Prensa Obrera N° 412

El único propósito que persigue la “flexibilización” laboral es provocar una verdadera “explosión” de los beneficios patronales. Todos los “argumentos” patronales —acerca del “elevado costo laboral”, la necesidad de “aumentar la competitividad”, la supuesta “baja productividad” del trabajador argentino, la “creación de nuevos empleos”, etc.— son un puro verso ... como lo demuestran las propias estadísticas que manejan los capitalistas. “Costo laboral” Según cifras de la propia UIA —reproducidas en Clarín, 13/2— el salario industrial horario medio argentino, medido en dólares, es brutalmente inferior al de los llamados “tigres asiáticos” —considerados mundialmente como los “campeones de la productividad”: 3,44 dólares en Argentina y 4,42 dólares — un 30% más (ver cuadro nº 1) en Taiwán. Argentina es uno de los países más caros del mundo, lo que explica que el “poder de compra” de los salarios nacionales esté entre los más bajos del mundo. Un reciente informe conjunto del FMI y el Banco Mundial (El Cronista, 11/2) revela que el “poder de compra” del salario argentino es el más bajo de América Latina. Sólo China —con 20 millones de trabajadores esclavos— o la India exhiben salarios con un “poder de compra” inferior al argentino (ver cuadro nº 2). La contracara del bajísimo “poder de compra” del salario argentino es la elevadísima incidencia del costo empresario en los precios de las mercancías. Así, pulpos como Telefónica y Telecom, las transportadoras de gas, YPF, los bancos, Sevel, Renault, Autolatina o Mercedes Benz, están levantando beneficios del 150% porque cobran tarifas y precios de monopolio. El “problema” —dicen otros “especialistas”— no son los “costos laborales globales” sino los elevados “costos laborales por unidad de producto”. Pero en los últimos tres años, con salarios nominalmente congelados y una desocupación récord, se ha producido un aumento considerable de la producción industrial (automotrices, electrodomésticos, metalurgia), y por lo tanto, una baja sensible del “costo laboral por unidad de producción”. Los precios, sin embargo, no han aumentado, sino que esto sirvió para engordar los beneficios. Pero los patrones no sólo reclaman reducir los salarios. También piden la “flexibilización” de la jornada laboral. Los trabajadores argentinos están entre los que más trabajan en todo el mundo, sólo superados por los japoneses (que ganan casi seis veces más) (cuadro nº 3). Los “argumentos” patronales se revelan, uno tras otro, como una completa impostura. Lo único que hay detrás de la “flexibilización” es el hambre capitalista por engordar sus superbeneficios.

Créase o no, el último plenario del Congreso de Trabajadores Argentinos, que dirigen Víctor De Gennaro y Mary Sánchez, resolvió apoyar la marcha número 100 de los jubilados, para el próximo 2 de marzo, reivindicando el sistema de la “jubilación privada”. La decisión no debería sorprender, sin embargo, porque como ya lo denunció este periódico en su oportunidad, el artículo 12 de sus Estatutos autoriza al CTA la creación de un Fondo de Pensión. Los dirigentes del CTA parecen creer que la confiscación económica de los trabajadores que significa la “jubilación privada” deja de tener ese carácter si los beneficios van a parar a la Caja del sindicato en lugar de hacerlo a un Banco o compañía de seguros, no digamos ya si se trata de compartirlos. Pues bien, créase o no, el reciente plenario del CTA dispuso marchar con los jubilados el próximo miércoles, no para reclamar la derogación de la “jubilación privada”, sino para repudiar (textual) “la voracidad empresaria que busca hoy la derogación del artículo 40 de la Ley que limita la ganancia de las Administradoras de Pensión ligadas a los grandes grupos económicos”. Es decir que el CTA defiende ese artículo 40, y por lo tanto a la ley que incluye a ese artículo 40, y de paso se manda su cuota de propaganda de la ley menemista, alegando que tendría previsiones que limitarían las ganancias de los pulpos económicos. El CTA marcha, entonces, en apoyo a la “jubilación privada”, cuando el Plenario Permanente de Organizaciones de Jubilados y Pensionados acaba de reclamar (textual) “a los reales dirigentes de los trabajadores (en referencia a los del CTA, PO) que orienten y expliquen a los compañeros en actividad por qué deben optar por mantenerse en el sistema de reparto”. La razón es que el sistema privado no da un solo peso más que el estatal al futuro jubilado y que su preservación es parte de la lucha para acabar con la “jubilación privada” y para construir un sistema jubilatorio público, conformado con el exclusivo aporte de los patrones y administrado por los trabajadores. El artículo 40 al que alude el comunicado del CTA se refiere a la garantía en dólares de los aportes jubilatorios que debería otorgar la Administradora que forme el Banco de la Nación. Esta garantía tendría efecto en el caso de una devaluación de la moneda, pero fuera de esto sería, como en todas las otras variantes, una fuente de superbeneficios a costa de los aportistas. Pero incluso en el caso de una devaluación de la moneda, las pérdidas que sufriría el Banco por la garantía que debe otorgar a los aportes resultarían en menores ganancias para el Fondo y por lo tanto para el aportista a la hora en que éste deba jubilarse. Los bancos privados se sienten perjudicados por esta disposición en su competencia con el Nación, pero para los jubilados ella no cambia el carácter expoliador del sistema ni lo cubre de su eventual bancarrota. Lo que el CTA en realidad defiende es la disposición de la ley que autoriza (textual) “a las asociaciones profesionales de trabajadores (a) constituir o participar como accionista de una administradora de jubilaciones y pensiones”. La “adhesión” del CTA a la marcha del 2 tiene, por lo que se puede ver, las características del beso de Judas. El planteo del CTA revela también adónde piensa llevar su burocracia las luchas del interior del país contra el traspaso de los sistemas jubilatorios de las provincias a la Nación. Decididamente, el CTA “no está a la altura” de la lucha que hoy deben emprender los trabajadores argentinos en defensa de sus intereses y conquistas.

La patronal de Aurora-Siam viene preparando las condiciones que le permitan aplicar el “salariazo” de Menem-Cavallo, lo que en buen criollo significa reducir los salarios a la mínima expresión, acelerar al máximo los ritmos de producción e imponer la “flexibilidad” laboral. Luego de un largo período de superganancias —donde impuso la jornada de 12 horas y la semana laboral de 7 días para amplios sectores de la fábrica, aplicando al mismo tiempo el congelamiento salarial— ahora ha decidido ir más a fondo. Uno de los primeros pasos ha sido reducir el personal, no cubriendo los puestos de trabajo de más de un centenar de compañeros que fueron jubilados. Otros aspecto de la misma película es la diferenciación salarial entre los nuevos y viejos efectivos. La empresa, montándose en una sentida reivindicación interna como es la efectivización de los contratados, les impone a estos compañeros una rebaja del 15% de un premio histórico del 55% sobre el básico, reconociéndoles solamente el 40%, expoliando una cifra muy interesante a una masa importante de los trabajadores. A todo esto se suma la negativa patronal a pagar el 30% de aumento obtenido para la rama 17 a nivel nacional, aduciendo que desde el inicio del ’93 se cobró un 40% a cuenta de futuros aumentos (lastre que debió aflojar para descomprimir una atmósfera interna muy pesada). Agudizando este ataque, la patronal intentó aumentar la producción en la línea. Los compañeros resistieron esta medida y no permitieron efectivizarla, lo que trajo aparejado que un delegado del sector fuera apercibido por la patronal y amenazado con el despido “si continuaba en esa postura”. La ofensiva de la patronal empieza a encontrar sus límites; ésta fue la primera respuesta de los compañeros. La Comisión Interna tiene que organizar una respuesta de conjunto a la ofensiva patronal, convocando asambleas por sección y una asamblea general de fábrica que debe pronunciarse por: * la defensa incondicional de los puestos de trabajo; * igual salario a igual trabajo. No a la rebaja salarial; * aumento del 30% ya; * no al incremento de los ritmos de producción. Abajo la “flexibilidad” laboral.

El escándalo desatado por las denuncias de la DGI por la evasión impositiva cometida en la importación de autos desde el Uruguay, ha puesto de manifiesto que si Franco Macri y todo el directorio de Sevel tienen que ir presos por evasión impositiva y fraudes reiterados, Domingo Cavallo y Carlos Menem deberían seguirle los pasos por encubridores y cómplices. La maniobra montada por Sevel (Macri) para evadir los impuestos era “sencilla”: a través de una compañía controlada por el grupo, importaron desde el Uruguay 15.000 autos (fabricados por Sevel Uruguay) a nombres de particulares inexistentes, para lo cual debían fraguar la documentación y las firmas de los “futuros usuarios”. Mediante este “expediente” evitaron pagar el 11% de impuestos (IVA y ganancias) que corresponde cuando las importaciones las realiza una concesionaria para su posterior reventa, unos 50 millones de pesos. Pero, además, como el precio de venta en Uruguay es, medido en dólares, inferior al que rige en Argentina, con la maniobra, obtenían un superbeneficio adicional del 50% (El Cronista, 15/2). Ante el escándalo que provocó la presentación penal de la DGI —y ante el hecho de que implicaba personalmente al propio Francisco Macri—, Cavallo ordenó a la DGI “suavizar” la denuncia. “La medida habría sido resuelta después de un encuentro entre el ministro de Economía y el secretario general de la presidencia, Eduardo Bauzá. Este último habría transmitido a Cavallo un pedido expreso que dejó Carlos Menem antes de partir hacia Ecuador” (Clarín, 18/2). Semejante decisión sólo puede recibir una calificación: encubrimiento.

Bajo el título de “Colectiveros ineptos”, un editorial de Clarín del 15 de enero puso de relieve una situación gravísima en el servicio de autotransporte de pasajeros. La nota hacía mención a la declaración de ineptitud de 2.001 choferes sobre una cantidad de 44.698 examinados. Para el editorialista, el despido o la reubicación de los choferes es “un paso debido y largamente demorado...”. Es así que las víctimas de un sistema de superexplotación patronal se convierten en los villanos. ¿Quiénes son los ineptos? En la nota se pone de manifiesto que los choferes “ineptos” padecen enfermedades profesionales, debido al recargo de tareas, la sobreexigencia laboral y el exceso de horas al volante. Los trastornos son producto de las tareas realizadas, en su inmensa mayoría sicofísicos, renales, de postura, etc. La mentada “ineptitud” es adquirida y por lo tanto una consecuencia del tiempo de trabajo. Como lo tiene que reconocer la propia nota, ¡¡¡el 70% de los choferes se jubila a los 45 años por invalidez!!! y ¡el promedio de permanencia en una empresa es de un año! Esta verdadera trituradora de trabajadores es por lo tanto una fábrica incesante de ineptos a plazo fijo. Si existe una ineptitud es de las patronales y el gobierno al mantener un sistema de trabajo insoportable, que debió ser reconocido por el gobierno al plantear que se coloquen máquinas expendedoras de boletos, una cuestión que no salió de los papeles. Es que las máquinas expendedoras de boletos actuarían como una caja registradora al alcance de los sabuesos de la DGI. ¿Mejora de servicio o flexibilidad laboral? El argumento de la ineptitud conlleva el objetivo de superexplotar aún más, si cabe, a los choferes. Aunque parezca mentira aun se les quiere sacar una mayor productividad a trabajadores que realizan siete operaciones al frente de las unidades. Desde hace un año, cuando fueron privatizados los servicios de examen de los choferes, se ha desatado una persecución por parte de las patronales que van enviando de a uno a los choferes al examen y en caso de encontrarles defectos o disminución física proceden al despido o reubicación. Como se puede aventurar, los activistas siempre reciben el despido. Cuestión que se ve agravada porque al no poder ser reubicados, según el argumento de la patronal, los compañeros son despedidos con el 50% de la indemnización por el artículo 247 de la ley de contrato de trabajo. En la mayoría de los casos los choferes son reemplazados por compañeros contratados por seis meses renovables hasta ¡tres años!!, aunque en menor cantidad que los despedidos, con lo cual reducen planteles, acrecentando la superexplotación sobre los choferes. Esta es la razón de la colocación de nuevas unidades que pasan de los aproximadamente cien pasajeros a los ciento cuarenta que transportan ahora, sin contar con las nuevas unidades con fuelle que pueden llegar a llevar doscientos pasajeros. Estas condiciones agravadas de trabajo fueron pactadas por la burocracia con las patronales en la aceptación del decreto 692 que admite una violación de las normas del autotransporte para incrementar el esfuerzo del trabajador (velocidad, cantidad de pasajeros parados ¿¡quince!?, etcétera). Es necesaria una lucha de conjunto Hoy los choferes sienten una espada de Damocles sobre sus cabezas, ya que la convocatoria a examen de aptitud los puede dejar en la calle, con la mitad de la indemnización y con una discapacidad en general permanente. La burocracia dice que si se paga la indemnización no hay reclamo posible, máxime cuando las patronales le hacen el trabajo sucio de despedir a sus potenciales rivales, activistas o delegados combativos. La respuesta debe ser una lucha de conjunto porque la ofensiva patronal con la complicidad del gobierno así lo es. Ni un despido, por la reubicación de los compañeros declarados ineptos, por ejemplo, constituyendo guardias, sin manejo del dinero, por medio de las máquinas, y colaborando con el chofer en la seguridad del pasaje, dando la orden de arrancar cuando esté completado el ascenso o descenso de pasajeros. Por el rechazo a la toma de choferes por contrato, por su inmediata efectivización. Por el aumento salarial. Por la elaboración por parte de los propios trabajadores de las normas de tránsito que deben ser observadas en el transporte de pasajeros, garantizando la seguridad e integridad de los mismos y de los choferes. La puesta en pie de un plan de lucha necesita de la realización de asambleas por empresa y la elevación del reclamo al gremio. Los choferes demuestran una sobrada aptitud para la función que les corresponde: conducir los vehículos, ya que la cumplen con exceso. Lo que hay que eliminar es la ineptitud del sistema de trabajo, fruto de la voracidad de las patronales y lograr de paso la reivindicación de los choferes como trabajadores, con la mejora sustancial de las condiciones de trabajo.

La negativa de Menem a permitir la investigación por parte de la justicia italiana de los crímenes cometidos por la dictadura videliana contra los ciudadanos de origen de ese país constituye, de hecho, un nuevo indulto a los genocidas. Hasta ahora, los militares condenados por la justicia argentina —es decir, los pocos que no pudieron acogerse a los “beneficios” de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida— gozaban del indulto presidencial, válido solamente en el territorio nacional. Al negar que los jueces italianos tengan el derecho a interrogar a testigos residentes en Argentina en una causa que se sustancia en Italia contra los genocidas con el argumento de la “cosa juzgada”, Menem le ha dado al indulto una envergadura universal ... y lo ha extendido a los 89 acusados antes no alcanzados por el indulto presidencial. Para prohibir las declaraciones, Menem tuvo que pasar por encima de una resolución previa de la justicia —que inicialmente las había autorizado. El hecho, ciertamente, no iba a detener al hombre que ha convertido la Corte Suprema en un “servicio personal” y gobierna por decretos de seguridad y urgencia. Si los pedidos de ascensos de los capitanes Rolón y Pernías revelaron que la impunidad es permanente, el episodio de los jueces italianos pone de manifiesto que la impunidad no tiene fronteras. Sin embargo, la única “cosa juzgada” es que el pueblo no perdona a los torturadores, asesinos y violadores y que, tarde o temprano, y a pesar de todos los indultos, leyes de punto final y obediencia debida, impondrá su consigna histórica: juicio y castigo a todos los culpables, juicio y castigo a todos los indultadores.

Después de varios años de deterioro progresivo, que llegó a 150 camas, por falta de política de salud y presupuesto adecuados, se decidió el paso del hospital a la Provincia de Buenos Aires en el marco de la “reforma” (liquidación del Estado). Esto llevó a dos largos años de incertidumbre, intervención mediante, en los que la Provincia no quiso hacerse cargo y la Nación al fin tomó la “decisión política” de incorporarlo para un plan piloto de “hospital de autogestión”. Pero el decreto de necesidad y urgencia de fines del año pasado no salió, la ley de presupuesto tampoco lo volvió efectivamente a la Nación, con lo que corren serios riesgos los aumentos en negro que ya cobramos los últimos tres meses del ’93, y más grave aún es la fuente de trabajo de 400 compañeros contratados y subsidiados, con los que se pudo llegar nuevamente a 400 camas funcionando. Esto pone a toda la zona Oeste del Gran Buenos Aires en situación de emergencia sanitaria, dado que en el marco del aumento del cólera y la meningitis, se cerraron 30 salas en Merlo, está cerrado el Paroissien de La Matanza y ahora el riesgo de cierre de camas en el Posadas. Por eso estamos nuevamente en pie de lucha, hemos hecho paros los días 4 y 9 de febrero, realizándose en este último día una movilización al Ministerio de Salud: Por el decreto que nos ponga definitivamente en la Nación; Por la inclusión del personal en el SINAPA y la carrera profesional; Por la ampliación de la estructura para nombrar al personal contratado; Por un hospital de 600 camas con un presupuesto adecuado, al servicio de la comunidad; Contra la autofinanciación y el arancelamiento que se desprende del decreto de autogestión hospitalaria; Por el pago inmediato de las deudas salariales y previsionales. general de fábrica que debe pronunciarse por: * la defensa incondicional de los puestos de trabajo; * igual salario a igual trabajo. No a la rebaja salarial; * aumento del 30% ya; * no al incremento de los ritmos de producción. Abajo la “flexibilidad” laboral.

Lorenzo Miguel no ha dejado de fatigar los micrófonos y las cámaras de TV para declarar que “el movimiento obrero organizado” no permitirá que “los señores empresarios”... “conviertan al trabajador argentino en un esclavo”. ¿Qué es lo que no va a permitir Lorenzo Miguel? En noviembre del año pasado, la UOM firmó el convenio de la rama de bronceros, orfebres y afines. Este convenio acepta “la contratación temporaria de seis meses a dos años”... nada menos que uno de los puntos claves de la ley de “flexibilidad” que el gobierno ha enviado al Congreso. Según el proyecto, durante ese lapso la patronal paga la mitad de los aportes previsionales y sociales que marca la ley y, al terminar el contrato, el trabajador puede ser despedido sin indemnización ni preaviso. José Rodríguez, del Smata, tampoco se queda atrás. En Córdoba, el Smata firmó un acuerdo con la patronal de la General Motors que establece la “polifuncionalidad”, “un régimen de jornadas anuales con promedio de ocho horas diarias, aunque se prvilegiará el cumplimiento de metas de trabajo por encima de la observancia de un horario fijo”, e “incorpora el concepto de productividad: si no se produce no se pagan salarios” (Clarín, 10/12/93). Esto revela que la burocracia sindical ha dado el “visto bueno” a la “flexibilidad” laboral. No hay que olvidar que la burocracia sindical cegetista —con Palacios incluido— “consensuó” con el gobierno y las patronales el “decreto 470”, que liquida los convenios colectivos y establece convenios por empresa y hasta por sección, “oponibles a cualquier otra disposición de carácter general vigente”. La burocracia ha incorporado en los últimos convenios decenas de cláusulas y disposiciones antiobreras. “Es así como en su mayoría los nuevos acuerdos habilitaron en forma masiva la negociación por rama o empresas. En 18 industrias de gran gravitación económica y laboral, los convenios se descentralizaron en 65 ramas, a la vez que 11 convenios habilitaron a casi 7.000 empresas a determinar con sus empleados el salario en función de normas de productividad ... La mitad de las cláusulas de productividad están referidas a la reducción de costos por rebajas de beneficios laborales anteriores, menor recargo en el pago de horas extras, cambio de horarios, incorporación de personal contratado temporario, incremento del tiempo efectivo de trabajo, modificaciones en las licencias, feriados, reglamentación de la actividad sindical e incremento de los tiempos operativos” (Clarín, 14/11/93). Todo esto, naturalmente, a espalda de los trabajadores. La burocracia cegetista ya dio el “sí”.

El conflicto del Sanatorio Antártida ocupó la atención de los trabajadores de todo el país por la violencia policial y la guardia privada de matones que se desplegó contra los delegados y el personal que intentaron resistir los despidos. La patronal había gestionado ante el Ministerio, al igual que Aluar, un “procedimiento de crisis” para desprenderse de 250 trabajadores, sin pagar las indemnizaciones de ley, y reemplazarlos por contratados por la mitad del sueldo. Pero cuando la patronal y la burocracia del sindicato se enfrentaron al rechazo a los retiros voluntarios por parte de los trabajadores, comenzó a incorporarse a personal contratado (limpieza, cocina, etc.), desplazando de su puesto a trabajadores efectivos. La acción del activismo y de los delegados para impedir la entrada de nuevos contratados fue respondida por la patronal con una escalada represiva. Hizo detener a la Interna varias horas por la policía; copó el sanatorio con matones “privados” y por la policía; impidió la entrada de los delegados y activistas y los despidió. Cuando los delegados intentaron incorporarse a su trabajo acompañados por varias decenas de compañeros, fueron salvajemente reprimidos por policías y matones, produciéndose varios heridos. La resistencia continuó por dos semanas, con la presencia de los despedidos en la puerta, actos de solidaridad pública, etc. Pero dentro del sanatorio, el matonaje en los pisos y en cada servicio impuso un clima de terror. La burocracia de ATSA no se hizo presente en el conflicto, y trabajó activamente por la derrota. Uno de sus elementos en el sanatorio hizo publicar una solicitada (con dinero de la burocracia y de la patronal) repudiando la violencia... de los activistas y ofreciéndose para la elección de una nueva Interna. La burocracia actuaba de esta manera, cuando simultáneamente se producía el vaciamiento del Sanatorio Norte y los trabajadores del Güemes estaban en la calle, para facilitar la imposición de la “reforma laboral” y asegurar su parte en los negocios de la jubilación privada y de la privatización de las obras sociales. La situación represiva en el Antártida se ha acentuado. Cien trabajadores “aceptaron” el retiro voluntario. La patronal pretende avanzar más en el reemplazo de personal por contratados. El conflicto continúa. Reclamemos el cese de los despidos, que se retire la guardia privada de matones, el pago del aumento de convenio, el respeto del convenio para todo el personal, la reincorporación de los despedidos.

Los lectores de “Prensa Obrera” estarán de acuerdo con nosotros en que uno de los fenómenos recientes de mayor notoriedad son los juicios por reconocimiento de paternidad que siguen (y con éxito) muchas mujeres que han tenido hijos extramatrimoniales. Son conocidos los casos de Maradona, Cabañas y Scioli, aunque la lista es más larga y no se reduce al deporte. Incluso han circulado versiones periodísticas que atañen al presidente Menem. ¿Debería, entonces, contratar un abogado el Foro de San Pablo? ¿No sería la hora ya de hacer el despistaje genético de éste? Como es harto conocido, al menos en ciertos círculos, el Más, Mst y el Pts, es decir el morenismo, vienen llevando una tenaz campaña de denuncia de la pertenencia del Partido Obrero a ese Foro. Se trata por cierto de una campaña falaz, porque el Partido Obrero asiste a las reuniones del Foro de San Pablo en calidad de oposición, y no de cualquier oposición, sino de oposición marxista. Se ha repetido invariablemente la escena del Partido Obrero votando solo contra las resoluciones del Foro, luego de haber intervenido en todos sus debates y fijado sus posiciones por escrito. Destaquemos que participan en el Foro la casi totalidad de las fuerzas de izquierda de América Latina; el ciento por ciento de las que tienen un carácter de masas; y una buena parte de las organizaciones y líderes por los cuales el Mas, el Mst y el Pts llaman a votar cuando hay elecciones en los países respectivos. A pesar del purismo revolucionario con que ha actuado el PO en el Foro, los morenistas han utilizado todos los medios para desnaturalizarlo y el Mas llegó a falsificar citas para justificar sus ataques (ver Solidaridad Socialista del 28/7/93 y Prensa Obrera Nº398, 12/8/93). ¿No resulta todo esto sospechoso? ¿No suena a una operación de encubrimiento? En efecto. Como lo relata “Solidaridad Socialista” del 11 de julio de 1990, cuando era el órgano del Mas anterior a sus escisiones, el primer encuentro del luego llamado Foro de San Pablo “fue organizado por el Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, (que) contó con una amplia representatividad de las principales fuerzas de izquierda del continente... Una delegación del Mas y otra del PT paraguayo, participaron del Encuentro”. Los primeros indicios genéticos, entonces, ya permiten suponer que el morenismo en su conjunto, es decir tanto el Mas como el Mst, son los padres de la criatura que hoy parecieran repudiar, o de la que se valen de cortina para atacar falazmente al PO. Pero los exámenes químicos subsiguientes van más lejos aún. Ocurre que en oportunidad de ese primer Encuentro la organización brasileña hermana del Mas integraba el Comité Nacional y el Comité Ejecutivo del PT, partido que organizó el Encuentro. Pues bien, esa organización, Convergencia Socialista, votó en la dirección del PT a favor de la iniciativa de invitar a la izquierda latinoamericana a formalizar un tal Encuentro, lo que incluía a notorios partidos patronales, como el PRD de México o el PDT, de Brizzola, de Brasil, Seregni, de Uruguay, y el M-19 de Colombia. Este papel excepcional del morenismo en la fundación del vilipendiado Foro de San Pablo y de la llamada “cueva de traidores”, explica otro hecho absolutamente excepcional: QUE SE OTORGARA AL MAS LA CONDICION DE MIEMBRO INFORMANTE DEL PRIMER PUNTO DE LA REUNION, REFERIDO A LA SITUACION MUNDIAL. Esto jamás ha ocurrido, ni podría ocurrir con el PO, precisamente por su condición de oposición revolucionaria a la izquierda democratizante de América Latina. No conocemos, hasta el día de hoy, ningún documento público, de circulación abierta y clara, en el que el Mas o el Mst hayan revisado esta posición y hayan ido a la raíz en la crítica a su condición de padres fundadores del luego llamado Foro de San Pablo. Porque una cosa es participar en un Foro donde dominan posiciones antagónicas a las propias, otra cosa diferente es respaldar políticamente la organización de un Foro político con posiciones democratizantes y proimperialistas. El miembro informante del Mas, relata su periódico, fue Eduardo Expósito, hoy del Mst; el otro delegado del Mas fue Eduardo Pujals, máximo dirigente emesetista. Pero la delegación del PT paraguayo hoy revista en el sector del Mas. Todo bien repartido, como se ve. Pero el despistaje genético revela más datos aún. El balance que el periódico del Mas ofrece del Encuentro es prácticamente de apoyo sin reservas, más algunas yerbitas. Es decir que el morenismo fue padre material de la criatura, pero también espiritual, o sea ideológico. Es que el balance del Mas reproduce con aprobación la declaración final del Encuentro cuando dice que éste fue “inédito por su amplitud y por la participación de las más diversas corrientes ideológicas de la izquierda...”. Esas diversas corrientes son precisamente los partidos patronales que le dan al Foro una fisonomía de colaboración de clases. Es importante destacar que, con relación a Cuba, el periódico del Mas cuenta que “se debatió si en Cuba debe o no haber partido único. La dirección cubana sostuvo esta posición y otras fuerzas —entre las que se contaban el PT y las delegaciones trotskistas— sostuvieron la posición contraria”. Se deduce de aquí que hubo un frente único entre el PT y los trotskistas, algo extremadamente grave porque significa que las delegaciones del Mas apoyaron la posición democrática proimperialista del PT sobre Cuba; y significa que no la denunciaron en nombre de una democracia basada en la dictadura del proletariado. El examen genético definitivamente concluído, se condena al Mas a reconocer la paternidad de la criatura llamada Foro de San Pablo, con el agravante de la alevosía física y espiritual. Esperamos que después de este fallo, los impostores se llamen a una necesaria reflexión. ¿Y el PO? El PO se perdió la “avant-premier” y la “premier” del Encuentro, y por eso no pudo escuchar al miembro informante Eduardo Expósito, porque hasta la medianoche del domingo previo al Encuentro, que se iniciaba el lunes, tenía el veto de la mayoría de la dirección del PT —que era la que decidía acerca de los invitados. El PO entró, entonces, en el Foro en calidad de opositor desde el inicio, cuando una votación final en el PT alteró las decisiones anteriores. Resultado de la prueba genética inicial: negativo. Los hijos del PO son los que éste, matrimonial o extramatrimonialmente, ha reconocido. ¿Y espiritualmente? El balance del PO de ese primer Encuentro es muy claro, e incluso denuncia al Mas por encubrir “las características de ‘frente popular’ que tuvo la composición de la reunión... Esta característica del Encuentro descartó de antemano la posibilidad, decía Altamira (Prensa Obrera Nº 309, 26 de julio de 1990), de que la reunión pudiera convertirse en un principio de reagrupamiento político internacionalista de partidos obreros... La presencia del Partido Obrero... tuvo por finalidad defender una política internacionalista de cara a la enorme crisis del movimiento obrero mundial...”. En este Encuentro el PO planteó un apoyo a las luchas obreras en la Unión Soviética y en particular a las huelgas obreras que se iniciaban contra el entonces gobierno de Gorbachov, así como una campaña contra lo que se consideraba (y fue) una inminente invasión norteamericana a Panamá. De nuevo, los impostores deben reflexionar o callarse definitivamente la boca. Los activistas y los luchadores deben sacar sus propias conclusiones.

En los últimos días, la firma Aluar volvió a ocupar la primera plana de los diarios. Pero esta vez no para dar cuentas de su “grave crisis”, o de la rebaja de salarios como “medida inevitable”. Los directores del monopolio del aluminio aparecieron, eufóricos, anunciando su triunfo en la adjudicación de la Empresa patagónica de Transporte Eléctrico. Una privatización “que la compromete (a Aluar) en unos 20 millones de dólares” (Clarín, 4/2/94). Con la rebaja salarial, el pulpo pretende “hacer caja”; con una “quita” del 20% a todos los trabajadores, recupera el monto de esta privatización... en apenas diez meses. Ahora, con el transporte eléctrico en sus manos, Aluar se “autofijará” el precio de la energía, en tanto que participará de la expoliación tarifaria al resto de la población patagónica. A sus directores sólo les “faltará” vergüenza. Pero les sobran recursos para un reclamo que hoy está más vigente que nunca: ni un peso de rebaja salarial, ni un despido más.

Las solicitadas del Pts en Página 12, casi siempre contra el Partido Obrero, son algo más que un procedimiento de propaganda: ya son una política. Página 12 es el diario que menos leen los obreros, pero es el preferido incuestionable de los profesionales, de los ejecutivos, de los centro-izquierdistas, del “ala izquierda” de la Fundación Mediterránea (según una encuesta, el 10% de ésta votó al Frente Grande el 3 de octubre pasado) y de los frecuentadores del mentidero izquierdoso del centro de la Capital argentina. La elección de este medio de difusión es, entonces, toda una definición política, perfectamente compatible con el “partido” que se considera el más fuerte de la izquierda... en la Facultad de Psicología porteña. Pero además está el asunto de la plata. Porque el deporte de sacar solicitadas en forma regular en un medio de circulación masiva cuesta mucha, pero mucha plata. La prueba de ello es que el resto de la izquierda, salvo casos excepcionales, no lo usa. Instrumentar el dinero de un “partido” que se jacta de pertenecer a los “trabajadores” para vehiculizar sus “ideas” hacia una minúscula fracción de la pequeña burguesía de moda, delata un elevado grado de corrupción ideológica y política —por lo menos. La última solicitada del Pts ocupa tres cuartas parte de una página de Página 12, lo que además de costar un fangote de guita apunta a denunciar al “trotskismo argentino” (lapsus linguae significativo, ya que el trotskismo no puede ser “argentino” ni de cualquier otra nacionalidad, puesto que es internacionalista); bien, lo denuncia porque pretendería integrar la “cueva de traidores del Foro de San Pablo”. Con muchos de estos “traidores” el Pts integró hasta hace relativamente poco (como parte del Mas) el Frente del Pueblo, algo que aun hoy reivindica. Así que en materia de “cuevas”, los dirigentes del Pts saben más que nadie. La costosa solicitada del Pts en el medio de prensa típicamente “intelectualoide”, del país, pretende explicar porque decidió no integrarse al FIS. La realidad, sin embargo, es que no explica absolutamente nada, por la simple razón de que el pretexto que esgrime el Pts simplemente no existe; a saber que los integrantes del FIS se hubieran negado a pronunciarse en apoyo al levantamiento de Chiapas o en oposición al Foro de San Pablo, el cual está integrado por el 99% de la izquierda de América Latina. Con relación a Chiapas los integrantes del FIS sacaron una declaración y organizaron una manifestación, que fue apoyada por el Pts, y con relación al Foro, ya en oportunidad del FIT, en setiembre del año pasado, el PO se manifestó de acuerdo en discutir los términos de un planteo o declaración. El Partido Obrero es la única organización que en forma visible y práctica combate las posiciones internacionales y nacionales del Foro de San Pablo, como lo atestiguan sus declaraciones y balances de esos eventos y su voto en contra en todas las reuniones a las que asistió. Ha sido el Pts el que se ha negado a llevar adelante, en aquella oportunidad y en ésta, su propuesta de sacar una declaración contra el Foro, a la que quería convertir, no en una delimitación de las posiciones antirrevolucionarias del Foro, sino en un ataque al PO, con la intención de provocar una escisión en el FIS. El “partido” que levanta la consigna de Constituyente Soberana, sin importarle que pueda servir para que el menemismo meta en la Constitución la Reforma Laboral, la Educativa y la de Salud, además de otras clericaladas; este “partido” ha tenido por único objetivo romper el FIT, en el pasado, y el FIS, en la actualidad. Por eso en la solicitada llama al Mas a romper el FIS, y a presentarse sólo como en el 3 de octubre, a cambio de lo cual el Pts le ofrece (textual) “un lugar en la historia”. Pero si la interminable solicitada del Pts no explica ni se propone explicar su decisión de no integrar el FIS, y sí revela que rompió con el FIS porque fracasó en su propósito de impedir que se concrete; lo que la solicitada también logra es desnudar la completa descomposición política de sus autores. Empecemos por señalar que el Pts en ningún momento cuestiona el método oportunista de formación del FIS, que consistió en un acuerdo por separado entre el Mas y el Mst para repartirse las candidaturas y el dinero de la campaña. Al Pts lo tiene sin cuidado que el Frente no se haya formado a partir de un debate político y de una delimitación de posiciones. En realidad, encubrir este hecho le permite después justificar sus provocaciones. Pero lo más notable, si cabe, es el acuerdo que el Pts presta al retiro de la consigna que presidió la formación del FIT: fuera Menem-Cavallo. La solicitada no menta el asunto en ningún momento. La única conclusión que se puede sacar de esto es que la política del Pts es compatible o conciliable con el régimen actual. Los solicitantes llegan al extremo de proponer nada menos que una “huelga general para DERROTAR al gobierno, al régimen bipartidista peronista radical y su plan de hambre, e imponer un gobierno obrero y popular” (mayúscula nuestra, PO), es decir que se podría llegar a un gobierno de trabajadores sin DERROCAR al régimen actual. El único gobierno obrero que podemos imaginar sin el derrocamiento del menemismo sino solo con su “derrota”, es el que pueda surgir de las elecciones de 1995, lo que de ser posible, daría lugar a un gobierno obrero parlamentario, constitucional, burgués o liberal. Este es el programa que ofrece el Pts y cuyo rechazo condenaría a quienes así lo hicieran a pasar el resto de sus vidas en las tortuosas entrañas de la “cueva de traidores del Foro de San Pablo”. ¡Qué payasada, no! El Pts no integra el FIS a pesar de su acuerdo con los procedimientos oportunistas de su formación y a pesar de su acuerdo con el programa que excluye la consigna “Fuera Menem-Cavallo.” La conclusión más picante de todo esto es, por supuesto que el Pts es partidario de Abajo el Foro de San Pablo, Abajo Fidel Castro, Abajo el Ejército Zapatista, pero no abajo Menem. Cuando se llega a una situación como esta, la pregunta de si estamos ante unos imbéciles o unos provocadores surge por si sola. En la solicitada el Pts afirma, con total convicción por supuesto, que “estamos con la rebelión de los campesinos hambrientos y sin tierra de Chiapas ... (pero) No con la guerrilla elitista del EZLN ...”. El problema es, claro, que los “campesinos hambrientos y sin tierra” sí están con “la guerrilla elitista” que lucha contra el gobierno de Salinas y los latifundistas chipanescos. Si el Pts no ocupa la trinchera del EZLN y de los campesinos que lo apoyan o siguen, contra el gobierno proimperialista, esto significa que está por encima del muro, que elige la posición de exspectador, la cual seguramente es la posición más proimperialista de todas. Cualesquiera que sean las diferencias de programas, ideas o planteos que se puedan y deban tener con el EZLN (que, más que elitistas son democratizantes y proburgueses), la primera condición para un revolucionario es ESTAR en el campo de la lucha que el Zapatismo dirige. Ahora que conocemos bién la posición del Pts sobre Chiapas debemos rechazarla por proimperialista y prosalinista.

Los trabajadores del Astillero Río Santiago (ARS) obtuvieron en diciembre un aumento salarial que oscila entre los 180 y 300 pesos según la categoría, lo que prácticamente duplica los sueldos de hambre que cobraban. Junto con el aumento, los trabajadores han comenzado a cobrar en fecha y término, y en algunas secciones, como Estructura y Mecánica, hay unos 200 compañeros haciendo extras. La firma del aumento estuvo condicionada a la firma de un acta de “paz social” con la empresa y un paquete completo de “flexibilización laboral ”(multiplicidad de tareas, asignación de trabajos no específicos y posibilidad de tomar trabajadores contratados) por parte de ATE (PO 408). La empresa, el gobierno provincial y la burocracia duhaldista de ATE Ensenada, se “esmeran ”en presentar el incremento salarial como el signo de una “nueva etapa”. Según los diarios, el gobierno provincial estaría tramitando la construcción de diez buques multipropósito a pedido del gobierno noruego, que contaría con el aval y la financiación del Banco Provincia. Brown, ministro de Producción de Duhalde, ha anunciado la reactivación del ARS y aun el autofinanciamiento de la empresa a breve plazo. El giro reactivador de Duhalde Este “giro reactivador” del gobierno de Duhalde se produce en las vísperas de la elección de constituyentes, en la que irá como primer candidato del PJ, y apenas meses después que el propio Duhalde declarara la “inviabilidad” del astillero provincial y el propósito de reconvertirlo en puerto de la zona franca con una dotación máxima de cuatrocientos compañeros. Es indudable que el gobierno de la provincia actuó preventivamente para desactivar el reclamo de una fábrica que tiene una larga tradición combativa y también para salvar a una burocracia completamente desprestigiada, cuya expulsión del sindicato estaba siendo discutida por delegados y activistas. También está presente el cuadro potencialmente explosivo de Ensenada, zona brutalmente devastada por la política antiobrera del menemismo nacional y provincial: despidos masivos en YPF y PGM, ofensiva flexibilizadora y ataque contra el cuerpo de delegados de Propulsora y miles de parados en la UOCRA. ¿Reactivación? La reactivación está limitada a la construcción de una segunda tanda de 10 rotores para las turbinas de Yacyretá: tarea que ocupa a unos doscientos compañeros y cuya finalización está prevista para los primeros días de abril. Fuera de esto, sólo hay un contrato para reciclar una barcaza de carga que permitiría ocupar a otros cincuenta compañeros por seis meses. Como contrapartida, el buque Trans Ona sigue pudriéndose sin terminar en las gradas –el gobierno nacional quiere cancelar el contrato a cambio de una indemnización que no sería inferior a los doce millones de dólares. También siguen paradas dos corbetas por falta de pago de la Marina. Sobre los buques para Noruega, sólo hay trascendidos. La realidad es que el ARS factura hoy 400.000 dólares mensuales y tiene una erogación de un millón y medio, sólo en concepto de sueldos. Este desfasaje anuncia la crisis: para marzo se anuncian despidos masivos en el personal superior, retiros forzados para los mayores de 58 años y, si no hay nuevos contratos, una nueva tanda de “retiros voluntarios”. En cuanto al salario, la empresa acaba de violar la “paz social”, eliminando un premio adicional de 300-500 pesos que era un derecho adquirido de todos los trabajadores. Cómo intervenir La finalidad inmediata del acta de “paz social ”es liquidar las asambleas y desconocer al cuerpo de delegados. Con la proscripción de las asambleas, los planes reactivadores siguen siendo un “secreto de estado ”entre la burocracia y el gobierno. La situación exige la intervención de todos los trabajadores del ARS y un plan de acción discutido y votado por la asamblea general. El PO plantea: 1. Asamblea General para que la dirección de ATE Ensenada informe a la fábrica sobre los contratos en discusión para reactivar el ARS. 2. El pago inmediato del premio adicional y de todas las deudas.

En Neuquén se ha convocado a un referéndum para el próximo 20 de marzo, que deberá pronunciarse sobre tres enmiendas constitucionales votadas por la Legislatura.S e ha sustituido de este modo la convocatoria a una Asamblea Constituyente provincial. Las enmiendas en cuestión introducen la representación proporcional restringida en la conformación de la Legislatura; autoriza la reelección del gobernador, y autorizan al Estado provincial a contratar empréstitos externos e internos. “Representación proporcional” El gobierno presenta a esta enmienda como un cambio histórico en la provincia a favor de la democracia. Hasta ahora el partido que lograba la mayoría de votos obtenía las tres quintas partes de las bancas y el segundo obtenía el resto. La innovación ha cautivado a todos los partidos opositores y en particular al centroizquierda —Frente Grande. La aplicación del sistema D’ Hont ha creado un virtual “frente democrático” en favor del conjunto de la reforma, desde el gobierno privatizador y menemista hasta el obispo Nevares y el centroizquierda, lo que incluye la aceptación de la no convocatoria a una Asamblea Constituyente, donde se pueda discutir el conjunto de modificaciones que plantee la ciudadanía. La apología que se hace a la representación proporcional (restringida) constituye un colosal engaño, pues esta modificación no alcanza para alterar, no ya el carácter de clase del régimen político, sino el monopolio que tienen de él los contratistas que operan en la provincia y la camarilla Sobisch-Sapag. El gobierno controla los medios de difusión, tiene el respaldo de los pulpos, dispone de una inmensa burocracia y de un enorme presupuesto —es decir, de los medios de corrupción. Estos medios le aseguran a la camarilla oficial un control parlamentario similar al actual, incluso si se aprueba la representación proporcional (restringida). No se trata, entonces, de aceptar un cambio del maquillaje del Estado sino de quebrar el monopolio que tiene sobre él la camarilla capitalista, mediante el principio de revocatoria de los funcionarios electos, la elegibilidad de todos sus cargos y el control obrero de la administración pública y de las grandes empresas. Una reforma reaccionaria El gobierno Sobisch se vale de la propuesta de la representación proporcional (restringida) para obtener a cambio la reelección y seguir así manipulando los negociados en marcha (oleoducto trasandino). Los “demócratas” neuquinos han vuelto a desnudar su catadura moral y política: a cambio de poder participar del reparto de puestos y prebendas en la Legislatura, miran para otro lado ante lo que es el verdadero corazón de la reforma: la reelección del gobierno de turno y en este caso del gobierno privatizador, entreguista y represor de Sobisch y Cía. Juntamente con esta enmienda se establece otra que otorga al partido gobernante la vicepresidencia primera de la Legislatura, con lo cual pasa a controlar la convocatoria de la Legislatura, eso sí, integrada en forma proporcional (art. 76). El solo hecho de que la enmienda prive al parlamento de la facultad de elegir a sus autoridades, desvirtúa por completo el alcance de las representación proporcional (restringida). Todo el poder a los contratistas La enmienda al artículo 101 de la actual Constitución plantea “facultar al Poder Ejecutivo, con el voto favorable de la mayoría absoluta (mitad más uno, antes dos tercios) a contraer empréstitos”, cuyos “servicios financieros quedarán aseguradamente cubiertos por los rendimientos de la obra”. Estos “rendimientos” serán extraídos del bolsillo del trabajador, siguiendo la escuela Menem-Cavallo, a través del “peaje”, el “arancel” o cualquier otro mecanismo. Es la “salida” que se prepara para la construcción de los puentes entre Neuquén y Río Negro o la que espera luego del vaciamiento del Hospital Regional. Este es el meollo de toda la reforma: la posibilidad de incorporar a Neuquén al negocio del fin de este siglo: la especulación financiera y la enorme concentración económica que ella impulsa. A la luz de esto, la representación proporcional (restringida) significará una responsabilidad “proporcional” , pero sólo a la hora en que la Legislatura deba aprobar los pagos de los intereses, en la ley anual de presupuesto. Esta es la reforma reaccionaria que se quiere imponer con el mayor sigilo (referendum) y en forma despótica a los trabajadores neuquinos: continuidad del gobierno privatizador, vía libre al endeudamiento provincial, peaje en favor de la “patria contratista”. La representación proporcional (restringida) en la Legislatura es el edulcorante para hacer pasar este “paquete” entreguista y hambreador. Pero lo que las masas neuquinas necesitan es el reparto “proporcional” de los fondos públicos que hoy van al bolsillo de los pulpos, no el reparto “proporcional” de las bancas. Votar NO En ningún lugar como en Neuquén se ha puesto de relieve que el Frente Grande está dirigido por un puñado de verdaderos carreristas políticos. Están a favor de la reforma que persigue la reelección del menemista Sobisch, lo que equivale a un apoyo a la reelección del “padre de la criatura”, es decir Menem, en la Asamblea Constituyente. El Frente Grande no se detiene en semejantes minucias, ni en el “dedo” del Ejecutivo para nombrar al presidente de la Legislatura, ni en el vía libre al endeudamiento y al peaje en favor de las contratistas; quieren tener al menos un diputado y la correspondiente dieta. Nuestra consigna es NO a la reforma sin Asamblea Constituyente, NO a la reelección de Sobisch. NO a mayores negociados y a mayores hipotecas para la “patria contratista”.

El cuerpo de delegados y Comisión Interna del Astillero Río Santiago y la Comisión Interna del Inti-UPCN han sido las primeras organizaciones en pronunciarse respondiendo al llamado de los compañeros de Propulsora. “Nos solidarizamos con Uds. frente al ataque de la patronal que despide delegados y repudiamos la actitud de los dirigentes de la UOM Seccional La Plata que los expulsa arbitrariamente del gremio. “Por la reincorporación al trabajo de los compañeros delegados suspendidos. ¡Por la inmediata reincorporación a la UOM del cuerpo de delegados de Propulsora!”. Carlos Raymundo por Cuerpo de Delegados y Comisión Interna ARS “Deseamos expresarles nuestra solidaridad con todos ustedes y en ese sentido ofrecernos como difusores entre nuestros compañeros con vistas a encarar alguna medida de solidaridad efectiva con vuestra lucha”.

El miércoles 16, coincidiendo con el segundo mes del “Santiagueñazo”, el “Frente de Gremios en Lucha” realizó una masiva manifestación de repudio a la política de la Intervención Federal. Los tres mil manifestantes, con una mayoría de jubilados, docentes medios y de diversas reparticiones estatales, se movilizaron por las calles céntricas y se concentraron frente a la sede del gobierno para entregar un petitorio de 12 puntos. Ahí exigen la derogación de la ley Omnibus, rechazan la reducción de salarios y el traspaso de las cajas jubilatorias, la defensa del 82% móvil, el pago de todas las deudas, el juicio y castigo a los corruptos y la devolución del patrimonio público saqueado. Schiaretti dejó a funcionarios de segundo orden para recibir el petitorio y desplegó todo el aparato represivo de la provincia en torno a las principales reparticiones públicas. El despliegue policial no intimidó a la manifestación, que al grito de “tienen miedo, tienen miedo”, “Que se vaya, Que se vaya” , volvía a colocar el problema de las reivindicaciones en un marco político. En la manifestación se expresó el proceso de radicalización política de las masas santiagueñas. Los conflictos también recrudecen: el gremio docente de AESyA se encuentra en quite de colaboración y en principio ha declarado que no iniciará las clases; la misma actitud han declarado los demás gremios de la docencia; diversas reparticiones estatales han realizado paros y manifestaciones. La intervención no ha logrado establecer una política que frene el proceso de lucha. La reincorporación de 2.000 cesanteados en la época de Lobo, el pago de parte de la deuda salarial, el encarcelamiento de algunos funcionarios de segundo orden, sólo ha servido para templar la confianza de los trabajadores, que ven que con el “santiagueñazo” y con el permanente estado de lucha se logró imponer algunas reivindicaciones. Por otro lado, Schiaretti anunció una política salarial de recorte de adicionales, que en algunos casos significan una reducción del 40% (según denunció AESyA, o del 60% según CISADEM). El proceso de lucha se combina con la formación de comisiones de bases que escapan al control de la dirigencia de los principales sindicatos, como ocurre en Recursos Hídricos, Contaduría de la provincia, en ciertos sectores de sanidad, Tribunal de Cuentas, Vialidad. Esto ha llevado a algunos sectores a plantearse la coordinación de las comisiones de base y pasar a disputarle de conjunto la dirección de los trabajadores a la burocracia sindical. Mientras se acentúa la tendencia a un reagrupamiento combativo de los trabajadores, la intervención no ha logrado disciplinar a las fuerzas del PJ para la próxima Constituyente, al decidir Juárez salir por afuera con un frente con los “peronistas descamisados” (ex Fral) y otros grupos menores. De esta manera, el PJ se presentaría muy debilitado, pues Juárez aún domina gran parte del aparato partidario y ello no está compensado por un abanico de apoyo que encontró la intervención en la DC, el PI, el PF, la Ucedé y el MID, que son fuerzas menores. Coyunturalmente, eso favorecería a la UCR, que logró salvar la interna y ha radicalizado su demagogia, por ejemplo llamando a participar de la manifestación del 16 de febrero. El centroizquierda se presenta dividido, en un frente del PSP-PSD y el Frente Grande, que se expresará con otro nombre, “Memoria y Participación”. En este cuadro, la conformación del FIS ha dado la posibilidad en la provincia de que la izquierda pueda constituir la única herramienta capaz de darle expresión política a la tendencia de lucha de los explotados, y que se resume básicamente en impulsar la formación de los comités de base en todos los lugares de trabajo, de estudio y en los barrios, la formación de coordinadoras que pasen a dirigir la lucha por las reivindicaciones, preparando el terreno para expulsar a la intervención, dando lugar a la imposición de un gobierno de trabajadores.

El cuerpo de delegados ha hecho un llamamiento público a todas las organizaciones obreras, democráticas y juveniles para que se pronuncien y rechacen su expulsión de la UOM La Plata, consumada sumaria y arteramente por la burocracia podrida de Di Tommaso. ¡Campaña nacional! Para convertir cada pronunciamiento en el eslabón de una gran campaña de movilización para exigirle a la UOM el levantamiento inmediato de las expulsiones. Una campaña nacional a lo largo y a lo ancho del país, porque el blanco del ataque burocrático es un cuerpo de delegados y un activismo obrero que ha estado en la primera línea de la resistencia a los planes hambreadores y flexibilizadores del grupo Techint. La defensa del cuerpo de delegados proscripto —cabeza de la oposición seccional a la burocracia de la UOM La Plata— es una cuestión de principios para el activismo metalúrgico y para todas las corrientes sindicales y políticas que actúan de acuerdo a los intereses del movimiento obrero. Como denuncian los delegados de Propulsora, su expulsión delata a la burocracia de la UOM como un agente de las patronales siderúrgicas. Antonio Di Tommaso, quien además de burócrata es diputado provincial del PJ, los quiere fuera del sindicato y de la fábrica porque actúa a cuenta del insaciable pulpo Techint. La expulsión retrata el compromiso entre la burocracia y una patronal que ha sido pionera de la “reforma laboral” menemista (en buena parte se viene aplicando en todas las fábricas metalúrgicas de la zona con el aval y el acuerdo de Di Tommaso y su gente). La movilización inmediata que reclaman e impulsan los delegados de Propulsora Siderúrgica tiene objetivamente en la izquierda a un primer destinatario: debemos tomar la iniciativa de responder a esta campaña nacional. Para que llegue y se extienda a todas las comisiones internas, cuerpos de delegados, activistas, listas de oposición, centros de estudiantes y organizaciones de masas. En Aluar, en Acindar, Aceros Paraná y Siderca, en todas las empresas del pulpo privatizador Techint y en todas las fábricas del país, la defensa del cuerpo de delegados de Propulsora es una bandera de movilización para un Frente de Izquierda.

Los noticieros nos despiertan con la “noticia” que Carlos Menem “jugó” tenis en la residencia de Bernardo Neustadt en “Punta del Este” y que Carlitos Jr. “quedó en libertad” y con una “muela rota”. De la muerte de seis adolescentes, en Gobernador Gálvez, “nadie” dice nada... “nadie” se siente culpable... Creo que “sólo” los padres “nos” sentimos culpables... sentimos la “impotencia” de “no” poder hacer lo suficiente para ayudar a nuestros hijos y prepararlos para la vida. Se dice que “no hay” culpables... yo creo que “sí”, que hay “culpables y responsables”, y el responsable “más grande” es el gobierno con su política “destructiva” hacia la clase obrera, y también los partidos políticos “cómplices” de toda esta destrucción. El juez “recomienda” a los padres “tirar las armas”... el gobernador Reutemann “está preocupado”, la Iglesia “llama” a los padres a “dialogar” con sus hijos, ya que se “habla poco y sin sinceridad”, cuando los mayores “hipócritas” son ellos, ya que “nunca” cumplieron con lo que “supuestamente” es su “papel”... “ocuparse” del problema social, de la clase desposeída, pasando a convertirse en el “cáncer más grande” a cargo del Estado, que se “desentiende” de la “educación”, destruye escuelas, “despide” docentes y condena a nuestra juventud a ser analfabetos, pero se “hace” cargo de la religión y la “impone”. Creo que todo este problema “gravísimo”, por cierto, debe ser un “llamado”, a los padres, a los partidos políticos y a toda la comunidad en general. Nada se dice del gran porcentaje de desocupación que afecta a este pueblo de Rosario, como a tantos otros de nuestro querido país, donde los padres nos vemos obligados a salir a trabajar muchas horas fuera de nuestras casas para así poder cubrir las necesidades más urgentes de nuestros hijos, y “no” nos damos cuenta, que las carencias también “pasan” por otro lado; yo como mamá de una adolescente, estoy muy preocupada por este problema, que es una realidad cruel, en nuestro país, producto de la miseria a la que se ve condenada la clase trabajadora, por esta política de hambre, desocupación y corrupción, que a nadie parece importarle. El barrio donde vivo es un “real” ejemplo del “problema” que afecta a nuestra juventud; ya es parte del “paisaje” diario el ver grupos de jóvenes amanecer por las esquinas, borrachos y drogándose, asaltando a la gente del barrio (Budge) que sale a trabajar; estos jóvenes “no” trabajan, “no” estudian, “no” cuentan con talleres donde se pueda aprender un oficio, “no” cuentan con ningún club donde se pueda practicar algún deporte... pero al barrio (Budge) le sobran “unidades básicas” del PJ y en Camino Negro, entre Recondo y Quesada, está el “Altar a los Santos Americanos”, inagurado por el entonces vicepresidente Duhalde (hoy gobernador) y monseñor Quarracino, en el año 1991. “Otra hipocresía de la Iglesia” y los “gobiernos de turno”. Se dice que en Argentina... el suicidio “no” es delito... el juez “está” investigando, si “alguien” está investigando el “suicidio”, pero esto más bien “es un asesinato” que están “cometiendo” los funcionarios que hoy dirigen el destino de todos los argentinos. Se dice que la primer escuela es el hogar, pero... ¿Cómo se hace para preparar a un adolescente para su paso por la vida, cuando nosotros mismos, como padres, “no sabemos” “ni podemos” cubrir sus necesidades más elementales y hasta llegamos a sentirnos culpables de haberlos traído al mundo que se “desentiende” totalmente de “este grave” problema social, que provoca ese ser destructivo que es el “hombre”, que luego es incapaz de encontrar la solución? Compañeros, este tema también es un llaamado a los partidos políticos, pero los partidos burgueses “no se ocuparán” de él, ya que están ocupados en “rematar” al país y esclavizar a los trabajadores... mis esperanzas están puestas en el partido de los trabajadores... en que tome este problema, el de la juventud y el de la mujer como “frente de trabajo”. Una vez me dijeron... que “no debía” buscar la “tabla de salvación” en el partido obrero y soy conciente que la “salvación” vendrá en la medida que “uno” se “comprometa” a buscarla... pero yo creo que como partido revolucionario, único representante de la clase obrera... ahora depende del partido, de “su” forma de encarar el trabajo para organizar y orientar a su clase, encontrar la solución a este grave problema... que “debe” importar a todos. Y me pregunto: ¿si no busco la salvación entre los de “mi clase”, en quién debo buscarla? Está comprobado que nada podemos esperar del capitalismo, “nos” quita todo, la salud, la educación, el trabajo, cada día nos esclaviza más, se trabaja “más horas” por “menos” plata, y ahora también nos quita lo “único” de valor que nos quedaba: “la familia”, a nuestros hijos... también se los lleva... “a la muerte”. Compañeros: ¿Qué se debe hacer? Yo sé que a mi hija “debo” encaminarla, que las demás “cosas” que necesite, ella misma debe “proveérselas”... pero tengo mucho miedo de “no saber” mostrarle el camino correcto y me “asusta” mucho más que, en la medida que vaya comprendiendo el “drama” de la juventud, no se equivoque al tomar una decisión. Budge-Lomas

Con su promocionado “plan de traslado” de la Villa 31 de Retiro, el gobierno de Menem ha tratado de aparecer como el “abanderado” de los villeros y del mejoramiento de sus condiciones de vida. En boca del gobierno que ostenta el récord histórico de desocupación, de reducción salarial, de un colosal aumento de los alquileres y de especulación inmobiliaria, esto es una completa hipocresía. El gobierno quiere liquidar la Villa para viabilizar el fabuloso negocio inmobiliario de urbanización suntuaria de la zona de Retiro y el puerto, con la construcción de hoteles internacionales, torres para oficinas, shoppings, “lofts” para “yuppies” y ricachones, como los de Puerto Madero, y el trazado de una autopista. En conjunto, el llamado “proyecto de urbanización de Retiro” pone a los terrenos donde está asentada la Villa 31 entre los más cotizados de toda la Capital Federal. Es la “irresistible” presión de los especuladores inmobiliarios lo que ha llevado al menemismo a impulsar —“manu militari”— este proyecto “humanitario” de desmembrar la comunidad de la Villa 31 en trece zonas diferentes de la Capital, sin siquiera consultar a los vecinos. Pero lo que les espera a los vecinos de la Villa 31 en los “nuevos destinos” que les reserva el menemismo lo atestigua la suerte que han corrido los habitantes del ex-Albergue Warnes, “erradicados” por Grosso: en el barrio Carrillo, donde fueron “reubicadas” las 470 familias del Warnes, hoy sólo quedan apenas 100 por las condiciones inhabitables de las viviendas. Convencido de que “la letra con sangre entra”, el gobierno que posa de “defensor de los villeros”, les está “apretando las clavijas” : el viernes 11, un operativo policial de enormes dimensiones —con helicópteros, armas de guerra y caballería— ocupó la Villa durante horas. Tampoco los vecinos de las zonas “receptoras” han sido consultados por el gobierno. En Colegiales, Mataderos, Lugano 1 y 2 se produjeron manifestaciones que denunciaron el móvil estrictamente especulativo-inmobiliario del “plan” menemista y reclamaron el cumplimiento de las ordenanzas que establecen que los espacios verdes y terrenos fiscales -donde el gobierno pretende “reubicar” a los vecinos de Retiro- sean destinados a plazas de juegos, jardines infantiles y, en el caso de Mataderos, a un hospital materno-infantil. Negocios El telón de fondo del conflicto en torno a la Villa 31 son los poderosos intereses inmobiliarios que están en juego. Los de la urbanización de Retiro, claro está, se hallan detrás de la posición oficialista. En la vereda de enfrente, se ubican otros grupos capitalistas perjudicados por el “plan de reubicación”. Luis Diez, de “Diez Propiedades”, no tiene dudas cuando afirma que “Colegiales es un mercado inmobiliario en franco avance ... (donde el futuro remate del Mercado Dorrego) puede atraer nuevos proyectos, pensamos algo así como shoppings, ya que es una de las pocas zonas estratégicamente ubicadas de la Capital”. “La excelente venta de los loft-silo de Dorrego —agrega— incrementó la demanda y mejoró el gusto por la zona” (Ambito Financiero, 10/2). A caballo de estos intereses toman posición los concejales, algunos de los cuales participan de las movilizaciones de vecinos. Una “solidaridad” sospechosa si se recuerda que la bancada radical del Concejo Deliberante está metida hasta las manos en el escándalo de la “escuela-shopping” de Once y que esa misma bancada “opositora” dio el quórum imprescindible para la autorización de construir en Puerto Madero edificios de una altura superior a la que permiten las ordenanzas municipales. No a la erradicación La erradicación, en estos términos, debe ser rechazada de plano, promoviendo asambleas de vecinos y villeros para resolver cualquier medida urbanística que los involucre. Ningún traslado de los vecinos de la Villa 31 sin viviendas ya construidas, sobre terrenos conocidos y aprobados previamente por los interesados, y con títulos de propiedad en la mano. Construcción y urbanización a cargo del gobierno. Pago mediante cuotas no superiores al 10% del ingreso del jefe de familia, con moratoria en caso de desocupación.

Releyendo las páginas de Prensa Obrera, y más puntualmente las cartas de los lectores, donde las sugerencias y las inquietudes de los compañeros indican ya a esta altura de los acontecimientos características que traducen, que permiten entrever cierto escepticismo por la cosa prejuzgada sin haberse convertido luego de cierta antigüedad en realidad. Acaso el ejemplo más aleccionador y que constituye además el motivo de polémica más agudo, más escabroso de la cuestión se dé y con bastante frecuencia, por cierto, en el hecho de haber caracterizado la situación económica desde hace tres años como desembocante en una hiperinflación con todas las proporciones y desgracias que de ella se derivan. El haber permitido que la realidad desvirtuara, mediante la mantención de la mayoría de los precios de los artículos que integran la canasta familiar, sin contraponer, para esta difícil ocasión, por lo menos, un discurso a manera de amortiguante del momento; ya que los economistas del partido aún no han argumentado un planteamiento que difiera sobre los incisivos y mordaces interrogantes de nuestros críticos; los cuales, por estos tiempos, además del número que les proporciona la coyuntura de la división de la izquierda se encuentran, ellos sí, a la espera de las rebajas de los precios de las mercaderías que por estos momentos saturan la economía de todos los países, rebajas que además ya se han evidenciado en varios artículos. La responsabilidad de la marcha por la cosa política y económica del partido, compañeros, nos incumbe a todos por igual: a los dirigentes, en que los pronósticos completen en la realidad el curso pretendido, y a los compañeros de las bases, saber interpretar sin sectarismos y con sentido común aquello que tiene carácter profético de lo real. San Miguel

El 20 de enero se cumplió un año de la feroz violación y asesinato del niño Daniel Vidal en las inmediaciones de Goldney —partido de Mercedes. En cuestión de horas y denuncia mediante, familiares y pobladores de Goldney indicaron al posible asesino y su lugar de trabajo, pero la policía ni siquiera rastreó como se debe y el acusado abandonó la zona. La policía tampoco quiso mostrar una foto del presunto asesino —que ya había estado preso— y más adelante se negó a buscarlo aduciendo no tener combustible para sus vehículos. Estos hechos provocaron la movilización de los familiares, amigos y vecinos de Daniel, maestras y alumnos de la escuela, inaugurando las “Marchas del Silencio contra la impunidad” en Mercedes. Para la última marcha, a un año del crimen, el PO se encargó de agitar la convocatoria en los medios de prensa y un grupo de compañeros del partido difundió un video testimonial sobre el caso Vidal que sacudió a los mercedinos. Otros núcleos del partido realizaron un mural sobre la impunidad, agitaron Goldney y la ciudad. El día de la marcha, una concurrencia compactada de una cuadra y media de gente —más de 200 persona, la mayor movilización en mucho tiempo— marchó por las calles céntricas, pasó por los tribunales y se detuvo en la comisaría “responsable” de la investigación. Allí se logró una entrevista abierta con el nuevo comisario, ante quien se denunció la complicidad del aparato policial y judicial con el encubrimiento del crimen. Miguel Pastorini (PO) condujo el debate o fue único orador de la jornada, en nombre de los familiares y amigos de Daniel Vidal. Estos reclaman la investigación y castigo de los responsables del crimen y exigen el apartamiento del juez “que no entiende en la causa”, la detención inmediata del Oficial Inspector a cargo del archivo y sumario, y castigo al comisario regional Franco, uno de los protagonistas del encubrimiento. En la propia marcha quedó fijada la fecha para una nueva movilización el 24 de febrero y está en discusión convocar a familiares de otros “desaparecidos” o asesinados en la provincia sobre los que rige la misma “ley” de silencio y encubrimiento que con Daniel Vidal. Queda para el anecdotario la venida a pie del intendente Gioscio (PJ), quien tuvo que interrumpir su descanso vespertino para llegarse hasta la plaza con el único objetivo de hacer demagogia y se tuvo que ir con el ceño fruncido ante la hostilidad de la concurrencia.

Después de leer la nota de la compañera Patsy (PO Nº 410) sentí la necesidad de contestarle, venciendo así una barrera que me acompañó durante 4 años de militancia. Aunque nunca milité con la compañera Patsy, sé que es una antigua militante del PO y por eso no entiendo su posición respecto al aborto. Creo que ella niega una realidad social que yo, como enfermera de un hospital público, observo a diario. La cantidad de vidas de mujeres (entre 13 y 45 años) que se pierden por recurrir a métodos clandestinos y caseros más aberrantes y nocivos que los que comentó la compañera en su nota. En estos 4 años de militante no escuché nunca en el PO que estuviéramos por el “aborto obligatorio”, sino por el derecho de la mujer de poder hacerlo cuando lo crea necesario y en condiciones de seguridad y espacio que se deberían garantizar en un lugar público. Esto lo escribo para esclarecerle a muchos compañeros lo que es la posición del PO sobre este tema.

La huelga general del 27 de enero ha sido una gran movilización de la clase obrera. Ha significado el punto álgido de un proceso de discusión y de lucha que se inició a mediados de noviembre pasado, cuando se hizo evidente la disposición agresiva del gobierno de imponer a toda costa la contrarreforma laboral, los decretos sobre los nuevos contratos-basura —de aprendizaje, de tiempo parcial— y los recortes de las prestaciones sociales. Las direcciones sindicales de CC.OO. y UGT se vieron obligadas a convocar la huelga general ... a causa de la creciente presión de las bases sindicales que habían convertido las asambleas y las manifestaciones de la jornada del 25 de noviembre en un clamor por la convocatoria de la huelga general. La reticencia a convocar por parte de los Gutiérrez y Redondo hizo que la huelga se trasladase a enero, dando tiempo para que el Parlamento hiciese una votación de urgencia en pro de la reforma para desmovilizar a los trabajadores, presentando la protesta como obra de un grupo minoritario enfrentado al 90% de las Cortes y sin posibilidades de rectificar un hecho consumado. Pero ha sido precisamente esta implicación a fondo del gobierno-PSOE, apoyada en una extraordinaria beligerancia de la patronal y de todos los partidos burgueses —con un papel destacado por parte de Jordi Pujol—, la que ha dado al 27/1 el carácter de una verdadera tormenta política ... La huelga general ha sido un éxito porque ha superado toda clase de presiones y obstáculos: el miedo al paro, a la represalia de los empresarios, la imposición de servicios mínimos abusivos (de hasta el 40% en Catalunya-Radio), un despliegue inédito y avasallador de la policía y, por supuesto, una escandalosa campaña de intoxicación informativa en todos los medios de comunicación ... El 27/1 ha contado con el apoyo de todos los sindicatos de clase, incluso los de sector y los nacionalistas. Ha recogido la participación activa del grueso del movimiento asociativo popular (jóvenes, vecinos, parados, pequeños comerciantes, deportistas, intelectuales y artistas). Esto demuestra una vez más la unidad de la clase obrera en todo el estado español. De este modo, los sindicatos han retomado y ampliado su carácter vertebrador de toda la oposición social al gobierno y a los planes antiobreros de la burguesía. Pero este avance de la clase obrera se ve todavía empañado por las limitaciones políticas, las que imponen las mismas direcciones sindicales, cuyo único objetivo es volver a negociar con el gobierno para limar lo más áspero y regular lo más arbitrario de la reforma. Así, han dejado al 27/1 sin perspectivas de futuro, sin nuevas convocatorias para continuar ni objetivos precisos más allá de la modificación de la reforma y la exigencia de una nueva política que estimule el crecimiento económico. Aun así, las consecuencias serán —ya son— profundas. Se ha desnudado el último engaño electoral del PSOE, “el cambio del cambio”, apareciendo ya como un vehículo para la hegemonía de la derecha, para la ruptura del equilibrio establecido en los Pactos de la Moncloa, despojando a la clase obrera de derechos fundamentales y marginando a los sindicatos (cuando la dirección del PSOE prometió lo contrario hace sólo 6 meses). La situación política deriva hacia la polarización y el enfrentamiento. La patronal trata de que las direcciones sindicales negocien un pacto de rentas para evitarse las luchas inminentes por los convenios. No hay que dar tregua. Los trabajadores concientes hemos de exigir un plan de lucha de los sindicatos para que se retire la reforma laboral, para abordar los convenios con éxito y para alcanzar las reivindicaciones. Hay que combatir esos objetivos precisos, mantener la unidad de acción y prepararse para continuar la lucha, incluyendo una nueva huelga general si el gobierno sigue sin ceder.

A mi modo de ver, el libro debería comenzar con un detalle informativo general, descripción somera de sus artículos, de qué es lo que uno elige con esta convocatoria a la reforma. Y cómo lo elige, etc., antes de entrar a su análisis y crítica. Podría ayudarse con cuadros sinópticos de los artículos principales. A continuación podría ir el artículo de José Ortiz, pero haciendo referencia explícita de dónde saca cada una de sus conclusiones como sí lo hace con el artículo 1º del proyecto. Luego irían las demás notas. Este orden no es por importancia, sino por pedagogía. ¿A qué viene esto? Es al solo efecto de llegar con este libro a sectores mayores que al de los círculos militantes. Remedio: Se puede sacar una separata con el informe general y adicionar al libro —del mismo tamaño que el libro. 16/2/94

15 de enero de 1919. Rosa Luxemburgo y Karl Liebcknecht, dirigentes del ala izquierda de la socialdemocracia, fundadores del Partido Comunista Alemán y “los mejores representantes de la IIIª Internacional” (Lenin), fueron secuestrados y asesinados en Berlín por grupos paramilitares al servicio del gobierno socialdemócrata. 15 de enero de 1994. Más de 80.000 manifestantes marchan en Berlín hacia las tumbas de Rosa Luxemburgo y Karl Liebcknecht, en el 75º aniversario de su asesinato. Una manifestación impresionante en la que hipócritamente estuvieron presentes los dirigentes del SED —el ex partido stalinista en el poder en Alemania del Este— (que siempre denigró a Rosa Luxemburgo y a Karl Liebcknecht) y de la socialdemocracia (que ordenó su asesinato), pero que recuerda a propios y extraños que Rosa Luxemburgo y Karl Liebcknecht están presentes en la memoria colectiva de los explotados alemanes. El nombre de Lenin —según la prensa— fue asociado en pancartas y banderas por los manifestantes al de los comunistas alemanes asesinados: “Rosa, Karl, Vladimir. No olvidamos, estamos aquí, luchamos y venceremos para terminar con el capitalismo”. Una presencia y una memoria que —con cuatro millones de desempleados y en un cuadro de agudos ataques patronales contra la clase obrera y sus conquistas— son por demás inquietantes para la burguesía alemana.

El aborto es una REIVINDICACION y el ejercer ese derecho pasa por una decisión personal o de pareja, al igual que la vasectomía. El planteo que hace la compañera Patsy (PO Nº 410) refleja la aceptación del “mercado negro” de la medicina, sin tener en cuenta el peligro de muerte de una mujer que aborta clandestinamente ni las causas que la llevaron a tomar la decisión (violación, hijos no deseados, etc.). Muchos son los derechos que tenemos y no hacemos uso de ellos: a veces por ignorancia, otras porque no están dadas las condiciones y otras porque no nos interesa. La legalización del aborto gratuito implica la libertad de optar, porque no es justo que nuestra posibilidad de pago determine: sanatorio o curandera. Los luchadores bregamos para que el ejercicio de nuestros derechos no esté condicionado al factor económico. El trabajador está dejando de ser un derecho para transformarse en una necesidad, lo demuestra el hecho de que cada vez hay más mujeres que deben dejar sus hijos solos para ayudar a “parar la olla”, como así también aumentó el número de menores en el “mercado laboral”. Esto es lo que nos debe generar impotencia en este sistema perverso. La compañera asevera no haber tenido, JAMAS, sentimientos religiosos, pero su sangrienta descripción “cucharas filosas” pretende generar un sentimiento de Jack el Destripador a quien defiende el aborto gratuito al igual que los videos que sobre el particular destina la Iglesia a los estudiantes secundarios. Engels no sólo por el hecho de ser marxista sino por su condición de hombre, capaz de engendrar, se pudo imaginar, al igual que una mujer que nunca se vio en la necesidad de “optar”, lo que es un aborto. Engendrar es procrear y para procrear se necesita un macho y una hembra (en la especie humana). Personalmente, HOY —no abortaríamos, pero no juzgamos a quien lo hace ya que de hecho hemos acompañado (y acompañaríamos) a quienes se encuentran ante esta difícil situación. Un aborto no se decide a la ligera. Sin duda, la pérdida de un hijo —tanto para el padre como para la madre— es una herida que jamás cicatriza, más allá de las circunstancias que provoque dicha pérdida. Defender la vida no se hace negando el aborto sino exigiendo la atención gratuita: ginecólogica, quirúrgica y psicológica. Si aceptamos la sexualidad ligre, sin culpas ni riesgos, estamos aceptando el Derecho al aborto gratuito. P.D. de Mónica: Reivindico el Derecho al aborto a pesar de haber experimentado el dolor por la muerte de dos de mis hijos. No por abortar, precisamente. Fallecieron horas después de nacer. Peor que un aborto. Fue contra mi voluntad. No me destruyó absolutamente como madre, sí me marcó. Tengo un hijo, el del medio, que está vivo. No lo hago prisionero de mi angustia. 21/2/94 Río Gallegos

El próximo 2 de marzo se hace la marcha Nº 100 de los jubilados. La convocatoria es en Congreso, para luego marchar a Plaza de Mayo. Llamamos a movilizarse masivamente. Contra la “reforma previsional” que liquida definitivamente el 82% móvil y el aporte patronal; que legaliza el saqueo de décadas contra las cajas previsionales y que entrega miles de millones de dólares de aportes obreros a los capitalistas que manejarán el negocio de la “jubilación privada”. Llamamos a movilizarse contra la “reforma laboral”, en realidad una “contrarreforma”, que entierra la conquista histórica de la jornada legal de 8 horas; que “termina” con las horas extras para incorporarlas a la jornada “normal”; que liquida el descanso dominical, que liquida las vacaciones, que liquida la estabilidad del empleo y del salario; que liquida los convenios colectivos para imponer la “flexibilidad” en todos los gremios; que refuerza la superexplotación; que barre con las conquistas de los docentes, periodistas, choferes y otros gremios. Llamamos a movilizarse para enfrentar el pacto Menem-Alfonsín y la Constituyente reaccionaria, cuyo objetivo es establecer una dictadura civil del Ejecutivo privatizador y acabar con las conquistas de los trabajadores. Por el paro general Las cien marchas de los jubilados expresan un movimiento de lucha. Esta lucha ha sido traicionada hasta ahora por la burocracia sindical en todas sus variantes: la CGT “oficial”, el MTA y el CTA. Pugnan hoy por participar como socios menores de la jubilación privada y son cómplices de la caída de los salarios y de la imposición de la “flexibilidad laboral”. Ninguna de estas direcciones pretende organizar la movilización de los trabajadores para derrotar al gobierno. Un gobierno que está empeñado en barrer con la jornada laboral, las vacaciones, el descanso semanal, los convenios colectivos, no va ser contenido por una movilización esporádica. Las movilizaciones aisladas no bastan. La vía de salida son los santiagueñazos y la huelga general. Tengamos en cuenta el camino del paro general que los trabajadores españoles protagonizaron el 27 de enero pasado para enfrentar la reforma laboral que Caro Figueroa diseñó allá y quiere aplicar ahora acá. En esta perspectiva llamamos a movilizarse masivamente este miércoles 2: por los 450 pesos de jubilación mínima y el 82%. Por una jubilación estatal bajo control y administración de los trabajadores, financiada exclusivamente por el aporte patronal. Fuera la contrarreforma laboral. Por la defensa de la jornada de ocho horas y los convenios colectivos. Por paritarios elegidos en asamblea. Contra el pacto Menem-Alfonsín y su Constituyente reaccionaria.

Tras haberse agotado las negociaciones regionales para la renovación del contrato colectivo metalúrgico, la IG Metall —el sindicato metalúrgico— debe llamar a sus afiliados a votar la realización de una huelga general. Hasta ahora, mientras se desarrollaban las negociaciones regionales, tuvieron lugar numerosas huelgas reducidas y parciales como forma de “presión” a las patronales. La IG Metall reclama un aumento salarial del 6% —aunque dejó trascender a la prensa que se declararía conforme con un 3-4% más alguna forma de “seguro de empleo”. “Los sindicatos —dice The Wall Street Journal (16/2)— ofrecieron moderar sus demandas salariales a cambio de una semana laboral más corta”. Las patronales, por su parte, pretenden imponer el congelamiento de los salarios y la derogación de la “prima por vacaciones” —lo que llevaría a una reducción del “costo salarial” del orden del 10%— amén de otras concesiones en el terreno de la “flexibilización” de las condiciones de trabajo. Según las cifras oficiales, existen cuatro millones de desocupados en Alemania, el 10% de la población económicamente activa. Pero la cifra real de desempleados es mucho mayor: existen 910.000 desempleados parciales, 670.000 trabajadores realizando “cursos de formación” o de “reentrenamiento” (un paso previo al despido) y otros 650.000 con “licencia pre-retiro” que nunca volverán a trabajar. A esto hay que agregarle otros dos millones de trabajadores, que han dejado de buscar empleo porque saben que no lo encontrarán. Una fuerza laboral de ocho millones de hombres y mujeres, nada menos que el 20% de la población activa, está sin empleo. Y los pronósticos son aún más negros: un “informe confidencial” elaborado por las cámaras patronales predice dos millones de despIdos adicionales en el curso del año (International Herald Tribune, 31/1). Antes de fin de año, Alemania tendrá diez millones de desocupados, la cuarta parte de su fuerza laboral. A la vez que una expresión bárbara de la envergadura de la crisis capitalista mundial, un desempleo del 25% —cuando la caída de la producción no supera el 5%— es un arma de la burguesía para desmoralizar al proletariado, quebrar su resistencia y liquidar sus conquistas. El gobierno de Kohl, por su parte, ha dictado un “paquete fiscal” que constituye una reducción salarial lisa y llana. A partir del 1º de enero el gobierno aumentó los impuestos a la nafta y al teléfono, ha decretado la reducción de las indemnizaciones por despido y un aumento del 2% de los descuentos salariales para el seguro de desempleo. Un ejemplo de la política patronal-oficial es el convenio firmado en la industria química, que establece un aumento del 2% y permite a las patronales contratar trabajadores por un 90% del salario de convenio. Esto, dice “The Financial Times”, 14/1, constituye “una importante concesión de (la burocracia) la IG Chimie... un cambio significativo hacia una mayor flexibilización”. La burocracia metalúrgica aceptó, en Volkswagen, la reducción de la semana laboral a cuatro días con una reducción salarial del 10% y una “sustantiva flexibilización” de las condiciones de trabajo. La política de la burocracia sindical está en completa bancarrota. Esto lo señalan los propios capitalistas: según “The Wall Street Journal ”(7/12/93) “la miseria económica amenaza minar el consenso social entre los sindicatos, los gobiernos y las empresas. Los empleadores están poniendo fin a décadas de colaboración con los sindicatos y enfrentándolos con nuevo vigor... los sindicatos marchan a una crisis estructural”. Pero los trabajadores alemanes están muy lejos de aceptar pasivamente la liquidación de sus conquistas y sus condiciones de trabajo. Las muy masivas y recientes manifestaciones de los trabajadores de la construcción y de los mineros y las propias huelgas metalúrgicas lo confirman.

Para intervenir en las próximas elecciones constituyentes se formó un frente entre el Mas, el Mst y el Partido Obrero, que se ha convenido en denominar Frente de Izquierda Socialista-FIS. La presencia del FIS tiene un alcance nacional, pues habrá de participar electoralmente en dieciseis distritos, los cuales incluyen no solamente a los más importantes en número sino también a aquellos que se han destacado por las movilizaciones populares que se protagonizaron en los últimos meses. Nos referimos, claro, a las provincias de Santiago del Estero, La Rioja y Catamarca. En el caso de Santa Cruz, donde el Partido Obrero interviene en un frente con las direcciones sindicales y populares combativas de la provincia, el frente de izquierda es la única fuerza que habrá de presentarse fuera del justicialismo y del alfonsinismo. La formación del FIS ofrece la oportunidad de librar una lucha de un alcance mayor al que hubiera podido acceder cada fuerza por separado, contra el gobierno entreguista y anti-obrero y contra el pacto Menem-Alfonsín, y la oportunidad de desarrollar a fondo la delimitación política y la denuncia del Frente Grande, que se presenta a los comicios con un programa clerical, distraccionista y antidemocrático. Es esta posibilidad la que destaca el Partido Obrero en su valoración del FIS. Por esto llamamos a los trabajadores a reforzar la campaña del FIS, mediante la denuncia de los lazos que en todas las fábricas, fincas y oficinas unen a los grandes capitalistas con el gobierno; documentando las características incorregiblemente antiobreras del régimen político actual; despertando al conjunto de los trabajadores a la conciencia de esta intolerable situación; e impulsando las reivindicaciones más sentidas de los explotados, para darle a la lucha de los trabajadores un carácter de conjunto y una forma política definida y directa, que permita acabar con este gobierno anti-obrero y hacer realidad la consigna Fuera Menem-Cavallo. El Partido Obrero entiende su participación en las elecciones constituyentes como un medio para impulsar las reivindicaciones de los explotados contra el régimen capitalista y su Estado, y para desarrollar las tendencias de las masas hacia una acción directa y colectiva para la satisfacción de esas reivindicaciones. La tribuna electoral, y eventualmente la del parlamento constitucional, será utilizada abiertamente y francamente en esa dirección. Limitaciones El FIS enfrenta, sin embargo, estas elecciones constitucionales, y en general a la actual situación política, con enormes limitaciones. Su formación ha seguido una metodología crudamente oportunista, ya que tuvo exclusivamente en cuenta el reparto de las candidaturas y la distribución del dinero que otorga el Estado según la cantidad de votos obtenidos. La determinación de la orientación política del frente tuvo un carácter secundario y de pura forma; se puede decir, sin la menor posibilidad de error, que el FIS carece de un planteo político común. El Partido Obrero se vió obligado a aceptar el Frente con estas características porque fue colocado ante un hecho consumado, y porque era el último recurso para evitar la completa atomización de la izquierda en las elecciones del 10 de abril. El crudo oportunismo al que hacemos referencia se manifiesta en que el FIS es integralmente la criatura de un acuerdo por separado entre el Mst y el Mas (otro pacto, al fin), que tiene por “pilares” la cesión de la primera candidatura por la provincia de Buenos Aires al Mas (la segunda al Mst) y un reparto del dinero que entrega el Estado que beneficia en particular al Mst. En esto consistió el contenido del “ultimátum” al que Prensa Obrera se refirió en su anterior edición. Con antelación a este acuerdo por separado, la dirección del Mas tenía previsto llamar a votar en blanco, una posición que resolvió modificar cuando fue “tentada” con el ofrecimiento de la principal candidatura “frentista”, por parte del Mst. El Mst había roto a su vez el FIT, que se formara para las pasadas elecciones del 3 de octubre, cuando intentó llegar a un acuerdo con el Frente Grande, incluso después que los diputados de éste votaran a favor de la intervención a Santiago del Estero. (Para el pasado 3 de octubre, el Mst frustró una alianza con el Mas al poner como condición que el primer candidato debía ser Luis Zamora; ahora puso como condición que lo fuera el designado por el Mas a cambio de las concesiones de éste. Lo que nunca parece ocurrirsele es hacer un frente basado en el debate político y sin condicionamientos previos). Este carácter oportunista del FIS (que el Partido Obrero integra como un último recurso contra la atomización de la campaña de la izquierda contra el pacto Menem-Alfonsín y el contrabando del Frente Grande y de la burocracia del CTA); este carácter le ha impreso al FIS limitaciones enormes desde el inicio, como se manifiesta en el hecho de que aún no se haya dado a conocer oficialmente y en la negativa del Mas y del Mst a realizar un acto de lanzamiento de campaña y a programar actos conjnuntos, frentistas, en el curso de la campaña electoral. El FIS se limita, para el Mas y el Mst, a hacer las veces de una “cooperativa electoral”, cuya suma de votos permita consagrar dos diputados constituyentes nacionales y provinciales por Buenos Aires (para ello el FIS debería pasar de los 140.000 votos que obtuvieron el FIT y el Mas el 3 de octubre a los 240.000 que corresponden al mínimo del 3% del padrón electoral que exige la ley). Estas limitaciones del Frente, tal como fue constituído, son insalvables; frente a ello los militantes revolucionarios y de izquierda deben sacar sus propias conclusiones. Pero lo que sí se pueden superar son las limitaciones que el FIS le impone a la campaña electoral constituyente, para lo cual es necesario imprimirle a ésta un carácter nítidamente socialista y revolucionario y, por sobre todo, interesar en estos planteos a la mayor cantidad de activistas y de obreros, particularmente. La campaña electoral debe denunciar el carácter brutalmente antidemocrático del Pacto Menem-Alfonsín (reelección y legitimación de decretos de necesidad y urgencia); debe denunciar la conspiración en marcha para introducir otras “reformas” impulsadas por el clero (contra el derecho al aborto, educación confesional) y los grandes pulpos (darle rango constitucional a la “libre empresa”); debe atacar cualquier derecho que se arrogue esta Constituyente para anular conquistas de los trabajadores (reclamar que sea “soberana” es, por eso, reaccionario); y debe refutar cualquier ilusión constitucional, destacando que incluso la mejor constitución no pasa de ser sino un pedazo de papel hasta tanto el poder político no se encuentre sólidamente en las manos de la clase obrera. ¿Fuera Menem-Cavallo? ¡No! La plataforma del FIS incluye reivindicaciones obreras y nacionales muy justas, pero carece de una perspectiva política. Con esto cae en el constitucionalismo más vulgar (a pesar de todas las proclamas en favor de la “lucha” y de la “movilización” que figuran en su declaración política), porque supone que esas reivindicaciones podían encontrar su satisfacción en la reforma de la Constitución. La ausencia de una consigna general referida a la situación política tomada en su conjunto, impide denunciar el carácter distraccionista de la Constituyente de Menem y Alfonsín con relación a los reclamos, luchas y apremios populares, y contraponer a este parlamento ficticio y reaccionario una perspectiva política de conjunto de los explotados contra el gobierno hambreador. Esta descomunal limitación política del programa del FIS es la consecuencia de la oposición, tanto del Mas como del Mst, a la consigna Fuera Menem-Cavallo, que presidió la plataforma del anterior FIT. La ausencia de un debate político no permite cerñir adecuadamente las posiciones del Mas y del Mst, sobre este punto, ni tampoco se conoce algun artículo que explique por qué, tanto el uno como el otro, abandonaron esta consigna (Nota: el programa del FIT fue aprobado, durante su discusión, por el Mas). También en materia de programas campea la negligencia, es decir el oportunismo. Pero las razones esgrimidas durante las reuniones frentistas, tanto por el Mas como por el Mst, son reveladoras. Para el Mas, la campaña del 3 de octubre le habría mostrado que esta consigna es vista por los trabajadores como un ultimátún, para el Mst, la consigna es simplemente ultraizquierdista en las actuales condiciones. Dicho esto, tanto el uno como el otro impulsan la “huelga general”, el“argentinazo”, “muchos santiagueñazos”, y otras cosas parecidas. ¿Pero es posible impulsar estas consignas sin explicar que su realización es incompatible con la sobrevivencia del gobierno Menem-Cavallo? La consigna Menem-Cavallo no tiene que ver con la situación política en su sentido más estrecho o inmediato, sino con esta situación tomada en su conjunto. El régimen Menem-Cavallo (es todo un régimen) representa la reacción política y la ofensiva anti-obrera del capital, en toda la línea. Entre el movimiento obrero como tal y este régimen no hay conciliación posible; entre las conquistas históricas de los explotados del país y este régimen el antagonismo es inconciliable. Es el movimiento obrero o Menem-Cavallo. Abandonar, entonces, esta consigna equivale a capitular ante la ofensiva capitalista. Tenemos además la constituyente y la reelección de Menem. Oponerse a esta reelección desde un punto de vista constitucional sería una estafa, porque quien reemplazara a Menem, en las actuales circunstancias y condiciones, sería otro Menem sin patillas y quizás completamente calvo. No nos oponemos a la reelección por razones constitucionales sino de clase: esto significa echar, mediante la movilización de los explotados, al régimen entreguista. En este punto respondemos lo que respondió Luis Zamora en la campaña del 3 de octubre:“nosotros no sólo nos oponemos a la reelección de Menem, luchamos por acortarle el mandato”. Por último, pero no por ello menos importante: el régimen Menem-Cavallo tiene los pies de barro, esto porque depende mecánicamente de la continuidad de los fondos especulativos internacionales y de la desorganización de la clase obrera. Cuando las masas superaron esta situación voltearon a todos los gobiernos provinciales que se cruzaron a su paso: Chubut, Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero. Abandonar la consigna, Fuera Menem-Cavallo, en esta condiciones, es simplemente ceder ante la propaganda internacional que sostiene al llamado “plan Cavallo”. El método de la formación del FIS y su programa expresan el descomunal atraso político de la izquierda al que se enfrenta el Partido Obrero. Es en estas condiciones que debe proseguir el trabajo para construir una sólida vanguardia política obrera. El período actual, internacional y nacionalmente, es claramente convulsivo y revolucionario. Llamamos a impulsar una gran campaña para desenmascarar a la Constituyente de Menem y Alfonsín, es decir del imperialismo yanqui, y corregir y superar las limitaciones y deficiencias que se manifiestan en el conjunto de la izquierda y del movimiento obrero.

En las vísperas del inicio de las “negociaciones de paz” entre el EZLN y el gobierno mexicano, miles de campesinos ocuparon las alcaldías de una docena de ciudades de Chiapas durante toda una semana, en reclamo de la destitución de los alcaldes y de elecciones libres. A pocas horas de iniciada la toma de las alcaldías, la comandancia del EZLN llamó a destituir a todos los alcaldes de Chiapas y a elegir democráticamente los consejos municipales. Las ocupaciones pusieron en evidencia que “los grupos campesinos no violentos que el gobierno esperaba oponer contra los zapatistas, en cambio, han resultado estar más y más firmemente del lado de los insurgentes” (New York Times, 10/2). El reclamo de la destitución de los alcaldes —hasta hoy designados por el gobierno central— y de las elecciones libres en Chiapas toca uno de los puntos que se prevén neurálgicos en las “negociaciones”. Pero una “democratización” que no toque la base social del poder de los “caciques” —el monopolio de la tierra— será, por así decirlo, puramente epidérmica. Las ocupaciones de tierras que se han producido parecen ser un movimiento restringido y, por ahora, controlado. “Salida democrática” La “democratización de Chiapas”, incluida la elección de los alcaldes, es una de las “salidas” al levantamiento campesino que plantea el propio imperialismo. Pocos días después de la insurrección de Año Nuevo, The Wall Street Journal (21/1) editorializaba: “Si los miembros de los concejos municipales en Chiapas fueran elegidos por el pueblo en lugar de ser nominados por el gobierno central y los caciques locales, los campesinos podrían seleccionar los métodos que mejor sirvan para enfrentar su desesperada condición de privaciones económicas e injusticia social. Esta reforma democrática de abajo hacia arriba y de los márgenes hacia el centro no es una utopía: todo lo que requiere es respeto por el voto a todo nivel”. Las consignas de “elecciones libres” y “reformas democráticas” convocan, entonces a un grupo muy contradictorio de sectores y esto explica la catarata de “elogios” que los guerrilleros han recibido de todos los medios de prensa. Un ejemplo de esto, aunque no el único, es Octavio Paz, premio Nobel de literatura y proimperialista hasta la médula. Después de haber escrito en las primeras horas del levantamiento que “somos testigos de una recaída en ideas y actitudes que creíamos enterrados bajo los escombros —cemento, hierro y sangre— del Muro de Berlín” (La Nación, 27/1), Paz da un giro de 180 grados para descubrir que “las demandas de las comunidades (indígenas) me parecen, en lo esencial, legítimas. Hay que satisfacerlas” (La Nación, 18/2). Más aún, Paz encuentra que “esas demandas se inscriben dentro de las coordenadas políticas, jurídicas y sociales del México moderno”. La misma caracterización hace el proimperialista Carlos Fuentes: la rebelión campesina —dice— “nos habla a todos con un sentido incluyente de la modernidad” (Clarín, 20/2). Y para The Wall Street Journal, (11/2): “Si el imperio de la ley —y no la voluntad arbitraria de los caciques— llegarán finalmente a Chiapas, ello ocurrirá como parte del mismo proceso de modernización que está acrecentando los derechos individuales en todo México”. Para Paz, Fuentes o The Wall Street Journal, la “reforma política” debe ser el medio que resuelva la cuestión de la tierra, y no al revés. Esto permitirá, de un lado, enfrentar las ocupaciones de tierra recurriendo a las consignas y frentes democráticos, y, del otro, reformar el sistema agrario para permitir el desplazamiento de los terratenientes por las corporaciones capitalistas. Sólo en el Estado de Chiapas, según la UNTA (Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas) los latifundistas —ya sea bajo su propiedad directa o la de testaferros— poseen más de un millón de hectáreas (Brecha, 18/2). El ya citado editorialista de The Wall Street Journal (11/2) señala que “el principal obstáculo (a la “reforma política” y, en definitiva, a la “modernización”) ... es el destructivo rol de los caciques y su íntima relación de vieja data con el partido gobernante”, y reconoce que aunque “los indios pueden perder algunas de sus tradiciones comunales (¡los éjidos!) ... sus derechos como ciudadanos mexicanos deben ser protegidos ...”. Está claro que cuando el editorialista se refiere a “derechos” no está pensando en los campesinos sino en los derechos de los monopolios extranjeros. Con elecciones para que los “gobernantes locales (sean) responsables ante las voces de Chiapas” (Carlos Fuentes), los proimperialistas pretenden una “reforma agraria” estrictamente negociada, en el cuadro de los “acuerdos de paz”, que abra —en el marco del Nafta— el camino a la propia penetración imperialista bajo la forma de créditos, “asistencia”, etc. Brecha (18/2) deja entrever cuál podría ser una de las vías de esta “reforma agraria”: “en muchos de los latifundistas existe la casi certidumbre de que para salir del problema, el gobierno de Salinas está preparando el terreno para comprar los terrenos a bajo precio, a modo de indemnización de los terratenientes”. Semejante perspectiva dista mucho de ser idílica. Plantea choques de enormes proporciones, y no sólo entre los latifundistas y los campesinos, sino que acrecentará la diferenciación social en el seno del propio campesinado. Contra la democracia Mientras la rebelión campesina se extendía en Chiapas, los campesinos de Soconusco —zona eminentemente cafetalera— ocupaban las oficinas de la banca privada de la región para exigir la refinanciación de sus carteras vencidas, las movilizaciones populares en apoyo del levantamiento se sucedían en todo el país y “diferentes organizaciones civiles de (los Estados de) Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Vera Cruz, Puebla y Tabasco lanzaron mensajes muy claros de solidaridad con las reivindicaciones del EZLN” (La Nación, 15/2). Pero cuando “el gobierno mexicano temía que la agitación se extienda a todo el país” (ídem), obtuvo un sólido apoyo político de los partidos de oposición. Los tres principales candidatos presidenciales —Luis Colosio, del PRI, Cuauhtémoc Cárdenas, del centroizquierdista PRD y Diego Fernández de Cevallos, del derechista Partido de Acción Nacional— y un grupo de intelectuales y personalidades —entre ellos el ya citado Carlos Fuentes— firmaron un “pacto democrático” que, dicen, garantizaría la “limpieza” de las próximas elecciones. El acuerdo entre los candidatos establece que un acceso igual de todos los candidatos a la radio y la TV, la prohibición de utilizar fondos públicos en la campaña, la confección de un padrón “confiable” (sic) y la designación de autoridades electorales independientes. Según el Financial Times (29/1), “el PRI ha hecho sustanciales concesiones ... en los papeles”, porque no establece compromiso alguno del Estado o del gobierno; es una simple “declaración de principios” de los candidatos. ¿Bastará con que los candidatos tengan el mismo acceso a la TV para que las elecciones, previstas para agosto, dejen de ser fraudulentas? Ciertamente, no. El “acuerdo democrático” es una descomunal trampa contra el pueblo mexicano. Constituye una caución al fraude electoral, y es un apoyo, por anticipado, al próximo gobierno: “Por primera vez, el centroizquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) ha a-ceptado el sistema electoral como legítimo ...” (Financial Times, 29/1). En este terreno, ni los oficialistas ni sus “opositores” se apartan de la línea fundamental trazada por el imperialismo. “Quizás la mejor fórmula —editorializó The Wall Street Journal (21/1)— sea un acuerdo nacional firmado por todos los partidos y sus candidatos. El PRI no necesariamente deba abandonar el poder. Sin embargo, por primera vez en su historia, debe considerar esta posibilidad y permitir a cuerpos electorales independientes e imparciales tener la palabra final acerca de los comicios”. Como todo “acuerdo democrático”, el mexicano puede servir, también, para encubrir la preparación de una nueva masacre. El subcomandante Marcos, del EZLN, ha denunciado que el ejército mexicano está aprovechando el cese el fuego para avanzar sigilosamente sus posiciones, estrechar el cerco a la guerrilla y realizar tareas de “inteligencia” entre la población civil. “El ejército —relata el corresponsal de Brecha (18/2) en México— siguió mandando tropas a las zonas en conflicto ... Batallones de infantería completos, con provisiones y sus respectivos vehículos ... Los indígenas de Las Margaritas dicen que los retenes militares avanzan casi sin que se note, ganando terreno a los zapatistas (que) se han retirado a la selva”. El propio Octavo Paz sostiene que importantes sectores del ejército y el gobierno apuestan a “un golpe de suerte” que les permita aniquilar a los zapatistas, algo que sería “suicida” porque “el uso de la fuerza engendraría desórdenes y luchas que, no exagero, llegarían a poner en peligro la integridad del país ... (y) el vacilante edificio del sistema político que nos rige” (La Nación, 18/2). La insurrección campesina de Chiapas expuso a los ojos del mundo la fractura del Estado mexicano y la oposición irreconciliable entre el régimen político y las reivindicaciones elementales de millones de campesinos. El gobierno y el propio imperialismo están a la defensiva; pero se valen de las limitaciones de la dirección política democratizante de los campesinos para dictar “su salida” política o militar, a la crisis.

PO: ¿En qué consiste el reclamo? AF: El Consejo Directivo ha elaborado un proyecto de nueva estructura para el INTI y esto le brinda la oportunidad de intentar sacarse de encima a un conjunto de compañeros de trabajo, cuyos nombres desconocemos y su número sería (y sólo sería) de 39, sobre una dotación actual de unos 1.000 trabajadores. PO: ¿Cuál es la argumentación de las autoridades para despedir y tu visión sobre la misma? AF: Ellos aducen que esos compañeros no son compatibles con el nuevo organigrama creado por el Consejo e incluso que se trata de despidos de “lujo” porque no implicaría ninguna sanción, sería una indemnización más elevada que la de los retiros voluntarios anteriores. Pero justamente, con la disponibilidad no se le da la mínima oportunidad al compañero para que se defienda, qué otro organismo los va a tomar con la “mancha” de la disponibilidad. Además, el INTI está constituido por trabajadores con muchos años de servicio y de formación y la medida es tomada por funcionarios que son aves de paso, que usan su cargo para hacer carrera en el Estado o beneficiar a sus grupos empresarios, la ¡¡DISPONIBILIDAD DE ELLOS VA A SER, SI, DE LUJO!! PO: ¿Qué medidas han tomado? AF: Hemos avisado a las autoridades que vamos a iniciar un conflicto generalizado, y éstas se han negado a iniciar una negociación e incluso a darnos los nombres (con el argumento de que no saben si “su” lista es la definitiva), lo cual demuestra su debilidad; el conflicto se va a resolver, como siempre, por la relación de fuerzas. Por ello, hicimos el 4/2 una importante movilización por la Gral. Paz, votada en Asamblea, que contó con el apoyo explícito de la Directiva de la seccional Capital de UPCN, de la cual depende nuestra delegación. Es interesante señalar que la Asamblea requirió de la seccional un apoyo público contra los despidos, de parte de Andrés Rodríguez, secretario general, frente al señalamiento de la Directiva de que no fue consultada por las autoridades para la elaboración de la estructura nueva y las disponibilidades. Esa movilización debe continuar con otras medidas de acción directa y es por ello que convocaremos al cuerpo de delegados de base para discutirlas y concretar una nueva Asamblea para votarlas. PO: ¿Han apelado a otras comisiones internas y partidos políticos para que apoyaran la lucha? AF: Efectivamente, nos hemos comunicado con otras comisiones internas de UPCN, de los hospitales públicos de San Martín y otros gremios estatales y a través de los compañeros de los partidos políticos para que requirieran del apoyo explícito de sus dirigentes. A la movilización concurrieron, en solidaridad, compañeros del PO y del Mst, comisiones internas y llegaron fax de adhesión. Nuestra lucha es contra el “ajuste”, porque este intento de despido se inscribe en la política que se viene llevando a cabo tanto en el INTI como en el resto del movimiento obrero, de destrucción de conquistas históricas, como el salario, las condiciones de trabajo y las pérdidas de las mismas fuentes de trabajo. Y esta lucha se vería obviamente fortalecida si contásemos con dirigentes sindicales (CGT, MTA, CTA) al servicio de los trabajadores, no de los fondos de jubilación privados y las prebendas de las obras sociales.

La rebelión campesina del norte paraguayo ha comenzado a extenderse a todo el país. Arrancó en San Pedro —donde varios miles de campesinos ocuparon la estancia que allí posee el ex senador y presidente del Partido Colorado, Blas Riquelme, y cortaron las rutas adyacentes. Días más tarde, en Concepción, al norte, y en Misiones, al sur, varios miles de campesinos con sus familias también cortaron la rutas. En Asunción, dirigentes campesinos anunciaron que, además de proseguir con los cortes de rutas y las manifestaciones, dejarán de pagar sus deudas hasta conseguir sus reivindicaciones: tierras y el aumento del precio del algodón. La represión policial fue violentísima. Varias decenas de campesinos fueron heridos de bala durante los “desalojos” de las rutas y de la estancia de Riquelme. La indignación popular en todo Paraguay estalló al comprobarse que la policía había utilizado balas de guerra —y no balines de goma— como había declarado el gobierno. La libertad del medio centenar de campesinos detenidos en los “desalojos” se ha convertido en una bandera para los sindicatos obreros y las centrales estudiantiles. La rebelión ha sido impulsada por el “hambre de tierra” y la caída del precio internacional del algodón, su principal cultivo. En Paraguay, el 70% de la población rural vive en condiciones de “extrema pobreza”, 40.000 familias campesinas carecen de tierras, el 40% de los propietarios rurales más pobres poseen apenas el 0,4% de las tierras, y el 1% más rico de los propietarios rurales monopoliza el 75% de las tierras de cultivo. El departamento de Concepción, por ejemplo, “tiene un millón de hectáreas de las cuales 700.000 son propiedad de dos empresas que no las explotan sino en un diez por ciento” (Clarín, 19/2). En relación al algodón, los pulpos exportadores ofrecen 0,40 centavos de dólar por kilo, lo cual —según el gobernador de Concepción y miembro del opositor Partido Liberal Radical, Oscar Denis— “está en línea” con el precio internacional ... pero condena a los campesinos a la miseria, sin embargo, los campesinos “aseguran que están dispuestos a vender toda su cosecha a compradores brasileños que ofrecen hasta 0,79 centavos por kilo, casi el doble de lo que están dispuestos a pagarles los exportadores. Pero el gobierno argumenta que la venta directa a Brasil es una injusticia para con los empresarios e inversionistas extranjeros que financiaron la siembra y la cosecha algodoneras” (Clarín, 19/2, subrayado de PO). Bajo la presión de las manifestaciones, el presidente Wasmosny se ha reunido con representantes de las organizaciones campesinas. En el momento en que esas reuniones comenzaban, los expertos internacionales pronosticaban un alza importante y duradera de los precios del algodón (Le Monde, 12/2; ver aparte). El tono conciliador del presidente, hablando en guaraní a los dirigentes campesinos, es toda una estafa: Wasmosny pretenderá presentar como una gran concesión a los campesinos un aumentos miserable de los precios internos y, sobre todo, dejará “para más adelante” la cuestión fundamental: la propiedad de la tierra. El alcance explosivo de la crisis algodonera que hoy sacude al Paraguay es mucho más amplio. En el norte santafesino, en Villa Ocampo, una zona de producción algodonera por excelencia, una asamblea popular de más de 6.000 vecinos y productores algodoneros votó reclamar su “separación” de la provincia de Santa Fe y su “anexión” al Chaco, el mayor productor nacional de algodón. Una semana más tarde, en la vecina San Cristobal, una movilización popular —integrada por productores algodoneros y azucareros, vecinos y comerciantes— protestó contra la “postración” del norte santafesino. Según La Nación (22/2), “(en San Cristobal) Como en Villa Ocampo, los productores agropecuarios están agobiados por el endeudamiento, los malos rindes y los precios no compensatorios. Villa Ocampo se encuentra con una producción azucarera y algodoneras inexistentes y alcoholeras cerradas. Avellaneda, otra ciudad importante, con reducción en las plantas aceiteras y las plantas desmotadoras de algodón inactivas”. Las protestas del norte santafesino son el síntoma del comienzo de una movilización popular, acicateada por la crisis internacional en los mercados de materias primas, que no dejará de extenderse a Formosa y al Chaco, donde miles de cooperativas algodoneras están al borde de la quiebra. América Latina bulle con la movilización de sus explotados. Después de Venezuela, después de Santiago del Estero, después de Chiapas, la rebelión campesina paraguaya confirma que la tendencia a la rebelión contra el hambre y la miseria tiene un alcance continental.