Prensa Obrera N° 411

“A los 1.300 que quedaron trabajando en METROVIAS les hicieron firmar un nuevo contrato por el cual deben trabajar 12 horas más semanales, o sea 48 horas más por mes. Antes, por insalubridad, trabajábamos 6 horas. Ocho es un régimen inhumano, porque un conductor tiene que hacer 11 vueltas cuando antes hacía 6 y tiene un descanso de 15 minutos, cuando antes era de 40. Esto va no sólo en perjuicio del conductor sino también del pasajero (mayor seguridad). “También es importante señalar que en un 70% se rebajaron los sueldos. Para hacer una comparación: un carpintero con 4 horas extras diarias cobraba 1.500 pesos en mano. Ahora, no tiene extras pero trabaja la misma cantidad de horas y cobra 750 pesos. Por otro lado, mientras está despidiendo personal, pone avisos en los diarios pidiendo gente”. P.O.: ¿En qué condiciones los contrata? J.V.: Trabajan 9 horas diarias, 56 por semana y con un sueldo muy inferior al de los efectivos, o sea que METROVIAS aplica la “flexibilización” en toda la línea. Efectivamente, de hecho está aplicando la flexibilización laboral. P.O.: Durante todo el proceso, ¿cuál fue la conducta de la dirección del gremio para preparar a los trabajadores frente a un ataque tan brutal? J.V.: Bueno, nosotros sabemos cuál es el rol de la burocracia, creo que son cómplices. Previo a todo esto estuvimos más de diez meses sin que hubiera un plenario. Cuando METROVIAS llamó a la gente a firmar, argumentando que si no lo hacía quedaba en la calle, el gremio dijo: “¡no firme compañero!”. Pero no se ha preparado a la gente para eso. Decía: “si firmás y te quedás yo no te defiendo, y si no firmás...”. Pero no organizó nada de nada. P.O.:¿ Y después de la toma de posesión por METROVIAS? J.V: El lunes 3, cuando concurrimos a trabajar, los que no estábamos en el plantel no pudimos entrar. Nosotros, como delegados, fuimos al gremio. El subsecretario de la UTA se encontraba enfermo y los que están ahí no hicieron nada. Estuvimos cuatro días sin respuesta. Recién el 5º día, salió un plenario para decidir qué hacer. Hasta ese momento no habían hecho nada, simplemente putear porque la gente había firmado, echándole la culpa a la gente. En el plenario se resolvió poner una olla popular frente a la sede de METROVIAS. Es necesario convocar a los licenciados y el gremio tiene cómo hacerlo. Hay que citarlos mediante telegramas a una gran asamblea general del gremio en Plaza Once o aquí, frente a la administración. Si es necesario hay que ir casa por casa citando a los compañeros para que concurran a la olla.

La venta subsidiada de trigo canadiense a Brasil; las represalias de EE.UU. contra China, reduciendo las compras de productos textiles, los nuevos choques de EE.UU. con Japón por los semiconductores y el acceso norteamericano al negocio nipón de la construcción, a pocos días de la “exitosa” conclusión de la Ronda Uruguay del Gatt, son evidencias de que la “guerra comercial” no ha podido ser enchalecada por las potencias imperialistas. En verdad, un compromiso de último minuto entre Estados Unidos y la Comunidad Europea salvó a la “Ronda Uruguay” del Gatt de un fracaso que parecía asegurado. El acuerdo alcanzado establece una reducción de los aranceles a las importaciones (de un 30% promedio) y la sustitución de las barreras no arancelarias (cuotas) por las barreras arancelarias (un porcentaje sobre el valor de los bienes importados). Establece también normas comunes y uniformes contra las exportaciones subsidiadas y crea la Organización Mundial del Comercio (OMC) para actuar como árbitro en las disputas entre países. Lo primero que salta a la vista es la enorme limitación cuantitativa del acuerdo: después de siete años de negociaciones, marchas y contramarchas, se ha parido un acuerdo comercial que tendrá un efecto previsto relativamente insignificante: según los cálculos más benignos, producirá una expansión adicional de entre el 0,75 y el 1% en la producción mundial de bienes y servicios... dentro de una década (International Herald Tribune, 16/12). Rápidamente, también saltan a la vista sus limitaciones cualitativas, pues el acuerdo excluye a los servicios financieros, bancarios, bursátiles y de seguros (¡nada menos!), transporte de carga aéreo y marítimo, aviación aerocomercial, telecomunicaciones, video y cine, porque los imperialismos no pudieron ponerse de acuerdo. Una limitación tanto o más significativa es que precisamente no hay acuerdo —valga el juego de palabras— en lo que estipula el acuerdo. Se ignora cuál es el “poder real” que tendrá la OMC frente a lo que establecen las leyes nacionales en temas tales como la protección del medio ambiente y las normas laborales. También han surgido “divergencias de interpretación” sobre el derecho a aplicar “medidas unilaterales” contra el dumping y las “prácticas desleales”. El imperialismo norteamericano reclama el derecho a continuar aplicando unilateral —y discrecionalmente— la “Sección 301” de su Código de Comercio, que admite la denuncia de un industrial norteamericano para expulsar del mercado estadounidense las exportaciones competitivas. Las grandes corporaciones norteamericanas están profundamente divididas frente al Gatt: las empresas que operan fundamentalmente en el mercado interno (como Chrysler, Motorola, Bethlehem Steel, Eastman Kodak, Zenith, Boeing, McDonell Douglas) propician mantener y reforzar las medidas unilaterales contra la competencia externa (como la “Sección 301”), lo cual genera la oposición de las exportadoras (Caterpillar, IBM, Cargill, Phillip Morris, Hewlett-Packard). Más que nunca, “Tercer Mundo” De lo que no cabe duda alguna es que el acuerdo de la “Ronda Uruguay” constituye un golpe brutal para las posibilidades de desarrollo comercial de los países atrasados: las tres cuartas partes de la población mundial han sido excluidas de los muy exiguos “beneficios” que promete el acuerdo. En la agricultura —que por primera vez es incluida en un convenio comercial internacional— el acuerdo establece un plazo de seis años para la reducción de los subsidios hasta el 21% del volumen de producción y hasta el 36% del gasto para las exportaciones. Es decir que legaliza los subsidios agrícolas. El International Herald Tribune estima en 1.500 millones de dólares anuales las pérdidas que sufrirán los países atrasados como consecuencia del acuerdo agrícola. Todo esto con un agravante adicional: “Si Europa se deshace bruscamente del elevado stock de productos primarios que tiene acopiados (antes de la entrada en vigencia de los términos del acuerdo del Gatt), en 1994 podría producirse una grave crisis de precios” (El Economista, 26/11). En cuanto a los textiles, la rama industrial de mayor peso en las exportaciones de los países atrasados, el acuerdo ha dejado de lado el “criterio general” de reducir aranceles y sustituir las barreras no arancelarias por las arancelarias. En este caso se mantienen las cuotas de acceso a cada mercado por otros diez años, pero que sólo se acelera llegando a los siete años (2002). Los países atrasados han debido, sí, ceder posiciones fundamentales. La primera, la aceptación del derecho de “propiedad intelectual”, que otorga a los pulpos un monopolio por 25 años en la comercialización de nuevos productos. También han debido admitir la “apertura” de las licitaciones de obra pública a la competencia externa en igualdad de condiciones que las firmas locales. Los choques continúan Las limitaciones del acuerdo para dar nacimiento a un “comercio libre y equilibrado” no tardaron en salir a la luz, cuando se informó de las presiones norteamericanas para el acceso de EE.UU. al mercado japonés de semiconductores y supercomputadoras. EE.UU. impulsa el “comercio administrado” con Japón, es decir, un reparto del mercado que excluye a los monopolios europeos. En Europa existe una fuerte disputa entre los productores estatales y privados de acero acerca de la reducción de la capacidad instalada para hacer frente a la sobreproducción “crónica”. Otra violenta disputa enfrenta a los fabricantes europeos de computadoras personales con los fabricantes europeos de “chips”, de los componentes de éstas, y semiconductores, que han logrado imponer aranceles altísimos para protegerse de las exportaciones provenientes de Asia y Estados Unidos. A su vez, “la decisión norteamericana de reducir la cuota de textiles de China costaría 300.000 empleos chinos”, estimando que “los chinos perderían más de 1.000 millones de dólares en ventas” (Wall Street Journal, 12/1/94) Parasitismo capitalista El Gatt fue establecido al finalizar la Segunda Guerra Mundial bajo la inspiración, supervisión y arbitraje del imperialismo norteamericano, con la finalidad de reconstruir el comercio internacional. Desde entonces se produjeron en la economía internacional algunos cambios significativos. Uno de ellos es que el 50 por ciento del comercio mundial se refiere a movimientos de bienes al interior de los propios monopolios, que tienen empresas en distintos puntos del globo. Lejos entonces de “liberalizar” el comercio, el Gatt ha producido un verdadero reparto de mercados, en los cuales no existe ninguna clase de libertad. Las rebajas arancelarias que ahora se han pactado beneficiarán a estos monopolios, sin que ello se vaya a ver reflejado en una disminución de los precios. El otro cambio es que los movimientos financieros superan en cien veces el valor del comercio internacional de mercancías, es decir que tienen más influencia sobre éste que cualquier rebaja arancelaria. Pero los “servicios financieros” fueron excluidos del reciente acuerdo, debido a que no se ha podido llegar a un arbitraje frente a las tendencias expansionistas de los grandes bancos. Otra modificación fundamental es el abandono, por parte de los principales Estados, del patrón cambio-oro y de la estabilidad cambiaria. La manipulación de las divisas es mucho más importante en la competencia internacional que los aranceles y hasta los propios subsidios. Dado el predominio del dólar como moneda de reserva, Estados Unidos goza de una capacidad de subsidio relativamente ilimitada, ya que puede emitir moneda en una proporción infinitamente mayor a cualquier otro país. Por último, está presente la tendencia recesiva mundial, que se viene manifestando desde la crisis de 1973-75, la cual ha elevado la lucha comercial entre las principales potencias a un nuevo plano: las adquisiciones “hostiles” o “amigables” de pulpos rivales. El reciente acuerdo del Nafta ha llevado este copamiento a un nivel aún superior: la adquisición de naciones enteras, como es el caso de México. De un modo general, el crecimiento de la reserva de dólares de todas las naciones, como consecuencia de las grandes emisiones norteamericanas, ha impulsado una especulación internacional bursátil, inmobiliaria y con la deuda pública, que deberá concluir en quiebras masivas y en un nuevo reparto del monopolio capitalista mundial. Con relación a todo este fenómeno de conjunto, el reciente acuerdo del Gatt tiene un alcance extremadamente limitado en su intención de impulsar el comercio y la producción mundiales, y de revertir la crisis mundial.

La patronal de Aluar ha despedido ya a 40 trabajadores, en respuesta a la decisión obrera de no aceptar la rebaja de salarios. Aunque la patronal fundamenta este atropello en una “crisis excepcional” (la caída del precio internacional del aluminio), toda la burguesía argentina —cualquiera sea la “situación coyuntural” de sus plantas— ha saludado a Aluar como un verdadero caso “piloto”. La rebaja de salarios sería, así, una panacea general que resolvería todas las contradicciones y sobrecostos del plan Cavallo. Pero mientras los salarios permanecen congelados, las tarifas de gas, luz y teléfonos duplicaron su precio en dólares. Lo mismo sucede con los intereses bancarios. Pero la gran burguesía —que participa de este saqueo a través de las empresas privatizadas y la banca— quiere poner a salvo estas superganancias y resarcirse de la presente crisis industrial galopante a costa de los trabajadores. La crisis de Aluar Si las razones del “sobrecosto” argentino no pueden encontrarse en los salarios, ello es doblemente cierto en el caso de Aluar, donde los sueldos no representan más del 10 ó 15 % del costo de producción, que depende sustancialmente del precio de la electricidad. Pero la producción y las ventas de Aluar subieron durante 1993. Aluar tiene el monopolio del aluminio primario en el mercado interno, y participa -a través de acuerdos con pulpos internacionales- de una cuota determinada del comercio mundial. No existe una “caída de demanda”, sino de “rentabilidad”, a causa no del costo laboral, sino del cuadro de sobreproducción de aluminio que se verifica en el mercado mundial, y de los “costos patronales” (generación eléctrica y otros servicios). La patronal de Aluar, por ello, está participando de las discusiones internacionales entre los pulpos del aluminio para restringir la producción y levantar los precios, al tiempo que negocia con el gobierno la “adjudicación” de la presa de Futaleufú, que le provee de electricidad (no habría que descartar que la “convulsión” provocada por la patronal persiga el propósito de presionar por una “adjudicación directa” de esa represa). Las pérdidas que hoy aduce Aluar deberían referirse (si realmente se verificaran) a un determinado capital invertido por la patronal de la empresa. En el caso de Aluar, ello sería imposible... por la sencilla razón de que sus propietarios instalaron Aluar sin poner un centavo. En los años ’70 —cuando Aluar fue construida—, sobre un costo total de 180 millones de dólares, el aporte de capital propio de los accionistas fue de 11 millones (el resto correspondió a créditos avalados por el Estado). La presa de Futaleufú, la red de transporte eléctrico hasta Madryn y las obras del puerto de esta ciudad (todas ellas en función de las necesidades de Aluar), fueron realizadas por el Estado. Además, Aluar gozó de las desgravaciones y beneficios propios de la promoción industrial. Con su ofensiva, la patronal pretende colocar a los trabajadores como pato de la boda de un conjunto de maniobras patronales. En este operativo, la patronal de Aluar ha recibido la “firme colaboración” de la burocracia de Lorenzo Miguel, que ha dejado a los trabajadores de Aluar inermes frente a las provocaciones patronales. Por lo pronto, el rechazo obrero a la rebaja de sueldos ha desnudado que la patronal tiene serias dificultades para reducir la ocupación de la planta: sus directivos han reconocido “que el ajuste se realizará en forma paulatina, sin prisa, porque en Aluar no sobra gente” (Clarín, 20/1). En lugar de ocupar la planta, Lorenzo Miguel pactó con la patronal y el gobierno el aislamiento de los trabajadores. Si se abriesen los libros de la empresa, ¡se verificarían 20 años de superganancias sin invertir un centavo! Por eso, los congresos de delegados de las seccionales de la UOM deberían votar un plan de lucha por Aluar, por el salario y el convenio, y la UOM de Puerto Madryn preparar las condiciones para la ocupación de la planta.

En la madrugada del 19 de enero, fue asaltado nuevamente nuestro local partidario, ubicado en la calle 12 de Setiembre al 600. Como en el caso ocurrido a mediados de diciembre, los asaltantes violentaron una puerta lateral y se dedicaron únicamente a revisar y desparramar folletos, periódicos y otros materiales de naturaleza administrativa del partido; quemaron fichas de afiliación y tiraron pintura por el piso. El hecho de que no se hayan llevado cosas de la vivienda, delata el fin provocativo e intimidatorio de los asaltantes, destinado a amedrentar la política del Partido Obrero, que justamente está denunciando que el pacto “podrido” entre Menem-Alfonsín tiene como principal objetivo la reelección presidencial e instaurar un régimen de estado de sitio contra la organización de los trabajadores. Llamamos a todas las organizaciones populares a repudiar este atentado y a luchar por la disolución de todos los organismos secretos, la publicación de todos sus archivos, informes y resoluciones y el juicio político a todos los miembros del Poder Ejecutivo y de todos los gobiernos provinciales directamente implicados en el espionaje, en la caza de brujas y la provocación ideológica.

“Página 12” (25/1/94) publicó una carta de la Comisión por el Derecho al Aborto en la que correctamente se denuncia la enorme presión que está ejerciendo la Iglesia para “que se introduzca en la Constitución Nacional, el derecho a la vida desde la concepción”, lo que significa “impedir toda disposición que legalice el aborto”. La carta agrega que “cínicamente lo quieren introducir en el capítulo sobre los derechos humanos”, señala que el aborto es un derecho democrático y que “si la prohibición del aborto se afirma con una norma constitucional, en un país donde aumenta la miseria, serán cada vez más las mujeres que arriesguen sus vidas por interrumpir sus embarazos en malas condiciones sanitarias, profundizando aún más el abismo entre minorías ricas y mayorías pobres”. La carta de las compañeras no dice que la fuerza política que impulsa la prohibición constitucional del aborto es el Frente Grande. El Frente Grande plantea que se incorporen a la Constitución Nacional los Tratados de Derechos Humanos internacionales ( qué cinismo, ¿no? ), entre otros el de San José de Costa Rica, que en su artículo 4 penaliza el aborto, al plantear la protección de la vida “a partir del momento de la concepción”. Además, dicho Tratado establece la enseñanza religiosa, incluso en las escuelas del Estado y cercena las libertades de pensamiento y expresión cuando “sea necesario asegurar... la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas”. La similitud del programa que denuncian las compañeras y el del Frente Grande revela que éste es un instrumento político de la alta jerarquía de la Iglesia. Es la conclusión política que omite la carta de las compañeras, una omisión imperdonable, más aún cuando la misiva se publica a través de un vocero del Frente Grande.

La historia del movimiento obrero argentino registra la aparición de obreros de vanguardia, que han asimilado los porqué del socialismo. En distintas corrientes políticas, en distintas épocas. Podemos mencionar a Tosco, Flores, Cata Guagnini, Salamanca, etc. El compañero Marcelo, que ejerció la más alta jerarquía de su sindicato, el SUPE, lo hizo con responsabilidad y honestidad, y pertenecía con seguridad a esa categoría. La prisión no impidió, ni por su realización ni por su amenaza, su presencia en los frentes de combate contra el imperialismo y sus representantes locales. La buena causa de la liberación nacional y social, la buena causa del socialismo, lo contaba como su militante natural. La burguesía puede estar plenamente segura que el compañero Marcelo pasó el santo y seña y otros continúan su tarea. La burguesía podrá ver prolongada en algunos días más su parasitaria existencia, pero que obreros como Marcelo Alvarado, que hizo lo suyo, la borrarán de la historia, de eso también puede estar segura. Lo decimos serenamente, obstinadamente, concientemente. Ha muerto un revolucionario. ¡Viva la revolución! (22/1/94)

Los 13 delegados que integramos la Comisión Interna y el Cuerpo de Delegados de Propulsora Siderúrgica, nos dirigimos a todos los compañeros metalúrgicos del país, al movimiento obrero, a las direcciones sindicales respetuosas de la democracia sindical, a las intersindicales, a las organizaciones democráticas y a los partidos de la clase obrera para denunciar que con fecha 27 de diciembre, FUIMOS SUMARIAMENTE EXPULSADOS DE LA UNION OBRERA METALURGICA por la comisión directiva seccional dirigida por el diputado provincial Antonio Di Tommaso. Nuestra expulsión de una organización a la cual estamos afiliados desde hace años y en la que hemos militado largamente como delegados de la UOM tiene una manifiesta intencionalidad PROSCRIPTIVA Y ANTISINDICAL. Nos echan porque este cuerpo de delegados ha derrotado una y otra vez a las listas patrocinadas por esta conducción en todas las elecciones realizadas en Propulsora. Porque fuimos elegidos por el voto directo de nuestros compañeros y porque en vísperas de la expulsión volvimos a ser ratificados a través de un pronunciamiento masivo de todos los trabajadores de fábrica. Al expulsarnos de un gremio donde el despido de activistas y delegados opositores es la práctica corriente de las patronales después de cada elección de seccional, Di Tommaso quiere asegurarse la reelección sin oposición, para mantener un régimen de dictadura en la UOM de La Plata. Quieren eliminar a este Cuerpo de Delegados porque es opositor, pero también y principalmente porque se enfrentó a la patronal de Techint reclamando una mejora salarial. Nos echan porque no se atreven a convocar a elección de delegados en una fábrica que los repudia y porque saben que somos una referencia de organización para todo el movimiento metalúrgico de La Plata, Berisso y Ensenada. ¡Porque tienen muy presente que ha sido del Cuerpo de Delegados de Propulsora que salieron todas las listas de oposición desde el ’84 a la fecha, incluida la lista Violeta, que obtuvo el 44% de los votos en las últimas elecciones! Nos sancionan porque no toleran que tengamos como conducta el respeto a las Asambleas Generales de fábrica, entre ellas la que votó ir a la huelga en demanda de un aumento de emergencia después de 3 años de congelamiento salarial, y la que resolvió continuar con las medidas. Porque hemos enfrentado todos los ataques de la patronal al convenio colectivo y porque denunciamos a Propulsora como pionera de la “reforma laboral” y la “flexibilización” (hoy impuesta en todas las fábricas de la zona). En la actualidad tenemos un delegado suspendido y con un juicio laboral abierto por la empresa por cumplir con las medidas decididas en asamblea y en presencia de la comisión directiva seccional que ahora nos expulsa. Los únicos que tienen derecho a elegir y a seleccionar a sus representantes son los trabajadores, ¡NADIE MAS! Llamamos en consecuencia al movimiento obrero, juvenil y democrático a pronunciarse en contra de este atropello y a convertir ese pronunciamiento en una GRAN CAMPAÑA NACIONAL DE SOLIDARIDAD CON EL CUERPO DE DELEGADOS, para impedir que sean despedidos por la patronal y para exigir el inmediato levantamiento de las expulsiones de la UOM. ¡¡BASTA DE PERSECUCION Y PROSCRIPCIONES EN LA UNION OBRERA METALURGICA!! ¡¡DEFENDAMOS AL CUERPO DE DELEGADOS DE PROPULSORA!!

A diez días del cierre de las alianzas electorales, los principales bloques políticos que se presentan a las elecciones de Constituyente están debidamente formados, con la excepción del Frente de Izquierda. Desde hace dos meses, el PO viene insistiendo en la necesidad de formar ese Frente de Izquierda para intervenir en las elecciones para la Asamblea Constituyente reaccionaria y, sin embargo, en lugar de ganar la delantera en la agitación política, la izquierda volverá a ser la última en lanzarse a la campaña electoral, siempre y cuando se concrete un frente. Se repetirá, lamentablemente, el error de la última campaña electoral, cuando el FIT se concretó en las vísperas del cierre judicial de alianzas. Todo un sector de las organizaciones de izquierda (Patria Libre, por ejemplo) han preferido llamar a votar en blanco, en una vana pretensión de disimular su total incapacidad y desmoralización políticas. En verdad, con esa posición aceleran el proceso de liquidación política en la que están inmersos, porque se abstienen de dar una batalla política contra el imperialismo y la burguesía, cuando es posible intervenir en forma unificada con un programa y candidatos independientes. Algunos prefieren guardar la personería para 1995, lo cual no solamente es una confesión de oportunismo electoral sino que con este argumento deberían repetir idéntica táctica el próximo año y así de seguido. La personería electoral se ha convertido para esta gente en un fin en sí mismo, con la salvedad de que no saben cómo utilizarla. Pero aun así, todo esto no justifica por qué el Frente de Izquierda sigue sin concretarse y se deba esperar al 10 de febrero para saber su destino en estas elecciones. Durante los dos largos meses en que el PO llamó a concretar el frente de izquierda, la dirección del Mst planteó que había que “avanzar y ampliar” la unidad con el Frente Grande, una coalición que levanta para la Constituyente reaccionaria un programa clerical y privatista. Desde su prensa, la dirección del Mst inició una política de acercamiento al Frente Grande que, abruptamente, se cortó cuando los legisladores del FG votaron, junto al PJ, la UCR y el Modin, la intervención de Menem a Santiago del Estero, algo que aún hoy el FG justifica, y que no debiera sorprender en gente que votó la ley de reforma del Estado con que Menem liquidó y remató el patrimonio público. A mediados de enero, el Frente de Izquierda pegó un vuelco cuando en una reunión de delegados del PO y del Mst, se redactó un borrador de pre-acuerdo (ver recuadro) para constituir el FIT para las elecciones de abril. En reunión previa, el Mas pidió “tiempo” para definirse, lo cual fue secundado por el Pts que planteó decidirse después de que lo hiciera el Mas. La Lsr de inmediato apoyó dicho pre-acuerdo. Sobre esa base, se redactó un “comunicado de prensa” que los diarios y radios casi no divulgaron. Ese pre-acuerdo debía ser confirmado por las direcciones de ambos partidos, pero la dirección del Mst propuso en los días siguientes algunas modificaciones pequeñas que no pudieron ser consideradas porque, al mismo tiempo, planteó “congelar” el FIT a la espera de una definición de la dirección del Mas. Mientras tanto, la dirección del Mst, en forma unilateral, decidió realizarle al Mas un planteo “extra” consistente en un reparto de candidaturas. El Mst ofreció al Mas que encabezara la lista de Provincia de Buenos Aires, con el Mst en segundo lugar, con el estricto cálculo matemático electoral de que “si entra el primero, entra el segundo”. Esta “generosidad” del Mst llevó a la dirección del Mas a reabrir la discusión, considerando el primer lugar en la Provincia de Buenos Aires como “número puesto”, y condición de la discusión frentista. Llegamos de este modo al 1º de febrero con el Frente de Izquierda en la “congeladora”, despreciando de este modo dos meses valiosísimos de agitación y campaña política unificada. Y peor aún, con condicionamientos, ultimátums y reparto de candidaturas bilaterales, al margen de un debate político, discusión e incluso votación en la militancia en caso de una impasse. Las fuerzas que pretenden imponer compulsivamente este punto de vista no pueden reclamar ni superioridad organizativa, mucho menos política, y menos aún en relación a la Constituyente. La dirección del Mst estuvo “entretenida” varias semanas detrás del Frente Grande, mientras la del Mas no denunciaba la convocatoria y la Constituyente menemistas como reaccionarias, y hasta planteaba “Asamblea Constituyente libre y soberana”, entroncando con las necesidades “constituyentes” del menemismo (ver La Asamblea Constituyente. Qué debe hacer la Izquierda, ediciones Prensa Obrera). Lo que traba al Frente de Izquierda no es el votoblanquismo de un sector de la izquierda en liquidación, sino una incapacidad para comprender que el Frente tiene amplias posibilidades de desarrollo si confía en su programa, en su agitación y consignas políticas, y si elimina los ultimatums, condicionamientos y “pactos secretos”. La formidable agudización de las contradicciones y la lucha de clases en el país, en un contexto de crisis política en México por la rebelión campesina, la crisis financiera y las movilizaciones en Venezuela, la imparable crisis de la burguesía y el régimen burgués en Brasil, el agotamiento del “milagro chileno”... son un formidable campo para la intervención de la izquierda revolucionaria. Por eso, concretemos el Frente de Izquierda, sin condicionamientos ni ultimatums.

El FIT interviene en las elecciones de constituyentes del 10 de abril de 1994 sobre la base de la independencia política de la clase obrera y la lucha por el gobierno de los trabajadores y el socialismo. El Frente denuncia el pacto Menem-Alfonsín (PJ-UCR) como un pacto contra el pueblo y a espaldas de él, que avala los propósitos reeleccionistas de Menem y constituye un reforzamiento de las características antiobreras y antidemocráticas del régimen ya vigente, al servicio de los intereses de las grandes patronales y del imperialismo. La convocatoria a la Convención Constituyente, hija de este pacto espúreo del PJ y la UCR, tiene un carácter abiertamente reaccionario y antidemocrático. Por quienes la convocan, por los intereses sociales que impulsan y por los objetivos que persiguen. Sólo buscan profundizar —con la complicidad de la burocracia sindical— el ataque a los trabajadores y al pueblo, a sus condiciones de vida y a sus libertades democráticas. Así lo demuestran los ataques a los trabajadores provinciales, el envío de la Gendarmería y las rebajas de salario y/o despidos en Aluar, Subterráneos o el Sanatorio Antártida. Denunciamos al Frente Grande y a la Unidad Socialista, por avalar a la Constituyente y presentarse a ella con un programa reaccionario. El Frente Grande propone supeditar la soberanía nacional a los acuerdos imperialistas de la OEA, y ambos votaron —junto a Aldo Rico— el envío de la Gendarmería y la intervención gubernamental contra el pueblo de Santiago del Estero. Participamos en las elecciones de constituyentes para denunciar el carácter reaccionario de la Convención y todas sus propuestas; y llamamos a las masas a enfrentar el pacto y a la Constituyente misma, luchando por sus reivindicaciones mediante la organización independiente y la acción, siguiendo el camino del Santiagueñazo, el Riojanazo, las movilizaciones provinciales y otras luchas populares. Ante el desastre al que todos los gobiernos patronales han llevado al país, el FIT levanta otra salida política para que el salario, el trabajo, las jubilaciones, la salud, la educación y el conjunto de la economía estén bajo control y al servicio de los trabajadores. Llamamos al MAS, al PTS y demás organizaciones de la izquierda, a integrar juntos un Frente, a cuyo servicio aportamos el programa elaborado por el FIT para las elecciones del 3/10/93. Fuera el gobierno de Menem. Abajo el “plan” Cavallo. Abajo el plan de hambre y colonización imperialista, unir todas las luchas obreras y populares y preparar la huelga general. Denunciamos el régimen social y político existente y sus instituciones, por su carácter proimperialista y, en general, capitalista, al servicio de los explotadores. El Parlamento actúa como cómplice de la entrega del país y es un títere de la camarilla menemista y de los “privatizadores” beneficiarios del “plan” Cavallo. Luchar por un gobierno de trabajadores que construya el socialismo. (Siguen los 23 puntos).

El debate desarrollado sobre “la situación de la mujer” desde que el partido publicó la primera carta enviada por Lucía F. sobre el Encuentro de mujeres, trascendió este tema hacia otros más generales, hecho que permitió enriquecer y profundizar las discusiones, demostrando el acierto político del partido al volcar este tema a la discusión colectiva. Considero que además de continuar el debate es útil ir fijando posiciones y sacar conclusiones, lo que nos permitirá dotarnos de una más precisa caracterización política sobre los Encuentros u otros movimientos mayoritariamente con participación femenina, evaluar la importancia o no de intervenir en ellos y establecer un programa, consignas y resoluciones para dicha intervención. Cuando se habla de “La liberación de la mujer”, éste es un objetivo que debe enmarcarse dentro de la lucha de clases de los explotados contra los explotadores. Esto lo digo en el sentido de que como mujeres explotadas compartimos o deberíamos compartir en un terreno de igualdad con el hombre la lucha por destruir este Estado burgués. Siendo éste el objetivo estratégico, todos los reclamos y reivindicaciones específicas deben ser orientados para que la mujer trabajadora comprenda la importancia de liberarse del yugo capitalista y no de los hombres. Concepción ésta que suele llevarnos a estériles enfrentamientos con quienes deberían ser nuestros compañeros de lucha. Creo por lo tanto, que el eje cardinal de discusión es “El rol de la mujer en la lucha de clases”, y que debemos tratar de orientar las discusiones en ese sentido político y evitar concepciones pequeñoburguesas, subjetivas o burdamente feministas. Históricamente hablando, primero existe una opresión (innegable) mucho mayor de la mujer que del hombre en esta sociedad, justamente consecuencia de la instauración del capitalismo: la propiedad privada y la regimentación económica y social de la vida diaria. Situación exacerbada en la etapa actual de crisis estructural del régimen. No podemos entonces, sectarizar el problema de la mujer a una lucha entre los sexos. Ni tomar a la mujer como “clase oprimida” (ver artículo Ana M. de Córdoba, PO 410, 2da. columna) lo cual sería una desviación conceptual de lo que para nosotros como marxistas significa el concepto de clase: “según el lugar que ocupa el sujeto en el ciclo de producción”. Por lo tanto, hombre y mujer trabajadores pertenecen a la misma clase oprimida. Segundo: Todos los elementos que ha desenvuelto el capitalismo en su etapa de desarrollo contribuyeron a profundizar esta división de hombres versus mujeres: economía, educación, prejuicios, tabúes, etc. División que en cuanto a nuestro objetivo de liberarnos del capitalismo es nefasta y artificialmente concebida para dividir a los trabajadores. Me parece fundamental ver esta trampa y tener presente lo que aparece en el artículo “La III Internacional...”, PO 409, sobre las condiciones primarias necesarias para que las mujeres alcancen una completa igualdad; dice : “... 1) erradicación de la propiedad privada (o sea economía planificada y propiedad socializada); 2) integración de la actividad de la mujer en un nuevo orden, libre de explotación y opresión... mientras no logremos este objetivo, podremos obtener victorias ‘relativas’ (tanto hombres como mujeres) pero que estarán enmarcadas por las limitaciones del Estado burgués”. Batallas parciales, que a mi entender no deben servir para construir el fetiche de la emancipación femenina, sino para que la mujer tome cada vez más conciencia de: * la importancia de independizarse políticamente de la burguesía, sus partidos y organizaciones que sirven a sus intereses. * su rol activo y necesario como constructora del Partido Revolucionario. * su participación cotidiana y permanente en las “estructuras del poder” (de las que habla Ana María en el mismo artículo) políticas y sindicales. Lo cual no me parece “el problema más latente” por analizar hoy en el partido. Aunque sí quiero aclarar que me parece debemos ser cuidadosos con la utilización de esta idea. Leyendo el artículo “Comentarios sobre el VIº Encuentro” (PO 410), se menciona que: “... la corriente aparentemente mayoritaria en el Comité Organizador se denomina ‘Feminismo de lo posible’ y propone ganar espacios de poder”. Los planteos e intervención de esta corriente “democrática y multiclasista” no tienen absolutamente nada que ver con lo que es y debe ser nuestra intervención como mujeres revolucionarias en ámbitos de poder. Mientras estas feministas intervienen adaptándose y sosteniendo (¡para mejorarlo, por supuesto!) el aparato del Estado, nosotros, militantes del PO, lo hacemos para desenmascarar la explotación, la pauperización creciente y la necesidad de destruir el Estado burgués. Por lo tanto, en la medida que las mujeres tomamos mayor conciencia de nuestro rol en la lucha de clases, sabemos también que podemos y tenemos que acceder teórica y prácticamente a cualquier instancia de la vida partidaria por nuestra propia capacidad e iniciativa. Ya que la lucha por la revolución es y será llevada adelante tanto por hombres como por mujeres por igual.

El decreto de rebaja de los aportes patronales a la Seguridad Social, además de ser un pingüe beneficio para las patronales, apunta a privatizar por completo la salud. Es que dicha rebaja no tendrá como único efecto la transferencia inmediata de 4.000 millones de dólares anuales del salario de los trabajadores a las arcas capitalistas. Más estratégicamente, apunta a la liquidación de las actuales obras sociales para “darle vida” a un sistema de contratación individual de planes privados de medicina pre-paga. Monopolización La reducción de un 30% de los actuales aportes patronales agravará el desfinanciamiento de las obras sociales, lo que llevará a la quiebra a más de la mitad. El Ministerio de Trabajo calcula que de las 350 entidades actuales, sobrevivirán 80. El proceso de concentración se complementará con la llamada “libre elección”, por la cual cada trabajador podrá decidir a qué entidad prestadora debe dirigirse su aporte. Las obras sociales más débiles o de gremios con bajos sueldos se quedarán sin afiliados. En “una primera etapa se podrá optar entre cualquier obra social sindical, y posteriormente se incorporarán al sistema las empresas de medicina prepaga” (Ambito, 5/1). El objetivo es producir una diferenciación entre los trabajadores, puesto que los de más altos salarios podrían acceder a un plan privado de salud, mientras que el grueso quedaría cautivo de la obra social. Pero si los trabajadores de altos salarios transfieren sus aportes, incluido el de la patronal, a una empresa de medicina privada, se acentuará el desfinanciamiento del sistema de obras sociales, lo cual planteará dos alternativas: desaparecer o bajar las prestaciones médicas. De este modo, la rebaja de aportes y la “desregulación” llevan inevitablemente a la liquidación de la obra social y de la salud obrera. Pero que el trabajador pueda elegir derivar sus aportes a la medicina privada es un factor de primer orden en el encarecimiento de la salud. Hoy, la obra social contrata con los sanatorios privados y tiene cierto poder de negociación de precios porque reúne los fondos de miles de afiliados. En lo sucesivo, el trabajador individualmente deberá contratar con el sanatorio privado. Esto significa que una demanda de 20 millones de personas totalmente dispersa deberá enfrentar una oferta muy concentrada (de 40 ó 50 pulpos), lo que llevará los precios a la nubes. Encarecimiento y discriminación La recaudación actual de las obras sociales (exceptuando el PAMI) es de 4.700 millones anuales, lo que da un promedio de aporte de 23 pesos mensuales por afiliado (17 millones de afiliados); con la rebaja del aporte patronal, la cuota promedio bajaría a menos de 20 pesos. A cambio de ello, las obras sociales otorgan, en general, una cobertura universal, que incluye estudios y tratamientos de alta complejidad. Ninguna empresa de lucro capitalista de medicina ofrece una cobertura del núcleo familiar por menos de 300 pesos mensuales. Como por 20 pesos las empresas privadas ni siquiera ofrecen un plan mínimo elemental o insuficiente, el trabajador deberá costear de su bolsillo el pago de diferenciales o la compra de planes más caros, de todos modos insuficientes. El resultado es el encarecimiento general de las prestaciones de salud y una estratificación en una calidad de servicio para el que pueda pagarla, y una “de cuarta” para la inmensa mayoría que gana sueldos de miseria. Aun así, la mayoría no tendrá otra alternativa que atenderse en el hospital público, porque no podrá cumplir con los “aportes voluntarios”. Deterioro de la calidad de servicio Debe tenerse en cuenta que los sistemas privados de salud seleccionan a los grupos más sanos, dejando fuera a los de mayor riesgo, que son los de menores recursos. La demanda crecerá sobre el hospital público porque a los carenciados, desocupados o sin cobertura, se sumará la mayoría de los “emigrados” de las obras sociales. Esto cuando la política de “autogestión del hospital público”, o autofinanciamiento, lanzada por el gobierno, está provocando un deterioro general de este sistema. Como si esto fuera poco, el encarecimiento de la medicina se agravará con la aprobación de la ley de patentes de medicamentos, que el gobierno ha prometido sancionar este año. Se estima que provocará aumentos de hasta el 100% en algunos fármacos. Y los medicamentos tienen una incidencia del 40% en el gasto de salud actual. El deterioro del nivel de la calidad de prestación de salud será brutal. Lo confiesa un especialista de salud privada en “El Cronista” del 27 de diciembre de 1993. Dice que son necesarios programas que “prioricen el primer nivel de atención (médico de cabecera, centros de atención ambulatoria, internación domiciliaria). Hay que acabar con la prestación basada en la medicina de mediana y alta complejidad, pues en el futuro será impagable”. Traducido: complejidad para el que la pague, para el resto salita de barrio e internación en la casa. Medicina del siglo pasado. La burocracia sindical hace tiempo que apoya esta orientación de la burguesía, a pesar de que hoy tiene en sus manos las obras sociales y es una fuente de prebendas y negociados. La burocracia participa de la instrumentación privatista, de manera de asociarse con el negocio de la salud, como lo ha hecho con la jubilación privada. El Partido Obrero, frente a esta liquidación de las obras sociales sindicales y a la marginalidad sanitaria del pueblo, plantea un plan único gratuito de salud, financiado con aportes exclusivamente patronales y con la expropiación de los pulpos privados sanatoriales y farmacéuticos.

Compañeros: Quiero corregir un punto de mi carta anterior referente a la intervención de “Palito” Ortega en el “Encuentro Nacional de Mujeres”. Luego de enviar mi última carta (publicada en Prensa Obrera Nº 408) mostré una copia a la persona que me suministró la información, quien me señaló que ese punto no había quedado bien aclarado. En realidad, dice, Palito quería “comerse” políticamente el Encuentro. Quiso aparecer en la apertura del mismo. Al serle negada esa posibilidad, aun trató de imponer a otras dos figuras del gobierno (una de ellas, la monja Perrini), las que también fueron rechazadas. La sigla de la organización vinculada a las iglesias con sede en Europa es ICCO, no OCCI, como erróneamente escribí en mi carta. Con respecto al último artículo de Daniel Blanco, publicado en PO Nº 409, debo decir que continúo en desacuerdo con sus análisis y conclusiones esquemáticas (hay que ser muy audaz en el razonamiento, y a la vez muy descuidado, para establecer una identidad entre el papel represivo del imperialismo en Somalía e Irak y las luchas liberadoras de las mujeres reunidas en el Encuentro Nacional de Mujeres). No insistiré en mis argumentos pues tengo la sensación de que me voy enredando en un debate muy viciado: por un lado, una persona (D.B.) empecinada en “cerrar” una caracterización sea como sea, por motivos que desconozco (aunque puedo sospechar). Por otro lado, otra persona (yo) tratando de evitar que se cierre una caracterización sin que se cuente con los elementos necesarios para tal (ahora, felizmente, se han sumado nuevas voces). Saludo las intervenciones de las compañeras Dora, Alicia y Miriam, que van proponiendo otros enfoques muy interesantes al debate. Quiero sugerir a los compañeros del partido (modesta sugerencia) que no se apresuren en hacer una caracterización acabada del Encuentro. Me parece muy razonable y conveniente que se espere la realización de un nuevo Encuentro (sin perjuicio de que siga la discusión), en donde participen otras compañeras militantes del PO y que expresen sus opiniones basadas en la experiencia, las cuales pueden coincidir, o no, con las mías, o con las de Daniel Blanco, o aun pueden presentar enforques completamente distintos. Esto me parece muy importante, pues cuando me dicen que el Encuentro es distraccionista, pienso que no deja de ser una verdad para algunos. ¿Por qué? Porque es muy razonable pensar que resulta realmente distraccionista para los hombres, quienes obviamente no son las víctimas principales de esta opresión (y hay que ver hasta qué punto o de qué manera eso afecta a los análisis). Por eso me gustaría escuchar la opinión de las mujeres del PO, quienes van a opinar no sólo desde el punto de vista del trabajador explotado, sino también desde el punto de vista de su condición de mujer. Por mi parte, quiero detener ese viciado y tedioso juego de “ping-pong”: “Respuesta a Lucía”, “Respuesta a Daniel” y así sucesivamente. En su último artículo, Daniel mencionó mi nombre 11 veces. En el artículo publicado en PO Nº 406, lo mencionó 12 veces (y eso que yo no le pedí que me hiciera propaganda). Dice que es “presuntuoso” de mi parte considerar que mi carta generó el presente debate en el PO (aunque debo reconocer que el mérito es del Encuentro Nacional de Mujeres, en primer lugar), pero a la vez repite incansablemente mi nombre... (¡y aún quieren convencerme de que no hay nada personal!). Ese romance, compañeros, YO SE LO REGALO. Quiero destacar la nota publicada en PO Nº 409: “Cómo debate un partido revolucionario”. Celebro la conducta, tanto del joven secundario que supo presentar sus críticas, como del viejo militante y dirigente que respondió con la altura y el desapego de un verdadero revolucionario. Más que una pintura de cómo debate un partido revolucionario, lo tomo yo como un ejemplo a ser seguido en todos y cada uno de los lugares y debates del PO. San Miguel de Tucumán

En 1993 tuvieron que fallecer 287 personas, en su mayoría niños, para que las autoridades sanitarias del gobierno menemista aceptaran la eficacia de las vacunas cubanas. Además, son centenares los afectados que han quedado con fuertes lesiones (sordera permanente, disfunciones cerebrales, etc.). La demora del gobierno menemista no se debe sólo a negligencia (la que existe sobremanera cuando se trata de los intereses del pueblo trabajador), sino a los lobbys de los grandes laboratorios farmacéuticos, que no quieren que surja en el mercado argentino y latinoamericano un competidor representado por la industria biotecnológica cubana. Mientras existe “apertura” para importar cualquier cosa, la vacuna cubana fue prohibida. Como lo reconoce el director del laboratorio Elea, detrás de la importación de la vacuna cubana contra la meningitis, “se proyecta importar también vacunas antigripales, antitetánicas, antidiftéricas y antirrábicas (ya que) las comprobaciones que hemos realizado en Cuba nos demostraron que ellos aplican una tecnología de primera”. Lo más importante también, es que “puestas en el mercado, resultarán terriblemente más baratas” (La Nación, 18/1/94). “La meningitis, en su variante más grave, tiene un alto grado de mortalidad y de secuelas neurológicas irreversibles. Además de los más de 600 chicos que ya han muerto en los últimos brotes epidémicos —una cifra tremenda— hay más de 400 chicos que han quedado totalmente sordos para el resto de sus vidas” (Ambito Financiero, 19/1). Aun así, el gobierno se niega a implementar la vacunación masiva, a pesar de que “el director del hospital de enfermedades infecciosas Francisco Muñiz, doctor Marcelo J. Díaz Lestrem, dijo que de acuerdo con los datos registrados en los brotes ocurridos en los años 1991, 1992 y 1993 en nuestro hospital, es de esperar un rebrote del mal en abril próximo, por lo que la vacunación deberá comenzar ya mismo” (La Nación, 18/1). El Partido Obrero denunció durante la campaña electoral el complot del gobierno y los laboratorios contra la vacuna cubana, a pesar de que su eficacia ya era reconocida por científicos y médicos. Ahora el PO plantea un plan de vacunación masiva gratuito, bajo el control de las organizaciones de médicos y trabajadores de la salud.

Con frases como “UOCRA está a su lado” ... “seguimos construyendo” ... “para seguir creciendo” ... “UOCRA piensa con el corazón”, Gerardo Martínez, Hugo Ferreyra y Cía. siguen haciendo demagogia y llenan sus bolsillos con el dinero de los afiliados. Los hombres tienen que demostrar que las “palabras” sin “hechos” de nada sirven, y el sindicalista Martínez y sus “secuaces” son un claro ejemplo de ello ... quien desee comprobarlo no necesita más que “intentar” ser atendido en el Sanatorio Central (Franchin) o en cualquiera de sus distintas regionales (Monte Grande, Lomas de Zamora, etc.), donde la “atención” de la salud de los afiliados es deplorable. En cada piso del Sanatorio Central hay un televisor, desde el cual Gerardo Martínez pregona las bondades de pertenecer a la UOCRA... pero los médicos “emigran” del sanatorio continuamente por los bajos salarios, abandonando a los pacientes a su suerte, y a que en la siguiente visita al sanatorio puedan encontrar un nuevo médico que pueda hacerse cargo de continuar con el tratamiento. La situación salarial de los trabajadores de la construcción es desesperante, un oficial albañil gana por día 9,94 pesos, lo cual hace un total de 1,24 por hora de trabajo ... lo que no alcanza a “cubrir” un kg de pan ... pero la burocracia de Martínez y los parásitos que vegetan en la sede sindical (Pringles 30) y en la obra social (Rawson 42) pregonan orgullosos ... que con el pago “en negro” se gana “mucho más”. El sindicalista que “defiende” a los trabajadores de la construcción, “denunciando” a “los ilegales”, favorece la explotación por parte de la patronal chupasangre, beneficiando a los empresarios con el pago “en negro”, con la flexibilización laboral, que destruye todas las conquistas sociales y condena a los trabajadores de la construcción a la más cruel miseria. El atraso político, la desmoralización por su situación social, a la que los llevó la burocracia sindical “entongada” con la patronal, sumerge a los trabajadores de la UOCRA en una profunda esclavitud. Sólo el esclarecimiento político, la organización de la lucha en conjunto de todos los trabajadores, será el posible camino de salida para terminar con la miseria y explotación laboral a la que nos condena el capitalismo. Estos son los parásitos que se sientan a dialogar con el gobierno y los empresarios, y dicen discursos “combativos”, pero firman convenios con salarios de hambre y viven del trabajador y sus aportes ... Jorge Berardi y su “colaborador” Blasso, de dirección médica, que funciona en la planta baja de Rawson 42, y el burócrata que atiende organización gremial en el quinto piso del mismo edificio, el “compañero” Sipitukla, y un “tal” Figueroa, todos ellos “compinches” de Gerardo Martínez y de Hugo Ferreyra, “dignos” representantes de Menem y Cavallo. Budge-Lomas

El gobierno sobischista comenzó el año despidiendo trabajadores en el hospital Castro Rendon, verdadero motor de la masiva lucha del sector salud librada el año pasado. Ya despidieron a dos compañeras activistas del sector estadística, en tanto desde la dirección del hospital se ha hecho circular una lista con 72 nuevos despidos. Este año ha sido definido como el año de la “privatización” del EPAS (servicio de agua), EPEN (servicio de energía) y de otros organismos, y de la “descentralización” y municipalización de otros tantos. Está lanzado un ataque a fondo contra los estatales neuquinos. El gobernador Sobisch aprovecha el período de vacaciones para lanzar una ofensiva. La Junta Interna del hospital Castro Rendon ha encabezado la primera reacción contra los despidos y convocó a una asamblea que se desarrolló el pasado jueves 13. En tanto, la Comisión Directiva de ATE se ha limitado a una entrevista con el ministro de Salud, que concluyó en un cuarto intermedio hasta la semana que viene. La asamblea del hospital fue abierta a la participación de delegados y activistas de otros organismos y gremios. Las distintas intervenciones giraron alrededor del balance del conflicto pasado, en especial el papel que jugó la Directiva de ATE. Hubo plena coincidencia en definir ese papel como una entregada y de no volver a cederle la dirección del conflicto que se abre. Se resolvió convocar a una reunión en la sede del gremio a activistas y delegados sindicales, barriales y juveniles, para conformar una comisión de defensa contra los despidos. Esta reunión está convocada para el próximo martes 18. La experiencia del aislamiento que la Directiva impuso al sector salud respecto al resto de los estatales, ha calado muy hondo en el activismo del hospital; por eso la asamblea votó la confección de un volante para ser repartido en los otros organismos estatales por los propios trabajadores del hospital. En este sentido, la lucha política y el balance del conflicto que impulsó la Naranja y Blanca está dando sus frutos.

Unos días atrás me encontré con un militante del Mst, miembro del comité de Boulogne. Intercambiamos el periódico y se abrió entre nosotros un debate en referencia a la asamblea constituyente. Me preguntó si “pensábamos sostener el FIT”, le respondí que en tal caso la pregunta cabía formulársela a su propia organización, dadas las alianzas que pretendían establecer al margen del FIT y me referí en particular a la carta al FG. “La declaración al FG fue principista”, me contestó, por el hecho que fue enviada a un encuentro donde el FG debía definir su intervención ante la Constituyente... “y además, las rebeliones provinciales pueden generar grandes virajes en la constituyente”, y me dio el ejemplo... ¡de la “moción roja” en la constituyente de Perú en el ’80! Le respondí que en el caso que se planteara influir en un ala del FG, hubiera sido más efectivo intervenir como FIT, es decir, elaborando una política de frente, y de esta manera, fortalecer al FIT ante los sectores “honestos y luchadores” del FG como alternativa. Metodológicamente, esto ya había sido planteado ante la marcha por Haití y las elecciones universitarias. De todas maneras, la “carta principista” es, en sí misma, una blanqueada, ya que el FG había ya definido su posición con respecto a la constituyente, que el PO caracterizó como aún más reaccionaria que el propio proyecto oficial; no competía “enviar” un programa, sino criticar las posiciones que el FG hizo públicas. Pero después del Santiagueñazo, seguir “agotando la experiencia” con el FG, ¡es el rastrerismo más rastrero! En el periódico del Mst (16/12/93) se informa que el FG votó la intervención; este compañero me hablaba de las posibilidades de viraje en la Constituyente... cuando todo el arco político parlamentario —¡incluido el FG!— votó la intervención. Es decir, el Mst, ante la definición (si es que antes no estaba “definido”) derechista que el Santiagueñazo provocó en el FG, alienta en éste (“¿en quién, si no, en Rico?”) posibilidades “izquierdistas” dentro de la Constituyente. Evidentemente, el Mst va a tener que seguir con las piruetas “tácticas” para sostener su giro a la derecha ante la irrupción de los “Santiagueñazos”...

Un año y medio atrás, el PO caracterizó el anuncio de un plan de Menem para la Patagonia como una convocatoria “al fraude y al contrabando” (PO Nº 358, 3/6/92). Hace pocas semanas, el gobierno descubrió una millonaria estafa perpetrada precisamente en base a las medidas anunciadas en 1992 por Carlos Menem. La denuncia del plan menemista se verificó hasta en la previsión del delito capitalista bajo el amparo oficial. Menem trató de encubrir su política de destrucción de fuentes de trabajo y de éxodo de la población con un paquete de medidas de “reparación histórica” de Santa Cruz. Concretamente, anunció en 1991 rebajas en los precios de los combustibles, créditos blandos para importar vehículos sin impuestos, préstamos para los ganaderos, la próxima instalación de una “zona franca” para el comercio, la promesa de financiar algunas obras como el aeropuerto de Calafate y otros tipos de “microemprendimientos”. Estas medidas, lejos de constituir un “plan de desarrollo”, son —dijimos en PO del 3/6/92— una convocatoria al contrabando y al fraude fiscal. “Facilitarán el contrabando de combustible hacia las provincias con mayores tarifas, así como el ingreso de automóviles importados con bajos impuestos aduaneros, en momentos de gran quebranto financiero tanto de la provincia como de la nación. La ‘zona franca’ institucionalizará este contrabando, además de potenciar la invasión de importaciones subsidiadas, destructora de puestos de trabajo. A su vez, los préstamos a los ganaderos van a ser utilizados para la especulación financiera o la compra-venta de tierras, porque la ganadería patagónica está en quebranto total”. El gobierno anuncia el descubrimiento del contrabando que impulsó. Ahora se les ofrece a las patronales de Santa Cruz una reducción de los aportes del 80%, lo cual será otro fraude, porque las empresas facturarán por Santa Cruz producciones hechas en otras provincias, como ya sucediera con el “curro” de la promoción industrial.

A partir del 1º de enero, el intendente de Florencio Varela dejó cesantes a más de 250 trabajadores sociales, la mayoría de los cuales trabajaba en los barrios periféricos y miserables de Varela. Como de costumbre, los eufemismos y disfraces verbales no estuvieron ausentes por parte del intendente Julio Pereyra, quien afirmó que se trataba de una no renovación de contratos y no de despidos. Como se trataba de despidos, para cubrir estas vacantes, Julio Pereyra reclamó la colaboración del obispado de Quilmes, que en la persona de su más alto representante, Novak, respondió afirmativamente, colocando a la fundación que lleva su nombre y a diáconos y laicos de la Iglesia a dirigir la subsecretaría de Promoción Social del municipio varelense. Aunque Novak se haya apresurado a aclarar que no es su intención participar en política, es inocultable que lo hará. Lo concreto es que ha colaborado en las cesantías de decenas de trabajadores. Asimismo, siendo Varela una de las zonas más golpeadas del conurbano, el papel de la iglesia tendrá un carácter preventivo, en el sentido de que intentará desviar o frenar las expresiones de rebelión popular que tendrán lugar más temprano que tarde. La tarea del obispado será realizada sin cobrar un peso, porque el precio obtenido por semejante mercancía es invalorable: su tarea será “canalizar”, o más, esterilizar la protesta de los trabajadores y los oprimidos. Hay que agregar sin embargo que la iglesia católica está subsidiada por el Estado y es una evasora legal de impuestos, y que esa evasión llega a la friolera de 7 millones de pesos anuales; con que se le dé a Novak la parte proporcional de esta prebenda estatal, está lo suficientemente pago.

Todos los días se agrega un nuevo capítulo en el caso Aerolíneas. Cada paso que Menem y Cavallo dan para tapar este escandaloso fraude, lo pone más al desnudo. Lo que Cavallo y Menem presentan como un enfrentamiento entre el gobierno argentino e Iberia, no es más que un taparrabos de una operación fraudulenta que debería llevar a este dúo a Devoto. Fraude “Como el principal estrangulamiento de Aerolíneas es su pasivo, en un 80% contraído por Iberia, en realidad esa deuda es una verdadera trampa que no hace más que encubrir el objetivo de recuperar parte de los recursos dedicados a la operación de compra del originariamente 85 por ciento del paquete accionario que licitó el Gobierno a fines de 1990” (La Nación, 20/1/94). Aerolíneas fue vendida a precios de remate, haciéndose cargo el Estado de sus deudas. Sin embargo, a los pocos meses el balance de Aerolíneas presentaba un pasivo superior a los 1.000 millones. ¿Cómo pudo endeudarse la compañía en tan poco tiempo, si no había hecho ninguna inversión? Sencillamente, los compradores la adquirieron sin plata, hipotecando los aviones. “Sobre 900 millones de dólares de deuda financiera de AA, Iberia es acreedor del 75%” (Clarín, 18/1/94). Por esa hipoteca, Aerolíneas “tiene que pagar anualmente 120 millones de intereses a Iberia” (Clarín, ídem). Todo esto es de conocimiento del gobierno, quien el año pasado aprobó el balance de Aerolíneas, legalizando el fraude contable-financiero. Pero como además Iberia no pagó ni siquiera a través de préstamos la deuda con el gobierno por la compra de Aerolíneas, el gobierno decidió cancelar esa deuda con una mayor participación accionaria del Estado en la empresa, que hoy alcanza al 43% . Ahora, Iberia decidió ampliar el capital de Aerolíneas en 500 millones, porque “de no contarse a tiempo con ese aumento de capitales, la empresa no tendría capacidad de reacción frente a cualquier dato negativo que irrumpa en el mercado”. “No tendría tampoco un colchón financiero adecuado... (y) tampoco podría encarar la ampliacion de su flota de largo alcance...” (La Nación, 18/1). La jugada de Iberia al ampliar el capital de Aerolíneas, en realidad, apunta a que su socio —el Estado— ponga su parte proporcional, unos 200 millones de pesos, de manera tal que Aerolíneas tenga “colchón” para pagarle a Iberia los intereses fraudulentos. El aporte de capital de Iberia será solamente contable, porque “capitalizará” los intereses fraudulentos devengados. El diario español “El Mundo” señala que “hacen falta 500 millones de dólares que aportar a AA, pero que Iberia desembolsaría una suma inferior capitalizando otros aportes que ha hecho a la empresa argentina” (La Nación, 25/1). En lugar de denunciar todo este fraude, el Ministerio de Economía instruyó a los directores del Estado a abstenerse en la votación, lo cual plantea dos alternativas: o el Estado pone el dinero, o lo hace por vía de terceros. Como en este último caso podría aumentar la participación accionaria extranjera y Aerolíneas podría perder su categoría de aerolínea de bandera nacional, con todos los beneficios que eso implica, el gobierno dictó un decreto por el que seguiría siendo “de bandera nacional”. Un fraude lleva a otro... De todos modos, nadie va a poner dinero para financiarle a Iberia el pago de los intereses fraudulentos, por lo que la negociación se trasladó ahora a la “cumbre” que tendrán en los próximos días Menem con Felipe González. Como el gobierno es un rehén y encubridor de los privatizadores, habrá con seguridad nuevos aportes del Estado en salvataje de Iberia, o bien el menemismo podría cambiar “de bandera” y permitir que las compañías norteamericanas se hagan cargo de Aerolíneas. No en vano, en una carta a Felipe González, Menem le insinúa esa alternativa porque le dice que “quisiera también manifestarte la importancia de despejar toda duda acerca de la posibilidad de que la administración argentina apoye una solución que sustituya a Iberia por otro operador internacional” (La Nación, 21/12/93). El problema es que Iberia, para abandonar Aerolíneas, exige 600 millones, cuando pagó en bonos el equivalente a 200 millones. Una ganancia del 200% en dólares para una empresa vaciada y quebrada es un milagro de la “iniciativa privada”. Para que Iberia pueda realizarla, Menem le envió otra carta a Felipe González en la que le propone vender la totalidad de los activos de Aerolíneas, a través de “un banco internacional de primera línea”, con lo cual se saldaría la deuda “respetando los privilegios correspondientes y distribuir el remanente, si lo hubiera”, según reveló el diario madrileño “El País”. Esto significa que el Estado vendería su 43% pero no recibiría ni un peso por las acciones que vendería, porque el producido de la venta iría enteramente a pagar la deuda ficticia con Iberia. Como se ve, la “crisis” de Aerolíneas no tiene nada que ver con la crisis mundial de la aeronavegación. La Nación lo dice sin pelos en la lengua : “Digámoslo francamente: si está pasando lo que pasa es porque AA es un buen negocio” (21/12/93). Si lo sabrá Iberia, que compró Aerolíneas sin poner un peso, la vacía a razón de 120 millones anuales, además “Iberia sobrefactura varios servicios que vende a Aerolíneas” y “refinancia el pasivo de corto plazo a Aerolíneas, pero a tasas fuera de mercado” (Clarín, 29/10/93). Aerolíneas es tan sólo una muestra de las privatizaciones, porque el Estado financia con subsidios la privatización de los subtes y el ferrocarril, y en las llamadas privatizaciones “rentables” el Estado ha asegurado tarifas altas, dolarizadas, en mercados cautivos. Los petroleros reclaman ahora una rebaja en el porcentaje de las regalías y subsidios para encarar la exploración. En siderurgia, el gobierno elevó los aranceles para que Techint pueda vender más caro el acero y asegurarse el mercado argentino y suculentas ganancias. Cavallo acaba de elevar la cotización de los Bocones para las futuras privatizaciones, lo cual abarata el precio de venta de las acciones o empresas aún en poder del Estado. Hay una fenomenal intervención del Estado para salvar a las privatizaciones del naufragio y socorrer a los pulpos. Además, los grandes pulpos endeudan a las nuevas compañías y siguen sin aportar dinero propio, porque cuando estalle la crisis reclamarán la estatización de las deudas, como lo hizo Cavallo en 1982. El Partido Obrero propone una solución más barata: anular las privatizaciones, terminar con los subsidios y las tarifas usurarias, desconocer las deudas y poner a todas las empresas bajo control de los trabajadores.

Nunca estuvo tan imperiosamente planteada la necesidad de una huelga general. Los despidos en Aluar, la aplicación de hecho de las leyes “ómnibus” en las provincias, la brutal desocupación provocada por las masivas quiebras, la superexplotación disfrazada de “flexibilidad” laboral, han colocado al conjunto del movimiento obrero en una situación límite. El envío de los proyectos de reforma laboral, arancelamiento universitario, patentes, etcétera, para las sesiones extraordinarias del Parlamento revela que el gran capital quiere llevar a la juventud y a los trabajadores al siglo XVIII. O se aceptan las normas de trabajo y sueldos que nos retrotraen a la época de la esclavitud, o se comienzan a generalizar paros y movilizaciones como en La Rioja, o explosiones sociales como las de Santiago del Estero, o las que puedan producirse en Rosario y en el Gran Buenos Aires. ¿Y los sindicatos? Los sindicatos de la Argentina, que deberían ser, más que nunca, organizaciones de defensa de los intereses de conjunto de los trabajadores, han sufrido un vaciamiento por parte de los burócratas sindicales, que además de agentes de las patronales en el movimiento obrero, se han asociado en el negocio de la jubilación privada, en los grandes negocios de la salud y en la “propiedad participada” de las empresas “privatizadas”. La actual pelea que recorre la cúpula de la CGT representa la intensa lucha de intereses de estos burócratas, que ya nada tienen que ver con el movimiento obrero. Mientras los jerarcas de la CGT “oficialista” están prendidos en los grandes negociados de las “nuevas empresas estatales”, hay sectores que no han “arreglado” su parte en estos negociados. Sólo eso explica que uno de los burócratas más infames del sindicalismo, como Palacios de la UTA, pose de “combativo”. En la UTA, precisamente, ya han impuesto hace mucho tiempo la “flexibilidad” laboral, pues para poder vivir los choferes deben trabajar doce horas. Las unidades son casi del doble del tamaño debido, aumentando la superexplotación de los choferes. Su propio plan de lucha —autotitulado “la cortamos con el boleto”— ha fracasado estrepitosamente. Y como si esto fuera poco, Palacios ha oficiado de policía frente a las patronales para expulsar a las listas opositoras del gremio, y nada hace ante el despido sin indemnización que llevan adelante las patronales, por la campaña de revisación médica a que someten a los choferes. “Queremos la unidad, pero con una conducción en serio que se ponga a defender los derechos de los trabajadores. Si se busca la unidad, el paro no es solución”, dijo Saúl Ubaldini (Crónica, 31/1). “La actitud de los gremios del transporte puede inducir a que integremos un frente común lo más rápido posible”, declaró Lescano, cicatrizando heridas (Clarín, 31/1). “La CGT no se va a disolver porque la Confederación General del Trabajo es de los trabajadores, pero puede pasar que se vaya una cúpula que no defiende a los obreros y venga otra que lo haga”, se “candidateó” Palacios (Crónica, 31/1). Las intenciones son claras: liderar el descontento obrero, amenazar con el paro, obtener a cambio una mejor ubicación en la dirección de la CGT y una mejora en la ubicación del reparto de los negocios de la jubilación privada y las obras sociales. No hay que olvidar que esta táctica ya la llevó adelante esta cúpula de la CGT actual, que ante la rebaja de los aportes patronales y el temor de quedar afuera de la “torta” del negocio de la salud amenazó con un paro para el 28 de enero, que fue suspendido... hasta el 31 de marzo, por la promesa del gobierno de arreglar su participación en el negocio de las obras sociales. Por el paro general La burocracia ha liquidado su propia estructura sindical. El gran capital quiere liquidar los convenios y toda la legislación social, reemplazándolas por el contrato individual, las doce horas, las vacaciones reducidas y fraccionadas, etcétera. Esto que engolosina a muchos burgueses por las ganancias que da esta superexplotación y esta ausencia de defensas de conjunto, les produce al mismo tiempo vértigo porque abre una tendencia al “Santiagueñazo”. Esta contradicción y la formidable agudización de la lucha de clases acelera las tendencias al paro general y a los “santiagueñazos”; a pesar de la actitud de los burócratas, estos están demasiado presentes como para evitarlos con “arreglos” o negociaciones. El reclamo a la CGT “oficial” u “opositora” y al CTA a que convoquen a un PARO ACTIVO general, tiene que estar unido por sobre todo a impulsar asambleas y planes de lucha en cada gremio para liquidar la política antiobrera de las patronales y la complicidad burocrática, coordinando un plan de lucha del conjunto del movimiento obrero.

Bastaron pocas horas de combate en Chiapas para mostrar la envergadura de la rebelión y por sobre todo la incapacidad del Estado para dominar la totalidad del territorio nacional: el Ejército Zapatista capturó rápidamente varias ciudades importantes —en una región donde se concentra “la flor y nata” del Ejército mexicano. El estallido de la rebelión campesina de Chiapas hizo aflorar la profunda fractura del Estado mexicano. Junto con los primeros combates, surgió en todos lados la misma pregunta: ¿cómo pudo estallar una rebelión de semejante magnitud -la mayor desde 1910- sin que el Estado pudiera detectarla? Y si la detectó, ¿por qué fue incapaz de evitar su estallido? Cualquiera sea la respuesta —desde la hipótesis de un “montaje” oficial sostenida por Cuauhtémoc Cárdenas del PRD, hasta la que afirma que Salinas no podía desatar una represión violenta mientras estaba negociando el Nafta— es evidente, como lo señala el “guerrillerólogo” Jorge Castañeda, que “la descomposición del Estado es mucho mayor de lo que se pensaba” (Página 12, 5/1). Porque expresó de manera tan brutal la fractura del Estado mexicano, el odio de las masas al conjunto de las instituciones del Estado y el antagonismo irreconciliable entre las reivindicaciones campesinas y el régimen político y social, la rebelión de Chiapas es —como lo dijera El Norte de Monterrey (reproducido por La Nación, 4/1)— “un desafío político y militar a todo el orden establecido”. Salinas maniobra La extensión geográfica de la rebelión (el EZLN dominaría aún hoy el 25% del territorio del Estado -Página 12, 25/1), el respaldo campesino a los zapatistas y el fracaso de la represión militar llevaban al Estado mexicano a una guerra prolongada, con resultados inciertos. Esto porque “en las alturas de Chiapas... las autoridades se equivocarían en extirparla por la fuerza. En las mismas alturas boscosas, en la Guatemala vecina, eso no ha sucedido: la implacable política de tierra arrasada llevada a cabo al comienzo de los ’80 en las comunidades indígenas no logró resolver nada fundamental” (Le Monde, 12/1). La evidencia del fracaso de la política oficial contra la rebelión planteó una crisis política de magnitud: en un cuadro de respaldo popular a la rebelión en México —reflejada en una enorme manifestación en la capital de 100.000 personas contra la represión— y en el exterior, de denuncias internacionales de violaciones a los derechos humanos y de una espectacular caída de la Bolsa mexicana, saltó a la luz una profunda división en el seno del oficialismo: toda una ala del PRI reclamaba el cese de la “vía militar” para dar lugar a negociaciones con el EZLN. En resumen, “en diez días de vacilaciones, salió a la luz lo esencial, la descomposición del régimen de partido-Estado” (El Cronista, 12/1). La crisis política —que Brecha (21/1) llega a definir como un “visible vacío de poder”— obligó a Salinas a un giro político: desplazó del ministerio del Interior a Patrocinio González, cabeza del ala “dura” del PRI y ex gobernador de Chiapas, acusado de numerosos crímenes contra los indígenas y campesinos, y lo reemplazó por un hombre del ala “negociadora”, un ex dirigente de la organización oficial de defensa de los derechos humanos. El líder de esta fracción (y ex pre-candidato a suceder a Salinas en la presidencia), Manuel Camacho, fue designado a la cabeza de una comisión gubernamental encargada de entablar negociaciones con el EZLN. El obispo de Chiapas, Simón Ruiz, un tercermundista catalogado inicialmente como “agitador e ideólogo del EZLN”, fue convocado para actuar como mediador de paz con la guerrilla y se convirtió, con el respaldo oficial de la Iglesia, en la pieza clave de la política oficial, junto con el negociador Camacho, “es decir, en el árbitro de la situación” (Brecha, 21/1). Al mismo tiempo, Salinas decretó un alto el fuego unilateral, dictó una amnistía y reemplazó al gobernador de Chiapas por un abogado de ascendencia indígena y comenzó a liberar a los campesinos presos. Y lo más importante, el propio Camacho reconoció al EZLN como “fuerza beligerante”. Le Monde (12/1) sostiene que el cambio de la política oficial “podría aparecer como una victoria del EZLN... si no fuera una jugada muy hábil de Salinas (para enfrentar la crisis política)”. ¿Lo ha logrado? Ciertamente, una fractura del Estado y un agotamiento del régimen político como los que la rebelión puso en evidencia, no se superan con un simple recambio ministerial. El reconocimiento del EZLN como “fuerza beligerante” institucionaliza la fractura del Estado y la ruptura del monopolio político del PRI, que ha sido la “forma de existencia” del Estado mexicano en los últimos sesenta años. Esta debilidad oficial condiciona el desarrollo de las próximas elecciones y al futuro gobierno, al punto que El Cronista (12/1) llega a afirmar que ha comenzado “la era post-PRI”. Pero lo esencial es que el“giro” de Salinas constituye el punto de partida de una política de reconstrucción del Estado, que sólo llegará a buen puerto si logra integrar a la guerrilla a la defensa del orden social y político, como lo han logrado el imperialismo y los explotadores en El Salvador, en Colombia y en Guatemala. Fue precisamente por esto que “todos”, desde el imperialismo a la burguesía mexicana, pasando por la Iglesia, la prensa mundial y el PRD saludaron el “giro” de la política oficial del “exterminio” a la “negociación” con los zapatistas. La política del EZLN A poco del anuncio de Salinas, la dirección del EZLN aceptó negociar con el gobierno y fijó una serie de condiciones. La “agenda” que el EZLN lleva a las negociaciones se focaliza en la “situación económica y social de los indígenas de Chiapas” y en la exigencia de “elecciones libres y democráticas” en todo el país (Página 12, 25/1). En un comunicado, el EZLN afirma que “no tenemos ni el deseo ni la capacidad de luchar para todos los mexicanos” (Financial Times, 26/1) y sostiene que el “resultado de la lucha” será la “creación de un espacio democrático de resolución de la confrontación entre diversas propuestas políticas” (Página 12, 25/1). Por esto es que Castañeda no duda en calificar al programa del EZLN como “reformismo armado” y llega a sostener que el EZLN “no pretende tomar el poder sino imponer reformas democráticas”, lo que constituiría, según Juan Gelman, de Página 12, una “originalidad” respecto de las guerrillas latinoamericanas “excluyentes” de los años ´70 y ´80 (Página 12, 16/1). En realidad, el zapatismo debuta en el punto donde “terminaron” el M19 colombiano, el FMLN salvadoreño o la UNG de Guatemala: en las negociaciones para una “salida política”. Pero como consecuencia de esas “negociaciones” y “acuerdos de paz” lo que ha sucedido es la integración de las guerrillas a las instituciones del Estado -e incluso, en algunos casos, a sus organismos represivos- pero de ninguna manera la “democratización política” y mucho menos la satisfacción de los reclamos sociales de los explotados de esos países. El FMLN o los demás llegaron a este punto después de años de lucha y atravesando convulsiones internas; en el caso del EZLN, por el contrario, la negociación con el Estado y la “democratización” aparecen como su objetivo estratégico. Como Castañeda o Gelman, Brecha (21/1) también alaba “la imagen de una ‘guerrilla reformista’ ... que pelea por cosas sencillas: paz, tierra, trabajo, justicia, soberanía y libertad, como base para una democracia plural y participativa”. Pero no hay nada más alejado de la realidad que pretender que las negociaciones con el gobierno pueden dar la tierra a los campesinos o acabar con la opresión que sufren los pueblos indígenas, cuya base social es la dominación de la burguesía; el propio reclamo de “elecciones libres” es ilusorio en tanto el PRI continúe dominando el aparato estatal. Las negociaciones quedarán reducidas a una presión sobre el nuevo gobierno del PRI para influir sobre su política y el reclamo de las “elecciones limpias” quedará reducido a un “proceso de apertura” desde arriba, gradual y controlado, que elimine los aspectos más bárbaros del monopolio político del PRI... algo en lo que también está interesado el imperialismo norteamericano. Es lo que reclama Brecha (21/1) cuando dice que “la lucha de los nuevos zapatistas... y esta experiencia de la sociedad civil será parte de una acumulación de fuerzas para los próximos comicios ...”. Las negociaciones que están por comenzar colocarían al EZLN como interlocutor privilegiado de este proceso político. En este cuadro cobra una enorme importancia el papel que juega la Iglesia en el EZLN: desde el mismo comienzo de la rebelión se ha sindicado a los curas de la “teología de la liberación” como los impulsores del EZLN. Aunque los zapatistas lo han desmentido, han nombrado al obispo Simón Ruiz como su “único interlocutor reconocido”, lo que en los hechos significa designarlo como su vocero oficial, reconociéndose por este hecho como una fuerza política tributaria del clero. Estos hechos explican la hostilidad con que el PRD recibió al EZLN y la afirmación de Adolfo Gilly -asesor de Cuauhtémoc Cárdenas- de que “la consigna es no dejar sólo al EZLN como interlocutor del gobierno” (Brecha, 21/1). Aunque ésta es la perspectiva de las negociaciones y del reclamo zapatista de las “elecciones democráticas”, el proceso político real transita por otros carriles porque la lucha de clases se ha agudizado, en un contexto de división y fraccionamiento del poder gubernamental. La contradicción estridente entre el carácter objetivo de la rebelión que desnudó la fractura del aparato estatal y puso en un primer plano las reivindicaciones agrarias y sociales de los campesinos mexicanos- y la política democratizante del EZLN, y la no menos estridente contradicción entre la descomposición del régimen político y su necesidad de proceder a una política de reconstrucción (fortalecimiento) del Estado, plantean en México un período de prolongada y aguda crisis política.

La historieta que está divulgando el Ministerio de Trabajo sobre el nuevo régimen previsional representa una completa falsificación de la realidad. Está confeccionada por personas a sueldo de las interesadas en este negociado, las Administradoras privadas; por eso presenta este descomunal robo del siglo como un cuento de hadas. Pero usted, compañero trabajador, no debe dejarse engañar. Usted nunca sabrá cuál será su jubilación Ante todo, los autores presentan a la jubilación privada como un régimen que garantiza realmente la jubilación e incluso el monto exacto de lo que cada aportista va a recibir en el futuro. Hasta publican un cuadro con ese supuesto haber jubilatorio futuro. Pero lo real es que nadie, absolutamente nadie, puede saber a cuánto ascenderá la jubilación futura, porque ello depende del monto de las comisiones que cobren las Administradoras sobre los aportes que reciban; de los rendimientos que arroje el Fondo; del nivel de la inflación; de la devaluación de la moneda; de los años de aportes; del sexo del trabajador; de la edad del cónyuge; de la carga de familia. La historieta no dice que el Fondo se desvaloriza si hay alta inflación o si se devalúa la moneda, si hay un bajón en la Bolsa, o si suben las tasas de interés, lo que de suceder provocará la reducción automática del haber futuro. Las posibilidades de que ocurran inestabilidades o cataclismos financieros en períodos de 30 ó 40 años no sólo son altísimas, sino que son completamente seguras. Frente a lo cual la “jubilación privada” no ofrece ninguna clase de seguro, como sí lo ofrecía, jurídicamente, el régimen derogado del 82% móvil. Si tiene familia, peor Como la “jubilación privada” es, al final de los años de aporte, un Fondo fijo, lo que el jubilado vaya a cobrar mensualmente dependerá, entre otros factores, no solamente de la expectativa de vida del trabajador, sino de la carga de familia del trabajador o sea de la expectativa de vida del conjunto del grupo familiar. ¡Cuanto mayor sea la familia y, por lo tanto, su expectativa de vida, mayor será también el número de cuotas en que se dividirá el aporte acumulado, y menor, por lo tanto, la jubilación mensual a recibir! Si el trabajador ya jubilado decide casarse, disminuirá, por este motivo, el haber que estaba percibiendo. Si ya está casado pero su mujer es mucho más joven, también disminuirá su haber, porque es mayor la expectativa de vida del grupo familiar con relación a la estimada anteriormente para el beneficiario soltero. Si el “beneficiario” tiene la desgracia de tener un hijo discapacitado, su “jubilación privada” quedará prácticamente reducida a la nada, porque ese hijo recibe su pensión del mismo Fondo acumulado. La historieta tampoco dice que si el trabajador es despedido, su “jubilación privada” disminuye porque se reducen los años de aportes. Todo el sistema está ideado para que las “variables de ajustes” sean siempre el trabajador que aporta y el futuro jubilado. La mujer se perjudica La historieta no dice que una vez jubilado, el haber “privado” queda congelado en términos nominales por el resto de la vida. Como no admite ningún tipo de indexación o actualización, se “lo come” hasta la más mínima inflación. Este solo hecho puede borrarle cualquier “rendimiento” que hubieran producido los aportes de los asalariados en el curso de los años. La historieta no dice que la opción de la mujer trabajadora a jubilarse cinco años antes que el hombre, no es una ventaja o conquista sino un perjuicio económico importante para ella. Al haber aportado cinco años menos que el hombre (el retiro masculino es a los 65 años), tendrá un Fondo menor. Como la expectativa de vida a los 60 es superior a la de los 65 años, ese Fondo menor deberá dividirse en un mayor número de meses, por lo que su “jubilación privada” será notoriamente inferior, en un 30 % aproximadamente. El beneficio de jubilarse cinco años antes es un castigo. Los bancos sí sabrán cuánto ganan La historieta no dice que, mientras por todo lo dicho hasta aquí, el haber del futuro jubilado es incierto y se desvalorizará en razón de innumerables motivos, las ganancias de las Administradoras privadas (AFJP), por el contrario, sí están aseguradas de antemano. Ocurre que las AFJP descuentan al trabajador, todos los meses, el 35% de su aporte, en concepto de “comisiones”, o sea que las AFJP se quedarán con el 3,5% del salario, en forma ininterrumpida, desde los 18 a los 65 años de vida laboral. Por lo tanto, el Fondo del trabajador (11% mensual sobre el salario) se descapitaliza de entrada, y aun si los rendimientos fueran positivos, ese descuento del 35% sobre el aporte supera por lejos cualquier rendimiento probable. Ni qué decir de la descapita-lización que sufrirá el Fondo si da pérdidas. Por administrar un dinero ajeno, e incluso por mal administrarlo, las AFJP se quedan con el 35%, incluso si hay pérdidas. El parasitismo, la usura y la confiscación de este régimen no tienen límites. La “jubilación privada” es tan “trucha” que hasta los autores de la historieta tienen que admitirlo. Publican un cuadro, por ejemplo, en el que destacan que un trabajador con 1.000 pesos de sueldo, se jubilaría con 497 pesos, siempre, claro, que la “comisión” de la AFJP sea baja (2,5%), el rendimiento del Fondo sea alto (3,5% por encima de la inflación), el trabajador haya aportado ininterrumpidamente durante 30 años, y la inflación posterior a la jubilación sea cero. Pero aun en este caso favorable (más bien imposible) tendríamos una jubilación que sería el 49,7% de su sueldo, casi la mitad del 82% móvil. Evidentemente, hay que estar a sueldo de los bancos y compañías de seguros para concluir de todo esto, como lo hace el personaje de la historieta, que este sistema es “realmente mejor de lo que pensaba”. Nuestra posición El Partido Obrero llama a rechazar la “jubilación privada” porque es un sistema confiscatorio del salario, primero, y de la jubilación, después. Compañero: no ingrese a ninguna Administradora; luche por la vigencia del 82% móvil y por una jubilación financiada por los beneficios patronales. El Partido Obrero denuncia a la burocracia sindical, que se ha asociado a los bancos para montar este sistema que le roba a los trabajadores. El PO llama a las internas y a los delegados a rechazar cualquier intento de “privatizar” los aportes jubilatorios y a luchar por un sistema nacional en base al aporte exclusivo de los patrones, que garantice una jubilación equivalente al 82% del salario y donde las Cajas sean administradas por obreros y jubilados.

Como cuando se produjeron las movilizaciones por La Rioja y Santiago del Estero, la izquierda se movilizó el 12 de enero en apoyo a la rebelión de los campesinos mexicanos y en repudio al gobierno “menemista” de Salinas de Gortari, por la política de hambre y sumisión al imperialismo y la represión criminal contra los explotados de ese país. También, contra Menem, por avalar y alentar la brutal represión. La marcha constituyó todo un acierto político por la masiva concurrencia y ante el silencio cómplice de todos los partidos burgueses y el centroizquierda. Fue amplia la solidaridad expresada por el público al paso de la marcha. Al finalizar, una delegación integrada por Jorge Altamira (PO), Luis Zamora (Mst), Federico Martedi (Mas), Hugo Manes (Pts), Jorge Guidobono (Lsr) y Oscar Malvestiti (PL) fue recibida por el embajador de México, quien intentó sin éxito justificar la represión gubernamental, cuestión que fue rechazada por los integrantes de la delegación, que entregó el petitorio que incluía los tres primeros puntos de la declaración que a continuación reproducimos: “Las organizaciones abajo firmantes convocamos a una concentración y marchamos, partiendo de Callao y Corrientes, a la embajada mexicana, bajo las siguientes consignas: “1) Apoyamos la justa rebelión de los campesinos mexicanos. Su legítimo levantamiento es responsabilidad de la política de violencia y voracidad del capitalismo, que condena al hambre y la miseria a las grandes masas trabajadoras, campesinas e indígenas. Es una respuesta a la aplicación de los planes proimperialistas (Brady, Nafta) y a los gobiernos que lo aplican en toda América latina. La lucha, con sus diferencias, es expresión de la misma que protagonizaron los trabajadores en el Caracazo, La Rioja y Santiago del Estero. “2) Repudiamos el genocidio criminal que el gobierno mexicano está llevando adelante con las masas, evidenciado en las masacres, torturas y fusilamientos. Exigimos el retiro inmediato de las tropas y el cese de toda represión. “3) Denunciamos el apoyo político que Menem ha dado a este baño de sangre perpetrado contra los explotados mexicanos. “4) Llamamos a las comisiones internas, a los cuerpos de delegados, a las organizaciones de derechos humanos, a todas las organizaciones que se reclaman de izquierda o democráticas, a las organizaciones estudiantiles, a organizar en común esta manifestación y otras actividades.”

En pocos días, el precio de los bonos previsionales (Bocon) con que el gobierno “canceló” la deuda con los jubilados se fue por las nubes, lo que mereció su distinción por los diarios financieros de bono-estrella. Al fin, los jubilados se benefician de la “magia del mercado”, exclamaron en la Bolsa. La realidad es bien diferente. Hace pocas semanas, el ministerio de Economía estableció “un esquema de rescate de Bocon diferente al que se estaba aplicando... En lugar de fijar el precio al que reconocerá los bonos, Hacienda estableció un coeficiente de equivalencia, el que sería aplicado sobre el valor actualizado del capital más los intereses” (Página 12, 14/1). Este coeficiente se aplicará sobre los bonos que se ofrezcan en las próximas privatizaciones. “Los jubilados no fueron tratados de la misma manera por los técnicos de Economía en la subasta de YPF”, pues no se les reconocieron los intereses de los Bocones. Tampoco se les reconocieron los intereses cuando se pagaron los 1.560 pesos, todo lo cual le permitió al gobierno birlarle 200 millones de dólares a los jubilados por los intereses no reconocidos. “Este criterio —prosigue Página /12— no fue el que se utilizó en la venta de Piedra del Aguila ni el que se implementará en las privatizaciones que restan. En estos casos, el Estado sí reconocerá los intereses corridos...”. Ni lentos ni perezosos, varios pulpos iniciarían juicios al Estado para que se les reconozca un mayor precio a los Bocones ya entregados. Los jubilados se fueron desprendiendo de los Bocones cuando se rescataban sin intereses, lo cual lo planchaba como un bono basura, con una pérdida de valor del 40%. Ahora que gran parte de sus títulos los adquirieron los grupos privatizadores, Cavallo se acuerda de modificar su forma de rescate de manera de incluir los intereses. Se explica entonces por qué los pulpos consideran a Cavallo un “buen técnico” y el PO lo califica de estafador.

El régimen mexicano desató una política de exterminio contra la rebelión campesina. La fuerza aérea bombardeó indiscriminadamente con aviones y helicópteros de combate, mientras que el ejército empleó tanques y artillería pesada contra las ciudades y los poblados, causando bajas entre la población civil y destruyendo decenas de viviendas. Cuando el Ejército penetró en las ciudades abandonadas por el EZLN, comenzaron a llover las denuncias y evidencias de secuestros, torturas y asesinatos contra la población campesina. En su edición del 6 de enero, Clarín presenta la fotografía de una media docena de cadáveres de campesinos, sin uniforme militar, alineados sobre la acera, con las manos atadas a la espalda y con un tiro de gracia en la cabeza. El International Herald Tribune (12/1) reproduce la denuncia sobre el descubrimiento de tumbas comunes, de las que se exhumaron cadáveres sin uniforme militar y con las manos atadas a la espalda. Página 12 (16/1) y The Washington Post (25/1) reproducen la denuncia de un campesino detenido y luego liberado por el ejército, que sostiene que en su poblado los militares prendieron fuego a una bodega llena de cadáveres. Todo esto revela que se montó una política de exterminio. Durante los primeros días de combate, el gobierno no permitió a las organizaciones humanitarias entrar en Chiapas. La prohibición para acceder a las cárceles se prolongó durante mucho tiempo más. Amnistía Internacional denunció que la totalidad de los detenidos muestran signos de haber sido brutalmente torturados y sostiene que las “confesiones” que se les imputan fueron arrancadas bajo tormento. Aministía Internacional ofrece un dato significativo: entre los presos reconocidos por el gobierno mexicano no se registra ningún militante zapatista detenido o herido en combate. Esto sólo puede significar que los zapatistas heridos o prisioneros se encuentran detenidos en prisiones secretas o han sido asesinados sumariamente. Al mismo tiempo, las organizaciones de derechos humanos denuncian que a pesar de las pruebas que incriminan a los mandos militares en la violencia y el terrorismo contra la población civil y contra los guerrilleros rendidos o heridos, no existe investigación oficial alguna sobre las denuncias ni se han instruido sumarios contra los mandos acusados. A la política de exterminio le sigue la política de encubrimiento e impunidad. Nos sumamos a la denuncia internacional de los crímenes cometidos por el régimen capitalista contra los explotados mexicanos y de la impunidad que se está montando en nombre de la “pacificación nacional”. Exigimos el juicio y castigo de todos los responsables materiales e intelectuales de la masacre y denunciamos la complicidad política del gobierno argentino, que por boca del propio Menem respaldó reiteradamente a Salinas en el mismo momento en que éste ordenaba y ejecutaba la masacre.

Todavía no debutó y la jubilación privada recibió un suculento subsidio del Estado. Según los diarios, las cajas oficiales se harán cargo del costo del seguro de invalidez y muerte de los trabajadores mayores de 47 años que adhieran al sistema privado. Se calcula que este subsidio representa unos 500 millones anuales por el lapso promedio de 20 años, lo que implica un total de 10.000 millones. De este modo, los trabajadores jubilados financiarán el negocio de la jubilación privada. Aun así, “los trabajadores argentinos deberán pagar ahora las primas más altas con relación a los otros países que privatizaron sus sistemas jubilatorios, es decir, Chile y Perú” (Clarín, 14/1/94). Se calcula que sobre los 11 puntos de aporte del trabajador, nada menos que 4 puntos se llevarán las compañías del seguro y las Administradoras privadas. Esto significa un costo para el trabajador del 36% (4 sobre 11 puntos), lo cual es una superusura. Pero no es cierto que en Argentina el costo de la jubilación privada será peor que en Chile o Perú, porque en esos países también ronda los 4 puntos, o inclusive más. En todos los casos, el costo del trabajador es superior a los eventuales y probables rendimientos que pueda darle la AFJP. En esto consiste el negocio de la jubilación privada en Argentina, Chile o Perú.

En Venezuela estalló la crisis bancaria y financiera. El segundo banco privado del país -el Latino- fue intervenido por el gobierno al registrar pérdidas por unos 500 millones de dólares, lo que significa virtualmente su quiebra. La bancarrota del Latino amenaza con llevar a la lona en forma directa a otros dos bancos, donde el Latino tenía fuertes posiciones. El Banco Latino quebró como consecuencia del hundimiento de la Bolsa, que en 1993 tuvo una caída en dólares del 17%, lo que llevó a la desvalorización de las tenencias en acciones y títulos del banco, y por la cesación de pagos en la que entraron sus clientes. Al quedarse sin efectivo para afrontar sus operaciones diarias, se produjo una “corrida” de depositantes, a tal punto que bloquearon el tránsito en el centro de Caracas, y en horas “vaciaron“ las ventanillas. La quiebra del Latino arrastró a un “amplio sector de empresarios, incluidas corporaciones privadas, parte de la compañía nacional de petróleo y otras empresas públicas” (Financial Times, 18/1), que tenían sus depósitos en ese Banco. Ahora se produjo una “corrida” general sobre el resto del sistema financiero, por los retiros de las grandes empresas ante el temor de nuevas quiebras bancarias, que el gobierno está financiando con una rebaja general de los encajes bancarios, lo que equivale a una emisión monetaria pura. Como a su vez el gobierno “descartó la posibilidad de que se aplique un control de cambios”, medida que cuenta “con el respaldo del mandatario entrante, Rafael Caldera” (El Cronista, 24/1), hay ahora una impresionante fuga de divisas financiada por el gobierno, lo que llevará a corto plazo a la devaluación, a una crisis cambiaria y a una fenomenal inflación. Esto se combina con el inicio de un fase de recesión, caída en el empleo y una fuerte reacción popular ante el aumento en las tarifas y en los impuestos, con los cuales el gobierno quiere solventar el desquicio financiero y los subsidios a los banqueros. Un año y medio atrás, Venezuela era un “exitoso mercado emergente”. Precisamente por eso hoy tiene esta fenomenal crisis financiera. No faltaron en Argentina comentarios en la prensa patronal acerca de las “lecciones de Venezuela”. Mientras elogia el plan Cavallo, la burguesía sabe que marcha por la misma senda. Así “ya hay señales de problemas en el cobro de muchos créditos en muchos bancos”. “El promedio de vida de los depósitos a plazo fijo en Argentina aún no llega a los 90 días. Es un enigma entonces de dónde los bancos han sacado los fondos para otorgar en forma creciente créditos inmobiliarios a dos, tres y cinco años de plazo” (El Cronista, 21/1). Las quiebras en algunas industrias, el fenomenal endeudamiento de las empresas y el gobierno, el aumento de la morosidad de las carteras de créditos bancarios... son evidencias de que Argentina sigue por la misma senda.

Al grito de “Y ya lo ve, por un santiagueñazo como en el ’93”, 2.000 trabajadores y jubilados, convocados por la “Coordinadora de Gremios en Lucha”, y por la “Multisectorial”, se concentraron para celebrar el primer mes del “santiagueñazo”, y para reclamar la derogación de la “Ley ómnibus”, la reincorporación de todos los cesantes, pago inmediato de todas las deudas salariales, el no traspaso del sistema previsional. En la concentración se hicieron presentes una importantísima columna de jubilados, sectores de varias reparticiones dirigidas por ATE, un sector de la docencia que responde a los “autoconvocados”, delegaciones de varios barrios y del interior, como asimismo un grupo de monjas y curas. Hicieron uso de la palabra el cura Hisse, que es el coordinador de la Pastoral Social, la secretaria de ATE, Alba Luna del Castillo, y luego, cuando se marchó hacia la casa de gobierno, cerró el acto el dirigente de los jubilados provinciales. El día domingo 16 la celebración del “santiagueñazo” continuó con un festival, del que participaron importantes artistas populares y contó con una importante concurrencia. La realización del acto fue una derrota de la Intervención que, por todos los medios, procuró frustarla. Se le dio vuelo a la versión de Menem de que en el Santiagueñazo actuaron “activistas subversivos” y hasta militantes de Sendero Luminoso, con la intención de meter miedo en la gente. A esta campaña se sumó Zavalía, quien señaló que en Santiago estaban creadas las condiciones para el surgimiento de la guerrilla. Por otro lado, la Intervención aceleró los pagos de la deuda salarial y un día antes del acto anunció el pedido de captura para Mujica y otros funcionarios, cuestión que... un día después del acto, se informó que por falla en la policía, esos políticos fueron preavisados y no se los pudo detener. Pero la Intervención no estuvo sola, el PJ y la UCR llamaron a boicotear el acto al igual que la burocracia de la CGT. En el mismo sentido se pronunció la Cámara de Comercio, lo cual colocó en crisis a la “Multisectorial” (La Multi se formó luego del Santiagueñazo, entre los gremios de la Coordinadora, centros vecinales, sectores vinculados a la Iglesia, y la Cámara de Comercio), pero también a la propia Cámara de Comercio, pues un sector de sus afiliados decidió desacatar la orden boicotista, y marcharon con los trabajadores. La profundidad del proceso político que se abrió con el “Santiagueñazo” ha empantanado prematuramente los planes políticos de la Intervención, como lo demuestra el fracaso en su intento de paralizar el proceso de lucha de los trabajadores y las dificultades para organizar una salida política en el plazo de 150 días, lo que ha llevado al propio Menem a anunciar la posibilidad de posponer los plazos de la Intervención. Este anuncio coincidió con la publicidad de una encuesta que colocaba la imagen de Leo Dan con índices negativos, siendo el farandulero manosanta, una de las cartas políticas del menemismo. Esto ha reabierto con fuerza la interna en el PJ, donde los viejos caudillos quemados son los que quieren poner a sus chirolitas, para seguir dominando en la política provincial. En la UCR se ha abierto una crisis similar, con la aparición de tendencias que se identifican con el santiagueñazo, oponiéndose a Zavalía. Por otro lado, el proceso de lucha no se ha disipado. En el interior, en varios municipios, los obreros municipales están de paro, reclamando el pago de las deudas salariales, y el malestar persiste en muchas reparticiones estatales, como en Recursos Hídricos, que ante versiones de que se desmantelaría, se puso en pie una Comisión Gremial de Bases. Los trabajadores santiagueños ven que el interventor está pagando parte de la deuda salarial, pero se niega a derogar la “ley ómnibus”; en varios ámbitos está procediendo a recortar conquistas, como ocurrió con los bancarios, donde se eliminaron una serie de bonificaciones, y mantiene las cesantías y disponibilidades que Lobo estableció con la “Ley ómnibus”. En varios gremios, la dirigencia burocrática está siendo cuestionada, como ocurre en ATSA, en docentes, y hasta en ATE, por diversos sectores del activismo, que han tomado como bandera de diferenciación el apoyo consecuente al santiagueñazo. Por relación a todo este proceso, la Coordinadora de Gremios en Lucha y ATE tienen sobre sus espaldas la responsabilidad de centralizar no sólo los reclamos inmediatos de los trabajadores, como se reflejó en las reivindicaciones levantadas en el acto, sino también levantar un programa que dé una salida de conjunto a la crisis provincial, y por lo tanto a las reivindicaciones de los trabajadores. Para ello se debería convocar a un Congreso de Trabajadores y sectores populares dispuestos a impulsar la lucha contra la Intervención, para que allí se pueda debatir un programa y la acción que coloque a los explotados santiagueños como alternativa de poder frente a la Intervención patronal.

Bajo un llovizna pertinaz de París y en un día plomizo, un millón de docentes, estudiantes y padres desfilaron por sus calles en una gran manifestación nacional en defensa de la educación pública, estatal y laica y contra el subsidio estatal a la enseñanza privada (que en un 95% es clerical). La concentración fue verdaderamente imponente: las primeras columnas arrancaron desde el lugar de concentración cerca del mediodía... y cuando casi era la medianoche seguían desfilando columnas. La marcha terminó de enterrar la pretensión del gobierno derechista de Balladour de modificar una ley de 1850, que establece que los municipios no pueden destinar más del 10% de sus gastos educativos a los establecimientos privados. Durante la campaña electoral, la derogación de esta ley fue uno de los “caballitos de batalla” de la derecha, con el argumento de “poner en pie de igualdad” a la educación privada con la estatal. Como los argentinos sabemos por experiencia propia, la “igualación” entre la enseñanza privada y la estatal equivale a poner el presupuesto estatal en beneficio de los pulpos de la educación y el clero, y a asfixiar presupuestariamente a la escuela pública, lo que constituye un primer paso hacia su privatización. La modificación de la ley de 1850 fue aprobada por el Parlamento dominado por los derechistas, pero fue rechazada por el Tribunal Constitucional. Desde bastante antes que se conociera este fallo, se venían realizando en todo el país paros y manifestaciones de estudiantes y docentes, en lo que la prensa francesa dio en llamar “la guerra escolar”. La marcha nacional se realizó después del fallo del Tribunal Constitucional, cuando la ley clerical ya había sido revocada. La masividad de la concurrencia y las pancartas con reclamos salariales y por el aumento del presupuesto educativo ponen en evidencia la voluntad de lucha de la comunidad educativa en defensa de la educación pública. Un hecho notable fue la muy masiva asistencia de los padres de los alumnos a la marcha, es decir de obreros, empleados, desempleados, agricultores, que encontraron en la marcha educativa un canal de oposición política al gobierno de Balladour. Es que el “clima social” en Francia está caldeado... y no sólo en las escuelas. Contra el crecimiento ininterrumpido del desempleo, los trabajadores ganan las calles y salen a la huelga. El personal de tierra y los navegantes y técnicos de Air Inter, la empresa estatal de vuelos de cabotaje han lanzado una serie de “huelgas sorpresa” contra el plan de privatización de la aerolínea al tiempo que se suceden las manifestaciones de los ferroviarios y los gremios estatales contra la racionalización y las privatizaciones. Después del recule frente a la huelga de Air France —que lo obligó a dar marcha atrás con el plan de despidos anunciados por la empresa—, Balladour ha sufrido una nueva y fundamental derrota a manos del movimiento de las masas. Un gobierno débil, las movilizaciones en ascenso: Francia es una radiografía de toda Europa.

En un reciente reportaje, el gobernador Ulloa se jactaba que la situación salteña no era comparable a la santiagueña, porque en Santiago el déficit era muy superior al igual que los sueldos de los funcionarios. La realidad es que el gobierno ulloísta viene disimulando la situación deficitaria sobre la base de mantener congelados los salarios y jubilaciones, y por sobre todo, pagando con casi un mes de retraso los sueldos. Cuando estalló el santiagueñazo, Ulloa, para quien Salta no es Santiago, salió presuroso a conseguir un préstamo del Tesoro Nacional para hacer efectivos los sueldos de noviembre y el aguinaldo. Por otro lado, el gobierno salteño está cargando la crisis financiera sobre los municipios. En un reciente plenario con los intendentes, Ulloa les anunció que los municipios deberán hacer su ajuste en base a la racionalización de personal y la suba de las tasas, lo cual está creando una situación de gran tensión en muchos pueblos. Recientemente, el municipio de Embarcación estuvo ocupado por los trabajadores que reclamaban el pago de salarios adeudados. En Tartagal hubo un paro que duró 30 días por los salarios, y ahora se va nuevamente a la lucha ante el anuncio de 50 despidos; en General Mosconi, el intendente ulloísta ha incorporado a dirigentes de la UCR al gobierno y con el PJ han firmado un pacto para llevar adelante el plan de racionalización. Los reclamos de los empleados municipales se verán potenciados por el reclamo de los vecinos ante la suba de las tasas, que en el caso de la capital, se las pretende elevar en un 50%, lo que ya ha dado lugar a diversas manifestaciones de protesta. Algunos intendentes han señalado que no tienen otra salida, pues el gobierno provincial entrega con un mes de retraso los fondos de coparticipación municipal y retiene desde hace dos años los Fondos de Desarrollo Municipal, y por otro lado se deben suplantar las tasas que pagaban las empresas y que serán eliminadas con el pacto fiscal. En algunos pueblos, la situación es aún más grave, pues se combina con situaciones de crisis en la parte agraria o industrial, como ocurre en todo el departamento de Güemes, donde con el cierre del ferrocarril, la planta cementera de Minetti, y la situación de quebranto del ingenio San Isidro, han quedado miles de trabajadores cesantes, que sólo parcialmente han sido absorbidos por el PIT (plan de empleo transitorio). A su vez, con la crisis tabacalera, los pequeños productores no han sido alcanzados por el acuerdo de precios entre la industria y los grandes productores, y han decidido que no van a levantar la cosecha. Por otra parte, en medio de un rebrote espectacular del cólera, el gobierno no puede pagar en término los salarios al personal sanitario, lo cual ha dado lugar a que se extienda en toda la provincia un quite de servicios y renuncias generalizadas de médicos en algunos hospitales. Está planteada una lucha de conjunto para enfrentar la miseria y desocupación, y el hundimiento de los pueblos que promueve la política del gobierno. En ese plano, la dirigencia de la CGT está borrada. El CTA, que básicamente está conformado por ATE, APSADE (médicos) y judiciales —se sumaría la ADP (docentes)—, es el único agrupamiento que se mantiene activo, como lo demostró el acto en solidaridad con el santiagueñazo y el riojanazo que realizó el 29 de diciembre, junto con los partidos de izquierda, y si bien fue poco numeroso, es una iniciativa que puede tener futuro, a condición de que no quede como un hecho aislado. En ese sentido, el CTA había decidido convocar en enero a un Congreso del Trabajo y la Producción, invitando a sectores gremiales y empresariales para discutir un programa a la crisis provincial, y que ha quedado en suspenso. Pero esta iniciativa iría a contramano de las necesidades de los trabajadores, que por sobre todas las cosas, necesitan crear un ámbito de deliberación propia, al margen de los patrones regionales, que por más contradicciones que tengan con el “plan” Cavallo, tienen coincidencias de principios con éste en la vigencia del Pacto Fiscal, la rebaja de los aportes patronales, la flexibilización laboral y el ajuste estatal, para poder seguir obteniendo subsidios. En este sentido, el CTA tiene la posibilidad de recrear la Asamblea Popular que funcionó años atrás en la capital, y que agrupó a numerosos gremios, centros vecinales y a los partidos dispuestos a sostener los reclamos y las luchas de los trabajadores, y por esa vía abrir una salida de conjunto para los asalariados y los pueblos de la provincia.

En la década de 1860, cuando la Primera Internacional obrera comenzó su gran tarea de luchar por la emancipación del trabajo, las mujeres trabajadoras sólo jugaban un papel secundario en la economía. No se hablaba todavía de un movimiento socialista de las mujeres trabajadoras. Incluso en los sindicatos, las mujeres eran una minoría insignificante. Por eso la reivindicación de la Primera Internacional del reconocimiento de iguales derechos para las mujeres tenía un carácter abstracto. La lucha por la emancipación de las mujeres no se había convertido todavía en una necesidad urgente para la clase trabajadora. La Segunda Internacional tomó una posición más definida en la cuestión de los derechos de la mujer. Sin embargo, la política de acción parlamentaria pacífica que manchó a la Segunda Internacional durante toda su existencia, condujo a los partidos socialdemócratas a ver el movimiento de las mujeres trabajadoras principalmente como una lucha por derechos políticos. Cuanto mayor fue el papel que las mujeres comenzaron a jugar en la economía nacional y cuanto más rápido fue el crecimiento del número de mujeres que trabajaban independientemente, más agudamente los socialdemócratas encararon la cuestión de cómo utilizar esta fresca, intocada capa de la población como votantes. Tan temprano como en la década de 1890, la cuestión de la extensión del derecho de voto a las mujeres proletarias fue incorporada a los programas de un gran número de partidos socialdemócratas. Y en el Congreso de Stuttgart de 1907, la Internacional Socialdemócrata adoptó una resolución sobre la necesidad de luchar por los derechos electorales para las mujeres. El Día de la Mujer Trabajadora fue establecido en Copenhague como un día de agitación por el sufragio femenino (**). La Segunda Internacional no fue más allá de esto en su reclamo de igualación formal de los derechos de las mujeres con los de los hombres. Dejó de lado la liberación social de las mujeres y la liberación de la vida doméstica hasta después de la completa realización del orden socialista. La gran Revolución proletaria rusa resolvió el problema de los derechos políticos para las mujeres de un golpe. Las mujeres trabajadoras y las mujeres campesinas se han convertido ahora en ciudadanas plenas de la Rusia Soviética. El objetivo del Día de la Mujer Trabajadora ha sido alcanzado. Todavía es ahora, al calor de la aguda batalla con el viejo, obsoleto mundo capitalista, que la vida presenta al proletariado internacional algunos nuevos, maduros y urgentes desafíos en la lucha por la emancipación de las mujeres. Las mujeres trabajadoras y las mujeres campesinas gozan del derecho a votar a la par con el hombre. Sin embargo, a pesar de este reconocimiento formal, este derecho es nada más que un medio, un arma para luchar contra las condiciones de vida, los vestigios del capitalismo, que oprimen a la mujer. Las mujeres trabajadoras y las mujeres campesinas son todavía muy esclavas domésticas, todavía encadenadas a la familia burguesa, todavía objeto de vergonzoso comercio como prostitutas involuntarias. Entre el gran número de tareas extremadamente importantes que enfrenta la Tercera Internacional está la tarea de la emancipación completa de las mujeres. Hoy esta cuestión no es más meramente abstracta o teórica. La vida real reclama acción. En el último medio siglo el trabajo de las mujeres adquirió un enorme peso en la producción. El ulterior desarrollo planificado de la economía nacional y su capacidad productiva se ha vuelto inconcebible sin la contribución de la capacidad de trabajo de las mujeres. Para usar esa capacidad convenientemente las mujeres deben ser aliviadas de sus cargas y liberadas del innecesario, improductivo y antieconómico trabajo hogareño y de la crianza de los hijos. La edificación de la nueva sociedad demanda que la energía viva, fresca de las mujeres sea dirigida hacia la construcción de vida sobre nuevos principios. En lugar de realizar el improductivo trabajo hogareño, las mujeres pueden jugar un enorme papel organizando un nuevo orden económico; en lugar de educar a la familia, las mujeres pueden contribuir en gran medida al fortalecimiento y desarrollo de los comienzos de la educación pública socialista. La nueva, Tercera, Internacional Comunista, sólo tiene que darse a la tarea de utilizar al proletariado femenino, de desarrollar todas las posibilidades de su iniciativa para atraer a las mujeres trabajadoras hacia la causa de la lucha y la construcción de una nueva forma de vida, y el desarrollo de una nueva ética, una nueva relación entre los sexos. Por lo tanto, el “Día de la Mujer Trabajadora”, este año, no es sólo una celebración de los grandes logros de las mujeres trabajadoras —su adquisición de la plena igualdad de derechos civiles—, sino también un día para proyectar nuevas tareas para la causa de la emancipación social y económica de las mujeres por medio de la Tercera Internacional Comunista. Camaradas de la Tercera Internacional, no deben olvidar que sin la participación activa de las mujeres trabajadoras, la dictadura del proletariado no puede ser estable ni completa.