Prensa Obrera N° 408

Durante los días 8 y 9 de noviembre, se llevaron a cabo las elecciones del CEMUSA, en la UNC. En la misma participaron cuatro listas; Venceremos (Patria Libre), Franja Morada (UCR), IPP (Independientes “apolíticos”) y la Lista 8 Bordó (UJS, independientes). Las propuestas políticas levantadas por la Bordó: derogación de la Ley de Educación, No al arancelamiento bajo cualquier forma, impuesto progresivo a las grandes fortunas para aumentar el presupuesto educativo bajo control de docentes y estudiantes; ingreso irrestricto, fuera el limitacionista concepto de “idoneidad”, voto en la asamblea universitaria, etc.; encontraron en el estudiantado una importante recepción: el 17,3 por ciento de los votos, contra el 29,6 de Venceremos, ganador por un voto a la Franja con 29,2, y el IPP obtuvo el 23,9%, contra el esfuerzo de las otras listas de aparecer lo más “apolítico” posible. Esta votación nos ha permitido contar con un integrante en la Comisión Directiva (Tesorería) y un congresal a la FUC. Este importante paso de la Lista Bordó puede convertirse en un referente importante ante el estudiantado si seguimos en la agitación sistemática que venimos desarrollando en la UNC, y del papel que juguemos en el congreso de la FUC, junto a la Lista Naranja del CECE, para el cual hemos sacado un volante en común.

Compañeras/os del Partido Obrero: Aunque con retraso, comenzamos por saludar el artículo de la compañera Lucía aparecido en Prensa Obrera y lo apoyamos totalmente. Nos permitimos —también con retraso— hacer algunas reflexiones, especialmente a la luz del artículo de la compañera Olga de La Plata. Nos parece decididamente importante el debate abierto en el seno de la prensa del partido. La izquierda en nuestro país está, respecto a esta discusión, muy atrasada cultural y políticamente. Si tenemos en cuenta que es el movimiento feminista de los años ’60 el que, irrumpiendo con gran fuerza, logra imponer un debate en la sociedad sobre la mujer, debate del que permanecieron ajenos, cuando no hostiles, los partidos revolucionarios, con algunas excepciones, verificamos el atraso que decimos. Existe una profusa y rica bibliografía —escrita por marxistas muchas de las obras que la constituyen— que no pueden ser ignoradas. Volviendo al Encuentro de Mujeres y a lo que manifiesta la compañera Olga. No sé con quién polemiza la compañera, ya que nadie dice que el solo hecho de ser mujer nos convierte en revolucionarias. Pero observe la compañera que ninguna de las mujeres que ella menciona: Amalita Fortabat, Irma Roy, etc., estuvieron en el VIIIº Encuentro de Tucumán. Ni siquiera se animó a mostrar la punta de su pollera Evangelina Salazar. ¿Esto es casual? Las mujeres que concurren a estos Encuentros van a discutir sus problemas unidos a los problemas del país y basta leer las conclusiones de los talleres para verificar cómo se pronunciaron. Y quiero recordarle a la compañera Olga que las mujeres que concurrieron al Encuentro de Tucumán, venidas de todas las regiones del país, ya luchaban en sus lugares por los puntos que expresa en su artículo la compañera, si no no puede explicarse el entusiasmo, la serenidad, la profundidad con que se ha debatido y sobre todo la democracia, la amplitud con que lo han hecho, sacando despachos por mayoría y minoría, dando un verdadero ejemplo de cómo se debe funcionar, y las conclusiones extraídas. Por eso apoyamos totalmente lo dicho con cierta sorna por la compañera Lucía en el final de su artículo. ¿Qué es luchar contra el sistema? ¿No es luchar contra el sistema todo lo que ha pasado en este Encuentro? ¿Qué es tomar el poder? ¿Qué es construir el partido revolucionario? Puede construirse el o los partidos revolucionarios y sobre todo se puede algún día tomar el poder, porque en lo inmediato es imposible — sin la autoorganización de las/los trabajadores, sin los movimientos que se autoorganizan. Esto nos lleva a un debate mucho más profundo, que es imposible hacerlo en estas líneas. Detrás de lo dicho por la compañera Olga está la idea ortodoxa de identificar el partido con las masas y la toma del poder con el partido, y creemos que ya ha pasado mucha agua bajo el puente y sobre todo la caída de la burocracia soviética y el derrumbe del muro de Berlín para desechar definitivamente estas concepciones. Creemos que se verifica en estos Encuentros que la sociedad ha avanzado, que ya no se toleran los discursos jerárquicos y desvalorizadores, que la gente que lucha quiere respuestas a sus preocupaciones, soluciones para avanzar en una realidad concreta que no es muy halagüeña. La permanencia de estos Encuentros —ya van ocho años— y la imposibilidad hasta ahora del oficialismo de controlarlos, está expresando que a pesar de la ignorancia de los medios (ignorancia propositada), estos Encuentros se afirman y las mujeres encuentran en ellos lo que no encuentran en ninguna parte (tampoco en los partidos que se dicen revolucionarios): la posibilidad de volcar sus experiencias, de debatir espontánea y libremente los problemas que les preocupan y de reforzarse en su decisión de continuar afirmándose en las otras mujeres. Ojalá que la apertura que se está dando en el periódico se traduzca en un profundo y verdadero cambio y no solamente con respecto a la mujer, sino en relación a todos los “sujetos y movimientos sociales”. Y además, nosotras nos preguntamos, ¿si no hubiera habido el Encuentro de Mujeres de Tucumán, se habría hecho este debate en vuestras líneas? Dora Coledesky y Alicia Schejter (Agosto 1993) Esta carta fue escrita como ven hace ya algunos meses cuando leímos el artículo de la compañera Olga en las páginas de “Prensa Obrera”, pero desistimos en ese momento de eviarla a la redacción del periódico. La lectura del artículo del compañero Daniel Blanco en “Prensa Obrera” Nº 406 nos decidió a reproducirla y a agregar las siguientes reflexiones, nuevamente sobre el Encuentro de Tucumán. El artículo del compañero Blanco parte de una serie de afirmaciones que no son ciertas, y de ellas deduce evidentemente conclusiones que de esta manera resultan equivocadas. ¿De dónde sacó el compañero que se impidió en el Encuentro manifestar a qué partido u organización sindical se pertenecía? Lo que rechaza el Encuentro —por una vieja experiencia de las mujeres— es ser manipuladas por ningún partido, ni que les bajen línea, lo que nos parece totalmente correcto. Para ello no es necesario impedir nada. Espontáneamente las concurrentes aprueban o desaprueban las ideas, con su palabra, con su silencio o con su aplauso u ovación, y casualmente han rechazado todo apoyo al gobierno. Basta leer las propias publicaciones de la “Gaceta de Tucumán” para verificar lo que afirmamos. Evidentemente no quiere decir que todo haya sido magnífico. Si así fuera, si las cinco mil mujeres que estuvieron en Tucumán fueran todas revolucionarias, viviríamos en otro país y en otra situación. Pero lo que estamos obligados/as a ver nosotros/as es qué expresa este movimiento, no sus limitaciones que son las de la sociedad. Y en esto nosotras queremos transmitir nuestra propia reflexión. Cuando la gente, sea hombre o mujer, pueden expresar libremente lo que siente o lo que piensa en forma independiente, pone en marcha una fuerza incontenible, que es importante verificar y ver cómo afirmarla. El compañero Blanco no puede decir como lo hace, que todas las mujeres que allí estuvieron pertenecían a los partidos oficialistas, ¿no sabe el compañero que existen en el país muchas mujeres que luchan en sus provincias, en sus lugares y que no pertenecen a ningún partido? O sea, ¿cree el compañero que si no se pertenece al Partido Obrero u otro de izquierda, inevitablemente se pertenece a los partidos burgueses? Si fuera así, mejor nos vamos a plantar lechugas en vez de luchar por cambiar la sociedad por otra más justa, más equitativa. Si esta necesidad de cambiar la sociedad por otra más justa no existiera en cada mujer y en cada hombre que diariamente luchan en este país contra la injusticia, por defender sus derechos, contra la impunidad, y sólo existiera en la izquierda orgánica, muy pocas perspectivas de avanzar tendríamos. El Encuentro de Mujeres —a pesar de la ignorancia de los medios—, existe y tiene peso. Y en vez de desautorizarlo con calificaciones falsas, veamos objetivamente qué podemos hacer para que esa fuerza dé sus frutos sociales. Así, las compañeras se preguntaban en el taller que estuvimos (donde estuvo la compañera Dora), titulado “La Crisis Social Global”: “tenemos el diagnóstico, sabemos quiénes son los responsables de la crisis, pero no sabemos cuáles son las soluciones”. ¿El compañero Blanco cree que era posible decirles: hay que tomar el poder? Se hubieran reído o hubieran preguntado: ¿En qué forma, cómo, con qué fuerzas? Y es ahí donde debemos nosotros/as, los/las que nos decimos revolucionarios, encontrar las consignas, las formas de desenvolver las posibilidades de avanzar hacia la construcción de una sociedad más justa. En el Encuentro de Tucumán, fue acogida con gran fuerza la necesidad de una lucha de conjunto contra las leyes de flexibilización laboral. Esto salió de numerosos talleres. El derecho al aborto salió en casi todos los talleres y fue el escándalo de Tucumán, una provincia con un gran peso de la Iglesia. ¿Son o no son estos pasos hacia el cambio revolucionario? Y creo que tiene razón la compañera Lucía, hay que escuchar, también se aprende escuchando, se aprende cómo plantear nuestras propias posiciones, cómo hacer avanzar el pensamiento de conjunto. El compañero Blanco en su conclusión expresa una gran subestimación por las mujeres que concurren a estos Encuentros. Si pudiera participar en alguno de ellos se llevaría una gran sorpresa. Pero ello demuestra su incomprensión de lo que es el movimiento autónomo de mujeres y lo que es el feminismo. El hace referencia solamente a “la esclavización de las trabajadoras” y al “deterioro que están sufriendo franjas importantes de la clase media”. Y no menciona la opresión, o sea aquello que desde hace siglos se ejerce sobre nosotras, trabajadoras o no. Me recuerda la fábula de Samaniego: cuando la zorra dice “las uvas están verdes”. ¿No será que el compañero Blanco está desconcertado por la fuerza de este movimiento y como no se siente capaz de intervenir, lo descalifica? 25/11/93

La burocracia sindical se ha largado masivamente a formar Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión (AFJP), las sociedades comerciales que manejarán el negocio de la jubilación privada. La delantera la tomaron las burocracias de la UOCRA y Sanidad (FATSA), quienes anunciaron un preacuerdo con la compañía de seguros Cenit, la empresa La Serenísima y la financiera norteamericana Relliance, y esperan incorporar a un banco internacional. La UOCRA y FATSA participan de la nueva sociedad con el 50%. También la burocracia de Luz y Fuerza, Seguros, UOM, Smata, Empleados de Comercio, están armando sociedades parecidas, junto a bancos, compañías de seguros, empresas y cámaras patronales. Se rumorea que Lorenzo Miguel se asociaría a Macri de Sevel. Para autorizar la formación de esas nuevas empresas la burocracia está reformando los estatutos sindicales. Sin embargo, los sindicatos no participarían en forma directa en las AFJP sino a través de Fundaciones o sociedades comerciales paralelas. Por ejemplo, FATSA anunció la “constitución de una Fundación para la atención de los servicios sociales en general y expresamente para la administración y otorgamiento de Jubilaciones y Pensiones privadas” (Clarín, 5/11/93). ¿Por qué una Fundación especial? Porque a través de ella la burocracia espera controlar de por vida la nueva sociedad, sin verse afectada por un cambio en la conducción del sindicato. Los burócratas pretenden que los trabajadores aporten a una AFJP del sindicato, pero éste en realidad no sería más que un anzuelo: 1) Se armaría a través de una Fundación controlada por burócratas, 2) sería manejada por los bancos y operadores, 3) los sindicatos pondrían la gente y las ganancias se las embolsarían los burócratas, los bancos y las compañías de seguros. Las llamadas AFJP sindicales no son más que empresas privadas bajo el control de los banqueros. Pero hay más. Con el argumento de que se trataría de AFJP “sindicales”, los burócratas pretenden que los cuerpos de delegados las publiciten y que afilien a los trabajadores a esas AFJP. Pretenden convertir a los cuerpos de delegados en una “fuerza de ventas” gratuita, para “competir” en el “mercado de la jubilación privada”. Burócratas y banqueros se quieren “ahorrar” el pago de las suculentas comisiones de venta de este nuevo producto. Los delegados serían vendedores-esclavos de una burocracia capitalista, asociada a bancos y grupos económicos. Se calcula que las futuras AFJP pagarán a los vendedores unos 50 pesos por afiliación que obtengan, lo cual supone que los 200.000 afiliados que espera tener la AFJP de West Ocampo y Gerardo Martínez dejará de pagar comisiones a sus “vendedores” por unos 10.000.000 de pesos. Automáticamente, los delegados se convertirían en voceros de la jubilación privada, un sistema que en realidad liquida la jubilación. La jubilación privada es un “ahorro” (confiscación) forzoso del trabajador —11% del salario– que administrarán bancos y compañías de seguros, quienes, sin embargo, no se comprometen ni garantizan ninguna jubilación. Ante todo, en forma directa, se quedan con el 35% del aporte obrero, por comisión de administración de un “capital” ajeno. Un trabajador que gana 1.000 pesos, aportará todos los meses 110 pesos, pero a su cuenta jubilatoria solamente irán 75 pesos, esto porque 35 pesos serán deducidos por la AFJP para sus gastos y ganancias. Esos 75 pesos se invertirán en títulos y acciones, sin ninguna garantía de rentabilidad. Mientras el beneficio de los dueños de la AFJP está garantizado de antemano (comisiones), el fondo previsional del trabajador dependerá de la Bolsa, no tiene ningún seguro, puede desvalorizarse y recién podrá saber exactamente qué jubilación privada tendrá el mismo día que se jubile. Un estudio del Banco del Buen Ayre señala que con la deducción mensual del 30 o 35% del aporte obrero, resultará que al cabo de 20 años el fondo será inferior a lo que el trabajador haya aportado, aunque obtuviera un rendimiento del 8% anual. “En resumen, estimado lector, dice el informe del Banco del Buen Ayre, después de 20 años de ahorros, el costo del sistema le habrá absorbido un monto equivalente a los rendimientos de su capital y en los primeros años el resultado será decididamente deficitario. Y esto sin ponernos tremendistas y no considerar riesgo alguno para los ahorristas, ni caída en los rendimientos esperados, ni la existencia de fondos ociosos” (Reporte Banco del Buen Ayre). Por todo esto es que la jubilación privada es una estafa. Aunque diarios y revistas publiquen cuadros con el haber privado futuro, se trata sólo de simulaciones, porque nadie a ciencia cierta sabe qué valor tendrá en el futuro el aporte obrero. El Partido Obrero llama a los sindicatos a rechazar la jubilación privada, un sistema confiscatorio del salario y de la jubilación, y denuncia a la burocracia como comisionista de los bancos. Llama a los cuerpos de delegados a no aceptar el rol de vendedores gratuitos de burócratas y banqueros. Llama a los delegados a rechazar este sistema confiscatorio, que deroga el 82%, y que compromete el futuro jubilatorio de todos los trabajadores. El Partido Obrero plantea un sistema nacional jubilatorio en base al aporte exclusivo de los patrones, con la garantía de una jubilación equivalente al 82% del salario y administrado por obreros y jubilados.

* Por una jubilación mínima de 450 pesos. — Por el 82% móvil. — No al aumento de la edad jubilatoria. * Contra la jubilación privada. — Jubilación estatal controlada por sus legítimos dueños, los jubilados y los trabajadores. * Comisión de jubilados y trabajadores elegidos democráticamente para investigar el robo de las Cajas de Jubilación. — Embargo y cárcel a los responsables. * Por un PAMI bajo control de representantes de los jubilados elegidos democráticamente y revocables si no cumplen con los mandatos de la base. ¡Firmemos y hagamos firmar el petitorio por el aumento de las jubilaciones! ¡El miércoles todos a la Plaza Congreso! ¡Más que nunca unirse y organizarse! Convocan:Centro Independiente de Jubilados y Trabajadores de Lomas de Zamora —Santa Fe 1641, Banfield. Centro Independiente de Jubilados y Trabajadores de Fiorito —Muratore 1802, V. Fiorito.

Carlos Saúl Menem ha concretado el slogan principal de la campaña presidencial de 1989: el salariazo. Días pasados, la patronal de Aluar, con el visto bueno del Ministerio de Trabajo, y los burócratas de la UOM, pactaron una rebaja del 25% de los salarios. Como una epidemia, las patronales se anotan para concretar este “salariazo”. Es el turno ahora de la patronal de Osram. Para completarla, la Corte “trucha” declaró la constitucionalidad de un decreto que derogó un convenio colectivo de trabajo, dando piedra libre a las patronales para arrasar con lo poco que queda en los convenios. El salario obrero cubre hoy un 40% del costo de la canasta familiar. En los últimos 5 años cayó un 30%, corroído por la inflación. Con la “convertibilidad” de Cavallo, el salario no se indexa pero los precios aumentaron más de un 50%. Ahora los sueldos no sólo caerán como consecuencia de la inflación, sino en forma directa. Un salariazo por partida doble. Los costos son muy altos, se quejan los empresarios. Pero no es el salario el que encarece los productos, porque el obrero argentino no sólo gana menos que el de Estados Unidos, Japón o de Europa, sino menos que en Taiwán, Corea, Singapur ... Los costos argentinos son altos porque el “plan” Cavallo es parasitario (la nafta aumenta mientras cae el precio del petróleo) y porque el capitalismo argentino no puede escapar a la crisis mundial capitalista. Es para salvar a un régimen en crisis que Menem y Alfonsín pactaron la reforma reaccionaria. Para sostener a un régimen que lo único que puede ofrecerle a los explotados es la miseria salarial, la destrucción de la escuela pública y de la salud, la liquidación de los convenios, la jornada de 8 horas, el descanso semanal y las vacaciones. Cuando un régimen no puede darle de comer a sus esclavos debe ir al basurero de la historia. Por eso, abajo la rebaja salarial. No a la reforma reaccionaria de Menem y Alfonsín. Fuera el gobierno entreguista y antiobrero.

Duhalde ha dispuesto aumentar la edad jubilatoria de los estatales bonaerenses (de 60 a 65 años para los varones), incrementar los aportes (1%), llevar la jubilación a menos del 70% móvil, e invalidar la optatividad para aquellos trabajadores que tengan más de 10 años de antigüedad en el sistema pero que hubieran realizado mayores aportes en otros. El proyecto oficialista prevé la aplicación de un prorrateo para los trabajadores que estén próximos a jubilarse, desconociendo todo tipo de equidad y proporcionalidad de los aportes ya realizados. Esta medida no es nueva dentro de las iniciativas gubernamentales. Ya lleva un año de vigencia la modificación de la Caja del personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires, que con el voto afirmativo de todo el arco patronal, logró imponer a los trabajadores de ese sector el aumento de diez años en la edad, cinco en los aportes y eliminó el 82% móvil para pasarlo al 70%. También se aumentó el descuento mensual en cinco puntos más. Es decir que con la excusa de querer “licuar el déficit de 65 millones de dólares” que según Duhalde tiene el IPS (Instituto de Previsión Social) y de esta forma “evitar que el mismo sea transferido al sistema nacional de Previsión Social de acuerdo al marco establecido por el pacto fiscal” (El Día, 10/11), se ha montado un chantaje para que los estatales bonaerenses renuncien a derechos adquiridos que deroga la ley 9650 y sus complementarias. Pero la verdad es que el IPS es uno de los pocos sistemas saneados, ya que su déficit se debe a que el gobierno central no ha cumplido con el sistema de reciprocidad y porque —en menor medida— se están pagando comisiones por pagos fuera del ámbito bancario y se realizan erogaciones que no tienen ningún tipo de control por parte de los beneficiarios. Hay que tener en cuenta que la relación activo-jubilado es de 4 a 1 (560.000 contra 140.000), no existen posibilidades de evasión y como si esto fuera poco el aporte general es de un mínimo de 14% —un 40% superior al del resto de las cajas nacionales (10%). El magisterio Este engendro además de afectar a los estatales bonaerenses, promueve para los docentes un “mecanismo” verdaderamente diabólico, ya que solamente se podrán jubilar si tienen 50 años de edad, 25 de aportes siempre y cuando se hayan desempeñado al frente de grados y no tengan tareas pasivas, de lo contrario se le realizará un “prorrateo” que los puede llevar a trabajar hasta los 57 años de edad. Ante esto la burocracia sindical no ha bajado ningún tipo de posición, y sólo se ha limitado a publicar una solicitada “objetando la transferencia del IPS”, encubriendo de esta forma el objetivo principal del gobierno: el de sostener momentáneamente al IPS, pero poniéndolo a la altura del resto de las cajas nacionales, preparando el camino para una posterior privatización. Llamamos a los trabajadores estatales bonaerenses, a los docentes, judiciales y municipales, a discutir un plan de lucha unificado por un salario mínimo de 1.200 pesos y contra la derogación del actual sistema previsional.

De acuerdo a una convocatoria efectuada en el último encuentro de La Habana, los partidos integrantes del “Foro de San Pablo” realizarán un seminario sobre “Los Derechos Humanos en América Latina y el Caribe”. En la reunión, convocada en Asunción para los días 15 a 18 de diciembre de este año, será expuesta la documentación y testimonios hallados en los “Archivos del Terror”, y se debatirán sus implicancias políticas. En los “Archivos” se han puesto de manifiesto las conexiones represivas entre los aparatos estatales y paraestatales del Cono Sur. Esta red de represión supranacional -conocida como “Operación Cóndor”— será uno de los principales puntos de debate del seminario, así como “la responsabilidad de los EE.UU. en el terrorismo de Estado en América Latina”. Otros puntos planteados en el temario —elaborado por los partidos paraguayos y uruguayos que integran el Foro— se refieren a la relación entre “corrupción y derechos humanos”, “sistemas dictatoriales y sistemas democráticos”, y “los derechos humanos en los actuales modelos neoliberales”. En el cierre del encuentro, se debatirán “propuestas alternativas que posibiliten la vigencia de los DDHH en América Latina y el Caribe”.

El Partido Obrero llama a concurrir a la Marcha de la Resistencia, que durante 24 horas realizarán las Madres de Plaza de Mayo desde el miércoles 8, a las 18 horas, hasta el jueves a las 18 horas. El PO concurrirá bajo la consigna de “Abajo el régimen del indulto y la obediencia debida” como oposición política al pacto podrido que han establecido Menem y Alfonsín contra el pueblo trabajador y la ciudadanía democrática. La “desaparición” del estudiante Bru en La Plata no ha sido esclarecida. Pero se sabe que el mismo había denunciado previamente a la “policía brava”. El asesinato del periodista Bonino tampoco ha sido esclarecido. Pero una Comisión de Investigación constituida por el plenario de delegados del gremio de prensa ya ha “esclarecido” que no se trata de un suicidio (como ciertos “voceros” oficiosos echaron a rodar), sino de un crimen. En La Plata los estudiantes se están movilizando acompañados por sectores obreros y políticos. En la Capital Federal, los trabajadores de prensa han organizado paros y marchas acompañados por los partidos de la izquierda y numerosas organizaciones populares. Ahora debemos todos confluir a la Marcha de la Resistencia para reclamar el esclarecimiento de estos atentados contra la militancia obrera y estudiantil, para denunciar que este régimen le ha dado el Punto Final a los criminales genocidas, pero no a la represión contra el pueblo y sus militantes. El PO y el Mst, en el marco del Frente de Izquierda (FIT), marcharán en forma conjunta y han hecho un llamado a toda la izquierda y el activismo a constituir una gran columna. La cita es el jueves 9 a las 17 horas en Florida y Diagonal Norte.

El miércoles 24/11, un grupo de jubilados piloteados por Norma Pla tomó la decisión de instalarse en forma permente frente a la entrada al Congreso para reclamar por los 450 pesos de mínimo. Esta resistencia coincidió con que los senadores en su totalidad confesaban que los Fondos Previsionales actualmente alcanzan para elevar el mínimo a 300 pesos “aprobando” un proyecto de Ley que va a ser desconocido por Cavallo y el Poder Ejecutivo. En estas circunstancias, la permanencia en el Congreso se podía convertir en el eje de una lucha que rompa con la “rutina” de los miércoles y se convierta en una gran movilización que haga aflojar los 450 pesos. Esta posibilidad ya fue desperdiciada por la Coordinadora (dirigida por el CTA). El mércoles 1º de diciembre, en vez de confluir con esta lucha, “prefirió” dividir aguas convocando a una “marcha” pro-dialogo con el ministro de Trabajo abandonando el Congreso lo más temprano posible. Mientras se mantenga esta permanencia, ahora con olla popular incluida, va a ser un factor de agitación política ya que es permanente la solidaridad que en forma individual le alcanzan jubilados y trababajadores de distintos lugares —existe un repudio generalizado por el mantenimiento del mínimo de 150 pesos. Si esta solidaridad se concretara en una movilización de conjunto, daría gran aliento a la lucha de los jubilados, pero hasta el momento los partidos y sindicatos (incluido el CTA) no han aparecido para rodear esta lucha que ha tomado su trascendencia debido a la situación desesperante en que viven millares de jubilados. El Partido Obrero de Capital se ha movilizado en apoyo a los jubilados en lucha y se ha puesto a su disposición para sumar y fortalecer la lucha por los 450 pesos.

Han pasado ya tres semanas del asesinato de Mario Bonino, empleado de la secretaría de prensa de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, sin que el gobierno, la justicia o los “organismos de seguridad” hayan podido encontrar una sola pista sobre sus asesinos. Tampoco han encontrado “rastros” de los patoteros que entraron a la sede de la Utpba tres días después de la desaparición de Bonino y apalearon a su sereno, así como tampoco fue descubierto ninguno de los “patoteros” que atacaron y amenazaron a decenas de periodistas los días previos a las elecciones. El gobierno, ni siquiera, tiene una “tesis” para explicar el asesinato: el verso de que los ataques a los trabajadores de prensa eran una “maniobra preelectoral” se terminó el 3 de octubre; los ataques, no. Por el contrario, se han agravado con el ingreso nocturno al local sindical y el asesinato de Bonino. Los trabajadores de prensa, su sindicato, y numerosas organizaciones políticas realizaron una marcha a la Plaza de Mayo para reclamar la rápida investigación del asesinato, pero el gobierno sigue siendo impotente frente al asesinato y las intimidaciones. Entre otras porquerías, el pacto de Menem y Alfonsín parece haber servido para empantanar las investigaciones y encubrir a los asesinos. Pero hasta tanto no encuentre a los responsables directos del asesinato, los identifique, los detenga y los castigue, el gobierno menemista es el responsable del asesinato de Mario Bonino. Esto no sólo porque es el encargado de resgaurdar la vida y seguridad de los ciudadanos sino, particularmente, porque han sido sus hombres los que apalearon y amenazaron a los periodistas a lo largo y a lo ancho del país antes de las elecciones. Ninguno de estos ataques ha sido esclarecido. Y porque ha sido el propio gobierno el que ha difundido la tesis de un suicidio, rápidamente desmentido por los familiares y compañeros El gobierno es responsable también de no haber investigado la denuncia pública del ex funcionario Luis Sobrino Aranda, quien declaró que “fuentes bien allegadas al gobierno estudian los antecedentes que podrían determinar que, efectivamente, está actuando en el sur del Gran Buenos Aires un autotitulado escuadrón de la muerte” (El Informador Público, 2/7). ¿El gobierno no ha investigado o se ha callado sus “investigaciones” porque comprometen a los “organismos de inteligencia”? El asesinato de Mario Bonino es un asesinato político porque Bonino era miembro de una organización sindical opositora al gobierno, muchos de cuyos afiliados ya habían sido atacados por los hombres del menemismo. El PO denuncia la responsabilidad del gobierno y plantea la necesidad de potenciar la movilización del gremio para imponer el juicio y castigo a los asesinos de Mario Bonino.

El pacto podrido de Menem y Alfonsín ha tenido una nueva y putrefacta expresión en la aprobación “rápida y casi sin discusión” (El Economista, 3/12) del presupuesto para 1994 con el voto unánime de las bancadas peronista y radical. La aprobación del presupuesto, un proyecto de ley de más de 2.000 páginas, constituye un verdadero récord de “productividad” de los diputados ... por el cual, seguramente, justificarán luego un aumento de sus abultadas dietas: fue debatido y aprobado, en cada uno de sus detalles, en apenas un día y medio de sesión parlamentaria. El presupuesto fue aprobado casi sin modificaciones ... excepto una asignación extra de 120 millones al presupuesto universitario ... que, casualmente, administra la burocracia radical. El voto unánime de la bancada radical —tanto de alfonsinistas como de “opositores” al pacto Menem-Alfonsín— equivale a un aval, compacto, sin fisuras, por parte de la UCR a toda la política menemista, sin excepciones. El presupuesto consagra el congelamiento de los haberes jubilatorios y de los estatales en los miserables niveles actuales y la liquidación de la educación y la salud públicas; consagra la liquidación del aporte patronal a la previsión social; “convierte en ley el ‘pacto federal’” (ídem) que establece la reducción de impuestos a los capitalistas y su “compensación” por impuestos al consumo popular, y hasta ratifica la vigencia de “decretos de necesidad y urgencia” que datan de 1991, 1992 y 1993 ... convertidos así en ley, sin que hayan sido sometidos a debate. El presupuesto, incluso, autoriza al Tesoro a invertir las reservas de la Nación —que deberían “sostener” la “convertibilidad”— y los fondos de la seguridad social en títulos extranjeros... es decir, a reciclarlos en beneficio de los acreedores internos y externos. La ley votada con tanto ahínco por radicales y peronistas es una estafa a los explotados pero es, por sobre todo, un intento de ocultar la falta de estabilidad de la “estabilidad” cavalliana. El presupuesto establece un crecimiento del 6,5% para el próximo año ... cuando todo indica que estamos en las puertas de un “parate” generalizado. Establece una hipótesis de déficit comercial de 1.800 millones de dólares, cuando las estimaciones privadas lo sitúan en no menos de 2.500-3.000 millones (ídem) y establece las “necesidades de financiamiento externo” en 6.400 millones cuando las previsiones de las empresas y consultoras privadas la duplican (ídem). Cavallo ha logrado presentar estos “números” mediante un “artilugio” que lo pinta de cuerpo entero — a él y a los que votaron el presupuesto: “hay dólares que salen y no se anotan (en el cálculo de gastos) y dólares que no entran y se anotan (en el cálculo de recursos)” (El Economista, 3/12). Como si esto fuera poco, el presupuesto subvaloriza las remesas de beneficios de las empresas privatizadas, que según los propios radicales alcanzarán a 4.000 millones de dólares en los próximos años. El presupuesto 1994 y el voto radical-peronista que lo parió es una radiografía perfecta de la podredumbre antinacional y antipopular del “acuerdo patriótico y democrático” de Menem y Alfonsín.

El acuerdo suscripto entre los peronistas y los radicales para modificar parcialmente la Constitución actual, es una de las creaciones reaccionarias más monstruosas que haya parido alguna vez la burguesía argentina. Más allá de que las diferentes “reformas” que se pretenden introducir tienen un clarísimo carácter antidemocrático, el acuerdo prevé en su parte final la obligación de que sean tratadas con excepción de cualesquiera otras y de que sean votadas en bloque. La Convención reformadora quedaría convertida de este modo en una mera oficina de registro de ese acuerdo y el trámite “reformista” podría ser ejecutado en una única jornada. Los menemo-alfonsinistas pretenden “incluir un Anexo conteniendo la descripción de la totalidad de las enmiendas básicas a ser consideradas en su conjunto, de modo tal que la votación afirmativa decidirá la incorporación de la totalidad de las propuestas, y la negativa representará el rechazo global...” (ver La Nación, 3/12/93) (cursivas son nuestras, PO). Estos “resguardos”, como los denomina el “acuerdo”, serán votados por el Congreso Nacional, al que los signatarios le confieren una “actividad preconstitucional”, es decir, condicionadora y regimentadora. Basta reflexionar un poco para percibir que este “acuerdo” convierte a una futura elección de la Convención reformadora en un plebiscito. La ciudadanía sólo podría optar por el Sí al “acuerdo”, votando a radicales y peronistas, o por su rechazo. El debate constitucional estaría completamente ausente, ni qué decir de la pretensión que pueda existir de introducir en la Constitución algunas reivindicaciones populares. Tenía razón, entonces, el radical santiagueño Zavalía, cuando proponía que el PJ y la UCR formaran una lista única para las elecciones constituyentes. La única diferencia que existiría entre el plebiscito “suspendido” en noviembre y la convocatoria de la Convención, es que en esta nueva versión del plebiscito los radicales van a votar por el Sí. (Esto daría pie a la intención de que el Congreso actual se convierta en Convención y de que no se convoque a elecciones para designar a los constituyentes). Los acuerdistas se proponen convertir en ley estos designios cuando el Congreso declare la necesidad de reforma de la Constitución. Quedaría consumada así una clara conspiración contra el pueblo, al que sólo le queda la alternativa de adherir a lo que se ha tramado a sus espaldas, o provocar con su rechazo una irreversible crisis política. El chantaje al que es sometida la ciudadanía es, entonces, claro: o se somete a las decisiones despóticas que se armaron en el secreto, o arriesga y enfrenta una desestabilización política y económica. No se debe deducir de todo esto, sin embargo, que con semejante procedimiento “constitucional” el país se haya transformado en una especie de dictadura civil bipartidista. Como lo ha podido comprobar cualquier lector de diarios, los partidos se limitaron en todo esto a suscribir lo acordado también a sus espaldas. La conspiración fue manejada por los clanes de Menem y de Alfonsín e impuesta al PJ y a la UCR con el mismo método del chantaje: los peronistas que se opusieran arriesgarían las prebendas del poder, y un rechazo de parte de los radicales habría dividido y desintegrado a la UCR. Los opositores a Menem, en el PJ, prefirieron, claro, conservar sus privilegios, y los opositores a Alfonsín, en la UCR, encolumnarse detrás del menemismo. El sometimiento de los anti-alfonsinistas al acuerdo tuvo lugar con “yapa”: delarruístas y storanistas aprovecharon la bolada para votar el presupuesto de Cavallo en el Congreso; el presupuesto de Bouer en la Comuna porteña; y la reelección de Duhalde en la provincia de Buenos Aires. Para estos tránsfugas, el chantaje no es una coacción que debe ser enfrentada sino un biombo y un pretexto para disimular sus propias fechorías. Pero a pesar del “acuerdo”, todavía no hay acuerdo. Las divergencias entre menemistas y alfonsinistas se centran en las cuestiones de la segunda vuelta para las elecciones presidenciales y en las atribuciones que tendría el llamado “ministro coordinador” o “jefe de gabinete”. Menem ya ha dicho que pretende ser reelecto en una sola vuelta, para lo cual exige que sea suficiente la obtención de un “piso” del 40% de los votos. En lo que hace al “coordinador”, Menem lo concibe como un cadete o secretario, que en ningún caso podría gozar de autonomía política. Los voceros de los grandes capitales (Alemann, La Nación, Ambito, etc.) se han apresurado a respaldar a Menem y a calificar como “peligrosa” una reforma que establezca un poder bicéfalo (con dos cabezas). Alfonsín deberá someterse a la exigencia de Menem, de lo contrario tendrá que ir a una competencia electoral en torno a estos puntos, y no solamente enfrentar la posibilidad de una dura derrota sino incluso de ser tumbado como presidente de la UCR. El sentido fundamental de la reforma constitucional es concentrar el poder de Menem, disipar cualquier posibilidad de crisis en la sucesión presidencial de 1995 y “liberar a la sociedad burguesa de sus preocupaciones políticas” (Marx). Alfonsín no puede pretender seriamente que se le crea cuando afirma que su interés es una “atenuación del presidencialismo”. Ha habilitado la reelección y el reconocimiento de los poderes de excepción que tanto él como Menem se han auto-arrogado como presidentes. Acaba de decapitar a la Corte Suprema mediante un golpe de mano realizado en colaboración con Menem, con el resultado de que el Poder Judicial ha quedado liquidado como institución independiente y árbitro constitucional. Ha colocado a su partido en la obligación de aceptar el contubernio con el menemismo como un hecho consumado. En la práctica, está pretendiendo que la reforma constitucional salga por decreto —es decir que el Congreso y la Convención refrenden el “acuerdo” que Menem le arrancó con el chantaje del “suspendido” plebiscito pasado. Si Alfonsín cree que consiguió algún “espacio de poder” con la renuncia de dos o tres ministros de la Corte, puede ir desengañándose desde ahora. La reacción de la Iglesia ante la defenestración de los hombres que le responden en la Corte, está anticipando que deberán ser reemplazados por otros tantos agentes del clero, so pena de mandar al bombo el conjunto del “acuerdo” y la reforma constitucional. Las modificaciones fundamentales que el “acuerdo” pretende introducir en la Constitución son profundamente reaccionarias y apuntan a concentrar aún más el poder en la camarilla gobernante de turno y en la burocracia del Estado. El “acuerdo” admite que el Poder Ejecutivo pueda dictar “decretos de necesidad y urgencia”, es decir, usurpar las funciones legislativas del Congreso, en especial en materia económica e institucional. Esto significa que consagra el régimen del estado de sitio permanente, que es la única circunstancia que la Constitución actual admite para que el país sea gobernado por decreto. Como, por otro lado, entre esos “decretos de necesidad” está incluida la posibilidad de establecer el estado de sitio, el “acuerdo” somete la libertad de las personas a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. El “acuerdo” admite también que el presidente pueda promulgar leyes en forma parcial, es decir, reformularlas, con el débil recaudo de que “no alteren su unidad”. Aunque declara que la intervención a las provincias “es competencia del Congreso”, esto no excluye, vía “necesidad y urgencia”, que la establezca el Ejecutivo para luego ser “ratificada” por el parlamento. El “acuerdo” quiere también “unificar el comienzo de todos los mandatos en una misma fecha”, lo que significa que la renovación legislativa tendrá lugar, no cada dos, sino cada cuatro años. ¿Todo esto puede considerarse una “atenuación del presidencialismo” y, en general, de las facultades burocráticas, administrativas, despóticas del Estado? El “acuerdo” asesta un nuevo golpe a las autonomías provinciales (federalismo) al autorizar que las provincias puedan formar “regiones” e instituciones interregionales, que serían mejor manipuladas por el poder central y que escaparían todavía más al control de sus legislaturas y aún más al control de la ciudadanía. La tendencia que emerge del conjunto del “acuerdo” es despolitizar la vida social; vaciar aún más a las instituciones representativas; incrementar los poderes excepcionales del Ejecutivo; reforzar a las burocracias administrativas, ejecutivas y parlamentarias. Es decir, reforzar el régimen de poder personal (bonapartismo), aunque cada cuatro, ocho o, eventualmente, doce años, una persona distinta encarne ese régimen de poder personal. Es este cambio el que explica el afán de modificar la Constitución actual, refutando a los “liberales” que aseguran que la Carta de 1853-60 permite “todas las transformaciones necesarias para el país”, menos la de dar piedra libre al bonapartismo. Es muy probable que el “acuerdo” que se ha hecho público no contenga todo lo que efectivamente se ha “acordado”. Llama la atención, por ejemplo, que no diga nada de la posibilidad de la aprobación de los proyectos de ley que envíe el Ejecutivo luego de transcurrido un determinado tiempo sin que sean tratados por el Congreso (“aprobación ficta”), cuando es archi-sabido que es éste uno de los puntos en el que más coinciden radicales y peronistas. Es “natural” que los “acuerdistas” no quieran mostrar todas sus cartas al electorado, como corresponde a auténticos conspiradores. Esto obliga a advertir que en la misma condición de “reformas” reservadas o secretas pueden encontrarse otras disposiciones, como las reiteradamente reclamadas por el clero, en especial si se levanta la condición confesional católica que debe tener el presidente. Aunque los “acuerdistas” reiteran (lo que es sospechoso) que no tocarán la parte “dogmática” de la Constitución, puede darse por hecho que sí lo harán, por ejemplo, en contra del derecho al aborto, declarando la defensa de la vida “desde la concepción”. Lo mismo ocurrirá con el tema de la enseñanza; en el proyecto de reforma aprobado por el bloque de senadores del peronismo, a mediados de año, se preveía la defensa de la “libre empresa”, de la “productividad” y de otros eufemismos que autorizan la liquidación de los derechos laborales. Sin una denuncia clara y cabal de lo que pretende la “reforma” menemo-alfonsinista será imposible movilizar al pueblo para combatirla y oponerle una alternativa política. Quienes obvian esta denuncia y pretenden competir en el ofrecimiento de la “mejor” reforma constitucional, se comportan como cómplices de los conspiradores.

Con la próxima implementación del programa de “propiedad participada” en YPF y otras empresas privatizadas, el gobierno menemista pretende que habrá realizado el sueño del “capitalismo popular”. Nada menos que 100.000 trabajadores serán accionistas del 10% del capital de empresas tan diversas como Telefónica, Telecom, Centrales eléctricas, Edesur, Edenor, Edelap, YPF, ex-Somisa o Aerolíneas. La propaganda oficial asegura que, como consecuencia de la “propiedad participada”, estos trabajadores tienen ya un capital promedio del orden de los 20.000 dólares, una suma que podría acrecentarse todavía con el tiempo. Los proletarios se habrían convertido en propietarios, consumando un socialismo sobre bases capitalistas. Estos programas se han implantado en diversos países con el inconfundible propósito de neutralizar el rechazo obrero a las “privatizaciones” y de asociar a los trabajadores a los intereses de las empresas privatizadas. Con la ilusión de que el trabajador sería un “socio” de la empresa, el Estado capitalista y las patronales esperan que los obreros aumenten la “eficiencia”, consientan en recortar sus conquistas sociales, salariales y sindicales, no se plieguen a las luchas del resto del movimiento obrero y no cuestionen (y hasta impulsen) los aumentos de tarifas. Realidad ¿En qué consiste este programa de “propiedad participada” (PPP)? En que el gobierno le reserva a los trabajadores de las empresas privatizadas el 10% del paquete accionario, que los trabajadores podrán comprar con los dividendos de esas acciones. El valor de compra de estas acciones es el que pagaron los adquirentes primarios de estas privatizaciones, es decir, el mismo precio que pagaron, por ejemplo, Telecom o Telefónica. Va de suyo que el PPP tiene un alto índice de adhesión entre los obreros, porque que los trabajadores no tienen que desembolsar dinero alguno sino que se convierten en accionistas con el correr del tiempo, si las empresas arrojan utilidades. La cantidad de acciones se determina en función creciente de la antigüedad, sueldo y categoría del trabajador. De este modo, el personal jerárquico obtiene mayor cantidad de acciones. Hasta que las acciones no estén pagas, el trabajador no puede disponer de ellas, y está obligado a “sindicarse” con los otros trabajadores de la empresa. Durante el período que dura la “sindicación” (es decir que los dividendos acumulados no son suficientes para comprar las acciones), esas acciones no cotizan en la Bolsa. El trabajador tampoco podrá vender libremente esas acciones, por la parte que ya estuviera pagada, salvo a otro empleado de la empresa. Si renuncia o es despedido, debe vender su parte pagada a otro empleado, y si no hay interesados, la compra un Fondo de Garantía y Recompra que se constituye con un porcentaje de los dividendos que le corresponden a las acciones de los trabajadores. En ese caso, el precio al que puede ser vendida la acción no es el del mercado, sino el del llamado “valor libro” de la empresa, según el último balance de ésta. Mientras dura la “sindicación”, las acciones se depositan en un Banco (fideicomiso), que cobra una comisión que se deduce del Fondo de Garantía y Recompra. Todo este mecanismo se fija en el Acuerdo General de Transferencia entre los trabajadores-accionistas y el Estado. Los accionistas de este 10% de PPP tienen derecho a nombrar un Director en la empresa. Con estos criterios, se estima que llevará varios años hasta que las acciones puedan ser completamente adquiridas. En el caso telefónico, la burocracia logró controlar la “sindicación” y el Acuerdo General de Transferencia, estableciendo que el Fondo de Garantía y Recompra recibirá nada menos que la mitad de los dividendos, con lo cual se prolonga el tiempo de pago de las acciones...hasta el año 2003 y aumentan, por lo tanto, los gastos del Banco Fideicomiso. Por lo tanto, hasta bien entrados los años 2000, los trabajadores no serán plenos “propietarios” de las acciones. Pero en el caso de las empresas que dan pérdidas como Aerolíneas, Edesur, Edenor, ex-Somisa, etc., deberán esperar un período mucho más largo para ver una acción. Cuando los trabajadores sean finalmente propietarios, tendrán derecho al dividendo que fija la empresa, pero no podrán transformar en dinero su “capital” en acciones, porque éstas no pueden venderse en la Bolsa. “Solamente en el caso en que se resuelva liberar las acciones de la Sindicadura, éstas podrán ser negociadas en la Bolsa”, dicen las disposiciones legales. Para esto se debería reunir una asamblea de accionistas y dar por cancelada la “sindicatura”, por mayoría de votos. Las acciones podrían entonces venderse en la Bolsa. Pero claro que una decisión de este tipo haría caer el precio de las acciones, la cual haría perder al trabajador la ventaja de la decisión. El solo anuncio de que podría ser vendido el 10% del paquete accionario desvalorizaría el “capital acumulado”. La burocracia que domina gran parte de estas “sindicaturas” presionará para que el PPP no se disuelva, porque no sólo tiene en sus manos su manejo y el del Fondo de Garantía y Recompra sino porque perdería las prebendas que recibe el Director, que es nombrado por la sindicatura ante la Dirección de la empresa. Por lo tanto, recién a mediados de los años 2000 los trabajadores podrían comenzar a cobrar en algunas empresas el dividendo de las acciones. Pero los trabajadores no fijan estos dividendos sino los dueños de las empresas, que en el mejor de los casos, tienden a igualar a la tasa de interés de los depósitos en los bancos. Si calculamos que las PPP involucrarían a unos 100.000 trabajadores por un capital de un valor de 2.000 millones de pesos, en caso de un dividendo general del 8% —160 millones— cada trabajador recibiría en promedio una utilidad de 1.600 pesos por año, o sea, unos 140 pesos mensuales. Este “beneficio” apenas compensa la pérdida salarial que han significado las “privatizaciones”, y en general toda esta política económica. Y todavía habrá que tragarse el sapo de otros 6 a 8 años, como mínimo, de nuevas pérdidas salariales, para que entren a regir los dividendos prometidos. Como estos dividendos están en función inversa al salario, todo lo que el trabajador se deslome para aumentar los beneficios de la empresa y por lo tanto los dividendos sobre sus acciones, será estéril, porque en la misma o mayor medida habrá de caer su salario. El dividendo del PPP no convierte al trabajador, de ninguna manera en propietario. El Partido Obrero denuncia el engaño de la “propiedad participada” y llama a sacar a los sindicatos de este régimen de colaboración con la patronal. Plantea la disolución de los Acuerdos de Transferencia, el desconocimiento de los acuerdos con los bancos fideicomiso y la entrega de las acciones a los trabajadores, sin ninguna condición, para que cada trabajador haga con sus acciones lo que le venga en gana. En todos los sindicatos, la lucha debe ser por un aumento general de salarios, la rebaja de las tarifas y los precios, el control obrero, y la reestatización de las empresas privatizadas, también bajo control de los trabajadores.

El degennarismo de Ate nacional y la conducción de Ate Ensenada (menemo-duhaldista, Azul y Blanca) se han unido para liquidar el convenio colectivo del Astillero Río Santiago (ARS). Como el resto de la burocracia sindical, la de Ate también se ha anticipado a la sanción de la “reforma laboral”. En una asamblea, la Azul y Blanca llevó un “acta-acuerdo” pactada con la patronal y apoyada por el degennarismo, que contempla el grueso de las aspiraciones del gobierno. Se plantea allí la “multiplicidad de tareas” (“que la empresa ... asigne tareas no específicas” con la única concesión de “no sufrir cambios en su categoría y remuneración”), la posibilidad de tomar trabajadores contratados (“subcontratar trabajos ... cuando hubiere necesidad”) o de trasladar compañeros, forzando el “despido con causa”. En el “acta-acuerdo” se aceptan todas las condiciones de transferencia del ARS a la Provincia, asegurando “un marco de paz social que permita lograr (estos) objetivos”. Desde ya no contempla la estabilidad laboral de los 1.100 compañeros. Esto es criminal porque el gobierno está en plena ofensiva para desmantelar el ARS e incluirlo como puerto de la “zona franca”: siguen las suspensiones, se intenta prohibir las asambleas y ni siquiera están asegurados los recursos para el pago regular de los sueldos. Asamblea con la pistola en la cabeza Que la asamblea del Astillero haya “votado” bajo coacción este engendro confirma la identidad gangsteril de estos burócratas que actúan como chantajistas al servicio del menemismo. La Azul y Blanca y De Gennaro sellaron este pacto podrido a espaldas de la fábrica, puentearon al cuerpo de delegados y a la interna en las “negociaciones” con la patronal, violando una expresa resolución anterior de asamblea, escondieron el acta anti-convenio para evitar que se discuta en las secciones y en la base y apuraron la asamblea y la votación chantajeando a los compañeros con la “aceptación total del paquete o la pérdida del aumento salarial” (en realidad, el acta habla de un “premio a la prestación efectiva de trabajo”, cuyo promedio sería de 200 pesos). Después de haber amañado la asamblea, que fue minoritaria y donde el acta fue aprobada por 200 votos contra 30 y 70 abstenciones, la Azul y Blanca (sostenida por el degennarismo) consumó un triple afano: 1) robarle el convenio colectivo a los trabajadores del ARS; 2) expropiarles el reclamo salarial, por el que vienen luchando desde hace meses, y que enfrentó a la fábrica con la burocracia sindical carnera (la Azul y Blanca carnereó el quite de horas extras); 3) servirse del acta que los “reconoce” ante la patronal como “únicos interlocutores” para robarse la representación de una fábrica que mayoritariamente los repudia (de movida, la burocracia de Ate Ensenada se ha adaptado al “bando” de la empresa que se arroga la potestad de autorizar o no las asambleas en fábrica). Los argumentos para imponer el acta antiobrera son ilustrativos del grado de corruptela, podredumbre y coacción con que se mueven los “cegetistas” de la seccional Ensenada y los “ceteaístas” del Consejo Directivo Nacional. Estos burócratas apretaron a la asamblea con la extorsión de los 200 pesos, no sin antes “recordarles” a los compañeros que es “inútil pelear porque el convenio ya está liquidado y es inminente la sanción de la ley de reforma laboral” ... En estas condiciones de chantaje y aislamiento burocrático, y con la presión de un sueldo promedio que no llega a los 400 pesos, la asamblea del ARS votó el acta con la pistola en la cabeza. La responsabilidad de la Comisión Interna La asamblea votó coaccionada pero también bajo un grado extremo de confusión: a la hora de votar pesó la “neutralidad” de la mayoría de la Comisión Interna que le dejó la “cancha libre” a la burocracia menemista y a sus socios degennaristas. La responsabilidad de esta derrota es inequívoca: las corrientes que tienen mayoría en la Interna (la Celeste pro Frente Grande, el Ptp y elementos pro-degennaristas) rechazaron el planteo del PO en el Cuerpo de Delegados, que propuso una moción unificada del activismo contra el acta anti-convenio. Este “renuncio” pretendidamente “táctico” (porque “intramuros” algunos criticaban el “paquetazo” pero paralelamente se negaban a desenmascarar la componenda entre la Azul y Blanca y el degennarismo) dejó a la asamblea sin oposición, con la sola excepción del PO (minoritario en la CI) que denunció el acta y mocionó su voto en contra. Desarmado el Cuerpo de Delegados, la burocracia monopolizó la asamblea y le impuso una derrota a la fábrica. Esto ocurre a cuatro meses de la próxima elección de delegados. La patronal y el arco burocrático quieren aplicar la polifuncionalidad para esclavizar a los trabajadores, desarmar y “reestructurar” a las secciones y para digitar al máximo la elección de los nuevos delegados, liquidando al combativo Cuerpo de Delegados existente. ¿Qué hacer? El paso siguiente es la aplicación del acta y la ejecución de la “flexibilidad”. En una fábrica con la tradición de lucha del ARS esto no va a ser una tarea sencilla y sí seguramente una nueva fuente de choques y enfrentamientos entre los trabajadores y el gobierno. Especialmente cuando el gobierno de Duhalde no tiene otra política para el Astillero que su remate y liquidación. El PO llama a reconstruir el frente del Cuerpo de Delegados y el activismo para luchar por el salario y contra la “flexibilidad laboral” y para impedir la liquidación del convenio y sus conquistas a manos de la empresa y del tándem burocrático menemo-degennarista.

La patronal de Aluar acaba de exigir a sus 1.000 trabajadores que acepten una reducción del 25% de sus salarios nominales. Para el 90% de los trabajadores de Aluar —que hoy ganan alrededor de $ 900— los salarios se “encogerían” a $ 675, es decir, la condena a una miseria absoluta frente a los elevados niveles de precios patagónicos. El “ahorro” consiguiente de diez millones de dólares anuales iría a parar, enteramente, al bolsillo de la patronal. Los trabajadores han rechazado la “propuesta” y realizaron una concurrida manifestación con sus familias por las calles de Madryn. Aluar aduce que le es imposible mantener el actual nivel de sueldos ante la caída del precio internacional del aluminio. Pero distintos medios han interpretado la exigencia de la patronal de Aluar como una “presión” —que contaría con el “guiño” de Cavallo— sobre el gobierno de Chubut para que se sume al llamado “pacto federal” firmado entre el gobierno nacional y las provincias que establece la supresión de innumerables impuestos pagados por los grandes capitalistas (que serán “compensados” por impuestos al consumo popular). Si Chubut se sumara al “pacto federal”, la patronal de Aluar se vería beneficiada con una reducción de la carga impositiva de 6,7 millones de dólares anuales (supresión del impuesto a los activos, a la energía, y reducción del 60% de las cargas sociales). Pero la patronal de Aluar ha sido explícita: reclama, al mismo tiempo y todo junto, la reducción de los salarios y la supresión de los impuestos ... nada menos que 16,7 millones de dólares por año que saldrían, por entero, de los bolsillos populares. Es elemental que frente a esta exigencia los trabajadores reclamen la apertura de los libros y la verificación de los estados contables de la empresa ... pero no sólo los de los últimos meses (cuando se derrumbó el precio del aluminio) sino los de todos estos últimos años, en los cuales Aluar gozó de un precio internacional récord. ¡Que la patronal eche mano a esos superbeneficios acumulados para pagar los salarios! Por de pronto, el balance al 30 de setiembre que la propia Aluar acaba de presentar en la Bolsa dista mucho de la “noche negra” que pinta para reclamar la reducción de los salarios y los impuestos: pese a la caída de los precios internacionales su facturación es mayor que en el ´92 (por el crecimiento del consumo interno) y si bien continúa arrojando pérdidas, éstas han pasado de cinco millones en 1992 a apenas 825.000 dólares en este año. Es precisamente por esto que el comentarista bursátil de Ambito Financiero (1/12) titula su informe “Aluar: cerca de conseguir resultado positivo”. El reclamo perentorio de Aluar a sus trabajadores y al gobierno de Chubut —que no se compadece con los resultados del balance presentado en la Bolsa—hacen pensar que la patronal esté buscando “hacer caja” con la reducción de salarios y de impuestos para presentarse a la privatización de la represa de Futaleufú, cuya energía alimenta la planta . La burguesía ha tomado el de Aluar como “un caso testigo”: si la reducción salarial pasa, pronto la seguirían otras industrias —petroquímica, textiles, papel y ciertas ramas metalmecánicas— (Ambito Financiero, 1/12) en lo que La Nación (1/12) calificó como una “flexibilización de hecho”. Los “instrumentos legales” para esta masacre del salario ya existen y ha sido la burocracia quien se los ha proporcionado a las patronales al aceptar la liquidación del convenio único por rama y los acuerdos salariales por empresa. Sin tanto ruido, ya son muchas las empresas que han procedido a reducir el salario de sus trabajadores mediante la suspensión del premio al presentismo o a la productividad, la reducción de los beneficios sociales, la reducción de los “tickets” por almuerzo o merienda o el no pago de las horas extras (Ambito Financiero, 1/12), ... todo esto sin que la burocracia sindical dijera una palabra. También para el movimiento obrero Aluar es un “caso testigo”. Es necesaria una lucha a fondo de todo el movimiento obrero para liquidar de raíz la pretensión patronal de reducir los salarios y quebrar la “flexibilización”. Mientras tanto, ni la UOM ni la CGT han dicho “esta boca es mía”.

La patronal del pescado prepara un nuevo ataque contra los trabajadores. La Cámara de Armadores se presentó al Ministerio de Trabajo solicitando la aplicación de la “situación de emergencia económica” prevista en la Ley de Empleo, lo que le permite el despido de trabajadores con el pago de sólo el 50 % de indemnización. Este reclamo de vía libre a las cesantías fue acompañado por un mar de lágrimas sobre los efectos del retraso cambiario “que dificulta la exportación”. Le reclaman a Cavallo, además, que los recompense con financiación de exportaciones, reembolsos, devolución de impuestos u otros “mecanismos similares”. La opinión generalizada entre los trabajadores del pescado es que las patronales han salido a reclamar la “emergencia” frente a la amenaza de un parate en las exportaciones (éstas no se han detenido, pero “se hacen a pérdida”, según un informe de las cámaras empresariales —Clarín, 4/10/93), pero también para chantajear los reclamos salariales y el recalentamiento de la situación que se vive en las plantas. La situación en el puerto ha variado. Los pulpos pesqueros más fuertes salieron fortalecidos de las quiebras de hace tres años (Ventura, Poletti, Jorge Antonio, Greco), quedándose con una porción mayor del mercado y con plantas nuevas. Valvastro, Solimeno, Mozcuzza, Zanella Mare, Contessi, los “triunfadores” en la puja, se han consolidado sobre la base de una feroz superexplotación obrera, a partir de la flexibilización laboral paralela a la liquidación de los convenios de portuarios, marítimos y del Soip (donde se cobran quincenas de 120 pesos) y la creación forzada de “cooperativas” a las que se deriva parte del trabajo de las plantas con precios fijados por los pulpos. La política de Saravia (menemista, titular del Soip y de la CGT) está dictada por las patronales. Hasta hace poco tiempo la “consigna” era “no se puede pedir aumento”. En la base del gremio hubo un reguero de luchas y reclamos salariales, vinculados a la falta de pago (Mellino) o a pedidos de aumento encubiertos como mejoras en el premio de producción (Campagnola, El Marisco). Con este trasfondo, delegados de varias plantas le reclamaron una “entrevista” a Saravia y éste propuso formar una “paritaria” con cinco delegados por rama y hacer un pedido miserable de 20 pesos de aumento sólo para ganar tiempo. Ambos pedidos fueron rechazados. Luego de esto el Soip siguió inmovilizado, la tensión en las plantas sigue y las patronales, viendo lo que se puede venir, se han lanzado a amenazar con la “crisis pesquera” y la posibilidad de despidos. La directiva del Soip hace agua por todos lados. Está procesada por estafa y cohecho por un plan de viviendas y los vecinos del barrio Soip se movilizan a tribunales y han popularizado una consigna: “Saravia a Batán” (cárcel). Por otro lado, Saravia ha tenido que enfrentar el paro del personal de la Obra Social por falta de pago, lo que habla del desquicio y vaciamiento financiero cometido por la burocracia. Frente al debate en las fábricas y en el cuerpo de delegados, la Lista Celeste (PO e independientes) llama a organizar un frente unido de activistas y delegados empeñados en recuperar al Soip para impulsar una campaña por el salario (incorporación de premios al básico, $0.20 el kg. para fileteros y $ 3 la hora para envasadores) en las plantas y reclamar la asamblea general para denunciar el convenio, nombrar una comisión investigadora del manejo de los fondos sindicales y de la obra social, y elaborar un pliego de reclamos y un plan de acción. La Lista Celeste tiene planteado abrir una discusión a fondo con los activistas e impulsar la reorganización de los cuerpos de delegados en las plantas y las “cooperativas”.

A mediados de noviembre, los directivos de Acindar anunciaron un balance trimestral con pérdidas de 13 millones de dólares. Al mismo tiempo anticipaban una “baja de activos productivos” y nuevas medidas de “racionalización”, dirigidas —como en el pasado— a endosarle las pérdidas a los trabajadores. Pero resulta que las “pérdidas” no eran tales: la Comisión Nacional de Valores inició un sumario a Acindar, ya que “a través de ventas a Laminfer (una empresa metalúrgica propiedad de la familia Acevedo, dueña a su vez del 40% de Acindar) que estuvieron un 37% por debajo de los precios del mercado e incluso a valores inferiores del costo de la materia prima, se desviaron 2,4 millones de dólares que, en verdad, pertenecen a los accionistas de Acindar” (El Economista, 3/12). El “yuppie” Redrado —que recibe un sueldo del Estado para defender a los especuladores bursátiles— destapó esta “olla” con el único propósito de preservar a sus “representados” de las maniobras de la “familia” Acevedo. El “affaire” sirve para revelar el fraude de la “información contable” de Acindar y, en general, de todos los pulpos capitalistas: Laminfer es apenas una de las tantas firmas “controladas” por este pulpo siderúrgico, que sólo en San Luis dispone de catorce plantas transformadoras, todo lo cual “diversifica” las posibilidades de fraude. Pero es esta misma contabilidad “trucha” la que esgrimen los Acevedo para justificar su política de ataque a los trabajadores: el congelamiento salarial, la flexibilidad aplicada en Villa y en Matanza, los despidos en masa, fueron invariablemente presentados como la salida “inevitable” ante los “quebrantos” de la compañía. Ahora que se ha revelado que sus “números” son fraudulentos, hay que hacer valer los “números” de los trabajadores: el aumento del salario básico y la defensa del convenio colectivo.

Como habíamos informado, el Ministerio de Trabajo suspendió las elecciones en la Unión de Trabajadores de la Educación (ex-UMP) por las denuncias de fraude formuladas por la Lista Rosa (PO, Mst, Mas, independientes) y otros sectores del gremio. La Directiva marysanchista igual hizo las elecciones y se autoproclamó ganadora, a pesar del retiro de la única lista de oposición. Finalmente tuvo que dar marcha atrás y convocar a nuevas elecciones. Eliminó algunos aspectos “aberrantes”, como las llamadas urnas “volantes”, pero mantuvo la estructura fraudulenta: sigue la misma Junta Electoral digitada por la burocracia Celeste, no serán depurados los padrones truchos, y como si esto fuera poco, la convocatoria se hizo con plazos perentorios (el 9 de diciembre se deberán presentar 300 avales y 186 candidaturas), desconociendo la presentación anterior de la Rosa. Las elecciones se realizarían el 25/3/94, es decir que el grueso de la campaña electoral se realizará en vacaciones. La burocracia se encuentra golpeada frente a gran parte de los compañeros. Esta es una gran oportunidad para la Rosa, que debe continuar la lucha por elecciones limpias y que deberá llevar a cabo una gran campaña de esclarecimiento capitalizando la impasse del marysanchismo.

El gobierno ha decretado la expulsión de los extranjeros “ilegales” a partir del 1º de enero. El ministro del Interior ha “justificado” esta infamia con el “argumento” de que los “ilegales” serían “portadores de enfermedades” y, además, constituirían una “competencia desleal” para los trabajadores argentinos. El caradurismo oficial no tiene límites: los responsables de las epidemias (cólera, sarampión, meningitis, etc.) no son los “ilegales” sino el régimen menemiano-alfonsinista, que ha liquidado la salud pública, ha privatizado la provisión de agua corriente, convirtiéndola en un “negocio” para el cual las masas empobrecidas no son un “mercado”, ha empujado a masas crecientes de trabajadores y desocupados a vivir en sitios inhabitables, sin mínimas condiciones de salubridad y las ha empobrecido, haciéndolas presa fácil de las pestes. Lo mismo con respecto a la desocupación, ¿quiénes son los responsables, los trabajadores —sean argentinos o extranjeros— o las patronales y el gobierno que impulsan una “flexibilización” feroz? Esta infamia, sin embargo, servirá para que la policía patotee a más de 500.000 trabajadores extranjeros —la mayoría de los cuales tiene “los papeles” en regla— y se mande espectaculares razzias en las barriadas humildes en busca de “ilegales”. Contra toda esta porquería, reclamamos la inmediata “legalización” de todos los trabajadores extranjeros que estén trabajando en la Argentina y así lo deseen. La UOCRA “defiende” a los trabajadores de la construcción La “importación” de trabajadores de los países vecinos es una antigua treta de las patronales para bajar los salarios de los trabajadores argentinos. Esta presión, sin embargo, se ha agudizado violentamente desde la formación del Mercosur, que prevé la “libre circulación de factores productivos”, entre ellos los trabajadores. En la mayoría de las ramas se ha operado una transferencia de la producción hacia los países de salarios más baratos. Pero en aquellas donde esto es imposible (construcción, agricultura, servicios domésticos), los capitalistas “importan” trabajadores con salarios equivalentes al 10% de los argentinos, sin ninguna cobertura social o sanitaria; los trabajadores “importados”, ciertamente, no pueden protestar por estas condiciones de trabajo esclavas por su condición de “ilegales”. Incluso, se han formado empresas argentino-brasileñas especializadas en la “importación” de trabajadores. En muchos casos, esta “importación” es perfectamente legal en virtud de un convenio firmado en 1982 entre las dictaduras de Brasil y Argentina (existen convenios similares entre Brasil y Uruguay y entre Uruguay y Argentina) que ni los “demócratas” alfonsinistas ni los menemianos “se acordaron” de derogar. Estos convenios permiten que los empleados de una empresa trasladados de un país a otro por plazos inferiores a un año sigan sujetos a los convenios y legislación laboral del país de origen ... A excepción de la UOCRA, la burocracia sindical no ha dicho una palabra sobre el tema. ¡Pero la política de la burocracia de Gerardo Martínez es aún más criminal que el silencio, ya que convierte a los “ilegales” en el “pato de la boda”: como las patronales que reclaman “protección” para sus industrias, los burócratas han salido a reclamar que se pongan “cupos” a la presencia de trabajadores extranjeros, no más del 20% de la plantilla de cada obra ... sin importar que sigan cobrando salarios inferiores a los nacionales o tengan pésimas condiciones de seguridad e higiene. Para la burocracia, que acepta plenamente la “flexibilidad”, el problema de los “extranjeros” se reduce a un problema de “caja”, ya que éstos no aportan a los sindicatos ni a las obras sociales. Por eso no reclaman la derogación del convenio argentino-brasileño del 82 ni se oponen a su contratación en condiciones esclavas —sólo pretenden limitarla. El PO plantea: Para los argentinos y los extranjeros: igual salario por igual trabajo, reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, convenio único y libre afiliación a los sindicatos, derogación del convenio de 1982, prohibición de las “agencias de trabajo temporario”, fuera la flexibilidad laboral. En este caso saltan a la vista las limitaciones de una “política nacional”: es necesaria una acción conjunta, unificada de organización, denuncia, agitación y lucha del conjunto de las organizaciones obreras de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay

El Mst reclama una Asamblea Constituyente Soberana, lo cual debería querer decir que sus decisiones tendrían preeminencia sobre los actuales poderes del Estado. Pero para que una cosa así pueda ocurrir sería necesario que el pueblo derroque a esos poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) o que la propia Asamblea adopte esa decisión —lo que supone la existencia de una situación revolucionaria. Como cualquiera se puede dar cuenta, esto no tiene nada que ver con las condiciones en que se reunirá la Constituyente de Menem y Alfonsín, de menemistas, radicales, riquistas y centroizquierdistas, surgida por iniciativa de una fracción de la burguesía y del capital y no de los trabajadores, reaccionaria y cuya “soberanía”, en caso de darse, sería la “soberanía” de los que han confiscado al país y esclavizado a sus trabajadores. Según el Mst, dos “ejemplos históricos”, la Asamblea del año 1813 y el Congreso de Tucumán (1816), “demuestran que ya hubo en el país Asambleas Soberanas ... que, pese a sus limitaciones, gracias a que se dieron en el marco de un colosal proceso de luchas, sirvieron para encarar problemas fundamentales que estaban planteados”. La conclusión es que “igual que en 1813 y 1816, un paso fundamental será exigir una Constituyente Soberana, para establecer las medidas que nos permitan terminar con esta versión moderna de la esclavitud y el coloniaje” (Semanario Socialista, nº 73, 24/11/93). ¿Pero fue realmente así, que ambos Congresos, “en el marco de un colosal proceso de luchas”, fueron soberanos e incluso de características revolucionarias? 1813 La “Asamblea del año XIII” fue convocada por el llamado segundo triunvirato frente al colapso del primero, que era una virtual dictadura de la burguesía comercial porteña y británica que pactó con los españoles sitiados en Montevideo el retiro de tropas y la entrega de la Banda Oriental, con la finalidad de impedir la victoria del artiguismo. La “Asamblea” surgió para forjar una “unión nacional” de la oligarquía porteña con las oligarquías provinciales, bajo el protectorado de la diplomacia británica. Estas fuerzas sociales coincidían en la necesidad de “impedir que el populacho tomase en la gestión de los negocios públicos una participación directa y activa” (Mitre, citado por Franco, en Caseros). Una clarificación sobre la supuesta “soberanía” de la “Asamblea del año XIII” lo da la comunicación del Segundo Triunvirato a Lord Strangford, ministro británico ante la Corte portuguesa de Río de Janeiro: “este gobierno no quiere prevenir el juicio de la Asamblea Constituyente, pero se atreve a anticipar a Ud. el seguro concepto de que la independencia de estas provincias no será nominal”, es decir “no será” (Gianello, Leoncio; Historia del Congreso de Tucumán). Esto era lo que antes había reclamado precisamente el funcionario inglés, Lord Strangford, para preservar la alianza de Inglaterra con España contra Napoleón. Que la “Asamblea ...” no declarara la independencia argentina fue así una imposición pactada entre el gobierno convocante de la Asamblea y la diplomacia británica. Cuando el Triunvirato daba “seguridades” sobre este punto se basaba en que la “elección” de los diputados fue ferozmente regimentada y en la proscripción, previamente concertada, de quienes no se atuvieran al “pacto”. La designación de los representantes a la “Asamblea ...” quedaba en manos de los “notables”, es decir de las oligarquías de cada provincia, pues aunque se disponía un censo y una elección, los Cabildos “quedaban facultados para sustituir este método por el que creyeran oportuno” (Gianello, op. cit.). En el caso de la Banda Oriental, en cambio, “el envío de los diputados estuvo precedido por una compulsa popular exhaustiva para la época: veintitrés pueblos eligieron a sus representantes ... durante varias jornadas estudiaron los puntos que deberían presentar los diputados a la Asamblea General”. Los documentos aprobados “tenían un contenido que sería explosivo para los sinuosos dirigentes porteños: exigían la declaración de la independencia absoluta de España, la organización de las provincias en un sistema federativo, la designación de una capital que no fuera Buenos Aires” (Félix Luna, Los Caudillos). Llegados a la “Asamblea ...”, ésta resolvió, sin oposición, “no dar lugar a su incorporación hasta que vinieran en forma los respectivos poderes” (Ravignani, Asambleas Constituyentes) (la maniobra incluyó a los diputados de la Logia Lautaro, organizada por Alvear y San Martín). Al mismo tiempo, el gobierno de Buenos Aires lanzó una represión salvaje contra el movimiento artiguista “que se desarrolló sangrienta y prolijamente durante todo el año 13” (Luna, op. cit.). (El Mst, repitiendo los textos escolares, destaca que en la “Asamblea ...” “se declaró la ‘libertad de vientres’ acabando con la esclavitud” (ídem). En realidad, la resolución de la “Asamblea ...” fue luego “reglamentada” (¡como ahora!) y los niños esclavos quedaron bajo dominio de sus patrones hasta los 20 años y sólo “liberados” para integrar, obligatoriamente, la primera línea de los ejércitos libertadores). 1816 Las dos vertientes de la oligarquía porteña, estancieros y comerciantes, tres años después, van a convocar al Congreso de Tucumán casi en soledad y con el país al borde de la disolución, con un ejército español, en el Alto Perú, dispuesto a atacar y otro portugués avanzando en la Banda Oriental. Las provincias dominadas por el artiguismo —todo el Litoral y el Uruguay— fueron excluidas. Córdoba estuvo ausente. “Muchas de las provincias estuvieron representadas, si es ésta la palabra adecuada, por porteños o por provincianos pro-porteños” (Lynch, Las revoluciones hispanoamericanas) y la elección prevista de los diputados “no se respetó casi en ninguna parte” (Gianello, op. cit.). El gobierno porteño planteó a los enviados de Artigas “una alternativa drástica: independencia total de la Banda Oriental o envío incondicional de diputados a reunirse en Tucumán”, disyuntiva que el caudillo no acepta, planteando la guerra a portugueses y españoles y el federalismo (Luna, op. cit.). En este Congreso van a declarar la Independencia las mismas fuerzas políticas que se habían opuesto a ella tres años antes, y en primer lugar los agentes de la diplomacia británica, la cual había dejado atrás su alianza con España y quería usufructuar sin intermediarios su dominio sobre el Río de la Plata. El Congreso no será expresión de soberanía popular alguna por su propia composición, pero además porque los representantes de Buenos Aires (absoluta mayoría) llevaban precisas instrucciones en el sentido de no aceptar organización federal alguna que afectara el monopolio porteño de la Aduana y el armamento. Por esta razón el Congreso de Tucumán es, en primer lugar, el de la guerra a muerte contra el movimiento democrático artiguista. El nuevo Director Supremo, Pueyrredón, nombrado por el Congreso de Tucumán, entregará la Banda Oriental a los portugueses, que derrotarán a los patriotas orientales en una guerra de tres años. Es esta derrota la que sanciona la secesión de la Banda Oriental, bajo directa inspiración inglesa (“Estado tapón”) y contra el planteo de un Estado federal unido que Artigas va a defender hasta el momento de su muerte. El mismo Congreso de Tucumán, trasladado a Buenos Aires, es autor de la constitución de 1819, que privaba del voto y de la ciudadanía al “doméstico asalariado, por no tener propiedad u oficio lucrativo y útil al país” (Ravignani, op. cit.) y establecía un régimen dictatorial absoluto en favor de la oligarquía porteña. Conclusión: las Asambleas Constituyentes que el Mst invoca como “ejemplos históricos” de su posición actual, fueron tan reaccionarias como la menemista radical, jamás se plantearon poner en pie un Estado democrático burgués y estuvieron bajo el dominio político de la oligarquía porteña.

En la “Prensa Obrera” Nº 406 se ha publicado un artículo titulado “Sobre el movimiento de liberación de la mujer”, firmado por Daniel Blanco. Dado que dicho artículo es una crítica a las opiniones vertidas por mí en dos cartas que envié informando sobre el VIIIº Encuentro Nacional de Mujeres, voy a hacer algunas observaciones sobre estas nuevas opiniones. En primer lugar voy a tocar un punto que pasé de largo en mi carta anterior, respecto a mi negación a participar en forma organizada desde el PO en dicho Encuentro. Creí poco importante e innecesario dar satisfacciones sobre este hecho porque para mí estaba (y está) perfectamente clara y coherente mi conducta. Además, importa poco lo que se piense, o se deje de pensar de ella. Pero dada la insistencia, creo que se merece una explicación. Como relaté en mi primera carta, yo escuché de un dirigente nacional del PO —que se supone debe reflejar la posición oficial del partido, sino no estaría en ese puesto (era el mismo D.B. que escribe el artículo)— claras manifestaciones negadoras de la importancia del movimiento de la mujer. Además, y reafirmando lo anterior, hace ocho años que se vienen realizando los Encuentros y el partido lo ha desconocido, o bien, no le ha dado la menor importancia. De pronto, resulta que se iban a reunir cerca de seis mil mujeres en Tucumán y me proponen discutir, de la noche a la mañana, la cuestión de la mujer y llevar una posición para aprovechar ese ajuntamiento. Cuando un compañero me propuso esa intervención, yo le dije que me parecía una política oportunista (y empírica además), pues no se basaba en una asumición clara y consecuente del partido en torno a la lucha de la mujer. Un principio de honestidad y coherencia que trato de conservar —a pesar de todas las presiones en contra— me hizo resistir ese planteo y rechazarlo de plano. De lo que se trataba era ir a bajar “la posta” (y ahora me pregunto ¡¡¿qué posta se iba a bajar si recién el partido se apresta a discutir seriamente la cuestión?!!), largar una fraseología revolucionaria sabida de memoria, jactarse de la misma, lamentarse del atraso político de esas mujeres que “piden” soluciones a su realidad, redactar un informe despectivo con “brillantes” caracterizaciones arrolladoras, sentirse el más revolucionario de los revolucionarios y, luego, misión cumplida, y “chau, estúpidas mujeres”. A toda esa estupidez yo me he negado y me seguiré negando. Y me seguiré negando, estimados compañeros. Esas mujeres se reúnen desde hace ocho años, buscando formas de llevar adelante su lucha en medio del descalabro de este país y de una sociedad que continuamente las humilla y las acosa, y se pretende llegar allí llevando la verdad revelada... ¡Y seguir en la ceguera! Si yo no me hubiese negado no se habría generado toda esta discusión que, de una manera o de otra, con muchas o pocas ganas, todos terminan reconociendo que resulta necesaria. No podría haber sido más acertada mi negación y, si yo volviera atrás en el tiempo, haría exactamente lo mismo y más convencida aún. Les aclaro que yo misma fui al Encuentro con una serie de prejuicios, creyendo que me iba a deparar con feministas furiosas que colocaban la diferencia de sexo por sobre todas las cosas. Pero, tuve la agradable sorpresa de encontrarme con un enorme conjunto de mujeres que discutían con mucha seriedad y mucho atino los problemas de las mujeres en este país. Mis prejuicios cayeron al suelo y asumí una mirada críticamente positiva, y fui la primera en apuntar las limitaciones que creía ver en dicho Encuentro. Me resistí a las críticas fáciles, apuradas, esquemáticas y, al mismo tiempo, manifesté en mi carta anterior que hasta podría cambiar de opinión si me presentaran críticas bien fundamentadas, lo que hasta el momento no ocurrió. Quiero dejar claro, por las dudas me quieran interpretar mal, que sí considero necesario que se discuta el tema, que se intervenga de forma organizada, que se defienda una posición revolucionaria y que se hagan las caracterizaciones necesarias y, si corresponde, que sean demoledoras (pero sólo si corresponde que lo sean). Pero sobre todo, considero que los análisis deben ser rigurosos, lo que se dice rigurosos, es decir, comprender el fenómeno por entero, no detenerse en el discurso manifiesto, un dato recogido de un diario, o un prejuicio contra las personas que no llevan puesto un overol de trabajador. Se acusa a la mujeres organizadoras de no convocar a un “cambio revolucionario” (aprovecho para señalar al autor del artículo que, contrariamente a lo que dice, en mi carta no reproduzco ningún párrafo que convoca a “protagonizar el cambio”). Pretender que un Encuentro de mujeres o de lo que sea (y no hablamos de partidos políticos) en las actuales circunstancias políticas del país, donde predominan las fuerzas burguesas y de centroizquierda, mientras la izquierda se encuentra aislada y desprestigiada, con el agravante de que el partido revolucionario deliberadamente calló su voz, proponga, así porque sí, un cambio revolucionario, es, discúlpenme, realmente delirante. Esa clase de análisis se resume a constatar lo obvio. Ahora bien, decir que en el Encuentro predominan las fuerzas del centroizquierda quiere decir exactamente eso: predominan, pero no es su propiedad. Y me tienta insistir: bueno sería mirar más allá del espejo. Dado que la polémica se hace sobre datos muy parciales e impresiones personales, me tomé el trabajo de realizar una pequeña investigación sobre el Encuentro Nacional de Mujeres, entrevistándome con una de sus más activas organizadoras. Un conciso documento (que adjunto sobre los antecedentes del Encuentro señala que “el origen de esta convocatoria amplia a las mujeres de nuestro país, nace del primer grupo de mujeres que asiste al FORO INTERNACIONAL DE MUJERES, realizado en NAIROBI —KENIA, AFRICA— en 1985, que tiene lugar paralelamente a la CONFERENCIA MUNDIAL PARA EL EXAMEN Y EVALUACION DE LOS LOGROS DEL FIN DEL DECENIO PARA LA MUJER (decenio instituido por las NACIONES UNIDAS en la CONFERENCIA MUNDIAL DEL AÑO INTERNACIONAL DE LA MUJER, junio y julio de 1975, México)”. Pero, por favor, no se apuren: de esto no se deduce necesariamente que la mujeres están haciendo el juego al imperialismo. Según el mismo documento, los Encuentros que se realizan cada año, a partir de 1986, siguen la forma original del FORO Internacional. Puntualizo a continuación los temas indagados en la entrevista: 1º) Financiamiento del Encuentro: el criterio es el autofinanciamiento, lo que significa pedir a todo el mundo, sin ninguna condición o compromiso, y reunir recursos a través de rifas, bonos, etc. Para el VIIIº Encuentro se obtuvo: — 21.000 pesos del gobernador “Palito” Ortega. — 5.000 pesos de OCCI (una organización eclesiástica internacional). — Varios otros pequeños aportes (Caja Popular, Credicoop, un sindicato, etc.). Según lo expresado por la informante, los 21.000 pesos fueron logrados a través de una gestión que hizo una de las organizaciones, que tiene buenas relaciones con Evangelina Salazar. Han sido destinados para pagar la comida a 1.500 participantes del Encuentro, las cuales recibieron tickets para comer en algún restaurante de la zona. No supo decirme qué interés tuvo Palito para ceder ese dinero, y luego concordó que tal vez el de apoyar la realización de un evento que significaría un importante ingreso de dinero a la provincia con la afluencia de esa cantidad de personas. Me comenta que, al advertir de la importancia del evento, Palito quiso aparecer en la apertura del mismo, pero la Comisión organizadora lo impidió, dado que no se aceptan condiciones y se trata de impedir cualquier intento de manipulación de los partidos políticos. Reconoce que existen grandes presiones en este sentido, pero hay un gran sector de mujeres que resiste tenazmente, defendiendo lo que llaman el “espíritu” del Encuentro: horizontalidad y autonomía. El dinero de la OCCI, que según me dice aún no llegó, está destinado a la impresión y distribución de las conclusiones del Encuentro, que debe ser enviado a todas las mujeres participantes. En fin, se trata de lograr dinero pero con el “arte” de lograr plata sin que ésta condicione. El Encuentro cuenta con un régimen de becas para todas las personas que no pueden solventar sus gastos, a quienes se provee la comida y alojamiento gratuitos (en escuelas) y también en casas de familias. Se solicitó especialmente a las mujeres tucumanas ofrecer alojamiento en sus casas. También se logró descuento en los hoteles que recibirían mujeres. La idea es lograr que todas las mujeres que desean concurrir al Encuentro puedan hacerlo. 2º) Composición social: no se hizo un análisis numérico, pero estiman que un 70% correspondía a mujeres de sectores populares, es decir, muchas mujeres de organizaciones barriales; maestras; empleadas; esposas de desocupados de IPASAM, de SOMISA y de Comodoro Rivadavia; grupos indígenas; obreras de Alpargatas; mujeres de los Valles; mujeres de organizaciones feministas, etc., y un 30% de profesionales e intelectuales. Dice que es especialmente dificultosa la participación de obreras fabriles debido al régimen de trabajo que tienen. La participación de legisladoras ha sido muy pequeña y desapercibida pues, dice, la manera en que está organizado el Encuentro no resulta atractivo para las políticas, por cuanto éstas se vuelven una más del montón (no ocupan un lugar privilegiado ni pueden desplegar sus discursos). 3º) Comisión organizadora: en ella participan voluntariamente todas las mujeres que desean trabajar efectivamente en la organización. Todas las decisiones se toman por consenso. El criterio para decidir quién larga el discurso de apertura es el del trabajo, es decir, habló aquella que más se dedicó a la organización del Encuentro. 4º) No se encubren las afiliaciones políticas. La mujeres defienden las posiciones de sus partidos si lo tienen, y también lo dicen. Se trata de impedir que en la marcha se desplieguen carteles partidarios para evitar que las mujeres independientes se crean utilizadas por los partidos políticos y evitar que se produzcan disputas sectarias. 5º) Resultados: como principal resultado de los Encuentros apuntó su efecto multiplicador. Se han multiplicado, por ejemplo, las secretarías de la mujer en los gremios, o las acciones de las mujeres en los barrios, o en sus propios hogares. Considera que la lucha de las mujeres se debe desarrollar en las organizaciones intermedias, pues entiende que en Argentina no están dadas las condiciones para que las mujeres tengan una organización nacional única. Los países que lo intentaron han fracasado y con ello se han perdido también los encuentros de este tipo. El Encuentro es básicamente un espacio de intercambio de experiencias de las mujeres y es un incentivo a la lucha por los derechos de la mujer. Espero que esta información resulte útil para avanzar en una caracterización objetiva del Encuentro Nacional de Mujeres. Quiero señalar que lo informado por esa mujer es perfectamente coincidente con lo que vi y viví en ese Encuentro, y luego relaté en mi primera carta. Es completamente falso que, como dice Daniel Blanco, los Encuentros sean un “foro para los discursos, y para que las fuerzas que sostienen al actual régimen político y al sistema capitalista puedan desplegar sin costo alguno toda su demagogia”. Así como también insisto que es incorrecta su arrolladora y previsible “conclusión”. “No todo lo que reluce es oro”. Los resultados pueden no ser espectaculares y visibles a los ojos desavisados, pero pueden tener una consecuencia más profunda. Y para no extenderme en esta carta ya demasiado larga, finalizo diciendo que entiendo que para algunas mentes puede resultar inconcebible que las mujeres, con inteligencia, se pongan en la tarea de dirigir sus propios destinos. Pero toda opresión tiene un límite. Y toda mujer lleva en su seno un íntimo deseo de liberación.

Con el desmantelamiento del monopolio del comercio exterior, la liquidación de la planificación centralizada y el lanzamiento de un plan de privatizaciones del conjunto de los medios de producción por parte de la burocracia rusa, el PO caracterizó la naturaleza de clase del Estado que “heredó” a la URSS como “un Estado obrero en completa disolución, es decir como un Estado no obrero” (Prensa Obrera Nº 348, 19/12/91). Esta caracterización se ajusta plenamente al proceso económico y social que se desarrolla hoy en Rusia: el Estado no preserva la propiedad colectiva sino que, por el contrario, promueve el desarrollo de la propiedad privada; la propiedad estatal todavía mayoritaria sólo sirve al acaparamiento privado de los burócratas con vistas a su rápida transformación en capitalistas. “Sin planificación ni monopolio del comercio exterior, sin moneda, el Estado obrero es una abstracción” (ídem). El proceso de liquidación de las bases sociales del Estado obrero por parte de la burocracia abrió paso a un conjunto de relaciones sociales de transición capitalista que informan todo el proceso económico y social que vive Rusia y que consiste en la tendencia a la transformación en propiedad privada de las prebendas y beneficios acumulados por la burocracia en décadas de monopolio del poder político, es decir en la transformación social de la burocracia en clase capitalista. El desenvolvimiento de relaciones sociales capitalistas (intercambio “privado”entre las empresas, libre acceso al mercado mundial, acaparamiento de divisas, asociación al capital imperialista) han precedido a las privatizaciones --las cuales, en última instancia, se reducen al cambio del status jurídico de los medios de producción-- y les sirven de base. En este cuadro, el conjunto de las empresas, aun cuando todavía sean estatales, están obligadas a actuar como empresas capitalistas, a buscar un beneficio y una acumulación en oposición a otras empresas, a los consumidores y a sus trabajadores, es decir, en oposición al conjunto de la sociedad. Aunque todavía estatales, la naturaleza social de estas empresas es ya radicalmente opuesta a las de “propiedad colectiva” creadas por la Revolución de Octubre. Acumulación “primitiva” La política privatista que arrancó con Gorbachov ha llevado a Rusia a “una baja catastrófica de la economía y la cultura” —como pronosticara Trotsky en el caso de una “caída de la dictadura de la burocracia actual sin que fuera reemplazada por un nuevo poder socialista”. “La producción industrial se derrumbó un 40% y la inflación trepó 2.000% en los últimos dos años; el rublo se ha hundido; la educación, la salud y la investigación científica están en ruinas y se han extendido las epidemias (como la difteria)” (Le Monde Diplomatique, octubre de 1993). Mientras la población se hunde en la miseria, la burocracia se ha servido de la liquidación del monopolio del comercio exterior y de la planificación centralizada para saquear las riquezas del país y fugar capitales. “El ministerio de Seguridad de Rusia dice que uno de cada tres barriles de petróleo y una de cada dos toneladas de níquel llega al exterior por canales ‘no oficiales’” (The Washington Post, semanario, 15/2). Es lógico entonces que uno de cada cuatro dólares exportados quede en el exterior y que el International Institute of Finances evalúe la fuga de capitales en 17.000 millones de dólares para los años 1991 y 1992. Le Monde Diplomatique (octubre de 1993) va más lejos todavía: calcula la fuga de divisas en 40.000 millones, como consecuencia del pillaje, de la especulación, del contrabando y de la venta en los mercados europeos de riquezas naturales, recursos estratégicos, armas y obras de arte por parte de “businessmen” que han amasado fortunas en meses. “Estas formas ‘primitivas’ de acumulación capitalista corresponden a las características del proceso de restauración capitalista en Rusia, e incluso en la mayor parte del ex bloque oriental. La privatización de las empresas públicas significa, en general, un cambio de patrimonio pero no una inyección de capitales; los burócratas que se aprovechan de esas privatizaciones tienen el poder de mando pero no capitales. Es por eso que, sean públicas o privadas, las empresas dependen del crédito oficial, el cual es usado para fugar capitales al exterior y especular con la inflación” (Prensa Obrera, nº 385, 23/3/93). Maffias Otro aspecto particularmente revelador de las relaciones sociales establecidas en Rusia es la proliferación de bandas maffiosas que han convertido a Moscú en “el paraíso de los lavadores de dinero sucio”, en la “Paraguay europea”, y que han elevado la tasa de criminalidad a niveles superiores a los de las más violentas ciudades norteamericanas o asiáticas. No se trata de un asunto policial sino, principalmente, económico. Estas maffias ya existían bajo el régimen burocrático; dominaban el mercado negro, en particular de productos agrícolas. La restauración les ha brindado la oportunidad de “aplicar” las ganancias obtenidas en la intermediación para convertirse en propietarias y darle un status legal a la diferenciación social. Hoy, dominan el comercio minorista, son propietarias de 40 bancos en Moscú (Madres de Plaza de Mayo, noviembre de 1993) y participan activamente en las privatizaciones. Además, están directamente ligadas al poder político: el vice primer ministro Chumeiko y el alcalde de Moscú, Lujkov, son sindicados como los representantes de la maffia en el gabinete de Yeltsin (Lutte Ouvrière, 22/10). Pero las organizaciones maffiosas no son otra cosa que asociaciones de capitalistas que promueven sus negocios por medios delictivos y violentos. Esto es claro si se recuerda el papel jugado por la maffia en la “reconstrucción” del capitalismo italiano de posguerra (una tarea en la que contó con el apoyo del ejército de ocupación norteamericano) y las “íntimas relaciones” existentes entre el “crimen organizado”, los grandes capitalistas y los gobiernos tanto en Japón como en Italia o en Estados Unidos. El enfrentamiento entre estas maffias y los “capitanes de la industria” rusos (que se oponen a los pillajes ... de los demás) es un enfrentamiento puramente capitalista, que tiene como base la lucha por el monopolio de la restauración. Privatización El proceso de privatización ha comenzado por los servicios, el comercio y las industrias ligeras, en particular las de la alimentación. Según las estadísticas que presenta Le Monde Diplomatique (y que ella misma relativiza porque las considera poco confiables) el 31% de las empresas de la Federación —que representan el 10% del capital total y ocupan al 20% de la mano de obra– ya se encuentra privatizado. Esta amplia privatización ha favorecido, fundamentalmente, a los “capitanes de la industria”: del total de empresas privatizadas, el 70% de las comerciales y productoras de alimentos y el 62% de las de servicios han quedado en manos de los “colectivos de trabajo”, que engloban a los gerentes, a los empleados administrativos y a los obreros. Pero, advierte Le Monde Diplomatique, “no hay que concluir que se está poniendo en pie un régimen de autogestión. La mayoría de los colectivos no alcanzan a comprar más que creando cooperativas en las cuales los inversores rusos —los burócratas— y extranjeros tienen un poder de hecho”. Así, “los managers de los grupos industriales han reforzado sus posiciones: disponiendo de una red de actividades que cubre a la CEI en su conjunto, ellos comandarán a partir de ahora las privatizaciones, la formación de precios y la puesta en marcha del nuevo programa gubernamental” (ídem). La privatización industrial ya está comenzando. El gobierno está sacando a la venta unas 700 empresas por mes, incluidos algunos grandes pulpos, como la automotriz Zil, la Siberian Yuganskneftgaz (una de las mayores petroleras rusas, del doble del tamaño de YPF —La Nación, 28/11), la Gazpron (el monopolio estatal del gas) o la Surguneftgaz, otra gran petrolera. “La gran privatización que comienza en la industria se realiza en el 80% de los casos bajo la forma de transferencias a sociedades por acciones en las cuales el ‘paquete de control’ (por lo menos el 51% de las acciones) queda en manos del colectivo de trabajo, que los obtiene en condiciones de favor” (ídem). El resto de las acciones, se subasta. La propiedad del “colectivo” no es, todavía, una forma desarrollada de propiedad capitalista, pero implica ya un cambio en la calidad de la propiedad, puesto que las empresas pasan a comportarse de manera abiertamente capitalista, con accionistas externos (y aun con accionistas ocultos detrás de las cooperativas), y por lo tanto, constreñidas por las “leyes del mercado” a obtener beneficios que distribuir. Fondos mutuales y especulación “bursátil” Desde el golpe de octubre, el ritmo de las privatizaciones se ha acelerado. “Ahora es claro que las privatizaciones van para adelante”, declara un operador de una de las Bolsas de Moscú. “El creciente número de grandes y lucrativas empresas que están saliendo a la venta” ha valorizado el llamado “voucher”, el bono que Yeltsin entregó a cada ruso para cambiar por acciones de las empresas a privatizar, “que es objeto de una fuerte especulación” (ídem). En apenas semanas, el precio en dólares de los “vouchers” ¡se ha cuadruplicado!, constituyéndose en la inversión más “rentable” de todo el planeta (La Nación, 28/11). La especulación sobre el “voucher” revela que existe un movimiento de capitales que está participando activamente en la privatización de las empresas. Este movimiento ha dado lugar al surgimiento de “fondos mutuales”, que compran los “voucher” a los particulares y les pagan con cuotas partes de esos mismos fondos; luego, con los “vouchers” acumulados participan en las subastas de las privatizaciones y se convierten en accionistas de las empresas privatizadas. Se trata de instituciones puramente capitalistas —”modeladas a imagen y semejanza de los fondos mutuales occidentales” (Business Week, 1/11)— que “están emergiendo como una fuerza clave en la privatización de la industria” (ídem). Muchos de estos “fondos mutuales”, incluso, hacen “rápidos beneficios revendiendo acciones en un mercado secundario” y montando operaciones de “take over” (adquisición hostil de una empresa por un competidor, con el objeto de despedazarla y vender sus activos para producir rápidos beneficios). ¡Aún no hay propietarios plenamente capitalistas y ya están desarrollados los rasgos más parasitarios de la senilidad capitalista, los rentistas que viven de “cortar cupones” y las operaciones de destrucción especulativa de las fuerzas productivas instaladas! Estos “fondos mutuales”, sin embargo, pueden convertirse en el camino más directo al desastre. El caso de Checoslovaquia es aleccionador. Allí, tres “fondos mutuales” tienen en su poder acciones de centenares de empresas, que representan más del 60% de la economía nacional ... pero muchas de ellas están virtual o efectivamente en quiebra. Los “fondos”, sin embargo, han dejado para más adelante cualquier intento de “racionalización” industrial. ¿Por qué? Porque “los bancos proveen respaldo financiero a los fondos que poseen importantes participaciones en un gran número de compañías que tienen deudas entre sí y con los bancos. Entonces, nadie quiere patear el barco. Nadie sabe cuánto puede durar este estado de cosas pero es una potencial causa de inestabilidad en una todavía frágil estructura” (Financial Times, 16/11). Ahora que las empresas están privatizadas, los privatizadores han descubierto que son un verdadero “clavo”, pero no pueden deshacerse de ellas sin provocar un estallido de toda Checoslovaquia. Contradicciones Para la burocracia, la privatización no resuelve el problema sino que, más bien, recién comienza a plantearlo. Es que si las empresas privatizadas no son capaces de vender su producción en el mercado mundial o, cuando menos, de resistir los embates de la competencia extranjera, marcharían inevitablemente a la quiebra, mandando al demonio todos los “ahorros” que los burócratas “supieron conseguir”. Esto implica que, después de la privatización, la burocracia está obligada a imponer una “reestructuración” de las empresas que implicará un caótico proceso de millones de despidos, cierre de empresas, liquidación de ramas enteras de la producción y expropiación de miles de burócratas devenidos capitalistas. Pero, precisamente, porque están obligados a “reestructurar” la industria rusa, no es menor “la ‘dificultad’ que se han creado (los burócratas) al ‘asociarse’ a sus víctimas (los trabajadores de las empresas) en el proceso de privatización” (Prensa Obrera nº 385, 23/3/93). En previsión del cataclismo que plantea la “reestructuración industrial”, algunas franjas de la burocracia han reclamado hacer más lento el ritmo de las privatizaciones o, directamente, imponer protecciones a la industria local contra la competencia extranjera. Detrás de los choques entre Yeltsin y el parlamento ahora disuelto estaba presente la tensión de la burocracia por la perspectiva de esta violenta “reestructuración”: una de las últimas leyes votadas por el Parlamento —que Yeltsin vetó— prohibía a los bancos extranjeros tomar depósitos de los “residentes en Rusia”, es decir, no sólo las empresas rusas sino también las empresas mixtas con el capital extranjero. Esta “resistencia” burocrática al capital externo es una resistencia puramente capitalista; para los burócratas que la promueven no se trata, ciertamente, de proteger la propiedad estatal sino sus propias porciones de mercado, de propiedad y de plusvalía extraída a los obreros. Todo esto confirma el carácter puramente capitalista del proceso desatado por la burocracia. Ninguna fracción de la burocracia defiende hoy la propiedad estatal —y menos la propiedad colectiva. Sólo una revolución política, que expropie a la burocracia y reimplante el monopolio del comercio exterior y la planificación centralizada podrá volver a poner en pie en Rusia la propiedad estatal con un contenido anticapitalista. Deflación mundial El proceso de restauración capitalista y la desintegración de la ex URSS forman parte de un proceso más amplio de enorme descalabro económico en los mercados mundiales ...¡y los producirá en una escala todavía infinitamente mayor! Las ex repúblicas de la ex URSS, que salen a un mercado mundial sobresaturado a vender sus productos a precios de remate, han desplomado los precios de renglones enteros de la producción mundial. Un caso ilustrativo es el del aluminio: el precio se ha reducido a la mitad desde el desmembramiento de la ex URSS y el 85% de las empresas occidentales está vendiendo su producción a precios inferiores a sus costos de producción como consecuencia de las exportaciones rusas (Financial Times, 19/10). Así, el derrumbe de los regímenes burocráticos no sólo es un factor político de la crisis mundial —al desaparecer un gendarme que no ha encontrado reemplazante— sino también un factor económico de la crisis, al potenciar violentamente la tendencia a la deflación de los precios mundiales que amenaza con mandar a la quiebra a sectores enteros del gran capital. Pero el potencial deflacionario de la restauración del capitalismo en Rusia será todavía más destructivo cuando la industria se vea obligada a “reestructurarse”, es decir, a salvarse emprendiendo una lucha a muerte con la competencia nacional e internacional para mantenerse en pie. El despido de los millones de trabajadores rusos que implicará esta “reestructuración” tendrá un efecto devastador sobre los salarios de todos los trabajadores europeos, mientras que la liquidación de mercancías a bajo precio tendrá un efecto todavía más catastrófico que el que ya sufre la industria del aluminio. Se plantea, en consecuencia, un proceso de destrucción de fuerzas productivas tan enorme que no podrá menos que conmover los cimientos del orden social, en Rusia y en todo el mundo, algo que viene a confirmar la potencialidad revolucionaria del hundimiento de los regímenes burocráticos. La restauración del capitalismo no está definitivamente asentada en la ex URSS, no por las “resistencias” de la burocracia ni por “las herencias del pasado”, sino por las poderosas tendencias a la emergencia de crisis revolucionarias que no puede sino desatar a cada paso.

Carta enviada a Página 12-Córdoba, no publicada por el diario En el artículo titulado “Tiene varios dueños la libreta”, del día 20/11/93, se ve cómo cinco centros de estudiantes “demandan (por) repartir el negocio que hasta ahora tenía bajo control monopólico la FUC”, haciendo alusión a la concesión que tiene la Federación de revender las libretas universitarias cobrando un sobreprecio, cuya diferencia pasa a formar parte de los fondos de esta organización. Estos centros de estudiantes (dirigidos por el Frente del Sur y el MNR-Psp) “coincidieron en impulsar acciones tendientes a lograr que cada facultad (...) comercialice las libretas que entrega a sus alumnos”. Como se ve, la preocupación de estas agrupaciones se concentra en quién maneja el dinero (que no es poco, 70 mil pesos anuales), si lo hace la FUC (en manos de Franja Morada) exclusivamente o si lo hacen los centros, de donde saldrían beneficiados el Frente del Sur y el Movimiento Nacional Reformista. Se trata de una burda pelea por el botín, que está muy lejos de contemplar los intereses de los estudiantes. En ningún momento se cuestiona la naturaleza o legitimidad del cobro de la libreta, ni tampoco su excesivo monto. A ninguna de estas organizaciones les importó que el costo de vida estudiantil sea demasiado alto como para exigir, por lo menos, una libreta gratuita. Otro problema es que si se abriera una licitación, participarían en ella cualquier tipo de empresas privadas, lo que no garantiza que sean los centros de estudiantes los que manejarían el “negocio”; por lo tanto, es mentira que las ganancias irían a las facultades, como intenta argumentar Alejandro Britos (presidente del centro de Ciencias de la Información y miembro de la JUI). Por otro lado, John Boretto (presidente de la FUC y dirigente de Franja) fundamenta, en este mismo artículo, por qué la concesión debe permanecer en manos de la FUC, aludiendo que es parte fundamental de su financiamiento. Argumentos que son muy cuestionables y además dictatoriales. La FUC como organización gremial estudiantil DEBE ser financiada por los mismos estudiantes, pero dicho aporte debe ser VO-LUN-TA-RIO. O sea, que en la medida que los estudiantes necesiten y les sirva una organización gremial aportarán a ella, y si no, no. Pero de ninguna manera el financiamiento de la FUC debe recaer coercitivamente sobre los estudiantes, como es ahora, ya que nadie puede dejar de pagar la libreta, que es un elemento indispensable en la vida universitaria. Demasiados gastos tienen los estudiantes, arancel mediante, como para bancar “aparatos” que no han decidido sostener. En conclusión, lo que se desprende de la actitud de estas organizaciones (Franja Morada y centroizquierda, en todas sus versiones), es que están muy lejos de los estudiantes y muy cerca de sus intereses particulares y mezquinos (sus bolsillos). Tanto es así, que TODAS prefieren cobrarles a los estudiantes (aranceles, libretas, ... etc.), y no buscar la forma de organizar al movimiento estudiantil para exigir un aumento del presupuesto educativo que contemple las necesidades básicas, como es una libreta. Por eso, la UJS (adhiere al Partido Obrero) dice que el camino es una lucha de conjunto de docentes, no docentes y estudiantes por la triplicación del presupuesto educativo y echar el arancel y todas las medidas restrictivas de la Universidad.

A la denuncia de nuestro partido, de que la consigna de Asamblea Constituyente constituye, en el momento actual, una capitulación ante las presiones reeleccionistas de Menem y de la “patria privatizadora”, el Pts se defendió reproduciendo tres páginas de citas de Trotsky sobre la oportunidad de esa consigna en China de la década del 30, cuando China tenía planteadas las tareas de la unidad nacional. Con semejante procedimiento, el Pts mostró su peor faceta (lo que no es poco), porque demostró dos cosas: una incapacidad indisimulable para hacer un análisis concreto de una realidad concreta y una incomprensión insuperable del carácter históricamente determinado de esa consigna, así como de la oportunidad política conveniente para su planteo. Pero luego de nuestra respuesta, en PO Nº 406, el Pts se vio obligado a sacar otro artículo contra nosotros, confesando de este modo que las citas de Trotsky no le resolvieron ningún problema y hasta se le volvieron en contra. En su nueva incursión, el Pts vuelve a su remanido método de las citas, pero esta vez no de textos de Trotsky sino de un discípulo de Trotsky, es decir, de textos del Partido Obrero. La consigna de Asamblea Constituyente no encontraría ya su justificación en lo que dijo Trotsky en la década del 30 para China, sino en lo que planteó el PO en 1987 para la Argentina. Carácter episódico Hemos sostenido que la consigna de la Asamblea Constituyente pierde su vigencia y pasa a un segundísimo plano en naciones donde existe un régimen político basado en el sufragio universal. Trotsky plantea en 1938, en el “Programa de Transición”, que “La consigna de la Asamblea Nacional (o Constituyente) conserva todo su valor en países como la China o la India”, precisamente en países sin gobierno propio o experiencia constitucional. Sin embargo, el mismo Trotsky planteó episódicamente esta consigna para los países fascistas, que por supuesto tenían una experiencia de gobierno propio, aunque relativamente breve (Alemania 1870-1933, o más precisamente,1918-33; Italia 1870-1922). Con todo,Trotsky advertía contra las “ilusiones” o las trampas democratizantes que sembraba el oportunismo con esta consigna y llamaba a no “resucitar cadáveres como el de Weimar” (ciudad donde se reunió la Constituyente alemana de 1919 usada para ahogar la revolución). Los trotskistas italianos coincidieron con Gramsci, en la época de la política ultraizquierdista del llamado tercer período del stalinismo, en levantar contra el fascismo la consigna de Asamblea Constituyente y el frente único obrero. Trotsky levantó siempre la consigna de la Constituyente como un arma de lucha revolucionaria contra el Estado y con la advertencia permanente acerca de sus limitaciones. 1987 El PO levantó la consigna de Asamblea Constituyente en diversas oportunidades, pero nunca con un carácter “constitucionalista”, es decir, para hacer más democrática la letra de la Constitución, sino con el carácter de consigna de transición al gobierno de trabajadores. Despojarla de su carácter constitucionalista y presentarla en su capacidad revolucionaria, esto marca la diferencia de principios y de métodos entre el abordaje que hace y ha hecho el PO, de un lado, y el conjunto de las corrientes morenistas sin excepción, del otro. Con este carácter episódico y transicional, el PO planteó la consigna en 1987 cuando Alfonsín quiso hacer aprobar la ley de Obediencia Debida repudiada por la gran mayoría de la población. “Alfonsín y el parlamento —decíamos— no tienen autoridad para amnistiar. Que el pueblo decida. Asamblea Constituyente”. Las elecciones nacionales para renovar diputados y gobernadores se hacían el 6 de setiembre y nosotros lanzamos la consigna el 20 de mayo. La consigna constituyente no era un reclamo a favor de una reforma constitucional, sino que planteaba la disolución del parlamento que tenía mayoría indultadora, y la renuncia del gobierno, y el pase de la totalidad del poder a una Asamblea Constituyente. “Es necesario que la soberanía popular se exprese en una Asamblea Constituyente, con nuevos representantes elegidos por sufragio universal, que asuma la totalidad del poder político” (PO, 20/5/87). Ante estas evidencias es necesario señalar dos cosas. La primera es que para el Pts la consigna de Asamblea Constituyente no tiene un carácter de poder (no podría tenerlo en la presente situación política), sino que apunta, textualmente, a “democratizar” la Constitución vigente. Lo otro es que en aquella oportunidad la reivindicación sólo podría prender como oposición al gobierno de turno, en tanto que hoy es éste el que impulsa la convocatoria. En 1987, hubo una tendencia a reclamar un referéndum para impedir la sanción de la ley de obediencia debida, lo que prueba que nuestra consigna respondía a un interés popular generalizado. Era una consigna adecuada a la situación; adecuada al planteamiento de conjunto de la cuestión del poder; y adecuada a la función de desenmascarar el carácter antidemocrático del Estado democrático. La “Semana Santa” de 1987 no fue el momento en que Alfonsín y Cafiero pretendían reformar la Constitución, como miente el Pts, sino que fue el momento en que miles y miles se retiraban de Plaza de Mayo desengañados del alfonsinismo por su capitulación ante los carapintadas. Bajo la dictadura No fue ésa la única vez que el PO levantó la consigna de Asamblea Constituyente. Bajo la dictadura fue una consigna central de nuestra agitación política. Abajo la dictadura, por una Asamblea Constituyente soberana. Nuevamente, en este caso, era un planteo de lucha revolucionaria contra el régimen dominante, no un planteo constitucionalista, y planteamos el desconocimiento de todos los decretos dictatoriales y su completa revisión. En esa época, la corriente morenista reclamaba la “vigencia de la constitución de 1853” (¡ Sí, de la reaccionaria!) y establecía acuerdos con la “multipartidaria” burguesa en torno a esa consigna. El Pts defiende a muerte la consigna de Asamblea Constituyente incluso cuando, por su oportunidad, significa favorecer la convocatoria de un parlamento constitucional más reaccionario que el actual para que sancione una constitución también más reaccionaria que la actual. Frente a la constituyente reaccionaria Si la constituyente fuera convocada por el pacto podrido de Menem y Alfonsín, probablemente debamos concurrir a librar una lucha en el seno de esa Asamblea reaccionaria. Reaccionaria por su composición (mayoría de los partidos del régimen); por el poder que la convoca; por la manipulación de la opinión pública (monopolio de los medios de difusión), por la oportunidad política (reflujo); por su objetivo (reelección, regimentación antidemocrática). Debiera caer de maduro que no podemos plantear que esta Constituyente reaccionaria se transforme en “libre y soberana”. Sería, cuando menos, ridículo. Debemos usar la tribuna electoral y parlamentaria para denunciar a la Constituyente y a sus objetivos reaccionarios, contraponiendo un programa reivindicativo de los trabajadores, llamando a éstos a movilizarse para imponer sus reclamos. Un fracaso de la Constituyente menemista como consecuencia de una lucha política y una movilización popular plantearía la cuestión del poder para los trabajadores, y no la reforma de la Constitución. Reformismo El Pts pretende que el PO es “reformista del estado semicolonial”, porque “En su programa (del PO) para la Constituyente se lee: ‘establecer el control de la economía por los trabajadores (sic); crear un estado democrático, ejercido y fiscalizado por la ciudadanía que trabaja (!!!!). Aunque parezca mentira, el “izquierdista” Altamira propone crear un estado democrático “fiscalizado” por la “gente que trabaja”, para que sea votado en una Asamblea Constituyente. No hace falta comentario alguno”. ¡Claro que no hacen falta los comentarios! Si el control obrero (“establecer el control de la economía por los trabajadores”) o un gobierno de los trabajadores (“crear un estado democrático ejercido y fiscalizado” —y no sólo fiscalizado, como dice el Pts— por la ciudadanía que trabaja), es reformismo, entonces la constitución soviética de 1919 (de donde se extraen esas fórmulas), es también un documento reformista. La pregunta es: ¿qué otro programa levantará el Pts frente a la convención menemista? Por otra parte, el PO no planteaba “reformar” la constitución, sino realizar practicamente el programa, toda vez que la Asamblea Constituyente debía tomar el poder político, con la renuncia del gobierno y la disolución del parlamento. Pero el Pts insiste: “Diéguez en 1993 nos acusa de no ser oportunos en el llamado a la Asamblea porque en estas circunstancias la mayoría sería Menemista, en cuyo caso le estaríamos haciendo el juego”. Para el Pts, en cambio, la Constituyente permitiría una discusión democrática, donde “las masas podrían comprender, por cuenta propia, la impotencia de las instituciones burguesas, incluso las más ‘democráticas’ para imponer la fuerza de su número y resolver los angustiantes problemas que atraviesan. Sin embargo, Diéguez y el PO en 1993 capitulan miserablemente a la conciencia del pequeño burgués centroizquierdista y aun alfonsinista que teme a la ‘mayoría menemista’, escondiendo su cabeza y su programa democrático radical para ‘no hacerle el juego’ al gobierno”. El Pts no tiene noción del ridículo. Las masas ya hacen todos los días su experiencia con el parlamentarismo, con las limitaciones de la “fuerza del número”, etc. ¿Para qué impulsar otra edición de lo mismo, más reaccionaria? El PO libra todos los días una lucha contra la “mayoría” menemista, algo que el Pts (jubilación privada mediante) no puede decir. Menem ha lanzado ahora la convocatoria de una Constituyente para aprovechar un terreno y oportunidad favorables (atomización del movimiento obrero, reflujo de las luchas populares, frente con el alfonsinismo) para institucionalizar avances reaccionarios. Ahí vamos a estar, pero no como el Pts capitulando ante el chantaje constitucional del menemismo, sino para desenmascararlo (parece que si el Pts tuviera parlamentarios no utilizaría el abandono de las sesiones y la no concesión de quórum para impedir la salida de una ley antiobrera por amor al principio del debate democrático). La “deificación” de la Asamblea Constituyente “Altamira niega las tareas democrático-formales para nuestro país, con el solo expediente de declarar que no hay ‘tradición’ de lucha por las tareas ‘constitucionales’ ... Sin embargo existen una infinidad de tareas pendientes que la ‘democracia’ no puede resolver, como el juicio y castigo de los genocidas...” (Rebelión, 24/11). Clarísimo. Mientras haya “tareas democrático-formales” pendientes, el método político para realizarlas debe ser democrático. Exactamente lo que sostuvieron toda la vida los mencheviques y stalinistas, la revolución por etapas, o la democracia como estación terminal (¡porque aun en el más imperialista y desarrollado de los países hay tareas democráticas pendientes— negros en Estados Unidos, monarquía en Gran Bretaña!).

Los trabajadores de Indupa, Induclor y Petropol han sido suspendidos en masa y no tienen seguridad alguna sobre su continuidad laboral. En los últimos dos años, otros 900 compañeros de estas plantas fueron cesanteados y los que quedaron fueron sometidos a la “flexibilización laboral”. La “situación de quiebra” que invoca la patronal es un secreto total para quienes son sus únicas víctimas. La patronal de Indupa ha sido receptora de inmensos beneficios: una reducción del 40% en el precio del suministro eléctrico, un precio diferencial para el etileno (380 dólares contra 430/450 en el mercado internacional), un mercado casi cautivo y la superexplotación —nunca compensada— de sus trabajadores. A esto hay que sumarle los más de 60 millones de dólares de deuda de los que se hizo cargo el Estado, como parte de la estatización de la deuda externa. Enfrentemos el atropello patronal y deschavemos el negociado capitalista. Reincorporación inmediata, pago integral de los salarios, apertura de los libros a los trabajadores, incautación de los bienes del directorio para garantizar el sustento de los hoy suspendidos. Es necesario pronunciarse y organizar una acción enérgica en defensa de los trabajadores de Indupa.

Para el miércoles pasado la Federación Universitaria Argentina había planteado la “ocupación” general de facultades para protestar contra la inminente aprobación de la ley que abre paso al arancel y a la privatización de la enseñanza superior. Ni bien se anunció la medida, Franja Morada prácticamente desapareció de las facultades de la UBA y todo concluyó con aires de ficción: no se ocupó nada y, en Ciencias Sociales, donde se realizaría la actividad central de la jornada, el corte de calle y la ocupación simbólica fueron impulsados por la UJS, activistas independientes y de la gremial docente (ver nota). La borrada de Franja Morada, como el propio planteo de las ocupaciones, se dieron en un clima de deliberación que recorre las filas del radicalismo universitario, luego del pacto Menem-Alfonsín. Entre el anuncio de las “ocupaciones” y su concreción el miércoles 1º, un plenario de Franja Morada decidió apoyar el pacto Menem-Alfonsín, con “resistencias”, según informó “Ambito Financiero”. Los rectores radicales, el mismo martes 30, previo a las ocupaciones, “estuvieron reunidos durante varias horas con el secretario general de Políticas Universitarias, Juan Carlos del Bello”, hasta que alumbraron un “acuerdo general” (Página 12, 3/12/93; ver nota). En el mismo nivel del podrido pacto menemo-alfonsiniano, la cosa tuvo su precio: “en forma paralela a estas negociaciones, el Congreso otorgó ayer 120 millones de pesos más al presupuesto de las casas de estudio” (ídem), que no serán destinados al aumento de los miserables sueldos docentes y quedarán para el manejo de los propios Consejos Superiores. La Universidad está siendo liquidada por el contubernio del menemismo y la UCR. Planteamos la necesidad de que se convoque a un congreso extraordinario para enfrentar al pacto Menem-Alfonsín y para resolver un plan de lucha contra el arancel y la privatización educativa.

Ha llegado a nuestras manos el ejemplar de Prensa Obrera del 10 de noviembre en curso, que en su página 10, con la firma de Felipe L., se publica una noticia: “Militantes socialistas se van al Frente Grande”. Y con sorpresa descubrimos que los militantes socialistas que se van al Frente Grande, somos nosotros. Es a todas luces evidente que el camarada Felipe L. y quizás la dirección del Partido Obrero discrepan con nuestras conclusiones. Pero una cosa es discrepar y otra cosa es falsificar y mentir. Honda preocupación nos produce la persistencia en camaradas de métodos extraídos del arsenal stalinista. Desde la oposición de izquierda hasta hoy, los marxistas revolucionarios sistemáticamente fuimos combatidos mediante la falsificación de nuestro pensamiento y mintiendo sobre nuestra práctica. Es preocupante que a esta altura de los acontecimientos haya camaradas que persistan en tales métodos. ¿De dónde extrae el camarada Felipe L. que planteamos “la inviabilidad del FIT y la necesidad de marchar hacia el Frente Grande”? No es esta la ocasión ni es nuestro interés rebatir tales puntos de vista. Nos remitimos a nuestras posiciones debidamente documentadas contenidas en Cuadernos de Debate nº 2 sobre “Contribución al debate sobre el programa de izquierda en la actual coyuntura”, del 3/7/93, y “Nuevamente sobre el programa de las izquierdas” del 19/7/93 y en los artículos del 24/8/93 “Organizar la resistencia contra la ofensiva” o en el reportaje a Ricardo Zambrano publicado en Bandera Roja de la Lsr de fecha 21/9/93, o en nuestro documento de fecha 16/10/93 “Algunos elementos sobre el reciente resultado electoral” y con respecto a la flexibilización laboral de fecha 8/5/93, titulado “Para avanzar al siglo XXI retrocedemos dos siglos atrás”. Los camaradas que lo deseen podrán constatar nuestras posiciones en dichos documentos y extraer sus propias conclusiones. Nos preocupan las falsificaciones y las mentiras en el debate, no en cuanto nos concierne, sino en tanto distorsiona el debate y distrae la atención de los problemas fundamentales. Además de ello, lesiona la credibilidad de vuestro periódico. Si se constata la falsificación y la mentira con respecto a militantes del Frente, qué razones tendríamos para atribuir veracidad a otras afirmaciones sobre otras corrientes del pensamiento. Nos asistiría razón para dudar de todas vuestras afirmaciones. Esperamos una pronta y clara rectificación o al menos la publicación de esta nota como respeto al derecho de réplica. En vísperas de vuestro VIº Congreso creemos imprescindible abrir algunos interrogantes: ¿Todo lo que se hizo desde la constitución del FIT es correcto? ¿Nada debemos modificar a la luz de los resultados y al menos ajustar la puntería? ¿Los resultados electorales se compadecen con la valoración que hicimos sobre la situación política de la clase dominante y el nivel de conciencia y organización de los sectores oprimidos y explotados de la sociedad? ¿El programa de los 23 puntos se corresponde al período de transición en curso? ¿El FIT ha logrado superar la atomización de las organizaciones marxistas y revolucionarias? ¿En caso negativo, por qué? ¿El FIT ha logrado despertar interés y agrupar a los sectores de los movimientos socio-político-culturales autónomos? ¿El FIT ha abierto un debate profundo sobre las necesidades de esta época de transición? ¿Ha logrado el FIT avanzar en la auto-organización de los sectores explotados y oprimidos? ¿Hay algo para corregir o se trata simplemente de persistir en la política ya implementada? Estos y muchos otros interrogantes deben ser debatidos y deben concitar nuestra preocupación. Queremos concluir con una reflexión. La gravedad de la fase histórica que debemos transitar nos impone la necesidad de agrupar las fuerzas que luchan por el socialismo para responder con perspectiva de éxito el desafío de la hora. No vemos cómo habremos de agrupar tales fuerzas si la menor diferencia política, programática o teórica nos lleva a considerar como enemigos o desertores a nuestros aliados. No vemos cómo se alienta la crítica constructiva —única forma de ser leales al marxismo— si ante la menor diferencia nos atribuimos el derecho de calificar conductas, propósitos u objetivos como contrarios a los intereses de clase. Expresamos nuestro pensamiento sin reservas y sin complacencias. No esperamos que nuestras posiciones sean adoptadas, aspiramos sí que sean discutidas. Aspiramos a que en el FIT puedan convivir corrientes o tendencias con divergencias y que tales divergencias sean respetadas. Aspiramos al respeto a la pluralidad de tendencias, tal cual lo sostiene el programa de fundación de nuestro movimiento y como ha sido la práctica inveterada del marxismo revolucionario. Las falsificaciones y mentiras jamás lograron alterar nuestros objetivos y nuestra ética revolucionaria. Nos preocupa sí, que tales prácticas se presentan como obstáculos, a veces insuperables, para lograr que el marxismo revolucionario imponga su autoridad y credibilidad. Invitamos fraternalmente a los camaradas a superar estas prácticas que han sido y son tan dañinas para el desarrollo de la conciencia y autoorganización de explotados y oprimidos. A ellos nos debemos y recordamos, a decir de Marx, que la verdad es siempre revolucionaria. Buenos Aires, 21/11/93

El pacto Menem-Alfonsín se está abrochando también en la Universidad. Dos semanas después que la Comisión de Educación de Diputados aprobara un “régimen económico-financiero” que elimina la gratuidad de la enseñanza superior, el gobierno justicialista y los rectores radicales se pusieron a discutir la instrumentación práctica de este atropello para inaugurar la privatización integral de la Universidad. Según “Página 12” (3/12), el Consejo de Rectores radicales (CIN) y el Ministerio de Educación ya habrían alcanzado un “acuerdo en el 99% de los puntos”. Los ejes centrales de este contubernio serán el arancelamiento y la autorización definitiva a las universidades para constituir “sociedades” en común con empresas capitalistas. En una operación de pinzas, estas dos iniciativas vienen siendo impulsadas desde hace tiempo por el gobierno en el plano legislativo y publicitario, y por los radicales en la Universidad. Los aranceles ya se cobran formalmente en todos los pos-grados, y las “contribuciones voluntarias” rigen de hecho en otros niveles en numerosas facultades. Los convenios con grupos capitalistas han crecido ininterrumpidamente desde que en 1986 se fundó UBATEC, una empresa de la UBA con la patronal agrupada en la CGI, que ya suscribió 551 contratos de negocios, y que factura entre el 8% y el 16% del presupuesto de la enseñanza superior. Un informe reciente sobre el tema, de “Clarín” (28/11), lleva el expresivo título: “Universidad S. A.”. El pacto Menem- Alfonsín en la Universidad consagra el reinado de los grupos privatizadores y la ”limpieza” de los claustros de todos los estudiantes que no puedan pagar el arancel. Tal como se hace con las provincias para forzar “el ajuste”, el presupuesto educativo será rigurosamente discriminado según el grado de subordinación a la política de mercantilización de la enseñanza. No habrá dinero para las facultades que fracasen en conseguir clientes y hacer negocios, y habrá subvenciones extras para los “rectores-gerentes exitosos”. La privatización de la Universidad es una obra maestra de la hipocresía, puesto que la instrumenta la UCR en nombre de la gratuidad y la defensa de la educación pública. El pacto se vehiculizará mediante la postergación del tratamiento legislativo del “régimen económico-financiero” y la eliminación de la facultad del Ministerio de Educación de revocar decisiones de los Consejos Superiores, una medida que provocaba roces entre Schuberoff y el gobierno. Como parte del acuerdo, el gobierno aceptaría delegar en los rectores un atributo clave del proceso privatizador, como es la discriminación de los salarios entre los docentes según criterios de “productividad”, es decir, estimulando los convenios y contratos con empresas privadas. Para la UCR esta atribución es esencial, ya que le permite afianzar la actual formación de una aristocracia profesional, en la que se apoya socialmente para aniquilar la gratuidad. De acuerdo a “Página 12”, para facilitar el curso del contubernio radical-peronista, la Universidad habría recibido una partida presupuestaria adicional de 120 millones de pesos. La plata que el “Estado ya no tiene” aparece mágicamente cuando hay que aceitar políticamente un acuerdo antipopular con prebendas a los funcionarios. El pacto Menem-Alfonsín en la Universidad es un repugnante atropello a toda la comunidad educativa.

En el artículo de Prensa Obrera no 404 escribía yo que la vacuna cubana contra la meningitis meningocócica no se probaría en nuestra población. Error. Consultado por Clarín, Moisés Spitz, director del Instituto Malbrán, explicó que “existe la posibilidad de que el Ministerio programe una vacunación elemental” (Clarín, 3/11). Esta experiencia se realizaría en la provincia de La Pampa. En tanto en lo que va de 1993 se han registrado más de 2.600 casos en el país con un incremento del 50% con respecto al año anterior (1796 casos), una firma privada aparece en escena y gestiona un promisorio negocio con la vacuna cubana. El diputado provincial por “Alianza, Honestidad, Trabajo y Eficiencia”, Alfredo Cecci, denunció que la demora incurrida por el gobierno nacional para permitir el ingreso de la vacuna “podría haber beneficiado a un laboratorio del grupo Pescarmona” (La Nación, 28/11). “Se ha estado ganando tiempo porque Cuba ya había otorgado una concesión para la comercialización exclusiva de su vacuna en la Argentina a los Laboratorios Elea del grupo Pescarmona ... El tema es gravísimo -continúa- lo que no puedo prejuzgar es si hubo intención de que la falta de definición oficial favoreciera a un laboratorio para que pudiera hacer su negocio” (ídem). Y aclara que estando en Cuba integrando una delegación rosarina para interiorizarse de las propiedades de la vacuna “nos encontramos con que ya se había firmado un convenio con el grupo Pescarmona” (ídem). Bien. 1. Siendo “el rentístico” el único móvil de la gestión de Elea, se enfrenta el esfuerzo de la militancia de la izquierda rosarina, que estaba a punto de gestionar la importación a través del municipio. 2. Tiene que haber existido información al alcance de las autoridades nacionales de salud similar a la descubierta por el diputado Cecci. Si se demuestra esto sería difícil alejar las sospechas sobre favores y retribuciones. Pero inclusive si el secretario de Salud de la Nación, Dr. Calcagno, no hubiese sido informado de la especie hasta hoy, la cuestión no cambia. 3. Nosotros podremos tener aquí la vacuna, el esfuerzo de la medicina y las ciencias cubanas -por cuyo resultado será posible librarnos de este flagelo- sólo pagando la intermediación de Elea y a otros probables. Beccar Varela seguramente no interrumpirá el negocio reclamando con frenesí la previa libertad de los presos políticos en Cuba. Cavallero, intendente de Rosario, quien se comprometió a “no importar la vacuna hasta que el Instituto Malbrán autorice su ingreso en el país” (Clarín, 13/10), quizás creyó estar actuando con arreglo a pautas de disciplina democrática. El resultado actual habla por sí mismo. La vacuna llegará también a Rosario ... y es de suponer que con el sello de Elea.

El miércoles 1/12, alrededor de 170 estudiantes cortaron la calle durante casi 2 horas frente a la Facultad de Sociales, mientras funcionaba una radio abierta en la cual docentes y estudiantes intervinieron denunciando las características reaccionarias de la política gubernamental educativa y la complicidad del Consejo de Rectores (CIN), y de las direcciones de CONADU y la FUA con la privatización de la Universidad. La concentración y el corte de calle sólo fue posible por la intervención consecuente de la UJS, frente al explícito boicot de la dirección del Centro de Estudiantes (Franja Morada y el Frente Grande) a la toma de la Facultad dispuesta por la FUA. El Pts, el Mas y —también— el Mst se negaron a intervenir en el corte de calle e inclusive boicotearon las realización de una Asamblea, que por presión de la UJS, todas las agrupaciones del Centro (menos Franja) habían convocado. La jornada de protesta puso al desnudo la política de la Franja de realizar acciones aisladas como elemento de negociación con el gobierno para lograr que el arancel y la privatización educativa se “consensúen”. También hizo evidente la complicidad de las agrupaciones que reivindican al Fente Grande (Moves-Mate) con esta política y la incapacidad permanente del Pts y el Mas de impulsar alguna política para superar a la actual dirección estudiantil y de impulsar la lucha y organizarla. La lucha, sin embargo, sigue abierta, y la perspectiva es que el avance de la organización estudiantil y docente independiente del radicalismo y el centroizquierda, supere el encajonamiento al que pretenden condenar la movilización las actuales direcciones gremiales en la Universidad.

Más allá de la impotencia política que reveló el Pts al utilizar, copiando simplemente, dos subcapítulos (el tercero y el cuarto) del capítulo “La cuestión china después del VIº Congreso” (de la Internacional Comunista), pensé ¿no se habrán olvidado nuestros “copistas” de “copiar” algo, quizás “inconveniente”, del mismo libro? Para mi completa falta de asombro, así era nomás. La más simple lógica formal me llevó de inmediato de los “copiados” subcapítulos tercero y cuarto al segundo. Es en él donde Trotsky se introduce en la cuestión de la Asamblea Nacional (o Constituyente) del siguiente modo: a) “La burguesía estima, y no deja de tener razón al hacerlo, que ella misma explotará con tanto más éxito las contradicciones interimperialistas y que obtendrá un compromiso tanto o más ventajoso cuanto que habrá sabido obligar ventajosamente a las camarillas militares del Kuomintang a someterse al aparato del Estado burgués centralizado. Es en este sentido hacia donde van actualmente las aspiraciones de los elementos más ‘progresistas’ de la burguesía y de la democracia pequeñoburguesa. La idea de la Asamblea Nacional, que es el coronamiento de todas las victorias conseguidas, el medio para romper la unidad de los militaristas, y la representación autorizada del Estado de la burguesía china en los asuntos tratados con el capital extranjero, tiene su origen en esta decisión”. Es aquí donde Trotsky habla por primera vez del tema, en relación a China, cuya burguesía estaba en plena organización de su “representación autorizada del Estado”, necesitando subordinar a él a las camarillas del Kuomintang, y obviamente a todas las capas de la Nación. b) “... pero si no intervienen nuevos factores, tanto la cuestión del régimen de Estado en China como los problemas constitucionales, serán, en el curso del próximo período, el centro de la atención pública. ¿Qué posición tomará el Partido Comunista? ¿Qué opondrá a este proyecto de Constitución del Kuomintang? ... El nuevo Partido Comunista puede y debe formular la consigna de una Asamblea Constituyente que tenga plenos poderes, elegida por sufragio universal igual, directo y secreto. En el curso de la agitación que será llevada a cabo en favor de esta consigna será preciso evidentemente explicar a las masas que es dudoso que semejante Asamblea sea convocada, y que incluso si lo fuera, se vería impotente para actuar mientras el poder material continuara en manos de los generales del Kuomintang. La posibilidad de abordar de una forma original la consigna del armamento de los obreros y campesinos se vería facilitada con ello” (diferenciados míos). Se ve que Trotsky no le veía muchas posibilidades a la Asamblea Constituyente, ni mucho menos a que fuera libre y soberana. Se nota que confiaba más en el “armamento de los obreros y campesinos”, sembrando siempre la mayor desconfianza en la burguesía y sus “instituciones”. Las citas a) y b) se encuentran en las páginas 343, 344 y 345 de El gran organizador de derrotas, pertenecientes al segundo subcapítulo (“El período interrevolucionario y sus tareas”). Por último, del tercer capítulo, sexto subcapítulo (“Carácter de la futura revolución china”, páginas 265 y 266) un pequeño recordatorio de León Trotsky a los “copistas” del Pts ...“con más de sesenta años de anticipación”, y con el sincero deseo de que lo comprendan antes de que transcurran otros sesenta años: “ ... ya oímos formular la siguiente objeción: China no está lo suficientemente madura para la revolución socialista. Pero, ¿es que Rusia, considerada aisladamente, estaba preparada para el socialismo? Según Lenin, no. Lo estaba para la dictadura del proletariado, único método que permite resolver los problemas nacionales urgentes” (diferenciado mío).

El Fit se presentó en Humanidades, Periodismo y Bellas Artes, las mismas facultades en que lo hiciera en el 92 a través de la Lista Naranja-PO (el PO garantizó la campaña electoral, aportó todos los avales, el 90 % de los candidatos para centro, el 100 de las listas para Consejo Académico y tuvo a su cargo la agitación y lucha por el voto). Comparando las votaciones del PO en el 92 con las del PO en el FIT en el 93, el cuadro es el siguiente: en Periodismo subimos del 1,5 al 3,7%, en Bellas Artes del 4,2 al 9,1% y en Humanidades retrocedimos del 12 al 9 %. Ascenso de la Franja, debacle de la ex JI Franja volvió a ganar en Humanidades, ganó en Bellas Artes, salió segunda en Periodismo y subió en las tres facultades, pasando del 35,7 al 39 %. La Franja creció a expensas del MNR, que desapareció en Humanidades y Periodismo —retrocedió en toda la Universidad después de integrar la Alianza Platense, un frente con un ex intendente de la dictadura; se llevó de “regalo” el Centro de Bellas Artes (CEBA) a caballo de la deserción de la ex Juventud Intransigente, que siendo la conducción renunció a presentarse en esta elección, y creció en Periodismo (donde dirige el Centro la Walsh, una corriente que proviene de la izquierda peronista y que hoy está financiada por el aparato duhaldista y el intendente Julio Alak). La Franja se presentó rabiosamente antimenemista (en particular en Periodismo, frente a la Walsh) lo que es una impostura por su apoyo al proyecto Caputo, variante de la arancelización, al “financiamiento alternativo” de las universidades, a los “cursos introductorios” (de ingreso y restrictivos) o al rector radical Lima, que ataca la huelga no docente. Esta manipulación política va a una crisis. La FM acaba de romperse en Medicina, a partir del pacto de una de sus fracciones con el menemismo, que acordó el examen de ingreso y mantiene, como la Walsh en Periodismo, vínculos con la intendencia justicialista platense. El “antimenemismo” de la FM es una impostura cuya clarificación deberá crecer después del pacto Menem-Alfonsín. El otro dato de esta elección es la virtual extinción de la ex JI, que en La Plata tenía un peso muy importante en varias facultades (al punto de disputarle de igual a igual a la Franja en varios centros). La ex JI (hoy “Quebracho”) se quebró en Bellas Artes (conducción electa en el 92 con el 50 % de los votos), llamando a “votar en blanco” contra la “estructura burocrática del centro” (¡¡es decir ella misma!!)y acusando al estudiantado de “indiferente” y “desmoralizado”. La caída electoral y la crisis se reprodujo en otras facultades, sus votos se desparramaron a diestra y siniestra y una parte de sus votos y de sus activistas se orientaron hacia el PO- Fit. El Frente Grande sólo se presentó en Humanidades (5%). Esta corriente no ha logrado afianzarse, siguiendo la tendencia de la votación provincial en las elecciones de octubre, y ha fracasado en canalizar la debacle de la ex JI. El lugar del FG está ocupado por agrupaciones de la centroizquierda “académica”, ninguna de las cuales tiene una política para enfrentar la “privatización” en marcha de la Universidad. FIT El Fit creció, como se ha dicho, en Periodismo y Bellas Artes y retrocedió en Humanidades. Aquí, la caída de votos está concentrada en la carrera de Educación Física (Puef). Este retroceso plantea dos interrogantes: a) la incidencia que puede tener la ausencia de luchas en el Puef, a diferencia de las grandes movilizaciones del 92, dirigidas por la Naranja-PO, b) una todavía débil implantación de la UJS y el partido, en un sector que luchó con nosotros y nos tomó como eje de referencia. En Periodismo triplicamos los votos (el Fit y la Franja fueron las únicas corrientes que crecieron). En Bellas Artes subimos el 100 % de la votación, canalizando en parte la pudrición de la ex JI. Por último, pero no menos importante, se han constituido núcleos de la UJS-PO en Derecho y Trabajo Social.

Prensa Obrera Sr. Director: He leído el artículo de Daniel Blanco publicado en el periódico del partido referido al movimiento de liberación de la mujer “Bases para una política revolucionaria” (24/11/93) y creo necesario hacer algunas aclaraciones al tema, que considero lo suficientemente complejo para generar un debate que va más allá de la cuestión de la mujer. En primer lugar, el tema de la “liberación de la mujer” no debe plantearse desde el ángulo femenino exclusivamente, sino como liberación del hombre y la mujer, ya que en la sociedad capitalista-patriarcal, ambos están oprimidos (dejo para más adelante el planteo de la doble opresión de la mujer). Este es un tema difícil de tratar porque en él se involucran cuestiones económicas, políticas, sociales pero también psicológicas, incluyendo los prejuicios que son el lastre de una educación familiar basada en las desigualdades y el autoritarismo. En este artículo se expresa “que bajo el capitalismo, la mujer se haya incorporado a la producción directamente social, representa un fenómeno en esencia progresivo, pues destruye el carácter cerrado de las relaciones familiares de bases patriarcales que predominaban en la época precapitalista” (?). Sin embargo, las relaciones familiares de bases patriarcales no sólo predominaban en la época precapitalista, continuaron predominando en el capitalismo, incluso es una de las bases para su expansión y desarrollo. El capitalismo necesita del “trabajo invisible” (expresión tomada de Isabel Larguía) de la mujer, de la “elaboración de valores para el consumo directo y privado”. La división del trabajo ha asignado a la mujer reponer la fuerza de trabajo (alimentación-higiene-vestimenta-crianza de los hijos, etc.) que mueve la economía. En el capitalismo se agudiza la sobreexplotación de la mujer y se generan teorías que explican y “naturalizan” la función de la mujer dentro del hogar, aun cuando se trata de mujeres trabajadoras. Rousseau fue uno de los teorizadores sobre el tema, caracterizando a la mujer-madre-sumisa-pasiva-abnegada y siempre fiel al marido (Emilio - 1762). A partir de allí, las teorías se multiplican y el dispositivo de dominación de la mujer se acentuó. En el siglo XX las investigaciones de científicos como Spitz, Winnicott, Melanie Klein, entre otros, basados en Freud, descubren la importancia del vínculo madre-hijo como fundamental para la salud mental del niño. Estas investigaciones realizadas en el marco económico-político de posguerra fueron utilizadas para promover la vuelta al hogar de las mujeres trabajadoras. Es a partir de la Primera Guerra Mundial que la mujer logra una independencia significativa respecto al hombre, con su masiva incorporación al sistema productivo. Esto es posible porque se dan condiciones subjetivas que permiten cuestionar el rol de la mujer en la sociedad capitalista-patriarcal, a pesar de la ideología dominante que impuso la idealización de la maternidad “no como la única, pero si la más noble función femenina”. La idealización de la maternidad tiene carácter regresivo y favorece el sometimiento de la mujer a la familia y a las estructuras sociales burguesas. Los avances científicos que permitieron el perfeccionamiento y la generalización de los métodos anticonceptivos, a pesar de implementarse como una forma de control social, han influido en la psicología de la mujer, quien ahora puede decidir sobre su maternidad y de esta manera romper con la represión sexual histórica a la que se ha sometido, planteando la igualdad respecto al hombre, sin trabas. Pero debemos tener en cuenta que las mujeres y los hombres oprimidos por este sistema económico-social tienen escaso acceso a una real educación sexual, y el empleo de métodos anticonceptivos está limitado por este bache en la educación y por sus altos costos para las familias proletarias. Se plantea acertadamente “el reemplazo de la familia burguesa por otra forma y contenido de relación familiar en el marco de una sociedad sin clases y sin explotación social”. Coincido en que feminismo sin marxismo no puede lograr un cambio estructural, pero se están produciendo cambios en las relaciones familiares que deben ser observados y analizados para no quedar en un planteo teórico sin inserción en la realidad. Estos cambios se están dando, no porque las políticas sociales, las relaciones económicas y la legislación los favorezcan, sino porque las mujeres hemos luchado y lo seguimos haciendo para vencer la sobreexplotación que nos somete (me refiero a las mujeres trabajadoras y especialmente a las que tenemos conciencia de la división y diferencias de clases). Creo oportuno cuestionar las posiciones de mujeres que acceden a cargos políticos o gremiales, generalmente de los partidos tradicionales, quienes toman los conceptos y prejuicios característicos de la sociedad patriarcal como propios, a pesar de autodenominarse “representantes del sector femenino”. Incluso mujeres políticas se expiden en contra del aborto, alegando cuestiones morales y religiosas, en una posición retrógrada, fuera de la realidad de la mayoría de las mujeres. En cuanto a los movimientos feministas burgueses, no plantean la transformación de las estructuras sociales, sino la liberación femenina “tomando lo peor de los derechos de los hombres”. No se trata de liberación femenina simplemente. La liberación de la mujer sólo puede darse con la liberación del hombre de este nuevo sistema esclavista, disfrazado de democracia formal, que pretende aniquilar las conquistas sociales alcanzadas en otros períodos históricos. La opresión de la mujer deber ser considerada como un aspecto más de la enajenación de hombres y mujeres, que se expresa en el trabajo, la propiedad privada y la división del trabajo. “La supresión positiva de la propiedad privada como apropiación de la vida humana, es pues la supresión positiva de toda enajenación y la vuelta del hombre, la religión, la familia, el Estado, etc., a su vida humana, es decir social” (Marx, “Manuscritos económico-filosóficos”). Estos cuestionamientos sólo cobran sentido a través de la acción concreta de mujeres y hombres. Me parece correcto que el PO, como otros partidos de izquierda, proponga un plan de trabajo sobre el tema de la mujer que favorezca la toma de conciencia, especialmente de los militantes del partido y de sus dirigentes.