Prensa Obrera N° 406

En el mayor de los sigilos, la burocracia que dirige el Suteba preparó un anteproyecto de estatuto. El mismo se dará a conocer, en reunión de delegados, el 16/11; se tratarán sus 96 artículos en una asamblea de afiliados, el 22/11, y se votará en un congreso el día 24/11. Las modificaciones apuntan a sujetar aún más la voluntad de los afiliados, lo que no es poco. Recordemos que el vigente, redactado por las mismas manos y de la misma forma, impide la votación de medidas de fuerza por parte de afiliados que estén con licencia o, por ser suplentes, no estén aún al frente del grado. Exige, además, para esas decisiones, la mayoría absoluta de votos en asamblea. La burocracia Celeste, de la mano de Mary Sánchez, no puede presentar nada más que derrotas, su autoridad está muy minada y existe un movimiento de autoconvocados de ex-nacionales, donde nunca pudo hacer pie. Si se suma a esto la descentralización económica de la educación que impulsa la “Ley de Educación”, se comprende la necesidad y apuro que tiene la burocracia de ajustar más las riendas. Esto se reflejará en las atribuciones del Consejo Ejecutivo Provincial y en su manejo de los recursos económicos del sindicato. Es una oportunidad para mostrar a los docentes cómo el Estado y la burocracia tejen normas reglamentarias a su medida, y la necesidad de reagruparse con la consigna de la independencia política del Estado burgués.

Hace cuatro meses, en julio pasado, los “líderes” del “mundo desarrollado” (Grupo de los 7), se reunieron en Tokio para anunciar “el más importante acuerdo comercial de post-guerra”. Se trataba de una rebaja generalizada de aranceles y de cuotas de importación, que debían incrementar el intercambio mundial. Con rapidez asombrosa, los analistas de renombre vieron en el anuncio el inicio de una nueva era del capitalismo mundial. Pero bastó que pasara una semana del “histórico anuncio” para que los “líderes”, de vuelta en sus países, produjeran una “diferencia de interpretación” acerca de los alcances del mencionado “acuerdo histórico”. “Para la Comunidad Económica Europea, leemos en “El Economista” (5/11), el ‘acuerdo de Tokio’ proveía una fórmula para la reducción arancelaria generalizada. En cambio, para Estados Unidos, Japón y Canadá, el ‘acuerdo de Tokio’ constituía un objetivo que debía concretarse a través de negociaciones puntuales”. Casi enseguida, después de la reunión de Tokio, Peter Sutherland, director del GATT (Acuerdo General de Tarifas y Comercio), el organismo que “regla” el comercio internacional, había reconocido que “la ‘cumbre’ había fracasado en resolver cuestiones claves” en “agricultura, textiles y una serie de áreas marginadas de los accesos a los mercados” (Newsweek, 26/7). Esta diferencia de interpretaciones volvió a revelar la profunda “impasse” en que se encuentran las principales potencias capitalistas y la dura lucha comercial en la que están envueltas. La situación, desde entonces, no ha hecho más que agravarse. Estados Unidos, por ejemplo, amenazó recientemente a Japón con imponerle sanciones económicas a partir del 1º de noviembre si no abría su mercado de obras públicas a las empresas constructoras norteamericanas. Simultáneamente, se descubría en Japón una “tangente” (coimas a altos funcionarios) que “envuelve a las 6 más importantes compañías constructoras japonesas” (Financial Times, 27/10), en lo que no es más que un intento de quebrar el monopolio de ese puñado de contratistas nipones. Al final, EE.UU. pospuso la aplicación de las sanciones cuando el gobierno japonés anunció que liberaría el mercado de la construcción, aunque no especificó cómo lo llevaría a cabo. La sospecha que existe es que la promesa de liberación sería sustituida por un nuevo reparto del mercado entre yanquis y japoneses, en detrimento de los rivales europeos y de otros países asiáticos. EE.UU. también anunció represalias contra todos los países que restrinjan el acceso a su mercado financiero a los bancos norteamericanos. Para presionar en este sentido se dispone a aprobar una norma de “juego limpio en los servicios financieros”, que otorgaría “el derecho de EE.UU. a denegar la expansión de los bancos e instituciones financieras de países que no ofrecen similar acceso a las entidades norteamericanas en los términos de la ronda Uruguay del GATT” (Financial Times, 26/10). Esta medida venía siendo discutida desde hace tiempo, con muchas reservas por parte del anterior gobierno de Bush y de la Reserva Federal, el Banco Central de EE.UU., que la verían más como una excusa para limitar el acceso de los otros países al mercado financiero estadounidense que como un medio idóneo para penetrar los mercados extranjeros. El caso del acero es significativo, porque las siderúrgicas de EE.UU. lograron incrementar sus precios internos y sus beneficios, gracias a que consiguieron hacer prohibir la importación de acero del resto del mundo, con el argumento de que esos países subsidian sus exportaciones. Ahora la “guerra” se ha extendido al campo impositivo. “El tema se ha convertido en muy sensible en los últimos años, luego de las amenazas de EE.UU. de aumentar los impuestos a las compañías en EE.UU.” (Financial Times, 28/10). El argumento norteamericano es que las compañías extranjeras arman una “ingeniería impositiva” que minimiza su exposición al pago de impuestos en EE.UU. El gobierno norteamericano ha decidido usar la claúsula de “salida” en los compromisos impositivos que discute el GATT para poder aplicar unilateralmente una política impositiva discriminatoria con las compañías extranjeras que operan en su territorio. A tan sólo un mes de la fecha establecida para que concluya la “ronda Uruguay”, iniciada en 1986, la “guerra de posiciones” se ha acentuado. Parece existir un cambio en la estrategia de EE.UU., cuya política de decisiones y golpes unilaterales no apunta ya a doblegar en la mesa de negociaciones, sino a inviabilizar cualquier negociación, hacer fracasar las reuniones de comercio, con la finalidad de impulsar una política de decisiones unilaterales. El problema es que EE.UU. tiene simultáneamente una fuerte deuda externa con sus competidores, que si se retiraran del mercado de títulos públicos de los Estados Unidos, hundirían a éste en una abominable crisis financiera. Esto explica que los yanquis se manejen con cierta “sutileza”: hacen acuerdos con Japón, en el área construcciones públicas, contra Europa; con Europa, en materia textil, contra los países del sudeste asiático; con China, en materia financiera, contra Japón, etc. Este es el marco mundial que afecta la posibilidad de una aprobación del NAFTA, el mercado común con Canadá y Méjico, porque la función que quiere adjudicarle la burguesía norteamericana al NAFTA, es servirse de él para luchar contra Europa y Japón. El comercio mundial ha perdido los pocos “marcos regulatorios” que aún quedaban en pie y ha entrado en un definitivo proceso de dislocación. Que esto ocurra, cuando la especulación financiera llega a topes impresionantes, revela que es inminente un crac económico de incalculables proporciones.

Al Pts no le ha quedado más remedio, otra vez más, que tirar la toalla. A la acusación de que su consigna de Asamblea Constituyente responde como anillo al dedo al objetivo político de la reelección de Menem, el Pts responde que no va a responder, porque Trotsky ya había resuelto este problema en sus artículos sobre China de los años ’30. “No hemos considerado necesario enfrascarnos en una polémica, —dice el Pts con aires profesionales— porque basta una tarea de comparación para ver que Trotsky les contesta (al PO) con absoluta claridad y con más de 60 años de anticipación”. Dicho y hecho, se despachan con tres páginas y media de extractos de textos de León Trotsky de la década del 20 y 30 en relación a la consigna de Asamblea Constituyente en China. Con fe religiosa, el Pts asegura que correspondería plantear en Argentina, en 1993, la consigna de “una Asamblea Constituyente libre y soberana”, porque Trotsky la había planteado... en China... hace más de 60 años, aunque a Trotsky no se le había ocurrido lo de “libre y soberana”. “Dentro del sistema” Esta abstracción de tiempo y espacio revela que el Pts está en el limbo y, más importante aún, que no tiene condiciones de defender su planteo. Trotsky planteó la consigna de Asamblea Constituyente o Asamblea Nacional para China en las condiciones de un régimen militar, en un país sin historia, tradición o experiencia constitucionales, y con el carácter de una consigna de transición hacia la dictadura del proletariado. El Pts propone, en cambio, una Asamblea Constituyente en las condiciones de un gobierno constitucional, en un país con largo desarrollo constitucional (y también largo agotamiento del desarrollo constitucional: dictaduras), no para oponerlo al régimen burgués imperante y como transición a la dictadura del proletariado, sino: “porque es la variante más democrática dentro de este sistema en que el proletariado y el pueblo confían, de discutir y decidir el destino del país y los verdaderos problemas que los afectan” (Rebelión,3-11-93). Con perdón de la expresión: ¡qué carajo tiene que ver esta completa imbecilidad con los planteos, no ya de Trotsky, sino de cualquier marxista! El planteo del Pts no llega a ser una consigna, esto porque cualquier consigna, la más pobre o burda, tiene un propósito movilizador contra el orden existente. Lo del Pts pertenece a la categoría de las “opiniones” o “sugerencias”, porque propone “decidir el destino del país” (lenguaje típicamente encubridor) “dentro de este sistema”, dando como razón para ello que “el proletariado y el pueblo (sic) confían en él”. Los impostores del Pts ni se molestan en ocultar su propósito de desarrollar “la confianza en el sistema” (¡capaz de decidir los destinos del país!). Ni de casualidad se les ocurre valerse de la experiencia que las masas ya tienen en la democracia burguesa para desarrollar su desconfianza en ella y ayudar a su superación. Si las tres páginas de citas de Trotsky refutan al “altamirismo”, ¿esto significa que Trotsky planteaba la Asamblea Constituyente en China para “decidir el destino” de China “dentro de(l) sistema” que lideraba Chang Kai- Shek? Citando a Trotsky, el Pts se ha limitado a escupir para arriba. El Pts propone una Asamblea Constituyente para reformar “la actual Constitución, sancionada en el año 1853, (que) es antidemocrática y reaccionaria desde el principio hasta el fin”. Por la reelección ¿Pero existe, acaso, alguna cita de Trotsky en la que señale que su propósito es redactar una Carta o Constitución, es decir, un papel, y no valerse de esa consigna para impulsar la realización práctica de las reivindicaciones democráticas, como las agrarias, por medio de la acción directa, es decir, las ocupaciones de tierra, las huelgas, la lucha armada— todas medidas que se salen del marco de cualquier “sistema” democrático, incluso de la “variante más democrática” que el Pts propugna expresamente? La discusión del destino del país dentro de este sistema en que el proletariado y el pueblo confían, es decir: “el modelo de país que necesitamos los argentinos” —¡éste es el verso de Menem hoy, cuando tiene una mayoría relativa, para imponer su reelección! Es la misma razón que esgrime Alfonsín para salir en auxilio de Menem y la que da Menem para salir en auxilio de Alfonsín. Oponerse al plebiscito en nombre de una Constituyente del tipo de la que plantea el Pts, es lo que están procurando armar Menem y Alfonsín, y lo que los llevaría a la derogación del plebiscito. En ningún lugar plantea el Pts la necesidad de agotar y superar las ilusiones democráticas (resultado históricamente objetivo de las experiencias constitucionales y finalidad político-subjetiva de la consigna de Asamblea Constituyente).¡Para el Pts se trata de darle a esas ilusiones la forma más acabada posible! Esto es democratismo vulgar; por eso el Pts no habla ni por descuido de la dictadura del proletariado, siguiendo en esto a una arraigada “escuela” morenista. Sí, “el Pts lucha por una República Obrera. Sin embargo, (¡Sin embargo!) ... luchamos (por) la variante más democrática dentro de este sistema”. Es decir, es un partido (¿partido?) “del sistema”. Valor universal Insistimos en un punto desarrollado en un artículo anterior: para el Pts, y para el Mas, la consigna Asamblea Constituyente tiene un carácter universal, incondicional, no tiene que ver con circunstancias históricas o políticas, lo que equivale a decir que son pura y completamente democratizantes. A los campeones de la variante “más democrática” no les ha entrado en la cabeza lo que Engels ya había explicado hace más de un siglo (carta a Bebel,11/12/1884): “en todo caso nuestro único adversario el día de la crisis y el día siguiente será ... la reacción agrupada en forma completa en torno a la DEMOCRACIA PURA”. Trotsky opinaba, por supuesto, lo mismo, sólo que para este aspecto de las concepciones de Trotsky, el Pts no encuentra lugar en su colección de citas: “El slogan de la Asamblea Constituyente se transforma en una abstracción vacía, a menudo en simple charlatanería, si uno no agrega quién la convocará y con qué programa. Chang Kai-Shek puede levantar el slogan de la Asamblea Constituyente contra nosotros incluso mañana, así como ha levantado ahora su “programa obrero y campesino” contra nosotros. Nosotros queremos una Asamblea Constituyente convocada, no por Chang Kai-Shek, sino por el comité ejecutivo de los soviets obreros y campesinos. Este es el único camino serio y seguro” (La Revolución China y las tesis del camarada Stalin, 17/5/1927). Trotsky no contrapone aqui, la Constituyente a los soviets, pero no se olvida decir cuál es “el único camino” para una auténtica Asamblea Constituyente. El “error” del Pts es que no contrapone esta consigna, no a los soviets, sino al régimen burgués imperante. En 1918, la mayoría del proletariado alemán “confiaba” en la socialdemocracia y se aprestaba a participar en las elecciones para Asamblea Constituyente convocadas por el gobierno socialdemócrata. Contra la opinión del flamante partido comunista, que propugnaba el boicot, Rosa Luxemburgo era partidaria de participar. ¿Pero qué opinaba ella de la consigna “más democrática”? “El actual gobierno convoca a la Asamblea Constituyente, crea de este modo un contrapeso burgués a los consejos de operarios y soldados, empuja por lo tanto a la revolución por la via de la revolución burguesa, hace desaparecer el objetivo político de la revolución”. El biógrafo de Rosa que transcribe estas palabras (Paul Frohlidh), señala: “Todos los que estaban contra la realización del socialismo, contra el poder de la clase obrera, desde la extrema derecha hasta la misma dirección de la socialdemocracia independiente, estaban por la Asamblea Nacional. Los adversarios más encarnizados del sufragio universal ... estaban ahora invadidos del principio: igual derecho para todos”. No. La consigna de la Constituyente no tiene un carácter “universal”, es decir ahistórico, y debe convertirse al final en un recurso extremo del imperialismo contra la revolución proletaria. La oportunidad de la consigna de Asamblea Constituyente no está planteada por el movimiento de las masas, sino por una necesidad interior de la gran burguesía, por la crisis de la sucesión presidencial y del plan privatizador. La oportunidad del planteo del Pts corresponde a las necesidades de Menem, Macri y Fortabat; sirve al objetivo de la reelección y del reforzamiento del aparato del Estado. El Pts, a su vez, ni teóricamente la contrapone al régimen menemista ni al Estado burgués; dice, inequívocamente, que tiene una finalidad complementaria, para mejor facilitar la discusión sobre el “destino del país”. Es democratizante y patronal hasta los tuétanos. En un copete de su último periódico, el Pts refuta la afirmación que hiciéramos acerca de que las consignas constitucionales no hubieran tenido una vigencia movilizadora en la historia del país y de las masas. Lo probarían en contrario las luchas contra las dictaduras militares. Constitucionalista Muy bien, pero en ninguna de estas luchas, empezando con la revolución de 1890, se planteó la consigna de Asamblea Constituyente, ni elaborar una nueva Constitución. Bajo los regímenes militares, toda la oposición cuestionó los intentos de éstos de realizar Asambleas Constituyentes como maniobras dilatorias que servirían para prolongar su permanencia. Las tres Constituyentes posteriores a 1853 fueron objetiva y subjetivamente reaccionarias. La de 1860, convocada para aceptar las imposiciones del mitrismo; la de 1949, para establecer un régimen de persecución ideológica en la administración pública y la estatización de los sindicatos; la de 1957, para realizar los objetivos de la dictadura de Aramburu y Rojas. Hasta N. Moreno fue partidario de la Constitución de 1853. En 1982, escribió (“Empieza la Revolución”): “con el cambio de etapa, la anterior exigencia de voltear a la dictadura para reinstaurar la Constitución de 1853 se ha convertido de progresiva en reaccionaria...”(“Un siglo de luchas”, pag. 288, edit. Antídoto). Como se ve, hasta la “archirreaccionaria Constitución de 1853” era “progresiva”. Pero lo que tenemos esbozado aquí es la revolución constitucionalista por etapas, y no en dos etapas (democrática, socialista), sino muchas, muchas etapas, caracterizadas por sucesivas reformas constitucionales. Porque para el morenismo, la Constitución de 1853 es progresiva bajo las dictaduras; luego, bajo los regímenes burgueses constitucionales, lo progresivo son las Asambleas Constituyentes. El punto de vista es siempre el del constitucionalismo: no el de acortar, abreviar y agotar la experiencia constitucionalista de las masas, sino abrir y reabrir una y otra vez las ilusiones constitucionales dentro del sistema.

Uno de los dirigentes “históricos” de Solidaridad y también uno de sus intelectuales más destacados, Adam Michnik, declaró recientemente que “Nosotros queríamos destruir el socialismo real porque era una dictadura y no nos dábamos cuenta de que la inmensa mayoría de los partidarios de Solidaridad lo que quería era aquel socialismo, pero sin deformaciones”. Las palabras de Michnik fueron reproducidas por “La Nación” (25/9) en su comentario sobre las recientes elecciones polacas, en las cuales los partidos originados en Solidaridad (más de una docena) fueron barridos de la escena política por el electorado, que dio su voto a los stalinistas. Las declaraciones constituyen una fenomenal confesión del fracaso de la política de la burocracia clerical de Solidaridad, formulada por uno de sus mayores ideólogos y ejecutores. Si éste fuera su único valor, las palabras de Michnik no aportarían nada nuevo; lo verdaderamente importante es lo que nos dicen sobre el histórico movimiento de 1980 y lo que deja traslucir sobre la actual situación del proletariado polaco. Al salir a la calle, ocupar las minas y los astilleros, y organizarse independientemente, los obreros luchaban por el “socialismo”, es decir, por la plena vigencia de sus conquistas sociales, el empleo, la salud y la educación, y el derecho de la mujer al aborto ... pero sin “deformaciones”, es decir, sin la dictadura de la burocracia, contra sus privilegios y contra su política fondomonetarista y restauracionista. Se trata de un reconocimiento, tanto más valioso por provenir de un enemigo político del marxismo, de que las huelgas y las ocupaciones de los astilleros de 1980 no fueron una “revolución democrática” ni una “conjura imperialista”, sino una revolución política que pretendía derrocar a la burocracia para regenerar el Estado obrero. Pero “nosotros destruimos el socialismo” (la propiedad estatizada y las conquistas obreras), dice Michnik, reconociendo así la confiscación que realizó la dirección de Solidaridad contra el movimiento histórico de las masas. Pero aun en esta confesión hay un encubrimiento: si la dirección de Solidaridad siguió una política restauracionista y proimperialista, ella es una consecuencia natural de su planteo “democrático” y parlamentarista, cuya única base social es el capitalismo y el capital financiero internacional. Democracia (burguesa) y socialismo son incompatibles, porque la introducción y realización del socialismo es incompatible con la conciliación de clases (democracia). Las declaraciones de Michnik echan luz, asimismo sobre el proceso político actual de la clase obrera polaca y, de una manera general, sobre el proletariado de toda Europa del Este. Los trabajadores polacos han repudiado a los gobiernos “democráticos” del FMI pero no para renunciar a las libertades democráticas tan duramente conseguidas ... Bajo las terribles condiciones sociales y políticas de los últimos años, las masas están empezando a realizar la experiencia política concreta de “separar” (diferenciar) sus libertades y reivindicaciones democráticas del contenido social capitalista y restauracionista con que se las presentaban sus direcciones políticas, y de oponer las libertades obreras para defenderse del capital a las libertades del capital para atacar a los trabajadores. Se trata de una experiencia contradictoria, todavía inacabada ... por eso el repudio a los “demócratas” llevó agua al molino stalinista. ¡Pero los stalinistas son tan restauracionistas y fondomonetaristas como los “demócratas”! Al día siguiente de las elecciones, los vencedores anunciaron solemnemente que continuarían con la política de “ajustes” y privatizaciones. Los trabajadores polacos, en consecuencia, están “condenados” a pelear nuevamente contra el gobierno que votaron y que atacará sus conquistas. En el curso de esas luchas, y al calor de las huelgas que se suceden en toda Europa occidental, podrán “completar” su experiencia con los restauracionistas ...

El próximo martes 9 de noviembre a las 12,30 hs. se hará entrega de las primeras 3.000 firmas peticionando al Congreso de la Nación una Ley de AMNISTIA. La delegación que hará entrega de las mismas estará integrada por Hebe de Bonafini, Osvaldo Bayer, León Rozitchner, Ariel Delgado, Norman Briski, Padre Luis Farinelo, Graciela Rosemblun e Inda Ledesma, quienes forman parte de la COMISION PRO AMNISTIA. Los mismos serán acompañados por miembros de organismos de Derechos Humanos, familiares de los detenidos y personalidades del ambiente cultural, social y político, quienes serán recibidos por un grupo de diputados encabezado por el diputado Dr. Ricardo Molinas. En los marcos de esta campaña de carácter nacional e internacional, se han pronunciado ya ante el Parlamento argentino numerosas instituciones y personalidades de nuestro país y el exterior, cuyos nombres se darán a conocer en el acto de entrega de la firmas. Invitamos a que nos acompañen y difundan esta actividad que aspira a impulsar la concreción de un auténtico acto de justicia.

Mientras se continúa repitiendo que “el modelo económico” salió “fortalecido” de las elecciones, un conjunto de hechos sirvieron para poner en evidencia, en los últimos días, que el “exitoso” “plan Cavallo” atraviesa una crisis de fondo. * Sorpresivamente, Menem alertó a los banqueros y empresarios acerca del elevado endeudamiento privado y del peligro de una potencial insolvencia. “Si toman un préstamo —les dijo el riojano— antes deben pensar cómo pagarlo” (Clarín, 3/11); * Indupa, la mayor petroquímica del país, ha entrado en convocatoria de acreedores, el paso previo a la declaración de quiebra; * Después de varios días de caída ininterrumpida, “la Bolsa entró en una zona de turbulencia de la que no saldrá fácilmente” (ídem); * En los mercados internacionales, los bonos de la deuda externa argentina —los llamados “bonos Brady”— sufrieron “una caída en picada ... en una jornada que mostró una volatilidad en esta plaza como pocas veces se había producido” (El Cronista, 5/11). Un “plan” sujeto a los movimientos del capital especulativo En el “Informe político al VIº Congreso” del Partido Obrero puede leerse: “La paridad entre el peso y el dólar no fue garantizada por esa ‘convertibilidad’ sino por un ingreso de capital a corto plazo, del orden de los 8.000 millones de dólares al año, que buscaron explotar la diferencia de rendimientos en títulos y acciones entre el mercado argentino y el internacional. Este movimiento especulativo afectó a toda América Latina y a gran parte de Asia, con total independencia de cualquier ‘ley de convertibilidad’, e incluso en mayor medida allí donde la inflación y los desequilibrios financieros fueron (y aún son) más agudos (¡Brasil!)”. En los últimos días, esta caracterización fundamental del PO se vio confirmada, casi palabra por palabra, por una fuente inobjetable, el Fondo Monetario Internacional. En un “staff paper” del FMI se afirma que “el ingreso masivo de capitales en América Latina fue causado —fundamentalmente— por un shock externo: la caída de las tasas de interés internacionales, la recesión en los países desarrollados y la evolución de la balanza de pagos de los EE.UU., fueron los motivos que alentaron a los inversores a transferir recursos a América Latina ... los capitales fluyeron sin distinción hacia toda la región, a pesar de que las performances y las políticas económicas aplicadas por los distintos países no son iguales ... la masiva entrada de capitales fue acompañada por un boom de los mercados de valores, una significativa acumulación de reservas internacionales, una aceleración del crecimiento y una apreciación considerable del tipo de cambio real” (El Cronista, 2/11). Ninguna nación latinoamericana ha podido escapar a este movimiento del capital especulativo. La “convertibilidad” cavalliana lo único que ha hecho es agravar sus consecuencias: al obligarse a emitir un peso por cada dólar que ingresó al país, provocó una enorme emisión monetaria, puramente inflacionaria porque no está motivada por las necesidades de la producción y el comercio. El “plan Cavallo” es una mera adaptación a las necesidades y movimientos del capital financiero internacional —precisamente lo que el PO había señalado en el “Documento político al Vo Congreso”— que ha convertido a la Argentina en un resumidero de los capitales excedentes que no podían encontrar una aplicación lucrativa en los mercados mundiales y al BCRA en un pasivo ejecutor de la política monetaria dictada por la Reserva Federal (banco central norteamericano). El ingreso de capitales externos provocó una demanda adicional formidable, multiplicada a través del crédito, que se ha volcado a la especulación inmobiliaria y al consumo. Mientras la recesión mundial cierra el ingreso de las exportaciones argentinas a sus mercados tradicionales, el “dólar barato” —provocado por la afluencia de capitales externos— promovió una enorme ola de importaciones, fundamentalmente de bienes de consumo, un fenómeno común a toda América latina. Uruguay, por ejemplo, acaba de registrar un déficit comercial récord, provocado por “el marcado aumento de las importaciones de bienes de consumo, especialmente automóviles, alimentos y bebidas” (Ambito Financiero, 5/11). En el caso argentino, la ola se vio agravada por la desvalorización interna de la moneda nacional (aumento del costo de vida) provocada por la emisión “1 por 1”. El déficit comercial es récord: se estima en 3.200 millones para 1993, un 15% superior al de 1992, y las exportaciones están estancadas. Es cierto que el déficit comercial con Brasil se ha reducido —como consecuencia de los reembolsos a las exportaciones decretados por Cavallo—, pero esto ha favorecido un empeoramiento de la situación fiscal. De todos modos, el déficit comercial crece por el espectacular aumento de las importaciones provenientes de EE.UU., que se han convertido en el principal proveedor argentino (Clarín, 5/11). El ingreso de capitales excedentes ha financiado la importación de mercancías excedentes de los Estados Unidos: América Latina se ha convertido en la “tabla de salvación” del capital norteamericano. El ingreso de capitales especulativos sirvió para que Argentina pudiera colocar títulos de la deuda pública (que ha crecido pese a las “privatizaciones” y a las “quitas” del Plan Brady) y favoreció, además, “un acelerado endeudamiento privado en dólares” (Clarín, 3/11). La deuda externa privada, prácticamente inexistente a fines de 1990, alcanza a los 25.000 millones de dólares; sólo en 1993, las empresas privadas contrajeron deuda externa por 5.100 millones. A la cabeza de los tomadores de crédito figuran los grupos que se alzaron con las “privatizaciones“, muchos de los cuales ya han debido vender su “participación” para saldar sus deudas. “Argentina está hoy muy expuesta al vaivén de los capitales golondrina”, se preocupa ahora “El Cronista” (2/11), y no es el único: al déficit comercial hay que sumar el compromiso de pago de la deuda externa (3.500 millones anuales), el enorme crecimiento de las remesas de utilidades al exterior como consecuencia de las “privatizaciones” y el aumento de los pagos por seguros y fletes (como consecuencia de la posibilidad de contratar seguros en el exterior y el desmantelamiento de la flota de transporte nacional) —unos 10 mil millones de dólares. Esa dependencia es explosiva, como consecuencia de la enorme volatilidad de los mercados financieros internacionales: “la economía mundial se ha convertido en un casino”, según una expresión acuñada por “Business Week“. La volatilidad de los mercados internacionales y la dependencia extrema en que han caído las economías latinoamericanas respecto de los movimientos del capital especulativo, se revelan en que bastó un pequeño aumento del 0,38% de la tasa de interés norteamericana a largo plazo (del 5,80 al 6,18%) para que los bonos externos y las Bolsas latinoamericanos se derrumbaran en una sola jornada. Por eso, el informe mensual de FIDE advierte que “si se modifican, aun suavemente, las condiciones en los mercados mundiales de bienes y dinero, habrá llegado la hora de ‘pagar la fiesta’” (Clarín, 3/11). La pretensión de Cavallo de que las reservas del Banco Central garantizan la convertibilidad es una fanfarronada: los 15.000 millones del BCRA representan apenas el 20% del circulante, de los depósitos bancarios y de los papeles de deuda emitidos por el gobierno ... esto sin contar la deuda externa privada, que cuenta con el “seguro de cambio” de la “ley de convertibilidad”. Agotamiento de la reactivación: recesión y tendencia a la quiebra El festival de deudas, las “privatizaciones” y el consumo a crédito permitieron sostener la actividad económica. En algunas ramas especialmente protegidas, como la de los automóviles, incluso se alcanzaron récords históricos de producción. Pero esa “reactivación” ha encontrado un límite y comienzan a notarse signos evidentes de una recesión generalizada: en setiembre, las ventas de automóviles han caído un 5%, quebrando una tendencia alcista que llevaba más de un año; la recesión que se ha desencadenado en Brasil —tres meses consecutivos de caída de la producción— anuncia una caída de las exportaciones argentinas; finalmente, también ha caído la recaudación de los impuestos ligados a la marcha del ciclo económico (IVA, impuestos internos, combustibles), reflejando que “la actividad económica, pese al fuerte ingreso de capitales, parece haber encontrado un nuevo nivel de meseta, muy claro en la industria ...” (El Economista, 29/10). Según el economista Martín Lagos, “la hipótesis más optimista para 1994 es una recesión moderada” (El Cronista, 3/11). El “boom” se ha terminado porque la capacidad de endeudamiento de las empresas y los particulares se ha saturado. Los deudores ya no pueden tomar más crédito, aunque los acreedores estén dispuestos a otorgárselo debido al excedente de fondos. La “burbuja” se ha pinchado. Que el “festival de la deuda” se ha terminado lo revela “la proliferación de incobrables, el estiramiento de los plazos de pago y la usura vía cheques posdatados” (Clarín, 3/11). “La elevada morosidad de las empresas privadas ... a fines de junio, el 25% de las carteras bancarias estaba en condiciones irregulares. La morosidad en los bancos de provincia, con pronóstico reservado, muestra la situación de muchas empresas y sectores que no tienen capacidad de repago. Los representantes del agro abogan por la suspensión de los términos de ejecución de los juicios, un despropósito sólo justificable por la desesperación. La convocatoria de la mayor empresa petroquímica nacional recordó que el síntoma no es sólo provincial; también afecta a la City” (El Cronista, 4/11). Efectivamente, la cesación de pagos de Indupa ha recordado brutalmente que toda la industria petroquímica está en terapia intensiva, bajo la presión de las importaciones de excedentes invendibles en el mercado mundial a precios de remate, el sobreendeudamiento y la elevación de sus costos ... como consecuencia de la privatización petrolera y gasífera. Ipako, el otro gigante petroquímico, está en un plan de achicamiento y venta de activos; otro pulpo, Monómeros Vinílicos, “ya está en convocatoria en una deuda sin solución. Electroclor no está mejor” (El Economista, 29/10). La situación de la petroquímica revela el acierto del PO de haber caracterizado a las privatizaciones como “un factor poderoso de dislocación industrial (ya que) la industria radicada en el país que no participa del negocio privatizador se va a pique con las tarifas de gas, luz, teléfonos y combustibles que facturan los nuevos monopolios. En cambio, los grupos que se han apoderado de las empresas de energía y servicios se aseguran condiciones ventajosas que les sirven para destrozar a los pulpos competidores (Garovaglio —petroquímica, cuyo insumo básico es el gas— depende hoy de las tarifas que le fije Pérez Companc, uno de los beneficiarios de la privatización de las redes)” (Informe al VIº Congreso). Otra expresión de la tendencia a la quiebra —y del completo fracaso de las “privatizaciones” para promover cualquier tipo de desarrollo industrial y comercial— es la situación de Aerolíneas, que acumula pérdidas por 1.000 millones y la amenaza del “retiro” de Iberia, que obligaría al Estado nacional a hacerse cargo del muerto. Las “privatizaciones” se han reducido a una operación financiera en beneficio y hasta en una excusa para la fuga de divisas: “la ola de compras del exterior determinó el traspaso accionario (de YPF) a otras manos más cerca de Wall Street que de Sarmiento y 25 de Mayo (la Bolsa de Buenos Aires). Hoy en día se calcula que entre el 50 y el 60% de lo colocado en la Argentina ya salió del país” (Clarín, 31/10). Pero hoy la situación de la industria textil, de la papelera y de ramas metalmecánicas enteras es la misma que la de la petroquímica. El “plan Cavallo” no ha podido superar el retroceso estratégico de la burguesía nacional; sólo ha logrado estirar la agonía mediante un endeudamiento colosal ... haciendo más explosivas sus consecuencias. Es que Indupa ha provocado el “desbande de dos bancos” (El Economista, 29/10), los mayores acreedores que concentran deudas petroquímicas por decenas de millones, y la posibilidad de una cadena de insolvencias, algo que se refleja en la caída sistemática de la Bolsa desde que Indupa entró en convocatoria. “Muchas empresas —dice Bernardo Kosakoff, de la Cepal— están en un delicado punto de equilibrio, condicionado por el mantenimiento del nivel de la demanda ... si se produjera una recesión, temblarían varias cosas”, en particular sus acreedores, empresas industriales y bancos. En un informe preparado para Techint, se sostiene que “si el actual nivel de actividad disminuyera, éstas compañías (pequeñas y medianas) se verían en dificultades que trasladarían ...” a sus proveedores (y acreedores). La interrupción en algún punto de la cadena de pagos provocaría un derrumbe general de los créditos y la quiebra generalizada de deudores y acreedores. Esto explica que Cavallo promueva la sanción de una nueva “ley de quiebras”, que permitiría a los acreedores apropiarse rápidamente de los paquetes accionarios de sus deudores, tratando así de evitar el riesgo de una “cadena de insolvencias”. Precisamente, la perspectiva de una insolvencia generalizada es la que ha llevado a un “liberal” y “cavalliano”, como el angelocista Sturzenegger, a “preocuparse” por la actividad industrial: para el principal economista de Angeloz, de lo que se trata es de “monitorear la marcha de la producción industrial” para evitar una “recesión virulenta” (El Cronista, 4/11). La Cámara Argentina de la Construcción salió a reclamar “que el gobierno desarrolle un plan productivo” (Clarín, 29/10). Para evitar que una recesión desencadene una cadena de insolvencias que tire abajo todo “el modelo” como un castillo de naipes, Cavallo se ha lanzado a una política abierta de salvataje de ramas y sectores en crisis: después de la devaluación “encubierta” de noviembre del año pasado (aumento de los aranceles y la tasa de estadística), ha establecido protecciones especiales para el papel, los textiles y la siderurgia, estudia hacerlo para la petroquímica y ha reestablecido los reembolsos a las exportaciones. Pero una política de rescate generalizado plantea, por su enorme costo fiscal, una devaluación de la moneda, algo que vienen reclamando los sectores y ramas más castigados, como una manera de bajar los salarios y abaratar la producción argentina en los mercados internacionales. Esto choca con el generalizado endeudamiento en dólares, en particular de los pulpos “privatizados”, lo que obligaría a una refinanciación general de los deudores ... y a un crecimiento descomunal del ya descomunal déficit público. Para los “devaluacionistas”, el momento adecuado para “tocar la convertibilidad” sería una vez aprobada la reforma laboral e implementada la reforma previsional. De esta manera pretenden evitar que se produzca una “corrida”. Pero esto supone que los dueños de las jubilaciones privadas otorgarán crédito a deudores insolventes. En realidad, será el Estado quien tendrá que salir al rescate de los quebrados y a financiar este rescate endeudándose con los Fondos de Jubilación privada. Harina de otro costal es que estos Fondos le presten a un Estado en quiebra. La experiencia de Japón, de Estados Unidos o de Europa es aleccionadora: a pesar de que los bancos centrales redujeron las tasas de interés, creando una masa de “dinero barato”, no lograron superar la recesión porque ni los deudores quieren tomar más créditos ni los acreedores quieren otorgárselos. Todo esto siempre y cuando los capitales sigan ingresando. Tampoco la liquidación de la legislación laboral y la “flexibilización” salvaje lograrían superar la tendencia a la quiebra, como lo demuestra el hecho que desde el inicio del “plan Cavallo” el “costo laboral” ha caído violentamente sin que los problemas planteados por la crisis pudieran resolverse. “Luego de haber consumado una gigantesca confiscación económica de ingresos y patrimonios en beneficio de la banca internacional y de los principales pulpos nacionales, el “plan” Cavallo enfrenta una crisis inminente como consecuencia de la breve reactivación económica así como de los crecientes estallidos financieros a nivel internacional. La burguesía se enfrenta a la necesidad de un cambio de política”. Esta es la caracterización y el pronóstico que formula el “Informe político al VIº Congreso” del Partido Obrero.

Buenos Aires, 4 de noviembre de 1993 A las direcciones del MST y el PO Compañeros: Por la presente queremos solicitar nuestro ingreso al FIT. Partimos de coincidir con los 23 puntos del programa y su declaración introductoria, considerando que constituyen una base principista que, sin lugar a dudas, es factible de perfeccionar o mejorar. Sustentamos también nuestro planteo en el hecho de que hemos realizado campaña activa por el voto a sus candidatos en las pasadas elecciones y en que consideramos —como lo manifestamos desde su constitución— que al ser el único frente de izquierda existente, es un paso adelante en la tarea de reagrupar a la vanguardia obrera y revolucionaria. Por eso también intervinimos en las listas del FIT en Sociales y Psicología (UBA) y la apoyamos activamente en Económicas (UBA) y Periodismo (UNLP); por eso también hemos hecho acuerdos en diversos colegios secundarios. Por todo esto planteamos el ingreso de nuestra organización al FIT, para defenderlo, fortalecerlo y ampliarlo, sobre la base del fraternal intercambio de ideas y posiciones. Con saludos fraternales

La reunión clandestina que mantuvieron Menem y Alfonsín para pactar la reforma de la Constitución, ha puesto las cosas en el lugar en que efectivamente están: el plebiscito era y es una simple estafa contra el pueblo y la aceptación del plebiscito trucho por parte de la oposición patronal era una forma disimulada de legitimar la prepotencia y el atropello del gobierno. “Ambito Financiero” podrá reivindicar la primicia de haber logrado anticiparse a sus competidores en la tarea de comprar la confidencia de los participantes de la reunión secreta, o la de alguno de los que la prepararon. Pero nadie podrá negar la primicia aún mayor del Partido Obrero, que, en un volante que salió 72 horas antes de la revelación exclusiva de Ambito, planteaba: “Ni Menem, ni Alfonsín, Boicot”, y convocaba a “repudiar el pacto antidemocrático entre un presidente... entreguista y hambreador... y una oposición impotente y derrotista que le hace de cómplice”. La reunión clandestina entre el jefe del Sí y el jefe del No ha servido para desenmascarar la falsedad de las afirmaciones democráticas con que Menem pretendió adornar a su plebiscito ilegal convocado por decreto —pero, por sobre todas las cosas, ha desenmascarado la vía sin salida de los partidarios del No, que aceptaban concurrir a un plebiscito trucho, unilateral, falso y despótico, para único beneficio de los capitalistas y de los banqueros privatizadores. Porque el Partido Obrero supo caracterizar los lazos de complicidad entre el Sí y el No, fue que pudo adelantarse a todo el mundo en anunciar y denunciar el inminente pacto conspirativo entre Menem y Alfonsín. El acierto de un planteo político debe medirse, al menos en última instancia, por sus resultados. Esta reunión clandestina ya ha confirmado, entonces, sobradamente, el acierto de la consigna del boicot levantada por el Partido Obrero. ¿Pero qué conclusión corresponde sacar ahora de los nuevos datos políticos? La primera conclusión que se impone es, naturalmente, que hay que reforzar la consigna del boicot, para el caso de que el plebiscito aún tenga lugar. No son diferencias de principios las que oponen a Menem y a Alfonsín, sino una lucha sin principios por la manija. De todo lo que se ha podido leer acerca de la reunión, la principal diferencia que aún los estaría separando es la pretensión de Menem de que la posibilidad de la reelección comience a tener vigencia a partir de 1995, lo que le daría el derecho a presentarse en 1999... Si esta diferencia prosperara y el plebiscito se hiciera de cualquier manera, la posición de concurrir y legitimar la “consulta” trucha sería definitivamente insostenible y un seguro síntoma de desmoralización. La posición concurrencista por el No estaría debilitando, en tal caso, la lucha que ya es necesario dar para ganar al boicot a los partidarios del Sí, que ahora descubren el rostro real del plebiscito —su carácter de farsa. El boicot es una consigna que ahora puede unir más que antes, de un lado, a los trabajadores ganados a la idea de la reforma de la Constitución, con los trabajadores que se oponen a ella; del otro, sobre la base de que tanto para unos como para otros el plebiscito es una manipulación del pueblo y de ningún modo una posibilidad de vigencia de la soberanía popular. Ya antes de la reunión clandestina, la tendencia al boicot superaba a la del No en la preferencia popular, pues las encuestas le daban un 35% a la primera y un 20-25% a la segunda. Reforzar la tendencia boicotista dejaría al gobierno sin la posibilidad de concretar su propósito continuista y reaccionario, y dejaría a la oposición patronal sin la posibilidad de llegar a un acuerdo con el gobierno. Porque no hay que olvidar nunca que el No de la oposición patronal fue siempre un No a la reforma unilateral de la Constitución, por parte del menemismo, pero siempre en favor de la llamada reforma “consensuada”. Expresa esta posición mejor que nadie la consigna que pactaron la UCR de Capital y el Frente Grande: “Así No”. Es decir, el No era el Sí al acuerdo con el menemismo. La reunión clandestina ha desenmascarado, no a dos hombres simplemente, sino a las propias instituciones del Estado “democrático”. Un Ejecutivo que conspira; un Congreso transformado en cero a la izquierda y en mero títere de lo que se teje a sus espaldas; los dos principales partidos de la oposición usados como marionetas por sus caudillos; el electorado de esos partidos manipulado como fichas de presión en un juego sin principios por el poder. La conclusión consecuente de lo ocurrido es entonces muy simple: fuera los farsantes, abajo el Estado capitalista y sus instituciones impotentes, abajo la conspiración contra el pueblo. Con los partidos capitalistas no hay democracia ni régimen representativo; es necesario un gobierno de trabajadores. La conclusión es entonces agruparse y organizarse en un polo político de los trabajadores y en un frente de izquierda. El pacto Menem-Alfonsín plantea, en el caso de entrar en vigencia, que el Congreso de la Nación y una próxima Asamblea Constituyente deberán obligatoriamente obedecer los puntos acordados entre los conspiradores. El radical Zavalía, caudillo de Santiago del Estero, fue por cierto el que mejor entendió el problema al proponer que, a partir del acuerdo, para las elecciones Constituyentes, ¡radicales y peronistas formaran una sola lista! Los puntos de reforma constitucional ya pactados entre Menem y Alfonsín constituyen de por sí un violento atentado contra la democracia. En primer lugar la reelección, que refuerza aún más el enorme poder de los burócratas y camarillas del Estado que responden al presidente de la República. Otro aspecto es la formación de un Tribunal Constitucional, elegido por partes entre la burocracia del Poder Judicial, la corporación de los estudios de abogados, el Ejecutivo y el Senado, que podrá descalificar las leyes que aprueba el Congreso, debilitando todavía más la única institución representativa del Estado y convirtiéndola en una nada. También acordaron que los proyectos de ley del Ejecutivo puedan aprobarse transcurridos sesenta días, sin necesidad del voto del Congreso. Coincidieron, asimismo, en espaciar las elecciones legislativas de dos a cuatro años. Una reforma de la Constitución como la que pergeñaron entre cuatro paredes estos “próceres” de la “democracia argentina”, tiene la inconfundible finalidad de reducir a la nada la soberanía popular, limitándola a la emisión simbólica del voto cada cuatro años. En los mentideros políticos se ha atribuido el pacto a la necesidad que tiene Menem de los votos radicales para obtener los dos tercios que habilitan una reforma de la Constitución, y al temor de Alfonsín de que el radicalismo sea aplastado en el plebiscito. Esto es naturalmente así, pero tiene un carácter secundario: la función del pacto y de una reforma constitucional acordada es sellar una “unión nacional” en torno a las privatizaciones y al pago de la deuda externa establecido en el “plan Brady”. Es la “garantía” que reclama el imperialismo y el “blanqueo” que necesitan los “atorrantes” del menemismo (palabras de Béliz) y los “estatizantes” de la UCR. Pero como lo están demostrando las crisis de Méjico y de Brasil, y el virtual fracaso del plebistrucho de Fujimori, estos acuerdos y “uniones nacionales” no tienen la capacidad de dar una salida a la impasse capitalista, y mucho menos a las masas. Bastó que subiera un cuarto de punto la tasa de interés en Nueva York, para que en el “microcentro” cundiera el “pánico”. Después de haber elogiado su “logro” de haberle devuelto a la Argentina el “crédito”, Menem acaba de pedir a los capitalistas y a los consumidores que “no se endeuden”. Esta situación de conjunto plantea la necesidad de una firme respuesta política. Llamamos a reforzar y profundizar un Frente de Izquierda y los Trabajadores, para desenmascarar a los partidos patronales y organizar a los trabajadores como alternativa de poder.

La carta que envió Lucía ha tenido la virtud de abrir una rica discusión y, además, me consta, ha despertado un vivo interés en muchos lectores. Se trata de una cuestión que no ha sido abordada en profundidad en el pasado y ya ha sido señalado que será un tema en el próximo congreso partidario. En tal sentido éste es mi aporte. Caracterización de los “Encuentros de Mujeres” Los 8 “Encuentros” de mujeres han tenido el común denominador de debatir numerosos puntos relativos a la situación de la mujer, pero en ninguno se votó ninguna línea de acción en función de reivindicaciones. Cada “Encuentro” se limitó a votar la provincia en que se realizaría el evento siguiente. Lo que se fue modificando, “Encuentro” tras “Encuentro”, fue la concurrencia. De los 1.000 asistentes del primero, se pasó a más de 5.000 en el último, realizado en Tucumán. Lucía, en su segunda carta, presenta el interrogante de si los “Encuentros” son válidos o no. Ocurre que si se vienen realizando desde hace 8 años, lo que corresponde es caracterizarlos, o sea, definir cuál es su programa, cuál su dirección, cuáles son sus métodos, su composición. Sólo así podremos clarificar si los “Encuentros” son distraccionistas o qué función cumplen, y si el partido tiene que intervenir en ellos o no, o de qué manera debería hacerlo, con qué finalidad. Lucía plantea que los “Encuentros” no tienen un programa, de lo cual se desprendería que carecen de objetivos y de principios. La compañera reproduce, sin embargo (en su 2ª carta), un párrafo de la convocatoria, que llama a las “mujeres argentinas” a “protagonizar el cambio”, pero sin hacer ninguna referencia a que dichos cambios (que, por otra parte, tampoco dice cuáles serían) deban ser logrados transformando revolucionariamente la sociedad. Los supuestos cambios serían, entonces hubo un conjunto de reformas en el marco de las actuales instituciones del Estado. Según la información brindada por “Siglo XXI” (14/6/93) “las conclusiones (de los encuentros) alcanzadas son elaboradas en forma de documentos, los que son difundidos entre las mujeres, en cada provincia, por las participantes, y elevados, en algunos casos, a las autoridades gubernamentales en forma de petitorio o sugerencias sobre políticas oficiales”. Pero incluso, mirando más de cerca, los “Encuentros”, como la propia Lucía lo señala, son simples foros de discusión. Dependerá del grupo o tendencia que tenga preeminencia en los“Encuentros”, el tinte de los mismos. Así como un grupo minoritario que intentó manipularlo en favor de Palito, el centroizquierda y la UCR lograron darle un tinte opositor. En la convocatoria también se plantea que la única condición para participar es ser mujer, y ello también es un programa, pues coloca a la condición sexual por encima de la división de clase de la sociedad. En el Encuentro de Tucumán (seguramente también en los anteriores) participaron funcionarias del gobierno de Menem y de Palito, diputadas y mujeres de diputados de los partidos patronales, ricachonas, mujeres de clase media y mujeres trabajadoras. Este policlasismo de los “Encuentros” está en consonancia con sus objetivos de ser un foro para los discursos, y para que las fuerzas que sostienen al actual régimen político y al sistema capitalista puedan desplegar sin costo alguno toda su demagogia. Lucía afirma que los “Encuentros” no eligen una dirección, lo cual no significa que no la tenga. El “Encuentro” de Tucumán estuvo convocado por una “Coordinadora” autelegida de 60 mujeres pertenecientes al PJ, a los partidos que formaron el Frente de la Esperanza que impulsó la candidatura de Palito, a la UCR y al centroizquierda en sus diversos matices. Esta coordinadora nombró a las coordinadoras de cada taller. Pero, además, la movilización de 6.000 mujeres a Tucumán (una minoría eran tucumanas), y las otras miles en los “Encuentros” de las otras provincias, lleva a preguntarnos, cómo se ha financiado tamaño esfuerzo material, que indudablemente supera la situación material de la mayoría de las participantes. Han sido los gobiernos, los partidos, los sindicatos, la iglesia (sin desconocer el esfuerzo individual o el de alguna organización feminista interviniente) los que financiaron cada evento. “Las mujeres de Surgimiento Innovador, expresaron su agradecimiento al gobierno de la provincia por el aporte económico que posibilitó la realización del VIII Encuentro Nacional” (La Gaceta, 14/6/93), y a su vez “Siglo XXI” del 14/6/93, señaló que “algunos cálculos apresurados señalaban anoche que el paso de las mujeres por Tucumán, dejó aproximadamente un millón de dólares, solamente en hoteles, restaurantes y bares”. Que luego en los “Encuentros” nadie represente a nadie y las opiniones sean a título personal, es una muestra de hipocresía y a la vez es una medida regimentadora, que apunta a despolitizar los debates censurando la libertad de expresión, al obligar a los participantes a despojarse de sus pertenencias partidarias o sindicales. Lucía, en sus dos cartas, ha hecho una buena descripción del Encuentro, que creo haber ampliado con la mía. Lucía toma partido reivindicando a los “Encuentros”. Para Lucía el intento de la regional del PO de discutir una intervención organizada era una pérdida de tiempo, pues no se trata de ir a bajar la posta, sino de ir a escuchar (como bajan la posta) a las demás tendencias intervinientes en los Encuentros. Si alguna razón hay que justifique intervenir en los Encuentros, es el de librar una lucha política, aun reconociendo el carácter de simple foro de discusión de los Encuentros. Ir sólo a escuchar, a no librar una lucha política por las posiciones revolucionarias, me perdonará Lucía, es objetivamente, hacerle el caldo gordo, o si se quiere, dejarle las manos libres a todas la corrientes burguesas y pequeño-burguesas, para que puedan manipular “a piacere” los “Encuentros”. Lucía reconoce las numerosas limitaciones de los “Encuentros”, pero sostiene que “sirven al propósito de arrimar mujeres para la lucha en pro de sus derechos”, que ya quedó demostrado no es el propósito de los “Encuentros”, que justamente al no “extrae (r) una línea de acción conjunta (y parcial tampoco —agregado mío), queda parcialmente desaprovechado en sus posibilidades”, como sostiene la propia Lucía, contradictoriamente. Lucía llega a afirmar que no se puede culpar a los “Encuentros” por las definiciones que no hizo, sino que la culpa corre por las mujeres que participan en él. Así, que no se haya efectuado un planteamiento sobre el poder es un problema de las participantes, pero se prohíbe hablar de las tendencias políticas a las cuales pertenece. Entonces, hablar del problema del poder es, para Lucía, una cuestión académica, se puede hablar o no hablar, el problema es si se debe plantear una lucha por el poder, cuál debe ser el contenido de clase, y necesariamente para ello, no se puede excluir a los partidos y la lucha partidaria de este debate, como se hace deliberadamente en los “Encuentros”. Conclusión: Los “Encuentros” son el ámbito que han impulsado un conjunto de partidos patronales y pequeño burgueses (con el apoyo de algunos gobiernos provinciales), sectores de la iglesia y de la burocracia de algunos gremios para manipular y encuadrar demagógicamente, el creciente malestar de las mujeres, limitándolas a la discusión o a emitir “sugerencias” a los gobiernos de turno. Que la concurrencia se haya multiplicado, podría ser un signo de despertar político ante la terrible agudización de las condiciones de esclavización que sufre la mujer trabajadora, y el deterioro que están sufriendo franjas importantes de la clase media. En una segunda carta, procuraré efectuar un planteamiento de conjunto, no sólo para los “Encuentros”, sino para la intervención del partido en torno a la problemática de la mujer.

Concluyó el viernes 5 el VI Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, con una marcha por las principales calles de San Salvador. Inaugurando el sábado 30 de octubre en la Costa del Sol, en el Pacífico salvadoreño, el encuentro congregó a más de 1.250 mujeres latinoamericanas y europeas. Los debates principales estuvieron dedicados a la discriminación de la mujer, análisis de los efectos de programas de ajuste estructural, autonomía femenina y temas polémicos como el aborto. Según estadísticas del encuentro, el 53% de la población latinoamericana es de sexo femenino, y en su mayoría afrontan niveles de pobreza alarmantes. La delegación brasileña denunció la política gubernamental de esterilización obligada, que ha dejado infértiles a más de un millón de mujeres en la década de los ochenta. Al encuentro acudieron también delegaciones de Alemania, Bélgica, Holanda, Austria, Dinamarca, Estados Unidos. Entre las latinoamericanas las más numerosas son las mexicanas (110), seguidas por las argentinas (60). Los debates sobre los distintos temas se realizaron por separado en 120 mesas de trabajo, para finalmente elaborar conclusiones generales.

El martes 9 de noviembre el peso mejicano fue devaluado en un 4,4 %, “enviando señales de alarma a Wall Street y a todos los ‘mercados emergentes’ ” (El Cronista, 10/11/93). Esto no puede sorprender a los lectores de “Prensa Obrera”, que en junio pasado anticipó que “La burguesía mejicana ‘prepara’ su devaluación; ya no discute ‘su’ devaluación. Simplemente espera que se produzca... ” (PO Nº 394, 23/6/93). La devaluación sobrevino luego de que el Banco Central de Méjico tuviera que vender “4.000 millones de dólares para defender su divisa” (ídem) y duplicara la tasa de interés interna del 14 al 28 % anual. “Ante esta novedad, no faltaron los que recordaron ayer que ni siquiera tasas de interés del 500 % lograron detener el año pasado la tormenta monetaria europea y el realineamiento de las monedas del SME (sistema monetario europeo)” (El Cronista, ídem). Todo parece indicar que los capitales especulativos que hicieron bolsa las monedas europeas, apuntan ahora a Méjico. De nada servirán en tal caso los 20.000 millones de dólares acumulados en su Banco Central frente a “los depósitos a interés ... (que) equivalen a 120.000 millones” (Ambito, 10/11). Por cada peso en los bancos, solamente hay 0,15 de dólar de respaldo. Una gran parte de los fondos depositados en pesos mejicanos o invertidos en bonos y acciones, tiene contratado un seguro de cambio con bancos y aseguradoras. La devaluación significará un generalizado quebranto para estos bancos y compañías, y un aumento, de ahora en más, del costo de los seguros de cambio. “Si ésta es la respuesta, se pueden vaticinar nuevas caídas en los mercados de bonos y acciones” (Ambito Financiero, 10/11). Claro que la combinación de un aumento de la tasa de interés real y de los costos de los seguros de cambio, más las caídas en el valor de las acciones y títulos mejicanos, afectará a toda América Latina. Según algunos diarios, Méjico podría recurrir a un salvataje de emergencia de parte del FMI y de la Reserva Federal, que le darían los dólares para controlar la corrida cambiaria. Eso, sin embargo, tiene fuertes limitaciones, porque implicaría una mayor emisión de dólares por parte de Estados Unidos que la que viene ejecutando desde hace 18 meses para rescatar a sus propios bancos de una quiebra. Un descontrol en la emisión de dólares podría provocar una fuga de capitales colocados en la moneda norteamericana y un crack bursátil y bancario. El otro recurso de Méjico, al que “The Wall Street Journal” llama el “arma secreta”, es privatizar la petrolera mejicana PEMEX y con esos fondos cubrir la corrida. Demás está decir que el uso de semejante “arma secreta” puede precipitar una enorme crisis política en Méjico. La corrida cambiaria está siendo impulsada por los Fondos de Inversión, en especial los de jubilación y pensión de Estados Unidos, “quienes están replanteando sus estrategias en Méjico”, luego de haber perdido fuertemente por las devaluaciones en Europa, el año pasado. Todos atribuyen la crisis mejicana a la incertidumbre en torno a la ratificación del NAFTA, el mercado común entre EE.UU., Méjico y Canadá. Pero el detonador de la crisis es anterior, porque hace rato que Méjico está en recesión, que el desequilibrio del balance de pagos es de 25.000 millones de dólares anuales, que la tasa de interés interna es 6 veces superior a la norteamericana, y que la cesación de pagos interna es evidente desde comienzos de año con el crecimiento de la cartera de insolvencia de los créditos bancarios. Inclusive para entrar al NAFTA, Méjico necesitaría devaluar el peso mejicano un 30 %, como mínimo, porque de lo contrario los productos norteamericanos y canadienses liquidarían la economía nacional. La insistencia de la mayoría de los economistas burgueses argentinos en remarcar las diferencias entre Argentina y Méjico un vano intento por disimular que el país azteca es sólo un espejo del “modelo” argentino. No en vano, en su momento, esos mismos economistas tomaban a Méjico como referencia y Cavallo al ministro Pedro Aspe como su inspirador.

“El 10% más rico de la población se apropia del 34,4% del ingreso, mientras que el 10% más pobre recibe, apenas, el 2,2%”. Los datos, que describen la distribución del ingreso en la Capital y el Gran Buenos Aires en octubre de 1992, fueron publicados en “El Economista” (16/10). Reproducen un estudio de la consultora de Miguel Angel Broda, el cual —a su vez— se basa en la “encuesta permanente de hogares” elaborada por el Indec. La filiación cavalliana de todos los nombrados aleja cualquier “riesgo” o sospecha de “populismo” en las cifras, que son un perfecto retrato de la “justicia social” menemista. Desde 1975, ese “10% más rico” multiplicó sus ingresos en un 25%, pasando a capturar del 28 al 34,4%; el 30% más pobre cayó del 11,4 al 9%, es decir que perdió la cuarta parte de su ingreso. Como consecuencia de la constante caída salarial, del aumento de la “productividad” (superexplotación) y del desempleo, el trabajo ajeno apropiado por los capitalistas ha crecido en forma espectacular. Si nos atenemos a los registros oficiales de un producto bruto superior a los 200.000 millones de dólares, las cifras de distribución del ingreso revelan una confiscación económica del orden de los 12.000 millones de dólares anuales ... más de 200.000 millones desde 1975. Pero como el “10% más rico” aumentó su participación en el ingreso en un 6,4%, mientras que la del “30 % más pobre” la redujo en un 2,4%, la conclusión obligada es que se ha producido una pauperización general de la población, no sólo de los asalariados, sino también de los pequeños propietarios y productores, en beneficio de un puñado de chupasangres. Todo esto, sin embargo, es apenas un pálido reflejo de la pauperización, esto porque las cifras de “distribución del ingreso” no registran otras expropiaciones igualmente brutales. Es que, como consecuencia de la política de destrucción de la salud y la educación públicas y del sistema de obras sociales, la calidad de la atención sanitaria ha caído estrepitosamente; lo mismo ocurre con la educación. La población laboriosa debe destinar una parte creciente de sus ingresos al pago de las cooperadoras escolares y los aranceles hospitalarios ... cuando no se ve obligada a caer en manos de la educación y la salud “privatizadas”.

Un grupo de simpatizantes y colaboradores de la campaña que realizó el FIT en las elecciones, agrupados bajo la sigla Intelectuales por el Socialismo (Angel Fanjul, Ricardo Zambrano), realizan su propio balance a la luz de los resultados electorales con el objeto de demostrar la inviabilidad del FIT y la necesidad de marchar hacia el Frente Grande. Para el grupo, este fracaso se plantea por la “falta de comprensión de la realidad”, sin que en su propio documento se atrevan a realizar una caracterización de la misma. Definen al programa del FIT como “abstracto y dogmático”, “basado en una incorrecta apreciación del nivel de conciencia de los trabajadores”, sin contraponerle ninguna crítica concreta al programa de 23 puntos. No realizan una crítica de si están de acuerdo con la caracterización que se realiza del parlamento o si están en contra de plantear la organización para luchar contra la “flexibilización laboral”, si están a favor o en contra de pagar la deuda externa, etc. El Frente Grande se declaró a favor de pagarla con el argumento de que son “realistas”; el FIT llama, al contrario, a renacionalizar las empresas públicas privatizadas y ponerlas bajo el control de los trabajadores. Según la apreciación del grupo, la “caracterización sobre el Frente Grande se ha mostrado incorrecta”, “no se ha implementado una política tendiente a sus corrientes internas y a ayudar a su maduración”, y caracterizan que “por limitada que fuera la política del FG y por subalternos que fuesen sus intereses y objetivos de sus dirigentes, el FG expresa deformadamente la necesidad de agrupamientos de importantes sectores progresistas que no son adversarios”. Siempre en la misma ambigüedad cabe preguntarse a qué corriente interna se refieren: ¿al PC, al CTA o a la Pequeña y Mediana Empresa? O, si se me permite adivinar, ¿quieren referirse a la clase media? Si es así, nuestra obligación es tenderle a la clase media o a los sectores progresistas un puente para que rompan con estas direcciones que los entrampan en el campo de la burguesía y ayudar a la realización de una alianza para luchar contra el capitalismo que nos hunde. Hay que decir la verdad, desenmascararlos, y no adaptarnos a ellos. Por último, cuando hacen referencia al plebiscito “como formas indirectas y parciales de un avance hacia la democracia directa. Apoyamos todo lo que implique consulta popular, pero al tiempo que defendemos el plebiscito denunciamos su objetivo”. Con estas frases se ponen a la derecha del FG e incluso de los radicales; nadie aún se atrevió a declarar a este plebiscito como democrático. No calificar al plebiscito como lo que es, es haber descubierto en la camarilla menemista que ataca las conquistas de las masas, rasgos progresistas. Llaman a votar por No, porque reconocen la legitimidad de la consulta como si todo dependiera de que el electorado sepa votar. Llaman a conformar una especie de “Unión Democrática”, o un Frente Popular por el No contra la reelección de Menem, y no a dar una batalla para denunciar este atropello y su carácter fraudulento.

Después de la salvaje represión de que fueron objeto los jubilados el 27 de setiembre, se concretó el miércoles 3 una importante movilización de repudio, que terminó con una marcha a Plaza de Mayo. El gobierno lanzó una pulseada, fundamentalmente dirigida a la dirección de la Coordinadora de Jubilados, para que las marchas de los miércoles a las 15 horas se realizaran sin cortar el tránsito frente al Congreso. Durante toda la semana dio profusa información de que un grupo de mujeres policías cuidarían que la protesta se realizara en la vereda. Esto fue acatado de hecho por la dirección de la Coordinadora, que comenzó su protesta acatando, esta vez, el cordón policial, sin denunciarlo. Al tradicional camión de los jubilados fueron subiendo en forma sucesiva oradores como Fernando de la Rúa, el cual hasta saludó la “convivencia” de la protesta, que no alteraba el tránsito, o el Chacho Alvarez, que tampoco hizo referencia a la falta de libertad para manifestar. Sólo Luis Zamora denunció el cordón policial, aunque sin llamar a sobrepasarlo. Cuando la Coordinadora se aprestaba a dar por terminado su acto “en la vereda”, el grupo de jubilados de Norma Pla y de los carapintada de Gioannini, junto a muchísima gente independiente, ingresó por delante del cordón policial, con lo cual cortó el tránsito, quebrando el objetivo de mantener encorsetada la protesta. A partir de allí, con las mujeres policías desbordadas y con los cientos de policías de civil sin saber qué hacer, comenzó una marcha alrededor del Congreso, mientras se acercaba una importante cantidad de gente. Apenas se dio la primera vuelta al Congreso, la Coordinadora dio por “terminada” la protesta y llamó a desconcentrar, lo que no obstó para que otros grupos de jubilados realizaran otra marcha en torno al Congreso, hasta que salió una marcha a Plaza de Mayo (esto, a pesar del boicot de la Coordinadora), donde participó el FIT, en primer lugar, aportando la columna más importante y una gran bandera con la consigna “Abajo la represión a los jubilados”, seguido del Mas, la LSR, Patria Libre, y la aparición sorprendente, por primera vez, del Pts, aunque sin marchar, en la protesta número 83 de los jubilados. El corte de todas las calles, impuesto por la marcha, constituyó una derrota para el gobierno y su aliada, la dirección de la Coordinadora, que seguramente persistirá en el intento de pactar los actos al costado de la calle. La consigna principal del acto fue los 450 pesos de básico, que fue coreada durante toda la marcha. La nefasta política de la Coordinadora tiene que replantear para el activismo de los jubilados la necesidad de una nueva dirección.

Ya han pasado dos meses desde los espectaculares procedimientos judiciales contra los miembros de la secta “La Familia”. Pese al tiempo transcurrido, la justicia no ha logrado encontrar “pruebas” que incriminen a los detenidos ni, en consecuencia, ha podido dictar sentencias ... lo cual no le impide mantenerlos detenidos. En cuanto a las acusaciones de “abuso sexual de menores”, “los médicos forenses examinaron físicamente a 138 menores. Encontraron que ocho mujeres -cuatro entre 17 y 20 años- no tenían intacto el himen y anomalías en un varón ... Los forenses, sin embargo, no se arriesgaron a afirmar que el acceso sexual fuera su origen” (Humor, setiembre de 1993). Todo esto viene a confirmar la denuncia que formulara “Prensa Obrera” No 401, 14/9/93): las espectaculares detenciones no eran más que una provocación contra la secta reaccionaria de origen antiabortista y racista “La Familia”, montada por otra secta reaccionaria pero mucho más peligrosa, la secta vaticana. Para los inquisidores modernos, como para sus antepasados medievales, “el fin justifica los medios”. Por eso, los provocadores, los hombres de paja del clero en la burocracia judicial, no se han detenido ante nada para montar su provocación. El juez Marquevich “violó el Código de Procedimientos durante los interrogatorios a los detenidos” (a los que no se les mostró los actos de secuestros que podrían considerarse evidencias); “abusó de jurisdicción, violando la garantía del juez natural” (ya que hace dos años el mismo Marquevich había establecido que el caso correspondía a la órbita de la justicia provincial y no de la federal); “violó las normas de debido proceso que establece el Código Penal al atribuir la culpabilidad al grupo, figura que no existe”. De esta manera, el juez vulneró un principio fundamental como es el de la “personalidad de las responsabilidades y las penas” para caer en la ... “prisión por ideas”. Como si todo esto fuera poco, sometió a los acusados a “condiciones de detención vejatorias, infrahumanas y humillantes” y hasta ordenó el virtual “secuestro” de seis personas “detenidas sin que se mostraran elementos que pudieran legitimar las detenciones. El juez los dejó en libertad días después sin tomarles declaración ni levantar cargo alguno contra ellas”. Finalmente, los exámenes ginecológicos de los menores, ordenados por el juez, constituyen una “violencia vejatoria”, que se suma a la separación arbitraria y prolongada de los niños de sus padres. Todas estas denuncias han sido extraídas de la solicitud de juicio político contra el juez Marquevich por “mal desempeño de sus funciones y posible comisión de los delitos de privación ilegítima de la libertad y abuso de autoridad” presentado por más de medio centenar de abogados (Página 12, 8/10) y las denuncias formuladas por el Colegio Público de Abogados (La Nación, 25/9). La provocación, sin embargo, ha rendido sus frutos, porque le ha servido a algunos legisladores oficialistas para justificar, como han señalado entre otros Emilio Corbiere en “El Cronista” y Héctor Ruiz Núñez en “Humor”, la violenta restricción de la libertad religiosa que impone la “ley de cultos” que ha aprobado el Senado y que está en discusión en Diputados. La ley en debate concede el monopolio de la “religiosidad” -y de las prebendas materiales consiguientes (exenciones impositivas, subsidios, apoyos diversos)- a los cultos “reconocidos” por el Estado. Mientras que cada día se repite que la reforma constitucional constituiría un avance de la libertad religiosa —al anular la cláusula que sólo permite acceder a la presidencia a los católicos—, por otro lado, el Estado se atribuye el derecho a determinar qué es una religión y qué no lo es: esto es totalitarismo puro, en beneficio de la secta vaticana, claro. La vigencia de la democracia exige la plena e irrestricta libertad de profesar cultos -o de no profesarlos y propagandizar el ateísmo- y la completa separación de la Iglesia del Estado. Fuera el Estado de las conciencias, fuera las iglesias del Estado.

De acuerdo a una información aparecida en el diario La Unión del 22 de octubre de este año, el gobierno de la provincia de Buenos Aires se dispondría a transferir las escuelas primarias y secundarias al ámbito de las Municipalidades, según un proyecto elaborado especialmente por la Fundación para las Investigaciones Económicas Latinoamericanas. El trabajo presentado por esta entidad patronal propone: 1) La pérdida de la Estabilidad del Personal Docente y No Docente. 2) La derogación del Estatuto del Docente. 3) La Reducción del Régimen de Licencias. 4) La implementación de cursos de capacitación durante los meses de receso escolar. 5) Los Intendentes nombrarán a los Directores de cada escuela, el cargo será por cinco (5) años. 6) Los Directores nombrarán el personal de su escuela. La resistencia a este fenomenal desastre puede transformarse en una victoria decisiva de la Comunidad Educativa si el Movimiento de Docentes, Padres y Estudiantes sale a la lucha con un balance a fondo de las experiencias vividas con el Gobierno, el Parlamento y sobre la contribución altamente significativa de la Burocracia Marysanchista, que dio vía libre a la implementación de la retrógrada Ley Federal de Educación, verdadera avanzada en el camino de destrucción de la enseñanza Pública, Laica y Gratuita.

El pasado martes 2, la ex-Somisa (ahora en manos del pulpo Techint) se cobró su segunda víctima fatal en 60 días: el obrero Miguel Sánchez murió por emanaciones tóxicas en el Alto Horno 2. En el mismo sitio, y por causas similares, había perecido en setiembre su compañero Musso. Javier Tizado, presidente de Aceros Paraná, admitió que el Alto Horno “tiene fisuras que generan pérdidas de dióxido de carbono” (La Nación, 3/11), lo que no le impidió atribuir la muerte de Sánchez a... “causas naturales... ya que (el obrero muerto) era asmático” (!!!). Una asamblea resolvió parar por 24 horas, en repudio a las condiciones laborales que rigen en la planta. Los accidentes fatales retratan el cuadro de superexplotación y liquidación del convenio que se vive dentro de la planta nicoleña. La contracara de esta situación la brindó, días atrás, el propio Tizado, anunciando que la ex SOMISA “cerró su primer ejercicio casi en equilibrio”, esto “luego de asumir cerca de 23 millones de pesos en indemnizaciones” (Página 12, 16/10). Los fondos para despidos han sido la principal “inversión” del pulpo Techint en la acería: esto quiere decir que la “recuperación productiva” se basó en la exacción sin límites de los trabajadores que quedaron. Más despidos Pero los Rocca quieren más: al anunciar las cifras del último balance, los directores de Techint explicaron cómo piensan “mejorar” los próximos resultados económicos: resolvieron “que el plantel permanente de Aceros Paraná oscile entre los 4.000 y 4.500 trabajadores, lo cual representaría unos 1.000 trabajadores menos de los que hay actualmente” (Norte, 15/10). Si se concretan estos despidos, la productividad alcanzaría las 30 toneladas hombre (en la chilena Compañía de Aceros del Pacífico, asociada a Techint, y cuyas condiciones laborales “redactó” Pinochet, la productividad es de... 260 toneladas). La lucha por el salario y el convenio Durante todo el período previo a la privatización, los directivos estatales de SOMISA y la burocracia sindical pretendieron convencer a los trabajadores de la “inviabilidad” de SOMISA, para desmoralizarlos y pavimentar el camino de los retiros “voluntarios”. Ahora que pasó a manos del pulpo Techint, el plan de éste es reparar los dos Altos Hornos para hacerlos funcionar a pleno en la elaboración de productos planos. Para ello, los Rocca no desembolsarán un centavo: los fondos han sido amasados sobre la superexplotación obrera y las prebendas estatales recibidas en los últimos meses (protección a las importaciones; mecanismos de exportaciones subsidiadas). Pero en el “reparto de utilidades”, los trabajadores nicoleños sólo han recibido miseria salarial y accidentes. La patronal no puede alegar que está “en crisis”, frente a los grandes reclamos que hoy están planteados en San Nicolás: restituir el convenio arrasado y luchar por un aumento real del salario básico.

Duhalde ha lanzado el plan PIBES enviando a 62.000 alumnos, que este año egresarán de 7º grado, a Mar del Plata. Junto a ellos irán 6.200 docentes. Usarán para trasladarse alrededor de 170 micros. Los 6.200 docentes que no trabajarán durante una semana en las aulas, deberán ser reemplazados por igual cantidad de suplentes, o más, ya que la mayoría de ellos trabajan en dos cargos. Recordemos que Duhalde y sus alcahuetes atacaron a los docentes haciéndolos responsables de la ausencia de dinero para mejorar la situación educativa por las licencias que se tomaban. Ahora, han promovido el ausentismo y un gasto accesorio de 465.000 pesos, por lo menos, colocando como suplentes incluso a bachilleres, perdiéndose una semana de clases, argumento que tanto utilizó Duhalde para decretar el presentismo contra las huelgas por el salario. Hay que denunciar que el dinero usado por el estado provincial, es parte del dinero que no les paga a los docentes que padecen un congelamiento de salarios desde hace dos años. Asimismo, hay que desnudar el fabuloso negociado que el gobierno Duhalde-Gianetasio le han garantizado a las empresas de turismo y a las cadenas de hoteles, que en esta época del año no ven un turista, y que ahora, de golpe, consiguen (COMETA MEDIANTE) 68.200 clientes como peludo de regalo. ¿Quién paga y quién pagará esto? Por de pronto los trabajadores del Estado, que tienen congelados sus salarios. Pero también la gran masa de trabajadores provinciales que pronto, como producto del Pacto Fiscal, verán aumentar los productos de la canasta familiar por impuestos directos al consumo (IVA, impuesto a las ventas). A la patria contratista de las cloacas y del gas, ahora se le han sumado los de la patria hotelera y turística, que sabrán pagar los favores alimentando el aparato duhaldista. Hay que recordar que a fines de 1992, un intento descarado de promover viajes a la Costa por parte del gobierno fracasó. En esa oportunidad se entregaba a cada escuela 23.000 pesos, que debían ser depositados en determinada cuenta. Como esa cantidad de dinero significaba 500 pesos por alumno, los cheques no fueron depositados. En 1993 esa torpeza no fue cometida, pero es seguro que se han gastado cientos de miles de pesos. Hay que exigir que se abran los libros de las empresas de transporte y hoteleras, y también del gobierno provincial, para descubrir el chanchullo organizado por éste.

El espionaje se vuelve más específico en las escuelas. Los días 10 y 11 de noviembre del presente año se pone en marcha en todo el país el Operativo Nacional de Evaluación de la Calidad de la Educación. “Dos pruebas, una de Lengua y otra de Matemática, más distintos cuestionarios que responderán directivos, docentes, y hasta los propios chicos, son las distintas herramientas que servirán para ‘cruzar datos’”, (Clarín, 17/10/93). Utilizando el buen sentido, podemos hacernos algunas preguntas: ¿Es necesario realizar un operativo para diagnosticar la situación en que se encuentran nuestras escuelas? ¿Qué calidad se pretende encontrar cuando previamente se destruye el sistema educativo? ¿No están identificados los verdaderos responsables de esta situación? Hay que desenmascarar este operativo que muy posiblemente pretenda demostrar que los docentes tienen un bajo rendimiento en sus tareas por causas de índole personal (falta de cursos de actualización docente, falta de vocación, etc.). De este modo se colocan a los docentes en el banquillo de los acusados. Las escuelas corren la misma suerte. Hay escuelas “eficaces” y escuelas “ineficaces”. Me inclino a arriesgar que las primeras serán las privadas. Las ineficaces escuelas públicas no podrán seguir así. La solución será la bendecida Ley Federal de Educación. Un diagnóstico válido sería el que la propia comunidad educativa debería realizar sobre el mismo gobierno y su Ministerio de Educación. ¿Cuál es la inversión en materia educativa? ¿Qué actualización pedagógica gratuita se propone a los docentes? ¿Qué soluciones aporta la transferencia? ¿La Ley Federal de Educación posibilitará el acceso y permanencia de los sectores que actualmente sufren todo tipo de marginación? Las respuestas a estas preguntas señalan el camino hacia la no legalización de la hipocresía. 27/10/93

Para los próximos días están convocadas, en la seccional Buenos Aires, elecciones en varios de los principales bancos. Entre ellos el Nación, el ISSB y el Ciudad. Estas elecciones son una especie de test político en relación a la situación del gremio bancario. Zanola pretende aprovechar el impulso que le habría otorgado su reciente victoria en las elecciones nacionales del gremio para hacer pie en un terreno que había perdido en la ronda electoral de hace dos años. Para esto cuenta a su favor con una situación de reflujo entre el activismo y los trabajadores, producto de las innúmeras traiciones de la burocracia y del avance del gobierno y las patronales sobre las conquistas, el salario y la masa de miles de compañeros que se han ido, retiros voluntarios y cesantías mediante. Zanola, principal responsable de esta situación, pretende descargar la responsabilidad de la misma en las comisiones internas independientes surgidas en el ‘91. En realidad, si existe alguna responsabilidad de esas internas, surgidas del ascenso que vivió el gremio en el ‘91, no es precisamente la “falta de vocación de diálogo con el gobierno y las patronales” que achaca la burocracia, sino por el contrario, sus limitaciones para superar la política de dispersión de las luchas, de derrotas banco por banco y de asfixia burocrática impuesta por el zanolismo. De cualquier manera, no las tiene todas consigo; esta elección está abierta a todos los trabajadores, afiliados o no a la Asociación Bancaria, y no participaen ella un sector que es en su inmensa mayoría un voto cautivo de la burocracia, como son los jubilados. Al mismo tiempo, una de las principales cartas que quería presentar Zanola en esta elección, un aumento salarial para la banca oficial, está por lo menos hasta escribir estas líneas, virtualmente empantanado. Y también es innegable que para una gran masa de trabajadores las traiciones del zanolismo no se olvidan fácilmente. Unidad contra Zanola Un elemento que influye en la decisión de la burocracia sobre la convocatoria a elecciones es, como dijimos, su triunfo del 19 de agosto. Y una de las causas de ese triunfo es sin dudas la política divisionista instrumentada por el CTA, que dividió el frente antiburocrático, expresado por la lista 90. En forma correcta esa división está empezando a ser superada, ante la emergencia de la convocatoria. Tanto en el Banco Nación como en el ISSB, la lista 90 y la 94 han presentado una lista en común para enfrentar al zanolismo. Como señalamos en el balance de las elecciones de agosto, la lista de Bandini, que posaba de opositora, se ha desintegrado y la mayoría de sus miembros han retornado al cubil zanolista. Es decir que el frente que se ha constituido consiste en una alianza entre la izquierda y el CTA. Este hecho de por sí es progresivo y abre las posibilidades concretas de derrotar a la burocracia. La Lista Naranja ha sido la única corriente que defendió públicamente esta perspectiva mediante una declaración distribuida en los principales bancos. Ahora bien, hay que señalar que estas alianzas son circunstanciales y no constituyen una perspectiva de superación de la situación anterior ni tampoco un marco de reagrupamiento del activismo. Ni la lista 94 ni la 90 en conjunto han tomado una posición pública y general sobre la orientación para el gremio respecto a estas elecciones, y los frentes constituidos se han hecho sobre la base de acuerdos entre los dirigentes de las distintas corrientes y no sobre la base de plenarios o asambleas del activismo. En síntesis, no existe un programa claro ni una orientación general para dar la batalla en todo el gremio contra la burocracia. La conformación de estas listas unitarias, paso progresivo que apoyamos e impulsamos y del cual somos partícipes, en principio, no está sostenido sobre un debate claro para superar las limitaciones anteriores sino que se ubica en un tereno defensivo para contrarrestar el avance burocrático. Nuestro planteamiento es que se realicen plenarios abiertos de las listas, que se trate de integrar a todos los compañeros, candidatos, simpatizantes, fiscales, activistas, en un movimiento real que apunte a enfrentar el ataque del gobierno y la traición de la burocracia, coordinando entre los distintos bancos, desarrollando una práctica y una política clasistas, impulsando la reorganización de los cuerpos de delegados de base. Post Data: Zanola en el comando del Sí La burocracia ha hecho un ritual de quejarse que los triunfos electorales del gobierno debilitan la posibilidad de los reclamos. El cinismo de esta gente no tiene límites. Ahora, cuando anuncian que están por lanzar un “plan de lucha” por el salario, al mismo tiempo se informa por todos los diarios que Zanola, junto a otros burócratas de otros gremios será parte integrante del comando del sí en el plebiscito trucho. Hay que incorporar esta denuncia en la agitación por las elecciones gremiales y por el boicot. La Naranja va a desarrollar este planteamiento buscando conformar un frente del activismo por la denuncia de la burocracia y para impulsar el boicot en el gremio bancario.

Contra todos los pronósticos que hablaban de una “amplia victoria” para Fujimori, el “chino” peruano obtuvo una estrechísima ventaja (53 a 47) en el plebiscito convocado para aprobar una nueva Constitución. Sin embargo, para una votación donde todo estuvo controlado por el oficialismo, sin hablar de la brutal represión imperante, las cifras electorales constituyen una derrota para el “Chino”, pues equivalen a apenas el 35% del total del padrón. Si se considera, además, que perdió en 14 de los 25 departamentos (provincias) del Perú —en algunos, como Huancavelica, por resultados tan aplastantes como el 70% de votos por el No—, los comentarios huelgan. Pero aun estas cifras pueden “exagerar” la votación de Fujimori... porque ha llegado a ellos con fraude: “diversas organizaciones de izquierda denunciaron fraude en el plebiscito constitucional: arresto de dirigentes, representantes y activistas del No, demora del traslado de los resultados electorales de provincia y pérdida de decenas de urnas electorales. Señalaron que nuevas informaciones acreditan el triunfo del No y que ‘la información que se viene recibiendo del interior y de la propia Lima demuestra el triunfo del No, que está tratando de ser escamoteado por el gobierno y el jurado nacional de elecciones’” (La República, 4/11). Un síntoma político de los resultados es la altísima abstención (27%), pese a que el voto era obligatorio y la no concurrencia era penada con una multa de 15 dólares, una cifra impagable para el 90% de los peruanos. Los resultados han dejado a Fujimori como candidato permanente a una crisis política. Pero la “oposición” ya declaró su disposición de “salvar” a Fujimori, al declararse dispuesta a abrir una “ronda de negociaciones” para alcanzar una “concertación” en el cuadro de la actual Constitución. Algunos representantes de Izquierda Unida —la coalición liderada por el stalinismo— creyeron oportuno recordar que no se oponen a las “privatizaciones”... pero que es necesario el “consenso”. La izquierda democratizante peruana sumará el repudio popular por su participación en el salvataje del golpista antipopular, al amplio repudio popular que supo ganarse por su integración al régimen derribado por Fujimori.

Al Director de “Prensa Obrera” La tragedia que provocó en Avellaneda siete muertos por un derrame ilegal de gas, pone nuevamente de relieve graves responsabilidades estatales. Existe culpa concurrente del Estado nacional, del Estado provincial y del Estado municipal en la existencia de condiciones de descontrol, operen o no las que se denominan como mafias ambientales. La Argentina ratificó en el año 1984 el denominado pacto de San José de Costa Rica o Convención Americana de Derechos Humanos. Rige desde el 5/9/84. Integra el Concepto de Ley Suprema de la Nación. Esta se define en el art. 31 de la Constitución Nacional. Es de aplicación en todo el territorio del país. Afirmar que la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano (ver declaraciones de la Ingeniera Alsogaray) tiene dificultades jurisdiccionales porque la Provincia de Buenos Aires no se adhirió a la ley 24051 sobre residuos tóxicos, es otra evidencia de desconocimiento de la vigencia del Pacto de San José de Costa Rica. El art. 27 del Pacto dispone sin dudas que ni aun mediando circunstancias extremas, como ser guerra (hipótesis de máxima agresión a las personas), conmoción interna, estado de emergencia, etc., hay derechos humanos que no se pueden suspender. Entre los derechos no suspendibles figura el derecho a la vida, a la protección de la integridad psico-física de toda persona y el derecho a la protección familiar. A partir del 5/9/84 se han incrementado las responsabilidades del Estado nacional, de los Estados provinciales y de los Estados municipales o municipios. El desarrollo, perfeccionamiento de todos los controles relacionados directamente con derechos humanos no suspendibles es un imperativo del compromiso internacional asumido. La prioridad en la satisfacción de compromisos electorales tampoco es causa admitida para suspender de hecho lo que no se puede suspender de Derecho. Inclusive, si los recursos estatales no existieran o fuesen insuficientes, el Pacto impone en su art. 26 la obligación de recurrir a la cooperación internacional. Desde el 5/9/84 a la fecha no se conoce ninguna iniciativa del gobierno nacional, de los gobiernos de cualquiera de las provincias o de cualquiera de los gobiernos municipales, sin distinción de Partidos, de requerir la cooperación internacional para superar cualquier supuesto de descontrol o de control insuficiente. Además, desde antes del 5/9/84, dentro del Ministerio del Interior de la Nación funcionan áreas relacionadas con las provincias y los municipios. También desde el 5/9/84 a la fecha han sido frecuentes las reuniones de gobernadores con los representantes del Gobierno Nacional. A través de todo ello es evidente que se contó y se cuenta con mecanismos suficientes para que el Estado nacional hubiera realizado o realice un estricto control de la adecuación del funcionamiento de los órganos de inspección, control y prevención, cualquiera sea su ámbito de operatoria. La abstención en ello viola el art. 9º de la ley de procedimientos administrativos. Esta rige desde el año 1972. La política de reiterada y continua violación del compromiso internacional ha llegado al extremo que ni siquiera se han implementado campañas de información o de prevención de riesgos. Las expuestas precedentemente son circunstancias muy precisas para encontrar las puntas del ovillo y dar con los culpables de esas graves responsabilidades estatales. Buenos Aires, 30 de setiembre de 1993.

La demora del traspaso de Femesa (la zona local del F.C. Mitre) ha entrado en una impasse que inevitablemente llevará a una crisis con incierto fin. Varios rumores se escuchan en el ámbito ferroviario. Uno de ellos es que Benito Roggio no querría hacerse cargo por el incumplimiento de la empresa en las condiciones estipuladas (material rodante, parque de vagones, despido de personal, etc.). Otro es que en marzo habría otra licitación. Y otro es que, con las fabulosas recaudaciones que se hacen mes a mes, los burócratas y funcionarios han visto un filón de negocios y negociados, y no querrían desprenderse de Femesa por uno o dos años más. La burocracia sindical sigue en plena descomposición y a pesar de que en forma general tiene maniatado al conjunto de los ferroviarios, poco puede hacer cuando la empresa ataca conquistas muy sentidas por los trabajadores. Una lucha muy importante fue la que libraron los señaleros, hace un tiempo ya, cuando la empresa quiso reducir personal y agrandar los márgenes de explotación (que el trabajo de dos personas lo haga una). No fueron necesarias medidas de acción directa, sólo un quite de colaboración de 3 días bastó para que la patronal reculara en sus intenciones. Otro ejemplo es bastante reciente: ante la arbitraria detención de un guarda, este sector decidió no correr los trenes. En sólo 6 horas tenían solucionado el conflicto. Estos ejemplos marcan que los ferroviarios empiezan a recomponerse. Es necesaria la unidad de los ferroviarios en defensa de reivindicaciones comunes: * Sueldo básico de 500 pesos. * Vigencia de convenciones colectivas. * Anulación de la privatización.

La crisis política abierta en Brasil por las denuncias de corrupción es considerablemente más profunda que la que un año atrás llevó a la caída de Collor. Ya no es un “hombre” y su “entorno” de advenedizos lo que está en el banquillo, sino el conjunto de las instituciones políticas del Estado: el parlamento; los partidos patronales y sus candidatos presidenciales; el Ejecutivo; los ministros más cercanos al presidente; sus secretarios y subsecretarios. Todos ellos están acusados, y hasta la justicia y la prensa son sospechosas de “omisión”, es decir de complicidad. La burguesía brasileña y el imperialismo lograron superar la “crisis Collor” mediante un “acuerdo político” que abarcó desde la embajada norteamericana y el alto mando militar hasta el PT. Pero hoy no hay un “Itamar” que pueda reemplazar a las instituciones políticas “en desgracia” ... ni siquiera la fuerza armada. En el brete, la burguesía ha adoptado entonces la orientación de “erradicar a los corruptos para limpiar las instituciones”. Así, todos los partidos, incluso aquéllos liderados por los acusados, y hasta algunos de los propios implicados, como el ex presidente José Sarney, alzaron sus voces para pedir “que la justicia sea inflexible”, “que la Comisión Investigadora derogue los mandatos de los corruptos”, etc., etc. etc. La burguesía ha dispuesto montar una parodia tropical del“mani pulite” italiano. Pero, claro, son los propios corruptos los que montan los tribunales. De lo único que se trata es de evitar la disolución del parlamento y la convocatoria a elecciones anticipadas, para las cuales no existen aún los candidatos patronales que puedan rivalizar con Lula, del PT. Es decir, que se ha montado un gigantesco operativo para preservar a las instituciones corruptas ... y a los propios corruptos. Un aspecto, y no de los menores, de todo este “mani pulite” brasileño es asegurar la impunidad de todos los acusados. Podrán ser desalojados de sus cargos, pero ninguno irá a parar a la cárcel —como no lo fue Collor— porque, como de antemano lo afirmó el presidente de la Comisión Investigadora (y “casualmente” dirigente de uno de los partidos más comprometidos por las acusaciones), Jarbas Pasarinho, “será difícil encontrar pruebas materiales” (Jornal do Brasil, 24/10). Una prueba de todo este encubrimiento es que, pese a la catarata de denuncias y evidencias sobre las relaciones “de intereses” entre el ex presidente Sarney y la constructora Servaz, Sarney no será investigado porque “no formaba parte de la Comisión de Presupuesto” (Jornal do Brasil, 4/11). La burguesía se mueve unida detrás de esta orientación política. La OAB (Orden de Abogados de Brasil), y hasta la cámara patronal de Minas Gerais, la Asociación Brasileña de Prensa y los presidentes de las asociaciones comerciales de San Pablo, han comenzado a organizar “vigilias” y “campañas” “por la moralidad”, “para que la CPI esclarezca” ..., a las que se ha sumado la CUT, la burocracia sindical ligada al PT. Esto significa volver a encadenar a los trabajadores y a la juventud a la estrategia concertada por la burguesía. Un gobierno paralizado e impotente Sin embargo, para la burguesía no basta con preservar el Congreso y evitar las elecciones anticipadas. Además, tiene que “preparar” las próximas elecciones y, por sobre todo, enfrentar el agravamiento de la crisis económica. En los últimos tres meses, ha comenzado a caer la producción industrial y a aumentar considerablemente el desempleo, lo cual eliminó los últimos “índices” de “optimismo” sobre la situación del país. El problema es que el propio Ejecutivo está dividido frente a esta crisis, impidiéndole gobernar por encima del Congreso. “O Estado de Sao Paulo” (31/10) incita al ministro de Economía a actuar rápidamente: “el principal elemento que estimula el shock inmediato es la crisis política. El Congreso ha sido siempre el mayor obstáculo a las normas de desindexación. Pero con un Congreso debilitado, bastaría que el Ejecutivo avanzara en la dirección de la estabilidad aprovechando la imagen negativa que inspiran los gastos presupuestarios después de la CPI (la Comisión investigadora)”. Lo mismo reclama el “Jornal do Brasil” (31/10): “las condiciones políticas —dice— se abrieron excepcionalmente para que el equipo económico actúe”. Estas apelaciones al “equipo económico” significan, sin embargo, que se pretende desahuciar al presidente, Itamar Franco, y a su “entorno”, es decir, precipitar otra crisis más. Las iniciativas de “desindexar la economía” no han dado respuesta a qué ocurrirá con todos los contratos y las deudas que se encuentran indexados, frente a una inflación que habrá de continuar por mucho tiempo, cualquiera sea el éxito del “plan de estabilización”. Tampoco responde esa iniciativa a qué ocurrirá con las exportaciones si es abandonada la política de devaluaciones de la moneda, que les ha servido de incentivo. No hay que olvidar que el estreno de un (nuevo) “plan de estabilización” se producirá cuando son abultados los síntomas que anuncian un nuevo estallido en la recurrente crisis financiera internacional, impulsado por una insolvencia de los especuladores de títulos públicos y acciones en las principales bolsas del mundo. PT La movilización que está encarando el PT, con la consigna de que la Comisión Investigadora vaya hasta sus últimas consecuencias tiene la insalvable limitación de que coincide con la política de sus adversarios, la política del capital, la política del imperialismo. Sirve, en primer lugar, para desviar la atención de la ola de despidos que sufren los trabajadores, de la caída del salario (¡y de su poder adquisitivo!) y del incremento de la explotación laboral. Sirve, en segundo lugar, para encubrir la impotencia, no ya“moral” sino política, de las instituciones del Estado para evitar un agravamiento de la desesperación popular. Claro que, en tercer lugar, sirve para salvar a los corruptos, pues el Congreso no tiene facultades judiciales ..., una gran ventaja de la “división de poderes”. El PT pretende“ganar tiempo” y “acumular espacio” esquivando por todos los medios los problemas de las masas y del país. Pero en Brasil, la crisis está planteando una auténtica cuestión de poder. Esta situación debe determinar la orientación política de impulsar el reclamo de que el PT, la CUT y los partidos de izquierda se movilicen para tomar el poder, ante la manifiesta impotencia de la burguesía, que la burguesía sólo consigue disimular denunciando ella misma esta impotencia, aunque tomando el recaudo, claro, de adjudicársela a las “instituciones” en abstracto, es decir, fingiendo renegar de ellas como un último recurso para rescatarlas. El planteamiento: por un gobierno del PT, la izquierda y la CUT, serviría para desenmascarar las políticas de sus direcciones, pues deberían explicar a las masas y rendirles cuenta de su oposición a luchar por el poder. Introducir esta discusión o polémica en el movimiento obrero y de las masas ayudaría a luchar para que éstas puedan decidir, en comités de base; en un congreso de bases de la CUT; en los sindicatos y asociaciones populares; y para unir al reclamo del poder todas las reivindicaciones vitales, es decir de subsistencia del pueblo.

El pasado martes 5/10, al querer hablar por teléfono encontré que mi línea estaba siendo utilizada por otras personas que dijeron trabajar para Telefónica. Una vez localizadas en una “caja” cercana a mi domicilio, dijeron estar trabajando, pero se negaron sistemáticamente a identificarse y dijeron que ellos tenían derecho a utilizar cualquier línea para comunicarse todas las veces que fuese necesario. Lógicamente, todas esas llamadas van a venir liquidadas en mi factura. ¿Por qué los que hemos tenido que pagar por tener teléfono y pagar cada bimestre, también tenemos que pagar los gastos de “servicio” de la empresa Telefónica de Argentina? Bien, efectuada la denuncia en la comisaría correspondiente y en el juzgado de Morón, quedamos a la espera de la respuesta oficial. Estimo muy importante que se realicen muchas denuncias como ésta para presentar una demanda obligando a la empresa a habilitar líneas de trabajo para que sus operarios se comuniquen sin que lo tengamos que pagar los usuarios y reclamar la instalación de medidores domiciliarios donde al igual que con el gas y la luz se pueda comprobar los datos que facturan con lo que indica cada medidor, pues hoy nos encontramos totalmente a ciegas teniendo que pagar lo que la empresa dice que se consumió sin tener oportunidad de comprobarlo. Esta es otra de las múltiples formas que las patronales que se quedaron con las empresas públicas saquean nuestros bolsillos para “achicar” sus costos. Con el “curro” de las contratistas, Telefónica de Argentina evita responsabilidades ya que al no quedar claro quién es el responsable, ni los operarios (que no llevan uniformes ni credenciales), ni la contratista, ni la propia Telefónica responden por los daños causados a los usuarios. La impunidad es otro de los beneficios de los “privatizadores”.

Con la conquista del primer lugar en el Centro de Filosofía y Letras de la UBA, un importante crecimiento en el de Ciencias Sociales y —aunque menor— también en Psicología, el Frente Grande apareció como la novedad política en las recientes elecciones universitarias. En Filosofía y en Sociales, el FG recibió votos del grupo de Atilio Borón (Compañeros de Base y FICSO), el cual perdió más de la mitad de sus votos en el primer caso y bajó 6 puntos en el segundo (del 26 al 20%). En Psicología, en cambio, sus votos vinieron del Pts, que en términos proporcionales cayó un 40%, del 20 al 12%. El Mas también retrocedió del 4,5 al 2,1 en Psicología, y del 2,5 al 1,8 en Filo. El Frente Grande se llevó, además, en Filo, una cantidad muy importante de votos de la agrupación centroizquierdista independiente “La Mano”, que el año anterior tuvo el 25% de los votos y este año, dividida en dos listas, apenas superó el 10% de los votos. ¿Lo “nuevo”? Las agrupaciones que se reclaman del Frente Grande son un conglomerado inestable de tendencias: en Sociales conviven elementos vinculados a Bordón y al aparato del PJ; en Psico se presentaron directamente como Juventud Peronista, tienen un pasado menemista y se proclaman “nacionales y populares”, incluso se reclaman opuestos al “socialdemócrata” Chacho Alvarez. En Filo, se presentaron a último momento con el grupo “Autogestión”, vinculado al PSD, y confesaron “en off” que no estaban en condiciones de dirigir al Centro, debido a la falta de homogeneidad política, y al carácter apresurado de la alianza. El Frente Grande en la Universidad reproduce sus características de orden general: carrerismo, oportunismo electoral, falta de programa y una dosis imparable de charlatanería. Se presentó “en defensa de la Universidad pública”, pero apoyan el proyecto radical de arancelizar la enseñanza superior por la vía de un impuesto. No hay diferencia entre el rejunte universitario del Frente Grande y el ahora derrumbado “partido” del vicerrector de la UBA. Izquierda En el campo de la izquierda, el FIT es el que registra el mayor crecimiento en Filo, Psico y Sociales. Duplicó poco menos sus votos (ver cuadro). En la votación para representantes estudiantiles al Consejo Directivo, el FIT aumentó considerablemente su ventaja sobre el resto de la izquierda. El FIT ha crecido reivindicando la unidad de la izquierda y la lucha contra los “privatizadores” de la Universidad y de la educación pública. El Partido Obrero se ha desarrollado y se han creado las condiciones para profundizar, en términos de acción, la unidad de la izquierda

Después de 79 días, la burocracia sindical brasileña logró quebrar la mayor movilización docente de los últimos tiempos: la huelga de los 220.000 docentes de las 7.000 escuelas primarias y secundarias del Estado de Sao Paulo, a los que se sumaron los supervisores y los directores de escuela. Al momento de comenzar la huelga, el salario, docente, no alcanzaba, inflación mediante, a los 100 dólares mensuales ... Durante los más de dos meses de huelga, los docentes realizaron asambleas y manifestaciones en las que llegaron a reunirse 100.000 maestros, y significativas columnas de padres y alumnos, que revelaban el clima de amplio apoyo popular a la huelga. Sin embargo, pese a la combatividad de los docentes y al apoyo popular, en una asamblea minoritaria la burocracia logró hacer levantar la huelga, pese a que el gobierno no se comprometió a atender ninguna de las reivindicaciones, y a que ni siquiera asegurase algún reajuste mensual, cuando la inflación ya supera el 35% mensual y sigue subiendo. Una huelga extraordinaria La huelga de los docentes paulistas fue parte de una ola de estallidos huelguísticos de los empleados públicos en todo el país contra el congelamiento salarial: huelgas docentes en casi todos los Estados, huelga y ocupación de numerosas intendencias en el Interior, huelgas en la salud y la justicia. La huelga fue declarada contra la voluntad de la burocracia del sindicato docente, enrolada en la “Articulación”, la tendencia interna encabezada por Lula y mayoritaria en la dirección del PT y de la CUT. Después de un semestre de “negociaciones”, cuyo único objetivo fue dejar correr el tiempo, la burocracia pretendió postergar la huelga ... pero fue derrotada. La huelga creció enormemente, sobre todo en el interior del Estado, y se radicalizó después de que —en el curso de la primera manifestación— los docentes chocaron con la Policía Militar. Al grito de “esto no es Carandirú” (la prisión donde la PM masacró a más de 400 detenidos), los maestros hicieron retroceder a los gendarmes. Una segunda y mayor manifestación volvió a chocar con la PM, que armada con granadas de gas, carros de agua, caballos y perros impidió que los maestros llegaran frente al Palacio Bandeirantes (sede de la gobernación del Estado). No pudiendo impedir la huelga, la burocracia intentó dominar la creciente radicalización del movimiento, oponiéndose a todos los reclamos provenientes de las asambleas en favor de la huelga general de los estatales paulistas —que apoyaban la huelga porque abría una vía para sus propias reivindicaciones— y de ocupar la Asamblea Legislativa para obligar al gobierno a rendirse. Su política se redujo a “darle aire” a las negociaciones y a denunciar a los activistas como “incendiarios”. Pero en los momentos en que la política desmovilizadora de la burocracia comenzaba a producir un reflujo en amplios sectores huelguistas, unos mil docentes efectivamente ocuparon la Asamblea Legislativa. La medida —impulsada por el ala izquierda de la oposición, y por Causa Operaria— frustró los planes de la burocracia de levantar la huelga, que volvió a radicalizarse. La burocracia, arrinconada, se jugó entonces a muerte para reventar la ocupación: amenazando a los docentes con “un baño de sangre” logró, a través de sucesivas maniobras y votaciones en asambleas realizadas fuera de la Asamblea Legislativa, donde se concentraba el activismo, que se levantara la ocupación. A partir de este momento, y apoyándose en la disminución de los índices de huelga que ella misma había provocado (¡pero que continuaban siendo altísimos, del 80%!), la burocracia llevó al levantamiento y a la derrota. La burocracia —y también el PST-U (el Mas brasileño)— sostienen que se había logrado una “victoria moral”, algo que, lo sabemos bien, es apenas un encubrimiento que realizan habitualmente los responsables de derrotas. Pero si los docentes no triunfaron fue por la política de la burocracia, que castró las innumerables iniciativas combativas y la enorme energía demostrada por los maestros a lo largo de toda la huelga.

A los vecinos de Glew: Los abajo firmantes, vecinos del barrio Gorriti de Glew, nos vemos en la obligación moral de dar a conocer lo que ocurriera el jueves 14/10 en horas de la tarde en la Sociedad de Fomento “Pedro B. Palacios” del barrio Almafuerte. Algunos representantes de organizaciones intermedias (Sociedades de Fomento, Comisiones Vecinales, etc.) y otros, en nuestro carácter de vecinos de la zona, fuimos invitados por nuestra Delegada Municipal, la Sra. Rosa Rojas, a fin de tener una entrevista con un representante de EDESUR para exponerle nuestros problemas, a saber: líneas que no se arreglan, postes de alumbrado público vetustos o inexistentes, baja tensión que nos quema artefactos, cables que se caen en las calles y nadie arregla, etc., etc. Ninguna solución obtuvimos a estos reclamos. Como única respuesta, el representante de EDESUR y nuestra Delegada nos propusieron lo siguiente: que un vecino por manzana, con formularios de EDESUR, saliera a anotar nombre, apellido, dirección, documento, etc. de cada vecino y, para saber en qué “condición se encuentra”, preguntar y anotar si tiene medidor o no, esto es, dicho más claramente: si está o no enganchado. A este “trabajo” EDESUR lo llama “censo”. La mayoría de los vecinos nos opusimos rotundamente a realizarlo, ya que consideramos que no podemos bajo ningún concepto ser los denunciantes de nuestros amigos y vecinos de toda la vida. Nuestro barrio es sumamente humilde, compuesto por gente trabajadora y, en muchos casos desocupada, que apenas puede llevar a sus mesas el plato de comida diaria. Si este “censo” es realmente necesario, pues que lo realice la empresa EDESUR. Así lo expusimos en esa oportunidad y entonces la Delegada Municipal nos echó a los gritos del lugar donde estábamos reunidos. Nos fuimos de allí sin soluciones, desesperanzados, y sorprendidos por el accionar que acabábamos de presenciar. Vecinos: seguramente alguien, con alma de “investigador”, se encargará de realizar esta vergonzante “tarea”. Los abajo firmantes les hacen saber que jamás se prestarán a una maniobra que, como ésta, perjudique a los más necesitados. Sinceramente (siguen firmas)

El Pts ha acuñado un nuevo concepto político (y por sobre todo aritmético) para explicar su desempeño electoral en la UBA: no avanzó, tampoco retrocedió, ni siquiera se estancó: ... “se consolidó”. Textualmente: “tuvimos un aumento del número total de votos, retrocedimos en el espacio político que ocupamos en porcentaje de votos y aun así nos consolidamos como primer fuerza de izquierda ... (lo que constituye) el aspecto esencial del balance”. Entonces, usted ya sabe: cuando “pierde espacio” no pierda por eso el optimismo: usted se está nada menos que “consolidando”. Para fundar su ¿curiosa? conclusión, el Pts muestra en su periódico los resultados sumados de las facultades de Filosofía, Psicología y Ciencias Sociales: obtuvo el 11,9% de los votos en el ‘92, y el 7,8% en el ‘93, lo que significa que perdió más del 33% de los votos, puesto que de cada 100 votos perdió 4 de los 12 que tenía. El FIT, en cambio, según las mismas cuentas, subió un 7%: pasó del 3,1% al 3,3% de los votos totales. Es cierto que aunque los porcentajes bajan, los votos suben, esto porque este año votaron mucho más estudiantes. En este caso el Pts se “olvidó” de una cuenta: sus votos aumentaron el 14% (1160 a 1320) y los del FIT 88% (de 300 a 566), y esto ocurre así solamente en las facultades que el Pts “elige” para la comparación. Pero esta “selección” de facultades que efectúa el Pts es una completa truchada, ya que no incluye a Económicas (donde el FIT obtuvo 144 votos) ni a Exactas, donde todavía no se votó, ni a los secundarios de la UBA, donde el Frente de Izquierda obtuvo 300 votos en el Buenos Aires, y la lista de la UJS e independientes, en el Pellegrini consiguió 650. Lo cual da hasta el momento más de 1.600 votos, bastante más que los del propio Pts. Para concluir, sólo nos queda por añadir lo siguiente: el Pts perdió votos, no solamente en beneficio del FIT, sino en una gran medida, en beneficio del Frente Grande. El electorado “extremista” del Pts (así lo calificó textualmente el año pasado) resultó, al menos en una parte, tener poderosas inclinaciones centroizquierdistas. Pero como toda la política del Pts en la Universidad es puramente académica, se puede decir que, al menos objetivamente, el “espacio” angostado que aún vota al Pts, lo hace por el centroizquierda. Fin de las “cuentas” claras.

Las “negociaciones de alto nivel” entre los burócratas, los patrones y los gobiernos de Barcelona y Madrid no han arrojado resultado alguno, luego del anuncio de los 9.000 despidos que traerá aparejado el cierre de la subsidiaria española, Seat, de VW. La abrumadora mayoría de los 23.500 trabajadores de las tres plantas españolas de la Seat (Zona Franca y Martorell, en Barcelona, y Labanden en Navarra) han cumplido un paro de cuatro horas por turno contra los despidos. La huelga forma parte de un plan de varios paros parciales y de 24 horas que continuará la semana próxima. La medida —que paralizó todas las plantas— desarmó una primera maniobra de la patronal: dividir a los trabajadores con los anuncios de que no habría un solo despido en las plantas de Navarra y Martorell. El cierre de la planta de la Zona Franca significará 40.000 despidos más en las industrias proveedoras. Los trabajadores de la Zona Franca denuncian que el cierre de la planta es completamente arbitrario y que las “pérdidas” que muestra la empresa para justificarlo han sido “fabricadas” por la VW para traspasar a la Seat sus pérdidas en Alemania. En efecto, VW obligó a la Seat a comprar un 70% de sus componentes en Alemania, a precios mayores que los del mercado español y que se encarecieron todavía más por la devaluación de la peseta. Sospechosamente, la Seat defendió la política devaluacionista de Felipe González ... a pesar de que, curiosamente, no había contratado seguros de cambio para “cubrirse” del riesgo cambiario (La Aurora, 24/10). La resistencia de los trabajadores de la Seat empalma con una serie de importantes luchas de todo el movimiento obrero español. Los trabajadores de la CSI, un complejo siderúrgico estatal, y los de Casa, fabricante aeronáutico, han anunciado paros en protesta por la suspensión de las negociaciones salariales. “El descontento está creciendo mucho entre los 70.000 metalúrgicos estatales”, constata el “ Financial Times” (28/10). Mientras tanto, en Asturias, acaba de concluir una huelga general —convocada por las dos centrales sindicales, Comisiones Obreras (stalinista) y UGT (socialdemócrata)— por la reincorporación de más de dos centenares de mineros despedidos en la cuenca del Nalón. Esta fue la sexta huelga general en Asturias en los últimos dos años pero, de lejos, la mayor de todas. En vista de la creciente efervescencia obrera, las burocracias de CC.OO. y la UGT, que negocian un “pacto social” con el gobierno y las patronales, han llamado a una movilización nacional para el 25 de noviembre. “A la Ubaldini”, claro, sin continuidad y sólo para “descomprimir” . Como en Francia, como en Alemania y en Italia, la clase obrera española está levantándose contra la pauperización que pretende imponerle la burguesía. Desde el Atlántico a los Urales, del Mar del Norte al Mediterráneo, Europa está al rojo vivo.

Denunciamos que esta empresa, perteneciente al grupo Techint, ha tomado represalias con métodos propios de gobiernos de facto, contra sus trabajadores, entre ellos un delegado y un miembro de Comisión Interna, a quienes les ha iniciado juicio penal y les impide el ingreso a planta. Esta persecución es iniciada como consecuencia de las medidas de fuerza realizadas tras el reclamo de 200 pesos de aumento salarial, votadas en Asamblea General, por absoluta mayoría, lo que califica a este hecho como una burda maniobra destinada, no sólo a descabezar la representación gremial de la fábrica sino a terminar con cualquier tipo de organización que defienda, sin claudicar, los derechos de los trabajadores. En el transcurso de estos últimos años y después de una gran lucha, Propulsora nos impuso la flexibilización laboral, la reducción del personal en más de un 40%, el congelamiento salarial que rebajó el poder adquisitivo de nuestros haberes entre un 30 y un 50%, y a costa de nuestro sacrificio batió récords históricos de producción. Además de esto fuimos testigos de que Techint, que nos niega un aumento de 200 pesos, participó de la compra de empresas de servicios (Luz, Gas, Teléfonos, Peajes), Petróleo y la adquisición de Somisa, quedándose con el monopolio del acero de nuestro país y con todo lo que alguna vez formó parte del Patrimonio Nacional. Es por esto que entendemos que el reclamo hecho es absolutamente justo y que la “oferta” de 20 pesos en vales de comida fue un cachetazo y una burla a todos los trabajadores de Propulsora, que hartos de manoseos y mentiras salimos a luchar por lo que nos corresponde. Los compañeros injustamente represaliados, Rubén Martínez y Rafael Rossi, cumplieron con su deber y con los mandatos de la Asamblea, así como tantos otros que hoy son perseguidos. Los trabajadores de Propulsora, defendemos incondicionalmente a nuestros compañeros, y en consecuencia reclamamos: • INMEDIATA REINCORPORACION DE LOS COMPAÑEROS ROSSI Y MARTINEZ • RETIRO DE LAS CAUSAS JUDICIALES • CESE DE PERSECUCION A LOS TRABAJADORES

El Frente de Izquierda, una lista integrada por compañeros de la UJS-PO, del LSR e independientes, nació al calor de la lucha en contra de la Ley Federal de Educación hace dos años e intervino durante este tiempo en el C.E.N.B.A. en defensa de la educación pública, exigiendo el aumento del presupuesto educativo y de los sueldos docentes en base al no pago de la deuda y en contra de la represión hacia la juventud. El FI siempre se caracterizó por llevar adelante una política de lucha, dando explicación a los problemas originados por la política de hambre de Menem y Cavallo, promoviendo la unidad obrero-estudiantil y la unidad con los demás colegios en la Coordinadora de estudiantes secundarios ante los ataques hacia los jóvenes, hacia los docentes, obreros y jubilados. Su actuación en las elecciones fue consecuente con esta política y fue de crítica al sistema de autoridades que rige nuestro colegio, exigiendo que el Consejo Asesor del Rector fuese resolutivo e igualitario, cogobierno y autodisciplina. Ante la despolitización de listas como la LEI, la política de boicot a la unidad con los demás colegios del MUS (en la Lista Unidad) o el escepticismo de las ahora de moda “Listas en Joda”, el FRENTE de IZQUIERDA era la única alternativa de lucha y esto se vió reflejado en las urnas, sobre todo en los años superiores en donde registramos un crecimiento en tanto que bajó la influencia de Franja Morada y de la LEI, pero el aumento más importante fue el de nuestro número de militantes; esto potencia nuestro nivel de intervención en el centro, promoviendo nuestras propuestas.

La “caldera social” alemana sigue levantando presión. Apenas una semana después de que decenas de miles de trabajadores metalúrgicos manifestaron en la región del Ruhr —el corazón industrial alemán— más de 100.000 trabajadores de la construcción protestaron en Bonn contra la intención oficial de derogar el “seguro por mal tiempo”, que se paga a la manera de un seguro de empleo por los días en que los obreros no pueden trabajar por las inclemencias climáticas. El “seguro” fue instaurado en 1959 para evitar despidos masivos en los meses de invierno; las consecuencias de su derogación son, entonces, evidentes. La masividad de la concurrencia, según el corresponsal del “Financial Times” (29/10), “sorprendió incluso a los organizadores y confirma el humor acumulado entre los trabajadores alemanes ante la combinación de desempleo creciente, beneficios de la seguridad social reducidos y crecientes impuestos y deducciones salariales para la seguridad social”. En medio de esta explosiva “caldera social”, la patronal de la Volkswagen presentó un “plan revolucionario” para, dijo, evitar el despido de 30.000 trabajadores “excedentes”, casi el 30% de su fuerza laboral: la semana de cuatro días. VW propone una reducción del 20% en las horas de trabajo y una reducción salarial en el mismo porcentaje ... es decir, la suspensión permanente de su personal. En el caso de los trabajadores solteros o menores de 30 años sólo podrán trabajar ocho o nueve meses al año. Como contrapartida de semejante muestra de “sensibilidad social”, exige “concesiones sustanciales en lo que hace a las reglas técnicas que los trabajadores deben cumplir y sobre lo que se espera de ellos” (Wall Street Journal, 29/10), es decir, una “flexibilización” sin límites. Detrás de esta “propuesta”, se percibe el temor de la patronal de VW a la conmoción que producirían los anunciados 30.000 despidos cuando “la temperatura está subiendo” entre todas las capas de trabajadores. Más aún, es evidente su pretensión de “asociar” a la burocracia sindical a esta política de“evitar los despidos”. Precisamente, la burocracia de la IG Metall anunció su apoyo a la “propuesta”, pero “sugirió” que el plan fuera “voluntario, porque puede haber trabajadores que no deseen la reducción del 20% de sus salarios” (Wall Street Journal, 29/10) ... es decir, que, ha condenado al trabajador individual a “elegir” entre aceptar la reducción salarial o el despido. En algunos otros sindicatos, como el químico, es la propia burocracia la que levanta la “propuesta VW”. La “propuesta” de la VW, sin embargo, ha encontrado una violentísima oposición ... pero por parte de las patronales. Hans Peter Stihl, presidente de la Cámara de Industria y Comercio, declaró que “en el futuro debemos trabajar más, no menos”. Tyll Necker, de la Federación Industrial alemana anunció, por su parte, que “lo que la industria alemana necesita son menores salarios, no menos horas de trabajo”. Finalmente, el presidente de la Federación de Empleadores, Klaus Murmann, señaló que el “plan VW” “no es una solución para la reducción de empleos que necesita la industria” (Financial Times, International Herald Tribune, 1/11). Las razones que dan las patronales para oponerse al planteo de VW, es que “socava los esfuerzos para imponer reducciones salariales y jornadas más largas” (ídem): y establece el “principio” del reparto del trabajo. Para los grandes capitalistas alemanes, por el contrario, de lo que se trata es de alargar las jornadas y reducir las vacaciones, y que el desempleo creciente obligue a los trabajadores a aceptar una violenta reducción salarial y una superexplotación atroz. “Más horas, menos salarios”, es el grito de guerra de la burguesía alemana ... pero necesitará una verdadera guerra civil para imponerlo.

¿Cómo se conformó la lista Naranja? - Desde hace un tiempo que la UJS viene realizando una agitación sistemática en esta Facultad. Constatamos un gran desprestigio de la FM, a partir de la parálisis en que sumió al Centro ante el ataque que lleva adelante el gobierno y también el rectorado. Ya en las reuniones y charlas con los compañeros para formar la lista, verificamos una buena recepción de nuestros planteos. Sacamos un volante haciendo eje en la denuncia de la Ley General de Educación y en el papel cómplice del radicalismo y proponiendo un programa. ¿Qué contenido le dieron a la campaña? - Basamos nuestra campaña en demostrar el carácter reaccionario de la Ley General de Educación y en consignas como “Triplicación del presupuesto en base al no pago de las deudas externas e interna”, “No a los subsidios a la educación privada”. “Fuera la Ley General de Educación”. También propusimos un programa de reivindicaciones específicas, conformar un cuerpo de delegados por curso, etc. Un tema que también tocamos fue la denuncia del papel aliada del rectorado que cumplió la FM en la reciente “asamblea universitaria”. ¿Esto debe haber abierto una lucha política con FM? -Sí. La FM contestó con un ataque violento y macartista. Sacó un volante donde se nos acusaba de “venir a hacer política a la facultad”. Nos arrancaron los afiches y lanzaron una campaña de difamación personal sobre algunos candidatos. Incluso, como la Junta Electoral fue digitada por ellos, pretendieron impugnar nuestra presentación. Nosotros fuimos curso por curso explicando nuestra política y aprovechando esta gira para ir incorporando diversos planteos de los compañeros. ¿Qué perspectivas abre este triunfo de la lista Naranja? -Esta es una derrota de la FM a manos de la izquierda, porque a ningún estudiante se le pasó inadvertido que ésta lista se armó desde la UJS. La perspectiva es que se pueda seguir desarrollando la Naranja, con muchos compañeros que hicieron campaña a nuestro favor por fuera de la lista, por su propia cuenta. Además de reorganizar el Centro y el cuerpo de delegados. ¿Qué balance haces de este triunfo en una provincia dominada por la UCR, en una facultad cuya dirección académica está en manos de la UCR y donde la FM ha ganado en el resto de los asentamientos de la UNC que están ubicados en Río Negro, incluso acaba de recuperar el centro de estudiantes en General Roca? -Hay que destacar que en otros centros la FM no tiene oposición. el caso más típico es casualmente General Roca, donde quienes se presentaron como “apolíticos” terminaron sucumbiendo y hasta fueron denunciados de manejo fraudulento de los fondos del Centro. Creo que allí donde la izquierda hace un planteo a fondo, es bien recibida por el grueso del estudiantado. Los estudiantes están cansados de la conducta promenemista de FM Ellos apelaron a macartearnos y fracasaron, la izquierda no es un “cuco” .Nuestro triunfo, hemos podido verificar, tomó por sorpresa a todo el aparato radical. ¿Qué se proponen en el futuro inmediato? -Queremos convocar a asambleas para elegir Comisiones de Control de las actividades económicas del Centro. Desarrollar la Naranja y la UJS. ¿Fue masiva la votación? -Sí. Fue la mayor de los últimos años. Casi duplicó la del año pasado, esto a pesar de la disminución a la mitad de los ingresantes.

Los trabajadores de Air France acaban de ganar una “victoria espectacular”, según se ve obligado a reconocer el ultraconservador “Financial Times” (1/11). Con los métodos históricos de la clase obrera, ésos que según el centroizquierda y la burocracia han perdido efectividad, es decir con la huelga, los piquetes, la autodefensa frente a la represión policial y las manifestaciones de masa, los trabajadores de Air France impusieron la capitulación del gobierno derechista y privatizador, es decir menemista, de Francia. Las consecuencias políticas de esta victoria han comenzado a manifestarse en el conjunto de Francia y en toda Europa. Los trabajadores de Air France han demostrado que para una enorme masa de trabajadores, la “alternativa” a los despidos, a la reducción salarial y a la miseria es la lucha frontal contra los planes privatizadores. La victoria de Air France abre el curso de un ascenso obrero si se tiene en cuenta que los trabajadores ferroviarios, los de Scnema (fábrica de motores de aviación), los de la Aerospatiale (fábrica de aviones), la Bull (computación), Thompsom (armamentos, electrónica) y Telecom (teléfonos) se encuentran en vísperas de huelga. Pero no se trata sólo de los estatales: Roger Blanpain, profesor de relaciones laborales en la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, aseguró que “pienso que (la ola de huelgas) se extenderá al sector privado (porque) hemos alcanzado el punto en el cual el desempleo se está volviendo tan agudo que la gente comienza a rebelarse”. La huelga puso en evidencia un extendido descontento popular ante la recesión y el desempleo —que ya alcanza al 12% de la población, más de tres millones de personas. Por eso, el “New York Times” (26/10) advierte con preocupación que “en los violentos trabajadores de Air France, que invadían rutas y aeropuertos, muchas personas tendían a ver precisamente a empleados amenazados como ellos mismos antes que a una turba irresponsable”. El otro aspecto decisivo de la huelga aeronáutica fue su carácter antiburocrático. “Las raíces —las bases— mueven la copa (la burocracia) del árbol sindical”, lo destaca el “Financial Times” (28/10). Después de congratularse durante meses por “el debilitamiento de las estructuras sindicales”, este diario (1/11) ha venido a descubrir que “esto no garantiza la armonía y puede, en realidad, tener el efecto opuesto”. En la huelga francesa jugaron un papel importante las llamadas “coordinadoras”, organismos surgidos desde abajo para superar la división sindical (en ferroviarios), en protesta por la debilidad de los sindicatos existentes (en docentes) o, directamente, para llenar el vacío de sindicatos inexistentes (entre las enfermeras). Estas “coordinadoras” han crecido muy rápidamente en el sector estatal (Financial Times, 28/10) y, según todo lo indica, jugarán un papel importante en el ascenso que se abre. Pero el “movimiento de las coordinadoras” y el sentimiento y la organización antiburocrática de los trabajadores no es una “peculiaridad” francesa; también han crecido como hongos los“comités de base” y “comités de fábrica” en toda Italia. Crisis política La victoria de la huelga abrió una crisis política de fondo al revelar la enorme debilidad del gobierno que tiene la misión de acometer la privatización de decenas de empresas —sumando miles de despidos a la enorme desocupación ya existente—, liquidar el sistema previsional, y que, además, está obligado a firmar un acuerdo comercial, la llamada “ronda Uruguay” del GATT, que deberá reducir los subsidios agrícolas y mandar a la quiebra a decenas de miles de campesinos franceses. La crisis que ahora estalla brutalmente, sin embargo, había sido largamente “preparada”: hace exactamente un año, “Prensa Obrera” (Nº 372, 3/11) sostenía que “la situación determinada por la crisis económica y el dislocamiento del Estado y sus partidos bien puede ser la configuración de una situación pre-revolucionaria”. La victoria electoral de la derecha —que fue vulgarmente “interpretada” como “un giro a la derecha” del país— sólo sirvió para acelerar la intervención huelguística de las masas. El carácter general de la crisis política creada por la huelga lo caracterizó el propio Balladour cuando afirmó que prefirió “retirar el plan de despidos antes que verse ir a una confrontación que arriesgaba con convertirse en incontrolable” y, más concretamente, que temía que se repitiera el “Mayo del ´68” (New York Times, 26/10). “La perspectiva de un caos social —todavía personalizado por la insurrección de 1968— aterroriza al establishment político en Francia”, certifica el “Financial Times” (28/10). El espectro de una huelga política de masas derrumbó la resistencia del gobierno, lo que alcanza para caracterizar la situación abierta por la huelga de Air France.

Desde el 19 al 21 del corriente se realizaron elecciones para consejeros (académicos y superior) del claustro de alumnos en el marco del proceso de normalización de la Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría (UNCPBA). La lista “UTOPIA 18” —que tiene el centro— se impuso por el 64,8%, contra el 35,2% obtenido por la lista “Uni. R” (una solapada Franja Morada) que llevaba a la cabeza a la presidente de la Juventud Radical local sobre un total de 206 votantes (80% del padrón). Sociales de Olavarría fue un “invento” de la Coordinadora radical en 1988 y durantes estos cinco años la UCR, bajo la premisa de la “inserción comunitaria”, procuró por todos los medios despolitizar los ámbitos académicos, boicotear las diferentes luchas, ofrecer “un bajo nivel de confrontación”. Sin embargo, desde alumnos se fueron derrotando las posiciones oficiales, aun luego de que una lista “fantasma” lograra en el ‘91 la mayoría del Centro con el 70% de los votos, contra el 30% obtenido por la lista restante integrada por independientes y un compañero del PO. La campaña de desacreditación e impugnación levantada contra la presencia del PO en la Facultad no fue obstáculo para que meses más tarde y superando los límites estatutarios del Centro, una Asamblea de alumnos releve a la totalidad de las autoridades del Centro pertenecientes a la lista ganadora por la absoluta inacción en defensa de las reivindicaciones votadas por alumnos, e imponga a través de una “Comisión de Emergencia” los candidatos de la lista perdedora. Una importantísima campaña contra el arancel —arrastrando al claustro docente, clases públicas, acto y marcha callejeros, movilización contra la persecución ideológica y la discusión constante en el Consejo en defensa del presupuesto, la autonomía y denunciando la complicidad del CIN, sirvieron para que en el ‘92 se reagruparan los compañeros más combativos en la lista “Utopía 18”, que obtuvo el Centro con el 80% de los votos. Hoy, ante el proceso de normalización, la UCR intentó hacer pie en alumnos armando una lista de apuro, apelando a diversas maniobras (representatividad de número de alumnos por carrera, cargos según el año que cursen los estudiantes candidatos) y actos de provocación política (la mayoría de los carteles de “Utopía” se realizaron en el reverso de afiches del FIT-PO que quedaron del 3/10) tendientes a generar una reacción contra la lista porque algunos de sus integrantes son contactos o simpatizantes del PO. Sin embargo, la masiva votación por “Utopía” abre las perspectivas para un importante trabajo. Resta observar la evolución del conjunto de compañeros integrados en la lista en favor de las posiciones revolucionarias para la Universidad, por lo que se hace necesaria la discusión con los elementos más afines y la participación y presencia del Partido.

De uno y otro lado del Atlántico, la prensa imperialista fue inmisericorde con el gobierno francés de Balladour, al calificar como una “capitulación” el retiro de su plan de “reestructuración” (despidos) de Air France. “Balladour se ha fundido” ante la primera protesta, editorializó el “International Herald Tribune” (27/10); “Balladour a la deriva”, “perdió los nervios en medio del vuelo”, escriben los corresponsales del “Financial Times” (1/11); más directo, “The New York Times” (28/10) explicó que “Balladour no tiene estómago” para la tarea que enfrenta. “Los socios de Francia tienen derecho a estar preocupados” (Financial Times, 1/11). Todos los principales medios caracterizan que la debilidad de Balladour le imposibilitará llevar adelante su “plan de privatizaciones” e imponerles a los campesinos el recorte de los subsidios estatales que exigen sus “socios comerciales” para firmar el acuerdo del GATT. Según el “International Herald Tribune” (27/10), “con su retirada total en el conflicto aéreo, el gobierno francés puede haber desencadenado un conjunto de fuerzas que pueden arruinar a Francia, a su economía y a sus relaciones comerciales con el resto del mundo en los años por venir”. ¿No parece un poco exagerado que semejante catástrofe vaya a desatarse solamente porque fuera impedido el despido de 4.000 trabajadores? La ira de la prensa imperialista contra Balladour se explica porque, como editorializa el “Financial Times” (1/11), “aunque desde el punto de vista estrictamente económico significa una cuestión limitada, desde el punto de vista político significa un cambio completo de grandes y ominosas proporciones”; “el mensaje dado es que todo lo que hay que hacer es ganar las calles y se conseguirá lo que se quiera del gobierno” (IHT, 27/10). La burguesía mundial descarga sus iras sobre Balladour, porque “los trabajadores en toda Europa parecen haber tomado fuerzas de la espectacular victoria de los trabajadores de Air France”. La victoria de los de Air France ha potenciado “la creciente militancia en protesta por los despidos y la flexibilidad que enfrentan los empleadores en Alemania, Bélgica, Italia, Francia y España ... una ola que se revela potencialmente nefasta para la paz industrial en Europa” (Financial Times, 1/11). Lo acusan de “haber abierto las puertas del infierno” de un ascenso obrero generalizado en toda Europa. Pero ese “infierno tan temido” ya se estaba desarrollando a los ojos de todo el mundo: había huelgas en preparación en todas las empresas estatales francesas; huelga general en Asturias y primera huelga de los trabajadores de la Seat española; manifestaciones de masas y preparativos de huelga de los metalúrgicos, los mecánicos, los mineros y los albañiles alemanes; violentas huelgas con ocupación de plantas en el sur de Italia. La victoria de Air France acelerará y potenciará esta tendencia a la lucha ya existente en toda Europa y servirá para promover su unificación. Mientras la llamada “Fortaleza Europa” que debería surgir del Tratado de Maastricht se derrumba, surge otra “fortaleza”, la de los trabajadores y sus luchas que se extienden por todo el continente.

El rasgo central de la victoria en las recientes elecciones en Sociales es que el trabajo realizado en los últimos 18 meses le dio al estudiantado un rol y un espacio de opinión históricamente vedado. A partir del debate respecto de la política universitaria, arancel, control de gestión académica, becas, etc., se lograron movilizaciones que demostraron lo posible y necesario de la participación. Este detalle es importante por las características de presión social del medio olavarriense por un lado, y la falta de experiencia de quienes las protagonizamos (básicamente, chicos de segundo y tercer año), por otro. El compañero del PO que durante dos años fuera Consejero Académico significó en todos los casos un referente de lucha y compromiso, que siempre se manejó en defensa del mandato del claustro (a diferencia de otros consejeros) y a través de esta mecánica se efectivizó un trabajo de conjunto. “Utopía” es hoy una realidad en el gobierno de Sociales, que entendemos la necesidad de una percepción contextual del problema universitario y de la inserción del ámbito universitario en la comunidad a través de la participación, el trabajo y el compromiso en todas las luchas que se planteen.

Mientras los trabajadores de Air France, y de toda Europa, festejaban su enorme victoria sobre el gobierno de Balladour, su ejemplo se extendía rápidamente por toda Europa. Dos días después del fin de la huelga francesa, estallaba una huelga de los trabajadores de la línea aérea portuguesa, la TAP, en protesta por el congelamiento salarial y el despido de 2.500 trabajadores. Según informa el “International Herald Tribune” (30/10), “miles de trabajadores de la TAP, al finalizar una asamblea, se dirigieron a bloquear el aeropuerto bajo la consigna ‘TAP-Air France: la misma batalla’”. La policía bloqueó el ingreso al aeropuerto y, como en Francia, los trabajadores chocaron violentamente con la policía. El desenlace de la huelga francesa ha tenido también una directa repercusión en Italia, donde Alitalia planea el despido de más de 1.000 trabajadores. Los trabajadores de Alitalia, que han rechazado los despidos, suspendieron la huelga que tenían prevista sólo después que la patronal dio seguridades de que recibiría a los sindicatos. Pero lo de Alitalia empalma con “las protestas contra las amenazas de despidos en las empresas estatales (que) han tomado la forma de ocupación de las plantas y de corte de las rutas y vías ferroviarias” (Financial Times, 26/10).

Como buena pata del sistema, del sistema educativo y económico del que forma parte, la Ctera ha constituido “un nuevo espacio para el debate político, la capacitación profesional y la actualización”. Se trata de la ESCUELA DE FORMACION PEDAGOGICA Y SINDICAL “MARINA VILTE” (Clarín, 24/10/93). Sin duda, en los últimos 4 años, la conducción celeste de Ctera ha batido récords de convocatorias a CONGRESOS, ENCUENTROS, VIAJES A CUBA, CHARLAS, SIMPOSIOS, COLOQUIOS Y FESTIVALES, todos ellos nacionales, internacionales, provinciales, barriales, escolares, cuyo contenido siempre lleva a cómo los docentes y la educación sobreviven en esta, por supuesto, “reconocida crisis”. Por si fuera poco, la obra social del sindicato de Buenos Aires (Suteba) dedica gran cobertura a los “Trastornos síquicos de los docentes”. Simultáneamente, en los últimos 2 años, hemos batido récords de NO LUCHA NACIONAL DE LA DOCENCIA y de profundo aislamiento de las provincias que sí lo hicieron: SANTIAGO, Chaco, Neuquén, etc. La política de Mary Sánchez, al igual que los Brunelli, Ongaro, Piccinini, De Gennaro, es de INTEGRACION COMPLETA AL ESTADO. Esto, que se vivió con intensa crudeza el día que la dirección de CTERA acató la conciliación obligatoria, que significó la derrota de la Huelga del ’88, con tal de no “perder la personería gremial”, que se ha venido desarrollando desde entonces, imponiendo esta tendencia de deliberación pedagógica, mientras se liquidan las ASAMBLEAS, los CONGRESOS, y toda convocatoria donde la docencia pueda discutir libremente cómo enfrentar la destrucción de la escuela pública, el congelamiento salarial y la descalificación docente. Por último, que la burocracia de Mary Sánchez utilice el nombre y la memoria de Marina Vilte, mujer secuestrada y asesinada por la dictadura militar, mujer que militó dentro de la vieja Ctera en oposición a la línea de destrucción de la misma que llevaron estos burócratas, es una blasfemia contra todos los luchadores (¿Te olvidás Mary Sánchez, que vos te retiraste con tu entidad, la Udem de La Matanza, en 1975, para negociar con la Uda; te olvidás Mary Sánchez, que no moviste ni un dedo ante el secuestro de Marina, el asesinato de Arancibia, el secuestro de Alfredo Bravo, de Eduardo Requena —de Córdoba—, de Bombón y Susana Pertierra, de Sarmiento? ¿Te olvidás Mary, que cuando en 1982 nos pusimos a reorganizar los destrozados sindicatos docentes y la propia Ctera, te negaste a que tomáramos como punto del programa LA APARICION CON VIDA DE TODOS LOS DESAPARECIDOS y la participación de nuestros sindicatos en las movilizaciones de MADRES Y FAMILIARES?) 29/10/93

Julio/agosto: el primer ministro Edouard Balladour anuncia un plan de privatización de 21 empresas estatales entre las que se cuenta Air France, previo “saneamiento” y “racionalización” de su personal. Poco después, el presidente de Air France anuncia 4.000 despidos (10% del personal), la reducción de los salarios y los pagos extras por trabajo nocturno y francos compensatorios para los que queden en la empresa. 12/10: huelga general de los trabajadores estatales contra las privatizaciones y el congelamiento salarial. La huelga es especialmente fuerte en los ferrocarriles, los subtes y los postales. Comienza la huelga en Air France: los piquetes de huelga bloquean los aeropuertos por la mañana; por la tarde participan en una manifestación general de los estatales. 13/10: los trabajadores de carga de Air France continúan la huelga. Los piquetes —de decenas y centenares de trabajadores— ocupan las pistas de los aeropuertos Charles de Gaulle y Orly en París y se enfrentan violentamente a la policía antidisturbios. Cuando son desalojados de las pistas, los trabajadores se reagrupan y ocupan las autopistas de acceso a los aeropuertos. Durante los cinco días siguientes, los piquetes sostienen la huelga, las ocupaciones de pista y los bloqueos de rutas obligando a Air France a suspender la mayoría de sus vuelos. La huelga es fuerte también en Niza y en Marsella. 19/10: se suman a la huelga los trabajadores de tierra (mecánicos) y los pilotos y personal de cabina (azafatas y capitanes de a bordo). Paro de 24 horas de los trabajadores de Air Inter, la subsidiaria de Air France para los vuelos de cabotaje, y de los aeropuertos. La asamblea de los trabajadores de carga vota mantener la huelga hasta el levantamiento del plan de despidos, el pago de los días caídos y el levantamiento de las acciones legales iniciadas por la empresa contra los trabajadores. El gobierno reafirma que “el plan es irrevocable”. Los piquetes continúan bloqueando los aeropuertos y se convoca una nueva jornada nacional conjunta con los trabajadores de Air Inter y los aeropuertos. 26/10: horas antes del inicio de la jornada conjunta, el ministro de Transportes anuncia que “deja sin efecto” el plan de 4.000 despidos y reducción salarial. La burocracia sindical llama a levantar la huelga pero la asamblea lo rechaza hasta que el gobierno ratifique por escrito la revocación de los despidos. El gobierno cede; la huelga ha triunfado. El ministro de Transportes caracteriza la huelga como “una revuelta como no habíamos visto desde 1968” (Financial Times, 28/10).