Prensa Obrera N° 410

Uno de los puntos más altos de la elaboración política del Congreso fue el debate sobre la situación del movimiento obrero. Después de la disipación de la movilización educativa de mediados de 1992, después de las derrotas sufridas en las últimas huelgas obreras importantes (Somisa, ferroviarios) y bajo los golpes de los fenomenales ataques de la burguesía que el movimiento obrero no pudo parar (desempleo, flexibilidad, liquidación de los convenios, destrucción de la salud y la educación públicas, privatizaciones, transferencia de impuestos del capital al consumo, liquidación de las obras sociales y la previsión social), la situación de conjunto del movimiento obrero es de retroceso. La idea de que el retroceso significaría un apaciguamiento de la lucha de clases y de las tensiones sociales fue rechazada por el Congreso como una idea vulgar (cuando no interesada). Sólo si la burguesía consigue imponer un nuevo equilibrio en las relaciones sociales, el retroceso de la clase obrera podría convertirse en sinónimo de un apaciguamiento de la lucha de clases. De lo contrario, las contradicciones de clases y las tensiones sociales crecerán, y se agudizarán las tendencias a un enfrentamiento profundo. Esta parte del debate puede ser considerada, a justo título, como un pronóstico del santiagueñazo. El reflujo relativo de las luchas es solamente un aspecto de este retroceso que se expresa en la pérdida de conquistas, ausencia de una resistencia de conjunto, reforzamiento del poder del capital dentro de los lugares de trabajo y en el plano político. La crisis mundial, de una parte, y el agotamiento del “plan” Cavallo, de otra, obligan a la burguesía a lanzar sistemáticamente nuevos ataques a las conquistas de las masas, que rompen los equilibrios que la propia burguesía había alcanzado y agrava todavía más los desequilibrios existentes ... llevando a las masas a la lucha. Este análisis dialéctico permite explicar que, en un cuadro de retroceso, las luchas defensivas rápidamente puedan dar un salto y terminar enfrentando al poder político. Tomemos el caso de La Rioja, por ejemplo, que fue debatido en el Congreso. ¿Había una situación de retroceso? Sí, porque el gobierno le había impuesto a los trabajadores estatales golpes importantísimos: los compañeros cobraban, por ejemplo, salarios de 350 pesos. Pero, pese a esos golpes, el gobierno no pudo imponer un nuevo equilibrio y se vio obligado a sacar la “ley ómnibus”, que implicaba la reducción de los salarios y despidos masivos. Ante el nuevo ataque, los trabajadores salieron a la calle y derrotaron al gobierno. La burguesía, de conjunto, es incapaz de encontrar un nuevo equilibrio de las relaciones entre las clases; ésta es una característica del presente momento histórico. En este cuadro, se agudizan violentamente todas las contradicciones de clase: las fábricas son un infierno de superexplotación; en los hospitales, en las escuelas y en las barriadas obreras fermenta el odio de las masas; este odio sólo busca la oportunidad para expresarse. Los centros de concentración proletaria son una enorme olla a presión, un hervidero de conflictos latentes. Si se examina detenidamente, se pueden observar semejanzas entre la actual situación y la que existía poco antes del “Cordobazo”: retroceso social y político, huelgas derrotadas, reflujo (1968 fue uno de los años de menor cantidad de huelgas), “invencibilidad” de la dictadura. Pero bajo esa aparente calma las tensiones sociales se agudizaban violentamente y bastó una pequeña chispa (la eliminación del “sábado inglés” y la afectación de los convenios metalúrgico y mecánico —no muy diferentes de lo que ya antes la burguesía había logrado imponer sin resistencia) para desatar la lucha. Pero hoy, por la amplitud y profundidad de las contradicciones sociales y del odio popular, por su extensión nacional, porque engloba a amplísimas capas de la población y por la profundidad de la crisis capitalista, tanto nacional como internacional, el marco del enfrentamiento planteado es incluso superior al que existía en la etapa previa al “Cordobazo”. La agudización de las contradicciones sociales —que es el producto necesario de la crisis capitalista— no cesa porque la clase obrera sea obligada a ponerse en situación defensiva; al revés, se exacerba. La crisis capitalista y la lucha entre los capitalistas por preservar su lugar en el mercado es una “proveedora” permanente de nuevos y brutales desequilibrios de todo orden, que “obligan” a la clase obrera a entrar en lucha. En un cuadro de catástrofe social sin precedentes, el retroceso no disminuye las posibilidades de una intervención revolucionaria de masas como pretende el pensamiento vulgar de la izquierda. Al contrario, fortalece la denuncia sistemática de todos los atropellos y la superexplotación capitalista, y la tarea de reorganizar y rearmar políticamente a la vanguardia.

El VIº Congreso del PO comenzó debatiendo el Informe de Actividades presentado por la dirección saliente. Sin un balance concreto sobre las luchas concretas libradas por el partido desde su último Congreso, sin un balance de sus caracterizaciones, de sus consignas, de su intervención práctica en la lucha de clases, del “eco” obtenido por su propaganda y su agitación en la vanguardia obrera y en las masas explotadas, de sus progresos organizativos y de las trabas a ese desarrollo, sin este debate concreto, no hay posibilidad de una clarificación política concreta y práctica de la situación, la etapa y las tareas del partido en el próximo período. El informe analizó la intervención del partido en cada una de las luchas libradas por las masas contra el gobierno y los capitalistas. Se destacó el papel jugado en la lucha contra la liquidación de la previsión social, a la que caracterizamos de conjunto con mucha anticipación. Alertamos a los trabajadores y planteamos un programa integral de reivindicaciones que sostuvo la agitación, la propaganda y la denuncia en todas las fases de la lucha sirviendo como una palanca de un reagrupamiento de fuerzas. En el curso de la lucha previsional, el PO actuó como una auténtica dirección política de la clase obrera, capaz de formular un programa independiente y, por medio de ese programa y de su acción práctica, señalar un camino de lucha a los trabajadores. El Congreso analizó también la intervención del PO en las luchas sindicales y antiburocráticas, reivindicando la política seguida frente al paro de la CGT del 9 de noviembre y la política de reclamar un paro activo de 36 horas de la CGT y del CTA en el curso de la movilización contra la “jubilación privada”. El reclamo del paro de 36 horas permitió una intervención a fondo del partido, que se expresó en una importante cantidad de pronunciamientos por el paro, por parte de cuerpos de delegados y comisiones internas. Se destacó también el papel activo jugado por el PO en la conformación de listas antiburocráticas en las principales elecciones sindicales realizadas este año —Foetra, bancarios, sanidad, docentes de Capital (suspendidas) y metalúrgicos en algunas seccionales del Gran Buenos Aires (proscriptas por la burocracia). Otro de los puntos nodales del debate del Informe de Actividades fue el balance de la política de frente único desarrollada por el PO. El Congreso caracterizó que las consignas de “por frentes de acción”, primero, y de “por un comando político unificado de la izquierda”, luego, concentraron, en un llamamiento práctico dirigido a las organizaciones de la izquierda, el conjunto de los problemas políticos planteados a la vanguardia y al propio partido por la crisis política y económica, y por las necesidades del movimiento de las masas. Frente al reflujo del activismo obrero y de las propias masas como consecuencia de las luchas derrotadas y del vaciamiento sindical, frente a la dispersión y fundición de numerosos activistas como consecuencia de la desintegración de la IU y del Mas, y frente a los renovados ataques de la burguesía y el gobierno contra los trabajadores, las consignas lanzadas por el PO sirvieron como una barrera al retroceso y como un eje de reagrupamiento. La cuestión del frente fue convertida —por la propia situación y por la actividad práctica del PO— en una tarea objetiva para la vanguardia ... a tal punto que todas las organizaciones de izquierda se vieron obligadas a fijar posición frente al llamamiento del PO, incluidas las organizaciones hostiles a la formación de un frente de izquierda. El acto del 1º de Mayo —que permitió a la izquierda “mantener” la histórica Plaza de Mayo—, las listas unitarias en diferentes sindicatos, universidades y centros estudiantiles, y la conformación del FIT y su posterior votación —que cuadruplicó los votos obtenidos por el PO en 1991 y evitó el peligro, real, de una atomización electoral de la vanguardia obrera y de la izquierda— fueron caracterizados por el Congreso como triunfos políticos. El VIº Congreso no se limitó a analizar estas grandes luchas políticas. Las intervenciones de los delegados reflejaron la intervención del PO en innumerables luchas parciales y en los esfuerzos de reorganización de la vanguardia obrera en todo el país: las luchas contra la “flexibilización” —o la preparación de estas luchas— en las plantas gráficas y metalúrgicas, las luchas de los telefónicos contra las privatizaciones, las de los estatales de las provincias (Córdoba, Neuquén, Santa Cruz, Chaco) y de las municipalidades (Olavarría, Mercedes), las luchas de las barriadas del Gran Buenos Aires por la tierra y contra las estafas de las “obras” de los privatizadores, las luchas de los secundarios por poner en pie centros de estudiantes, las luchas de todos los sectores de la “comunidad educativa” (docentes, estudiantes secundarios y universitarios, padres) contra la destrucción de la educación, las movilizaciones juveniles contra la represión policial. De conjunto, el debate sobre el Informe de Actividades sirvió para constatar un progreso político y organizativo del PO y su creciente protagonismo, influencia y autoridad entre el activismo obrero, combativo y de la izquierda. El debate echó luz, también, sobre un conjunto de déficits y limitaciones. El primero de estos déficits es la insuficiente penetración partidaria en el proletariado industrial por referencia al desarrollo alcanzado en los gremios estatales y de servicios (docentes, bancarios, sanidad, estatales en todos sus niveles). Esto revela un trabajo empírico que orienta la intervención hacia los sectores más dinámicos de la lucha sindical. El Congreso llegó a la conclusión de que es esencial que todas las organizaciones del partido presten una atención preferencial a su trabajo sobre el proletariado industrial, más allá del que surja del desenvolvimiento coyuntural de la lucha de clases. El partido debe llevar a los trabajadores de las grandes fábricas una agitación política general, sobre los problemas políticos nacionales más generales (reforma constitucional, luchas de las masas, educación, salud, vivienda), una agitación política sobre el conjunto de los ataques a las conquistas obreras (flexibilización, reducción de salarios, destrucción de la previsión social) y una agitación que denuncie las condiciones de trabajo y los ataques patronales en cada empresa, ligando cada uno de estos ataques concretos a las tendencias más generales del capitalismo en su fase de descomposición, a los estertores del “plan” Cavallo y a la necesidad de una respuesta de conjunto —política— de la clase obrera. La penetración del PO en el movimiento obrero industrial y la conquista de su vanguardia para posiciones revolucionarias implicará, necesariamente, una elevación y una agudización de la lucha política librada por el partido contra la política democratizante. Esta creciente lucha política debería registrarse en una creciente colocación de“Prensa Obrera” y de“En Defensa del Marxismo” —otro de los déficits políticos de la actividad que registró el Congreso. Los comités, los equipos, los militantes y aun los simpatizantes del PO deben “abastecer” las páginas de la periódico para que “Prensa Obrera” refleje —cada vez con mayor vigor, exactitud, profundidad y perspicacia— los debates de la vanguardia, los problemas políticos que enfrenta en las fábricas y las respuestas concretas que les ofrece el PO. Otro escollo a superar por el PO en el próximo período es la lucha por su legalidad, es decir, la lucha contra la presión descomunal de la burguesía y su Estado por empujar a la izquierda hacia la marginalidad política. Se trata de una batalla política de envergadura: esto porque los explotadores no pueden liquidar las conquistas de las masas sin pretender liquidar, al mismo tiempo, sus conquistas democráticas y, por sobre todo, las tendencias políticas que expresan concientemente las luchas de las masas contra el capital y les ofrecen un programa y una dirección revolucionaria. El partido revolucionario no puede pretender convertirse en la dirección política de las masas si no logra derrotar a la burguesía y a su Estado también en el terreno de la lucha contra su proscripción. El debate sobre el Informe de Actividades se convirtió —y no podía menos que hacerlo— en un retrato vivo no sólo de la acción del PO y de su desarrollo, sino también de las tendencias vivas de las masas, de sus bloqueos políticos, de la política práctica del conjunto de los partidos del país y del retroceso, organizativo y político, de la izquierda democratizante.

Quiero destacar que este Congreso ha servido para fortalecer el método de trabajo internacionalista, a través de la discusión en la que participamos los partidos brasileño, chileno y uruguayo, en su resolución y en los informes que pudimos brindar los compañeros en forma directa sobre la política nacional e internacional. Por supuesto que significa además un gran aporte el poder asistir a un Congreso donde concurren delegados de todo este país, que nos sirve de enseñanza y para poder elaborar a través de grandes similitudes, de acuerdo a nuestra realidad, nuestro trabajo político. El PT de Uruguay ha entrado en el período Pre 3er Congreso. Grandes luchas ya están en curso, pero lo dijimos en este VIº Congreso, así como aquí combaten contra la reforma podrida, fruto del pacto Menem-Alfonsín y compañía, también en el Uruguay, donde se está gestando un nuevo pacto, continuador de la conciliación de clases que fructificó con el pacto del Club Naval, y que hoy camina hacia el acuerdo por una reforma constitucional reaccionaria. Esto seguramente en los próximos días pondrá en campaña al PT. Así como el PO en pleno Congreso analizaba y había pronosticado los sucesos de La Rioja y Santiago del Estero, también en mi país todo el arco político (Colorados, Blancos, Nuevo Espacio, que han “invitado” al FA) se pone de acuerdo “patrióticamente” para atentar contra los derechos políticos de los trabajadores, contra los derechos democráticos de la población, ¡con decir que este proyecto de Constitución es más reaccionario que el de 1967! Por eso haremos un llamado a quienes se reclaman de izquierda, revolucionarios, defensores de los derechos de los trabajadores y de sus conquistas democráticas, para que denuncien y se organicen contra la reforma reaccionaria. Nuestra lucha es la de ustedes, compañeros del PO, de Causa Operaria (Brasil) y de la Organización Socialista Revolucionaria (Chile), es la del Internacionalismo Proletario, es la que desarrollamos diariamente por la Revolución Socialista.

“Nueva metodología de debate” A mi entender, el Congreso puso de relieve que la sistematicidad en su convocatoria anual obliga a profundizar nuestra metodología de debate en los círculos, ya que es evidente que un debate no seguido durante todo el año no puede surgir, desarrollarse y resolverse en el período pre-congresal y en los tres días de Congreso. Un primer balance que extraje es que debemos alimentar permanentemente la lectura y la discusión de los diversos materiales, a los que no les damos la debida atención (por ejemplo, internacionales o el problema de la mujer) en el funcionamiento habitual de los círculos. En cuanto al Congreso en sí, creo que ha servido para dotar al conjunto del partido de una caracterización acabada de la situación nacional e internacional, que nos permite fortalecernos para intervenir en el explosivo, y a la vez complejo, período que se abre. En mi caso particular, creo que ha fortalecido mi tarea de dirección en la Regional. Romina La Matanza El desafío: implementar las resoluciones A mi entender, lo fundamental del VIº Congreso fue la ratificación de la caracterización política realizada durante el Vº Congreso. El debate producido acerca del reflujo en el movimiento obrero y qué hacer en tal circunstancia fue clarificador dado que para mí no existía tal reflujo. También fueron de importancia las resoluciones tomadas sobre la crisis provincial surgidas del agotamiento del plan económico de Cavallo. Por eso acuerdo con la movilización impulsada por el partido con su consigna Fuera Menem-Cavallo. Huelga general. También fue fundamental para mí la resolución tomada acerca de la penetración proselitista en el movimiento obrero industrial, lo cual constituye una tarea de importancia en esta etapa. La agudización de la crisis capitalista y la consiguiente agudización de la lucha de clases exigen respuestas claras. Este Congreso las ha dado. Implementar las mismas será nuestro desafío. Julio (Sanidad)

Barcelona, 10 de diciembre de 1993 Compañeros del Partido Obrero: Sentimos no poder estar con vosotros en la celebración del VIº Congreso de vuestra organización. La situación española nos obliga a centrar toda nuestra actividad en la preparación de la próxima huelga general que ha sido convocada para la segunda quincena del mes de enero. La criminal política del gobierno “socialista” de Felipe González, que pretende devolver a los trabajadores españoles a las condiciones sociales y económicas del siglo XIX, ha obligado a la reticente burocracia de los sindicatos a organizar las movilizaciones. Nuestro grupo defiende que frente a los ataques, la convocatoria de una huelga general “para negociar desde una posición de fuerza” sólo puede llevar a los trabajadores a un callejón sin salida. Es necesario que la huelga se convierta en el trampolín para nuevas movilizaciones que derroten la política propatronal del gobierno. El período del “Estado del bienestar” en Europa es un capítulo cerrado. Las movilizaciones que se suceden en todo el continente reflejan el despertar de un movimiento obrero que no se resigna a ser condenado a la miseria a la que pretenden reducirlo los diferentes gobiernos. Cada vez es más evidente que el capitalismo en crisis sólo puede ofrecer hambre y miseria a la inmensa mayoría de la humanidad. Es tarea de los revolucionarios que esta realidad se convierta en conciencia para los trabajadores de todo el mundo. Por esta razón nos sentimos profundamente ligados a vuestro trabajo nacional e internacional. Esperamos que este saludo y vuestro Congreso sirvan para estrechar, todavía más, nuestros lazos de hermandad revolucionaria. “Vuestra lucha y nuestra lucha son la misma lucha”. Recibid un afectuoso saludo revolucionario de vuestros compañeros españoles.

En la edición del 15 de diciembre, el periódico Hoy, del Ptp, publica un reportaje a Clelia Iscaro y Graciela Tejero Coni, militantes del Pcr que participaron del VIº Encuentro Femenista de América Latina y el Caribe celebrado recientemente en El Salvador (ver información en Prensa Obrera nº 405 y 406). Las impresiones, relatos y caracterizaciones de las entrevistadas tienen importancia para el debate que se viene sosteniendo en Prensa Obrera sobre la caracterización política de los Encuentros de Mujeres. Del relato de las compañeras asistentes al Encuentro de El Salvador se desprende, que el imperialismo financia y ejerce la dirección política de los Encuentros, incluso y por sobre todo, por la vía de las agencias y fundaciones que los financian y en las que participan con un papel destacado los centroizquierdistas. Las entrevistadas relatan que el Encuentro se polarizó entre dos tendencias: una conocida como “cómplice” (“son ‘cómplices entre ellas’”) que “no aceptan relación con el Estado u organismos oficiales (y que) buscan la unidad en lo teórico; por lo que pareció en las intervenciones, la práctica no parece ser un referente para ellas”. La otra corriente dominante es la “‘multiclasista’, según la cual se uniría hasta la izquierda y la derecha y ser liberal no contradice la lucha por la liberación de la mujer”. Se denominan también “feminismo de lo posible” y “propone ganar “espacios de poder” dentro del aparato del Estado. Esta línea está penetrada por una fuerte corriente socialdemócrata”. Esta corriente parece ser la mayoritaria, por lo menos en el Comité Organizador del Encuentro, a la luz de los comunicados sobre el Encuentro que hemos publicado en Prensa Obrera (ver nº 405 y 406). La práctica de estas corrientes, en particular la de las “feministas de lo posible” se organiza a través de “agencias (fundaciones) que proveen los fondos y orientan las actividades. A partir de los ´80 se desarrolló la teoría de la ‘feminización de la pobreza’ ... tras esta teoría se encubren las agencias, financiadoras, fundaciones, que hacen sus inversiones en ese sentido”. Una de las agencias más destacadas en el financiamiento de actividades feministas es la AID (Agencia Internacional para el Desarrollo), brazo directo de la Casa Blanca. Naturalmente, este financiamiento no es gratuito ni desinteresado. Su precio es la subordinación política del movimiento a sus financistas, es decir, al imperialismo “democrático”, tan afín a los centroizquierdistas latinoamericanos. Una demostración de la dirección política que ejerce el imperialismo en los Encuentros la relata Iscaro cuando señala que “en la declaración de solidaridad con Cuba no se admitió poner ‘imperialismo yanki’, no se puso. También se planteó que la clase obrera no existe...” Otro hecho reafirma el papel que juega el imperialismo mundial y los gobiernos burgueses reaccionarios en la promoción de estos eventos: en 1995 la Onu organizará en Pekín (¡a metros de Tien An Men!) el “Decenio de la Mujer”. La menemista Zelmira Regazzolli ha sido designada por la Onu coordinadora para América Latina y el Caribe, y Menem la nombró coordinadora nacional de la reunión regional preparatoria que se realizará en Argentina un año antes. ¡Para la organización de esa reunión se ha “reeditado” la “alianza Onu-menemista” que envió las naves al Golfo contra el pueblo -hombres y mujeres- de Irak! Nuevamente, esta “organización” no es ni gratis ni desinrteresada. Un sector de las mujeres feministas que participaron del encuentro de El Salvador, publicó el siguiente comunicado acerca de la “ayuda financiera” de las agencias imperialistas y los gobiernos capitalistas. Reproducimos a continuación algunos párrafos (y que extraemos del citado ejemplar del periódico Hoy): “A raíz de la información sobre la ingerencia de la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) en el financiamiento de las organizaciones no gubernamentales que representarán al movimiento feminista latinoamericano en Pekín en 1995 y en el proceso que conduce a ese encuentro mundial, queremos denunciar que el conjunto del feminismo no recibió toda la información relativa. “Desde los países del norte se gestan los financiamientos para que las posiciones más afines a los proyectos de los gobiernos y a sus lineamientos internacionales estén presentes y se eviten las divergencias. Estos países se han repartido áreas de influencia que se autoasignaron históricamente y están imponiendo los temas para sus reuniones a las miujeres del sur que viven en esas áreas. “La responsabilidad en la preparación del temario y los criterios de participación en las reuniones prepararatorias estará a cargo de los gobiernos de América Latina, de las representaciones locales de la Onu, especialmente el Programa de las naciones Unidas para el Desarrollo y la Unifem. “Las feministas no podemos aceptar financiamientos acompañados de restricciones y directrices. Es indispensable que empecemos a discutir la participación en los espacios internacionales, si realmente nos benefician o si por el contrario nos restan energías nuestros proyectos feministas y para llevar a la práctica la subversión que éstos implicasn. “La AID es la agencia de desarrollo de los Estados Unidos y ha servido para la implementación y permanencia de numerosos regímenes militares y dictaduras en América Latina. Con relación a las mujeres ha desarrollado programas de control de la natalidad y esterilizaciones forzadas en Brasil y Colombia. Sus políticas de población han formado parte de la política de seguridad nacional. “Nos interesa realizar evaluaciones para nuestro movimiento y no para la AID ni para los gobiernos. No vamos a mantener actualizada la información del movimiento para el Departamento de Estado norteamericano.”

Frente al vencimiento de la “ley de emergencia económica”, el gobernador Kirchner promovió una nueva ley que transforma en “permanente” una parte de la anterior y que avanza sobre las conquistas jubilatorias de los empleados provinciales, además de anular las cláusulas salariales de gremios provinciales con convenio nacional que también quedan anuladas para siempre (bancarios, TV, viales, Luz y Fuerza, OSN), y la ley de enganche. En el aspecto jubilatorio se exigirán ahora 20 años de aportes contra los diez que se exigían hasta ahora. Un trabajador fallecido por accidente de trabajo no dejará pensión si no tiene diez años de aportes a la Caja. Esto es sólo el principio de una “Ley de fondo” que bajará los porcentajes jubilatorios que hasta ahora se respetan en la provincia. Ante este nuevo ataque (votado conjuntamente por radicales y justicialistas), se realizó una reunión de la que participaron los judiciales (provinciales y nacionales), Adosac, Luz y Fuerza, ATE, además del Movimiento de Derechos Humanos y Frente Unico de los Trabajadores. La reunión aprobó una jornada de protesta, que consistió en el reparto de una declaración el día del aniversario de Río Gallegos, y un programa especial de una hora en una FM local. La declaración denuncia la falsedad del alegado déficit de la Caja de jubilaciones y exige el pago de las deudas que el Estado mantiene con la Caja; también reclama la plena vigencia de las conquistas jubilatorias y los convenios laborales. Plantea la anulación de la ley de “emergencia permanente”, el aumento salarial y el control de los trabajadores y jubilados sobre la Caja de Previsión. La Jornada fue la única manifestación de oposición a estas reformas reaccionarias y abre la posibilidad de nuevos acuerdos de lucha entre los participantes ante el agravamiento de la crisis en la provincia de Santa Cruz. Poco antes de fin de año, el gobierno anunció el congelamiento salarial para todo el ’94 en razón de que “sobran” 7.000 empleados. Kirchner amenaza con despoblar la provincia en una versión local del “ajuste” que ya hizo estallar a otras provincias.

Buenos Aires, 4 de enero de 1994 Compañeros: Después de leer los innumerables artículos que se publicaron en PO sobre el tema mujer, he decidido titular éste, el mío y primero, NO AL DERECHO AL ABORTO. Me he preguntado innumerables veces a lo largo de este debate, al que considero parcial, incompleto e inmaduro, cómo pudo ser considerado una “reivindicación de la mujer” un hecho en el que unas cucharas filosas penetran en el centro mismo de nuestro yo, espiritual, físico y psíquico, y arrancan empapadas en sangre, no sólo la simiente de una vida en ciernes, sino trozos gigantescos de nuestra propia vida, humillada, mutilada, destrozada. Me he preguntado, y lo sigo haciendo; puedo aceptar, evidentemente por impotencia, claro está, imposiciones de este tipo en un sistema perverso, degenerado, agonizante, pero me parece inverosímil dentro del núcleo de compañeros a los que he llegado a respetar por su lucha incesante en pos de la evolución social e individual de la especie humana. Me recomendaron leer a Engels, no lo he hecho por razones específicas (económicas). No obstante, el sentido común me indica que lo que sintió, pensó o escribió un genio masculino del siglo pasado o alguno de los años veinte, es, cuando menos, fantasioso. ¿Bajo qué mágico influjo puede un ser incapaz, por definición, de engendrar vida y retenerla, imaginar lo que es un aborto? ¿O el sólo hecho de ser marxista le permite acceder a conocimientos que están a miles de soles alejados de su experiencia, y a los cuales jamás va a acceder? El aborto, señores, es otra de las horrendas formas en que una mujer es sometida. Debo aclarar que, además de tener siempre el dinero necesario para realizar este tipo de castración, soy el producto de un mestizaje no sólo de pieles, razas o religiones, sino de clases históricamente antagónicas. Debo aclarar, además, que jamás he tenido sentimientos religiosos en absoluto. ¿Por qué no proponer, por ejemplo, una vasectomía como reivindicación? Suena tremendo, ¿cierto? Tampoco estoy de acuerdo. Me parece atroz. ¿Por qué, digo yo, a nosotras las hembras, jamás se nos ocurrió semejante idea? ¿Por qué las soluciones de la orfandad, el despojo, el hambre, deben siempre pasar por nuestro útero, que sin querer ser sentimental, pasa exactamente por nuestros corazones y daña nuestras neuronas en forma permanente? NO AL DERECHO AL ABORTO, SEÑORES. Busquemos una solución acorde a nuestra evolución, donde la sangre y las lágrimas no caigan sobre una herida que jamás cicatriza y que inhabilita a la hembra para convertirse en un individuo valioso para una sociedad, donde los chicos no se arrastren por migajas de comida que les permitan solventar una vida que, como mínimo, les será miserable. NO AL DERECHO AL ABORTO, SEÑORES. Les hablo a mis compañeros, aquéllos que no creen en la propiedad privada, aquéllos a quienes veo realizar sacrificios personales dignos de mi total admiración. Propongo discutir esto como se debe, hasta el hueso y sin anestesia, porque, señores, con o sin atención médica adecuada, el aborto es una destrucción absoluta de madre y de hijo, más allá de que ella sobreviva.

La Franja Morada ya no está sola en la dirección de la FUBA. Desde su último Congreso está acompañada por el centroizquierda, que accedió a la Secretaría General de la Federación mediante el expediente de juntar a todos sus sectores, un amplio abanico que va desde el “menemista” MNR (PSP-Estévez Boero), pasando por agrupaciones ligadas a Bordón y Shuberoff (MOVES de Sociales), hasta los restos del Frente Pampillón afines al PC. Naturalmente, este rejunte no tiene programa, su único objetivo es acceder a un puesto en la dirección (un “dirigente” del PSP de Económicas, haciendo gala de una “claridad” irreprochable, declaró a Página 12 (21/12) que “lo que resulta significativo es que nos hayamos podido juntar”). Pero esta falta de programa constituye en realidad toda una definición política, dado que este bloque evitó por todos los medios pronunciarse respecto al proyecto menemista de “régimen económico-financiero”, que autoriza el cobro de tasas o contribuciones a los estudiantes, habilita a las universidades a integrar “sociedades comerciales” de cualquier tipo con empresas privadas y liquida la autonomía universitaria. Tampoco se pronunció frente a la intervención a Santiago del Estero. La Franja Morada, por su parte, rechazó impulsar un plan de lucha que diera respuesta a los ataques contra la universidad y avaló el pacto Menem-Alfonsín. El documento de situación nacional aprobado por el Congreso destaca “la importancia del diálogo entre gobierno y oposición”, ya que éste sería “producto de una actitud recíprocamente generosa para alcanzar niveles de armonía que la sociedad merece”, y propugna que el pacto podrido “debe avanzar hacia la discusión civilizada para consensuar una propuesta abarcadora del conjunto político y social como corresponde al tratamiento de la Ley Fundamental”. (Frente a un pacto podrido, la FM parió un congreso podrido). No obstante todo esto, en la base de la Franja se evidenció cierto clima de deliberación, una gran debilidad y muchas vacilaciones que sin embargo no derivaron en nada. La UJS difundió una declaración que denuncia el pacto Menem-Alfonsín y exige el repudio a la intervención a Santiago del Estero votada por todos los bloques parlamentarios. También caracterizó de conjunto la situación política nacional y su repercusión en la Universidad (pacto CIN-Del Bello), planteando las siguientes reivindicaciones: por la organización de un plan de lucha contra la privatización de la universidad y el aumento inmediato del presupuesto educativo sobre la base de impuestos a los grandes capitales; cese de subsidios a la enseñanza privada; cese del pago de la deuda externa; convocatoria a un congreso extraordinario docente-estudiantil sobre la base de asambleas por facultad. La UJS resumió sus propuestas en una moción final, que fue votada favorablemente por el delegado de la agrupación centroizquierdista MATE de Ciencias Sociales. La conclusión es que las contradicciones entre la Franja Morada y el conjunto de los estudiantes se han profundizado y exasperado a raíz de la transformación de ésta en un mero agente de los “privatizadores”, lo cual sienta las bases para la recomposición del movimiento estudiantil y la reedición de la gran lucha del ‘92.

Compañeros del PO: La Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica desean a Ud. Felices Fiestas de Navidad Y Año Nuevo. Diciembre de 1993 tuación de abandono y marginalidad que sufren las barriadas obreras, entre ellas las graves inundaciones que afectan a la zona. El sábado 18/12 fueron detenidos y esposados dos vecinos cuando se dirigían a una asamblea que trataría el problema de las inundaciones. Fueron llevados a la comisaría y amenazados de muerte por el comisario de Glew; las amenazas de muerte fueron extensivas a otros vecinos, exigiéndoles que no participen más de otras asambleas. Hacemos responsables de la seguridad de estos vecinos y del conjunto de la barriada de Glew a las autoridades comunales, provinciales y nacionales. Llamamos al conjunto de las organizaciones sociales, políticas y sindicales a pronunciarse frente a estos graves hechos y a exigir el inmediato castigo de todos los responsables directos e indirectos de este ataque a los legítimos derechos de peticionar, organizarse y expresarse.

Los abajo firmantes repudiamos los ataques, detenciones y amenazas de que han sido víctimas un conjunto de vecinos de Glew por parte de la policía local. La policía ha comenzado una verdadera caza de brujas atacando con amenazas, detenciones ilegales y seguimientos a los vecinos que luchan contra la situación de abandono y marginalidad que sufren las barriadas obreras, entre ellas las graves inundaciones que afectan a la zona. El sábado 18/12 fueron detenidos y esposados dos vecinos cuando se dirigían a una asamblea que trataría el problema de las inundaciones. Fueron llevados a la comisaría y amenazados de muerte por el comisario de Glew; las amenazas de muerte fueron extensivas a otros vecinos, exigiéndoles que no participen más de otras asambleas. Hacemos responsables de la seguridad de estos vecinos y del conjunto de la barriada de Glew a las autoridades comunales, provinciales y nacionales. Llamamos al conjunto de las organizaciones sociales, políticas y sindicales a pronunciarse frente a estos graves hechos y a exigir el inmediato castigo de todos los responsables directos e indirectos de este ataque a los legítimos derechos de peticionar, organizarse y expresarse.

El PL ha sacado un artículo sobre “Cómo miente el PO” (Liberación Nº88), que demuestra, contra su propósito, que el PO dice la verdad y nada más que la verdad (ver PO Nº 404). El PL rechaza que hubiera querido imponer el primer lugar en la lista de candidatos en la provincia de Córdoba y que se negó a integrar el Fit cuando esto le fue negado ¿Pero qué dicen sus materiales escritos: “En materia de candidatos el PL pidió ocupar un lugar justo. Aceptábamos que el Mst y el PO encabezaran las listas de Buenos Aires y Capital; pensábamos que el PL debía encabezar en Córdoba” (Cuadernos revolucionarios, pág 20, setiembre del ‘93) ¿Qué tal? El PL pretende que no existió un debate programático; sin embargo señala, bajo el título Debate programático, lo siguiente: A) “Discrepamos con la consigna ‘un gobierno de trabajadores’. Consideramos que el planteo era sectario y oportunista y propusimos reemplazarlo por ‘un gobierno de trabajadores y del pueblo que tome medidas revolucionarias’” (C. revolucionarios, pág. 19). Además: B) “Discrepamos con la ausencia de definiciones sobre adonde se encamina la Argentina. Propusimos (¡Propusieron! y dicen que no hubo debate)‘trabajar para una salida revolucionaria’”. “Discrepamos con que se limitara a ‘unir las luchas’ y ‘preparar la huelga general’”. Propusimos que a continuación dijera “profundizar las luchas hacia la rebelión popular”. “Discrepamos con la ausencia de toda referencia a Cuba. El PL proponía apoyar a Cuba socialista. Planteamos que como mínimo, se debía consignar ‘nuestra solidaridad con Cuba reclamando el fin del bloqueo norteamericano’”. E) “Discrepamos con la definición trotzquisante de los puntos 21 y 23 (‘revolución política y socialismo’, ‘Federación de repúblicas socialistas de América Latina’”). Propusimos “La segunda independencia de América Latina contra el imperialismo y la gran burguesía nativa. Por la liberación nacional y social y por el socialismo. Por el internacionalismo proletario” (ídem, C. revolucionarios). Estas posiciones del PL fueron rechazadas por nacionalistas, populistas y confusas. Aun así es necesario hacer dos precisiones. El PO no pinta al PL como “cubanista a ultranza” sino como castrista a ultranza; esto porque defiende políticamente al gobierno de Cuba, so pretexto de defender a Cuba contra el imperialismo. No ha entendido que, dado el acercamiento entre uno y otro, la defensa de Cuba y la defensa de su gobierno son contradictorias. El PL aprovecha la volada de su desmentida a nuestras “mentiras”, que nada desmienten, para precisar lo que entiende por “rebelión popular”: los saqueos de supermercados de 1989, que sirvieron para apresurar la subida de Menem. El PL nos denuncia porque, en ese entonces, llamamos “a pasar de largo por los supermercados”. Lo que el PL naturalmente esconde es que lo hicimos para llamar a “marchar a los centros del poder”, y que por este motivo fue detenido el Comité Nacional del PO (por el volante “Marcha a la Rosada”). El planteo del PO anticipó el santiagueñazo; el del PL anticipó el inicio de la era menemiana. El PL no aprende, no quiere aprender y usa métodos polémicos “non sanctos”.

Una tarde como ésta, como pocas, habrá un árbol en la plaza en lugar del bronce inanimado. Habrá un canto simple a la tierra en lugar de himnos estridentes a la gloria y a la muerte. Habrá naciones infinitas y fecundas realizando la alegría y el anhelo, habrá tareas, habrá niños y ancianos, pero todos serán jóvenes estarán abrazados los poetas construyendo y registrando la espiritual circularidad del mundo, no habrá banderas ni habrá fronteras, el mundo no será más justo ni injusto, bueno ni malo, será sencillamente bello, y sus constructores los obreros.

Lo dijo Cavallo hace mucho tiempo, no solamente el Partido Obrero: Argentina sigue los pasos de México. Incluso supera a México, aseguró, porque hizo los “deberes” del ajuste en la tercera parte del tiempo que le había llevado al país azteca. Cavallo debería reconocer ahora la consecuencia inevitable que emerge de su opinión: a nuestros países también los emparenta la rebelión popular, y por lo que parece nuestros pueblos compiten en la emulación. El santiagueñazo obligó a Menem-Cavallo a ponerse a la defensiva y a mandar la plata a las provincias. Pero el dúo sabe que se trata sólo de una tregua y que es necesario prepararse para una segunda confrontación. Por eso no ha vacilado en llevar adelante la reducción de los aportes patronales a las Cajas de Jubilaciones, obras sociales y asignaciones familiares, aun cuando esto le costara una crisis de gabinete, la renuncia del ministro de Trabajo y una colisión en ciernes con Duhalde. Cavallo amenaza el “plan social” con el que el menemismo pretendía compensar las consecuencias del plan económico sobre el electorado más empobrecido. Los 800 millones de dólares involucrados en la reducción de los aportes no reducirán de modo alguno el llamado “costo argentino”, ya que no redundarán en una reducción de los precios, sino en un enorme aumento de las ganancias capitalistas. Para el “economista” Cavallo, parece que los beneficios no formaran parte del costo de producción, como si no aparecieran en los precios, pero sí los salarios. Se trata de un puro enfoque patronal. Si se consideraba excesiva la “caja” que manejan, por ejemplo, las obras sociales, se podría haber rebajado la contribución que hacen a ella los trabajadores. La reducción de los aportes patronales deberá incrementar el costo de la atención médica para los trabajadores. El “plan” Cavallo se caracteriza, precisamente, por la utilización de todos los recursos posibles para confiscar el salario —desde los impuestos al consumo, la eliminación de la gratuidad de la educación y de la salud, la reducción “privatizada” de las jubilaciones, no sólo la rebaja directa de los salarios como se ha intentado en Osram, Aluar... y Santiago del Estero. La burocracia de la CGT reaccionó estentóreamente al achique de sus ingresos, respaldada por el aparato justicialista que se alimenta de las diferentes “cajas” que salen del presupuesto. Pero quiere arreglar la diferencia por la vía de “compensaciones”, no el enfrentamiento. Involucrada en el negocio de la “jubilación privada”, está demasiado atada a los intereses que han impulsado la reducción de los aportes patronales. La burocracia de la CGT, en realidad, pretende, junto al empresario de la Salud, el ministro Maza, que se privatice la atención médica, pero conservando los aportes actuales, en carácter de mercado asegurado. A pesar de la gravedad del ataque lanzado contra el movimiento obrero, la burocracia cegetista va a soslayar la lucha directa; lo que sí provocará son escaramuzas de distinto orden para no perder tajadas en los negocios en curso. El problema mayor para el gobierno es la crisis que este curso de acción puede provocarle con el equipo de gobierno de Buenos Aires y con Duhalde. En el marco de las crisis provinciales, esto puede llevar a una enorme crisis de gobierno. Es precisamente para hacer frente a estos problemas que los grandes privatizadores han reforzado su apoyo al pacto Menem-Alfonsín. En las últimas horas se ha vislumbrado la posibilidad de que radicales y menemistas fueran en lista única, al menos en la provincia de Córdoba. Esto deberá pulverizar aún más al alfonsinismo. En lugar de resguardar el equilibrio entre la UCR y el PJ y del régimen político en general, el pacto sólo está sirviendo para demolerlo. La salud económica del plan Cavallo tiene la misma solidez que la del Banesto español antes de que fuera intervenido. Hasta la mismísima banca Morgan ponía las manos en el fuego por él. Pero lo que enmascaraba la situación era sólo el fraude contable: los préstamos incobrables estaban valuados a su valor original. Cavallo acaba de anunciar un cero por ciento de incremento del costo de vida, que sin embargo es ficticio, porque no pondera adecuadamente el impacto de los aumentos enormes de alquileres y salud sobre el presupuesto de las familias de menores ingresos, por ejemplo los jubilados. Pero, de todos modos, ese cero por ciento está reflejando el ingreso masivo y creciente de mercancías extranjeras que se cotizan a precios de remate en el mercado internacional. En consecuencia, el balance del comercio exterior argentino arroja un déficit cada vez mayor y un endeudamiento cada vez más grande, lo que llegado el momento provocará una fuga de capitales y una estampida inflacionaria. Para evitar esta posibilidad, algunos economistas sugieren impulsar una recesión. Entre ambas, los trabajadores sólo pueden ver agravadas sus condiciones actuales. En miseria económica, corruptela política y belicosidad popular — México y Argentina tienen mucho en común. Lo que tenemos que hacer en los dos países es desarrollar la dirección revolucionaria.

Resulta revelador que el Pts caracterice a la Asamblea Constituyente convocada por Menem-Alfonsín de “Constituyente restringida”, a veces de “maniatada” y otras de “antidemocrática”, pero nunca de reaccionaria. La razón para proceder así es que al Pts le importa la forma de la Constituyente, es decir, las características exteriores de la convocatoria pero no sus fines políticos ni la naturaleza de clase del poder y el gobierno que la convocan. Para el Pts, la reunión de una Asamblea Constituyente es por definición progresiva; por eso se limita a señalar las limitaciones que tendría la convocatoria de Menem y Alfonsín con relación a lo que sería el esquema perfecto de una Asamblea Constituyente, según el Pts. Hay que dejar registrado que el Pts se acordó de su consigna de Asamblea Constituyente (lo hace cada tanto) cuando ella fue reclamada por Menem, es decir, a partir de las necesidades “reformistas” de la camarilla gobernante y de los grupos privatizadores. Para el Pts la Constituyente de Menem y Alfonsín sería “restringida” porque los delegados no se eligen por distrito único, porque el temario no es abierto, porque cualquier grupo de trabajadores no puede presentar un proyecto y porque habría que atenerse a lo pactado por Menem y Alfonsín. Para que la Asamblea sea “libre y soberana” deberían regir para el Pts algunas “condiciones mínimas” como, fuera de las mencionadas, la igualdad de espacios para los partidos en los medios de comunicación y la autonomía de la Constituyente respecto del parlamento y de otras instituciones. Cualquier constitucionalista podría responderle al Pts que esas “condiciones mínimas” se encuentran presentes en la próxima Constituyente. El Estado volverá a otorgar espacios igualitarios a los partidos —otra cosa es lo que éstos consigan fuera de lo que les dé el Estado, lo cual está condicionado por el monopolio capitalista de los medios de comunicación y de los medios de producción en general. Para imponer una verdadera igualdad habría que abolir este monopolio, o adoptar medidas despóticas contra este monopolio. Pero en tal caso no sería el gobierno de Menem el que estaría convocando a una Asamblea Constituyente... Lo mismo puede decirse del derecho de cualquier grupo de trabajadores a presentar un proyecto constitucional. Claro que puede hacerlo —otra cosa es que los constituyentes se lo traten. Para que esto ocurra debería imponerse a los constituyentes la obligación de hacerlo. Pero en tal caso no sería un gobierno firmemente capitalista el que estaría convocando a una Asamblea Constituyente... Con relación al temario de la Convención y a la mentada “soberanía” de la Constituyente, el Pts simplemente capitula ante el terrorismo ideológico o verbal que ha desatado la burguesía en este terreno, algo que pasa también con las demás organizaciones de izquierda y de centroizquierda. Ocurre que la próxima Asamblea podrá perfectamente, si así lo decide, establecer su propio temario y su propio proyecto de reforma, sin que importen para este caso los condicionamientos establecidos por la ley que votó el Congreso sobre la necesidad de la reforma, ni los establecidos en el “pacto podrido”. Ninguna institución del Estado representativo vigente tiene prerrogativas sobre el trabajo constitucional de una Asamblea Constituyente, ni existen antecedentes o jurisprudencia que otorguen esas prerrogativas (¡y aunque existieran! la soberanía de una constituyente la decide la conducta soberana de quienes la integran). Si se aceptara que la próxima Convención no tendría más remedio que aprobar el “pacto podrido”, lo correcto sería boicotear semejante Asamblea, ya que en ella los trabajadores o la izquierda no tendrían, no ya un voto capaz de decidir, sino que tampoco tendrían voz, pues no podrían efectuar sus planteos ni mucho menos defenderlos. Y como se sabe, la condición para participar en el parlamento capitalista es la posibilidad de tener voz... Participar de una Asamblea sin voz es traicionar al electorado trabajador. Por eso, cuando el Frente Grande y la totalidad de la izquierda reclaman una Asamblea soberana, no saben lo que están reclamando, pues exigen lo que ya existe como una posibilidad independiente de los demás poderes del Estado, y lo que es peor, están capitulando ante el “pacto podrido” al suponer que éste le quitó, con fuerza jurídica, a la futura Asamblea, sus derechos inalienables. Para colmo de la pavada, el Congreso sancionó la ley de necesidad de la reforma mediante irregularidades insanables, pues Diputados no aprobó el proyecto inicial del Senado y luego éste se negó a tratar el votado por el primero. ¡No hay siquiera una ley de declaración de la necesidad de la reforma, que la futura Convención tuviera la obligación de acatar! Al interpretar la “soberanía” de la Constituyente en términos de una “autonomía” de ésta respecto a los demás poderes (¡ y de estos poderes respecto a la Constituyente!), el Pts, al igual que el Frente Grande, concibe esa “soberanía” en los términos del constitucionalismo burgués, es decir, para reemplazar una carta o papel constitucional por otro. Claro que el Pts ya había anticipado que era partidario de introducir las mayores libertades democráticas posibles “dentro del sistema...” (Rebelión, 3/11/93). Esta labor, insistimos, no puede ser jurídicamente impedida por ningún pacto, ni ley, sino que se hará conforme a los intereses constitucionales de las bancadas mayoritarias que existan en la Asamblea. Pero una Constituyente “soberana”, a la Pts, es decir, liberal y burguesa, no tendría ningún significado transformador para los explotados, esto por la simple razón de que el poder político encargado de llevar a la práctica las disposiciones de una nueva Constitución seguirá siendo el poder de turno, es decir, el menemista. Una Constituyente es realmente soberana cuando asume el poder político, y esto sólo puede ocurrir como consecuencia de una revolución... o de una contrarrevolución. En estos casos es la propia Constituyente la encargada de poner en práctica el nuevo derecho constitucional. La conclusión de todo esto es neta: el Pts reclama lo que existe y no necesita ser reclamado, y rechaza la caracterización revolucionaria de la soberanía política. Esto lo ha llevado a un callejón sin salida aunque esté lejos de percibirlo, esto porque, por definición, las sectas son ellas un callejón sin salida. La prueba de ese callejón sin salida es que el Pts “amenaza” ahora con ir a la Constituyente a plantear “su inmediata disolución” y la convocatoria de “una Asamblea Constituyente Libre y Soberana” (las letras en mayúscula son, claro, del Pts). Privado del coraje político para decidirse por el boicot, el Pts no vacila en interpretar un sainete. Si la asamblea de Menem y Alfonsín (que por “soberana” que sea será de Menem y Alfonsín) no se declara “soberana” (porque ya lo es y porque, simultáneamente, no pretende serlo), el Pts se va de la Constituyente para reclamar a Menem y a Alfonsín (¿a quién si no?) que convoquen a una nueva Asamblea Libre y Soberana. Si los susodichos le hicieran caso, tendríamos un engendro Constituyente similar al que vamos a tener, lo que obligará al Pts a retirarse de nuevo de la Constituyente para reclamar... En suma: ¡el cuento de la buena pipa! Cuántas vueltas, madre, para no plantear “Fuera Menem-Cavallo, por un gobierno de trabajadores”. El carácter reaccionario de la asamblea menemo-alfonsiniana está dado por las características generales del Estado y de la clase que han tomado la iniciativa de convocar a esta asamblea y por el período histórico de contraofensiva desesperada del capital contra las masas por el que estamos atravesando. En estas condiciones es un suicidio adornar con adjetivos democráticos a las instituciones del Estado burgués, y no desenmascarar las fuerzas e intereses de clase que esas instituciones representan. La izquierda debe ir a la Constituyente reaccionaria a agitar el programa de reivindicaciones inmediatas e históricas por las que luchan las masas, con la finalidad de trazar una divisoria de clases lo más profunda y neta posible dentro de la Constituyente, ayudando así a la clarificación y a la experiencia de los trabajadores. En el período del santiagueñazo no existe otra política que ésta que sea realmente socialista y popular

Una gigantesca rebelión campesina. La mayor desde la gran revolución de 1910, de la que los insurrectos de hoy han tomado su consigna (“Tierra y libertad”) y de la que su grupo dirigente —el Ejército Zapatista— ha tomado su nombre. Una rebelión gigantesca que se insurrecciona contra la miseria, la marginación, la discriminación y la represión que históricamente sufren los campesinos indígenas mexicanos. “No se trata —por lo tanto, como lo reconoce un periodista de “El Norte” de Monterrey, reproducido por “La Nación ”(4/1)— de un movimiento con una demanda particular (sino) de un desafío militar y político a todo el orden establecido”. El régimen “menemista” de Salinas de Gortari y su política “cavalliana” de privatizaciones, “liberalización” y “modernización” ha agravado brutalmente las ya misérrimas condiciones de vida de las masas, particularmente en las regiones más atrasadas como el sur. En Chiapas, el epicentro de la rebelión, la tasa de analfabetismo y de viviendas sin servicios sanitarios y electricidad duplica los ya elevados promedios nacionales. La concentración de la riqueza se ha exacerbado enormemente en los últimos años: mientras el 10% más rico de la población se embolsa el 41% del ingreso nacional (contra el 33% de una década atrás), la cuarta parte de la población mexicana —un 40% más que hace diez años— gana menos de dos dólares diarios (600 al año). En Chiapas, 94 de los 111 municipios tienen índice de pobreza “alta” o “muy alta”. Todo esto de la mano de una represión salvaje, que también se ha agudizado en los últimos tiempos, en que el ejército ha realizado incursiones violentas contra las comunidades indígenas y contra sus organizaciones sociales, bajo las órdenes de los terratenientes, para expropiar las tierras comunales. Contra todo esto se han levantado los campesinos del sur mexicano. Por eso, “cualquiera sea el curso de los acontecimientos, nuestro país no será el mismo” (ídem). La prensa ha resaltado la pertenencia de los insurrectos a determinadas comunidades indígenas. ¿Se trata, como algunos sugieren, de un problema “étnico”? ¿Si así fuera, de dónde sale el temor que abiertamente manifiestan el gobierno, la Iglesia y el imperialismo norteamericano al “contagio” de la rebelión a todo el territorio mexicano? El levantamiento de Chiapas es una expresión particular, aguda, de un proceso más general que recorre a toda América latina: la rebelión popular contra los regímenes patronales en descomposición y contra la profundización de la miseria, que es la necesaria consecuencia de la penetración imperialista que se ha agudizado bajo la cubierta de las “democracias”. Más allá de todas sus diferencias y particularidades, entre los campesinos mexicanos y el pueblo santiagueño hay un hilo conductor: la necesidad impostergable de defender su propia existencia empuja a las masas a atacar el poder político de la burguesía. La rebelión comenzó exactamente el día en que entró en vigor el Nafta, el acuerdo comercial firmado por México con Canadá y los Estados Unidos, que constituye un auténtico “estatuto de coloniaje” para la nación azteca. En las paredes de las ciudades tomadas aparecieron pintadas reclamando “no queremos TLC (Tratado de Libre Comercio, el Nafta), queremos libertad”, al tiempo que los dirigentes del EZLN caracterizaban al Nafta como “una condena a muerte para los campesinos”. Y hasta los propios panegiristas del acuerdo colonial han debido reconocer que con la entrada en vigor del Nafta caerían todavía más los ya deprimidos precios del café —el principal cultivo de la región sureña de México—, agudizando todavía más la miseria de los campesinos. Con el Nafta, la rebelión campesina en la frontera entre México y Guatemala ha dejado de ser una rebelión “en las puertas” de los Estados Unidos y ha pasado a tener el mismo efecto político que si hubiera ocurrido en el propio territorio norteamericano. Los efectos y las consecuencias del levantamiento no sólo se harán sentir en México y en toda América latina, sino también en los Estados Unidos. Como ya se ha señalado en “Prensa Obrera” en ocasión de la firma del Nafta (Nº 409, 22/12), “el proceso de la crisis capitalista será al mismo tiempo el proceso de la absorción de México por los Estados Unidos, y la revuelta popular que generará inevitablemente esa anexión, será también el inicio de la revuelta popular en los Estados Unidos”. La rebelión ha servido, subsidiariamente, para confirmar el carácter abiertamente proimperialista del Partido de la Revolución Democrática (PRD) de Cuhautémoc Cárdenas, que aparece como la oposición centroizquierdista del gobierno de Salinas de Gortari. El PRD se ha limitado a “interpretar” la rebelión y hasta ha puesto en circulación especulaciones sobre los réditos electorales que podría acarrearle. En este sentido, se abre la posibilidad —hasta hoy “impensable”— de una derrota electoral del oficialismo mexicano. Pero aun cuando el PRI logre conservar la presidencia, como consecuencia de la rebelión se habrán reducido inexorablemente los márgenes de gobierno, con todas las consecuencias políticas que esto supone... La aviación militar bombardea con cohetes y ametralla indiscriminadamente las poblaciones tomadas por el EZLN, causando enormes bajas entre la población civil; el gobierno ha militarizado el estado de Chiapas, enviando a 12.000 hombres, tanques, helicópteros y aviones, que se suman a la guarnición habitual del Estado, la más numerosa, mejor adiestrada y armada de todo el país; distintos corresponsales (por ejemplo Clarín, 4/1) han informado sobre la aparición de cadáveres de campesinos sin uniforme de combate en las zonas dominadas por el ejército, lo que significa que han comenzado a actuar los “escuadrones de la muerte“. Denunciamos abiertamente la represión salvaje que ha desatado el gobierno del Nafta —bajo el pretexto de la “defensa de la ley y los derechos humanos”’— al tiempo que señalamos que se trata de un síntoma de la desesperación propia de un gobierno y un régimen en ruinas.

Rogelio De Leonardi no es solamente dirigente del gremio docente riojano y de la intergremial de la provincia, sino también del PC. El 16 de diciembre pasado declaró al periódico nacional de su partido (Propuesta) que “desde la Multisectorial y la Intergremial rechazamos la intervención y exigimos la renuncia de los tres poderes y la convocatoria a elecciones en 90 días”. Pocas horas después de estas declaraciones se producía el “santiagueñazo” y la intervención federal de Santiago del Estero votada por unanimidad por el Congreso Nacional, con el apoyo del Frente Grande, al que está integrado el PC. El PC no ha repudiado hasta ahora este voto de su Frente Grande, ni tampoco lo ha hecho De Leonardi. Por el contrario, el PC critica a los trabajadores santiagueños (23/12): “Sería irresponsable desconocer que los hechos que comentamos hacen también aflorar las debilidades que afectan al movimiento popular, especialmente cuando la disposición combativa de las masas es mayor a su capacidad de organización y de creación de fuerza alternativa”, y llama al Frente Grande y al CTA a “ponerse a tono con los escenarios y los tiempos que Santiago del Estero y otras provincias comienzan a anunciar”. El descaro y la hipocresía no podrían ser mayores: ¿cómo podría “ponerse a tono” con el “santiagueñazo”, el Frente que lo enfrentó con la intervención federal de Menem, Alfonsín y Cavallo? Santiago revela que los stalinistas han perdido el pelo pero no las mañas. Ya la posición de la Intersindical riojana es peligrosa, esto porque reclaman la “renuncia de los tres poderes” para “convocar a elecciones”, lo que equivale a pedir la intervención federal. De lo que se trata, para “ponerse a tono” con el “santiagueñazo” , es de preparar a las organizaciones de masas de La Rioja como alternativa de poder, ofreciendo un plan político y económico propio en oposición a la política de los gobiernos nacional y provincial. Pero para esto hay que romper con el Frente Grande, agente de la gendarmería.

Como broche de fin de año, la dupla Menem-Cavallo tomó dos medidas que significan un golpe a la salud y al salario de las masas trabajadoras, y la miseria permanente para jubilados y desocupados. Por un lado, disminuyó en un 65% promedio los aportes patronales a las obras sociales, previsión social, asignaciones familiares y fondo nacional de desempleo. Por el otro, sustituyó, en acuerdo con los gobernadores, los impuestos a los ingresos brutos por un impuesto a las ventas provinciales que, como reconoce Ambito Financiero, “tendrán un desfavorable impacto sobre los precios al consumidor en el interior del país”(30/12). Estas medidas fueron adoptadas por decreto y son manifiestamente inconstitucionales, pretendiendo esquivar a la reciente ley de presupuesto, que prohibía la reducción de los aportes patronales a las obras sociales. Menem vetó esta disposición y transformó la autorización que otorga la ley de reforma previsional para rebajar los aportes patronales jubilatorios, en una norma que abarca a la totalidad de las cargas sociales. Jubilación y salud de miseria Con la reducción de los aportes patronales jubilatorios, las Cajas dejarán de percibir unos 1.000 millones. Como a su vez la jubilación privada desviará una parte de los aportes obreros a las Administradoras, se calcula que la Cajas de Jubilación dejarán de recaudar por lo menos unos 2.500 millones por año. Tamaño agujero será financiado endeudando a las Cajas con las Administradoras privadas, y congelando los haberes miserables de las jubilaciones. A las obras sociales también se las desplumó en más de 300 millones. El propósito de esto es que presten una atención médica aún peor que la actual, y forzar a los trabajadores a contratar los servicios de la medicina privada, y profundizar la quiebra de las obras sociales, para justificar la privatización total de la salud, que es adonde irán a parar los actuales aportes obligatorios a las obras sociales. El mayor deterioro de las obras sociales llevará a los trabajadores a utilizar los servicios de los corroídos hospitales públicos, que, como dijera Enrique Visillac, titular de la Asociación de Médicos Municipales “han sido dejados a la mano de Dios”(Clarín, 30/12). Visillac señaló que “las consecuencias que dicha disminución de los aportes patronales puede ocasionar resulta relativamente fácil de prever”, porque disminuirán “el número y complejidad de las prestaciones. Nosotros pensamos que ese grupo poblacional por su precaria situación económica, va a concurrir para solucionar los problemas de su salud que su obra social no le puede brindar, al hospital público”. Lo mismo dijo sin pelos en la lengua el presidente de la cámara patronal de medicina privada. “El hospital público debe ser reformado para que el carenciado esté bien atendido y quien no es carenciado tenga que pagar la prestación... en un sistema desregulado” (Clarín, 30/12), es decir, sin la interferencia de la obra social. La reducción de los aportes por subsidios familiares y al fondo de desempleo significa el congelamiento definitivo de las bajísimas asignaciones actuales. El golpe de gracia es la sustitución del impuesto a los ingresos brutos (que pagan las empresas) por un impuesto a las ventas provinciales (que pagan los empobrecidos trabajadores y consumidores del interior del país), del orden de los 2.000 millones anuales. Además, en algunas provincias, las gobernaciones están aumentando los impuestos inmobiliarios urbanos, como en la provincia de Buenos Aires, “de hasta 140% sobre los valores actuales”(Diario de Río Negro, 26/12). De este modo, mientras a los empresarios Menem-Duhalde les largan un regalo de 4.000 millones —que no se traducirá en una reducción de precios—los trabajadores y jubilados deberán cargar con una mayor inflación y con menos salud. Precariedad Esta agresión contra los trabajadores coloca en una situación más que comprometida a las finanzas públicas, que tendrán ahora un nuevo agujero de 3.000 millones de pesos. “La Nación”, en un editorial, confiesa que “la incógnita que subsiste es si, con estos cambios que resignan aportes cuasi-impositivos importantes, será posible mantener el equilibrio fiscal....” (29/12). La dupla Menem-Cavallo, desesperada por el santiagueñazo y las movilizaciones en el interior, se largó a “comprar” en 4.000 millones el “corazón” de los empresarios argentinos. Se trata, sin embargo, de un salto en el vacío que echa leña a la lucha de clases y abre las puertas a la bancarrota del Tesoro y a la inflación. Fuera el decreto. Supresión de los impuestos al consumo; impuestos sobre el capital y las ganancias y anulación de la deuda externa. Jubilación, obras sociales, asignaciones familiares, con aporte exclusivo de la patronal. Administración y control obrero de las Cajas de jubilaciones, subsidios familiares, obras sociales y Fondo Nacional de Empleo. Aumento de salarios y jubilaciones. Por un salario y una jubilación igual al costo de la canasta familiar. Fuera Menem-Cavallo.

En medio de las fiestas, y entre gallos y medianoche, Di Tommaso y la burocracia de la UOM La Plata consumaron la expulsión del sindicato de todo el cuerpo de delegados de Propulsora. Los “cargos” que imputan los burócratas hablan por sí solos de la podredumbre y degeneración de esta gente. Di Tommaso y sus secuaces acusan a los delegados de Propulsora de “haber puesto en peligro la organización gremial”... al acatar una resolución de Asamblea General que rechazó la “conciliación obligatoria” durante la pasada huelga de setiembre. Los burócratas de la UOM, que todos los días “ponen en peligro” el convenio y las conquistas de los metalúrgicos, han expulsado a un cuerpo de delegados íntegro, por haber sido consecuente con el mandato de la base de su fábrica. Por la vía de las expulsiones, Di Tommaso quiere imponer el “unicato” y el monopolio dictatorial en la UOM La Plata. La expulsión sumaria se consumó en una parodia de “congreso”, a tal extremo fraudulento que la burocracia “ignoró” un petitorio masivamente firmado por los trabajadores de Propulsora en apoyo a la prórroga del mandato del cuerpo de delegados. El “golpe de estado” es la única posibilidad “de facto” que tiene Di Tommaso para atreverse al asalto de una fábrica que lo repudia, donde fue derrotado elección tras elección, y que lo responsabiliza públicamente por la traición y derrota de la huelga de setiembre. Si Di Tommaso se atrevió a ir tan lejos es porque la huelga de Propulsora marcó un punto sin retorno: lo deschavó como un agente directo de Techint. Definitivamente, este operativo que culminó con la expulsión y el desafuero gremial de los compañeros tiene la intención de colocar a los delegados a merced del despido. La patronal suspendió por tiempo indeterminado a los delegados Rossi y Martínez y les inició una causa penal por su intervención en la huelga. El paso siguiente fue el desconocimiento de todo el cuerpo de delegados “argumentando” que tenían el mandato vencido a partir del 10 de diciembre. Simultáneamente con este ataque patronal, Di Tommaso suspendió la afiliación de los delegados a la UOM, postergó sin fecha la convocatoria a elecciones que debían renovar el cuerpo de delegados (y que la burocracia hubiera perdido por afano), y trascartón montó el “congreso” trucho del 27 que cumplió con la formalidad de “votar” las expulsiones ya decididas con anterioridad. La expulsión del cuerpo de delegados de Propulsora tiene el propósito de desarmar la resistencia de los trabajadores (que en esta fábrica ha sido permanente y tenaz) a las “nuevas modalidades de trabajo” (multiplicidad de tareas, polifuncionalidad y supresión de puestos de trabajo). Este ataque coincide con una nueva ofensiva “flexibilizadora” de la patronal, que comenzó por la sección Decapado, y que la empresa quiere extender a todas las líneas. Aprovechando las expulsiones, Techint ha prohibido las asambleas y quiere imponer un clima de terror, de amenazas y de persecución a los activistas de fábrica. Llamamos a una campaña nacional de pronunciamientos, para denunciar y organizar la lucha contra este atropello patronal-burocrático y para exigir el levantamiento inmediato de las expulsiones. Llamamos a las corrientes de izquierda a constituir un frente de movilización en defensa de los delegados de Propulsora, y a impulsar activamente esta campaña. 29/12/93

Con la reducción de los aportes patronales a la previsión social, la eliminación del impuesto a los activos, la devolución de los impuestos pagados por los exportadores y el traspaso de los aportes jubilatorios de los trabajadores en actividad de las Cajas estatales a las AFJP privadas, Cavallo ha “fabricado” un “bache fiscal” en beneficio de los capitalistas de nada menos que 2.000 millones de dólares anuales (Ambito Financiero, 27/12). Sólo por la reducción de los aportes previsionales patronales se calcula que los beneficios patronales aumentarán hasta un 33% (Ambito Financiero, ídem). Esta reforma fiscal cavalliana implica, según Carlos Melconian, un hombre que apoya los pasos de Cavallo, “una fase de profundos cambios en el corazón del programa económico, (porque) a toda la estructura fiscal del programa de convertibilidad se le moverá la estantería” (Ambito Financiero, ídem). El “bache fiscal” de 2.000 millones difícilmente permita cumplir con las “metas” fiscales comprometidas con el FMI, un superávit de caja de 4.000 millones de dólares anuales. Al “bache” cavalliano hay que sumarle las prebendas y “regalos” que distintas camarillas capitalistas supieron arrancar durante el tratamiento parlamentario de la ley de presupuesto: aunque el Ejecutivo logró vetar una partida de 120 millones para la Universidad, no hizo lo mismo ni con la ampliación de los beneficios de la “promoción industrial” para La Rioja, Catamarca y San Juan ni con la devolución de la recaudación del Fondo Nacional del Tabaco a las provincias productoras ni, tampoco, con el otorgamiento de avales al endeudamiento externo de Buenos Aires y Santa Fe. Todo esto ocasionará una reducción adicional del mentado “superávit fiscal” de unos 200 millones de dólares. Cavallo, en busqueda de un “chivo emisario”, se ha largado contra los gobernadores y los grupos capitalistas provinciales, en particular contra Brown —ministro de la producción de Buenos Aires, es decir contra Duhalde— y contra Carbap y la Sociedad Rural (¡nada menos!) a los que acusó de organizar la evasión impositiva (Ambito Financiero, 16/12). Más aún, Cavallo advirtió ante una concurrencia de banqueros y grandes capitalistas, que “si la Constituyente toca el plan económico, será la hora de que empiecen a pensar en invertir en otro país” (ídem). Según uno de los concurrentes, el “mensaje” y el “tono” causaron “conmoción” entre los asistentes ... después de todo, no es habitual que un ministro de Economía amenace con una fuga de divisas a su propio gobierno. El “bache fiscal” creado por Cavallo ha llevado a Juan Alemann, ex funcionario de la dictadura, a anunciar que en 1994 habrá “serios problemas presupuestarios (ya que) las cuentas fiscales no cierran (y) el presupuesto está atado con alfileres ... porque Cavallo anda regalando plata a diestra y siniestra”. En estas condiciones, Alemann se ha permitido objetar “el traspaso de los fondos previsionales porque priva al Estado de una importante fuente de recursos” (La Nación, 28/12). El angelocista López Murphy, resaltó por su lado “la precariedad de los resultados obtenidos” para remarcar “la complacencia inadecuada del gobierno” (Ambito Financiero, 28/12) frente a la inflación y la “indisciplina fiscal”. En el mismo tono, el súper-cavallista Miguel Angel Broda reclamó “que Cavallo vuelva a la ruta” y denunció que es “intolerable que las provincias contraten deuda externa” (El Economista, 3/12). Finalmente, la misión del FMI puso en duda la posibilidad de alcanzar las metas fiscales acordadas. Para todos estos cavallistas, la política fiscal de de Cavallo, “agrava el retraso cambiario”. Negro sobre blanco, pronostican que la “convertibilidad” desembocará en una segura fuga de capitales. Argentina no puede incurrir en un déficit fiscal —como tantos otros países— porque es una nación insolvente que ha acumulado una deuda impagable y que por esto tiene que asegurar un superávit de Tesorería para mantener la corriente de pago de los intereses y de las deudas de corto plazo. Sólo la existencia de un flujo permanente de divisas en la Tesorería -el famoso superávit- otorga a los capitales que ingresan la seguridad de que podrán retirarse en cualquier momento. Los cavallianos temen que sin un abultado superávit fiscal, inmediatamente se producirá una fuga de capitales. Saltan a la vista las contradicciones de la política de Cavallo: para elevar la tasa de beneficio que atraiga al capital externo se ve obligado a reventar el superávit fiscal, garantía última del ingreso de esos capitales externos. Por eso, Melconian reconoce que la de Cavallo en “una jugada audaz y peligrosa, que puede salir bien o mal” (Ambito Financiero, 27/12). “Si la inflación se mantiene baja y la actividad no cae, se le perdonará”, agrega. Pero Cavallo sólo puede mantener una inflación baja con una presupuesto inflacionario, si aumenta aún más las importaciones baratas y se endeuda más aún ... es decir, montando una nueva bicicleta que agrava la insolvencia nacional. López Murphy y Broda, por el contrario, reclaman un mayor superávit fiscal, es decir, una política deflacionaria, una recesión. Pero una caída del nivel de actividad industrial reduciría la recaudación de impuestos y podría llevar a plantear un crack bancario. Los bancos han financiado la reactivación mediante una “orgía de préstamos” , que hoy se encuentran, en una proporción muy elevada, en situación irregular. No sólo los créditos a las industrias en crisis (petroquímica, papel, etc.) y al comercio sino también al consumo. A la caída de grandes grupos industriales —Indupa— y pulpos comerciales —supermercados Llaneza— con enormes deudas bancarias, se suma la mora de la enorme masa de pequeños créditos al consumo -cuyo atraso duplica los promedios internacionales. En el rubro de tarjetas de crédito, “la morosidad e incobrabilidad es, directamente, enorme” (Ambito Financiero, 1/12). La caída, aún leve, del nivel de actividad tornará directamente impagables esos créditos, y si se desata un crack bancario la fuga de capitales será imparable, no importa la masa de superávit fiscal que se haya acumulado. Por una vía o por la otra, la “convertibilidad” no puede escapar de la perspectiva de un colapso financiero. Por eso no es de extrañar que una consultora patronal, el Cedei, afirme que “en estas condiciones, el ingreso de fondos exógenos infla un globo cuya probabilidad de estallar es cada vez mayor” (Clarín, 30/12).

El pasado 8 de diciembre, la patronal de Aerolíneas Argentinas y la dirección de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA) firmaron un acta-acuerdo al mejor estilo Menem-Alfonsín, es decir, entre cuatro paredes y a espaldas de los trabajadores. El acta planteaba con claridad la liquidación del convenio y la aplicación de la polifuncionalidad y la flexibilidad laboral. Al conocerse el contenido del acta-acuerdo, se manifestó masivamente el repudio. Distintos turnos del servicio de línea presentaron pronunciamientos; delegados y compañeros de Aeroparque concurrieron a la sede gremial; dirigentes de APTA que habían firmado el acta fueron insultados y rechazados en distintos sectores de Ezeiza y, lo más importante, casi 300 compañeros (entre ellos varios delegados) firmaron un petitorio que exigía la inmediata covocatoria a Asamblea General Extraordinaria. En un cuadro de bronca generalizada y ante las reiteradas exigencias, la Comisión Directiva de APTA terminó convocando la Asamblea para el lunes 27/12. El primer debate se dio en torno al carácter de la asamblea. La Dirección pretendía que fuera informativa. Esto fue rechazado. La mayoría de las intervenciones rechazaron el acta-acuerdo firmada y repudiaron la actitud de la dirección sindical. Según consta en el acta de la Asamblea, “... luego del amplio debate, cuatro de los afiliados oradores unifican sus mociones, arribándose finalmente a la siguiente moción: 1)Anulación del Acta-Acuerdo 8/12/93, firmada a espaldas de los trabajadores. 2) Aumento inmediato de salarios de 400 pesos para todos. 3) Pago de los valores adeudados por la temporada de Invierno-Verano, con un trato similar al realizado en la temporada ’91/92. 4) Compromiso escrito, por parte de la patronal, de que no habrá despidos. 5) Elección de una Comisión que acompañe, fiscalice y controle todas las negociaciones de la Comisión Directiva de APTA, siendo la Asamblea General la única instancia con carácter resolutivo. Puesta a consideración es aprobada por amplia mayoría”. A través de la acción colectiva y enérgica de los técnicos se logró enterrar la pretensión de la patronal y la dirección de APTA de acordar la entrega del convenio y el salario. Se ha conquistado un primer triunfo importantísimo. Ahora hay que preparar el segundo paso. Emplazar a la patronal a dar una respuesta a todos los reclamos planteados y hacer efectiva la elección de los integrantes de la comisión que ha votado la Asamblea. El comienzo de la temporada alta de verano ha colocado a los compañeros de Aerolíneas en el mejor momento para hacer valer los reclamos.

¿Han cesado las crisis, protestas, luchas y rebeliones en las provincias, es decir en el país? Una hojeada a los titulares de “La Nación” permite dar una respuesta. El diario de los Mitre informaba hacia fines de diciembre, como si emitiera partes de guerra, por ejemplo, que “El fantasma de un estallido social se aleja de Jujuy” (30/12), que “En Tucumán nadie cree en un incendio social” (29/12), o que “Fracasó una protesta salteña” (ídem). En el conjunto de las provincias del norte, desde Chaco a La Rioja, los gobiernos se apresuraban a pagar el aguinaldo y los salarios, y con mayor premura los adeudados. Pero los “partes” de “La Nación” se revelaron, rápidamente, como una ilusión. El mismo diario, una semana después (4/1), admitía que “Preocupan los posibles actos de protesta en Tucumán”. Dentro del artículo se informaba que “en medios allegados a los servicios de inteligencia que operan en esta ciudad, ha trascendido que existe preocupación por una hipótesis sobre la posible regionalización del caso de Santiago del Estero, entre ellas Tucumán”. En esta provincia acaban de producirse despidos “en diferentes sectores laborales”; en el sanatorio de la Ados “quedaron cesantes 400 personas, entre médicos, enfermeras y empleados administrativos. En la localidad de Lules ha cerrado una planta textil que operaba desde hace más de veinte años”. Todo esto ocurre en el marco de una gran preocupación debida al fracaso de la zafra azucarera. Con respecto a los anuncios de “calma” en Jujuy, el desmentido fue aún más contundente, cuando los productores tabacaleros ocuparon la localidad de Perico, para protestar contra la reducción en un 50% del precio pagado por la industria por la materia prima. A renglón seguido, fue el turno de los tabacaleros salteños, que comenzaron a bloquear los accesos a las plantas acopiadoras de Massalin y de Nobleza (Clarín, 5/1). Ya no era más la “chimenea del Estado” la que generaba la insurgencia popular, sino la productiva y rentable industria privada de los grandes monopolios. La movilización tabacalera destruyó la especie cavalliana de que las protestas provinciales respondían a un pasado improductivo que se estaría insurgiendo contra la modernización económica. Quiebra de conjunto Pero esto recién comienza, porque según un estudioso del Conicet, “en informes oficiales, se habla de la desaparición, en los próximos años, de las dos terceras partes de las unidades agrícolas” de las provincias del Noroeste y Nordeste (Alejandro Rofman, en Clarín, 29/12). En Santa Fe, por su lado, “La única industria que crece es la de la prostitución” (Ambito Financiero, 20/12). De acuerdo con “una encuesta realizada por el Instituto provincial de estadística y censos en la provincia de Santa Fe, entre octubre de 1992 y abril del presente año ‘se perdieron 24.000 puestos de trabajo’, elevándose el índice de desocupación en Rosario y en el conurbano del Gran Rosario en ‘34 por ciento’” (ídem). En la ciudad industrial de San Lorenzo los despidos han sido masivos en industrias de punta como la petroquímica, lo que desmiente que el “plan” Cavallo represente un impulso al desarrollo de las fuerzas productivas. En Santa Fe, los gremios estatales han debido “conformar una comisión intersindical como estrategia para hacer frente ‘al grave panorama del sector y, especialmente, a las medidas que para 1994 tiene previstas el gobierno de Reutemann’” (Crónica, 29/12). Las crisis provinciales no excluyen a la provincia de Buenos Aires, como lo prueban las constantes críticas de Cavallo al ministro de Duhalde, Carlos Brown, al que denuncia también, entre otras cosas, por no hacer el ajuste (comentario de La Nación, 19/12). La presión impositiva bonaerense, en efecto, ha aumentado, pero en especial sobre los trabajadores, esto a través del incremento del impuesto inmobiliario urbano. Duhalde prepara, ahora, “una reconversión administrativa en la provincia que involucra a 220 mil empleados públicos” (Clarín, 17/12). Buenos Aires sólo se diferencia de Santiago en que los trabajadores aún no han articulado su respuesta. Crisis política El carácter de fondo representado por las crisis provinciales se ve en el hecho de que ha reabierto en la burguesía la polémica estratégica sobre el plan económico. No sólo con relación al gastado tema del tipo de cambio, que si no se devalúa, según el radical Machinea, llevará a la quiebra completa a las economías regionales, sino con respecto a si hay que mantener el Mercosur o sustituirlo por la anexión de Argentina al tratado de libre comercio con Estados Unidos (Cronista Comercial, 29/12), ya que “exportar (sólo) arroz, trigo y lácteos hacia el Brasil no soluciona para nada nuestras crisis provinciales”. El reciente “pacto fiscal”, al sustituir el impuesto a los “ingresos brutos” por el de “ventas”, representará una carga adicional sobre los consumidores y el comercio, incorporando nuevos sectores a la lucha. Es indudable que no existe fuerza más revolucionaria que el propio capitalismo. Ninguno de los factores del reciente estallido ha sido desmontado o se encuentra en vías de desmontarse. Schiaretti ha intervenido todos los municipios y ha dejado en pie la ley de reducción salarial y de despidos que aprobó la Legislatura intervenida. La intervención, aprobada por unanimidad, a Santiago del Estero, ha barrido con el parlamento pero no con la obra de éste: ¡el programa de trabajo del interventor es el que sancionaron los intervenidos! En La Rioja, por su lado, la “ley de ómnibus”, con su secuela de cesantías, sólo ha sido suspendida hasta abril. Inevitable Lo que surge de todo esto es simplísimo: el gobierno sabe que una nueva confrontación es inevitable y está dispuesto a precipitarla. Lo que diferencia a la burguesía de las masas es precisamente esto: que la burguesía actúa bajo la batuta de un estado mayor, mientras que las masas marchan en orden disperso. ¡Y después buscan conspiradores entre los trabajadores! ¡Pero los trabajadores tienen que ponerse a conspirar, abiertamente, pero a conspirar! Está claro que Cavallo y compañía no van a solucionar ningún problema del pueblo; que sólo un plan económico de las organizaciones populares que están jugando un rol protagónico en las luchas provinciales, puede constituir una salida. Si a las reivindicaciones salariales y de trabajo vigentes se añade un planteo de conjunto, esas organizaciones podrán convertirse en alternativa de poder, superando la alternativa entre los gobiernos de turno y la intervención federal. A 140 años de la organización nacional y a 110 años de la federalización de Buenos Aires, está claro que las oligarquías y la burguesía industrial han fracasado en la tarea de desarrollar el interior argentino. Las producciones regionales, luego de haber sido la vaca lechera de los terratenientes e industriales durante más de medio siglo, se encuentran quebradas; las “promociones industriales” de los últimos años se revelaron, previsiblemente, como una estafa. Solamente el control de los trabajadores sobre los principales recursos económicos y financieros puede dar una salida, a la vez inmediata e histórica, al interior argentino. Para eso hay que plantear un programa económico de emergencia y luchar por un gobierno de trabajadores en las provincias y por un plan de lucha nacional para acabar con el gobierno Menem-Cavallo. La responsabilidad del CTA y ATE El CTA y ATE se encuentran en el centro de los acontecimientos provinciales, y por lo tanto les cabe a estas organizaciones asumir una iniciativa política de conjunto. De lo contrario serán “barridas” del escenario popular. Hasta ahora, las organizaciones dirigidas por Mary Sánchez y Víctor de Gennaro se han adaptado a las privatizaciones y miserias del menemismo. Son tan responsables como la burocracia cegetista del retroceso sufrido por los trabajadores. Pero la rebeldía popular les ofrece una nueva oportunidad. Llamamos al CTA y a ATE a reunir Asambleas Populares en todas las provincias y en la Capital, para impulsar un plan de lucha y un programa alternativo al menemismo. El objetivo de esta acción es que las organizaciones de los trabajadores se presenten como alternativa de poder frente a los agotados y corrompidos gobiernos patronales.

Los trabajadores judiciales enrolados en la UEJN están cumpliendo masivamente un plan de lucha. Lo que más indigna a los trabajadores es que después de dos años, durante los cuales sólo obtuvieron cien pesos en negro, todas las categorías superiores de la jerarquía judicial, los jueces incluidos obviamente, ya cobran un 20% de aumento, mientras que la inmensa masa de los trabajadores ha sido despojada del mismo con el argumento de que Economía bloquea los fondos para su desembolso. Pero la Corte dispone de fondos propios para ese desembolso, y del poder legal para hacer que Economía disponga el pago. Por otra parte, los empleados judiciales asisten a una degradación sistemática de sus condiciones de trabajo. Edificios que se vienen abajo, falta de seguridad, atraso informático, existencia de hasta 3 “meritorios” por juzgado (personal no rentado que viene cuando quiere y deja de venir cuando quiere), tirando todo el laburo sobre los judiciales de carrera, y sobre todo, las presiones de los jueces para “habilitar” al personal; es decir, extender la jornada sin pagar las horas extras. Frente a toda esta situación, el activismo más combativo entiende que las medidas que ha ido disponiendo la dirección de la UEJN, donde conviven peronistas disidentes, menemistas, Frente Grande y PTP, son tardías y discontinuas. El plan queda cortado por la feria de enero. Anteriormente se habían manejado con un discurso inmovilista (“guarda con los descuentos, miren que el resto de los gremios no está haciendo nada”). La conducción especula con el posible acuerdo de la Corte, mediante trenzas y negociaciones por arriba. La tarea del activismo es reagruparse, como se está haciendo en el fuero laboral, para superar la discontinuidad que le imprime a la lucha la actual directiva, con un programa que plantee claramente lo que esta directiva olvida, como es la recuperación de la ley de enganche. El retorno de la feria promete ser caliente para la Justicia.

Antonio Pernías y Juan Carlos Rolón: miembros de los “grupos de tareas” de la Esma. Responsables del secuestro, tortura y asesinato, entre otros, de un grupo de monjas francesas que colaboraban con las Madres de Plaza de Mayo, y de un grupo de curas palotinos; amnistiados por la ley de Obediencia Debida; ascendidos en el escalafón militar bajo el gobierno de Alfonsín; el pliego para su ascenso a capitanes de navío fue enviado por Menem al Congreso y, ante las denuncias de los organismos defensores de los derechos humanos, defendido públicamente por el presidente, por su ministro Camilión y por la jefatura de la Armada. El “récord” de los dos genocidas es a la vez una radiografía de la política de amnistía de la burguesía y el Estado en beneficio de los torturadores y asesinos —es decir, una política de “autoamnistía”— y una muestra de la suprema hipocresía de los “representantes del pueblo”, que después de haber votado con las dos manos las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, y de haber aceptado el indulto dictado por Menem, pretenden ahora —en vísperas electorales— horrorizarse de lo que es la “consecuencia natural” de las leyes que ellos votaron: la “recompensa” a los genocidas por los “servicios prestados”. El PO denuncia que la contumacia de Menem a promover a estos asesinos en la jerarquía naval responde a la necesidad del Estado de fortalecer y “dar confianza” a sus aparatos represivos para utilizarlos contra el pueblo. Dieciocho años después de que Rolón y Pernías secuestraran, torturaran y asesinaran, la histórica consigna del “juicio y castigo a todos los responsables” conserva toda su vigencia.

La burocracia de ATSA Buenos Aires convocó a 50 delegados de la rama Hospitales de Comunidad para anunciar que se disponía a firmar con las patronales un aumento escalonado de sueldos, 18% para enero, 8% en abril y 11% en junio. Estos aumentos están muy lejos de las necesidades planteadas, si se tiene en cuenta que desde abril del ’91 a la fecha no hubo aumentos de los básicos de sanidad, mientras el costo de vida trepó más del 53%. El básico de una mucama pasaría en enero de 220 a 260 pesos y a 310 pesos en junio. La principal objeción planteada por delegados antiburocráticos de los hospitales Francés, Español y Gallego fue que en esos establecimientos hubieron aumentos “a cuenta de futuros aumentos” o como “adicionales”, que si ahora se descuentan dejarían a los trabajadores sin un mango de aumento. La respuesta de la burocracia fue que había que firmar lo que se ofrecía porque se venían períodos muy duros. Un argumento típicamente patronal. Mientras tanto, se generaliza la política de “reforma laboral” mediante el reemplazo de trabajadores efectivos y bajo convenio, por personal contratado con sueldos más bajos, sin beneficios sociales y sin indemnización por despidos. El sanatorio Antártida anunció el despido de más de 200 trabajadores y la “contratación” de gran parte de los servicios. El Güemes, vaciado desde hace meses por la patronal, reabriría con reincorporaciones selectivas de personal, en condiciones totalmente arbitrarias de sueldos y normas de trabajo. La agrupación del PO en Sanidad comenzó una campaña de agitación por un 100% de aumento de emergencia y básicos mínimos de 500 pesos. Contra los despidos y el trabajo contratado. Por la resistencia a los despidos del Antártida y por la reapertura del Güemes sin despidos, el pago de los sueldos adeudados y el respeto de categorías, antigüedades y condiciones de trabajo.

A Graciela Fernández Meijide le “amargó intervenir Santiago”, según lo que publicó en Clarín el pasado 23 de diciembre. “Pensé, dice, que iba a comenzar mi experiencia en la Cámara de Diputados expresando mi rechazo a la prisa y la presión con que se quería sacar adelante la declaración de la necesidad de la reforma constitucional...”. Fue, ciertamente, un penoso debut. Lo que quizá Fernández Meijide no haya percibido es que, más allá de su amargura, admite que el electorado se equivocó fieramente al votarla para diputada y que la amargura del electorado debe ser aún mayor que la de ella, porque el bloque del Frente Grande lo convirtió en cómplice involuntario del envío de la gendarmería contra el pueblo santiagueño y del ahogo de su libertad política. Es curioso, pero Aldo Rico también salió “amargado”, sólo que tuvo el tino de proclamarlo siete días antes de que lo hiciera Fernández Meijide. Cuando se lee lo que el “carapintada” dijo el 16 de diciembre en Diputados, se tiene la impresión de que la diputada del FG incurrió en un alevoso caso de plagio. “Señor presidente, dijo el jefe del Modin, en principio manifestamos nuestro dolor (algo más que una “amargura”, J.A.) por estar en ésta, nuestra primera sesión (otro caso de debut fallido, J.A.), tratando la intervención federal a la provincia de Santiago del Estero. Nos hubiera gustado estar tratando, dice Rico anticipándose a Fernández Meijide, la declaración de la necesidad de la reforma de la Constitución nacional”. Notable, ¿no? Nadie podría decir que se incurriría en exageración si se afirma que el Modin y el Frente Grande adoptaron la misma e idéntica posición política. Las declaraciones de Rico y Fernández Meijide desnudan un lazo insospechado, a saber, la ilusión, común a ambos, en la democracia representativa. Que esto ocurra con el fascistizante Rico demuestra hasta qué extremo la posición democrática del conjunto de la burguesía privatizadora y del imperialismo, ha obligado a Rico a jugar el juego del parlamentarismo. En lo que se refiere a Fernández Meijide, sus ilusiones democráticas (nuevamente desmentidas) revelan a un personaje “incorregible”, que no ha aprendido de ninguna de sus desilusiones anteriores, ni de cuando actuaba en la Asamblea Permanente de los derechos humanos bajo la batuta del indultador Alfonsín, ni de cuando merodeaba en torno al PI. Una tenacidad semejante sólo prueba que la ata al Estado burgués una cuestión de principios. “Amargura” o debut fallido, la diputada del Frente Grande no explica por qué éste votó la intervención a Santiago. Su artículo es una retahíla de lamentos en el que está ausente la más mínima explicación política. Se trata, en verdad, de un procedimiento clásico pero deshonesto: usar las lágrimas para el encubrimiento político. Es, sin embargo, una constante histórica que los políticos reformistas tiendan a llorar en los momentos de crisis. En la Cámara de Diputados, el “Chacho” Alvarez anunció que “acompañaba” el proyecto de intervención a Santiago, “sabiendo que ésta no es la solución definitiva ni la solución”. Pero una solución que no es definitiva es por lo menos alguna solución real; en cambio, si no es real es una estafa. Para Alvarez el rigor puede quedar de lado si se trata de intervenir una provincia y ceder a la presión unánime de la burguesía. Alvarez tiene los gajes del oficio, porque ya en otra oportunidad votó por la menemización de la Corte Suprema. Pero, curioso, él también coincidió con Rico, quien en la misma sesión declaró: “Apoyamos este proyecto de ley en general porque es el mal menor”, es decir, “una solución”, pero “no definitiva”. En esta época de “convergencias”, “pactos” y “entendimientos”, el Modin y el Frente Grande aportan su granito. El Frente Grande votó la intervención federal a los tres poderes, es decir, incluida la Legislatura, cuando apenas habían pasado un par de semanas de las elecciones del 3 de octubre y de la derrota en esos comicios del oficialismo. El Frente Grande votó la suma del poder público para Menem, Schiaretti y la gendarmería. El Frente Grande se jugó a fondo, por lo tanto, en el apoyo al régimen menemista. Fernández Meijide también se juega a fondo en este apoyo, “amargura” mediante. “El jueves 16 —dice— ha sido nuestra precaria democracia la que sufrió el estremecimiento”, en alusión al “pesar y preocupación (que) me produjeron las imágenes del asalto a la Legislatura provincial y a la sede de Tribunales”. La gesta del pueblo santiagueño, y no la intervención federal, es lo que, para la diputada, golpeó a la democracia. ¡Votando la intervención federal, Fernández Meijide y el Frente Grande salvaron, entonces, a la democracia! ¡Esta es la “solución” a la que aludía Alvarez! Es obvio que, forzada a optar, Fernández Meijide y toda la dirección del Frente Grande elegirán el camino de las intervenciones federales y nunca el campo de la rebelión popular. Pero esto significa, muy sencillamente, que no son demócratas; que no están con la soberanía del pueblo sino con el aparato represivo y coercitivo del Estado. ¡Por eso coincidieron con Rico! Guillermo Estévez Boero también votó la intervención. Pero cuando le tocó hablar dijo lo siguiente: “Resulta que ahora viene la intervención... Pero cuando se incendie el país, ¿cuál será la intervención, cuál el remedio federal? ¿Será otro ’66 u otro ’76 el remedio federal?”. Aquí esta dicho todo: cuando la explotación económica, la miseria social y la opresión política generalicen para todo el país la rebelión popular, los que votaron la intervención federal a Santiago votarán el equivalente a la intervención federal a todo el país, el estado de sitio y, oportunamente se harán a un lado para dar paso a una nueva dictadura militar. La amargura de Fernández Meijide retrata, entonces, toda la hipocresía del Frente Grande.

Si algún día, y esperemos que pronto, Zanola fuera merecidamente expulsado de la Bancaria, seguramente conseguiría laburo en forma inmediata como vendedor en los colectivos: “Señoras y señores, directamente seguimos entregando ...”. Ese es el contenido del nuevo acuerdo con los bancos oficiales. Cada banco podrá aplicarlo como quiera (no hay más convenio único); se reducen los días de vacaciones para todos los compañeros con más de quince años de antigüedad (la mayoría del personal); se habilita la contratación de personal bajo las condiciones de la ley de empleo (contratos temporarios sin aportes y sin indemnización). O para el caso de las futuras AFJP, podrán contratar bajo esa norma o por las de la Ley de Contrato de Trabajo, sustancialmente inferior al convenio bancario. Todo esto a cambio de 100 pesos de tickets y un 5% en la escala. En momentos en que se reúnen las condiciones de una crisis terminal del Plan Cavallo y su mentirosa estabilidad, Zanola entrega vacaciones y condiciones de trabajo. Mientras los “aumentos” van a ser erosionados o devorados por la inflación, las patronales se aseguran conquistas “no desgastables”. Zanola pretende haber conseguido que no se haya extendido la jornada desde las 7,30 hs. Es una chantada. La verdad es que acordaron no tratar el tema para evitar el conflicto, a sabiendas de que eso mismo la patronal lo puede alcanzar en términos de la futura Ley de Flexibilización. La lista Naranja denuncia esta nueva entregada y llama al conjunto de las corrientes de oposición a impulsar un frente único de resistencia, en primer lugar desde los bancos oficiales. La primera tarea es la denuncia de este acuerdo y la solidaridad con la lucha de los compaleros del ISSB.

En el santiagueñazo, los trabajadores no sólo invadieron las instituciones del poder político y las viviendas y negocios de algunos de los representantes más odiados de los partidos patronales de la provincia, sino que también marcaron a fuego a la jerarquía del clero, expresada en la pintada “perdoname Dios, pero el obispo es un hijo de ...”. El obispo de Santiago había declarado días antes que “Mujica (ex gobernador) era un buen cristiano”, y no había puesto reparo a la Ley Omnibus que pretendía imponer el gobierno de Lobo. Pero en el santiagueñazo también salieron a luz los sectores de base de la propia Iglesia enfrentados a la jerarquía, que llegaron a realizar una concentración frente a la Jefatura de la Policía para reclamar por la libertad de los detenidos. A la cabeza de esta concentración estaba el párroco Enrique Hisse, uno de los coordinadores de la Pastoral Social, quien señaló que “ante el abandono de la Justicia, de los propios dirigentes que se han lavado las manos, el pueblo, como mucha gente lo está expresando, ha reaccionado y ha tomado las medidas por sus propias manos, por su propia cuenta”. “Hemos escuchado la voz de la gente y creemos que ha hecho una sanción de tipo política, popular, identificó a la dirigencia que ellos creen que son los culpables. Estimo que hubo un escarmiento y es eso lo que pienso” (El Liberal, 18/12). La Iglesia no ha salido inmune del agravamiento de la crisis social en la provincia y de la agudización de la lucha de clases, se quebró el aparato regimentador de la jerarquía eclesiástica, como también ocurrió con un sector de la policía, que se incorporó a las protestas de los manifestantes, mientras el grueso decidía retroceder hacia la jefatura. Los sectores de base del clero han venido desarrollando una importante tarea de denuncia y solidaridad social en los barrios más pobres de Santiago y en los pueblos del interior, canalizando reclamos e incluso promoviendo la movilización por los mismos, llenando el vacío de las comisiones vecinales que sólo cumplen la función de apuntalar en las internas o en las elecciones a algún caudillo patronal. La necesidad de enfrentar la política de la intervención plantea la necesidad de poner en pie un frente de lucha que una a todos los sectores combativos del movimiento de los trabajadores y también a los sectores de base de la iglesia dispuesta a impulsar por medio de la lucha la defensa de las reivindicaciones populares.

El debate sobre la situación internacional diO lugar a la expresión de una elevada homogeneidad política. El informe, presentado por Juan Ferro, tomó como punto de partida el desenvolvimiento de la crisis mundial, que se manifiesta en la creciente descomposición del orden imperialista y de la tentativa de restauración capitalista en el este de Europa. Asistimos a un período de sobreproducción de mercancías y capitales, las poderosas tendencias deflacionarias y de aumento explosivo de la miseria social. La sobreproducción generalizada expresa el límite alcanzado por el propio capital en su posibilidad de valorización en las condiciones prevalecientes de explotación: esto es, en relación a la plusvalía que la burguesía mundial logra extraer del proletariado mundial. La crisis capitalista, en consecuencia, asegura un período de furiosa lucha de clases a nivel mundial. Por un lado, una lucha entre las burguesías de todos los países para evitar la desvalorización de sus propios capitales. Por otro lado, una fenomenal ofensiva contra el proletariado mundial para proceder a una violenta desvalorización de la fuerza de trabajo y para acrecentar la magnitud de la plusvalía que le sustrae. Las conquistas históricas del proletariado mundial y de las naciones oprimidas han entrado en una violenta contradicción con el proceso capitalista internacional. La crisis económica plantea una crisis de conjunto de los regímenes políticos de las potencias imperialistas, que ha comenzado a manifestarse con el hundimiento de Reagan, Bush y la Thatcher y de los “partidos-estado” en Japón e Italia. De conjunto, al frente de estos regímenes, en todos los países se encuentran gobiernos débiles, sometidos a crisis políticas recurrentes y violentas. La burguesía se esfuerza en estas condiciones por limitar la polarización política, de ahí su resistencia a dar vía libre al fascismo y de procurar mantener los procesos democratizantes (Italia, Brasil). Un segundo elemento central de la situación mundial remarcado por el VIº Congreso es el agotamiento de los regímenes burocráticos de Europa del este como vehículos de la restauración capitalista, en especial en la ex-URSS. Esto demuestra que el derrumbe de los regímenes stalinistas, del muro de Berlín y la desintegración de la “federación” soviética son episodios políticos de alcance revolucionario. El VIº Congreso ha verificado el acierto de la caracterización de Rusia (y los Estados nacidos de la disolución de la ex URSS) como un “Estado obrero en disolución”, esto como consecuencia del desmantelamiento del monopolio del comercio exterior, la liquidación de la planificación estatal y el comienzo de la privatización de los medios de producción. El Estado no protege la propiedad estatizada sino el desarrollo de la propiedad privada. La política de la burocracia de liquidar las bases sociales del Estado obrero abre paso a un conjunto de relaciones sociales de transición al capitalismo. Estas relaciones sociales pro-capitalistas (intercambio “privado” entre empresas “independientes” o privadas, libre acceso al mercado mundial, acaparamiento de divisas, asociación al capital imperialista) acompañan a la privatización masiva y le sirve de base. En este cuadro, el conjunto de las empresas, aun cuando todavía no hayan sido expropiadas por un capital privado (extranjero o “nacional”), actúan como empresas que persiguen el objetivo del beneficio privado, esto en oposición a otras empresas, a los consumidores y a sus trabajadores, es decir, en oposición al conjunto de la sociedad. Aunque son todavía una repartición financiera del Estado, la naturaleza social de estas empresas (jurídica y económica) es ya radicalmente opuesta a las de “propiedad colectiva” creadas por la Revolución de Octubre. El golpe de Yeltsin ha buscado fortalecer el aparato estatal para asegurar el objetivo de fondo de la restauración: el despido masivo de trabajadores y la “reconversión” económica directamente vinculada al capitalismo. Junto al masivo saqueo de las riquezas naturales, la fuga de divisas, el florecimiento de las “maffias” capitalistas y la violenta pauperización de las masas, la privatización de las empresas estatales en favor, fundamentalmente, de la camarilla de gerentes y administradores, apunta en esta dirección. Pero esta tendencia debe enfrentar el límite de la resistencia de la clase obrera. El proceso de revolución política (iniciado hace cuatro décadas) y los constantes ataques que la restauración impone a las masas son un factor de rebeliones y resistencia. La crisis mundial y la sobreproducción generalizada son otro límite a la restauración capitalista. La restauración del capitalismo en los Estados Obreros podía ofrecer una “salida” a la presente crisis histórica del capitalismo porque le daría a la burguesía mundial la posibilidad de tomar el control de esas vastas naciones y de abrir fenomenales posibilidades de acumulación capitalista. Pero antes de brindarle esta “salida”, el proceso de restauración capitalista y la desintegración de la ex URSS deben producir, y están produciendo, un enorme descalabro económico en los mercados mundiales. Las repúblicas de la ex URSS, que salen a un mercado mundial ya sobresaturado a vender sus productos a precios de remate, han desplomado los precios de renglones enteros de la producción mundial. Así, el derrumbe de los regímenes burocráticos no sólo es un factor político de la crisis mundial —al desaparecer un gendarme que no ha encontrado reemplazante— sino también un factor económico de la crisis, al potenciar la tendencia a la deflación mundial que amenaza con mandar a la quiebra a sectores enteros del gran capital. Pero este potencial deflacionario de la restauración del capitalismo en Rusia será todavía más destructivo cuando la industria se vea obligada a “reestructurarse”, es decir, a salvarse emprendiendo una lucha a muerte con la competencia nacional e internacional.Se plantea, en consecuencia, un proceso de destrucción de fuerzas productivas tan enorme que no podrá menos que conmover los cimientos del orden social, en Rusia y en todo el mundo, algo que viene a confirmar la potencialidad revolucionaria del hundimiento de los regímenes burocráticos. La restauración del capitalismo no está definitivamente asentada en la ex URSS por la tendencia a las crisis revolucionarias que deberá desatar a cada paso. El Congreso del PO discutió en especial la seguidilla de huelgas, luchas y manifestaciones que se sucedieron todo este año en Europa, y que constituyen el cambio más significativo de la situación mundial en los últimos dieciocho meses. La caracterización del PO de que “la caída del muro de Berlín fue un acontencimiento de la revolución europea” le permitió pronosticar también este reanimamiento del proletariado europeo de conjunto, en el este y en el oeste. El movimiento obrero europeo aún no ha entrado realmente en la escena política; las huelgas y manifestaciones constituyen un valla decisiva a las pretensiones de la burguesía mundial de desvalorizar la fuerza de trabajo y también un enorme factor de crisis política (como lo demostró la victoria de Air France), pero la clase obrera sigue aún a los enemigos de sus enemigos —la socialdemocracia y la izquierda democratizante en general. El informe político remarcó, sin embargo, los componentes antiburocráticos que se han desarrollado en estas huelgas y caracterizó que aun cuando, de conjunto, la burocracia sindical domina la escena, las limitaciones de su política de conciliación y subordinación con las patronales y el Estado obligará a lo más activo de las masas a un nuevo esfuerzo de superación política. El reanimamiento de un proletariado con la tradición histórica y el peso social del europeo repercute sobre los proletariados de todo el mundo, en particular en la ex URSS y en Estados Unidos. Finalmente, refiriéndose a América Latina, el informe caracterizó que el nivel de miseria ha llegado a un punto inimaginable hasta hace poco tiempo; que la riqueza se ha concentrado como nunca antes y el continente se ha convertido en una completa colonia por el peso que ha adquirido el capital extranjero y por el monopolio que ha conquistado en sus sectores estratégicos. La descomposición política de los regímenes capitalistas en América Latina ha sido patente: los gobiernos electos fracasaron casi todos en su gestión. Otra prueba adicional de esta descomposición lo constituye el progreso electoral de los partidos de la izquierda democratizante, que en breve pueden verse obligados a asumir el gobierno –una posibilidad que los ha hecho más abiertamente proimperialistas (Tabaré Vázquez, PT de Brasil, FMLN, FSLN, Bolivia Libre, PS chileno). Se trata de partidos en crisis, fracturados internamente y sobre todo débiles: la desaparición del stalinismo como fuerza contrarrevolucionaria, internacionalmente estructurada y subordinada a la burocracia moscovita constituye una limitación decisiva del poder contrarrevo-lucionario de estos “frentes populares”. El informe político también destacó que se ha ido desarrollando en nuestro continente una tendencia de lucha de las masas que ha tenido expresiones importantísimas (las rebeliones venezolanas, las movilizaciones contra Collor y huelgas de enorme repercusión como la del Sunca del Uruguay). De conjunto, el agotamiento de los regímenes políticos y sus crisis recurrentes, la polarización social, la colonización imperialista y los ininterrumpidos movimientos de las masas, plantean para América Latina la tendencia a la fractura política de los partidos que monopolizan a las masas —de enormes posibilidades de intervención para la propaganda, la agitación y la organización revolucionarias—, y a la emergencia de situaciones revolucionarias. El conjunto de las intervenciones que se refirieron a los temas planteados en el informe político reafirmó, profundizó y clarificó estas caracterizaciones centrales. El informe sobre la situación internacional fue aprobado por unanimidad.

1. La causa fundamental del pacto Menem-Alfonsín y la razón decisiva que ha permitido imponerlo en el Congreso, entre los diferentes aparatos del Estado y en la burguesía tomada en su conjunto (es decir, por encima de sus contradicciones), es que permitiría resolver la crisis planteada en torno a la sucesión presidencial de 1995 mediante un mecanismo de arbitraje político. El pacto ofrece una salida a la contradicción que existe entre la prohibición constitucional de la reelección presidencial y el reforzamiento alcanzado por la camarilla menemista como representante de los círculos privatizadores y de los capitanes de la industria y como garantía del cumplimiento de los acuerdos internacionales de los últimos cuatro años. El sistema electoral de doble vuelta, la incorporación de un tercer senador por la minoría, la ampliación del período de sesiones del Congreso, etc., constituyen, junto con los repartos de prebendas de gobierno entre las camarillas alfonsinista y menemista, las garantías generales y recíprocas que permitirían arbitrar la sucesión presidencial, como contrapeso al poder de corruptela del presidente de turno. Sin embargo, el factor más general que explica la emergencia de este pacto es la extrema fragilidad económica que ha creado el plan Cavallo al llevar la dependencia financiera nacional a un nivel sin precedentes en la historia del país. La inevitabilidad de los estallidos financieros, como el que ya ocurriera con la “corrida cambiaria” de noviembre de 1992; o el que pudiera producir un colapso de las privatizaciones, como en el caso de Aerolíneas; o el que amenaza con crear el derrumbe financiero de las provincias (con consecuencias del tipo del Santiagueñazo); esta inevitabilidad acrecienta la dependencia del conjunto de los poderes del Estado respecto al Ejecutivo, concretamente encarnada en la camarilla menemista, y con ello la dependencia del conjunto de la burguesía respecto de la sucesión presidencial. El pacto debería “liberar a la burguesía de las preocupaciones políticas” que objetivamente le crea esta sucesión. El pacto constituye una alternativa a la tentativa aventurera bonapartista representada por el llamado a plebiscito, y ofrece una suerte de régimen bonapartista asentado conflictivamente en un pacto político. En ausencia de una perspectiva de prolongada estabilización económica, sin embargo, el pacto deberá convertirse (crisis mediante), en un corto episodio en la tendencia al bonapartismo personal (fujimorización incluida) o a una crisis de alcances generales y, eventualmente, revolucionarios. Por el mismo motivo, el pacto no inaugura o consolida un llamado “régimen bi-partidista”, lo que se comprueba empíricamente en el enorme debilitamiento de los aparatos justicialista y radical y de sus respectivos bloques parlamentarios, en beneficio de las camarillas pactistas. 2. El pacto Menem-Alfonsín no constituye un acuerdo de carácter constitucional, ya que no comporta un planteo de cambio del régimen social o político del país, sino de reforzamiento de las características despóticas del régimen ya vigente, con la salvedad de que incluso este planteo aun no ha salido del papel y de que está lejos de inscribirse en la realidad. El carácter de un régimen político es determinado por los resultados de la lucha de clases y no por las elucubraciones doctrinarias. El pacto es una tentativa de solución a una crisis política potencial, pero de manera alguna constituye la solución de esa crisis. El pacto no plantea, entonces, una cuestión constitucional, ya que ratifica la Constitución vigente e incluso pretende legitimar las violaciones que ésta ha venido sufriendo. Los gobiernos radical y peronista fueron una constatación práctica, con sus repetidos decretos de necesidad y urgencia y con sus reglamentaciones reñidas con las leyes vigentes, de que la burguesía no puede gobernar ya con arreglo a su propia constitución o aun de su propia ley. El pacto no tiene la intención de modificar esta tendencia; el sólo hecho de que establezca el tenor de las reformas que deben introducirse (y que deberán hacerse en bloque), constituye una violación flagrante de la constitución vigente, que otorga esa facultad a la Convención Reformadora. El hecho de que haya sido el alfonsinismo, y no el menemismo, el que haya reclamado este procedimiento antidemocrático e inconstitucional, desenmascara su papel absolutamente reaccionario en esta reforma constitucional que decía rechazar. El pacto y la declaración de necesidad de la reforma que ha resultado de él, no tiene, por lo tanto, ningún carácter constitucional, es decir, no plantea la discusión de una nueva representación política. Es necesario romper el velo constitucional con que se lo quiere enmascarar. La burguesía (“adecuadamente” representada) no tiene planteada ninguna cuestión constitucional y menos aún la tienen el proletariado o las masas, para quienes se plantea no el tema de la representación política sino de la transformación social, y cuyas apremiantes reivindicaciones sólo pueden imponerse mediante una implacable lucha de clases. La cuestión constitucional está históricamente superada y no ha sido revivida por ninguna circunstancia política especial, y menos luego de diez años de una nueva experiencia democrática, que ha desgastado (cuando no agotado) las ilusiones de las masas en las posibilidades de la representación, es decir de la democracia política. El Santiagueñazo ha puesto de relieve por dónde transitan las preocupaciones de las masas, así como las tareas que tienen objetivamente planteadas, a saber acabar con el gobierno Menem-Cavallo. O las masas son entrampadas en la Constituyente reaccionaria o las masas descubren el carácter reaccionario de la Constituyente, y con ello que la solución de sus problemas no pasa por la vía constitucional sino por la expulsión del gobierno Menem-Cavallo. 3. Por el gobierno que la convoca; por los intereses sociales que la impulsan; por el objetivo que persigue; por los métodos para su selección; por el Estado que la cobija y protege; la Convención encargada de reformar parcialmente la Constitución tiene un carácter reaccionario; es decir, contra las conquistas democráticas de los explotados. Se trata de todo un síntoma del período político por el cual atravesamos, esto porque históricamente la cuestión constitucional, es decir la reivindicación de la representación en el Estado (o del Estado representativo), ha sido una bandera democrática. En su política ante la Convención, la izquierda debe partir de la caracterización de ésta, lo que no se limita a señalar los procedimientos anti-democráticos de su convocatoria. Así como es necesario romper el velo constitucional con el que se quiere encubrir el pacto, también es necesario disipar la ilusión de que una Convención reformadora o constituyente puede ser soberana con relación al poder que la convoca. Semejante pretensión equivale a ignorar que no es el sufragio sino el monopolio de los medios de producción y de la violencia la base del poder del Estado. Una Constituyente es soberana sólo cuando expropia los medios de poder al gobierno de turno y puede imponer sus decisiones, no en el papel, sino en la vida social. Esto significa que Constituyente soberana es sinónimo de constituyente revolucionaria, es decir convocada por un gobierno revolucionario. Pretender que la Convención menemo-alfonsinista, o una variante centroizquierdista de ésta, se convierte en soberana porque ella así lo declare, significa hacerse cómplice del engaño constitucional que han armado la burguesía y el imperialismo. Aun más pérfido es pretender que una Convención es soberana cuando está facultada para reformar la Constitución según su voluntad, porque oculta la impotencia de cualquier papel escrito frente al poder de turno, procediendo al peor desarme político de las masas explotadas. En el período de los Santiagueñazos, semejante engaño es un crimen. Frente a los condicionamientos, incluso inconstitucionales, que tiene impuesta la Convención menemo-alfonsinista, la izquierda no puede levantar la reivindicación en abstracto del libre debate o de la soberanía de semejante Convención, sino el derecho de los explotados a plantear sus reivindicaciones y desarrollar ese derecho mediante una campaña por esas reivindicaciones, dirigida no sólo a la Convención sino principalmente al gobierno. A los explotados les interesa la satisfacción de sus reclamos y no la libertad en abstracto de una Convención regimentada por sus propios impulsores. Proclamamos, no la soberanía de la Constituyente reaccionaria, sino la soberanía de las reivindicaciones de los explotados contra la Constituyente reaccionaria y, principalmente, contra el gobierno antiobrero de Menem-Cavallo. Nuestra política es contraponer las reivindicaciones sociales y políticas de las masas contra la burguesía y sus instituciones, incluida la Constituyente, y fundamentalmente el gobierno. 4. Las reformas que pretende introducir el pacto Menem-Alfonsín son completamente reaccionarias, como lo revela la propuesta de la reelección del gobierno de turno y la reelección en general; el reconocimiento de los decretos de necesidad y urgencia y la posibilidad de la promulgación parcial de las leyes por parte del poder ejecutivo; el sistema de doble vuelta electoral; la abolición del federalismo por un sistema de regiones. Como entre los decretos de necesidad y urgencia el que más posee ese carácter es el relativo al estado de sitio, se puede afirmar que la reforma menemo-alfonsiniana pretende consagrar un régimen de estado de sitio. La circunstancia de que el Congreso haya votado esta reforma en forma taxativa (en lugar de proceder a declarar simplemente la necesidad de la reforma) y de que el pacto determine que deba ser votada en bloque, convierte a la futura Convención en una oficina de registro del pacto y a las elecciones constitucionales en un plebiscito por el Sí o No. Por último, el pacto ratifica la Constitución vigente. Pero frente al pacto Menem-Alfonsín, el planteo del Frente Grande es, si cabe, más reaccionario aún. En primer lugar, claro, porque parte de la Constitución actual, para “buscar el perfeccionamiento de las instituciones existentes y la introducción de otras de prestigio mundial…” (Proyecto del FG). El FG no podía ser más claro en su filiación ideológica pro-imperialista; pero además conserva las peores de las “instituciones vigentes”, como el estado de sitio, a pesar de que éste ha sido cuestionado por una larga lista de constitucionalistas liberales, entre ellos Alfredo Palacios. La propuesta del FG supera al engendro pactista cuando reclama la “Incorporación con jerarquía constitucional de los Tratados de Derechos Humanos (Convención Americana de San José de Costa Rica, Pacto Internacional sobre derechos económicos, sociales y culturales, y el Pacto internacional sobre derechos civiles y políticos)”. Esta reivindicación no sólo coloca al Estado argentino bajo la jurisdicción de la “Corte Internacional de Derechos Humanos” de la OEA, es decir del imperialismo, sino que proscribe el derecho al aborto, ya que el artículo 4 de la Convención protege la vida “a partir del momento de la concepción” (sin embargo, el FG no vacila en afirmar que lucha por la “igualdad de la mujer”); establece la enseñanza religiosa, incluso en las escuelas del Estado (artículo 12, inc. 4); cercena la libertad de pensamiento y de expresión (art. 13, inc. 2 b) cuando “sea necesario asegurar… la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas”; reprime la lucha socialista de los trabajadores (inc. 5) al prohibir “toda propaganda en favor” de “cualquier otra acción ilegal similar (al “odio nacional, racial o religioso”) contra cualquier persona o grupo de personas (es decir la burguesía o el imperialismo); reprime la “libertad de asociación…”, cuando está en interés de la seguridad nacional, la seguridad o el orden públicos, o para proteger la salud o moral públicas o los derechos y libertades de los demás” (art. 16 inc. 3) y autoriza “la privación del ejercicio del derecho de asociación a los miembros de las fuerzas armadas y de la policía”; defiende el principio reaccionario de “la familia (como) elemento natural y fundamental de la sociedad” (art. 17), que sirve para impedir la socialización de la educación y la crianza y para justificar la dictadura del hombre y de los padres; afirma el “derecho a la propiedad privada” de los medios de producción (y de los títulos de la deuda externa, claro) (art. 21). La propuesta del FG es, entonces: 1. proimperialista, porque somete la soberanía nacional a la OEA; 2. clerical; 3. antidemocrática; 4. opresora de la mujer; 5. represiva. En el punto d) de su propuesta, el FG otorga al Poder Ejecutivo la prerrogativa de intervenir las provincias; impulsa el ballotage. El FG asegura que defiende la soberanía de la Asamblea Constituyente, a la que sólo ve “maniatada… por un pacto (Menem-Alfonsín) que margina a la sociedad”. Pero la soberanía de la Constituyente está “maniatada” también por los poderes de turno, es decir el Estado y por la Constitución vigente, que otorga al Congreso la facultad de delimitar la soberanía de la Convención. El FG no denuncia estas “marginaciones”, lo cual convierte a su planteo pro-imperialista y clerical en satélite del pacto menemo-alfonsinista. 5. En función de las fuerzas en presencia, el Partido Obrero plantea formar un frente de izquierda para participar en la Constituyente reaccionaria. El objetivo de esta participación es desenmascarar el carácter reaccionario de la Convención y de las propuestas reformistas en boga y llamar a las masas a luchar por sus reivindicaciones, mediante la lucha, la organización independiente y la acción. En oposición a la Constituyente trucha y reaccionaria, planteamos una Convención deliberativa y ejecutiva de trabajadores, liderada por la clase obrera (dictadura del proletariado). A la cuestión de la agotada representación política que plantea la democracia, oponemos el gobierno directo de las masas, el armamento de los trabajadores, la unión internacional del proletariado. El Santiagueñazo y las movilizaciones provinciales; el nuevo período de crisis que enfrenta el plan Cavallo; la crisis política que ha desatado el Santiagueñazo, con la renuncia de Enrique Rodríguez y el choque con la burocracia de la CGT; las crisis de Cavallo con varios gobiernos provinciales; las maniobras de la Iglesia para introducir sus reclamos en la Constitución; las crisis internas en el radicalismo y en el justicialismo; todo esto puede ofrecer un marco de convulsión política y social a la futura Convención y a las elecciones que la deben preceder. El Frente de Izquierda debe explotar a fondo esta crisis para denunciar al régimen y al gobierno y para agitar entre los trabajadores, no la vía constitucional, sino la de organización independiente y la lucha. La consigna norte en este aspecto debe ser: Fuera Menem-Cavallo. La táctica fundamental frente al centroizquierda en general y al FG en particular debe ser la más clara delimitación política, ya que a través de ella se podrá atraer al campo de la izquierda que lucha, combativa, socialista a los mejores elementos de ese aglomeramiento bastardo. Toda tendencia al compromiso con el FG, en especial en este terreno constitucional, y en especial luego de haber votado la intervención, es decir la represión contra Santiago del Estero, es simplemente un factor de desmoralización de los luchadores de izquierda que se cobijan en sus filas. El Frente de Izquierda debe intervenir en la campaña que abre la constituyente reaccionaria con una plataforma de reivindicaciones, para la cual el PO propone la acordada dentro del Frente de Izquierda y los Trabajadores. Intervenimos en el parlamento constitucional, como en cualquier parlamento, para señalar a las masas que tienen ilusiones en el parlamento y que sufren sus consecuencias, no el camino cerrado del parlamentarismo, sino el de la organización y acción revolucionarias. 27 de diciembre de 1993

El Congreso abrió y dejó flotando en el aire el polémico debate de la liberación femenina, su participación en el poder, los encuentros, la situación de la mujer en la lucha de clases, etc. El problema más latente y que, sin duda, dejó mayores deseos de ser debatido, es el que tiene que ver con la participación de la mujer en las estructuras del poder, ya sea político, partidario y aun laboral. Una cuestión aún no resuelta, la constituye el tema del cupo. Me queda una duda, la resistencia a aceptar (por parte de los varones y aun también de las mujeres) la necesidad lógica y práctica de que en todas las instancias del partido exista una o más mujeres (Comité nacional, ejecutivo o regional). ¿Realmente tiene que ver con un rechazo a un supuesto “paternalismo”? (O está escondiendo que en la realidad el prejuicio sobre la mujer subyace, se esconde, haciendo una concesión a algunas mujeres? En la práctica cotidiana del partido (y de toda la vida actual) las mujeres están practicando con absoluta soltura y capacidad, ocupando un lugar de hecho, sin que para ello haya mediado decreto presidencial alguno. Esta no es una práctica generalizada, es cierto, pero no es menor ni despreciable. Es más, es una práctica en ascenso, y de este hecho, se deduce algo tan importante y necesario como la regimentación y digitación del fenómeno. Sobre los Encuentros de la Mujer Este es un tema que planteó debates sumamente interesantes de analizar. El carácter de los encuentros tiene que ver, sin duda alguna, con esta necesidad objetiva que tiene la burguesía de regimentar y digitar cualquier intento de romper con las estructuras que durante siglos les permitió dominar la escena, tal como lo hicieron. El viejo refrán: “sigue la ruta del dinero y sabras el origen de las guerras”, viene bien para ilustrar este tema. La compañera Lucía Ferreyra nos acerca datos de gran utilidad en su carta al Correo de Lectores de PO Nº 408, cuando dice: “... nace del primer grupo de mujeres que asiste al FORO INTERNACIONAL DE MUJERES realizado en NAIROBI, KENIA (AFRICA) —en 1985, que tiene lugar paralelamente a la CONFERENCIA MUNDIAL PARA EL EXAMEN Y EVALUACION DE LOS LOGROS DEL FIN DEL DECENIO PARA LA MUJER (decenio instituido por las NACIONES UNIDAS en la CONFERENCIA MUNDIAL DEL AÑO INTERNACIONAL DE LA MUJER...)... de esto no se deduce necesariamente que las mujeres están haciendo el juego al imperialismo”. Sin duda, es el imperialismo el que quiere hacerle el juego a la mujeres para digitarlas como más le convenga a él, teniendo en cuenta las aspiraciones, ilusiones y reivindiaciones más profundas de esta clase oprimida, que pugna por liberarse y que aún no encontro el norte. El segundo dato que nos hace llegar la compañera Lucía es el del financiamiento (el actual, el inicial es, sin dudas, las Naciones Unidas). Lucía dice: “el criterio es el autofinanciamiento, lo que significa pedir a todo el mundo, sin ninguna condición o compromiso...” y hace alusión a los 21.000 pesos de Palito, a los 5.000 pesos de OCCI (organización eclesiástica internacional) y otros aportes de la Caja Popular, Credicoop, sindicatos, etc. ¿Quién puede creer que Palito, o la Iglesia, o los banqueros hagan aportes desinteresados, sin condicionamientos? El origen del dinero le quita la autonomía a estos encuentros, pone como condición la despolitización del mismo al no permitir “que en las marchas se desplieguen carteles partidarios para evitar que las mujeres independientes se crean utilizadas...” (ídem), pero... ¿no se sintieron utilizadas cuando fueron a aplaudir a Palito?... ¿no se sienten utilizadas cuando se enteran que la Iglesia, la misma que prohibe el aborto y el control de la natalidad, la que intenta digitar la vida sexual de la mujer, la que impone leyes oscurantistas a través de las constituciones de los países que maneja, es la que financia (con sus socios capitalistas) la “liberación femenina”?. ¿No es esto un eufemismo?. Las mujeres, sobre todo las mujeres trabajadoras, no tenemos que llamarnos a engaños. Los organismos que organizaron y financiaron los encuentros (porque no son autoconvocados ni autofinanciados, los convoca y los financia el CAPITALISMO...) sólo quieren ponerle la “faja a la gorda” frente al hecho concreto, objetivo y práctico del deseo creciente y de la posibilidad real que tiene hoy la mujer de romper las cadenas que el capitalismo y la iglesia le ató a la familia y por ende, al atraso y la opresión. El debate sobre la mujer trabajadora El otro debate instalado en torno a la mujer, es el hecho de caracterizar a la mujer en su totalidad como oprimida, diciendo que también es oprimida la mujer burguesa. Es cierto, también es oprimida, pero por conveniencias de su clase. No sobrelleva la opresión de la misma forma que la mujer trabajadora. El tema es: para un partido revolucionario, ¿cual sería la prioridad?. A mi modo de ver, la única prioridad es la clase trabajadora con todas las subclases que de ella se puedan inferir, y en esto que nos preocupa, LA MUJER TRABAJADORA Y UN PROGRAMA DE REIVINDICACIONES QUE LA PONGAN EN EL TERRENO DE LA LUCHA DE CLASES. La mujer trabajadora (sea ella la que trabaja como asalariada, o su compañero, o ambos) es la que se enfrenta a los bajos salarios, a la falta de servicios para aliviarla de las tareas domésticas y poder encarar otra actividad fuera del hogar, a la falta de oportunidades para capacitarse y acceder a puestos laborales, culturales o políticos de mayor envergadura, etc. Hoy asistimos a un ataque a los derechos laborales especiales a los que había accedido tras largas luchas (largas y sangrientas luchas de clases). Los ejemplos concretos abundan: Falta de guarderías o cierres de las mimas, trabajo en negro y la consiguiente pérdida de licencia por maternidad, menores salarios que el varón, etc. A esto se agrega la situación legal de prohibir el aborto, o la entrega gratuita de anticonceptivos (colocación de diu, u otros dispositivos), con lo que la condenan a tener hijos no deseados, verse atada a la atención de familias numerosas, empobrecidas aún más por esta situación, y totalmente dependiente del varón... o lo que es peor, arrojada a la calle a prostituirse para asegurar un plato de comida a los hijos. Capitalismo e iglesia son socios de este ataque a la mujer (justamente los que financian su “liberación” a través de “encuentros internacionales”). La liberación sexual de la mujer implica que esta se pone en igual condición que el varón para planificar su vida (y acceder por consiguiente al poder), manejando según su criterio la necesidad o no de procrear. Estos pequeños elementos o derechos (aborto, anticonceptivos, etc.) la hacen dar un paso hacia una liberación de carácter más amplio, a romper con temores atávicos, y plantearse la necesidad objetiva de la liberación intelectual y económica del varón. Es por esta razón, y no por otra, que la iglesia se opone tenazmente al aborto legal (¡pero le hace la vista gorda al clandestino!) y que los capitalistas están embarcados con la iglesia en el mismo bote. La mujer oprimida es débil y temerosa, dependiente y formará hijos débiles, temerosos y dependientes, y muchos; muchos hambrientos... Que mejor panorama para aquellos que desean mano de obra barata, esclavos sumisos, renovables y descartables. Estas razones son más que suficientes para que el partido revolucionario encare un programa de lucha como arma para la mujer trabajadora: - Derecho al aborto y la prohibición de elementos gratuitos y de calidad para el control de la natalidad por parte del Estado. – Educación sexual en las escuelas del Estado, sin ingerencia de la Iglesia. - Derecho a la licencia por maternidad, día femenino, hora de amamantamiento, guarderías estatales gratuitas y colonias de vacaciones estatales para los hijos de la mujer trabajadora y la mujer estudiante. - Educación estatal, gratuita, laica y única desde la lactancia hasta la universidad, para que puedan acceder a ella la mujer trabajadora y sus hijos. - Igual salario que el varón. Cobro de cargas familiares, aun cuando el compañero las cobre. Igual jubilación. Derecho a la pensión de la concubina. - Derecho al divorcio al solo pedido de una de las partes. - Derecho de la mujer golpeada de retirarse de su casa con sus hijos, y protección estatal por medio de subsidios y casa, al igual que la madre.

Los principales bloques políticos que se enfrentarán con motivo de la próxima Convención Constituyente ya están debidamente formados. Entre ellos está ausente, sin embargo, el Frente de Izquierda y, más específicamente, el Fit, esto a pesar de que ocupó el quinto lugar en las elecciones del 3 de octubre pasado en la Provincia de Buenos Aires. Pero la falta de un frente de izquierda significa que no se postula como una alternativa política, toda vez que la próxima Asamblea Constitucional (más allá de su carácter distraccionista) será el escenario donde habrán de chocar las distintas alternativas de poder de cara a la opinión pública, la ciudadanía y los trabajadores. Se repite, aunque en forma agravada, lo sucedido a mediados del año pasado, cuando la formación de un Frente de Izquierda fue demorada hasta el último momento, otorgando con ello una ventaja inapreciable a sus rivales. Esto significa, en aquella oportunidad como ahora, una definida tendencia contra la formación de un frente independiente respecto a la burguesía y sus partidos. Que esto vuelva a ocurrir luego de la formación del Fit y cuando el Frente Grande dio una demostración prematura de su carácter reaccionario al votar la intervención de Menem-Cavallo contra Santiago del Estero, delata una tendencia a la disolución de la izquierda en el campo patronal o al sectarismo —lo que equivale a lo mismo. El Partido Obrero viene insistiendo desde hace dos meses en la necesidad de formar un frente de izquierda para intervenir en la Constituyente reaccionaria. En oportunidad de la firma del“pacto podrido” planteamos que la única respuesta consecuente a este intento de regimentación política era la formación de un frente de izquierda. Desde hace varios meses estamos empeñados en una discusión sobre la Constituyente, dentro de la izquierda, que tiene el propósito de homogeneizar las posiciones de ésta y de delimitar con claridad las divergencias. ¿Cuál es entonces la razón de la desaparición política de la izquierda como frente? Aunque la responsabilidad puede distribuirse generosamente entre diversas organizaciones, la principal le cabe al Mst, esto porque es integrante del Fit y ha rechazado hasta ahora todas las propuestas para que éste intervenga públicamente frente a la Constituyente. Los dirigentes del Mst han justificado su conducta en la necesidad de “agotar la experiencia con el Frente Grande"”, al cual no se debería despreciar—dicen— en razón de la expectativa de que pueda tener un mayor progreso electoral. ¿Pero esto significa que el Mst está asumiendo su responsabilidad en la hibernación (liquidación) del Fit, o que la está encubriendo? “¡Concretemos el frente!”... Grande Si se tratara de “agotar la experiencia" con el Frente Grande, esto podría hacerse desde el Fit y no en contra de él. Bastaría con proponerle al FG la discusión de un programa y criticar, desde el punto de vista del Fit, el que el Frente Grande plantea. Pero oponer la intervención del Fit a la llamada necesidad de “agotar la experiencia” con el Frente Grande, es simplemente plantear la disolución del Fit para ingresar en el Frente Grande. Es en efecto lo que ha hecho el Mst. En un artículo (Semanario Socialista, nº 76) plantea: “En las últimas elecciones el Fit ... fue un paso positivo ... Hoy es preciso avanzar y ampliar esa unidad. Para eso nos hemos dirigido al Frente Grande proponiéndole un programa”. ¿Se puede llamar a esto un planteo para “agotar la experiencia” con el Frente Grande? Este es el planteo con el que el partido comunista justificó hace tres años su participación en el Frente del Sur y luego en el Frente Grande. La necesidad de “ampliar la unidad” con independencia del contenido político de la unidad, es el planteo del partido comunista y equivale al seguidismo a la pequeña burguesía democratizante y bastante derechizada. Es cierto que el Mst le “propone” al Frente Grande “un programa”, pero no condiciona de modo alguno la “unidad” al acuerdo sobre el programa. Por eso, aún antes de discutirlo, o incluso antes de que el Frente Grande pudiera enterarse del contenido de su artículo, el articulista del Mst concluye: “No perdamos más tiempo. ¡Concretemos el frente!” (cursiva nuestra). Esto fue escrito apenas 24 horas antes de que el Frente Grande votara la intervención a Santiago del Estero. En otro artículo del mismo periódico, el Mst afirma que “vemos con preocupación estos pasos dados por el FG” —en referencia a que en su Encuentro Nacional el FG “no tomó ninguna definición sobre temas fundamentales como la deuda externa, las privatizaciones, el sometimiento del país al imperialismo o el indulto a los genocidas”. Pero esta “preocupación” del Mst, por valorable que pueda ser considerada, constituye un gigantesco paso atrás respecto a la denuncia que hiciera desde el Fit, de que el Frente Grande defendía el pago de la deuda y las privatizaciones, por ejemplo, y que ponía bajo sordina la cuestión de los genocidas. Lo único que puede “preocupar” aquí es la ambigüedad que ha pasado a tener el Mst respecto al Frente Grande, a medida que éste ha crecido en votos pero también en derechización. El Frente Grande, compañeros, ya ha superado el estadio de la “preocupación". “Reforma constitucional alternativa” El Mst tiene en común con el Frente Grande la ilusión constitucionalista, que consiste en creer que los países se pueden “reorganizar de arriba a abajo" por medio de una reforma de la Constitución. En este aspecto, los une, no la alegada necesidad del Mst de “agotar la experiencia”, sino los principios. Para los revolucionarios, por el contrario, la intervención en una Asamblea Constituyente, como en el parlamento en general, debe tener el objetivo de movilizar a las masas para la lucha práctica y directa por el poder. Al plantear una “reforma constitucional alternativa" (Semanario Socialista, nº 75), el Mst delata un acuerdo estratégico con el centroizquierdismo en general. Pero la “reforma alternativa” del Frente Grande es de neto cuño imperialista, porque plantea la inscripción en la Constitución del tratado de derechos humanos de San José de Costa Rica, que establece la educación privada y religiosa (incluso en las escuelas del Estado); la prohibición del derecho al aborto; la inviolabilidad de la propiedad privada; la defensa del orden y de la moral públicas; el derecho de intervención “democrática” del imperialismo. Según el Chacho Alvarez, el otorgamiento de jerarquía constitucional al tratado de San José de Costa Rica nos pondría a la altura de las naciones modernas. El Mst, en su profusa apelación al Frente Grande, nunca ha denunciado este planteamiento del Frente Grande, que coloca a éste a la derecha de Durañona y Vedia y Adelina de Viola. La razón de esta carencia es comprensible: agotaría la experiencia con el Frente Grande. En lugar de denunciar este crimen de lesa soberanía, el Mst prefiere destacar su coincidencia con el Frente Grande para que la Constituyente sea soberana. Pero con ello el Mst no alude a que las resoluciones de la Constituyente tengan un carácter imperativo sobre las leyes y los decretos vigentes, y a que de hecho asuma la dirección política del país, sino a que pueda determinar libremente su temario. El Frente Grande no podría menos que coincidir con esta posición, para luego naturalmente divergir sobre el contenido de ese temario. Hasta el propio oficialismo está coqueteando con la soberanía de la Constituyente, aun después del “pacto podrido”, para intentar establecer la posibilidad de la reelección presidencial indefinida. El slogan de “agotar la experiencia” ha servido, como se ve, para encubrir una política de acercamiento al Frente Grande, con independencia de cualquier discusión, diferencia o acuerdo programático. Las dificultades del Mst con esta política residen, simplemente, en que el Frente Grande no tiene la consigna, al menos abiertamente, de “agotar la experiencia” con el Mst. Santiago querido “Rico y el Frente Grande votaron Sí” a la intervención a Santiago, denuncia brutalmente el Mst (22/12). El FG “optó, agrega, por el ajuste, la intervención y los gendarmes en las calles santiagueñas”. ¡Qué lo parió! ¿Significa esto que el Mst cambió? Aunque parezca mentira, no. En una reunión, el 4 de enero, el delegado del Mst respondió que no podía responder a la propuesta de Frente del PO porque aún estaban en “agotar la experiencia” con el Frente Grande. La brutalidad de las expresiones mencionadas es una cortina de humo para ocultar el rápido derrumbe de una política sin futuro. Es interesante lo que dice el periódico del Mst (22/12): “Llamamos a todos los honestos luchadores que votaron al FG ... que les exijan a sus dirigentes que expliquen su posición y que la revean: ¿Están con los santiagueños en las calles o con Schiaretti, Zavalía, Menem y Alfonsín?”. Reveladora posición. Si se trata de “explicar”, los dirigentes del FG conocen todos los trucos del oficio de “explicar” y ya lo están haciendo. Solanas votó la intervención y luego se fue a Santiago a decir que apoya a los santiagueños. En lo que se refiere a “rever” ya no hay revisión posible ... ¡es ley! El FG no tiene otra política que la intervención federal, como lo demuestra de paso el planteo de la Intersindical de La Rioja en favor de la renuncia de “los tres poderes” y elecciones en 90 días (es decir, una intervención negociada). Pero lo más sugestivo del planteo del Mst es el agotamiento de su política de “agotamiento” y el perfil reaccionario que comienza a cobrar. Hasta el Santiagueñazo, el Mst le “exigía” definiciones y pronunciamientos a la dirección del FG. Si ésta evitaba darlas o respondía con planteos derechistas, esto debía servir para “agotar la experiencia” con el FG. El Frente Grande se cuidó, “sabiamente”, de no abrir la boca, y el “agotamiento de la experiencia” quedó pagando. Ahora, el Mst no se dirige ya a los “dirigentes” sino a “todos los honestos luchadores”. ¿Qué pasa si éstos fallan en el cumplimiento de la exigencia que les hace el Mst? Pues que queda “agotada la experiencia”, no con los dirigentes, sino con los luchadores, la base, con los militantes. Esto quiere decir que el Mst se enfrenta mediante un ultimátum con la gente que debería pretender ganar. El desastre no podría ser más completo. El Frente de Izquierda es una política Los “luchadores honestos” del Frente Grande no se encuentran allí porque el Chacho votó la Corte menemista o porque el FG apoya las privatizaciones. Se encuentran ahí porque dio su solución a la cuestión de la unidad de la izquierda, para lo cual aprovechó el desbande sin principios arteramente armado por el PC y el anterior Mas. Pretender, en estas condiciones, ganar a la base del FG mediante argumentos, razonamientos o llamamientos (y para peor, muy parecidos a los que esa base repudia dentro del FG), y no ofreciendo una unidad de izquierda superior, es algo condenado al fracaso. La política para ganarle al Frente Grande es hacer el Frente de Izquierda y no mimetizarse a él. Por eso decimos que lo que el Mst llama su política para el Frente Grande encubre su tendencia a disolverse en el centro-izquierdismo y a disolver al Fit. Llamamos al Mst y a todos los partidos de izquierda a poner en pie un Frente de Izquierda.

El VIº Congreso del PO constató un creciente desarrollo de la UJS a partir de la intervención partidaria en las movilizaciones educativas: la de 1991, contra la transferencia de las escuelas en la provincia de Buenos Aires y, particularmente, la de 1992 contra la ley federal de educación. Entre los secundarios, el desarrollo de la UJS está directamente relacionado con la lucha por poner en pie centros de estudiantes y federaciones o coordinadoras de centros, que continuó aun después de la derrota de la movilización educativa. Se ha verificado así un ascenso de la UJS secundaria, fundamentalmente en el Gran Buenos Aires y Capital, no sólo de nuestras filas sino también en la conquista de puestos de dirección en las organizaciones estudiantiles. En el caso del movimiento estudiantil universitario, el Congreso caracterizó que existe un firme proceso de recomposición del activismo, expresado no sólo en las masivas movilizaciones contra la ley federal de educación, sino también en diversas luchas y movilizaciones parciales. Al calor de esta situación, surge un joven activismo de un gran potencial y belicosidad contra el gobierno y la burocracia franjista. El balance del Congreso es que allí donde la UJS universitaria intervino y acompañó esta experiencia política de los activistas, logró progresos organizativos, la apertura de nuevos frentes y responsabilidades dirigentes en aquellos donde ya venía desarrollando un trabajo previo (Humanidades de La Plata, Sicología y Sociales de la UBA, Ciencias de la Educación del Comahue, Artes de Tucumán, Sociales de Olavarría). El Congreso caracterizó que la burguesía y el gobierno están obligados a atacar a fondo la educación pública como un aspecto de su política general de salvataje del capital. La privatización de la educación —su conversión en mercancía— y la liquidación de la gratuidad de la enseñanza en todos los niveles (aranceles, contratos de servicios con empresas en la universidad; encarecimiento de las cooperadoras en las primarias y secundarias) implica una reducción directa del salario, una fracción del cual debe ser destinado a sufragar la educación de los hijos. A esto se suma que lo que quede en pie de la educación estatal pasará a sostenerse, por entero, mediante impuestos al consumo ... es decir, una confiscación directa adicional de los salarios. Se pretende así acabar con todo “gasto estatal improductivo”, es decir, aquel que no aumenta directamente la plusvalía y la explotación obrera. A la vez que crea un “mercado” para la educación privada, la destrucción de la educación pública también implica una desvalorización de la fuerza de trabajo que se forma en las escuelas y colegios, es decir, es otra forma de reducir el “costo laboral”. Se trata de un ataque estratégico, que implica el descuartizamiento de la escuela secundaria y terciaria, la eliminación directa de la gratuidad de la enseñanza universitaria estatal y su mantenimiento puramente formal en los niveles secundario y primario. Se trata de una agresión de conjunto contra las conquistas culturales de la OJO•OJO•JOJ Este ataque general de la burguesía contra la educación pública -cuyos “programas” son la ley federal de educación y el “régimen económico financiero universitario” recientemente aprobado en el Congreso- debe todavía llevarse a la práctica: aunque el gobierno ha avanzado, y mucho, en la destrucción de la educación, todavía tiene que liquidar los normales, los técnicos, los jardines de infantes, imponer a fondo la privatización universitaria. Está planteada, en consecuencia, la emergencia de grandes luchas de la “comunidad educativa” contra el gobierno en el terreno de la defensa de la educación. Esto significa que, más allá de una plataforma circunstancial y de una plataforma de reivindicaciones inmediatas, la UJS y el PO deben intervenir en base a un programa global, desenmascarando los objetivos y la finalidad del ataque capitalista a la educación pública, y ubicando la cuestión educativa como un aspecto de la lucha de clases, en oposición a la adaptación de la política pequeñoburguesa a los dictados de la burguesía y el imperialismo. El programa es el punto de partida y el contenido de una política de propaganda, de agitación, de intervención en las luchas y de desarrollo organizativo.