores del PAMI se les niega aumentos por “falta de presupuesto”, Matilde Menéndez y el Directorio menemista de PAMI pagan un sobreprecio a los prestadores, que “retorna” (como coima) a la “caja” que financia las campañas políticas del menemismo de la Capital. Sólo por este encarecimiento fraudulento de las prestaciones y el robo a los jubilados, Matilde y todo el Directorio deben ir presos. Dentro del PAMI es vox populi que las mismas coimas se cobran a hoteles y farmacias. La fingida inocencia de la Menéndez y el Directorio del PAMI pretende ocultar que todo el sistema de contrataciones está organizado en torno a la cometa. La contratación con hospitales y sanatorios, por ejemplo, no es directa, sino a través de grupos privados de gestión que subcontratan los servicios a cambio del cobro de la capita del PAMI, quedándose con la suculenta diferencia por la intermediación. Exactamente, el mismo sistema que llevó al ex-interventor de PAMI, Nazur, a la Justicia, por los contratos espurios mediante empresas “fantasma” como ASERSA, UTE, etc. Una consecuencia directa del sistema es la infraprestación a los jubilados, ya que cuanto menos servicio se brinde más ganancia obtienen los grupos de gestión que ahora se llaman UPI. El matilde-menemismo ha convertido al PAMI en una estancia de la camarilla. Bajo esta administración se han incorporado centenares de empleados adictos, muchos de ellos con altas jerarquías y sueldos, incluyendo “ñoquis” de las unidades básicas “Ramón Carrillo”, la agrupación de Menéndez. Se organizaron cuerpos de seguridad y “grupos de tarea” internos, como PAMI Controla, exclusivamente dedicado a perseguir al personal, promover los actos políticos menemistas y gestionar subsidios y favores para recomendados de políticos y funcionarios amigos. Esta enorme corruptela cuenta con la complicidad de un Directorio adicto, nombrado a dedo por el gobierno, que incluye a representantes del Estado, de la CGT y de las organizaciones de jubilados, sin exceptuar a la Coordinadora de Jubilados, representada por el Director Tirelli y, hasta hace muy poco, por el asesor Liberman. Todos ellos con importantes sueldos jerárquicos. Tirelli firmó la solicitada del Directorio en defensa de Matilde. También los gremios que revistan en el PAMI han acompañado con su silencio todos los atropellos. UPCN, ATE, UTI, han mirado al costado ante la corrupción y persecución al personal de PAMI. Al punto que despidos arbitrarios, algunos sin indemnizaciones, de antiguos trabajadores del Instituto, por no colaborar con la política matildista, quedaron sin ninguna respuesta gremial. El escándalo de las coimas de PAMI ha creado una crisis en el PJ de la Capital y está siendo agitado por el Frente Grande. Pero nadie ha planteado la renuncia de Menéndez y su procesamiento. Tampoco la centroizquierdista ATE (CTA). Las organizaciones de jubilados deben repudiar el encubrimiento de la jerarquía menemista de PAMI. Deben exigir el procesamiento y encarcelamiento de Menéndez y sus secuaces y que se coloque la dirección de PAMI en manos de los propios jubilados, elegidos y revocables por la asamblea de sus organizaciones. La investigación del fraude también debe ser colocada en sus manos. Para impedir que se transforme en otra corruptela “tapada” por los funcionarios y la justicia menemistas con complicidad de la oposición patronal.

Los médicos residentes de la Municipalidad de Buenos Aires vienen realizando una serie de paros y movilizaciones contra la rebaja de sus sueldos. Después de haber logrado, con la lucha del año pasado, la conquista del reencasillamiento y blanqueo de los pagos en negro, ahora han cobrado con descuentos del 20 al 30 %. El Partido Obrero ha difundido una declaración en los hospitales denunciando que este golpe a los residentes no es un hecho aislado, sino que responde a la política oficial de rebaja de salario que ya se aplicó en Subterráneos de Buenos Aires privatizados y antes en Aluar, Osram y el Sanatorio Antártida. La reforma laboral del gobierno consiste en mayor cantidad de trabajo con menor salario. Justamente otra reivindicación de los residentes es que no se eliminen vacantes de residencias, en circunstancias donde aumenta permanentemente la demanda de atención en los hospitales públicos. El secretario de Salud de la comuna confiesa la intención oficial al presentar como un privilegio los sueldos de residencias en la Capital. “Perciben como promedio 1.150 pesos, mientras en las provincias el sueldo es de 630” (Crónica, 23/2). Siendo que en manos de los residentes descansa gran parte de la atención de salud pública de la Capital, hay una manifiesta intención de superexplotación del trabajo profesional. El problema tiene más alcance, si se tiene en cuenta que en Marzo se lanza la “autarquía hospitalaria”, que significa que cada establecimiento debe conseguir sus propios recursos. Esto implica arancelamiento total de todos los servicios (ya arancelizados en gran parte) y venta de atención médica a terceros (obras sociales, premédicas). El destino de los que no se autofinancien será el cierre. El inefable Dr. Peluso dijo que la lucha de los residentes era “una imagen de la vieja Argentina”. La “nueva Argentina” del Dr. Peluso tendrá pocos hospitales, con médicos mal pagos, donde se atenderá al que pague. Y con un deterioro total de la atención de salud de las grandes masas de la población.

El 25 de febrero varios funcionarios del Pami fueron detenidos cuando intentaban cobrar coimas por valor de 220.000 dólares. El hecho demostró fehacientemente que el Pami es una de las “cajas negras” del aparato justicialista de la capital. Los aportes de los trabajadores y de los jubilados sirven para pagar los sobreprecios, que luego “retornan” como “favores” a los funcionarios menemistas. Hubo que esperar la revelación pública de esta estafa conocida para que “la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados resol(viera) el lunes 28 de febrero enviar un telegrama a la directora del Pami y otro a Francisco Tirelli (miembro del directorio propuesto hace dos años por la Mesa, PO) haciéndoles saber que ‘a partir de este momento (Tirelli) no representa más’ a dicha organización de jubilados” (Propuesta, 3/3). Un claro “despegue” a destiempo. El “affaire” Matilde Menéndez ha servido para desenmascarar la política de colaboración del PC con la “caja” justicialista. Hace menos de dos años, en julio de 1992, el periódico Jubilados, de la Coordinadora, elevó un memorial a la Matilde Menéndez, en el que expresaba su satisfacción por la “normalización” del Pami y “la reciente designación de su directorio, en el que la Mesa está representada, lo cual ha creado una gran expectativa”. El memorial hace un panegírico del “nuevo sistema prestacional” propuesto por Matilde Menéndez, y hasta saluda que “por primera vez en los 20 años de existencia del Pami” los prestatarios beneficiarios “resultaron adjudicados en licitación abierta”. En el mismo número aparece una publicidad de una página del Pami pagada por Matilde Menéndez, contraviniendo todo principio elemental del sindicalismo obrero. La “licitación abierta” no era otra cosa que la cortina de humo de la “caja negra”. En todo este período, los dirigentes de la Coordinadora (que el PC orienta políticamente) se prodigaron en la defensa de la gestión de Matilde Menéndez, con alguna crítica circunstancial. “El directorio de Pami tiene resuelto aprobar importantes descuentos para los medicamentos”, decía en setiembre del ‘92 la dirección de la Coordinadora, “pero para ello tiene que continuar funcionando normalmente sin interferencias ajenas a su misión”. Esto revela que el PC se “palpitaba” la “caja negra”, pero no la denunciaba. Cuando a fines de octubre de dicho año, un grupo de jubilados (con Norma Pla ) ocupaba las instalaciones del Pami, los dirigentes de la Coordinadora (particularmente Julio Liberman, director del Pami hasta hace sesenta días) “se reu(nían) con la titular del Pami para expresarle ‘su apoyo a la gestión al frente de la obra social de los jubilados, el reconocimiento por los anuncios sobre medicamentos y el repudio a la actitud de las personas que ocupan la sede del instituto” (La Nación, 30/10/92). Liberman declaraba (Crónica, 30/10/92) “nosotros estamos conformes con el Pami, si no fuese así ya habríamos salido a la calle para que todo el mundo lo sepa”. Clarito. Por todo ello la renuncia de Liberman como “asesor” rentado del directorio del Pami (la que aún no ha tenido estado público) y la expulsión “sui generis” de Tirelli, integrante del directorio, es un desesperado intento de evitar que la Coordinadora y el PC sean llamados a declarar en Tribunales. Imizcoz, dirigente de la Coordinadora, declaró que “nosotros no pedimos la renuncia de Menéndez: queremos que se quede y sea investigada... Sucede que como el director del Pami es nombrado por el Ejecutivo, no podemos esperar nada bueno, ni nuevo. No queremos que nos suceda como en Santiago del Estero. Echaron a uno para ponerlo a Schiaretti”. El PC y la Coordinadora saben mucho de Santiago del Estero, ya que el Frente Grande (al que pertenecen) apoyó esa intervención! La declaración de Imizcoz deber ser interpretada como un intento de evitar que la crisis del Pami revele el accionar de la Coordinadora y del PC. El PO reclama sí la expulsión inmediata de Matilde Menéndez y de todos sus funcionarios; su procesamiento; y que el Pami sea dirigido por los jubilados, electos en asambleas de sus organizaciones y revocables por las mismas. El PC insiste con su fracasada política colaboracionista: ¿por qué será? Su ex representante, Tirelli, acaba de firmar una solicitada en apoyo a la Menéndez, lo que es toda una confesión de complicidad con la “caja negra”. Hace unos años, Estrella Monteverde también llegó de la mano de la Coordinadora al directorio del Pami para luego transformarse en funcionaria (bien adornada) del anterior “interventor” menemista. Mientras Ibarra (del Frente Grande) denuncia a la Matilde Menéndez (aunque tampoco pide su renuncia, ni reclama que el Pami quede bajo la dirección de los jubilados), los dirigentes de la Coordinadora (orientados por el PC) vienen defendiendo esta gestión.

Una campaña publicitaria gigantesca, como nunca vio el país, se aprestan a lanzar el gobierno y los grupos económicos privados en los próximos días para mostrar las enormes “bondades” de la reforma previsional. Aunque la nueva ley establece la alternativa entre un sistema estatal y otro privado, los expertos publicitarios fueron reclutados solamente entre las principales consultoras de la “jubilación privada” . Se trata de Market & Business y Towers Perrin —lo cual ya habla por sí sólo de por lo menos, una falta de “equilibrio” en la explicación de la nueva ley. En la tarea “publicitaria” están también los grandes bancos, las compañías de seguros, las patronales y hasta, más pérfidos, claro, los burócratas sindicales, que se han lanzado con folletos y “cuerpo a cuerpo” sobre los trabajadores para que firmen la adhesión a la AFJP en la que los burócratas están prendidos. Mentiras y mentiras Toda la publicidad está basada en la mentira. Por ejemplo, los burócratas de la Alimentación dicen en un folleto especial que las AFJP invertirán el aporte de los trabajadores “y obtendrán ganancias que se acumularán en la cuenta individual”. Pero resulta que un tercio de ese aporte no va a ir a ninguna cuenta individual sino a los bolsillos de la AFJP en calidad de “comisiones”. No considera que la inversión pueda dar quebrantos, por ejemplo si cae la Bolsa o si se devalúa la moneda, esto porque el dinero será invertido en acciones y títulos. Los burócratas de la Alimentación llegan a afirmar que los supuestos beneficios de la “jubilación privada”... “podrán ser del 100 % del último salario cobrado”. Mentiras, incluso si se sumara el haber mínimo del Estado, al que tendrán derecho todos los que se jubilen con 65 años de edad y 30 años de aporte, la jubilación nunca será mayor al 50% del salario al momento del retiro laboral, y esto sólo si el fondo da ganancias. Toda la propaganda oficial y privada afirma que la “jubilación privada” garantiza realmente la jubilación. Pero si el trabajador lee al pie de los cuadros, que pretenden desmostrar esa afirmación, verá que los beneficios que proclama están condicionados a hipótesis y supuestos que van desde el sexo del trabajador al estado civil y posibles “comisiones” de la AFJP, como a eventuales rendimientos de los fondos,etcétera. Son entonces SIMULACIONES, porque nadie, absolutamente nadie, sabe o puede saber a cuánto ascenderá la jubilación futura, ya que ella depende de todas esas hipótesis, y de las hipótesis de esas hipótesis. Por todo esto, la “jubilación privada” es un régimen de IMPREVISION SOCIAL. El trabajador sabe lo que aporta, porque se lo retiene obligatoriamente la patronal. Lo que nunca sabrá es a cuánto ascenderá su “jubilación privada”. El PARTIDO OBRERO ha lanzado una campaña nacional contra la “jubilación privada”, respondiendo punto por punto la propaganda del gobierno, los burócratas y los bancos. Ya en Prensa Obrera y en el folleto “Jubilación Privada. La Bolsa o la Vida” desnudamos la estafa de la reforma previsional. Ahora, el gobierno está repartiendo un folleto en forma de historieta. Hay una declaración del PO que la refuta (“La historieta es un cuento chino”). La burocracia de la UOCRA sacó un folleto con el título de Por Todos. El PO lo refutó (“Gerardo Martínez miente”). Asi seguiremos haciendo con cada una de las propagandas tramposas. El PARTIDO OBRERO plantea: No a la estafa de la “jubilación privada”. Trabajadores: No ingresen a ninguna AFJP. Luchemos por el 82% móvil, por una jubilación financiada exclusivamente por el aporte patronal y porque las Cajas previsionales estén administradas por obreros y jubilados.

Al final, el “paquete cerrado” de Menem y Alfonsín no era tan cerrado como parecía, aunque siga siendo un paquete. El miércoles pasado, el Episcopado acabó por descubrir el juego, no ya de la Iglesia, que es perfectamente conocido, sino de la totalidad de los partidos patronales que se presentan a la Constituyente. Estos habían ocultado hasta ahora, con el mayor sigilo, su intención de introducir en la Constitución la enseñanza religiosa; la prohibición del aborto; el subsidio a la educación clerical; y la obligación de que el Presidente de la Nación obedezca a los mandatos eclesiásticos. La posición del Episcopado no es una novedad; por eso importa que hubiera demorado tanto para hacerla oficial. Para los obispos, estas exigencias anti-democráticas, que pretenden subordinar integralmente al Estado a la Iglesia, no debían quedar sujetas al debate político, ni tampoco dejar al descubierto que ya habían sido aceptadas por el pacto Menem-Alfonsín. Por eso las críticas que vierte el documento de los curas contra el poder “excesivo” del Poder Ejecutivo, son un puro juego de artificio. Finge desmarcarse del “pacto” para que la opinión pública crea que el “pacto” es ajeno a cualquier interés clerical y que los “pactantes” no han pactado ya con el clero reaccionario. El que va a tener que dejar de jugar a las escondidas, ahora, es el Frente Grande. El programa del Frente Grande contempla integralmente las reivindicaciones del clero, toda vez que estas reivindicaciones están contenidas en el Tratado internacional de San José de Costa Rica, que el Frente Grande quiere ver convertido en norma constitucional —con la sola excepción del planteo clerical de que el Presidente de la Nación no pueda ser ateo (judío, islámico o budista, pero nunca ateo). El fin de semana pasado, la dirigente menemista Liliana Guldrich de Correa, anunció que, al igual que el FG, el Partido Justicialista propondrá que ese tratado internacional quede incorporado a la a la Constitución. ¿Qué harán ahora los demócratas, izquierdistas y laicos del Frente Grande? ¿Qué harán los sindicatos docentes? ¿Qué harán la FUA y el Conadu? Repetimos: no se trata de que la Iglesia se pronunció: de lo que se trata es de la evidencia de que existe posición tomada y firmada del menemismo, del pactismo me as, cambio de horarios, incorporación de personal contratado temporario, incremento del tiempo efectivo de trabajo, modificaciones en las licencias, feriados, reglamentación de la actividad sindical e incremento de los tiempos operativos” (Clarín, 14/11/93). Todo esto, naturalmente, a espalda de los trabajadores. La burocracia cegetista ya dio el “sí”.

La ley de reforma previsional establece un primer “castigo” para los trabajadores que permanezcan en el sistema estatal: se les reconocerá solamente un 0,85% del salario promedio de los últimos 10 años por cada año trabajado, lo que da, después de 30 años de aportes, un haber jubilatorio de apenas el 25,5% (0,85 x 30) del salario. Sin embargo, pareciera que semejante exacción no ha sido suficientemente “disuasiva”, ya que se estima que “una gran cantidad de trabajadores permanecerán en el ámbito público por precaución ...” (Clarín, 7/2). Si este nuevo atropello no alcanzara para “convencer” a los trabajadores, ya los “cerebros” de la Fundación Medite-rránea y de las AFJP lograron “inventar” otros. Según una reciente información, los trabajadores que a partir de julio decidan mantenerse en el sistema jubilatorio estatal, perderán el derecho a ese 0,85% por los años aportados a partir de julio de 1994 si luego deciden pasar al sistema privado (Clarín, 7/2). Se trata de una violenta discriminación contra los compañeros que rehúsen meterse en la “jubilación privada”, completamente ilegal —ya que “no está contemplado en la ley de reforma previsional”— y hasta inconstitucional, porque autoriza al Estado a desconocer derechos adquiridos. El único y evidente objetivo de este nuevo atropello es “disuadir” a los trabajadores de mantenerse en la jubilación estatal y “alentarlos” —con la pistola en la cabeza— a pasarse a la privada. “Saldrá caro no entrar en la jubilación privada”, dice Clarín. Pero también resulta “caro”, y mucho, “entrar”: los trabajadores perderán la tercera parte de sus aportes, que irán a engrosar los bolsillos de los pulpos, en concepto de “comisiones” y “se-guros” (35% del aporte). Y encima, sin ninguna se-guridad sobre el haber que cobrarán al jubilarse, porque dependerá de los rendimientos o quebrantos de los fondos privados. “Cara” afuera, “cara” adentro: la “jubilación privada” es una auténtica masacre social.

Las 15.000 personas que se hicieron presentes en la marcha Nº 100 de los jubilados, propinaron un importante golpe al gobierno hambreador, que creía que había logrado reducir la movilización jubilatoria a algunos centenares de activistas. No se nos escapa que la fuerte columna del MTA refleja un movimiento de aparato y no una iniciativa desde abajo, pero aun así la masividad de la movilización tradujo un nuevo empuje popular, que se manifestó en la presencia espontánea de miles de jóvenes. La provocación que montaron los servicios de inteligencia al finalizar la marcha, refleja bien la conmoción que ella provocó en el gobierno. La brutal represión de la policía que siguió a la provocación, demuestra el seguimiento cotidiano que el gobierno realiza de los movimientos de las masas y el celo extremo que pone por limitar la repercusión política de éstos. Las provocaciones partieron claramente de elementos infiltrados, que aprovecharon para ello dos circunstancias precisas. La primera es la política de las burocracias de los sindicatos, de los jubilados y del centro-izquierdismo, de desconcentrar las manifestaciones antes de que lleguen las últimas columnas, en especial si éstas son de la izquierda. Actúan de esta manera para suscitar, adrede, el descabezamiento de los sectores más combativos. La segunda es la falta de una política común de los manifestantes, que incluya a todas las organizaciones sin excepción. Los burócratas “matildistas” de la Coordinadora de jubilados y los profesionales de la “ética”, como Chacho Alvarez, prefieren dar un lugar destacado a los recién llegados del MTA —viejos traidores de las luchas populares— o a los partidarios de la Jubilación privada, del CTA, que a los inconmovibles luchadores de la izquierda revolucionaria. Es indudable que la multitudinaria manifestación fue sentida como un golpe por el gobierno que se apresta a largar los Fondos de Pensión. Paralela a la marcha, la estrepitosa caída de la Bolsa ponía la piel de gallina a los Cavallo y a sus “operadores”, porque es en la Bolsa donde piensan meter los aportes de los trabajadores a los Fondos de Pensión. En estos días, precisamente, los plumíferos de Cavallo andan diciendo que estos Fondos van a “estabilizar” la “volatilidad” del mercado. Como ocurre siempre en estos casos, la cuestión es cómo la seguimos. La Coordinadora de Jubilados ha planteado hace un tiempo que los sindicatos llamen a no incorporarse a la Jubilación Privada, aunque sabe perfectamente que los sindicatos, las cooperativas y el partido comunista ya están en carrera para establecer sus respectivos Fondos de Pensión. Llamamos a realizar esta campaña a todos los que se oponen realmente a la jubilación privada, en la perspectiva de imponer una jubilación garantizada por el Estado, basada exclusivamente en el aporte de los capitalistas, cuya Caja sea controlada y administrada por los obreros y los jubilados. Es necesario aprovechar el éxito de la Marcha Nº 100 para lanzar otra movilización que nos acerque a la derrota completa del gobierno. No podemos esperar a la Marcha 150 ó 200. Cavallo acaba de fijar en 150 pesos la “prestación básica universal” que corresponde al nuevo régimen de jubilaciones, una forma de congelar el mínimo en esa suma. Si queremos quebrarle el brazo al hambreador hace falta convocar a una movilización a la Plaza.

El FIS ha quedado conformado exclusivamente por los candidatos del PO, debido a que los compañeros del Mas de Catamarca decidieron, sin dar ninguna explicación, rechazar el acuerdo. A pesar de ello, se ha inscripto una lista conformada por importantes luchadores: la encabeza José Krutoy (ex Mas y delegado Congresal de ATECA); Alicia Aban (de la Comisión Directiva de ATECA, secretaria de Actas); Antonio Torrentes (delegado congresal de ATECA, por Belén); Enrique Traverso (vocal del sindicato de prensa); Estela Alvarez (activista estatal) y cuatro compañeros suplentes provenientes del Mas. El PO ha iniciado una campaña pública de denuncia del “plan de ajuste” del gobierno de Castillo y está interviniendo en forma práctica en la resistencia desde los gremios, en especial ATECA y ATEP (estatales provinciales).

A fin de febrero, luego de una penosa enfermedad, falleció el compañero Pablo Rocha, que se había sumado al Partido Obrero de Catamarca en la última campaña electoral. El companero Pablo había sido militante del Mas y fue uno de los varios companeros provenientes de esa organización que se había sumado al PO en el último período. A su compañera Gelli y a sus familiares, nuestras condolencias.