Prensa Obrera N° 407

El pacto podrido entre Menem y Alfonsín no ha podido “alumbrar” todavía una sola propuesta de reforma de la Constitución, sin exceptuar de este impasse a la propia reelección presidencial. Si se tiene en cuenta que ya han pasado más de tres semanas de la “reunión reservada”, y de que faltan sólo diez días para la Convención de la UCR, resulta incuestionable que ni el peronismo ni el radicalismo tienen planteos consistentes, o simplemente condiciones para encarar una reforma de la Constitución, y que la única explicación para producir el pacto podrido fue la necesidad de resolver de una vez por todas el tema de la sucesión presidencial de 1995 y la exigencia de los privatizadores de que pueda ser reelegido Menem. Una expresión de todo este impasse es que la vigencia del acuerdo entre Menem y Alfonsín se reduce ahora al reclamo de remoción de tres ministros de la Corte, lo que les alcanzaría a los radicales para votar la convocatoria de una Convención constituyente. Se pasaría, en el caso de que prospere esta variante, de una Corte digitada a otra, así como de la preservación de todo el aparato montado por el menemismo en el Poder Judicial, desde los nombramientos que efectuó en la flamante Cámara de Casación Penal, en los tribunales del fuero federal y en la Cámara Federal de la Capital. Es indudable que a medida que van pasando los días se hace más evidente el carácter podrido del pacto podrido firmado por los “herederos” de Perón y Balbín. Lo más destacado es que los alfonsinistas ya no reclaman una “Justicia independiente” (algo imposible para un régimen que no podría sobrevivir ni un minuto sin los “decretos de necesidad y urgencia”; sin meterle “bonos” —desvalorizados— a los jubilados; sin un régimen de contribución previsional confiscatorio y forzado; sin “privatizaciones” regaladas; sin inmunidad para los ministros que “otorgan” exenciones impositivas de 200 millones de dólares a empresas como Firestone; sin la estatización de la deuda externa en general y la del Banco Italia en particular; etc.); lo que los alfonsinistas reclaman ahora es una Corte que impida que los menemistas puedan dejar de cumplir en una futura Constituyente los acuerdos que hayan suscripto antes con los radicales. En este caso, la “honestidad” de la Corte supondría tanto la “deshonestidad” del menemismo como la “deshonestidad” del pacto Menem-Alfonsín. El tema de la reelección choca con varios obstáculos, siendo el primero el porcentaje a partir del cual debería convocarse a una segunda vuelta en la elección del presidente. En todo el mundo esto ocurre cuando nadie sacó el 50% de los votos, pero aquí Menem lo quiere bajar al 40% y Alfonsín al 45%. Para los menemistas, ceder en su posición podría poner en riesgo la reelección... De cualquier manera, debería sorprender que la UCR proponga un sistema electoral que consagra al presidente con más de la mitad de los votos, en una segunda vuelta, cuando declara que su objetivo reformista es “atenuar” el sistema presidencialista. El “ballotage” o segunda vuelta refuerza el presidencialismo al transformar al presidente en el único funcionario electo que tendría más del 50% del apoyo electoral. Se trata de una reforma reaccionaria, porque apunta además a imposibilitar que gane las elecciones una lista contraria al sistema político y social imperante. Sobre la introducción de un primer ministro o ministro coordinador tampoco ha habido acuerdo, y todo el asunto podría terminar, como dicen los brasileños, en “pizza” —con la inclusión de un ministro sin funciones que gozaría del nombre de “coordinador”. Algunos justifican al primer ministro para resolver los conflictos entre el Ejecutivo de un partido y una mayoría parlamentaria que correspondiera a la oposición, pero como el pacto podrido contempla unificar en cuatro años las elecciones parlamentarias y presidenciales, esa contradicción no podría ocurrir. Es espaciando las elecciones parlamentarias, como los signatarios del pacto podrido pretenden “reforzar” y “produndizar” la “democracia”. Otro tema de divergencia son los “decretos de necesidad y urgencia”, la intervención a las provincias y la declaración del estado de sitio, que tanto Alfonsín, bajo su gobierno, y Menem, en el suyo, han usurpado inconstitucionalmente al Congreso. Como esas medidas inconstitucionales han sido avaladas por el Poder Judicial (¡salvo en el caso de los impuestos... a las ganancias!), a los firmantes radicales del pacto podrido sólo les quedaría la alternativa de introducirlas en la Constitución, con el pretexto de “reglamentarlas”. De todos modos, el pretendiente a la reelección no está dispuesto a abandonar la prerrogativa de actuar por decreto o resolución del Ejecutivo, y sólo acepta la “limitación” de una ulterior ratificación por el Congreso. Otra “reforma”, que festejó hasta el “opositor” De la Rúa, es la posibilidad de que las provincias elijan un tercer senador, pero para ello habría que esperar que se renueven los dos ya electos por parte de cada provincia. Según los diarios, esto podría ocurrir a partir del año 2.001... Como una “concesión” a la democracia, los signatarios del pacto podrido estarían dispuestos a introducir cláusulas de “democracia semi-directa”, concretamente la posibilidad de plebiscitos. Pero este derecho le estaría reservado solamente al Ejecutivo y a mayorías calificadas del Congreso; es decir, serían instrumentos para zanjar divergencias entre los poderes del Estado; o medios coactivos (del Estado) para movilizar una opinión circunstancial contra derechos y conquistas históricas del pueblo; y de ninguna manera un derecho de la ciudadanía para luchar contra la burocracia del Estado y sus prepotencias (iniciativa popular de leyes, referéndum para oponerse a las leyes ya votadas o para destituir funcionarios elegidos o designados). Naturalmente, todos estos ataques contra la democracia podrían ser “empaquetados” con una retahíla de “derechos” ecológicos, femeninos, etc., cuya vigencia no saldrá nunca del papel, porque para ello deberán ser reglamentados por leyes, decretos, resoluciones y memorándums. Quizás quieran valerse de ellos para darle al pacto podrido un “aura” de reforma constitucional. Pero lo cierto es que lo único que hay es un pacto de reparto de influencias disimulado detrás de una reforma de la Constitución carente de contenido.

Me dispuse a escribir esta carta para el correo de lectores, y pensé: ¿Qué puedo decir que no haya dicho alguien antes?¿Qué puedo aportar al sentimiento de la gente que hace y que lee este diario? Entonces recurrí a mi estrategia más triunfalista: contar lo que siento... Siempre tuve un sueño, que en otras épocas compartí con seres que ya no están... Ahora, después de veinte años, lo siento otra vez en la sangre y ese sueño me muestra que las épocas vuelven a cambiar y que la izquierda como el ave Fénix, nace de sus cenizas con espíritu nuevo, más sensible, más unificador, con raíces y pisando con pies de plomo, dejando que los demás se equivoquen a sus anchas; para que la mirada del pueblo desconsolada y desorientada se vuelva a posar sobre el único argumento válido y palpable: el gobierno de los que saben de la vida, de la lucha cotidiana, simple y dolorosa, llena de sueños imposibles, que los que se creyeron dueños de la verdad durante tanto tiempo, se encargaron de pisotear una y otra vez. Ahora, que el liberalismo al mejor estilo totalitario maneja los hilos a su antojo, y no demuestra nada, y no resuelve nada, y fabrica edificios sobre escarbadientes de punta; ahora, es el momento en que la izquierda debe dejar de mirar hacia afuera, ya que tiene la información suficiente, y debe dejar de copiar modelos ajenos, en este país no sirven, y sólo debe concentrarse en la verdadera cooperación entre los argentinos que desean el mismo horizonte; debe apuntar a la unidad latinoamericana, debe intentar usar palabras simples que sólo nazcan de la verdad. Esas son las que todos comprenden. Y sobre todo, hay algo muy importante, que es hacerle sentir al pueblo que el que pertenece a la izquierda no es un cuco, sino al contrario; es una persona muy buena que quiere lo mejor para todos por igual, y que muchas veces ha dejado su propia comodidad, su tiempo y hasta su vida por creer con la pureza de un niño que en este mundo, algún día, todos seremos felices. Una creyente. PD: He decidido seguir soñando, por eso me he acercado al PO; llego con la mejores intenciones, gracias por recibirme. Noviembre del ’93

El miércoles 10 de noviembre, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprobó el despacho del “nuevo régimen económico financiero” de las Universidades Nacionales. El proyecto elimina la gratuidad de la enseñanza superior, al permitir que se cobren “derechos, tasas o contribuciones” (art. 3 y 7). Autoriza, además, a las casas de estudio, a integrar “sociedades de cualquier tipo” con el objetivo de obtener “beneficios” que sirvan como “fuentes complementarias” de fondos para su funcionamiento (ídem). A partir de ahora el financiamiento universitario dejaría de estar vinculado a una obligación del Estado. Por este procedimiento, la Universidad pierde su carácter público: sus cursos, investigaciones y planes de estudio quedarán bajo el control de las nuevas “sociedades”, cuyas direcciones estarán integradas por funcionarios del gobierno y las grandes empresas. No estamos, entonces, ante un planteo “económico - financiero”, sino ante una disposición integral de “privatización” de la Universidad. Se trata, claro está, de la más perversa de todas las “privatizaciones”, pues el gran capital se quedará con el manejo de las universidades sin la necesidad siquiera de comprar formalmente nada, y porque se enajena una actividad estratégica del Estado nacional, como es la formación cultural y educativa en el más alto nivel. Enfrentamos así la abolición del sistema universitario nacional, con más de un siglo de existencia. Capitalismo o educación Aunque el proyecto oficial establece que “en ningún caso podrá disminuirse el aporte del Tesoro como contrapartida de la generación de recursos adicionales”, se trata de un macaneo: no se fija que los aportes deban ser mantenidos en valores constantes. Además, esos fondos oficiales serán privilegiadamente canalizados a aquellas universidades que avancen en la “privatización” y en la obtención de “fuentes complementarias” de recursos. A partir del “nuevo régimen económico”, cambia de carácter todo el presupuesto educativo, el cual se pone al servicio de la “reconversión” capitalista de las universidades. Las instituciones que busquen promover el conocimiento sin fines de lucro o sin mercantilizar los estudios no recibirán un peso. Al revés, los que “eficientemente” se sometan a los dictados “educativos” de los Techint, Macri o Bunge y Born, monopolizarán los aportes del presupuesto público, ahora totalmente “privatizado” y convertido en un subsidio más, pues los capitalistas se beneficiarán con “exenciones impositivas” por los “aportes” que realicen a la educación. Despotismo menemista... Toda esta política será garantizada con el desmantelamiento de lo que restaba de la “autonomía” universitaria. En este sentido, el “nuevo régimen económico-financiero” introduce la novedad de que el monto global del presupuesto público será dividido en dos partes: la primera será asignada directamente a las Universidades, como hasta ahora, juntamente con la ley del presupuesto nacional. La segunda, en cambio, será retenida por el Poder Ejecutivo para distribuirla según sus propios criterios. El proyecto que se encuentra en trámite en el Congreso no fija límites para esta división, con lo cual el grueso de los fondos universitarios podrían ser administrados discrecionalmente durante todo el año por los funcionarios del gobierno de turno. De conjunto, el “nuevo régimen económico” impone la tutela indisimulada del Poder Ejecutivo sobre la Universidad, como se revela en el hecho de que “analista y aprueba (...) las plantas de personal docente y no docente” (art. 7); de que tiene poder de veto sobre “las adquisiciones de bienes, suministros, contratos de locación de obras o de servicios, trabajos y, en general, compras de cualquier naturaleza (de las Universidades Nacionales)” (art. 11) y que “autoriza” la inversión de las “disponibilidades financieras” de las casas de estudio (art. 12). Para rematar este arbitrio “las universidades deberán suministrar al Poder Ejecutivo las informaciones que se les requiera sobre su gestión administrativa, presupuestaria, económica, financiera y académica, en los plazos y condiciones que establezca” (art. 17). ... y apoyo del radicalismo El radicalismo y el centroizquierda que dirigen el Consejo de Rectores (CIN), se han limitado a pedir que se estire el plazo del tratamiento de esta aberración, con el objetivo de...“consensuar” un planteo común. El CIN defiende una línea muy similar a la de Menem, la “ley Caputo”, que plantea la “fusión” de las Universidades y las grandes empresas y un impuesto generalizado sobre patrimonios superiores a los 100.000 pesos. La “privatización” necesita para implementarse un drástico ajuste de la matrícula docente-estudiantil, y es en función de esto que el proyecto de “nuevo régimen económico” mantiene la política de miseria y congelamiento salarial para la masa de la docencia universitaria. Sin embargo, en el intento de cooptar a una minoría de los profesores para el proyecto, plantea la posibilidad de sueldos “diferenciales”, mediante “premios” y “asignaciones” especiales, en la tentativa de conformar una suerte de “aristocracia profesoral” , que beneficiaría a la “base social” del radicalismo y del centroizquierda, con posiciones dirigentes en la Universidad. El “no al arancel”, así como el slogan de “defensa de la Universidad pública”, se han transformado en manos del radicalismo y del centroizquierda en una enorme impostura, porque se utilizan como consignas vacías de contenido, para apoyar una línea de “privatización alternativa”’ y de “consenso” con el proyecto oficial. Es necesario un congreso extraordinario de la FUA y CONADU para debatir una campaña de conjunto en defensa de la educación y la Universidad: fuera los aranceles y los impuestos universitarios; abajo la “privatización” educativa.

En 1990, el 70% de los presos recluidos en cárceles de la provincia de Buenos Aires pasaron por institutos correccionales (La Nación, 24/5/90) cuando fueron menores. Este dato nos revela la política de las instituciones correccionales de desintegrar socialmente (la casi nula integración) a los sectores sometidos a las condiciones más miserables; la prueba es que el 90% de los que caen en estas instituciones pertenecen a sectores marginales: villas miserias, barrios pobres, etc. Es contradictorio creer que estas instituciones van a recuperar a un menor sin modificar la raíz del problema, la miseria, por más proyectos y profesionales (sicólogos y asistentes, etc.) que manoseen la conciencia de los chicos, mal alimentados y con necesidades particulares —que lo integran socialmente— insatisfechas, además con un gran impulso a la desesperación (sicológica y biológica) que los ha hecho susceptibles de delinquir. Las instituciones resumen su tarea en ofrecer un lugar de desarrollo a esa misma forma de subsistencia, sencillamente porque el menor vuelve a la miseria (villa o barrio) y vuelve a buscar una salida a esa situación. Este proceso queda asegurado por la intervención del juez, agente del gobierno, que interponiéndose sobre los padres y la condición social, arbitra la vida del menor hasta los 18 años. O sea, hasta dejarlo totalmente desintegrado, social y familiarmente. En los últimos años, la cantidad de delitos cometidos por menores aumentó un 50% (Clarín, 12/9) en la provincia de Buenos Aires. Esto se explica por el ataque a las condiciones de vida que lleva a cabo el gobierno, donde la caridad (calmante leve pero no la cura) no da abasto y donde el gobierno fomenta el delito con los menores que salen de los correccionales. El subsecretario de Infancia, Familia y Medio Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Norberto Liwsky, gastará 20 millones de dólares en remodelar los cuarenta institutos (Clarín, 26/9). La misma consta en construir cúpulas con capacidad para 6 personas, lo que significa la eliminación de los pabellones, que tienen capacidad para entre 30 y 50 personas. Esto significa una mayor contención ante los corrientes motines, que tuvieron su debut con el operativo al Aráoz Moreno (Prensa Obrera, 28/10). También retrata una política más general del gobierno de ajustar el carácter represivo de sus instituciones como consecuencia de los desbordes sociales, concientes e inconcientes, que se renuevan contra el hambre y la miseria del capitalismo. El secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Pettigiani, ex juez, quien dota de un poderoso aparato represivo a la policía de la provincia, dice: la familia y la escuela no les ponen límites a los jóvenes, por lo que se los tiene que poner la policía o una bala de ella (Clarín, 12/9). Pero no son límites, son métodos que hacen al conjunto de la cirugía estatal. Lo demuestra la declaración del Director Nacional del Consejo del Menor, Atilio Alvarez, quien dice: la respuesta institucional frente a los chicos que piden y a los adolescentes de la calle es la represión. En la comisaría los etiquetan y en los Institutos los forman. O sea, convertir a esos chicos, que ponen en evidencia que este mundo no es para todos, en delincuentes. De esta manera, aceleran su desintegración humana. Perspectiva Frente a esta encrucijada planeada por criminales, el Partido Obrero es la única organización revolucionaria, conciente, que puede llenar de inmunidad a estos sectores y sacar de esta trampa mortal a los chicos. Por eso planteo la discusión: * Abajo los institutos correccionales * Fuera las manos de los jueces * Por las escuelas-fábrica para los chicos * Juicio y castigo a todos los responsables * Mayoría de edad para los chicos * Subsidio estatal y plan de viviendas para los villeros y sectores en igual o peor condición. (Mar del Plata)

Los alquimistas no pudieron transformar lo que tocaban en oro, pero la prensa argentina ya ha logrado convertir lo que fue en un principio un “acuerdo secreto” y más tarde un “acuerdo reservado”, en un “pacto democrático”. ¿Pero, por qué “democrático”, si no fue consultado con nadie; si no contempla las aspiraciones más que de un reducidísimo número de personas; si prevé establecer las características que debe tener la reforma de la Constitución antes de que ella sea discutida por el pueblo; y si concibe una Constituyente completamente regimentada, que no podrá apartarse en lo más mínimo de lo decidido por estos autoerigidos mandamás? ¡Pues precisamente por eso! Porque el pacto “salva” a la democracia del “curso de colisión” al que supuestamente la llevaban los mismos que ahora la salvan; porque la “protege” de una deliberación popular que podría “desbordarla”; porque les da “seguridad jurídica” a los que se robaron el patrimonio nacional; en definitiva, porque es un pacto podrido pero entre “demócratas”. El primer fruto del pacto está a la vista: volvió Dromi, el ministro de la entrega de ENTel y de Aerolíneas, el amigo de los “privatizadores”, para elaborar las leyes de regulación de “los servicios privatizados”. Otro fruto que se espera es la renuncia de tres o cuatro jueces de la Corte, para redistribuir puestos igualmente digitados. La reforma constitucional, sin embargo, no está a la vista. Los autores del pacto podrido no tienen ninguna propuesta para reformar la Constitución, aunque insisten en auto-calificarse de reformistas. Sólo pretenden maquillarla con algo más (y peor) de lo mismo, en un vano intento de disimular el exclusivo propósito de introducir la reelección presidencial que reclaman los privatizadores. Pero la reelección es una violación de la actual Constitución, no su reforma, pues reformada sólo podría entrar en vigencia en el período presidencial siguiente. El “pacto democrático” se delata así como una violación concertada de los únicos derechos democráticos que aún siguen en pie. Se trata por eso de un pacto podrido. A nadie se le escapa, sin embargo, que el pacto podrido no ha podido concretar ninguna clase de propuesta, a pesar de que pasaron tres semanas desde que fuera consumado. Aparte de la intención de que el acuerdo se produzca a último momento para evitar que pueda ser debatido, revela también el empantanamiento de los “demoócratas” que lo firmaron. Este empantanamiento tiene que ver con los fuertes intereses encontrados que oponen a los grupos capitalistas dominantes, y al temor de que un pacto “trucho”, carente de contenido y sin adecuada presentación, provoque la repulsa de la opinión pública. El “pacto democrático”, es decir, podrido, pone de relieve la unidad de principios que une a los partidos llamados democráticos. Desnuda su contenido de clase común al servicio de los grandes capitalistas. Debiera eliminar cualquier confusión entre los explotados, sobre que puedan representar alternativas realmente diferentes o cobijar otro propósito que no sea el despojo del Tesoro público. A este frente político de los explotadores debemos oponerle el frente de los explotados —un objetivo que sólo puede encarar un frente de izquierda. Los “críticos” del pacto podrido, del tipo Storani, Chacho Alvarez, etc., ya se han sumado al circo reformista, en lugar de denunciarlo y de movilizar al pueblo por sus reivindicaciones. Denunciamos que el pacto regimenta la reforma de la Constitución; que impide la deliberación popular; que responde al interés de un puñado de capitalistas privatizadores; y que en estas condiciones, constituye un ataque a los derechos políticos y a las conquistas sociales de la mayoría popular. El gobierno que viola la Constitución presente y los partidos que pactan este violentamiento y los derechos democráticos, no tienen autoridad para convocar a una reforma de la Constitución, a la que necesariamente convierten en una operación de registro de sus acuerdos previos. Llamamos a un frente de izquierda que denuncie el pacto podrido; que denuncie su carácter al servicio de los explotadores; que socave la autoridad de sus firmantes para convocar a una reforma de la Constitución; y que ofrezca un programa de lucha que abra el camino a un gobierno de trabajadores y, a partir de él, a una verdadera transformación del país.

El mismo día en que el secretario de seguridad social, Wálter Schulthess, enfáticamente juró y rejuró que “el sistema previsional carece de los recursos necesarios para financiar un aumento” (El Cronista,19-11), Domingo Cavallo anunció una rebaja del 30 al 80 % en el aporte patronal que se destina a las Cajas de jubilaciones. La rebaja significará, según el gobierno, una pérdida de recaudación previsional del orden de los 1.000 millones de pesos anuales. Para aumentar las jubilaciones el sistema carecería de recursos. Para rebajar los aportes patronales sobrarían nada menos que 1.000 millones. Claro que al dejar de recaudar estos 1.000 millones, las Cajas tendrán menos ingresos y se hará realidad la actual mentira de que el sistema carecería de recursos. Pero esta rebaja se va a ir extendiendo hasta la eliminación total del aporte patronal. Por lo tanto, los haberes jubilatorios seguirán en la congeladora por un largo, largo período, porque los excedentes que tienen las Cajas y los que se produzcan en el futuro tendrán como destino las arcas patronales y no los bolsillos de los jubilados. Mientras a la patronal se le rebajan los aportes, a los obreros se les aumenta la contribución, esto porque a partir del 1º de febrero de 1994 el descuento jubilatorio pasará del 10 al 11 % del salario. Este incremento no está destinado a los actuales jubilados ni a los futuros, sino a las Administradoras de Jubilación y Pensión ( AFJP). Con la eliminación del aporte patronal, la jubilación se sostiene exclusivamente con aporte obrero. Pero en ese caso, todo el sistema se transforma en una confiscación forzosa. La jubilación, en cambio, como una conquista del trabajador, compromete a la patronal a asegurar a los trabajadores un ingreso durante la vejez. El “ahorro” forzoso sobre un salario miserable también le“asegura” al trabajador una vejez de miseria.

En el “Correo de Prensa Obrera” del PO 402, Carlos Federico Martens, en nombre de un grupo llamado CUFT (Comisión Unitaria por un Frente de Trabajadores) informa que se acercó al local del PO en Mar del Plata a proponer “una idea de trabajo conjunto” en rechazo a la Ley Federal de Educación para el Día del Maestro, y fue rechazado con una “retahíla de agresiones y argumentos políticos infundamentados”, al punto de caracterizar al CUFT como “casi cómplices del gobierno”. Los hechos son: una delegación del llamado CUFT se hizo presente en el local del PO de Mar del Plata planteando la iniciativa de una actividad conjunta contra la Ley Federal de Educación, “que había sido ya discutida con el MST” —que no se hizo presente ni hizo conocer tal acuerdo. La propuesta consistía en una declaración contra la Ley, oponiéndole los reclamos de “defensa de la educación pública”, “que podría tomar la forma de volante o mesas de información en distintos puntos de la ciudad”. Los militantes del PO que atendieron la visita señalaron que la convocatoria del CUFT omitía lo que era el centro de preocupación en ese momento: poner en pie una corriente de adhesión organizada en la docencia y la juventud en torno al FIT. Se les señaló que la convocatoria, escudada en su carácter “gremial”, “omitía” toda consideración al Frente Grande y al CTA (Mary Sánchez) como protagonistas principales del vaciamiento de la movilización educativa contra la Ley, así como toda consigna referida al gobierno que destruye la educación pública (“Fuera Menem”) y desde ya su “abstención” respecto al frente de izquierda constituido. Esto llevaba, No a ser “cómplices del gobierno”, pero Sí de la charca centroizquierdista que los docentes conocen de cerca por sus traiciones. La reunión terminó con el retiro abrupto de la delegación del CUFT. Comprobación Días después de este encuentro, y tardíamente, el CUFT se pronunció frente a las elecciones de octubre. “Vemos proclamada por parte de algunas organizaciones o partidos de izquierda —afirman— la necesidad de frentes y en algunos casos su constitución electoral, en medio de apuros y negociaciones de último momento”, señalando que los “‘frentes nominales’ constituyen una demostración de que el auténtico frente de los trabajadores está ausente”. Así el FIT estaría, para el CUFT, en la misma “bolsa” que el Frente Grande o cualquiera de los otros frentes de “viudas del menemismo” (Patria y Pueblo, Frente Amplio, etc.), todos los cuales se hicieron “en medio de apuros” y expresarían “la ausencia de un reagrupamiento y acumulación de fuerzas de los trabajadores”. La conclusión del CUFT está a la “altura” de este “análisis”: “los trabajadores deben volcarse hacia aquellas listas donde se refleje programáticamente mejor nuestra situación y nuestras necesidades, y donde concurran aquellos compañeros más representativos”, es decir, “libertad de voto” entre el Chacho Alvarez, Fontela o Altamira. Esto sobra para caracterizar a esta “joven organización” como un grupo estructurado en torno a “viejísimos males”: la hostilidad a toda delimitación revolucionaria y la renuncia a toda política de principios. Medrando con los anhelos unitarios del activismo se pretende ocultar un proceso franco de descomposición política y levantar un nuevo obstáculo a la construcción del partido revolucionario. Las elecciones demostraron el acierto de haber formado el FIT (“electoral”, sí, y “de apuro”, sí —y no por nuestra responsabilidad). El FIT presentó una plataforma de características revolucionarias (en oposición a los programas democratizantes del Frepu e IU) y permitió que la izquierda tuviera presencia en la campaña electoral y obtuviera 150.000 votos, de los cuales casi 100.000 en la provincia de Buenos Aires, un caudal tremendamente importante para quien está empeñado en la reconstrucción política revolucionaria de la vanguardia obrera y no en disfrazar su propia quiebra. No nos referiríamos al CUFT si no fuera por el incidente que abre estas líneas y porque en su seno actúa JF, miembro de la CD del sindicato de Prensa y militante de la organización hasta hace dos años. JF, además, se ha acercado a compañeros de nuestra periferia invitándolos a participar del CUFT. El alejamiento de JF fue tortuoso: invocó diferencias con la dirección regional de orden metodológico (ausencia de una política de inserción en los sindicatos, faccionalismo) proclamando al mismo tiempo su fidelidad con la línea partidaria. Hace seis meses se le propuso integrar a él y a otro compañero (P.) un núcleo simpatizante, a partir de su planteo de difundir la prensa y cotizar para el “frente de prensa” del partido en Capital, y bajo directa supervisión de un compañero del CN. Consideró la propuesta “impracticable” por su mala relación con los militantes de la regional, y en poco tiempo pasó a la conformación del CUFT y a la ruptura total con el partido revolucionario. (por el comité regional Mar del Plata)

El lunes 15 de noviembre apareció flotando en aguas del Riachuelo el cuerpo sin vida de Mario Bonino. Empleado de la Secretaría de Prensa de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (Utpba), se había desempeñado como periodista en “Diario Popular” y “La Razón”, entre otros medios. Su desaparición había sido reportada al sindicato tres días antes —el viernes 12 a la mañana— por su mujer (su marido no había regresado a su domicilio luego de un seminario de la Utpba, al que debía concurrir el jueves por la noche pero al que no llegó a asistir). El domingo 14 de noviembre, a eso de las dos de la mañana, se produjo el ingreso al edificio de la Utpba de tres individuos, quienes con un caño de metal golpearon ferozmente al sereno del sindicato, provocándole heridas cortantes en la cabeza. La sangre que se veía al día siguiente en la sede del gremio, delataba el salvajismo con que el compañero había sido agredido. Lo salvó de la muerte otro compañero, sereno de la colindante obra social. Seis horas después de la agresión, una voz femenina advirtió que este ataque podría volver a repetirse. Hasta el más desprevenido de los trabajadores de prensa relacionó instantáneamente la muerte de Bonino y la agresión a la Utpba, pese a que desde el propio gobierno se buscaba dar aire a la hipótesis del suicidio. Los trabajadores de prensa vienen siendo agredidos persistentemente con la mayor impunidad (casos López Echagüe y Marcelo Bonelli, entre decenas de otros) y las “batateadas” —al calor de la complicidad oficial— han crecido en impunidad. De los centenares de casos denunciados de agresiones contra periodistas, el gobierno no ha aclarado absolutamente ninguno. La creciente indignación de los trabajadores de prensa ante tamaña impunidad se manifestó en el acto de Plaza de Mayo el 16 de setiembre pasado, convocado por la Utpba y por una multisectorial reunida a propósito de este tema, que movilizó a 8.000 personas. La hipótesis del suicidio de Bonino se fue desvaneciendo rápidamente, y ya existiría —según declaraciones del secretario general del gremio, Juan Carlos Camaño— la certeza de que estamos frente a un asesinato cuyos motivos aún no se han desentrañado, pero que en el marco de la actual situación conduce a pensar que tiene raíces políticas. Ante la falta de reacción más clara por parte de la Utpba, la lista Naranja solicitó por nota, el mércoles 17, una entrevista con Camaño, en la que afirmó que a “nuestro criterio, esto requiere de una respuesta decidida de todo el gremio y del conjunto de la ciudadanía. Por esa razón entendemos que es necesario realizar de inmediato una gran convocatoria a delegados y activistas de todo el gremio para prepararla”. Más adelante, señaló: “Al mismo tiempo creemos que debe convocarse ya —como se hizo cuando fuera agredido el compañero López Echagüe— a una reunión de organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles, populares y partidos políticos para organizar una respuesta de conjunto. Vastos sectores de la población están sumamente sensibilizados por las agresiones porque comprenden claramente que este ataque no sólo afecta a los trabajadores de prensa, sino al conjunto de los sectores populares”. El viernes 19/11, finalmente, la Utpba convocó a un paro de dos horas por turno. Está citada una reunión de activistas y delegados en el transcurso de esta semana, para resolver el curso de acción a seguir. El paro se cumplió ampliamente en el gremio y de las asambleas surgieron distintas iniciativas. Así, la de “Página 12” mandató a sus delegados para que lleven la posición de paro con movilización, a fin de exigir que se investigue el caso Bonino y la agresión al sereno de la Utpba, y se castigue a los culpables. Los trabajadores de prensa, que históricamente se movilizaron en defensa de las libertades democráticas (son casi 100 los compañeros desaparecidos durante la última dictadura militar, pese a ser un gremio chico), han comenzado a moverse. Es necesario potenciar el plenario de delegados con la concurrencia de activistas, para producir un reagrupamiento harto necesario frente al ataque de los batatas y del gobierno.

Un grave peligro se cierne sobre los jubilados y los trabajadores, con el proyecto de modificación de la ley de medicamentos, que reclaman los grandes laboratorios norteamericanos. La llamada Ley de Patentes, haría aumentar los medicamentos en hasta 100%, especialmente los más caros, y provocaría el cierre de laboratorios nacionales. El PAMI, que es la obra social de los jubilados, no puede quedar indiferente. De lo contrario tendremos una obra social, pero los jubilados no podrán medicarse. La Mesa Coordinadora tiene un director en el PAMI central y consejeros en los distritos, que deben señalar a quienes apoyen la Ley de Patentes como enemigos de los jubilados. En este sentido, Matilde Menéndez que trabaja por la reelección de Menem, se va a pronunciar a favor del proyecto del Poder Ejecutivo. Intervención de Juan López el 9 de noviembre en la Mesa Coordinadora

Cuando comenzaron las privatizaciones, algunos nos opusimos desde una perspectiva sólo ideológica y decíamos que ciertos sectores (energía, comunicaciones, etc.) debían táctica e ideológicamente seguir en manos del Estado. Ustedes, desde este periódico, advertían sobre las consecuencias que para la gente común traerían estas privatizaciones. Recuerdo que por entonces yo, que no tengo filiación partidaria, leía esas notas y decía “¡qué exagerados!”. El apocalipsis que ustedes presentaban sobre la clase obrera a partir de la “venta-regalo” que este gobierno hacía del gas, la luz, los teléfonos, etc., me sonaba el producto de la mente afiebrada de un fanático pasado de libros y teorías. Muchachos, perdón, ustedes tenían razón. Les cuento: a mi barrio (sin cloacas, sin asfalto, sin gas, sin agua corriente, sin ...) llegó un día una empresa, de la mano de nuestro “benemérito presi”de la Sociedad de Fomento. Esta “empresa benefactora” nos prometía a los gritos, desde volantes y aviones, hacernos la red de distribución de gas natural poco menos que regalada y de “puro buenos que eran”. El domingo 8 de agosto recalaron en la Sociedad de Fomento con los contratos para firmar. La humilde y sencilla gente de mi barrio se sintió como deben haberse sentido los indios de América el día que llegó Colón. Así fue que desde temprano se formaron largas colas para recibir a los “benefactores” y estampar la firma. Pero, igual que Colón, nos cambiaron espejitos por oro. Esa mañana, mis vecinos firmaron 200 contratos en blanco y a cambio sólo les entregaron un volante de propaganda. ¿Que cómo se puede firmar en blanco un contrato, me preguntarán ustedes? Y yo les contesto que sólo puede entenderlo aquel que sabe lo que es vivir sin nada; sin que nadie jamás se acuerde de uno para darle una mínima mejora, sólo puede entenderlo el que sabe del dolor de las manos cuando se lava la ropa en invierno con agua casi helada, cuando se han pasado años calentando cacerolas para bañar a los chicos, cuando se ha crecido cortando leña para calentarse un poquito en julio. Y si a esto le sumamos el alto índice de analfabetismo que sufrimos por aquí, ya tenemos la tierra fértil para estos buitres. Por supuesto que los contratos eran lapidarios, pero esto la gente no lo sabía: en ellos las cuotas eran indexadas, no nos garantizaban ni el comienzo de la obra ni el suministro de gas; y además se sometían a la Ordenanza 165/73, por la cual, si la obra era declarada de interés público, aun los que no firmaron contrato debían pagar el precio (sí o sí), o de lo contrario podían ser embargados. Algunos “pocos” comenzamos a alertar y a organizar a la gente. La lucha fue durísima. No sólo luchábamos contra la empresa y contra la Municipalidad (que amparaba las acciones de la primera y jugaba sus intereses a través de la Ordenanza 165), sino también contra los “punteros” del barrio que presuntamente habían sido “adornados” por la empresa y la Municipalidad. Hacerle entender a la gente lo que pasaba fue más duro aún. Pasamos por todas las situaciones: desde difamaciones hasta amenazas. Pero (se las hago corta): lo logramos. Se devolvieron los contratos a los vecinos y se formó una Comisión para iniciar las tratativas con Metrogas. “¡Ahora sí que estamos a salvo!”, pensamos. Y aquí viene lo mejor: a medida que nos adelantamos en estas tratativas vamos descubriendo la gran tela de araña. La ley de concesión y la reglamentación del Ente Regulador están hechas de tal manera que la concesionaria se asegura el paso feliz por este generoso país sin invertir un peso (o dólar, como les guste más) y recaudando, eso sí, todo lo que pueda. El artículo tal dice una cosa, pero el artículo cual la contradice y el artículo que sigue nos crucifica. Con las bocas abiertas y los ojos asombrados, los miembros de la Comisión buscamos y buscamos en los cuerpos legales esa parte que diga “que tienen que invertir en el país” y, compañeros, o nos afanaron una página o aquí los únicos que ponemos la guita somos nosotros. Es así, “hermanos y hermanas de mi patria”, que a cada paso que damos nos encontramos con una nueva trampa legal. Pero como ya aclaré que somos “locos”, vamos a seguirla a muerte. Trabajaremos con abogados, técnicos... y cardiólogos (si nos hacen falta). Pero vamos a demostrarles que las obras deben hacerlas ellos, que no tenemos por qué seguir pagando los caños de gas que son de ellos y que luego volveremos a pagarlos en la factura de consumo. ¿Vinieron a invertir? ¡Inviertan! La tribu de mi barrio ya no cambia espejitos por oro. Después de este relato sólo me queda pedirles otra vez perdón. Ustedes me lo advirtieron. Ahora ya es tarde... ¿es tarde? No, compañeros. Nunca es tarde. También mi relato demuestra que la militancia y la organización son el camino. En las telas de araña las moscas caen si van de a una por vez, ¡pero muchas moscas juntas pueden romperla! Sirva esto de experiencia y unamos fuerzas. Aprovecho también para dejar en estas líneas mi homenaje y mi abrazo a vuestros compañeros, que tan leal y duramente lucharon en mi barrio: Silvia, Leandro, Eduardo y el “fantasma” Osvaldo. Y, muchachos de Prensa Obrera, les prometo que de aquí en adelante si ustedes anuncian lluvia, aunque brille el sol, yo saldré con paraguas. Barrio Gorriti-Glew

La renuncia de Mujica y su reemplazo por el vicegobernador Lobo fue el resultado de una negociación que trascendió las fronteras de Santiago. En esa negociación ofrecieron “sus servicios figuras como Raúl Alfonsín y Mario Losada, trascendiendo que también se utilizaron los buenos oficios del ex Ministro del Interior, Enrique Nosiglia, de tal suerte que ayer Ruckauf y Eduardo Menem, por un lado, y Figueroa-Zavalía, por el otro, habrían acordado como única solución, la sucesión institucional” (El Liberal, 27/10). El pacto para rescatar al gobierno del PJ de Santiago fue el preámbulo del acuerdo que días más tarde tejerían en el mayor sigilo Menem y Alfonsín, para pactar la reforma constitucional. En el marco de ese acuerdo comenzaron las piruetas de Zavalía, que había ganado por más del 50% de los votos las últimas elecciones, y que pasa a contar, a partir del 10/12, con 22 legisladores contra los 23 de los varios bloques enfrentados del PJ. Zavalía se ha ofrecido como árbitro de la estabilidad del gobierno de Lobo. “Si Zavalía cumple con lo pactado no va a haber ningún problema”, sostuvo Ruckauf (Clarín, 27/10). El hombre que llamó el año pasado a derrocar a Menem con un levantamiento armado, se ha sumado ahora al plan de Menem. No por casualidad, Zavalía, angelocista, apareció días después en los primeros cargos de la lista alfonsinista que pasó a dirigir la UCR. Ultimo recurso Antes de operarse el recambio del gobernador, cuando las luchas de las masas amenazaban con provocar un levantamiento popular, todos salieron a gestionar la Intervención Federal. Zavalía reconoció que “hablamos con el ministro Ruckauf de una intervención consensuada, por un plazo de 5 ó 6 meses, incluso se barajó la fecha de mayo o junio para el llamado a elecciones” (El Liberal, 31/10). El mismo reclamo intervencionista lo plantearon el MODIN, diversas cámaras empresarias y sectores claves de la burocracia sindical, como Roberto Díaz de AEySIA (Docentes). La Intervención Federal fue dejada de lado momentáneamente, a la espera de los resultados de la gestión de Lobo. Obedeciendo las exigencias del gobierno nacional, Lobo ya envió un proyecto de “ley Omnibus”, que plantea, entre otras cosas, eliminar todos los contratos desde enero del ‘93; eliminar todo aumento salarial desde febrero del ‘93 (entre ellos un aumento del 60% que había otorgado Mujica); transferir el sistema jubilatorio a la nación y delegar atribuciones al Poder Ejecutivo para privatizar las empresas provinciales, cuyo bocado principal es el Banco Provincia. El solo anuncio del contenido del plan llevó al reinicio de los paros y movilizaciones, que habían sido levantados en una muestra de “buena voluntad” de la dirigencia al nuevo gobierno. Una tras otras las reparticiones y gremios se fueron declarando en paro por tiempo indefinido, obligando a la burocracia a reaparecer, “poniéndose a la cabeza”. Así apareció la CGT llamando a un paro general y la formación por parte de 10 gremios de un “Frente de Gremios en Lucha”, que convocaron a varias manifestaciones frente a la Legislatura de hasta 5.000 trabajadores. Estas concentraciones, paros y cortes de ruta se multiplicaron en todos los pueblos del interior, y también la violencia policial, que salió a garantizar a sangre y fuego el ajuste hambreador. A medida que fue creciendo la protesta popular, Zavalía buscó delimitarse de Lobo, pero poniendo el cuidado de facilitarle el quorúm (las bancadas adictas a Mujica y Juárez boicotearon las sesiones) para aprobar la ley ómnibus. Huelga general El alcance de las medidas aprobadas son brutales, porque significan dejar a decenas de miles de trabajadores en la calle, reducir en un tercio los salarios de por sí miserables. El gobierno quiere sanear a costa de los trabajadores la quiebra del Estado y la banca provincial. Hay deudas exigibles por 150 millones de dólares, como parte de una deuda mayor que supera los 350 millones de dólares. El deficit mensual del estado es de 14 millones de dólares y el rojo del Banco es superior a los 30 millones, siendo su mayor deudor el gobierno provincial. En los meses previos desaparecieron 60 millones de dólares enviados por la Nación, los cuales, según El Liberal (23/10), “se habrían transferido, así se cree, al sector privado”. Mientras las grandes cámaras empresarias, el obispo y la mayoría de los políticos patronales apoyan el paquetazo, crece y se extiende la resistencia popular, sumándose sectores de clérigos y monjas, que con comunicados anónimos han salido a denunciar la represión y los ataques al pueblo. Lo mismo ha ocurrido con las cámaras comerciales de los pueblos, que han apoyado las movilizaciones de los trabajadores. Estos alineamientos reflejan la polarización social e inclusive política. Los trabajadores todavía carecen de una política, han salido a la lucha por desesperación. Los bloques burocráticos coinciden en lo fundamental: tanto la llamada CGT “auténtica”, como el “Frente de gremios en Lucha”, reclaman una“reforma estatal con consenso”, un camino que no lleva a ninguna parte, es decir, a la derrota. La única vía para imponer los reclamos es extender la huelga a toda la provincia, sumando a todos los trabajadores. En las últimas manifestaciones, varios de los dirigentes de la CGT y del Frente de Gremios, entre ellos Roberto Díaz de AEySIA, fueron corridos y apedreados por los trabajadores. Está el sentimiento y el odio a la burocracia, es hora de pasar a elegir delegados desde abajo y así forjar una nueva dirección para la lucha.

El 9 de noviembre de 1918 abdicó el emperador alemán Guillermo II y se exilió en Holanda. Desde fines de octubre habían comenzado las sublevaciones, primero en la armada, luego en el ejército y entre los trabajadores inmediatamente después. Luego de cuatro años de guerra, la miseria y la inminencia de la derrota militar hacían insoportables el “viejo orden”. El canciller Max von Baden, un príncipe “liberal”, había instado al emperador a abdicar en favor de su nieto mayor: “De esa manera, con la ayuda de los socialistas, podríamos salvar la situación. De lo contrario, tendremos una república”. A tal efecto fue nombrado canciller el socialdemócrata Ebert. El “objetivo era una monarquía parlamentaria antes que la abolición total del antiguo orden” (E.Ettinger en “La vida de Rosa Luxemburgo” pág. 280). Pero los hechos iban demasiado rápido. Con las masas en la calle “llegó al Reichstag el rumor de que Karl Liebknecht estaba a punto de proclamar una República alemana soviética”. Los consejos de obreros y soldados florecían por todas partes. Para bloquear los acontecimientos, Scheidemann, socialdemócrata, miembro del nuevo gobierno, proclamó la República desde los balcones de la cancillería —sin consultar con Ebert y demás miembros del gabinete. El gobierno provisional, nombrado por el “viejo régimen” para frenar la revolución, está compuesto por los socialdemócratas —tanto su fracción oportunista mayoritaria, como la centrista independiente. Los espartaquistas dirigidos por Liebknecht y Rosa Luxemburgo se constituyen en oposición revolucionaria al gobierno que viene a defender a la contrarrevolución. Revolución o Asamblea Constituyente El 16 de diciembre se reúne un Congreso Nacional de los Consejos de Obreros y de soldados de Alemania. Sobre 489 delegados presentes, los espartaquistas sólo cuentan con una bancada de 10. A pesar del prestigio revolucionario de sus dirigentes, habían salido muy golpeados y desorganizados de la represión sufrida durante la guerra. Berlín, la capital, estaba sometida a constantes manifestaciones y huelgas, dirigidas en gran parte por los espartaquistas. El gobierno de Ebert trata de cortar el curso revolucionario de las masas. El 12 de noviembre el gobierno adopta la jornada de 8 horas. El 15 se crean las “comunidades del trabajo” para resolver las diferencias entre obreros y patrones. El 23 de diciembre se introducen los convenios colectivos de trabajo en el derecho alemán. Pero el Estado se mantiene en pie. Mientras los espartaquistas plantean la extensión del poder de los consejos y el armamento de las masas, la socialdemocracia se niega a adoptar cualquier medida hasta tanto se convoque a una Asamblea Constituyente. El 16 de diciembre, el Congreso de los Consejos decide fijar la elección de una Asamblea Constituyente para el 19 de enero, con el voto en contra de los espartaquistas. Para acabar con la situación revolucionaria se plantea el sufragio de la totalidad de la población e “institucionalizar” así “la democracia”. Participación en la Constituyente “democrática” El 30 de diciembre se reúne el congreso de los espartaquistas que fundará el Partido Comunista. En su segunda sesión debate el problema de la participación en la próxima Constituyente. El informe de la dirección central afirma que la Asamblea Nacional es una “fortaleza edificada por la voluntad de la burguesía, en donde desean atrincherarse todas las variedades y especies de la actual sociedad ... Es indudable que los representantes del proletariado se hallarán en minoría dentro de dicha Asamblea Nacional, y a pesar de todo ello nosotros os proponemos participar en las elecciones...”. El planteo fue interrumpido por una “tempestad de gritos de protesta e interrupciones” (extraído de “La comuna de Berlín”). Cansados de décadas de participación socialdemócrata en los parlamentos burgueses, los obreros revolucionarios no querían saber nada con el “parlamentarismo”. Rosa Luxemburgo, primero, y Carlos Liebknecht, después, volcaron su autoridad para explicar que habiendo sido derrotados en el Congreso de los Consejos su propuesta contraria a que fuera convocada una Asamblea Nacional Constituyente, debían ahora participar, porque las grandes masas no habían culminado su experiencia con el sufragio universal. (Por primera vez votarían las mujeres y se eliminaba el sistema de votación por estamentos en Prusia). ¿“Qué camino es el más seguro para conseguir educar a las masas? ..Lo que yo veo hasta el presente es la moderación de las masas llamadas a derrocar la Asamblea Nacional. El arma con la que el enemigo piensa combatirnos debemos volverla contra él ... La acción directa es más simple ... Pero nosotros entendemos que, previamente y para el apoyo de esa lucha, se hace preciso que conquistemos la tribuna de la Asamblea Nacional”. Estas palabras de Rosa fueron recibidas con “débiles aplausos”. Liebknecht también tomó la palabra: “En la Asamblea Nacional, un pequeño número de nosotros podría ayudar a restringir la acción gestada allí contra el proletariado, y de paso servir de ejemplo para que cobraran confianza en nosotros las masas de afuera”. Pero la línea “izquierdista” de no-participación triunfa por 62 votos a 23. Un manifiesto del nuevo Partido Comunista planteará claramente: “La Asamblea Nacional que prepara el gobierno será el instrumento con que los contrarrevolucionarios combatirán la revolución proletaria. Hay que impedir por todos los medios que se reúna esa Asamblea”. (Historia Social de Alemania, Tomo I, página 319, Ramos-Oliveira). La socialdemocracia también se dirigirá a la opinión pública con otro manifiesto: “Los socialistas conseguiremos sin demora que les sean reconocidos al pueblo todos sus derechos, incluso el de determinar por sí mismo sus propios destinos”. Aplastar la revolución para convocar a la Constituyente La socialdemocracia en el poder se puso de acuerdo con el alto mando militar para aplastar a los comunistas y a la revolución. Montó una serie de provocaciones para que la “izquierda” saliera a dar batalla prematuramente. Destituyó al jefe de policía de Berlín, que había asumido en las jornadas revolucionarias del 9 de noviembre y que se negaba a reprimir las manifestaciones espartaquistas. “¿Dimitir? ¡Nunca! Sólo el proletariado de Berlín, que me puso aquí el 9 de noviembre, cuando ni siquiera existía el actual gobierno, tiene poderes para echarme”, declaró. Las grandes manifestaciones que se desarrollaron el 5 de enero fueron entendidas por la dirección del nuevo Partido Comunista como la antesala para la insurrección. Esto era esperado por el gobierno socialdemócrata, que había acumulado “tropas leales” en los alrededores de Berlín y había armado a cuerpos especiales de voluntarios contrarrevolucionarios. Esta “guardia blanca” se descargó con furia sobre la inexperta e insegura dirección revolucionaria. Rosa Luxemburgo había discrepado con esta insurrección por “prematura”. La represión fue sangrienta y costó la vida de centenares de trabajadores y de los grandes líderes (Luxemburgo y Liebknecht fueron cobardemente asesinados cuando estaban detenidos). “Aplastada la revolución —escribía la prensa socialdemócrata—se celebrarán sin tropiezos las elecciones para la Asamblea Nacional”. Para situarse convenientemente en el “nuevo régimen”, la burguesía alemana reorganiza sus partidos, “todos ... quieren ser populares o democráticos”. La Asamblea Nacional es convocada en la tranquila ciudad de Weimar, lejos de la presión revolucionaria de Berlín. La socialdemocracia, aún aplastada la revuelta comunista, teme la presión de las masas, teniendo en cuenta que si bien la mayoría de los trabajadores no acompañó la rebelión espartaquista, repudiaron la represión, lo que se evidenció en las masivas manifestaciones de repudio al crimen contrarrevolucionario. Con el boicot comunista, la socialdemocracia obtuvo 11,5 millones de votos (casi 40%), mientras que los “centristas” lograban 2,3 millones de votos (7,8%). “La Asamblea Constituyente aprobó en 7 meses una constitución admirable, que sirvió luego de modelo a otros paises... En orden a la legislación social —derechos del trabajador, seguros sociales, etc.—y a las libertades políticas... Pero el régimen de propiedad privada en sus manifestaciones más perniciosas —el latifundismo, la dictadura económica de la gran industria— apenas sufrió modificación”. (“Historia Social...”, pág. 329). Usada como arma política contra la revolución proletaria, la “hoja de papel” constitucional fue rápidamente abolida por la lucha de clases. Bajo el alero de la “constitución progresiva y liberal” de la República de Weimar, la burguesía desarrolló una fuerte lucha contra la clase obrera, valiéndose en todo momento de la socialdemocracia (y luego del stalinismo), hasta culminar con el ascenso del nazismo.

La semana pasada, telefónicas y ex-telefónicos retirados y jubilados, marchamos al Ministerio de Economía para reclamar la nulidad del Acuerdo General de Transferencia, firmado por la burocracia de FOETRA, que fija las condiciones de venta de las acciones de clase “C” de Telefónica y de Telecom del Estado Nacional a los empleados de la ex-ENTel. Esta marcha de 500 compañeros fue resuelta en una asamblea previa impulsada por la izquierda y sectores afines al CTA, realizada al margen, no sólo de la Federación Nacional, sino también del Sindicato Buenos Aires. El éxito reflejó la bronca suscitada por la disposición de la burocracia nacional de que se abonaría a los trabajadores, previa renuncia individual y expresa a reclamar contra el Acuerdo, sólo el 30% de lo depositado por Telecom y Telefónica en concepto de dividendos. Frente a esta agitación, la burocracia retrocedió y aceptó que el cobro pudiera hacerse con cláusulas de “a cuenta”, “reservando derechos” e “impugnando los gastos”. A pesar de esto, en los primeros días, sólo fueron a cobrar alrededor del 30% de los empadronados. Un sector importante se mantiene sin ir a cobrar, ya que existen, aun entre distintos abogados, diferencias acerca de cuál es la implicancia jurídica real de cobrar reservando derechos. Este movimiento ha elaborado un boletín donde se fijan sus objetivos: lograr la libre disponibilidad de las acciones, la imputación del dinero del Fondo al pago de la deuda con el Estado y la impugnación de los gastos que efectuara el Comité que está manejando actualmente el tema. Para lograr esto se planea organizar una nueva movilización para el 26/11, estructurar un cuerpo de representantes por edificio para seguir impulsando los reclamos administrativos al Ministerio de Economía y recibir el poder de los compañeros para constituirse en interlocutores legalmente válidos para reclamar la nulidad del Acuerdo. ¿Qué es la Propiedad Participada? La propiedad participada es la venta del 10% de las acciones de las sociedades licenciatarias a los trabajadores prevista por la ley de Reforma del Estado. Su propósito es transformar a los trabajadores en “socios” de la patronal, lo cual serviría para hacerlos más “eficientes”, apoyar una política de tarifas altas y aumentar las utilidades de “nuestra” empresa. Pero también es una dádiva para la burocracia, que lucra con el manejo de la administración del paquete accionario. En síntesis, la propiedad participada, y la entrega que se le hizo de la Obra Social y del Fondo Compensador, fueron el precio que la burocracia cobró por “descubrir” las bondades de la “privatización”. La Lista Naranja (PO), miembro del Frente Tricolor, viene agitando desde hace años el planteo “No al sindicato patrón”, “Fuera el gremio de la Propiedad Participada”, porque cualquier compromiso del sindicato con el manejo de las acciones, lo convierte en rehén de la política empresaria de “racionalización”, despido y mutilación del convenio y en fuente permanente de corrupción. Frente a la puesta en marcha del mecanismo de la Propiedad Participada, la lista Naranja impulsó la consigna de “libre disponibilidad”, o sea la posibilidad de que cada trabajador determine qué hacer con sus acciones (y la inmensísima mayoría está, por las necesidades apremiantes en las que vive, queriendo venderlas) El mecanismo de un robo Las burocracias que firmaron el Acuerdo General de Trasferencia (de los sindicatos de jerárquicos, supervisores, profesionales, FOETRA) juntaron poderes por aproximadamente un 20% de los trabajadores, aunque tampoco existe constancia cierta de ese porcentaje, ya que los mismos fueron dados, en su mayoría, sin ningún tipo de legalización de firma. Las cláusulas firmadas no fueron discutidas, ni siquiera informadas, al conjunto del gremio, salvo una vez firmadas, y por el Boletín Oficial. Se creó, conforme a dicho Acuerdo, un comité formado por la burocracia sindical, cuya primera actividad fue realizar un empadronamiento de los empleados adquirentes. Este empadronamiento era totalmente innecesario, ya que los datos de todos los empleados figuraban en los archivos computarizados de ENTel. Por este trabajo se le liquidó a la consultora Bunge 2.000.000 de dólares. Según el diario “Clarín” el precio de mercado de esta tarea, innecesaria por otra parte, no podía ascender a más de 500.000 dólares. Por el Acuerdo también se crea un Fondo, manejado por el Comité, con el 50% de los dividendos depositados por las licenciatarias, en lugar de saldar, con ese dinero, la deuda al Estado por las acciones que se transfieren. Debido a que se crea ese Fondo, se ha contraído una deuda con el Banco Ciudad para abonarle las acciones al Estado. Por esta deuda se pagan intereses al Banco, mientras se mantiene depositado en el mismo banco, en Caja de Ahorro, el dinero de dicho Fondo. Dicha deuda, y por tanto la prenda sobre las acciones, se cancela en 8 cuotas anuales en dólares, o sea, llega al año 2000. En noviembre del 2001 recién comienza a liberarse el primer tercio de las acciones, con lo que la indisponibilidad llega al 2003. Como hay deuda (por la creación del Fondo) y no hay liberación, entonces, la administración del paquete accionario deduce el 9% de los dividendos depositados por las licenciatarias para “gastos administrativos”. Esto, además de 1.400.000 dólares que cobra el Banco Ciudad por sus “gestiones bancarias”. El objetivo de la creación de dicho Fondo es comprar las acciones a los que se retiran de las empresas. Como el “Acuerdo” establece que sólo pueden ser accionistas los trabajadores en actividad, los que se retiran deberían vender en forma obligatoria sus acciones. El precio “sostén” que fijaron en dicho acuerdo alcanza a 10/12% del valor de cotización de las acciones en plaza. Como dicho Fondo será el propietario de esas acciones,el Comité (del Fondo) tendrá derecho a voto en la Asamblea de Accionistas por la cantidad que le corresponda a los que se retiraron. Como ha habido una reducción del 25% del plantel y las perspectivas son de una reducción aún mayor, vamos a asistir a un despojo generalizado. Pero como si esto fuera poco, fijaron un sistema “federal” para realizar las asambleas de accionistas. Los compañeros que trabajan en el sur del Gran Buenos Aires (Avellaneda, Lanús, etc.), tendrán que concurrir para intervenir en dichas asambleas a La Plata, los de Oeste (Matanza, Morón, etc.) a Luján, y los de Norte (V.López, San Martín, etc,) a Zárate. Esto a pesar de que están organizados en el Sindicato Buenos Aires.

Durante 1993, las huelgas obreras se han convertido en un fenómeno recurrente que “llena de preocupación a las más altas autoridades del país” (Washington Post, 18/10). La clase obrera ha comenzado a rebelarse abiertamente contra las brutales condiciones de superexplotación que constituyen todo el “secreto” del “milagro económico” chino. Un corresponsal del “Washington Post ” en China relata el caso de una fábrica de zapatillas en el interior del país, propiedad de una empresa sudcoreana: los salarios son de 14 centavos de dólar la hora, “bajos incluso para la medida china”; la jornada es de 13 horas; los 1.200 obreros y obreras deben hacer cola para acceder a los únicos diez baños de toda la planta, las condiciones de seguridad e higiene son descriptas como “pobres” y los trabajadores no gozan de servicios médicos ni de garantía en el empleo; la empresa tampoco provee viviendas a sus trabajadores (una práctica común en las empresas estatales). La primera de las huelgas en esta fábrica —luego le siguieron otras— estalló por la brutalidad de los capataces, que golpearon ferozmente a tres obreras porque “no se arrodillaron ante ellos para recibir una reprimenda por trabajar demasiado despacio”. Las huelgas han comenzado a hacerse habituales en las empresas de propiedad de extranjeros. Los capitalistas “abusan”(¡y no lo dice PO sino el “Washington Post”!) de la inexistencia de leyes laborales que fijen el salario mínimo y definan los derechos de los trabajadores, y de la inexistencia de sindicatos, incluso de los propios sindicatos oficiales. Así, los capitalistas “pagan los salarios con retraso, alargan las jornadas y empeoran las condiciones de trabajo”. La tensión es particularmente aguda en las provincias de Guangdong y Fujian; sólo en una ciudad —el puerto de Tianjin— los obreros han ido a la huelga en más de una decena de oportunidades (según los registros de la prensa china) por salarios y condiciones de trabajo. Ya se ha señalado que las autoridades chinas no permiten la formación de sindicatos en las empresas extranjeras para “atraer inversiones”. Su “preocupación”, precisamente, es que las huelgas ahuyenten a los capitalistas... una confirmación adicional de que las huelgas, las manifestaciones y movilizaciones obreras son la única valla a la restauración capitalista. Pero no sólo los burócratas están preocupados. “The Economist” (4/6) dejar ver su temor cuando afirma que si las huelgas obreras llegan a unirse con las rebeliones campesinas y con el descontento de las decenas de millones de desocupados, “los resultados pueden ser inimaginables”.

La patronal del Antártida ha iniciado un ataque en gran escala contra los trabajadores anunciando una “restructuración”, que incluye despidos masivos, reducción de salarios y categorías y eliminación de convenios. Junto con el vaciamiento del Güemes (y su prometida reapertura con un tercio del personal), marcan la aplicación a fondo y sin anestesia en el gremio de la Sanidad, de la “reforma laboral” menemista. Los trabajadores del Antártida venían reclamando el pago de un aumento salarial recientemente homologado para la rama de sanatorios privados. La empresa lo negó y solicitó ante el Ministerio de Trabajo la aplicación del “Procedimiento Preventivo de crisis de empresa”, según la Ley 24.013 de Reforma Laboral, acompañada de una “Propuesta de racionalización” donde anuncia el despido de 249 trabajadores. El Ministerio aceptó sin chistar, aunque el sanatorio se encuentra en pleno funcionamiento, con el personal trabajando a ritmos extenuantes y percibiendo sueldos de hambre. En realidad se trata de un conflicto artificial, fabricado por la voracidad de ganancias de la patronal. El punto fundamental del “Procedimiento preventivo de crisis” es el artículo 104 de la Ley 24.013, que determina que “los trabajadores no podrán ejercer la huelga u otras medidas de acción sindical”, aunque la empresa esté preparando con lujo de detalles la “racionalización” y ejerza una campaña de intimidación sobre los trabajadores. La “flexibilización laboral” La empresa aduce que para “flexibilizar” y “disminuir” costos debe “concesionar” servicios como cocina, limpieza, ropería y fisiatría, despidiendo a los actuales trabajadores de esos sectores. Y que por falta de “especialización” e “idoneidad” debería despedir también al personal de enfermería, esterilización y mantenimiento. Esto, tratándose de personal de muchos años, formado con cursos especiales en el propio sanatorio. En su presentación, la empresa sostiene sin pelos en la lengua, que esta reconversión persigue una importante “mejora de la productividad”. Se trata básicamente de una sustitución de personal efectivo por mano de obra subcontratada, con menor salario, sin pago de cargas sociales y pasibles de mayor superexplotación. Los despidos alcanzan también al plantel médico, que será reemplazado mediante la “contratación de grupos médicos independientes”. El trabajo “temporario” o “eventual” que promueve la “reforma” menemista, no crea fuentes de trabajo. Se aplica para echar personal efectivo y reemplazarlo por eventual sin derechos ni convenios. Esta es la famosa reducción del costo laboral. Apoyar a los trabajadores del Antártida El personal del Antártida ha comenzado a realizar asambleas por turnos para debatir las medidas a adoptar. La agrupación ASIS ha iniciado una agitación explicando el carácter de la ofensiva en marcha con dos consignas centrales. Ni un despido ni suspensión; paro por tiempo indeterminado ante el primer despido. Que se pague de inmediato el aumento de convenio. Y un llamado a todos los establecimientos de Sanidad para reclamar a ATSA una asamblea general del sindicato, para resolver un plan de acción ante la situación del Antártida y el cierre del Güemes, con 1.500 trabajadores en la calle. La política patronal de los dos mayores sanatorios privados del país marca el alerta para todo el gremio. El conjunto del movimiento obrero debe pronunciarse contra esta experiencia piloto de la reforma laboral.

El proceso de restauración capitalista en China es el más profundo y osado de cuantos tienen lugar en los ex Estados obreros. Contra lo que sostienen los castristas —y su sombra rioplatense, el PC— el monopolio político de la burocracia, lejos de ser una valla a la restauración, constituye su auténtico trampolín. Aunque los castristas identifican a la dictadura de la burocracia totalitaria con el “socialismo”, lo cierto es que la burocracia es el ariete de la destrucción de la planificación estatal, del saqueo de la economía estatizada y de la restauración capitalista. ¿China un “estado obrero”? El movimiento económico chino está dictado por las Bolsas de Valores de Shangai y de Shenzen y, fundamentalmente, por la de Hong Kong, la colonia que Gran Bretaña entregará a la burocracia en 1997 y que se ha convertido en la puerta de entrada de los capitales especulativos que fluyen a China. La especulación mundial considera a Hong Kong “una ciudad china más” (International Herald Tribune, 1/10), revelando su apreciación exacta del carácter social del régimen chino. Las principales empresas chinas (sean estatales, mixtas o privadas) cotizan en la Bolsa de Hong Kong (¡y aun en las de Nueva York, Londres y Sidney!) y los capitalistas no dudan en afirmar que “tener al Banco de China en su directorio es como tener una garantía de Pekín” (International Herald Tribune, 13/7/91). La planificación estatal juega ahora el típico papel capitalista de regulación de los ciclos del capital. En la actualidad, por ejemplo, procura “enfriar” la economía para morigerar los “excesos” de la especulación inmobiliaria, que se ha convertido en uno de los “motores” principales de la expansión económica. El comercio exterior está en manos del capital extranjero y de las “empresas mixtas”: “Hong Kong maneja el 70% de las exportaciones chinas” (The Wall Street Journal, 3/6/91). Las empresas estatales forman aceleradamente “holdings” que “privatizan partes crecientes del sector estatal”, en un proceso cuyo objetivo fundamental es “reconvertir a los cuadros” de parásitos burocráticos en parásitos capitalistas (ídem). (Pero, por otro lado, los trabajadores tienen prohibido —no legalmente pero sí de hecho— formar sindicatos en las empresas extranjeras: “sólo en el 1% de las 40.000 empresas extranjeras existen sindicatos” (Washington Post, 18/10), “por temor a que la existencia de sindicatos ahuyente a los inversores y (hasta) usan esa ausencia de sindicatos para atraer inversiones”, ídem). La economía china —aun cuando el Estado goce de una relativa independencia del capital— se ha integrado plenamente a la circulación del capital mundial mediante el comercio exterior, la especulación y penetración del capital externo. En estas condiciones, China se ha transformado en un “estado obrero en descomposición o en disolución”, donde el entrelazamiento de intereses entre la burocracia y el capital mundial, que se ha tejido a la sombra de la “apertura”, ha convertido a la burocracia —y al régimen político en su conjunto— en guardián de un orden social progresivamente capitalista, que destruye concientemente las relaciones sociales creadas por la revolución de 1949. ¿China es una “salida”? Hace ya más de una década, solitariamente, el Partido Obrero señaló el contenido restaurador de la política puesta en práctica con los “incentivos capitalistas para los campesinos” de 1979: la disolución de las “granjas campesinas” y de las “comunas populares”, y por sobre todo, la incorporación de Hong Kong a China, resguardando el carácter capitalista de aquélla. Pero también, “el derrumbe de los Estados obreros abre para el capitalismo la gran posibilidad de tomar el control de estas vastas naciones de millones de personas, de expropiar la propiedad estatal y tomarla bajo control, y de abrir fenomenales posibilidades de acumulación capitalista” (Informe Internacional al Vº Congreso del PO). A diferencia de la ex URSS-Rusia, donde el marasmo productivo es fenomenal, China ha venido registrando, año tras año, sucesivos récords mundiales de crecimiento de la producción (13% anual en los últimos dos años) y de las exportaciones. Su participación en el comercio mundial se ha duplicado y registra el más abultado ingreso de capitales externos de todo el planeta. Los superbeneficios obtenidos por el capital radicado en China son insuperables en cualquier otro punto del planeta: la “China & Eastern Investment Company”, que posee acciones de 32 compañías chinas, por ejemplo, acaba de anunciar que sus beneficios crecieron nada menos que 192% este año (Financial Times, 18/11). ¿China se ha convertido entonces, en una “salida” a la crisis capitalista mundial? Esto es lo que habría que discutir. La penetración capitalista ha sido enormemente destructiva para China considerada en su conjunto, algo que cuestiona —o cuando menos relativiza, y mucho— la tesis de que el capitalismo ha provocado una “explosión de las fuerzas productivas” en China. La diferenciación social, regional y entre el campo y las ciudades se ha agudizado hasta alcanzar límites intolerables: el ingreso promedio en la región de Shenzen —una de las “beneficiadas”— es de 1.720 dólares anuales, nueve veces superior al promedio nacional (191 dólares) y ¡treinta y tres veces superior al de las provincias más alejadas de la costa! (52 dólares). La situación en el campo, donde viven más de 900 millones de personas, es sencillamente de un retroceso sin límites: “el campo está superpoblado, la tierra no puede alimentar a su población (¡y encima debe alimentar a las ciudades!), hay más de cien millones de campesinos desocupados y el subempleo es masivo, por decenas de millones, los campesinos van a las ciudades de la costa a buscar trabajo ... en determinadas regiones alejadas de la costa, un tercio de la población está por debajo de los niveles de pobreza ... la educación en el campo ha retrocedido desde el lanzamiento de la reforma” (Le Monde Diplomatique, octubre de 1993). “... el 95% de la población por debajo del nivel de pobreza vive en el campo” (Financial Times, 18/11). “La aparente prosperidad de China —afirma un estudio de Vaclav Smil, de la Universidad de Manitoba (Canadá)— se asienta en décadas de prácticas industriales y agrícolas ecológicamente desastrosas, es inherentemente frágil y se enfrenta con una multitud de desafíos entrelazados que son aparentemente insuperables” (Los Angeles Times, 6/11). “El ‘boom’ de las provincias costeras se debe a la reubicación de las industrias de Taiwán y Hong Kong para aprovechar los bajos salarios chinos, pero el resto de China está peor que lo que nunca estuvo”, resumió hace pocas semanas un ejecutivo de una de las grandes “tradings” de Hong Kong (Los Angeles Times, 6/11). La penetración capitalista, en consecuencia, ha potenciado todas las tendencias centrífugas que el mercado mundial ejerce sobre China. Crisis especulativa y crisis política Durante 1992 se produjo un espectacular crecimiento de la especulación inmobiliaria; sólo en los primeros cuatro meses de ese año, la inversión en propiedades y construcción aumentó un 70%. Se construyeron decenas de hoteles “cinco estrellas” y miles de mansiones y oficinas de lujo y hasta canchas de golf en todo el país. Semejante “boom”, puramente especulativo, fue posible por el relajamiento oficial a las restricciones a la compra-venta de tierras (dictadas por el XIVº Congreso del PCCh) y la descontrolada emisión y expansión del crédito que promovió la burocracia. Entonces, de las inversiones de Hong Kong, más de un tercio se destinó a la especulación inmobiliaria (Le Monde, 4/6) ... pero los fondos que Hong Kong volcó sobre China provenían de los “fondos mutuales” norteamericanos (International Herald Tribune, 1/10). Es que, sintomáticamente, las disposiciones del XIVº Congreso, al coincidir con la baja de las tasas de interés norteamericanas sirvieron para darle una “salida” a los capitales especulativos que no encontraban aplicación en la Bolsa de New York. La especulación inmobiliaria le dio a la burocracia la oportunidad de enriquecerse rápidamente. Los burócratas desviaron a la especulación créditos por 38.000 millones de dólares destinados a la construcción pública de obras de infraestructura o al pago de las cosechas a los campesinos. Incluso, las autoridades locales “expropiaron tierras de labranza para destinarlas a la especulación a cambio de indemnizaciones (a los campesinos) ridículamente bajas” (Le Monde Diplomatique, octubre de 1993). Pero la ola especulativa produjo un descalabro económico de grandes proporciones: la emisión de moneda y el crédito fuera de control produjeron un estallido inflacionario y un endeudamiento generalizado de las empresas, privadas y estatales. Los sistemas financiero y cambiario “paralelos” manejan un monto de préstamos y de divisas similar a los oficiales (Le Monde Diplomatique, octubre de 1993; Financial Times, 2/6/93). La burocracia, en todos sus niveles, ha fugado —gracias al comercio exterior, a las empresas mixtas y a los sistemas “paralelos” financiero y de cambios— nada menos que 53.000 millones de dólares sólo entre 1990 y 1991, y se estima una cifra superior a los 30.000 millones en 1992 (Le Monde Diplomatique, octubre de 1993). La “cura” que emprendió la burocracia central (restricción del crédito y de la creación de moneda para frenar la inflación) “es peor que la enfermedad ... porque pone en peligro la inversión” (The New York Times, 12/11) y lleva a una caída de la producción y a la insolvencia de centenares de empresas estatales, que ante el corte del crédito no llegan a reunir los fondos necesarios para pagar los sueldos de sus trabajadores. Pero las autoridades locales y provinciales —que gracias a su entrelazamiento con los capitalistas han ganado una enorme “autonomía” de Pekín— están resistiendo por métodos de toda índole, legales e ilegales, la pretensión de la burocracia central de restringir el crédito. Así, han obligado al gobierno a “flexibilizar” su política ... relanzando la orgía de deudas y especulación. El recule de la burocracia central pone de manifiesto la debilidad del régimen político burocrático, su fractura y disgregación interna bajo las presiones de los intereses capitalistas asociados a cada camarilla burocrática. China no ha podido escapar a las tendencias a la especulación cada vez más descontrolada que domina al capitalismo mundial y que constituye el único medio —parasitario y destructivo— para sostener la tasa de beneficio y evitar el hundimiento de la enorme masa de capital ficticio que circula por los mercados mundiales. “El carácter puramente especulativo (capitalista) de la presente crisis china —caracterizó el PO— ilustra sobradamente sobre las características parasitarias y destructivas del ‘boom’, sobre la avanzada transformación social de la burocracia china en clase capitalista y sobre el carácter del Estado que defiende estas relaciones sociales” (En Defensa del Marxismo, Nº 6, julio de 1993). El ciclo de “boom-austeridad” es el segundo que se produce desde el comienzo de las “reformas”. “La situación actual recuerda el lanzamiento del plan de austeridad de 1988 pero en un contexto diferente, porque el boom 1990/93 reintrodujo a una escala todavía más impresionante los males de origen del parate de 1988” (Le Monde Diplomatique, octubre de 1993). Las principales consecuencias de la crisis serán políticas. El parate de 1988 produjo la ola de malestar social que culminó en las movilizaciones estudiantiles y en la masacre de Tien An Men (1989). Hoy, “un poder debilitado enfrenta la agitación, e incluso, rebeliones campesinas” en decenas de regiones, en protesta contra los altos impuestos, la expropiación de propiedades, el aumento de los precios de los productos industriales, el pago de la cosecha “en bonos”, y la creciente pauperización relativa del campo respecto de las ciudades. “Se creería estar viendo una película o leer un libro de antes de la revolución”, dice Le Monde Diplomatique (octubre de 1993), que no deja de recordar que se trata de “un fenómeno revelador de una situación de crisis social y, quizás, anunciador de un fin de régimen en China. En el pasado, e incluso hasta en el siglo XX, es la rebelión campesina la que termina con una dinastía, determina la desaparición de un régimen”. Pero junto con las rebeliones en el campo han comenzado a producirse huelgas obreras, formalmente prohibidas, en las empresas extranjeras, contra los bajos salarios, las normas de trabajo o la brutalidad de las patronales (ver aparte). El temor de la burocracia al levantamiento de las masas es tan profundo que “algunas de (sus) recientes políticas deben ser vistas a la luz de la necesidad de detener las fricciones sociales que emanan de la desigual distribución del ingreso” (The Wall Street Journal, 19/10). En sus primeros pasos en China, y sin arriesgar montos significativos de capital, los capitalistas aprovecharon la superexplotación de una fuerza de trabajo irrisoriamente barata, las generosas exenciones impositivas y las materias primas subsidiadas para montar miles de empresas en la “zonas económicas especiales” de la costa. Estas empresas se especializaron en la producción para la exportación, particularmente de productos cuyos mercados mundiales estaban dominados por las potencias imperialistas rivales. De esta manera, hoy “los productos textiles chinos inundan los mercados norteamericanos y europeos, al punto que EE.UU. y Europa llegaron a un pre-acuerdo de intercambio textil con el fin de cerrar sus mercados a los chinos” (Prensa Obrera, Nº 405, 28/10)... es decir, a los capitalistas radicados en China. El “boom” chino se ha convertido, así, en un escenario y en un instrumento de la guerra comercial entre las principales potencias. El “boom” chino ha servido, además, para ampliar radicalmente la oferta de fuerza de trabajo a disposición del capital mundial ... lo que le ha permitido “acotar las presiones salariales” en las metrópolis (Ambito Financiero, 5/11) y brindarle al capitalismo una masa de mano de obra barata a la cual echar mano para aumentar la producción sin que esto implique un “brusco empinamiento” de los costos salariales (ídem). Pero como los mercados mundiales están completamente saturados y la perspectiva de un aumento global de la producción está descartada por unos cuantos años, el “boom” chino —lo mismo que el derrumbe de los Estados obreros europeos— ha potenciado la tendencia deflacionaria (caída de los precios por debajo de los costos de producción) que golpea al capitalismo mundial. Pronóstico El fraccionamiento de la burocracia en camarillas ligadas a intereses capitalistas particulares y “la debilidad del régimen político y del Estado” (Current History, setiembre de 1992) plantean la perspectiva de “una plétora de repúblicas bananeras, donde todo estará permitido” (Le Monde Diplomatique, octubre de 1993). No es al pasar que un enviado especial de El País de Madrid afirma que “la transición (después de la muerte de Deng Xiaoping) puede ser mucho peor que en la antigua Unión Soviética o incluso que en la misma Yugoslavia” (La República, 30/9). Pero también para el capitalismo mundial, la crisis china tendrá consecuencias devastadoras. Basta recordar que, hace cien años, después de un gigantesco festival especulativo, el hundimiento de un “mercado emergente” —la Argentina en 1890— mandó a la quiebra a la mitad de los bancos ingleses. La “globalización” de las finanzas mundiales y el “encadenamiento” de operaciones especulativas de alto riesgo a través de todos los mercados mundiales aumentan la potencialidad destructiva de una crisis de fondo en China. Antes de encontrar una “salida” en China, el capitalismo mundial y la propia China deberán pasar todavía por crisis y conmociones económicas de enormes proporciones, por levantamientos populares y por crisis revolucionarias. Esta es la caracterización que el PO formuló en su Vº Congreso (“la crisis social en China tiende a crear la misma crisis que se ha producido en la URSS y a abrir una nueva etapa revolucionaria” —Informe Internacional al Vº Congreso) y que reafirma de cara a su VIº Congreso (“frente a la agudización de las contradicciones sociales y frente a un gobierno que es débil y es percibido como tal, una nueva revolución en China no sólo es posible. Es inevitable” — Elementos para el debate de la situación mundial, En Defensa del Marxismo, Nº 6, julio de 1993).

Lorenzo Miguel ha decidido convertirse en un “adelantado”, pues no ha esperado la sanción de la ley de “reforma laboral” para firmar con la patronal de la rama bronceros, orfebres y afines un convenio que acepta “la contratacion temporaria de seis meses hasta un máximo de dos años”. Durante ese lapso de 6 meses, la patronal paga la mitad de los aportes previsionales y sociales que marca la ley, y al terminar el contrato, el trabajador es despedido sin preaviso ni indemnizacion. Lorenzo firmó también una cláusula de “paz social”, “que impide al gremio efectuar medidas de fuerza hasta el vencimiento del acuerdo” en noviembre de 1994 (El Cronista, 17/11). Los salarios pactados hablan por sí solos: $ 1,47 la hora para el operario, $ 1,84 para el especializado y 2,19 pesos para el oficial. Menos de 300 pesos mensuales. Lorenzo se apresta ahora a repetir la “hazaña” en la rama automotriz, algo que llenó de alegría al patrón de Sevel, Macri, y al ministro Enrique Rodríguez (Ambito, 17/11). Todo esto significa que la burocracia ya ha dado su visto bueno a la ley de “reforma laboral” que el gobierno espera sancionar el mes que viene. Esta ley elimina la jornada de 8 horas, las vacaciones, las horas extras, los estatutos especiales; incorpora un período de 3 y 6 meses de prueba, achica la indemnización por preaviso y despido y permite que se estipulen condiciones de trabajo y salarios inferiores a los que marca la propia ley. La burocracia fue pavimentando toda esta entrega mediante la incorporación en los últimos convenios de decenas de cláusulas y disposiciones reaccionarias. “Es así como en su mayoría los nuevos acuerdos habilitaron en forma casi masiva la negociación por ramas o empresas. En 18 industrias de gran gravitación económica y laboral los convenios se descentralizaron en 85 ramas, a la vez que 11 convenios habilitaron a casi 7.000 empresas para determinar con sus empleados el salario en función de normas de productividad” (Clarin,14/11). Además, “la mitad de las cláusulas de productividad están referidas a la reducción de costos por rebajas de beneficios laborales anteriores, menor recargo en el pago de horas extras, modificación en el otorgamiento de las vacaciones, cambio de horarios, incorporación de personal con contrato temporario, incremento del tiempo efectivo de trabajo por modificaciones en las licencias, feriados, reglamentación de la actividad sindical e incremento de los tiempos operativos” (idem) (cursiva de P.O.). Los trabajadores no fueron consultados en asambleas y plenarios para aprobar esta artillería de disposiciones antiobreras, que se verán reforzadas con la aprobación de la “reforma laboral”. La burocracia se ha manejado a su antojo. En las próximas luchas, los trabajadores ajustarán cuentas con patrones y burócratas por igual. El Partido Obrero plantea al conjunto de la izquierda iniciar una vasta campaña contra la ley “laboral”, por la derogación de todas las cláusulas antiobreras de los convenios y por el aumento de salarios.

La política que el Partido Obrero debe impulsar en relación a la lucha de la mujer por su liberación debe partir de un conjunto de consideraciones y principios políticos: 1) La mujer ha estado oprimida en otros sistemas sociales anteriores al capitalismo. Bajo este sistema, la mujer trabajadora está doblemente oprimida: sufre la explotación asalariada como cualquier obrero (y en la mayoría de los casos con salarios inferiores a los hombres ante iguales tareas) y sigue esclavizada al hogar cargando con todo el fardo de las tareas domésticas. Pero es necesario hacer una observación: que bajo el capitalismo, la mujer se haya incorporado a la producción directamente social, representa un fenómeno en esencia progresivo, pues destruye el carácter cerrado de las relaciones familiares de bases patriarcales que predominaban en la época precapitalista. 2) En ningún momento del desarrollo del capitalismo, ni en los países más desarrollados económicamente, ni en los de legislación más avanzada o más “progresistas”, han establecido la igualdad, ni siquiera formal, entre los sexos. El orden jurídico en los países capitalistas siempre ha discriminado a la mujer en relación a los hombres. En el terreno social y económico, el capitalismo no hace sino reproducir de una manera agravada, la división y diferencias de clases que separan a los explotados y a los explotadores. 3) La liberación de la mujer sólo se logrará con la abolición de las clases sociales (comunismo), eliminándose la explotación social y cuando el nivel de las fuerzas productivas haya alcanzado un grado tal de desarrollo que permita que el conjunto de las tareas económicas de las familias que esclavizan a la mujer sean absorbidas por la sociedad socialista. Esto se combinará con la elevación cultural colectiva de la sociedad trabajadora y el establecimiento de nuevos hábitos y costumbres basados en la solidaridad, despojados del interés por el lucro y todo lo que se desprende de ello. Ese será el marco para superar los prejuicios y supersticiones que la burguesía y la religión (durante siglos) han impuesto al género humano, y por lo tanto permitirá el reemplazo de la familia burguesa por otra forma y contenido de relación familiar. 4) El ejemplo de los bolcheviques es ilustrativo de que el proletariado en el poder, en un país económicamente atrasado, fue capaz de ir más lejos que cualquier gobierno burgués en la igualación de los sexos. Los bolcheviques, en los primeros años de la revolución, arrasaron con el viejo orden jurídico e implantaron una legislación que otorgó la plena igualdad de derechos de los hombres y mujeres, e incluso se dieron todos los pasos posibles en el terreno social y económico para avanzar en la igualdad en los hechos entre los sexos. Si no se fue más lejos, fue por las condiciones insalvables del atraso económico. El proceso posterior, donde el poder obrero es usurpado por la burocracia stalinista, llevó no sólo a frenar todos estos avances, sino lisa y llanamente a arrasar con las conquistas de la revolución, y transformar tanto la legislación como el avance material en fuente de dominación y de privilegios de la casta burocrática. 5) El PO, siguiendo la tradición del marxismo revolucionario, plantea que la liberación de la mujer se integra a la estrategia revolucionaria de la clase obrera dirigida a derrocar a la burguesía del poder e instaurar la dictadura del proletariado. En este sentido, sostenemos que no existe una cuestión estrictamente femenina, y que las reivindicaciones y la lucha de la mujer se debe unir con la lucha de los demás explotados, en contra de los explotadores de ambos sexos. 6) La opresión de la mujer, la relación de desigualdad con respecto a los hombres, ha dado lugar al surgimiento de movimientos feministas, que tienden a poner la unidad del sexo femenino por encima de la división de clases de la sociedad. El alcance de estos movimientos es la pretensión de que, con la sola y exclusiva lucha de la mujer, se puedan alcanzar las reivindicaciones que la colocan en inferioridad ante los hombres. Desde ese punto de vista, estos movimientos se agotan en el intento de reformar por arriba el actual sistema de explotación capitalista. El PO debe desenmascarar el contenido burgués de estos movimientos y sus limitaciones insalvables para alcanzar la liberación de la mujer dentro del marco capitalista, denunciando además que su política de división de los explotados sólo puede favorecer a la dominación burguesa de la sociedad, y por lo tanto la perpetuación de la desigualdad de los sexos. 7) El PO también debe combatir como reaccionarias y utópicas las posiciones que sostienen que la mujer debe ocupar su lugar en el hogar, incluso la de aquéllos que la justifican en relación a los abusos y las malas condiciones laborales y salariales que imponen los capitalistas al trabajo femenino. En este plano el PO debe levantar y luchar por todas las reivindicaciones (especialmente desde los sindicatos) que contemplen un mejoramiento en las condiciones de explotación (menores ritmos, no al trabajo nocturno, igual salario por igual trabajo de los hombres, día femenino, licencias más amplias por maternidad, etc.), en la conciencia de que sólo con la expropiación del capital toda la lacra que conlleva la explotación social se podrá eliminar. 8) En las condiciones mundiales de crisis y descomposición capitalista, la burguesía tiende a acentuar la explotación y desigualdad de la mujer, e incluso como resultado del crecimiento de la desocupación que afecta a millones de trabajadores y trabajadoras, coloca a éstas en situaciones sin salida, empujándolas a la degradación (prostitución) o a marchar forzadamente y en condiciones de indigencia a “la vuelta al hogar”. Los ejemplos brindados desde “Prensa Obrera” de lo que ocurre en los países del Este, son un testimonio elocuente de que el imperialismo democrático, como director de orquesta de la transformación capitalista de los países del Este y de la ex URSS, no se propone instalar la democracia y el progreso, sino saquear las riquezas, superexplotar a las masas; como consecuencia de todo esto, acentuar la esclavización y degradación de las mujeres. Nuestro país no escapa a la regla general. Bajo el régimen menemista ha crecido la desocupación general (y por lo tanto la de las mujeres), se ha acentuado la injerencia de la iglesia en el sistema educativo y se perpetúa una legislación en el terreno del matrimonio y de la maternidad que responde a los principios oscurantistas y reaccionarios del clero. La mujer representa la mitad de la población. Por ese solo hecho, debería considerarse la importancia de su conquista para la lucha revolucionaria. Pero, además, las mujeres ocupan y han ocupado un lugar importante en la lucha de clases. Sin ir muy lejos, las Madres de Plaza de Mayo, el papel de las mujeres en la lucha contra el saadismo (Marchas del Silencio) en Catamarca, y en general en las luchas sindicales, que como en la lucha educativa, han colocado a las mujeres junto a la juventud en la primera línea de la lucha contra los planes del gobierno. Todo esto le plantea al PO considerar de manera particular la situación de la mujer, y que, en mi opinión, se podrá resolver por la vía, desde ya del debate congresal, y con esta propuesta de trabajo. Plan de trabajo Partiendo de todas estas consideraciones y de la situación objetiva, tanto nacional como internacional, de agravamiento de la crisis económica, y por lo tanto de las penurias de las masas trabajadoras (desocupación masiva, miseria salarial), de crisis políticas explosivas y de crecientes procesos de luchas, el próximo CN que elija el Congreso partidario debería impulsar la creación de una Comisión Central encargada del trabajo sobre la mujer. Dicha Comisión tendría como tarea: a) Realizar un análisis sistemático sobre la situación de la mujer, nacional e internacionalmente. Elaboración de una plataforma de lucha de la mujer. Hacer el seguimiento de las posiciones de las diversas corrientes políticas y en especial las de los partidos de izquierda. Un estudio de los diversos movimientos feministas, para poder caracterizarlos y definir una política ante ellos. Desde ya, preparar la intervención en el próximo Encuentro de Mujeres a realizarse en la provincia de Corrientes el próximo año. b) La comisión debería asumir la responsabilidad de un espacio fijo en “Prensa Obrera” destinado a las denuncias y las luchas de la mujer. Asimismo la Comisión se debería encargar de elaborar materiales centrales (folletos, manifiestos) específicos sobre la cuestión de la mujer, que ayuden al trabajo de agrupamiento de las mujeres en el partido. De la misma manera, la elaboración de materiales que puedan ayudar a la realización de cursos que afirmen la conciencia de clase de las mujeres que se acercan y se organizan con el partido. c) La Comisión debería impulsar campañas políticas centrales. Dos ideas: 1) Si el Congreso aprueba una resolución sobre la mujer, la misma debería ser debatida en base a un conjunto de iniciativas: reuniones, charlas, mesas de polémicas, etc., que tendrían una gran importancia, porque nos darían una primera medida sobre el interés y las polémicas sobre nuestros análisis y programa. 2) Una campaña para rescatar al 8 de marzo como jornada internacional de lucha de la mujer trabajadora contra el capital. Esta campaña podría estar preparada con un manifiesto central, pero también podría dar lugar a la salida de materiales específicos sobre determinados sindicatos (por ejemplo, docente) y barrios, y podría culminar con un acto central y con actividades equivalentes en el interior. Esta campaña se debería proponer que sea impulsada por el FIT. d) La convocatoria a la Asamblea Constituyente será también una oportunidad para que la Comisión Central organice iniciativas especiales y materiales para denunciar y desenmascarar la política burguesa contra las aspiraciones de la mujer. e) La Comisión también tendrá la misión de estudiar cuál es la mejor forma de organización que deberá darse el partido a nivel de los comités, y qué iniciativas y métodos de centralización son los más apropiados para reforzar la intervención partidaria en este frente.

El Ministerio de Trabajo declaró la invalidez de la convocatoria a elecciones en la UTE —sindicato docente de Capital— llamadas para el 5 de noviembre y resolvió que se haga una nueva convocatoria. En vista del fraude que se venía preparando, la Lista Rosa (Mas, Mst, PO e independientes) había presentado sucesivas impugnaciones ante la Junta Electoral que responde al marysanchismo y que fue digitada por la dirección burocrática de la UTE. La dirección celeste presentó un padrón de 10.000 docentes, que supera en más de 2.500 al del año pasado y en el que aparecieron todo tipo de irregularidades: docentes fallecidos, compañeros que renunciaron al sindicato y a la docencia y compañeros de la Lista Rosa que no figuraban en el padrón. A su vez, la Junta Electoral dispuso una tendenciosa distribución de urnas “volantes”, con tres en algunos distritos de peso de la Celeste y ninguna urna en los distritos de amplia tendencia al voto Rosa, favoreciendo así la votación en las escuelas “celestes”. La Lista Rosa informó públicamente la suspensión del comicio, no presentó sus fiscales y difundió una declaración reclamando una nueva convocatoria a elecciones con una Junta Electoral elegida por los maestros, padrones depurados y urnas fijas en la mayoría de los establecimientos. Pese a esto, la Celeste hizo igual una ficción de elecciones, con su propio aparato y una ausencia mayúscula de votantes. La burocracia pretende ahora presentarse como víctima del Ministerio de Trabajo menemista a partir de su condición de gremio “opositor” enrolado en el CTA. Esto no es más que una impostura: el Ministerio de Trabajo convalidó, entre gallos y medianoche, el estatuto proscriptivo de la UTE (que establece la dictadura de la Comisión Directiva, sin asambleas generales y con plenarios “informativos” de delegados), como convalidó el estatuto súper-burocrático de Ctera o las decenas de expulsiones de activistas antiburocráticos en el sindicato capitalino. Ante el empantanamiento de la situación y tomando en cuenta que la Rosa supo canalizar a gran parte de los docentes, Tribuna Docente de Capital hizo un llamado a las agrupaciones que componen la Rosa a movilizarse urgentemente por elecciones inmediatas y sin ataduras, que podría llevar a una campaña masiva de firmas y pronunciamientos. La Rosa debe convertirse en un frente unido que ayude a centralizar la resistencia a los planes del gobierno y superar el vaciamiento de los sindicatos docentes.

Jornada en Villa 21 El sábado 16 se realizó una actividad de afiliación y agitación contra el pacto Menem-Alfonsín en la Villa 21 de Barracas. La intención era recorrer casa por casa, ampliar la afiliación, y abrir un nuevo padrón de simpatizantes para el comité del barrio. Participamos 10 compañeros. Recorrimos tres pasillos, donde se repartió en forma masiva el volante y se obtuvieron 26 afiliaciones, entre ellas una ex afiliada al PC, en tanto que una vecina decepcionada con el Mas, que no se afilió, pidió continuar discutiendo. Si tenemos en cuenta que la composición barrial es abrumadoramente paraguaya y del interior, el resultado en cuanto a la cantidad de fichas de afiliación logradas es positivo. Quiero señalar algunos hechos que pudimos comprobar en la actividad. En primer lugar la presencia policial en los límites del barrio es impresionante. No menos de 8 patrulleros en un perímetro de 15 cuadras. Los nuevos Chrysler y los antiguos Falcon recorren permanentemente la zona. La Villa se asemeja a un campo de concentración. Todo el mundo lleva encima el DNI, porque las razzias y los operativos policiales son una constante. En segundo lugar, se desarrollaron importantes debates con trabajadores partidarios del Sí en el plebiscito, que nos permitieron certificar la importancia de la consigna del boicot. El hecho de plantear una política independiente de la oposición burguesa, en nuestra denuncia del carácter regimentador y distraccionista del plebiscito por parte del menemismo, nos permitió que estos trabajadores escuchasen nuestras posiciones. Existe en ciertas capas populares un sentimiento “visceral” de repudio a la hiperinflación alfonsinista. Para un sector, la reelección es un mal menor ante la posibilidad de un retorno de la UCR. Por eso mismo, una crisis abierta del plan económico va a provocar un giro profundo en amplias capas de trabajadores, que votaron por Menem, a falta de avizorar una alternativa obrera independiente. ¡Jornada positiva! Rubén Avanzan las afiliaciones y la construcción del Partido Desde principios de año, el local de Centro-Retiro votó como uno de sus objetivos sumarle al trabajo que habitualmente realiza en los gremios, la Villa de Retiro, uno de los sectores de la población más castigados de la Capital Federal. A seis meses del comienzo de esta tarea, ya tenemos importantes resultados: más de un centenar de compañeros afiliados, un núcleo de simpatizantes activos que colaboran en las tareas de afiliación y distribución de la propaganda partidaria, propuestas concretas de varios de ellos para abrir un local partidario en el terreno de sus casas. Al mismo tiempo, se empieza a plantear entre los vecinos que se reúnen con el PO la necesidad de contar con una organización barrial para barrer con la corrupción de los punteros y radicales, y enfrentar uno de los peores flagelos del barrio, los robos y crímenes, nunca esclarecidos por la policía, que en muchos casos hace la vista gorda ante el choreo. Por otra parte, varios sectores del barrio están amenazados, por un lado por la extensión de la terminal de ómnibus, por el otro por la finalización de la autopista, lo cual coloca la cuestión del reclamo por las tierras y la denuncia del “plan arraigo”. La propuesta del partido no sólo ha prendido entre los compañeros de la Villa, sino también en trabajadores de la salud que se desempeñan allí. El objetivo que tenemos planteado por delante es la formación política de los compañeros que se acercan, la consolidación del núcleo de simpatizantes y la apertura de un local partidario para el primer semestre del ’94, al tiempo que proseguir a fondo con la campaña por la legalidad y las afiliaciones.

En un hecho inédito en la historia del gremio bancario, y probablemente en la historia de todo el movimiento sindical, el activismo del ISSB acaba de derrotar a la burocracia zanolista en las elecciones de Comisión Gremial Interna de la Obra Social. Zanola, durante años, digitó en el ISSB no sólo la vida sindical, sino también el propio funcionamiento del Instituto, y a la par que lo vaciaba, lo iba llenando de “asesores” y ñoquis de todo color y pelaje. Ya en el último período, Zanola encabezó una ofensiva de pases a disponibilidad, privatización de servicios, “retiros voluntarios”, quite del Estatuto interno, generando una situación laboral de miedo y represión. Pese a esto, los trabajadores desarrollaron una importante resistencia, que tuvo su mayor expresión en las Asambleas Autoconvocadas, caracterizadas por su masividad y por el tenor de las denuncias que allí se realizaron contra la burocracia. Zanola pensó que quizás había logrado cortar las bases de este proceso con su victoria en la Asociación Bancaria, el pasado 19 de agosto, cuando también había logrado vencer al conjunto de las demás listas en el ISSB. Pese al mecanismo con que estaban confeccionados los padrones, que dividían al personal por especialidad (enfermeras, médicos, etc.) y no por orden alfabético, como una forma de “identificar” los votos opositores, el tiro le salió por la culata. Salvo una excepción, la oposición, la 9490, ganó en todas la urnas periféricas, y en el presunto bastión de Zanola, el Policlínico Bancario, ganó en 8 de las 11 urnas. En Enfermería la votación fue contundente y en Maestranza y Servicios, las únicas en que ganó Zanola, el voto de la 9490 levantó muchísimo. La 9490, producto de la unidad de las corrientes opositoras, CTA e izquierda, tiene por delante una gran tarea: organizar a fondo el ISSB, construir un poderoso cuerpo de delegados, desarrollar las asambleas para enfrentar el ajuste que la burocracia ya votó, y al mismo tiempo ser un factor de denuncia de la corrupción y de los negociados de la burocracia y de los grupos privados enquistados en la conducción del ISSB. La votación en el ISSB es muy importante, porque constituye un duro golpe a las pretensiones zanolistas de barrer con la oposición en el gremio. ¡Adelante compañeros del ISSB!

En su periódico (3/11) la dirección del Mst vuelca su “franca opinión sobre las posiciónes sectarias adoptadas por la Dirección nacional del Partido Obrero frente a la marcha del miércoles 27 y frente al plebiscito, que no ayudan a defender al FIT”. La Marcha El PO le propuso al Mst una campaña contra el golpe de Yeltsin y las intervenciones del imperialismo en Haití, Somalia y Bosnia (actos públicos, marchas, agitación). El Mst no estuvo de acuerdo. El resultado fue una marcha aislada al obelisco y el cese de cualquier tipo de campaña, a pesar de que los problemas planteados siguen en pie. Sobre esta marcha se intercambiaron cartas con la dirección del Mst que todo militante de la izquierda que tenga interés al respecto puede consultar. Pensamos que el Mst nos debiera dar la razón en que la marcha aislada no ha servido como política de movilización antiimperialista. El plebiscito “En relación al plebiscito, la DN del PO vuelve a adoptar una postura equivocada, al considerar que la única posición legítima contra el gobierno es el boicot, la abstención” (Semanario Socialista, 3/11). “Decirles a los trabajadores que están por el NO que si lo hacen están ‘convalidando el atropello’ o que van ‘contra sus propios intereses’ es un grave error”. “Para el Mst también la abstención es otra forma de repudio. O sea que las consideramos dos tácticas válidas” (Idem). Pero al número siguiente, el Mst cambia de posición y pasa a convertirse él en “sectario” Entre uno y otro periódico se había producido la reunión entre Menem y Alfonsín. El propio Mst habla de un “pacto contra el pueblo” y denuncia que “es muy probable que el PJ y la UCR acuerden y no haya plebiscito. Pero si se mantiene ... Los socialistas del Mst llamamos a todos aquellos compañeros que estaban pensando en abstenerse, como una manera de oponerse al gobierno, a que el 21 vayan a votar. Los llamamos a ir y meterle un NO bien grande a Menem...” (Semanario Socialista, 10/11). ¿En qué quedamos? El Mst no se pronuncia contra el plebiscito El problema concreto es que el Mst no caracteriza el plebiscito, como un intento extraconstitucional de imponer un régimen de poder personal, lo que significa incluso la posibilidad de cerrar el Congreso. En ningún momento se pronuncia contra el plebiscito como un atropello contra los derechos democráticos. De ahi que no plantee boicotearlo. La aceptación del plebiscito por parte de la UCR y del FG significaba darle a Menem un arma para su campaña bonapartista. A partir de aquí pudimos prever, sólo nosotros, la tendencia al acuerdo entre Menem y Alfonsín. En lugar de reflexionar sobre las causas que nos permitieron acertar en las previsiones, al Mst no se le ocurre nada mejor que reprochar un supuesto “sectarismo”. La incomprensión de la dirección del Mst sobre el carácter del plebiscito resulta todavía más evidente luego de la reunión Menem-Alfonsín, cuando insiste en ir a votar a un plebiscito en vías de desaparición. Incluso decide marcar coincidencias con el Frente Grande: “Más allá de las profundas diferencias que mantenemos con el FG, consideramos positivo que llamen a votar por el NO. Y que aun tibiamente criticaran a la UCR por su complicidad con Menem” (Semanario, 10/11). ¿Pero no dice el Mst, en ese mismo número de su periódico, que “el FG con su actividad claudicante le salva la ropa a la UCR ...” (Semanario,10/11)? Queremos recordar al lector que el Mas había tenido una posición boicotista cuando el gobierno radical convocó el plebiscito “no vinculante” por el Beagle. Ahora cambió de posición. Las masas y los partidos “Hay que ver qué dicen los trabajadores y los sectores populares y qué les sirve más para golpear a Menem. Y la realidad es que amplios sectores del movimiento de masas se inclinan por repudiar al gobierno votando NO, y otros, no yendo a votar” (Semanario, 3/11). Pero como vimos, el Mst llamó al No y se opuso al boicot. De todos modos, un partido no puede basar su política en la tendencia que se le adjudica al electorado, debe luchar por influenciarlo. Por otra parte, según las encuestas de opinión la posición mayoritaria de “repudio” al plebiscito trucho (35%) era no votar.

Por 1.888 votos contra 1.463 la burocracia zanolista recuperó la Comisión Gremial del Banco Nación. La diferencia se estableció en la Casa Central, ya que la lista de Zanola perdió la votación en las sucursales por cerca de 100 votos. Este resultado plantea la necesidad de un balance entre el activismo del banco, y de toda la oposición bancaria. Los resultados son la consecuencia de los dos años de gestión de la interna y obviamente del contexto general del gremio. Esto no quita que la campaña electoral en sí fue pobre y carente de contundencia en la denuncia del rol del zanolismo y del gobierno. Hubo manifestaciones concretas de fraude, como que los padrones o el recorrido de las urnas volantes se conocieran recién la tarde anterior de la votación, o la inclusión dentro del padrón de más de trescientos empleados del Banade que no reunían las condiciones exigidas para votar, no siendo impugnados por la lista 9094. La burocracia aprovechó, precisamente, este cuadro de desmoralización. En estos dos años, el Nación fue sometido a una intensa ofensiva por parte del gobierno, con la complicidad activa del zanolismo. La política de la interna frente a esta ofensiva tuvo fuertes limitaciones. Frente al plan de “retiros voluntarios” orquestado por Dadone, se manejó con una consigna abstracta, “la defensa del BNA”. Cuando Zanola traicionó la lucha del año pasado firmando un acuerdo vergonzoso con Dadone, la línea de la gremial no fue organizar el rechazo activo a la entregada (ligándose a la resistencia que se dio en Banco Ciudad), sino que salió del paso con la fórmula del “repudio” a los acuerdos. El factor que influyó, por último, negativamente, fue la división de la interna en relación a las elecciones nacionales del gremio. Precisamente esa división y el internismo generado redundó en estos últimos meses en un “bajo perfil” de la CGI. El zanolismo aprovechó este terreno cedido por la interna y contó para ello con el apoyo directo de la patronal. Fue notoria la afluencia de funcionarios a las urnas. La campaña de la burocracia tenía el siguiente slogan: “Con esta gremial no va a haber aumentos. Zanola y Dadone ya tienen un acuerdo, caen los zurdos y largan el aumento”. La lista zanolista está conformada por elementos reclutados a último momento, sin trayectoria gremial. Sus miembros tradicionales están tan quemados en el banco, que su candidatura era impresentable. El zanolismo ha ocultado que la negociación salarial está sujeta a la modificación de las condiciones laborales, en especial a la extensión del horario. Los casi 1.500 votos obtenidos por la lista 9094, muestran que la oposición aún es una tendencia viva y masiva dentro del BNA.

Aunque la campaña electoral por la presidencia de Chile se encuentra en pleno desarrollo, con candidatos “vendiéndose como dentífricos”, la “noticia” es, sin embargo, el movimiento obrero: una seguidilla de impresionantes y muy combativas huelgas obreras por el salario y contra los despidos viene ocupando el centro de la escena política chilena. La gran huelga docente La asamblea nacional de delegados docentes, reunida a fines de agosto, votó el reclamo “irrenunciable” de un salario mínimo de $ 150.000 (450 dólares) (hoy el promedio es de $ 80.000- 250 dólares). Los delegados de base traían mandato por la huelga indefinida pero la burocracia del gremio docente, stalinista, logró “muñequear” para que saliera, apenas, un paro “dominguero”. Apoyándose en esto, el gobierno recurrió entonces a la provocación: “los docentes cobrarán $ 150.000 a fin de siglo”, declaró el subsecretario de Educación. Pero al día siguiente del paro “dominguero”, y en oposición a la burocracia, cinco regiones (provincias), salieron después de asambleas multitudinarias, al paro por tiempo indeterminado. El movimiento amenazaba con tornarse incontrolable: cuando los burócratas llamaron a levantar los paros de las regiones —a los que calificaban de “divisionistas”— para “reorientarlos en una estrategia nacional”, las asambleas de las regiones de Santiago y Valparaíso, que no estaban parando, votaron el apoyo a los huelguistas y, además, reclamaron la expulsión del sindicato de sus principales dirigentes. El gobierno salió en socorro de la burocracia, otorgó un aumento salarial que estaba lejos del reclamo ($ 100.000), pero que sirvió para que la burocracia lo presentara como “un paso adelante” y lo aceptara rápidamente. Pero el “salvataje” oficial no fue gratuito: la “mejora” salarial “conseguida” por la burocracia está atada al “desempeño profesional” y a la formación de un “fondo de excelencia” que recibirá aportes de empresas (exentos de impuestos) y particulares ... con destino a escuelas y zonas específicas. La burocracia ha aceptado así la privatización, subsidiada por el Estado, de la educación, ya que las “donaciones” de cada padre irán a parar, lógicamente, a aquellas en que estudian sus hijos: las escuelas de los barrios de la burguesía tendrán fondos en abundancia y sus docentes mejores salarios; las escuelas de los barrios obreros, por el contrario, van a la lona. La burocracia stalinista ha puesto su firma, nada menos, que a la liquidación de la escuela estatal, es decir, única. Otra gran huelga: la salud Durante los primeros veinte días de octubre, apenas concluida la huelga docente, la salud pública fue paralizada por la huelga de sus 40.000 servidores. Los reclamos fundamentales de la huelga, que se desarrolló mediante asambleas y manifestaciones multitudinarias, eran el salario y la reducción de la edad jubilatoria a 50 años. La burocracia del gremio (también stalinista) anunció, aún antes de comenzar la huelga, que estaba dispuesta a “flexibilizar” el pliego, pero el gobierno de Aylwin se negó a cualquier negociación, tratando de quebrar la huelga mediante despidos y sumarios y el empleo de las fuerzas armadas como rompehuelgas (como hizo María Julia durante la gran huelga telefónica argentina). Pero la huelga no retrocedido; al contrario, se sumaron nuevos hospitales y regiones, y la lucha se radicalizó. Ante el ascenso de la huelga, el gobierno aceptó negociar ... a lo que la burocracia respondió con una “flexibilización” unilateral del pliego (sustancial reducción del reclamo salarial, eliminación del reclamo de jubilación a los 50 años). La dirección DC-PS de la Cut (central sindical) so–metió la huelga a un aislamiento feroz, algo que repitió en cada uno de los conflictos. Pero en el caso de la salud fue todavía más lejos, al proponerse como “me–diadora” entre el gobierno y el sindicato, es decir, ne–gándose a apoyar, la huelga siquiera formalmente... La política de aislamiento de la CUT y la burocracia del gremio de la salud, sumada a las presiones gubernamentales -que no recibieron ninguna oposición del sindicato- llevaron la huelga al desgaste. Pero aún así, la burocracia sindical no se atrevió a poner a votación de los trabajadores el levantamiento de la huelga, que fue resuelto “por unanimidad” ... de la directiva sindical entre cuatro paredes. Mineros del carbón Con la lucha de la salud en su apogeo, entraron en huelga los 10.000 mineros del carbón en reclamo de aumentos salariales. La huelga, que duró nueve días, fue enormemente combativa: los piquetes bloquearon los accesos a las minas e incluso cortaron —durante casi un día— la ruta entre Concepción y Arauco. Detrás de las barricadas que cortaban la ruta, los piquetes de huelga esperaron —”armados” con palos y piedras— el ataque de los carabineros que rodeaban las minas. También aquí, la burocracia (PC-PS) hizo lo imposible por “desinflar” el paro, incluso antes de que comenzara: el pliego de reclamos fijado por el sindicato era “trucho”, ya que estaba lejos de los planteos volcados por los trabajadores en las asambleas. Bastó que la empresa (estatal) anunciara su decisión de “negociar” para que la burocracia ordenara el levantamiento del paro. La asamblea cuestionó el acuerdo firmado por la burocracia —que deja el salario promedio en $ 45.000— muy lejos de los reclamos iniciales, pero los burócratas lo defendieron con el “argumento” de que “la empresa está en crisis y da pérdidas” ... cuando la realidad es que el gobierno está siguiendo una política de liquidación de la producción de carbón, superabundante, y que se consigue a precios de remate en el mercado mundial. Ascenso obrero Durante y después de las grandes huelgas de la salud, la educación y el carbón, se desarrollaron decenas y decenas de huelgas fabriles en casi todas las ramas industriales, algunas de gran dureza y combatividad, como la de la textil Sumar, que duró 77 días. En otras grandes concentraciones obreras —como la siderúrgica de Huachipato— la burocracia y el gobierno lograron evitar “por un pelito” que los trabajadores salieran a la huelga. La posibilidad de la confluencia de las huelgas de los docentes, la salud, los mineros, junto al reguero de luchas fabriles, planteaba objetivamente una situación de huelga general de hecho, es decir, a pesar de la burocracia. Se hubiera planteado así un giro político fundamental: la quiebra de la política de miseria salarial y desocupación de la “concertación” DC-PS, apoyada por la derecha pinochetista y la “izquierda” stalinista. Una expresión del vigor del ascenso obrero es que el gobierno no pudo derrumbarlo directamente mediante la represión -y cuando lo hizo (salud) fracasó. Debió enfrentarlo con una combinación de represiones y concesiones parciales y, sobretodo, apelando a fondo a la complicidad de la burocracia sindical. La burocracia DC-PS de la Cut y, particularmente, la burocracia stalinista de los gremios docente y de la salud, confirmaron así que juegan un papel clave en la “gobernabilidad” del régimen hambreador demo-stalino-pinochetista chileno. Pero precisamente por esto, son enormemente sintomáticas las tendencias de oposición antiburocrática que empiezan a surgir en el seno del movimiento obrero y que se pusieron de manifiesto en las huelgas docentes “regionales” y en la recuperación del sindicato pesquero de Talcahuano por una lista antiburocrática. El nuevo gobierno debutará enfrentando un ascenso obrero que está muy lejos de haberse agotado.

Los sindicatos independientes de mineros de la Federación Rusa decidieron organizar a partir del 1º de diciembre una huelga general para protestar contra los planes de cierre de minas, el no pago de los salarios de agosto a octubre, el no respeto a las reglas de seguridad en las minas y el incumplimiento de la ley sobre compensaciones y garantías estatales para los trabajadores del “lejano norte” (círculo polar). La iniciativa la tomaron los mineros de la cuenca carbonífera de Vorkuta. Dirigentes sindicales y cuatro mineros de esta localidad del norte de Siberia comenzaron el 1º de noviembre una huelga de hambre que culminó el 11 ante el reclamo de los trabajadores a causa del deterioro de la salud de los huelguistas. La huelga de hambre fue coronada con un paro de 24 horas que afectó a las trece minas de la región (unos 30.000 mineros), la segunda en importancia después del Kuzbass. Los mineros reclaman la presencia en la zona de una delegación del gobierno encabezada por el primer ministro Viktor Chernomirdin. Según declaró Nikita Shulga, dirigente del sindicato en Vorkuta, “el hecho de que el gobierno ignore las demandas de los mineros provocó una gran irritación en las minas, las vagas promesas hechas por Chernomirdin en la televisión no tienen nada que ver con las reivindicaciones de los mineros”. Agregó que “el paro de 24 horas fue todo un éxito que confirmó la unidad y la solidaridad entre los mineros” (Interfaxtar, 11/11). La asamblea de Vorkuta votó a favor de la huelga general, con un programa de reivindicaciones políticas: — Renuncia del primer ministro Viktor Chernomirdin. — Boicot al referéndum constitucional del 12 de diciembre. — Llamamiento a los mineros y a la ciudadanía de Rusia a no votar por los partidos y bloques que lleven en sus listas a ministros del actual gobierno o están apoyados por éste. — Celebración de elecciones presidenciales anticipadas el 12 de junio de 1994 (como lo establece el decreto presidencial que Yeltsin quiere desconocer luego de la disolución del Parlamento). Este programa será presentado en la reunión del Consejo Ejecutivo del Sindicato Independiente de Mineros, a celebrarse en Moscú el 27/11. Este pleno tendrá como objetivo, justamente, discutir el programa de la huelga del 1º de diciembre, ya votada en distintas zonas mineras de Rusia: Kuzbass, una semana; Vorkuta, 24 horas; Cheliabinsk, por tiempo indeterminado. Por lo que se puede extraer de sus declaraciones, la dirección nacional del sindicato intentará adoptar un programa fundamentalmente económico, centrado en la cuestión salarial y la recolocación de los trabajadores despedidos. Vladimir Boriaguin, presidente de la Comisión de acuerdo salarial del sindicato (nacional), se pronunció a favor de la consigna de no votar por el oficialismo, pero en contra de boicotear el referéndum constitucional. Mientras tanto, “los preparativos para la huelga se están acelerando, grupos de ‘viajeros’ (piquetes de propaganda) de mineros de Vorkuta visitarán Sverdlovsk, Cheliabinsk (Urales) y otras cuencas mineras para explicar su programa y coordinar la huelga” (TASS, 18/11). Incluso en algunas zonas, la huelga podría comenzar antes de la fecha prevista (ídem, 18/11). Aunque el gobierno acordó el pago de los salarios adeudados (para lo cual necesita reunir unos 330.000 millones de rublos —unos 300 millones de dólares), “meetings” mineros en Vorkuta, Cheliabinsk, Rostov, Kuznetsk, etc., decidieron casi por unanimidad mantener la huelga. Consideran la satisfacción parcial de sus demandas como la continuación de la táctica del “parche” por parte del gobierno; además, reclaman garantías de pago, declaró Eduard Kinstler, secretario de finanzas del sindicato (Interfax, 15/11). Cierre de minas e inseguridad El gobierno decidió, a principios de octubre, cerrar en los próximos años 42 minas deficitarias a lo largo del país. Según el Ministerio de Energía, sobre 238 minas, el 68% está en explotación desde hace más de 20 años sin recibir ninguna mejora (Agencia France-Press, 19/11). Además de los salarios atrasados, el gobierno debe desembolsar unos 15.000 millones de rublos (unos 15 millones de dólares) para financiar los pluses por zona inhóspita, monto no asignado en el presupuesto del Estado. Ahora el gobierno ya no tiene el pretexto de trasladar su responsabilidad sobre el Banco Central, antes dependiente del Parlamento disuelto (ídem). El déficit de las minas está agravado por las deudas de empresas estatales que utilizan el carbón como materia prima; estas deudas aumentaron de 100.000 a 630.000 millones de rublos (600 millones de dólares) luego de la liberalización del carbón en julio de este año. La ausencia de mejoras y el incumplimiento de las medidas de seguridad en las minas ha multiplicado, según los sindicatos, los accidentes mortales, provocando 48 muertos desde diciembre de 1992 (ídem). Perspectivas La huelga minera marca el fin de la confianza de los mineros en Yeltsin. Luego de las grandes huelgas en 1989 y 1991, este movimiento de lucha con métodos (comités de huelga, piquetes de agitación, etc.) y un programa de independencia política, puede contribuir a revertir el reflujo popular del último período. Esto es particularmente importante a un mes y medio de las elecciones y el referéndum constitucional, que serán utilizados para darle un barniz “democrático” al nuevo Estado, antidemocrático y bonapartista, que la burocracia restauracionista se apresta a poner en pie, estimulada por su victoria contra el putch nacional-stalinista del 3 y 4 de octubre. Un Estado a la medida de la restauración capitalista. Moscú, 21 de noviembre de 1993

Donde el Mas dice: * El PO “minimiza de hecho el bloqueo y el nefasto rol de la ONU” (Solidaridad Socialista, Nº 460, 11/11/93) La verdad es que el PO ha dicho: * “Fuera los yanquis y la ONU de Haití, fuera la dictadura sanguinaria de Cedrás, por el respeto de la soberanía del pueblo haitiano: regreso incondicional de Aristide a la presidencia” ... “La misión de la nave menemista —como el propio bloqueo— sirven a un objetivo reaccionario hasta la médula: ‘acelerar’ las negociaciones con los golpistas (dando nacimiento a un régimen reaccionario y antidemocrático) o, si esto fracasa, preparar la invasión a la isla, una nueva masacre colonial. Hay que impedir que las naves argentinas se sumen al operativo de opresión colonial contra el pueblo haitiano” (Prensa Obrera, Nº 405, 28/10/93) “Fuera la OEA. Sólo la insurrección popular barrerá a la dictadura” ... “Denunciamos la misión de la OEA como una agencia del imperialismo norteamericano contra Cuba y la independencia nacional de los pueblos latinoamericanos” (Prensa Obrera, Nº 342, 10/10/91) Donde el Mas dice: * El PO “se desliza hacia una increíble justificación de la política de Clinton” ... El PO “(le cubre) las espaldas a Clinton, dando por cierta su política de ‘alentar la democracia en todo el mundo’” (Solidaridad Socialista, Nº 460, 11/11/93) La verdad es que el PO ha dicho: * “Cualquiera sea el caso, por la vía diplomática o la militar, el imperialismo interviene en Haití con un pretexto ‘democrático’, pero no en ‘defensa de la democracia’, sino de la ‘seguridad’ y la ‘estabilidad’ de la sensible región caribeña, es decir, para fortalecer la reacción política, la opresión nacional ... y también, importante, el cerco a Cuba” (Prensa Obrera, Nº 405, 28/10/93) “El golpe de Cedrás y su permanencia a la cabeza del gobierno eran un factor de ‘desestabilización’ de la política norteamericana en América Central cuyo eje es la integración de las fuerzas guerrilleras e izquierdistas al sostenimiento del orden imperialista y la propiedad privada (Nicaragua, El Salvador)” (Prensa Obrera, Nº 351, 26/2/92) “Bajo la cubierta ‘panamericana’, la misión de la OEA legaliza la ingerencia abierta —e incluso el uso de la fuerza militar— del imperialismo norteamericano para digitar el régimen político interno de una nación del continente” (Prensa Obrera, Nº 342, 10/10/91) Donde el Mas dice: * “Por lo que dice el PO, pareciera que Clinton quiere eliminar la dictadura pero no puede” (Solidaridad Socialista, Nº 460, 11/11/93) La verdad es que el PO ha dicho: * “La presión del imperialismo, tanto sobre los golpistas como sobre Aristide, para obtener el acuerdo (de la ‘Isla del Gobernador’) ha sido simplemente brutal. El acuerdo que establece el retorno de Aristide a la presidencia es un triunfo del imperialismo norteamericano, que ha convertido a Haití en un protectorado de la ONU y a sus ‘instituciones’ en un protectorado del Consejo de Seguridad” (Prensa Obrera, Nº 396, 15/7/93) Donde el Mas dice: “El PO coincide con Fidel Castro” ... “... el PO, con toda su argumentación, se suma a la vergonzosa capitulación de estas corrientes (del Foro de San Pablo)” (Solidaridad Socialista, Nº 460, 11/11/93) La verdad es que el PO ha dicho: * “Altamira anunció su completa oposición al documento (del Encuentro de La Habana del Foro de San Pablo)en los siguientes términos: ... 7. El proyecto no denuncia el plan de retorno de Aristide a la presidencia de Haití como una coacción impuesta por el imperialismo” (Prensa Obrera, Nº 398, 12/8/93). “El acuerdo de Haití, finalmente, ha servido para poner de relieve el carácter proimperialista de la izquierda democratizante continental, que ha puesto al imperialismo como garante de su permanencia en el gobierno” (Prensa Obrera, Nº 396, 15/7/93). “La OEA es una institución política de la contrarrevolución mundial. Aprovechamos la oportunidad para mostrar el alcance de la posición del gobierno cubano y de la izquierda latinoamericana, que pidieron el reingreso de Cuba a la OEA” (Prensa Obrera, Nº 342, 10/10/91) Donde el Mas dice: “El PO, que se reivindica trotskista, ... afirma que existen ‘dos’ imperialismos: uno ‘democrático’ y otro ‘totalitario’” (Solidaridad Socialista, Nº 460, 11/11/93) La verdad es que el PO ha dicho: * “Haití. Entre el policía ‘democrático’ y el policía ‘totalitario’” (Prensa Obrera, Nº 405, 28/10/93). “La crisis de la política exterior norteamericana traduce la contradicción entre la necesidad del imperialismo norteamericano de dictar sus ‘soluciones’ políticas y económicas a los imperialismos rivales y la carencia de recursos políticos para hacerlo. Traduce también el deterioro de las condiciones para el ejercicio de la hegemonía mundial como consecuencia del hundimiento de la burocracia soviética: el colapso de la burocracia stalinista ha privado al imperialismo de un gendarme de dimensiones mundiales que no ha podido ser reemplazado” (Prensa Obrera, Nº 404, 19/10/93) Donde el Mas dice: * “La crisis en Haití no se resume en un enfrentamiento entre dictadura y ‘democracia’, como parece entender el PO” (Solidaridad Socialista, Nº 460, 11/11/93) La verdad es que el PO ha dicho: * "Después de la rápida caída de los golpistas guatemaltecos, la brutal presión norteamericana por la ‘institucionalización’ de Haití revela que, para el imperialismo, los regímenes democratizantes son, por ahora, insustituibles a la hora de contener las explosivas contradicciones creadas por la opresión imperialista y la crisis mundial” (Prensa Obrera, Nº 396, 15/7/93) Donde el Mas dice: * “El PO, al igual que los integrantes del Foro de San Pablo, le cierran el paso al desarrollo de la movilización independiente y revolucionaria de los trabajadores y el pueblo haitiano” (Solidaridad Socialista, Nº 460, 11/11/93) La verdad es que el PO ha dicho: * “Por eso es tan importante que, junto al fuera el imperialismo democrático, se plantee la lucha por el derrocamiento de la dictadura, la que de modo alguno puede pasar a segundo plano. Los revolucionarios haitianos tendrían, para decirlo de alguna manera, que tratar de derrocar a Cedrás y compañía antes que lleguen los ‘marines’ trayendo, quizás, a Aristide ...” (Prensa Obrera, Nº 405, 28/10/93) Donde el Mas dice: * “... en ningún lado, el PO denuncia la política de Aristide” (Solidaridad Socialista, Nº 460, 11/11/93) La verdad es que el PO ha dicho: * “Aristide no retorna a la presidencia como el representante de la voluntad popular expresada en el voto sino como un funcionario supervisado por la ONU y cuyas facultades y políticas han sido objeto de un acuerdo con los golpistas” (Prensa Obrera, Nº 396, 15/7/93) “‘Titide’ Aristide, un títere de los yanquis” ... “El ex sacerdote se ha convertido en un rehén voluntario del régimen militar. Este es el nivel del crimen político cometido por Aristide” (Prensa Obrera, Nº 351, 26/2/92) “El ‘tercermundista’ Aristide confió su retorno a la misión de la OEA y se convirtió, con ello, en un juguete de las maniobras norteamericanas y ayudó a desarmar la resistencia popular al golpe” (Prensa Obrera, Nº 343, 21/10/91).

Está claro que la clave del pacto podrido entre Menem y Alfonsín se encuentra en el apoyo que le brindaron de inmediato las cámaras patronales y los voceros del imperialismo en su conjunto. La amplitud del respaldo no dejó afuera ni a Volando ni a la Federación Agraria, lo que permite prever que también contará con el apoyo de las Apymes y las Cooperativas de Crédito (que quieren intervenir en el negocio de las “jubilaciones privadas”). El respaldo “empresarial” abarca también, entonces, a los “aliados” del Frente Grande —lo cual explica por qué éste ya se encuentra abocado a elaborar su propuesta de reforma de la Constitución, abandonando la lucha para impedir que se consume esta convocatoria “trucha”. “Usted le ha hecho un gran servicio a la patria, con el acuerdo que firmó con Menem”, le dijo a Alfonsín el presidente de la Asociación de Bancos, Eduardo Escasany. Según Clarín, esta “reflexión” del usurero “provocó una inocultable emoción en el rostro de Alfonsín” (19/11). ¡Qué político de raza, compañero! El respaldo capitalista al pacto podrido se explica porque éste es esencialmente una operación de aval financiero. Al apoyarse mutuamente, Menem y Alfonsín se comprometen a defender los “pactos preexistentes”, es decir las privatizaciones, y los pactos futuros, es decir las inminentes Administradoras de Fondos de Pensión, que en muy poco tiempo protagonizarán curros y escándalos que dejarán cortos a los practicados por Iberia y durante la semana pasada, por Acindar. Pero para el mandamás de Sevel, y flamante presidente de la currísima Unión Argentina de la Construcción, Francisco Macri, el pacto debería dar más. Según Clarín, “un convenio socioeconómico entre radicales y peronistas”. Macri planteó textualmente: “Tenemos que presionar. Junto al acuerdo político debe firmarse un pacto económico. Un documento que avale el modelo económico actual y que propicie una nueva política de protección para el aparato industrial”. El “rey” del peaje reclama, primero, la “defensa del modelo”, es decir de los peajes. Pero, en segundo lugar, quiere conservar los privilegios de su industria automotriz “protegida”, que en principio no comulga con el “modelo”. Macri quiere que el pacto podrido le rinda por “derecha” y por “izquierda”, algo que según Clarín, “no recibió una alta adhesión”. De todos modos, el “industrialista” Alfonsín no dejó de preguntar: “¿Quieren que propiciemos la creación de un consejo económico social dentro de la Constitución?” Como se ve, por más que pretendan, en palabras del “comentarista” Jaroslavsky, “hacer” historia, Menem y Alfonsín son simples títeres de sus mandantes capitalistas.

Si algún lector pensó que nuestra nota “A la marcha le faltó una consigna” (ver Prensa Obrera, 22/10/93) fue un ataque ciego detrás de un objetivo confuso, la réplica del Mas (SS, 11/11) lo va a sorprender soberanamente, pues allí los dirigentes del Mas admiten sin pelos en la lengua que, para ellos, la dictadura de Cedrás es un enemigo de segundo orden en Haití y que, por lo tanto, la ausencia de una “consigna” a favor de su derrocamiento estaba plenamente justificada en la marcha que realizaron junto al Mst, al Pts y a la Lsr al obelisco hace dos semanas. Este reconocimiento significa, por supuesto, que el Mas ha elegido el campo del “nacionalista” Cedrás en la oposición al bloqueo organizado por el imperialismo “democrático” de Clinton. No hace falta que confesemos nuestra impaciencia por conocer las opiniones del resto de las organizaciones que participaron de la marcha ante este exabrupto del Mas, aunque tenemos una fundada suposición de que esas organizaciones estaban al tanto de ese exabrupto antes de organizarse la marcha. “Es necesario luchar hoy, en primer lugar (repetimos, “en primer lugar”, JA), contra el bloqueo imperialista... el cese del bloqueo y el retiro de la misión de la ONU permitiría efectivamente desarrollar la movilización popular para enfrentar decididamente el régimen de los militares duvalieristas” —dice textualmente y sin el menor remordimiento, el periódico del Mas. Aunque el planteo del Mas es por demás claro, queremos repetirlo con otras palabras, para que se vea que el absurdo a veces no conoce límites: para poder acabar con Cedrás, el pueblo haitiano debería, “primero”, movilizarse junto a Cedrás en la oposición al bloqueo de la Onu y de los Estados Unidos. Si al menos el Mas pudiera encontrar a algún haitiano anti-duvalierista dispuesto a hacer causa común con Cedrás... Todo indicaría que, para el Mas, plantear la oposición al bloqueo norteamericano, y no sólo esto, sino también la oposición al retorno de Aristide de la mano del imperialismo yanqui, SIMULTANEAMENTE con el planteo del derrocamiento de la dictadura de Cedrás, sería un crimen político, que situaría al PO “en el campo político y militar (Sí, incluso nos situaría en el ‘campo militar’) del imperialismo”. Pero es el Mas, y no el PO, el que afirma que hay que elegir entre los campos imperialistas en pugna, y, concretamente... “en primer lugar”, el de Cedrás. En esta posición, el Mas se ha venido a encontrar ahora con la sorprendente compañía del imperialismo “democrático” de Clinton, el cual también ha decidido volcarse al “campo” de Cedrás, al menos por el momento. Como lo ha informado la prensa abundantemente, las compañías de petróleo han reanudado el abastecimiento a Haití, el contrabando a través de la frontera con la República Dominicana sigue pletórico y la decisión de reponer a Aristide ha sido aplazada por tiempo indefinido. El gobierno de Clinton ha decidido SIMULTANEAMENTE mantener el bloqueo y sostener al gobierno “afectado” por el bloqueo. Por algunas afirmaciones del Mas en su “respuesta”, es indudable que no ha entendido, no ya la situación en Haití, sino la función política del bloqueo norteamericano —a pesar de que lo critique con tanto énfasis. El objetivo del bloqueo y del planteo de reponer a Aristide es impedir, preventivamente para algunos y como último recurso para otros, un levantamiento popular contra la dictadura de los “tonton-macoute”. En estas condiciones, el Mas plantea aplazar cualquier política de levantamiento popular contra la dictadura, esgrimiendo como pretexto para ello... el bloqueo norteamericano. Al hacer suya la consigna del retorno de Arístide, el imperialismo y la Onu pretenden evitar que sean las masas las que tomen a su cargo la realización de esa consigna. En esto consiste, precisamente, la maniobra “democrática” del imperialismo, que es necesario denunciar. Esta denuncia lleva a una sola conclusión: las masas no deben dejar la caída de Cedrás en manos del imperialismo. La conclusión del Mas es, en cambio, que hay que aplazar cualquier política para acabar con Cedrás, al menos “en primer lugar”. Según los dirigentes del Mas, el PO “ignora por completo que Haití es una semicolonia del imperialismo yanqui y que por lo tanto su reivindicación nacional es independizarse de éste”. El Mas encuentra la prueba de su aserto en nuestra afirmación de que “la reposición de Aristide es una reivindicación nacional”, que el imperialismo intenta expropiar en su propio beneficio. Quien indudablemente ignora que Haití es una semicolonia yanqui es el Mas, pues ni se ha dado cuenta de que Cedrás es un agente de capitalistas nativos asociados al capital norteamericano. Por otro lado, que la “reivindicación nacional” de un país semicolonial sea la “independencia nacional” es cambiar las palabras a la misma idea. La independencia nacional de Haití significa concretamente: confiscación de capitalistas y terratenientes; unidad de los países del Caribe contra el imperialismo; gobierno propio —que sólo podrá ser un gobierno de obreros y de campesinos. Pues bien, para el 70% de los haitianos (y para el 90% de los explotados haitianos) que votaron a Aristide, su reposición es una reivindicación nacional, que incluso la asimilan a la reivindicación del gobierno propio. Negar esto sería tan estúpido como negar que la renacionalización sin pago de las empresas privatizadas en Argentina sería una consigna nacional, aunque la realización de esta reivindicación no agote la cuestión nacional en Argentina. Pero, obviamente, negar que la reposición de Aristide es una reivindicación nacional ubica a quien así lo sostenga en el campo de la dictadura de Cedrás. El planteo correcto, el nuestro, es: esa reivindicación deja de ser nacional en manos del imperialismo; se transforma en trampa mortal; conclusión: hay que acabar con la dictadura, no con el auxilio del imperialismo o el bloqueo, sino con “nuestras propias manos”. Dijimos en nuestro artículo anterior que había que disputarle al imperialismo la dirección de esta lucha nacional, y que “por eso es tan importante que junto al fuera el imperialismo democrático, se plantee la lucha por el derrocamiento de la dictadura, la que DE MODO ALGUNO PUEDE PASAR A SEGUNDO PLANO” (P.O., 28/10). En nuestro artículo anterior nos referíamos al “imperialismo democrático” y al “imperialismo totalitario” para distinguir a las fracciones del imperialismo norteamericano que, respectivamente, defendían el acuerdo de la Isla del Gobernador (que contemplaba el retorno de Aristide, la amnistía para los militares y una fuerza policial organizada por Estados Unidos), y los que se oponían a su ejecución —fundamentalmente, la CIA, el Pentángono y una fracción del Partido Republicano. ¡Oh!, dice el Mas, esto es stalinismo, pasando por alto que el stalinismo hablaba de las tendencias democráticas del imperialismo y que nosotros hablamos del carácter imperialista de la democracia. En política, al menos, el daltonismo puede transformarse en una forma de ceguera. Pero en este punto hemos llegado al tema de la soga en la casa del ahorcado. Porque ha sido precisamente la incapacidad del Mas (y del morenismo en su conjunto) para comprender el contenido imperialista de ciertos fenómenos “democráticos”, lo que lo convirtió en una corriente democratizante. Concretamente, uno de los planteos fundamentales en la historia del Mas y del morenismo fue caracterizar al golpe que derribó a Galtieri, luego de la derrota de Malvinas, como una “revolución democrática”, cuando se trataba exactamente de lo contrario, porque era una consecuencia de la victoria del imperialismo sobre una nación oprimida; era “democrática”, sí, pero no una revolución sino una contrarrevolución, destinada a cobrarse la deuda externa y completar el remate del país, por vía constitucional. Algo similar sobre los contenidos imperialistas de la democracia se puede decir en torno a la Asamblea Constituyente que pretenden convocar Menem y Alfonsín, cuyo objetivo es tornar más reaccionaria a la Constitución vigente y reelegir al mandamás de los “privatizadores”. Un partido que participe de esta eventual Constituyente deberá tomar el cuidado de caracterizarla adecuadamente y no cometer el error de confundir su forma exterior “democrática” con su contenido reaccionario.

Lo único que existe de más podrido que el pacto podrido entre Menem y Alfonsín ha sido la reacción de los dirigentes del radicalismo, del Frente Grande, de Rico y de los “socialistas” — que se limitaron a repudiar las características “secretas” o “reservadas” del pacto. Estos dirigentes dan toda la impresión de sentirse desairados por su exclusión del contubernio, antes que por su contenido o finalidad. La prueba es que la mayoría de ellos ha terminado por aceptarlo; que muchos ya han dicho que lo votarían en la convención radical y otros más en el Congreso; y que los varios restantes ya se encuentran pergeñando propuestas de reformas a la Constitución sin denunciar antes que se trata de una Constituyente digitada, regimentada,“trucha” —simplemente cámara de registro del pacto podrido. Para que la Constituyente fuera mínimamente libre sería necesario que el debate constitucional previo a su convocatoria fuera amplio en el tiempo; que la intervención popular en los debates estuviera garantizada; que los partidos gozaran de la plenitud de derechos para hacer conocer sus propuestas por los medios de comunicación masivos. El pacto podrido prevé, en cambio, que las elecciones se hagan en un par de semanas más; que la Convención se reúna en abril y culmine sus trabajos en agosto; y que su temario se restrinja virtualmente a la sola reelección. Pero si la reunión de Menem y de Alfonsín fue “secreta” o “reservada”, lo fue con “aviso”; el mismo Menem la advirtió a la prensa el propio día de la reunión, 72 horas antes de que la “revelara” Ambito Financiero. Cualquiera puede leer en La Nación (6/11) lo siguiente: “Al ser consultado como imaginaba el cierre de un acuerdo con Alfonsín, el jefe de Estado puntualizó que sobre estos temas ya están trabajando sus asesores y los de Alfonsín.‘Si ellos llegan a un entendimiento, a un acuerdo, con toda seguridad que vamos a terminar con un abrazo y un estrechón de manos’, dijo”. Por una vez, Menem...

José C. Paz, 31/10/93 Compañeros: En la carta de“apoyo crítico” del PL al FIT (PO 403), éste nos hace una crítica al referirse a que nuestro programa (el del FIT) “no plantea abrir (subrayado mío, R.) una situación revolucionaria”. Si tenemos en cuenta que una situación revolucionaria es una categoría política objetiva, que se produce con independencia de la voluntad (previa) de las clases y de los partidos que representan a esas clases; que se produce cuando el proletariado, como clase, se opone activamente (con sus propios métodos) a la burguesía y a su Estado, rompiendo con los partidos burgueses; a su vez la clase media rompe también con los partidos burgueses y toma posición junto al proletariado; y cuando el polo opuesto, la burguesía, se desmorona por su propia incapacidad de manejar la situación y por el accionar de las masas; si todas estas condiciones previas no se dan en la actualidad, el planteo de abrir una situación revolucionaria, sólo puede evidenciar una actitud de foquismo: si las condiciones no existen las creo yo. Esto a contrapelo de las enseñanzas de Lenin: las condiciones de una situación revolucionaria se producen “con independencia de la voluntad previa de los grupos aislados (subrayado mío, R.) y de los partidos, así como de las clases”. Nada reemplaza la experiencia de las masas La tarea de un partido revolucionario no es “abrir” una situación revolucionaria sino luchar incansablemente en la preparación del proletariado, en su conciencia, para que cuando las condiciones objetivas estén dadas, el factor subjetivo pueda actuar con la orientación del partido revolucionario, en el rumbo correcto, e impedir la victoria de la contrarrevolución. El PO tiene una trayectoria inclaudicable de delimitación con respecto al foquismo. Este intenta ser un aporte más en esa postura.

Ya es viejo el reclamo de los diferentes partidos políticos para que le sea otorgada la autonomía política a la Capital Federal, es decir elegir a su intendente. La pasión que ha sido puesta en este reclamo es tanto más grande cuanto mayor ha sido ya su comprobada inutilidad. Han rotado en el gobierno de la Capital Federal en los últimos cuarenta años, la casi totalidad de los partidos tradicionales y de las fracciones militares, sólo para ver transformado al distrito en un corral de curros, de ventajismo para las constructoras contratistas, de liquidación del paisaje urbano, de especulación inmobiliaria, de desfalco, por fin, del bolsillo del contribuyente. A la crisis de la Capital, como a la del país, sólo podría ponerle remedio un gobierno de trabajadores, el control obrero de las cuentas públicas y la eliminación de los privilegios de la burocracia del Estado. Ahora, en la bolada de la reforma digitada de la Constitución, se quiere introducir la transformación de la capital en provincia. Pero tanto en este caso como en el anterior, la “reforma” tiene un propósito obsesivo y excluyente: aumentar la carga presupuestaria sobre la ciudadanía de la Capital, transfiriéndole, además de la salud y de la educación, una parte de la policía y del poder judicial. Aliviadas estas cargas del presupuesto nacional, éste podrá ser dedicado a la función de pagar los intereses crecientes de la deuda pública y a financiar la compra de divisas para el pago y el bicicleteo de la deuda externa privada. Ya han aparecido las estimaciones que adjudican un costo de 1.000 millones de dólares a la transformación de la Capital en ciudad autónoma o en provincia. Pero ese costo puede ser mayor aun en el caso de convertirse en provincia, porque ello transformaría a los barrios o a un conjunto de ellos en “municipios”, con sus respectivos “intendentes” y“concejos deliberantes”. Y ahí, Menem y Alfonsín tendrían mucho para “repartir”, además de acentuar la “vigilancia” sobre los presupuestos hogareños.

A propósito de la polémica relacionada con la mujer, recordé la persecución que soporté por ser la primera en tomar el día femenino en mi lugar de trabajo. También, al tener mi hija, por inaugurar la toma de tiempo por lactancia, fui trasladada, diariamente, de una sucursal a otra. La patronal impedía así que pudiera dar de mamar. El llanto de indignación y bronca se transformó en conciencia... Integré la comisión interna como secretaria gremial. Aquí empezó la lucha a otro nivel, por un principio solidario, correr de una asamblea a otra (con hijos a cuestas), luchar contra la patronal, la burocracia interna y la del sindicato. Comprendí que sola no podía, había que formar un cuerpo de delegados, y esto tampoco bastaba, pues llegaron las paritarias, era necesario elaborar más de conjunto. Entonces surgió la necesidad de pertenecer a un partido. En ese partido, las compañeras decidieron, ya en plena dictadura de Videla, luchar por nuestras reivindicaciones desde adentro y hacia afuera de la organización. Se desarrolló una polémica para determinar los ejes. Traté el tema con mis compañeras de trabajo, en las reuniones decidimos enfrentar a nuestros jefes que nos cuestionaban fumar o usar pantalones (al mejor estilo pinochetista). Teníamos el ejemplo de las estudiantes iraníes que le habían realizado una fumata pública a Khomeini, cuestionándole la prohibición de fumar y el uso del chador. Levantamos un programa de reivindicaciones inmediatas: restitución del día femenino (quitado por la dictadura), guardería o adicional (no teníamos), ascensos. Largamos un petitorio que prendió como reguero de pólvora. Como tardaban mucho en cumplir, amenazamos con concentrarnos en la casa central con todos nuestros hijos en la hora de atención al público. Por esto recibí el apodo de “Norma Rae” (película que gracias a la doble tarea nunca pude ver). Fue así que conseguimos el adicional por guardería, equiparado al mejor banco de plaza. Inmediatamente, los compañeros quisieron emprender una lucha conjunta por el salario. Pedíamos un considerable aumento (monto fijo) oponiéndonos a la política de Martínez de Hoz, que establecía porcentuales (productividad). Para desarticular el movimiento, la burocracia del sindicato ofreció una oficina para crear la secretaría de la mujer. Ante la negativa, armaron ellos la guardería para las afiliadas de Capital Federal. El movimiento continuó reclamándoles mejores servicios y lo logró. Relaté esta experiencia, pues creo que la liberación de la mujer se resuelve en la lucha de clases; ésta pone al rojo vivo todas nuestras opresiones. Rescato como algo muy positivo del VIII Encuentro nacional de mujeres, el número de participantes y fundamentalmente las consignas contra Menem-Cavallo, y en defensa de la escuela pública. La ley federal de educación eximió al Estado de garantizar las salas maternales, el jardín de infantes para 3 y 4 años. Desaparecerán las escuelas de doble escolaridad, las especiales, que ocupan al niño después de la jornada obligatoria. Muchas pasarán a ser confesionales, la educación sexual estará orientada por el oscurantismo, llevando a la mujer, aún más, al embarazo no deseado. La flexibilización laboral barrerá con todas nuestras conquistas históricas. En fin, habrá que desarrollar el debate y establecer un programa de lucha para defendernos de los dinosaurios modernos; el Congreso del Partido Obrero es una buena oportunidad.

Mientras la opinión es distraída con el tema de la reforma constitucional o con la necesidad de “renunciar” a la Corte para otorgarle al país la “debida segurida jurídica”, el gobierno tomó una decisión mucho más importante que todas las mencionadas, al nombrar a José Roberto Dromi com “asesor presidencial con rango de secretario de Estado”. Dromi fue, precisamente, el que en su función pasada de ministro de Obras Públicas redactó los proyectos de “privatización” de las empresas del Estado y tuvo a su cargo directo el diseño de los contratos de entrega pirata de Entel y de Aerolíneas Argentinas. Dromi se ha destacado también por haber hecho una fortuna personal en su calidad de abogado defensor de empresas querellantes contra el Estado. La nueva función de este amigo íntimo de los “privatizadores” es redactar las leyes que deberán regular los servicios privatizados. Como quiera que este nombramiento tiene lugar en el marco del pacto podrido entre Menem y Alfonsín, el hecho debe interpretarse como la “garantía jurídica” que ambos otorgan a la vigencia indefinida de las “privatizaciones”. Para quienes “temían” que la UCR pudiera “revisar” las “privatizaciones”, la “sospecha” está, entonces, superada. Alfonsín no tuvo nada que decir contra este nombramiento, el cual vale más, por cierto, que la remoción de la Corte y la propia reforma constitucional. El nombramiento de Dromi se produce cuando crecen y se agudizan los conflictos suscitados por Iberia, respecto a Aerolíneas; cuando se ha entablado una seria disputa en torno a las tarifas de gas y también de las de teléfono; e incluso cuando varios contratos de privatizaciones ferroviarias se encuentran paralizados por las supuestas pérdidas que estarían provocando a sus nuevos dueños. El padre de las privatizaciones, el re-nacido Dromi, tendrá a su cargo el arbitraje de estas disputas, para lo cual ya cuenta con el aval del pacto podrido de Menem y Alfonsín; ¿Lo pondrá esto en una línea de colisión con Cavallo, que quiere reprivatizar algunas empresas privatizadas, para que puedan entrar en ellas capitales norteamericanos?

Resistencia, 5/10/93 Sr. Director de Prensa Obrera La decisión de escribir después de las elecciones es para darles a conocer a todos los electores lo ocurrido aquí en Resistencia (Chaco) con referencia al partido. Hubo trabas desde el comienzo de Campaña. Gracias al Tribunal Electoral no nos otorgaron la Personería Jurídica a nivel provincial. No nos admitieron utilizar el lema “Frente de Izquierda y los Trabajadores”. Nos presentamos de igual manera sólo a concejalía. ¿Quieren saber lo que pasó el 3/10? No figuraba el nombre del partido en la mayoría de las planillas de los presidentes de mesa. En otras no había boletas. Pero estoy orgullosa de haberme integrado al Frente. Trabajamos durísimo sin medios de comunicación (TV, radio, diarios). Por no contar con un padrino empresario no tuvimos ese apoyo exclusivo (PJ,UCR, ACha). Aun así, con toda esa presión partidista mayoritaria que representa a las patronales, fue entendida nuestra propuesta. Porque en cada voto conseguido estaba la lista sola sin la unión de otros partidos, y eso que predominó el corte de boletas. Formamos un grupo humano estupendo con la responsabilidad de continuar trabajando para el plebiscito y el ’95. Pido en forma personal a ustedes que traten de enviar los volantes a tiempo, a medida o circunstancia de los acontecimientos de Buenos Aires. Nosotros los chaqueños estamos acostumbrados al autoritarismo del centralismo porteño. Hay un duro trabajo para revertir este enfoque en el interior. Empecemo por casa. Felicitaciones por el trabajo realizado. Ojalá el FIT siga adelante. Una humilde ama de casa chaqueña les desea lo mejor.